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  Número 270 | Septiembre 2004
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Centroamérica

“En el TLC hemos entregado en bandeja nuestras ventajas más valiosas”

Amaru Barahona, académico nicaragüense, residente en Costa Rica, el país centroamericano que más resiste la imposición del TLC Centroamérica-Estados Unidos compartió con Envío reflexiones sobre este Tratado, pendiente de firma en el Congreso de Estados Unidos y en los Parlamentos regionales, en una charla que transcribimos.

Amaru Barahona

Negociar es primero que todo tener un proyecto. Y teniéndolo, construirle viabilidad a través de la negociación. En la experiencia de la negociación del TLC de Estados Unidos con Centroamérica, una de las contrapartes, Estados Unidos -y cuando aludo a Estados Unidos, estoy pensando en su clase dirigente-, sí tiene un proyecto y le está construyendo viabilidad. La otra contraparte, que expresa los intereses de las oligarquías centroamericanas, no tiene un proyecto alternativo. Y como se hizo evidente en la firma del acuerdo del TLC, ni siquiera tiene voluntad de resistir el proyecto de su contraparte. Su proyecto es precisamente formar parte del proyecto de la otra parte.

Después de 1990, tras el autocolapso de la URSS y de los sistemas socialistas del Este europeo, Estados Unidos quedó como única superpotencia militar y política del mundo y el capitalismo se impuso a nivel mundial con carácter de civilización universal. Sin embargo, a diferencia de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando la hegemonía económica estadounidense era incuestionada, el capitalismo actual es un “sistema policéntrico”. Está concentrado en tres grandes centros de poder económico, la llamada “tríada”: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, donde se concentra casi el 90% de las mayores corporaciones globales que dominan la banca, la industria y los servicios en todo el mundo.

Las corporaciones que tienen su base de operaciones en el espacio geográfico-económico de la “tríada” compiten por el control hegemónico, o cuasi monopólico, de los mercados de la periferia capitalista, utilizando las políticas de sus respectivos Estados para canalizar sus intereses. Estados Unidos va a la cabeza en esta competencia: el 48% de las mayores compañías y bancos que dominan el mercado mundial son estadounidenses, un 30% son de la Unión Europea y un 10% del Japón. En este encabezamiento, las corporaciones estadounidenses tienen una característica: su poder y su concentración se han basado en la inversión en el exterior y en la remisión desde el exterior de pagos de intereses, utilidades, pagos por royalty y flujo de capitales hacia Estados Unidos. Esta transmisión de riquezas desde fuera se ha facilitado por la revolución tecnológica actual, que ha posibilitado la globalización de los mensajes, de los cálculos y de los medios de transporte.

Resultado: el “imperio económico” estadounidense crece a costa de la economía interna, “la república”, que entra en crisis y pierde competitividad. Ramas como los textiles y el vestuario, los electrodomésticos, la industria automovilística, la siderurgia, el transporte aéreo, la producción agropecuaria, no serían competitivos si se aplicaran las reglas de la retórica imperante del libre comercio. Estas ramas de la economía estadounidense sólo funcionan con la aplicación, desde el Estado, de protecciones y subsidios. La creciente pérdida de competitividad de la economía real estadounidense ha generado el déficit comercial más elevado del planeta: entre 400 y 500 mil millones de dólares en los últimos años. Y el déficit fiscal más elevado del mundo, creciendo por el mal negocio que ha significado la guerra de Irak. Y la deuda pública más superlativa del planeta: 25 billones 678 mil millones de dólares, en 1999, según la Reserva Federal. A pesar de todo esto, la economía estadounidense funciona con una balanza de pagos positiva, gracias a la masiva transferencia de riquezas que le llega desde fuera, producto de la remisión de pago de intereses, utilidades, pagos por royalty y capitales. A este traslado gigantesco de riqueza contribuyen las economías latinoamericanas con un aporte de centenares de miles de millones
de dólares.

