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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 270 | Septiembre 2004

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Honduras

Conflicto magisterial: crónica de un proceso inconcluso

El justo reclamo de maestras y maestros, postergado durante años y resuelto como “por arte de magia”, seguirá latente. Pronóstico: no tardará en volver a resurgir. Son varias las lecciones de este conflicto, ahora en tregua, y de su aparente resolución.

Ismael Moreno, SJ

Un dirigente deportivo y ex-Presidente de la República, un oscuro dirigente de un minúsculo partido del país y un precandidato oficialista a la alcaldía capitalina -representantes del sector más genuino del tradicionalismo político- integraron la Comisión que resolvió en tres días el conflicto más agudo y prolongado que ha vivido Honduras en las últimas décadas.

1997: EL ESTATUTO DEL DOCENTE

El conflicto, que estremeció al país del 10 de junio al 9 de julio, fue la última expresión de un prolongado proceso de confrontaciones entre el magisterio y el gobierno, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto del Docente Hondureño aprobada en 1997, en las postrimerías del gobierno de Carlos Roberto Reina y siendo Presidente del Congreso Nacional Carlos Flores Facussé, candidato entonces a la Presidencia de la República. Con la Ley, Flores Facussé se ganó el apoyo de 60 mil maestros y en las elecciones de finales de ese año resultó electo.

De acuerdo a la lectura de los dirigentes magisteriales, el Estatuto del Docente superaba conquistas ya alcanzadas e incorporaba otras, logradas al calor de la intensa campaña proselitista de Flores Facussé y de su hombre de confianza, el maestro Rafael Pineda Ponce, un envejecido político, a quien Flores Facussé le tenía asegurada la silla para sucederlo en la presidencia del Congreso Nacional.

Entre las conquistas que incorporó la nueva ley, además de una nueva forma de establecer el sueldo base en forma dinámica y ascendente cada año, estaban los “colaterales”: montos añadidos al sueldo de cada docente según el tiempo de laborar, según su calificación académica, según los cargos de responsabilidad en el sistema y según zonas de trabajo: lejanas o con mayor encarecimiento de la vida, como la Mosquitia hondureña, las Islas de la Bahía y las zonas fronterizas.

La aprobación del Estatuto llenó de júbilo al magisterio nacional, pero ya para 1998 el Presidente Flores Facussé comenzó a ponerle trabas. Desde entonces, hubo incumplimientos y una alta conflictividad. En 1998, el magisterio terminó aceptando que los pagos estipulados en la Ley se hicieran de forma gradual, con el compromiso del gobierno de que para el año 2002 se aplicarían exactamente.

EL MITCH: LA PRIMERA JUSTIFICACIÓN

El huracán Mitch le dio al gobierno la mejor justificación para incumplir con el Estatuto del Docente. El Mitch puso sobre la mesa nacional todos los problemas pasados y presentes, los coyunturales y estructurales. El magisterio no podía reclamar cuando el país entero estaba en el suelo y eran necesarios los sacrificios de todos los sectores. El gobierno logró entonces un convenio con los gremios magisteriales: se suspendía la aplicación de los aspectos económicos del Estatuto hasta inicios del 2002.

Antes de concluir su administración, el Presidente Flores debía aprobar el presupuesto del 2002 y en él se debía incluir el rubro para cumplir con el Estatuto del Docente. Pero no se incluyó. Flores entregó la banda presidencial a Ricardo Maduro el 27 de enero del 2002 y con ella le entregaba, entre otros muchos problemas postergados, el inminente conflicto con el magisterio nacional. No habían pasado los dos primeros meses del gobierno de Maduro, cuando el nuevo mandatario sintió la primera presión. Maduro y su equipo se equivocaron desde el comienzo. En lugar de buscar una respuesta, evadieron las demandas y quisieron desconocer al magisterio.
Desde entonces, el conflicto creció progresivamente “como una bola de nieve”, según comparación del mismo gobierno, hasta que esa “bola” llegó a ser el más grande de los conflictos que amenazaban a Maduro.

