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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 211 | Octubre 1999
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México

Alianzas, estudiantes, Chiapas: diálogos entrampados

El desastre natural que aflige al país se suma a otros desastres provocados por los seres humanos. La Alianza por México -toda la oposición contra el PRI- abortó. Es lamentable. Los estudiantes siguen en huelga y el gobierno juega a prolongar el conflicto. Es desgastante. Y en Chiapas el gobierno convoca al diálogo y activa la guerra.

Jorge Alonso

El verano de 1999 propició en México el cruzamiento de tres iniciativas de diálogo que no llegaron a realizarse. Existe en el país una gran necesidad de comunicación, pero ésta ha resultado frustrada. Las incapacidades intrapartidarias e interpartidarias en torno a las campañas presidenciales frustraron un diálogo. Las negociaciones entre las partes para resolver una huelga estudiantil con más de cinco meses de duración no desembocaron en nada. Y el "diálogo para la paz" que el gobierno ofrece a la par que arrecia su guerra contra los pueblos indios en Chiapas no es más que una simulación.

Desencuentros electorales

Los cuatro precandidatos del PRI -el 7 de noviembre se decide quién será el candidato- intensificaron sus ataques de unos contra otros echándose en cara no haber respetado los topes de gastos de campaña. Uno de ellos, Roberto Madrazo, utiliza su apellido -en lenguaje popular equivale a un golpe fuerte- para golpear especialmente a su principal contrincante, el anterior Secretario de Gobernación, Francisco Labastida.
Mientras Madrazo prospera entre los priístas resentidos, Labastida se ostenta como el candidato oficial, contando a su favor con el aparato que organizará las elecciones internas. En el debate que se desarrolló entre los cuatro precandidatos del PRI el perdedor fue el mismo PRI, al acusarse unos a otros de tener nexos con Salinas de Gortari y al comportarse como si fueran candidatos de partidos de oposición. El debate se produjo inmediatamente después del informe presidencial, y todos los supuestos logros proclamados por Zedillo fueron puestos en cuestión por los cuatro, que denunciaron la miseria de la mayoría de los mexicanos, aceptaron que el clima de inseguridad es muy grave, y señalaron la corrupción en las esferas del poder. Hubo señalamientos no respondidos en cuanto al origen de los gastos de sus campañas y de sus fortunas personales.
Tampoco hay respuestas convincentes del PRI en el gobierno. A mediados de septiembre se suicidó Ruiz Massieu -hermano del dirigente priísta asesinado en 1994- dejando una carta en la que involucra a Zedillo en los asesinatos de Colosio y de su hermano. También siguen surgiendo pruebas de apoyos ilegales que el PRI recibió del Banco Unión para la campaña presidencial de Zedillo, quien se niega a proporcionar información. Y también apareció un libro de López Obrador, titulado "Fobaproa expediente abierto", que demuestra cómo Zedillo decidió convertir la deuda privada de un grupo de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública con base en la red de complicidades y componendas que existen en México entre el poder económico y el poder político.

Informe presidencial: intolerancia

Un presidente insensible y autoritario, que no responde a ninguna de estas preguntas y que maquilla las cifras oficiales, fue el que se presentó ante el Congreso con su quinto informe de gobierno. Zedillo no trató ni el tema del rescate bancario, ni el de la huelga de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ni el de Chiapas. Contestó a su informe el líder de la fracción parlamentaria del PAN, Carlos Medina. Recalcó que los mexicanos exigían cuentas claras, que los agravios se han acumulado y que aumenta el número de mexicanos sumidos en la pobreza. Medina se refirió a la aparición de documentos que prueban el enorme saqueo al erario nacional en las elecciones de 1994. La reacción airada y tumultuosa de los legisladores priístas no lo dejaron terminar, y las televisoras, acallando el contenido de la crítica opositora, se lanzaron a denostar a quien se había atrevido a enfrentar al Presidente. A pesar de que Zedillo había hablado de tolerancia, prevaleció la intolerancia de los priístas, avalados por la complacencia presidencial. La actitud intolerante del régimen se convirtió así en el mensaje central del informe.