Es en el marco de esta contradicción “imperio-república” que la clase dirigente estadounidense impulsa, como un proyecto estratégico, la construcción de un megamercado continental subordinado a sus intereses. El consenso de la clase dirigente respecto a este proyecto fue recogido en forma de ley, mediante la Trade Promotion Authority promulgada en 2002. En esta ley, el Congreso provee al Ejecutivo un marco político que acota intereses, orienta acciones e impone límites a la jurisdicción de los responsables en la negociación del megamercado.

Estados Unidos ha evidenciado gran flexibilidad para construirle viabilidad a este proyecto, utilizando distintos vectores para impulsarlo. Y a la vez, ha maniobrado frente a las tendencias que le ofrecen resistencia. En el proceso de construcción de esta viabilidad, han operado como vectores centrales hasta el presente, los siguientes:

— La Iniciativa para las Américas planteada por Bush padre en 1990, todavía una plataforma de marco muy general. Al mismo tiempo se impulsaban las negociaciones del TLC entre América del Norte y México, el NAFTA.


— Coincidiendo con la firma del NAFTA, en 1994, Clinton impulsa el Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, proceso que debía culminarse el año 2005.


— Los TLC bilaterales. En la medida en que el ALCA empezó a encontrar resistencias, convirtiéndose en una propuesta problemática, Estados Unidos aceleró el empuje de los TLC bilaterales con países de todo el mundo. En América Latina, además del NAFTA, aprobó un TLC con Chile, se firmó ya el TLC con Centroamérica y República Dominicana,
al que le falta el proceso de ratificación por el Congreso de Estados Unidos y los Parlamentos Centroamericanos. En la lista para la firma de TLC bilaterales están Panamá, Colombia, Ecuador y Perú.


— El ALCA “light” (Miami 2004), resultado de la creciente resistencia de un bloque de países sudamericanos a firmar el ALCA según la propuesta original diseñada por Estados Unidos. Los países que conforman el bloque en resistencia son: Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay y últimamente Bolivia. Este bloque opositor argumenta que, así como Estados Unidos elimina en su propuesta los componentes que afectan sus intereses -subsidios a la producción y normativa de derechos antidumping-, deben eliminarse del ALCA varios capítulos que afectan a estos países: los de inversiones, propiedad intelectual y servicios. Proponen que el ALCA quede reducida a una negociación para comerciar productos, y sólo los productos que las partes estén interesadas en comerciar.

A regañadientes, Estados Unidos aceptó la formalidad de continuar con la propuesta ALCA, pese a los términos sustentados por el bloque opositor. Pero inmediatamente declaró que continuaría con su proyecto de libre comercio con los países que se muestren dispuestos. Su estrategia avanzará dándole prioridad a los TLC bilaterales, con la expectativa de aislar al bloque de oposición.

La clase dirigente de Estados Unidos necesita de este megamercado hoy más que nunca. Lo necesita para fortalecer su competencia frente a los otros centros del capitalismo. A pesar de la retórica del libre mercado, en la “tríada” se compite manteniendo sus respectivas economías protegidas y subsidiadas. Y cada centro de la “tríada” está configurando sus respectivas áreas de control hegemónico, o cuasi monopólico, de mercados. Europa occidental construye su entorno hegemónico apuntando hacia el Este europeo y la cuenca del Mediterráneo. Y Japón lo hace dirigiéndose hacia su espacio geográfico periférico.

Estados Unidos necesita este megamercado para resolver el problema de su gigantesco déficit comercial y para exportar sus enormes excedentes agrícolas subsidiados y su producción industrial no competitiva. Lo necesita también para incrementar el proceso de remisión desde el exterior de utilidades, pagos de royalty y capitales, proceso que sostiene a la economía estadounidense. Lo necesita para facilitar a sus transnacionales la apropiación de recursos estratégicos, indispensables para aumentar su competitividad según los nuevos patrones tecnológicos: biodiversidad, recursos acuíferos, petróleo, gas, minerales, fuentes energéticas y espacios geoestratégicos, que les permiten disminuir costos.