MECHAS QUE ENCENDIERON EL FUEGO

En julio del 2002 el gobierno logró dar un golpe de mano al magisterio. Consiguió un acuerdo negociado: los maestros recibirían su pago diferido en 2002, 2003 y 2004. Y aunque la lucha magisterial no se durmió, quedó mermada. La respuesta del gobierno sólo logró incubar el conflicto para que surgiera con mayor agresividad. La primera señal de que estaba vivo se dio el 26 de agosto del 2003, cuando varios de los gremios magisteriales se unieron a la Marcha por la Dignidad convocada por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, movidos por una amenaza: la reforma a la Ley de Servicio Civil, que congelaría los salarios y haría perder derechos adquiridos a los empleados estatales.

La ocasión para que el magisterio emergiera con mayor furia y se uniera ante un adversario común, la dio el propio Congreso Nacional. El 19 de diciembre de 2003, aprobó la Ley del Sistema Retributivo del Gobierno Central y la Ley de Presupuesto. Con la primera, los “colaterales” ya no se pagarían de manera dinámica, sobre el sueldo base que el maestro iba adquiriendo, sino que se congelaba su cálculo al valor del sueldo base que el maestro tenía en el año 2003, quedando esta decisión vigente para 2004 y 2005 y hasta junio 2006.

La gota que derramó el vaso estaba en la Ley de Presupuesto, que establecía un techo al número de maestros a quienes se les reconocería el pago de dos “colaterales”: antigüedad y calificación académica. Los 16 mil maestros con derecho al aumento por antigüedad fueron reducidos a sólo 1 mil 200. 14 mil 800 quedaron fuera. Y los 3 mil que se calculaba gozarían del derecho por calificación académica, quedaron reducidos a 300. Estas decisiones fueron la mecha que terminó de encender el fuego entre los diversos gremios magisteriales.

DE DÉBILES Y DIVIDIDOS A FUERTES Y UNIDOS

En diciembre 2003, justo antes de la promulgación de estas dos leyes, las organizaciones magisteriales celebraron sus respectivos congresos, eligieron a sus nuevas juntas directivas y resolvieron avanzar hacia la unidad, rota año y medio antes, para luchar conjuntamente por reconquistar todo lo que estaban perdiendo con el Estatuto del Docente. Fue al finalizar estos eventos que el gobierno les inyectó energías y argumentos con la aprobación de las dos leyes.

En el mismo mes de diciembre, y a pesar del receso escolar, empezó el proceso para concretar los planes de protesta. Había resistencia en algunos dirigentes. Había dirigentes que no confiaban entre sí. Sin embargo, en febrero 2004 se integró una comisión de representantes de las organizaciones magisteriales, comenzaron los acercamientos y finalmente se elaboraron documentos conjuntos de las seis organizaciones.

El Gobierno nunca creyó que el magisterio iba a lograr la unidad. El Ministro de Educación y el equipo ministerial más cercano al Presidente Maduro confiaban en sus propias fuerzas, argumentos y razones y estaban convencidos de que el magisterio estaba débil y dividido. De este dicho al hecho de despreciarlos e ignorarlos había poco trecho. Los maestros tampoco estaban seguros de su propia fuerza. Pero la lucha por sus reivindicaciones, tan solo suyas y por las únicas por las que siempre se movilizaron, fue un motor con tanta fuerza que superó debilidades y limitaciones.

35 MIL MAESTROS EN LA CALLE

La demanda central del magisterio fue siempre económica. Sin esa demanda era impensable la unidad y la capacidad de lucha, aunque lo que se jugaba, en el fondo, era la calidad y el destino de la educación pública. Dentro del planteamiento presentado por las seis organizaciones magisteriales en mayo 2004, a la reivindicación económica se unió, por primera vez, el rechazo al currículo general básico con el que el gobierno pretende transformar la educación. Según los dirigentes magisteriales, en lugar de responder a los intereses de la niñez y a las necesidades del país, está orientado a acelerar la privatización de los servicios de educación. En los planteamientos también se incluyó la denuncia de acuerdos del gobierno violatorios de convenios internacionales y del mismo Estatuto del Docente.

Con base en este planteamiento, el gobierno -representado por el Ministro del Trabajo- y los seis dirigentes magisteriales se sentaron a la mesa a dialogar, pero sin lograr resultados fructíferos. A partir del 10 de junio el magisterio declaró huelga general y salió a las calles, movido fundamentalmente por sus reclamos económicos. Con sus erradas medidas y su actitud de desprecio, el gobierno contribuyó grandemente a la agudización del conflicto. Y aun cuando sus demandas no estaban plenamente articuladas, en la historia nacional nunca se contabilizaron 35 mil maestros en las calles de Tegucigalpa. Las torpezas del gobierno y la explosión de otros muchos descontentos acumulados, hicieron estallar la crisis.