Buscando una alianza

La actitud valiente del diputado panista alentó las esperanzas de que se lograra una coalición opositora entre los principales partidos de oposición. Los dirigentes de ocho partidos ya habían avanzado en el diseño de esta alianza, obstaculizada siempre por los personalismos de los candidatos presidenciales del PAN, Fox, y del PRD, Cárdenas.
Mientras en los partidos avanzaban las comisiones que lograban redactar los documentos básicos de la alianza, cuidando todos los aspectos jurídicos para protegerla, y se conseguían acuerdos para una futura integración del Congreso, en un punto no había acuerdo: con qué método elegir el candidato presidencial de la alianza. El PAN insistía en no acudir a elecciones primarias -por el temor de que pudiera haber manipulación en ellas- y el PRD declaraba que ésa sería la única vía que acercaría a la gente al candidato de la alianza.
Al no lograrse acuerdo en este único punto, encontraron una solución integrando un consejo ciudadano al que pidieron el diseño de un método de elección del candidato. El consejo propuso hacer tres encuestas previas a la elección del candidato y abrir doce mil casillas para hacer una consulta abierta. Esta propuesta, en lugar de resolver el problema, lo agravó. El PAN acusó a la mayoría de los consejeros de haber hecho una solución a la medida del PRD y les reprochó haber simplemente juntado la propuesta del PAN y la del PRD.

Alianza por México: aborto

La "solución" del consejo fue aceptada por el PRD y por otros cinco partidos. El Verde -presionado por Gobernación para quebrar la alianza- aprovechó el momento para salirse de ella. El PAN pidió aclaraciones y le fueron dadas, pero no le convencieron. Mientras los que apoyaban la alianza declaraban que ésta era necesaria para democratizar al país, establecer un gobierno plural de reconciliación, garantizar la gobernabilidad y poner fin a las crisis sexenales, la alianza, abortó. Es lamentable. Entre muchos mexicanos había crecido la esperanza con esta alianza -bautizada ya como Alianza por México-, gran oportunidad para derrotar por fin al régimen de partido de Estado. Ahora, la división de las oposiciones propiciará que el voto duro del priísmo, apuntalado por formas ilegales -la compra de votos y la coacción- le asegurarán mantener la Presidencia de la República.

UNAM: meses de huelga

En la Universidad Autónoma de México (UNAM) -en huelga durante más de cinco largos meses- tampoco se logra dialogar. Académicos integrantes de la Asociación Paz con Democracia reconocieron al Consejo General de Huelga (CGH) el logro de haber colocado en la conciencia nacional la defensa del derecho de todos a la educación superior y el haber colocado ese tema en la agenda de los problemas nacionales. En base a esto, pidieron a los huelguistas abrir las instalaciones y asumir la propuesta de solución que habían hecho los profesores eméritos. Sin embargo, los huelguistas quieren garantías. Saben que si levantan la huelga sin compromisos por parte de las autoridades, éstas no cumplirán sus promesas. El fantasma de todo lo ocurrido en Chiapas ronda el conflicto de la UNAM.

Mientras el gobierno ha tratado de desacreditar al movimiento, argumentando que una minoría radicalizada pretende imponer a la mayoría de los universitarios decisiones y soluciones, el movimiento ha ido perdiendo el apoyo que tenía al principio. La propuesta de solución de los ocho profesores eméritos contemplaba los reclamos más importantes de los huelguistas, pero la mayoría de las asambleas de estudiantes no lo consideró así. No obstante, entre la sociedad esta solución fue ganando consenso y la Presidencia de la República la quiso utilizar como un ultimatum: o aceptaban esa vía o se utilizaría la fuerza.
Los eméritos aclaran que se trata de un punto de partida que debe ser enriquecido por las partes. Rectoría simuló que lo aceptaba, pero dio largas al asunto, mientras presionaba al gobierno para que sacara por la fuerza a los estudiantes. Grupos de estudiantes infiltrados, pagados por Rectoría y por la Secretaría de Gobernación, trataron de entrar a las instalaciones de la universidad y en varios de sus intentos fallidos trataron de provocar violencia.
Después de varias reuniones muy tensas, el Consejo Universitario conformó una comisión "de enlace" para conocer lo que proponen los huelguistas -lo que es conocido por todo el mundo a través de los medios-, y los huelguistas aceptaron buscar el diálogo a través de esa comisión. En el Consejo Universitario, controlado por el Rector, se le han dado largas al asunto. Los intransigentes prevalecen. En el Consejo General de Huelga se ha manifestado también la instransigencia, y algunos de los duros del movimiento estudiantil fueron arrastrados a posiciones de los infiltrados.