Necesita este megamercado para consolidar el modelo neoliberal en América Latina. Desde los años 80, e impulsada por el neoliberalismo, se ha impuesto en el mundo una nueva estrategia de acumulación de capital, a la que se hace referencia cuando se habla de globalización. Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor mundial del modelo neoliberal de política económica, utilizando distintos mecanismos. En América Latina, la expansión neoliberal no ha logrado superar escollos importantes. El primero, la ascendente resistencia de los pueblos, a raíz de las catastróficas consecuencias sociales y económicas de su aplicación. El segundo, los casos de tres países cuyas políticas no han caminado con la celeridad que requiere la ortodoxia neoliberal: Costa Rica, Uruguay y Venezuela.

En este escenario, el avance del megamercado servirá para clausurar la viabilidad jurídica de políticas económicas alternativas y para poner al día a aquellos países rezagados con respecto a las demandas de la ortodoxia.

¿Qué decir del Plan Puebla Panamá, orientado a ofrecer infraestructura al megamercado, desde Puebla, México, hasta Panamá? Su diseño fue realizado por tecnócratas del Banco Mundial y del BID y sirvió como testaferro para presentarlo, con pretensiones de explotación política, el presidente mexicano Vicente Fox. En su formulación original, el PPP comprende un espacio que engloba nueve Estados mexicanos del sur y todos los países centroamericanos, incluyendo Belice y Panamá. En esta geografía, de norte a sur y de este a oeste, el PPP contempla la construcción de redes de autopistas y carreteras, oleoductos y gasoductos, puertos, aeropuertos, represas hidroeléctricas, un sistema de integración energética, y la instalación de fábricas maquiladoras en la medida en que avance la infraestructura. Se agregan algunos componentes que en los documentos del Banco Mundial y del BID aparecen siempre como el condimento que agregan sabor a la sopa: desarrollo sostenible, protección del Corredor Biológico Mesoamericano, desarrollo humano, prevención y mitigación de desastres.

En el diseño original, los proyectos del PPP serán financiados o vía presupuestos de los gobiernos -lo que ha ido haciendo inviable el plan, conociendo las permanentes crisis fiscales de nuestros países- o por otra vía, con más visos de viabilidad: créditos del BID a los gobiernos, que tendrán que ser devueltos con sus respectivos intereses por los pueblos contribuyentes. En esta alternativa, los proyectos y los créditos tendrán que ser aprobados por el BID y deberán ser ejecutados por empresas privadas. Por esta vía, la infraestructura del megamercado se construiría aumentando la deuda externa de los pueblos mesoamericanos.

Sobre el monto presupuestario del PPP ha habido mucha retórica, según la afición a las hipérboles en la cultura política latinoamericana, que en el caso mexicano adquiere perfiles paradigmáticos. Primero se habló de 25 mil millones de dólares. Después de 12 mil a 10 mil millones de dólares. Ahora, el gobierno mexicano habla de 28 megaproyectos para toda la región, con un presupuesto estimado de 4.4 mil millones de dólares. Del presupuesto global de estos megaproyectos, el 96.3% está asignado a carreteras e interconexión eléctrica, lo que revela la diferencia entre la sustancia de la sopa y sus condimentos.

Más allá del diseño original del PPP, ya se anuncia que seguirá avanzando hacia el sur en la medida en que el megamercado también avance. Un personaje que siempre ha interpretado con fidelidad los designios estadounidenses, el presidente colombiano Alvaro Uribe, expresó en enero 2004: “Queremos una total integración de Colombia al Plan Puebla Panamá. Empezaría con la línea de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, cuyos primeros estudios nos entregarán en el mes de abril. El segundo proyecto sería la construcción del gasoducto, con la expectativa de que no solamente una Colombia con Panamá sino también con Venezuela. Esto es necesario para unir el continente desde Estados Unidos hasta la Patagonia”. Interpretando a Uribe, bastará con cambiar el significado de la última P del PPP para que se transforme en Plan Puebla Patagonia.

