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  Número 224 | Noviembre 2000
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Nicaragua

Elecciones viciadas por no respetar el pluralismo político

Durante más de 16 años, Rosa Marina Zelaya ocupó cargos estratégicos en el Consejo Supremo Electoral. Durante casi 5 años presidió el Poder Electoral. Zelaya compartió con Envío informaciones básicas y algunos puntos de vista en una charla que transcribimos.

Rosa Marina Zelaya

Desde 1984, cuando se celebraron las primeras elecciones posteriores a la revolución de 1979, los procesos electorales se han venido celebrando en Nicaragua de forma periódica y respetando la voluntad popular. Este es uno de los grandes logros democráticos y políticos que Nicaragua puede presentar como nación en los últimos años. Antes del 19 de julio de 1979 este respeto nunca existió.

En 1984, 1990 y 1996 las autoridades nacionales y las locales fueron elegidas simultáneamente, en los mismos comicios. En 1984 la población eligió Presidente y Vicepresidente y representantes ante la Asamblea Nacional. En ese tiempo, los alcaldes no eran elegidos por la población. En aquellas elecciones participaron 7 de los 10 partidos políticos que existían.

En 1990 la población eligió Presidente y Vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional, concejales municipales -no se elegía directamente al alcalde, lo elegían los concejales en su primera sesión de trabajo y aún no existía el cargo de vicealcalde- y, por primera vez, se eligió a los miembros de los dos Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica. En aquel año no se eligieron autoridades municipales en la Costa Atlántica, porque los Consejos Regionales Autónomos debían presentar antes el proyecto de ley de división político-administrativa que demarcara los municipios. En aquellas elecciones participaron los 21 partidos existentes, 14 de ellos en la alianza UNO, que obtuvo la victoria. En 1994 y 1998 hubo elecciones de autoridades de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica.

En 1996 la población eligió Presidente y Vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional. Por primera vez, eligió a diputados ante el Parlamento Centroamericano, y a alcaldes y a vicealcaldes. También a concejales municipales. En esas elecciones participaron 36 partidos políticos, varios de ellos unidos en distintas alianzas.

Todos estos procesos electorales han sido dinámicos y respetuosos de la voluntad popular y el Consejo Supremo Electoral fue madurando técnicamente a la par que los organizaba.

Entre 1979 y 1987 funcionó como Constitución Política de Nicaragua el Estatuto Fundamental -reformado en los años 80- y el Estatuto de Derechos y Garantías. En 1987 se promulgó una nueva Constitución, que fue reformada en 1995. En todas estas leyes fundamentales quedó establecido como principio básico de la democracia el pluralismo político: participación de muchas opciones políticas, ideológicas y programáticas para que la ciudadanía nicaragüense elija entre ellas.

Las elecciones municipales del 5 de noviembre son las primeras que se realizan sin respeto a este principio básico. El cambio operado es radical y muy negativo: tanto las reformas constitucionales -de dudosa legalidad- como la nueva Ley Electoral -que estableció nuevas reglas del juego- contradicen el pluralismo político, al limitar la participación de las organizaciones políticas y por esto, de la ciudadanía.

La "novedad" política de estas elecciones es que, por primera vez desde 1984, el Consejo Supremo Electoral (CSE) estableció firmes obstáculos para la participación de los partidos y, por lo tanto, para la participación de los ciudadanos que se sienten representados en los partidos excluidos. Esto es antidemocrático y es peligroso.

Excluir y no dejar participar siembra violencia. Y el que siembra violencia cosecha violencia. Los disturbios ocurridos en Puerto Cabezas en los días que precedieron a las elecciones por la exclusión del partido indígena YÁTAMA expresaron lo riesgoso que es llevar adelante una decisión que los contendientes políticos perciben como arbitraria. A pesar de que fueron varios los partidos que el CSE excluyó de esta contienda, YÁTAMA fue el único que levantó la bandera de reclamar el derecho a la participación y de rechazar la política de exclusión del CSE. Otros partidos excluidos optaron por recursos jurídicos que no fueron resueltos y a los que faltó ser acompañados por acciones masivas, cívicas y visibles.