Los zapatistas pagaron la visita que les habían hecho los universitarios en la selva y acudieron a verlos a la ciudad de México, donde participaron en tres actos importantes: una marcha en contra de la militarización en Chiapas, otra contra la privatización de la educación universitaria en solidaridad con el movimiento estudiantil, y otra la celebración del grito de independencia en la explanada de la Ciudad Universitaria.

Ante todo lo que se ha dicho en contra del movimiento estudiantil, los huelguistas han logrado flexibilizar sus iniciales seis puntos, que parecían inamovibles, manteniendo cuatro: abrogación del reglamento general de pagos; anulación y desistimiento de todo tipo de actas y sanciones legales y penales en contra de los participantes en el movimiento y el desmantelamiento del aparato represivo de la UNAM; recuperación de las clases con el corrimiento del calendario escolar; y un Congreso democrático y resolutivo. Los otros dos puntos -referidos a reglamentaciones de ingreso y permanencia, y a la instancia de evaluación- los dejan para su resolución en ese Congreso.

Huelga: grandes logros

Una opinión lúcida sobre el conflicto es la de Octavio Rodríguez Araujo, que ha recalcado que si los estudiantes iniciaron la huelga contra el reglamento general de pagos y después añadieron otras demandas, no lo hicieron para demostrar cuán opositores eran, sino para presionar para detener los lineamientos neoliberales del gobierno en la educación. Y así, la huelga no es para mantener cerrada la UNAM, es para obligar a las autoridades a discutir la legislación actual de la UNAM, sus formas de gobierno, sus planes de estudio. Por su parte, Sergio Zermeño ha hecho ver que entre los radicalismos de algunos estudiantes y los de las autoridades un nutrido grupo de corrientes y personalidades han tomado la decisión de repoblar el espacio intermedio para recomponer a la sociedad civil universitaria. Entre quienes ocupan ese "centro" están muchos de los estudiantes huelguistas que hacen propuestas para el diálogo y miembros del Consejo Universitario que quieren encontrar verdaderas soluciones, que disienten del aparato burocrático de Rectoría y que no quieren que la pretendida reforma universitaria venga de arriba y desde afuera.
El logro mayor del movimiento estudiantil es el haber desatado la discusión acerca de la necesaria reforma estructural de la universidad nacional, una discusión en la que deben participar todos los universitarios.

Guerra y no paz en Chiapas

En agosto, 400 representantes de más de 20 organizaciones acudieron a La Realidad para tener un encuentro con el EZLN. El Subcomandante Marcos denunció ante ellos la intensificación de una campaña de terror en contra de los zapatistas, y anunció que seguirían apoyando al movimiento estudiantil y a los electricistas en contra de la privatización del servicio eléctrico. También a los académicos y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a los maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en su lucha en contra del intento de que se apruebe una ley que privatice la cultura. Marcos denunció la decisión oficial de poner en venta todo el patrimonio cultural del país: "Para quienes hoy nos gobiernan, si la historia no se cotiza en la bolsa de valores, no tiene valor alguno. Si el patrimonio cultural no se puede vender es algo inútil".
No culminaba este encuentro cuando el 14 de agosto 10 mil soldados -hasta con operativo de paracaidistas- apretaron el cerco militar en contra de los zapatistas invadiendo el Ejido Amador Hernández. Los asistentes al encuentro se convirtieron así en testigos de la militarización que desde hace años se vive en Chiapas.

El coordinador oficial de un diálogo inexistente defendió la acción militar argumentando que compañías constructoras de caminos en Ocosingo y Las Margaritas habían solicitado al ejército seguridad, lo que mostraba una ilegalidad más, pues el ejército no puede ponerse al servicio de particulares.
Cada día son más las comunidades indígenas obligadas a vivir rodeadas de tropas federales y a las que se les ha declarado una guerra silenciosa. El ejército llega con vehículos artillados, armas de alto poder, helicópteros, aviones, prostitutas, alcohol, prepotencia y violaciones. Además, hay muchas comunidades indígenas y muchos municipios autónomos ubicados encima o cerca de yacimientos de petróleo. Además de buscar los recursos naturales, el gobierno pretende castigar al EZLN por su lucha y por su solidaridad con diversas luchas nacionales. Y si abre carreteras no es para comunicar a las comunidades, sino para que el ejército se pueda desplazar más rápidamente y se perfeccione el cerco militar sobre los zapatistas.