¿Qué ventajas geoestratégicas tiene Centroamérica para el proyecto de Estados Unidos? En el período de negociación del TLC de Centroamérica con Estados Unidos, Robert Zoellick, representante comercial estadounidense, se paseó por Centroamérica repartiendo declaraciones apachurrantes. Una, recogida por varios diarios centroamericanos, fue: “Un TLC con Estados Unidos no es algo a lo que alguien tiene derecho, es un privilegio. Hay que convertir la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) de un regalo unilateral y revocable, en un contrato de responsabilidad recíproca”.

Las oligarquías centroamericanas, sin proyecto -o mejor dicho con el proyecto de la contraparte, a través de esa otra tríada que expresa sus intereses: los gobiernos, los grandes medios y las cámaras empresariales-, han vendido la firma del TLC repitiendo la misma tesis de Zoellick, aunque con algunas variaciones en las palabras. Dicen que se nos otorga un acceso privilegiado al mercado más grande del mundo, que la ICC fue una concesión unilateral de Estados Unidos muy frágil y que Estados Unidos nos la puede suspender, que ahora lo que tendríamos es un acceso sólido y de largo plazo garantizado por un tratado, que los países centroamericanos representan un mercado insignificante para Estados Unidos... Tras todos estos argumentos, lo que dicen es que hay que complacer a Estados Unidos en sus demandas.

Esta visión oligárquica, absolutamente miope, ignoró en la negociación la mejor carta centroamericana para cualquier transacción con los grandes centros del capitalismo contemporáneo: nuestros atributos geoestratégicos, que adquieren una relevancia sin precedentes en la dinámica del denominado proceso de globalización. No solamente estas ventajas fueron ignoradas, sino que constituyen los presentes más valiosos que Centroamérica ha concedido a Estados Unidos con la firma del acuerdo del TLC y con la suscripción del Plan Puebla Panamá.

¿Cuáles son estos atributos? Centroamérica es “la cintura de América”, metáfora de Pablo Neruda en su “Canto General”. Somos cintura porque somos el puente que une el norte con el sur de América y el Atlántico con el Pacífico. Históricamente, esta ubicación siempre jugó un papel trascendental en el proceso de construcción de la globalidad capitalista. Hoy, crece su valor en la nueva estrategia de acumulación de capital que se impone en el mundo con la globalización. El grueso de las transacciones comerciales de Estados Unidos se orienta hacia América y Asia y no hacia Europa. Y el 80% de la actividad económica estadounidense se encuentra ubicada entre el río Mississipi y la costa atlántica. Las montañas del oeste americano representan un obstáculo costoso y los territorios de esta “cintura de América” facilitan rutas más cortas hacia el oeste, más aún en las condiciones de obsolescencia del Canal de Panamá. Es imposible hacer avanzar hacia el sur el megamercado si no se integran a éste los países de Centroamérica. Para la construcción de su proyecto de megamercado continental, Estados Unidos puede prescindir de cualquier otro país latinoamericano, pero no de ninguno de los países centroamericanos.

Otro de los grandes atributos de Centroamérica es el tesoro de nuestra biodiversidad. El denominado Corredor Biológico Centroamericano -que se extiende desde Chiapas a Panamá-, aunque sólo tiene el 0.5% de la superficie del planeta contiene el 7% de la biodiversidad conocida hoy en el mundo. Después de la biodiversidad de la Amazonía, Centroamérica ocupa el segundo lugar en abundancia en todo el planeta. Esta riqueza es considerablemente superior a la que se encuentra en territorio estadounidense.

Tesoro centroamericano es también nuestra agua. Con excepción de El Salvador, cada país centroamericano dispone de un volumen de aguas subterráneas per cápita mayor al de México. En orden descendente e incluyendo a México, la disponibilidad per cápita es: Belice 66 mil metros cúbicos, Panamá 51 mil 616, Nicaragua 37 mil 484, Costa Rica 27 mil 936, Honduras 14 mil 818, Guatemala 11 mil 805, México 4 mil 136, y El Salvador 2 mil 820 metros cúbicos.