La Ley Electoral violentó el pluralismo político porque eliminó las asociaciones de suscripción popular, que participaban desde 1990 y que permitían a los ciudadanos presentar candidatos independientes de los partidos políticos en las elecciones municipales y en las regionales. Porque estableció requisitos muy rígidos para inscribir a partidos y a candidatos, con el propósito de reducir las opciones. El que cualquier partido político, aunque ya tuviera su personería jurídica, tuviera que presentar para participar en las elecciones firmas de respaldo equivalentes al 3% del padrón electoral de 1996 -el porcentaje aumentaba proporcionalmente al número de partidos que decidían formar una alianza- o el que el partido tuviera que presentar candidatos en el 80% de los municipios son dos requisitos muy estrictos, sólo explicables si el propósito de la ley era limitar la participación. En la anterior Ley Electoral no existían estos dos requisitos.

Otra vía de la nueva Ley Electoral para reducir opciones fue entregar el financiamiento estatal a los partidos participantes únicamente después de las elecciones y en cantidad proporcional a los resultados obtenidos. Anteriormente, se les financiaba antes de las campañas. Aunque ésta es una medida restrictiva que puede hacer pagar a justos por pecadores, la considero una medida positiva, porque en elecciones anteriores algunos partidos hicieron un uso inadecuado de los fondos públicos que recibieron.

En las elecciones del 2000 el espectro político se redujo drásticamente. Por un lado, lo redujo la Ley Electoral, endureciendo al extremo los requisitos. Por otro lado, lo redujo el Consejo Supremo Electoral, aplicando con extrema dureza, y hasta con arbitrariedad, la propia Ley, tanto con los partidos que ya tenían personería jurídica como con los que aspiraban a ser nuevos partidos, mostrando así su desinterés por el pluralismo político. Esto provocó que en las primeras elecciones municipales celebradas en la historia de Nicaragua muchas personas no se sintieron representadas ni en los partidos ni en los candidatos que compitieron.

El CSE fue bipartidarizado, lo que contribuye a hacer involucionar la profesionalización a la que se estaba conduciendo al máximo organismo electoral. En Costa Rica y en Guatemala el organismo electoral se integra con profesionales y técnicos y no con representantes de los partidos políticos. En El Salvador y en Honduras, el órgano electoral está partidarizado y esto provoca muchos problemas. Por eso, ambos países seguían con interés el modelo mixto de Nicaragua: un CSE donde participaban funcionarios de los partidos políticos y funcionarios no partidarios. Pero la Ley Electoral reformada de 1995 partidarizó al CSE y la nueva Ley Electoral del 2000 ahondó este problema bipartidarizando todas las estructuras electorales: los cargos en las juntas receptoras de votos, en los consejos electorales municipales, departamentales y regionales y en el Consejo Supremo Electoral quedaron todos en manos del PLC y del FSLN. Y aunque se da opción a cargos secundarios a los otros partidos políticos que participan en las elecciones, al no dársela en los cargos de magistrados del CSE, las decisiones finales y fundamentales están controladas bipartidistamente.

Todo esto provocó una creciente falta de credibilidad en el CSE, reflejada en todas las encuestas y contabilizada entre un 60-80% de los encuestados. Las decisiones que fue tomando el CSE sobre el proceso electoral ahondaron la falta de confianza en la opinión pública.

Nicaragua necesita recuperar procesos electorales que respeten el principio del pluralismo político. Y teniendo en cuenta todos los problemas surgidos en estas elecciones municipales, la Ley Electoral debe ser reformada para las elecciones generales de noviembre del 2001 con el objetivo de ampliar la participación de los partidos y de la ciudadanía.

Las reformas constitucionales, la nueva Ley Electoral y el pacto político entre los dos caudillos del PLC y del FSLN -que condujeron a la bipartidarización de todos los poderes e instituciones del Estado- han configurado una situación muy peligrosa. Acabo de terminar un ensayo sobre los Preámbulos de las Constituciones que ha tenido Nicaragua, que será un capítulo de un libro sobre los Preámbulos de las Constituciones de Iberoamérica, a publicarse en España. Esta investigación me permitió repasar la historia de las Constituciones de Nicaragua desde antes de que nuestro país fuera un Estado independiente de España hasta hoy. Nuestra historia está marcada por un permanente círculo vicioso: cuando las instituciones empiezan a fortalecerse, el proceso se interrumpe, comienzan a cerrarse los espacios, y se desatan guerras civiles que concluyen en Constituyentes que producen nuevas Constituciones. Ya entrados en el año 2000, cuando en el mundo entero se trata de encontrar salidas legales, institucionales, negociadas, este círculo vicioso podría, lamentablemente, estarse configurando de nuevo.

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