Asesores USA en Chiapas

Después de estos hechos siguieron las acciones de hostigamiento a las comunidades civiles que simpatizan con el EZLN, los vuelos rasantes, las detenciones arbitrarias y violentas, la ocupación de terrenos comunales, las agresiones a observadores. El gobierno hablaba de un conflicto que sólo involucraba a cuatro municipios, pero la estrategia militar había ampliado su radio de acción a más de 70 municipios, y para sofocar al EZLN y a sus bases sociales había extendido la violencia armada con al menos una docena de grupos paramilitares, mientras la Secretaría de la Defensa ha creado cinco escuadrones de contrainsurgencia dotados con armamento sofisticado. Una delegación extranjera que visitó Chiapas aseguró que en la zona hay armamento y asesores estadounidenses.

En un contexto así, la guerra necesita privacidad y es por eso que le molestan al gobierno los observadores. Y es por eso que las organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en mantener observación nacional y extranjera en Chiapas como una forma de presión para evitar los conflictos.

Falta el diálogo

Se ha dicho que a Chiapas le falta un gobernador y le sobra un provocador. En el diálogo sobra un coordinador y falta el diálogo. A finales de agosto la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU expresó formalmente su preocupación por la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México, haciendo particular énfasis en los derechos de las comunidades y pueblos indios.
El 30 de agosto llegó a Chiapas una caravana procedente de la ciudad de México con 20 toneladas de ayuda humanitaria. Y un grupo de empresarios priístas -siguiendo una propuesta de contrainsurgencia recomendada por analistas estadounidenses para desestructurar al EZLN y a sus bases de apoyo- crearon una fundación que se propone reunir 200 millones de pesos para los chiapanecos. Se trata de hacer aparecer a este tipo de organizaciones como nuevas ONGs, contrapuestas a las independientes.

"Carta abierta" del gobierno

A pesar de que en su quinto informe Zedillo no se refirió al problema de Chiapas, días después la Secretaría de Gobernación publicó en los medios de comunicación una "carta abierta" al EZLN demandándole reiniciar de inmediato el diálogo, roto desde hace tres años. Propuso abrir a la opinión de los zapatistas la iniciativa presidencial sobre derecho y cultura indígenas, crear una nueva instancia de intermediación, reestructurar la comisión de seguimiento y verificación, liberar a los simpatizantes zapatistas presos que no estén implicados en hechos de sangre, y analizar las denuncias de hostigamiento que plantearan diversas organizaciones de derechos humanos, las propias comunidades o personas afectadas. Prometió que la representación gubernamental tendría capacidad de decisión. Total silencio en la carta sobre la presencia de militares y paramilitares en la zona.

El PRD opinó. Mientras el gobierno federal no replegara los efectivos militares que se encuentran en las comunidades indígenas y persistiera en el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, la propuesta de Gobernación era inaceptable y resultaba retórica y demagógica, pues nadie se sienta a dialogar con una pistola en la sien. El gobierno argumentó que atendía las condiciones puestas por el EZLN en 1996, y el PRD contestó que desde entonces las condiciones habían cambiado para empeorar la situación.

Un militar por cada 9 personas

Los datos de la militarización son alarmantes. Mientras en 1995 había en Chiapas 7 cuarteles y 5 campamentos, en 1999 los cuarteles son 26 y los campamentos 57. El PRD dijo que si se quería volver al diálogo, bastaba que el gobierno apoyara la propuesta presentada en 1996 por la marginada Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). También muchas ONGs hicieron públicos sus puntos de vista. Para calificar la propuesta gubernamental de insuficiente. Reconociendo que hay un cambio de actitud en el gobierno -por mucho tiempo cerrado a un nuevo contacto con los zapatistas-, señalaron que la propuesta no va acompañada de señales que denoten sinceridad y que parece sólo una operación de imagen. Las organizaciones indígenas dijeron más: la propuesta es "un paso atrás", pues propone reanudar las negociaciones como si no se hubiera llegado ya a un acuerdo que el gobierno no cumple. Se quejaron también de que en Chiapas el ejército mantiene una tercera parte de sus efectivos, y que ya la relación entre militares y población es de un militar por cada nueve personas.

