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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 224 | Noviembre 2000
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Nicaragua

Exclusión: el pre-fraude

En el desarrollo de las elecciones municipales, antes y después de su celebración, se reveló la peligrosa naturaleza del pacto FSLN-PLC: sólo unidos para excluir.

Equipo Envío

Las elecciones municipales del 5 de noviembre del 2000 tuvieron un final lamentable, cuando los dirigentes del PLC postergaron el conocimiento de los resultados finales, al resistirse, con todo tipo de triquiñuelas y presiones, a aceptar los resultados favorables al FSLN, su socio en el pacto, en municipios estratégicos. El Presidente Alemán y el grupo de dirigentes del PLC que le son leales demostraron su incapacidad para saber perder y peor aún, para reflexionar con responsabilidad sobre las razones de algunas de sus derrotas. Los "fraudes" que hicieron los comandos electorales del FSLN y los activistas del PLC el día de los comicios, los que negociaron el PLC y el FSLN antes de publicar los resultados preliminares y los que intentó o logró hacer el PLC antes de la publicación de los resultados definitivos revelaron la peligrosa naturaleza del pacto PLC-FSLN -unidos para excluir, rivales hasta aniquilarse- y no deben borrar de la memoria el pre-fraude pactado y sellado por la exclusión que precedió a estas elecciones.

El pacto PLC-FSLN tuvo su primera expresión pública en la reforma ad-hoc a la Ley Electoral que ambos partidos decidieron hacer para aplicarla en las elecciones para gobiernos autónomos de la Costa Atlántica en marzo de 1998. Con algunas variantes, esta fue la reforma que se consumó definitivamente el 18 de enero del año 2000, a la par que también se consumaban las reformas constitucionales acordadas en el pacto bipartidista.

El problema fundamental de la reforma a la Ley Electoral fue la bipartidarización de todas las estructuras electorales, desde el Consejo Supremo Electoral (CSE) hacia abajo. En 1995 las apresuradas reformas que hicieron a la Ley Electoral los distintos partidos que dominaban la Asamblea -con excepción del FSLN y del PLC- motivaron la renuncia del Presidente del CSE Mariano Fiallos, que cuestionó con dramatismo el retroceso que representaba la partidarización de las autoridades de las estructuras electorales en detrimento de su profesionalización y capacidad técnica. Las reformas electorales del 2000 no subsanaron este problema, sino que lo profundizaron imponiendo al Poder Electoral -como a otros poderes e instituciones del Estado- el sello bipartidista.

Las reformas constitucionales y electorales fueron cuestionadas pública y privadamente por diversos representantes de la comunidad internacional. El estudio que sobre la Ley Electoral reformada hizo Horacio Boneo, a solicitud de la cooperación sueca, esclareció el objetivo excluyente de las reformas. Como una forma de tomar distancia de esta decisión antidemocrática, la comunidad internacional no aportó ningún financiamiento para las elecciones municipales.

Las reformas elevaron de cinco a siete el número de magistrados del CSE. El aumento de altos cargos no tuvo otra justificación -además de prebendas económicas- que permitir que éstos quedaran repartidos entre el PLC (4) y el FSLN (3). El 1 de febrero fueron elegidos en la Asamblea Legislativa -dominada por el PLC y el FSLN- un liberal (Silvio Américo Calderón) y un sandinista (Emmet Lang). Tres días después, con cinco de los siete votos fue separada del cargo de Presidenta del CSE Rosa Marina Zelaya. Lo había ejercido desde la renuncia de Fiallos en 1995. Asumió la Presidencia del CSE Roberto Rivas.

En el pacto se decidió que Zelaya y otros tres magistrados del CSE concluyeran su período y abandonaran sus cargos un año antes de lo establecido en la Constitución, en julio del 2000. Y así se cumplió. Zelaya recurrió ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por inconstitucionalidad, pero la CSJ nunca resolvió. A excepción de Rivas -allegado del Cardenal Obando-, los cuatro nuevos magistrados del CSE -dos sandinistas y dos liberales- asumieron sus cargos para organizar las elecciones municipales, tan sólo tres meses antes de su celebración.

En el Consejo Supremo Electoral existe hoy personal antiguo con experiencia y personal nuevo. Con el cambio de los magistrados, un sector de antiguos y experimentados técnicos y profesionales permanecieron en sus cargos, halagados por nuevas prebendas (mejores salarios, vehículos, etc) -para garantizar su lealtad a las decisiones políticas de más alto nivel, bien sea para ejecutarlas o bien sea para ausentarse estratégicamente cuando hay que tomarlas-. Los que no fueron "doblegados" de esta forma fueron sustituidos por leales a los nuevos magistrados del FSLN y del PLC.

Las reformas, estrenadas en estas elecciones municipales, eliminaron de un tajo la democrática fórmula de las asociaciones de suscripción popular, opción introducida en la Ley Electoral desde 1990 precisamente para ir ampliando el espectro de opciones ciudadanas en las elecciones municipales y para potenciar los liderazgos locales. En un ambiente político como el actual, con tan serio desgaste de partidos y de dirigentes, eliminar la suscripción popular y dar validez únicamente a los candidatos integrados en las cerradas listas de los partidos equivalía a excluir a potenciales competidores ganadores.

Como otra de las vías de exclusión de opciones, las reformas impusieron requisitos de casi imposible cumplimiento a los partidos para inscribirse y participar en las elecciones y para formar alianzas entre ellos. Uno de estos requisitos es la recogida de firmas de respaldo al partido y a sus candidatos en cantidad equivalente al 3% del padrón electoral de 1996. A pesar de que dos partidos (evangélico y liberal) y dos alianzas (sandinista-centro-izquierda y liberal-resistencia) reunieron las firmas necesarias, un procedimiento de cómputos para la verificación de las firmas -no establecido en la ley y administrado arbitrariamente por las autoridades del CSE-, los eliminó a todos de la contienda a mediados de julio, en lo que fue calificado como "el primer fraude electrónico que se comete en Nicaragua". Además, a todos estos partidos el CSE les canceló su personalidad jurídica, quedando excluidos de las próximas elecciones y del escenario político.

El 8 de agosto el CSE decidió unánimemente excluir de la competencia a la candidatura a la alcaldía de Managua por el Partido Conservador a Pedro Solórzano, el personaje político con más altos índices de popularidad en el país y en Managua, casi seguro ganador en los comicios. Desde 1999, al dividirse el municipio de Managua en tres municipios (Managua, El Crucero, Ciudad Sandino), se trazó arbitrariamente la frontera de El Crucero exactamente en el patio de la casa de Pedro Solórzano, para después poder aplicarle arbitraria y retroactivamente la Ley Electoral y así excluirlo de la contienda, argumentando que residía fuera de la capital.

El pre-fraude para las elecciones municipales corrió a la par del pre-fraude para las elecciones presidenciales, al excluir el CSE la opción de los liberales del PLD, disidentes del alemanismo liderados por el ex-ministro José Antonio Alvarado; e ir preparando las condiciones para la exclusión del Movimiento de Unidad Nacional (MUN), liderado por el ex-jefe del Ejército Joaquín Cuadra. La exclusión del PLD rayó con el absurdo. La del MUN se pospuso hasta enero.

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