PASO EN FALSO DE MADURO

Cuando el diálogo de mayo fracasó, el Presidente Maduro dio un gran paso en falso: convocó a la dirigencia magisterial a un diálogo a partir del 14 de junio, en una mesa que presidiría él personalmente. Maduro se hizo acompañar de su equipo más cercano, convocó a sectores de la sociedad civil y de la empresa privada como testigos y llamó a la Iglesia católica para que actuara como moderadora de las rondas de diálogo. La expectativa creció con la decisión del Presidente de transmitir en directo las conversaciones por las principales emisoras de radio y canales de televisión del país.

El paso en falso fue que el Ejecutivo llegó sin propuestas a un diálogo que quiso del nivel más alto. Y los maestros llegaron pertrechados de argumentos y con la fuerza que les daba la paralización de labores a nivel nacional. Llegaron con la suficiente fuerza para rebatir a un equipo de gobierno atrincherado en argumentos repletos de lógica tecnicista, pero sin sustento político.

NI PROPUESTA OFICIAL NI ARBRITRAJE

En este diálogo, atiborrado de amenazas e insultos públicos por parte del gobierno, transcurrió la segunda mitad del mes de junio. En la última semana de junio, el Presidente decidió cambiar a los participantes en el diálogo, y al retornar a su postura inicial de no responder a las demandas magisteriales, se suspendió el proceso negociador. Sólo quedó la propuesta oficial, que para el magisterio resultaba un insulto: en vez de pagar la calificación académica y la antigüedad como lo establece la Ley se pagaría con bonos, no incorporados al sueldo y muy por debajo de los porcentajes establecidos en la Ley.

Una vez que el magisterio rechazó la propuesta del gobierno corrió el rumor de que el gobierno, decretaría estado de excepción. Sin embargo, en la cadena nacional en que se suponía el Presidente lo anunciaría, Maduro propuso un arbitraje con dos representantes del gobierno, dos de la llamada sociedad civil y dos del magisterio. El magisterio rechazó el arbitraje y así finalizó el mes de junio.

RUMORES: INCLUÍDO EL TERRORISMO DE AL QAEDA

La capital del país era un hervidero. La Marcha por la Vida de los olanchanos estaba presente con sus demandas. La Coordinadora Nacional de Resistencia anunciaba su movilización para el 1 y 2 de julio y los maestros se convocaron para marchar el 1 de julio. Maduro parecía perder el control. Corrieron todos los rumores imaginables. Unos decían que los diversos movimientos convergerían en Tegucigalpa generando tal desestabilización que Maduro tendría que renunciar. Otros decían que la embajada americana buscaba un pacto entre diversas fuerzas políticas para crear una situación en la que Maduro quedaría subordinado a las fuerzas del nuevo pacto. Otros decían que la Coordinadora acopiaba armas para incendiar edificios públicos. El Ministro de Seguridad anunció que había información de inteligencia sobre la presencia en el país de un terrorista de Al Qaeda, mientras un periodista radial pedía a los dueños de comercios que los cerraran ante el “caos sin precedentes” que se avecinaba.

NO PASÓ NADA, PERO PUDO PASAR TODO

La Marcha por la Vida entró a la capital, presentó sus demandas, y no pasó nada. El magisterio recorrió largos kilómetros por la capital gritando “Urgente, urgente, ¡se busca presidente! ¡Que sea hondureño y no joda a la gente!”, con una disciplina impecable. Y no pasó nada. Las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Resistencia se movilizaron los dos días previstos demandando del gobierno respuesta al emplazamiento con diversas demandas nacionales que habían presentado el Primero de mayo. Recorrió varias calles, y no pasó nada.

No pasó nada, pero pudo pasar cualquier desastre, porque la capital estuvo militarizada y atiborrada de policías como nunca antes en los peores días de la doctrina de la seguridad nacional. Efectivamente, el Presidente Maduro y su equipo estaban convencidos -o fueron convencidos- de la existencia de un plan para una colosal desestabilización política. Fuentes de entero crédito aseguraron que, en efecto, al interior del Partido Nacional -el de Maduro- se desató una campaña para hacerle creer al Presidente que estaba en marcha una conjura de la izquierda. Maduro cayó en la trampa. Buscaban estos personajes, vinculados a lo más oscuro del Partido Nacional, que Maduro se viera obligado a buscar su apoyo para someterlo después a sus decisiones y a sus intereses.