En una época en que acontece la revolución biotecnológica y se vaticina el agua como arma estratégica del futuro, nuestra biodiversidad y nuestra agua constituyen un patrimonio estratégico que debemos considerar inalienable. Pero en la negociación del TLC no sólo no se valoró la riqueza de nuestra biodiversidad, sino que le fue entregada en bandeja a las transnacionales, especialmente a las estadounidenses.

Algunos ejemplos de esta entrega. En el TLC no se establece ninguna restricción para la manipulación de las moléculas de nuestra biodiversidad. Esto permitirá a las transnacionales patentar cualquier resultado de esta manipulación, incluida su comercialización. En el TLC se establece la obligación de ratificar, en una lista de 10 tratados relativos a la propiedad intelectual el Convenio UPOV -por sus siglas en francés- (artículo 15.1). Este tratado autoriza las patentes sobre formas de vida superiores: genes, semillas y plantas. En el TLC se establece la obligación de ratificar el Tratado de Budapest -otro tratado en la lista de los 10- (artículo 15.1). Este tratado facilita la patente de seres vivos: para revelar los detalles de lo que se considera un “invento”, basta con la presentación y el depósito de una muestra o ejemplar. El artículo 15.9.2 del TLC señala que los países deben “realizar mayores esfuerzos para que se concedan patentes a plantas” si no lo han hecho. En el Anexo 17.1, artículo 3, inciso h del Capítulo ambiental (capítulo 17), al señalar las prioridades de cooperación ambiental, se habla del “desarrollo y promoción de bienes y servicios ambientales beneficiosos”. Mientras en el Tratado el concepto de “servicios” involucra cualquier actividad, aquí se abre un portillo para la privatización del suministro del agua.

Hay más ejemplos. En el Capítulo de Inversiones (capítulo 10), los artículos 10.16, 10.17, 10.7.1 y 10.28 facultan a las transnacionales a demandar a los Estados, en tribunales que salen de las jurisdicciones nacionales, cuando consideren que sufren “pérdidas o daños” como resultado de una acción estatal. O cuando ellas consideren que están siendo objeto de “medidas equivalentes” a la expropiación o nacionalización. El artículo 10.9 del mismo Capítulo establece la renuncia de los Estados a establecer requisitos de desempeño a cualquier inversión del capital transnacional. En el Capítulo de Definiciones Generales (capítulo 2) Anexo 2.1 se otorga a Estados Unidos jurisdicción sobre las 200 millas de los mares patrimoniales de los Estados centroamericanos, estableciéndose que en “cualquier zona que se encuentre más allá de los mares territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el derecho internacional y con su legislación interna, Estados Unidos podrá ejercer derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos naturales” (significado de “territorio”: inciso c, iii).

Además de ignorar y entregar nuestras ventajas geoestratégicas, las oligarquías han subestimado la importancia relativa que tiene comercialmente Centroamérica para Estados Unidos. En 2001, el volumen de las transacciones comerciales de Centroamérica con Estados Unidos alcanzaba los 20 mil 114 millones de dólares. Esto significaba para Estados Unidos 1.5 veces lo que comerciaba con Europa del Este, Rusia incluida, y más de lo que comerciaba con la India e Indonesia. De 2001 hasta hoy, este volumen ha aumentado y ronda los 22 mil millones de dólares.