CUANDO SE CERRABAN TODAS LAS SALIDAS...

El gozne comenzó a girar el 2 de julio. Los maestros y la Coordinadora -que los apoyó en todo el proceso- se encontraron después de su marcha sin una agenda segura. Era notable el desgaste y cansancio de los dirigentes, también lo era el del Presidente Maduro y su equipo. No se veían caminos posibles. Maduro ya había dado todo de sí, de su parte sólo podía seguir la represión y medidas extraordinarias. Y los dirigentes magisteriales no podían retener indefinidamente en la capital a sus bases, y estaban muy presionados por los padres de familia y diversos sectores de la sociedad hondureña para que retornaran a clases. No se podía seguir sin una propuesta sólida. Y la propuesta sólida no existía.

La campaña publicitaria oficial arremetió con toda su fuerza para desprestigiar a la dirigencia magisterial ante los padres de familia y ante la opinión pública. Lo único que se esperaba del gobierno eran medidas drásticas. La dirigencia magisterial se reunió en la noche del 1 de julio y decidió que el 2 de julio llamaría a sus bases a volver a las aulas, para desde ellas hacer un trabajo de conciencia y de organización con sus aliados naturales, los padres de familia y los alumnos. Era un repliegue táctico. Esta decisión, consensuada por los dirigentes magisteriales, fue transmitida a los maestros reunidos en el gimnasio de un instituto de la capital. Pero las bases no la aceptaron. “¡No aceptamos ningún repliegue! ¡Ustedes ya se vendieron al gobierno!” respondieron 10 mil maestras y maestros a sus dirigentes.

Los dirigentes les propusieron entonces que esta decisión se llevara a consulta a las asambleas magisteriales
de los 18 departamentos del país. Era un viernes aquel 2 de julio. Las asambleas se reunieron ese mismo fin de semana y las bases retornaron a las aulas, pero en huelga de brazos caídos.

El lunes 5 de julio, en el inicio de la nueva modalidad de protesta magisterial, el ex-presidente Callejas y actual dirigente deportivo, el jefe del Partido Demócrata Cristiano -en alianza íntima con el lado oscuro del Partido Nacional- y el secretario privado del Presidente de la República y candidato a alcalde de la capital por la corriente del actual Presidente del Congreso Nacional, se constituyeron en Comisión especial, convocaron a los seis dirigentes magisteriales y comenzaron rondas de conversaciones que concluyeron en un acuerdo definitivo el 9 de julio.

UN GOBIERNO DÉBIL E INCOHERENTE

El prolongado conflicto magisterial evidenció la debilidad y las contradicciones internas que padece el actual gobierno. La contundencia de su negativa a responder al Estatuto del Docente con el argumento de que el Estado no cuenta con fondos, y terminar concediendo prácticamente todas las demandas económicas del magisterio, fue expresión de una enorme debilidad e incoherencia política. Lo que se evidenció con mayor claridad fue la soledad en la que se encuentra el Presidente y su equipo más cercano. Su propio partido está lejano a sus decisiones y lo abandona en su debilidad.

EL PAÍS SE GOBIERNA DESDE AFUERA

Otra evidencia que reflejó el conflicto fue la extrema dependencia del gobierno de las decisiones de los organismos financieros internacionales. El gobierno está preso de autoridades externas. De punta a rabo del conflicto su argumento fue que no podía romper compromisos firmados con el FMI. Y al final del proceso, la sombra del Fondo, con la presencia de su Gerente-Presidente, acompañó los acuerdos finales. El conflicto magisterial confirmó que el presente y el futuro de Honduras se están definiendo fuera del país, sin el país y con frecuencia en contra del país.

LAS DECISIONES LAS TOMA EL TRADICIONALISMO POLÍTICO

Amarga evidencia del conflicto magisterial fue comprobar que las decisiones políticas de mayor envergadura dentro del país aparecen vinculadas a los sectores del más rancio tradicionalismo político. A lo largo del conflicto, participaron diversos sectores de la sociedad hondureña, pero nada conseguían. Y cuando ya no parecía existir otra salida que la de la represión, saltaron tres oscuros personajes y, como magos prestidigitadores, movieron sus varitas para lograr una solución que pareció dejar a todos contentos.

Queda una lección: en asuntos políticos, los “políticos” tienen siempre la sartén por el mango, y las “soluciones” a los problemas acaban afianzando a la casta política de más dura cerviz del país.

UN TRIUNFO ENGAÑOSO Y ALECCIONADOR

El magisterio salió a las calles a celebrar su triunfo. Los maestros le ganaron al gobierno. ¿Ganaron? Sus dirigentes lograron con el gobierno un acuerdo, pero en el silencio y negociando con semejantes políticos. Al menos un cuestionamiento ético puede hacerse a la dirigencia magisterial sobre métodos, modos y estilos de negociar. El fin no justifica los medios. Y si el medio era negociar con el propio demonio, con el propio demonio acabaron negociando los dirigentes magisteriales.

Ganaron una batalla, dejando al desnudo la debilidad del Presidente Maduro y de su equipo. Pero le elevaron el perfil a Callejas, al dirigente de la Democracia Cristiana y al candidato a la alcaldía de la capital. Y le dieron ocasión al Presidente del Congreso y candidato presidencial para capitalizar a su favor parte importante de los acuerdos firmados. Miles de maestras y de maestros desnudaron las contradicciones del gobierno y se quedaron con algunas conquistas en sus manos. Pero dejaron intactos los problemas de fondo del magisterio. Lograron un triunfo coyuntural mínimo, porque los componentes más conflictivos del Estatuto del Docente siguen sin resolverse. El conflicto quedó latente y volverá a aflorar a finales del 2006, cuando se acerque el vencimiento de la tregua que firmó el magisterio con la Comisión Especial que representó a tan impresentable gobierno.

Con todo, los maestros lograron situar el conflicto dentro del marco nacional de confrontación con la Carta de Intenciones que el gobierno firmó con el FMI. Y, aunque los logros finales fueron pírricos, políticamente representaron una voz de alerta: los acuerdos del gobierno con los organismos financieros internacionales que no sean consultados y consensuados con los diversos sectores de la sociedad hondureña anuncian una alta conflictividad. No puede el gobierno tomar decisiones que afecten los salarios y las conquistas sociales y económicas de los gremios y de los trabajadores sin que el gobierno y la sociedad entera paguen por ello un alto precio.

OTRA FRAGILIDAD: LA DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente Maduro convocó a la llamada sociedad civil como testigo del diálogo con los maestros. Sin embargo, los representantes de esa sociedad civil sólo parecieron ecos de la voz del gobierno. No tuvieron una presencia con personalidad propia para influir en las partes y buscar una justa solución. La participación y la incidencia de los sectores sociales y de la sociedad civil en la gestión del gobierno dista mucho de ser una realidad en Honduras. Este conflicto mostró la urgencia de trabajar para construir instancias sociales que representen la voz y el sentir de la sociedad hondureña ante las instancias públicas.

LO ESENCIAL FUE ORILLADO

El conflicto magisterial entró en fase de reposo. En una especie de repliegue táctico, porque aflorará con seguridad a finales del 2006, cuando se venza el período que cubrió la negociación entre los gremios magisteriales y el gobierno. En los acuerdos quedó establecido que ambas partes se comprometen a buscar respuestas nacionales a lo que es lo esencial y quedó orillado: a qué educación le apostamos en el país para que genere democracia y un desarrollo compartido.

Los maestros se lanzaron a las calles por millares y lograron detener la avalancha en su contra. Sólo lucharon por lo de ellos, aunque a diferencia de anteriores ocasiones, en esta oportunidad se apoyaron en los padres de familia y en los sectores sociales organizados.

Los maestros apoyados, ¿apoyarán a los sectores sociales en sus luchas? Los maestros que han enfrentado tantos incumplimientos, ¿cumplirán con su compromiso de apostar a una propuesta educativa de calidad, en la que están llamados a ser centro y motor de las transformaciones? Según sean las respuestas, crecerá o no la credibilidad del magisterio en la sociedad hondureña. Según sea, será la identidad y el futuro del movimiento gremial magisterial.

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