¿Qué concluir de todo esto? Primera conclusión: las oligarquías centroamericanas se han vuelto duchas en la promoción de miedos colectivos para lograr sus objetivos. Mediante el control de esa otra tríada -los gobiernos, los grandes medios y las cámaras empresariales-, están aplicando diseños de pánico colectivo, lanzándole a los pueblos la consigna de que si no se firma el TLC nos quedamos sin mercados y viene la catástrofe. Esta perspectiva apocalíptica es falsa. No podemos caer en esa trampa de pavor y perder la lucidez. Hay razones para enfrentar ese miedo. Primera: los rubros de exportación más dinámicos, la maquila y los agropecuarios no tradicionales están sustancialmente controlados por el capital estadounidense. Estos rubros le reportan a Estados Unidos gigantescas remesas de inversión, y recordemos que su saldo positivo en la balanza de pagos depende de dichas remesas. Segunda razón: es falso que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) tenga como fecha de finalización el año 2005 y, además, sólo un porcentaje muy bajo de las exportaciones centroamericanas se realiza por esta vía. En el año 2001 las exportaciones vía ICC representaron el 10.5%; el 31% se hizo vía el sistema conocido como CBPA, que incluye algunos productos textiles que no estaban incluidos en la ICC; el 1.2% se hizo mediante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); y el resto, un 57.8% se realizó sin programas de tarifas preferenciales. Actualmente, cerca del 80% de los productos centroamericanos entran a Estados Unidos con aranceles menores al 5%, aunque rubros como carne bovina, lácteos, maní, azúcar, tabaco y textiles pagan impuestos de hasta un 35%.

Segunda conclusión. Las oligarquías están dispuestas a firmar el TLC porque su proyecto es el de la contraparte. Los pueblos debemos luchar porque este tratado no se ratifique. Las consecuencias pueden ser devastadoras. La que me parece más grave es que jurídicamente el tratado nos quita la facultad de decidir sobre nuestro modelo de desarrollo, transfiriendo esta facultad a las transnacionales, especialmente a las estadounidenses. Si en el futuro algún gobierno centroamericano quisiera cambiar la orientación del actual modelo de desarrollo, entraría jurídicamente en un conflicto abierto con Estados Unidos. Y esto pudiera significar una agresión o intervención militar.

Tercera conclusión. Luchar contra el TLC significa también luchar por construir una alternativa centroamericana al TLC. Esta alternativa sólo puede construirse prescindiendo de la miopía oligárquica, y haciéndolo “desde abajo y desde adentro” como afirmaba el pensador jesuita recientemente fallecido Xabier Gorostiaga. Esta alternativa debe contener precisamente lo que el TLC nos niega. Poder contar con soberanía alimentaria. Poder declarar inalienable nuestra biodiversidad y patrimonio ecológico. Poder controlar nacionalmente nuestros servicios estratégicos. Poder dejar de ser economías de enclave. Poder proteger la formación de encadenamientos productivos internos que nos permitan desarrollar un mercado interior expansivo. Poder exportar bienes que representen como valor agregado algo más que lo que representan la maquila y los bienes primarios. Poder reinvertir nacionalmente los excedentes de nuestra producción. Poder elevar los salarios y hacer efectivos los derechos de nuestros trabajadores. Poder integrarnos regionalmente protegiendo y potenciando nuestros espacios de mercado interior. Poder comerciar con el resto del mundo con equidad.

Cuarta conclusión. Una alternativa centroamericana desde abajo y desde adentro necesita visualizar el escenario continental y mundial que presenta resistencia al proyecto de megamercado continental y dominación planetaria de Estados Unidos. Y necesita diseñar alianzas. Desde los gobiernos: con el bloque de países que generó el ALCA “light”, con el Grupo de los 20 en la OMC, con las posiciones de la Unión Europea y Japón contra el ALCA. Desde los pueblos: con el movimiento zapatista y los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú; con el Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil y con los movimientos campesinos latinoamericanos; con los municipios con experiencias participativas de Sudamérica; con el movimiento de los desocupados en Argentina; con las organizaciones de la sociedad civil en América Latina; con los sindicatos y organizaciones ambientalistas de Estados Unidos; con todos y todas las que resisten mundialmente el globalismo neoliberal y levantan la consigna: “Otro mundo es posible”.

Quinta conclusión. Los proyectos desde abajo y desde adentro no se construyen ni se impulsan en los niveles de acción de la academia. Se construyen e impulsan en el escenario de las luchas populares. Pero la academia lúcida y ética, la que no ha perdido ni su rigor analítico ni su funcionalidad crítica, sí puede contribuir, con sus luces y con su participación ciudadana, en la construcción de estos proyectos.

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