Diálogo: más de lo mismo

Mientras el nuncio apostólico pedía al EZLN que aceptara la propuesta del gobierno, en Washington un informe del Departamento de Estado revelaba que, entre 1994 y 1997, gente armada había profanado en Chiapas 48 templos y había asesinado a cinco catequistas. La comisión episcopal para la paz en Chiapas pidió al EZLN dar señales de que le interesa reanudar el diálogo, y convocó al gobierno a reubicar a sus militares. La Cámara de Diputados hizo un llamado al gobierno federal y al EZLN para que cumplan los acuerdos de San Andrés y asuman ante la nación la responsabilidad de reiniciar el diálogo.
Es obvio que la propuesta gubernamental mantiene la misma posición que provocó la suspensión del diálogo. El gobierno pretende hacer aparecer como nuevas las mismas políticas oficiales, situándose en la misma lógica que provocó la suspensión del diálogo cuando pretendió renegociar lo ya acordado. Y otra vez pende sobre el conflicto la amenaza de hacer aprobar -con la mayoría de los senadores priístas- una ley indígena que no responde ni a la letra ni al espíritu de los Acuerdos de San Andrés.

El 13 de septiembre el ex-alcalde de Chenaló y 23 indígenas fueron condenados a 35 años de cárcel por la masacre de Acteal. De los 102 detenidos, sólo 5 aceptaron su participación en este horrendo crimen. Pendientes de ejecución quedaron 90 órdenes de aprehensión, entre ellas a once ex-funcionarios públicos del gobierno y a cuerpos policiales de segundo y tercer nivel. Los autores intelectuales siguen intocados.
El mismo día de la sentencia, miles de indígenas marcharon y bloquearon carreteras en seis zonas de Chiapas. Demandaban el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y rechazaban la propuesta del gobierno. Entre otros reclamos, los indígenas exigían la libertad de los presos políticos, el retorno de los desplazados en condiciones de seguridad, la disolución de las guardias blancas y los grupos paramilitares, la destitución y el juicio político contra el gobernador interino Albores, por su peligrosa y desatinada gestión utilizando ilegalmente recursos del pueblo para apoyar la campaña presidencial de Labastida y enfrentando a los chiapanecos entre sí. El Procurador General de la República -contradiciendo las enfáticas declaraciones oficiales en el sentido de que los paramilitares no existen- aceptó tímidamente que en Chiapas actuaban 15 grupos "probablemente" armados.

A mediados de septiembre habló el Subcomandante Marcos. "¿Y cómo vamos a responder rápido -dijo- si el supremo no suelta el micrófono y todos los días agrega declaraciones, rectificaciones y postdatas a su carta abierta?" Y puso él su propia postdata: insinuó que el suicidio de Ruiz Massieu no había que tomarlo a la letra, pues se trataba de una frecuente práctica en el sistema judicial norteamericano: el sistema de protección a testigos. El gobierno afirmó que el comunicado no era una respuesta, y que seguía esperando una respuesta a su carta abierta.

La torva mirada de Zedillo

Los delegados del EZLN que visitaron la ciudad de México declararon que el gobierno les daba trato de "extraño enemigo" -frase del himno nacional-, y que el ejército destruía la selva y contaminaba sus aguas. En la Ciudad Universitaria los delegados zapatistas dieron el grito del 15 de septiembre, mientras en las comunidades indígenas de Chiapas se daba "el grito de los excluidos".
La oposición y muchos grupos civiles, sobre todo indígenas, desenmascararon el hipócrita llamado hecho por el gobierno al EZLN para dialogar. El Subcomandante Marcos difundió comunicados en los que analiza la coyuntura nacional. Marcos llamó la atención sobre un hecho verificable en no pocas fotografías del Presidente: su mirada torva. Recordó que el remedio postmoderno para la enfermedad de indios y universitarios es despachar desde el Palacio Nacional a decenas de miles de soldados hacia el sureste mexicano. El gobierno federal lo hace con la aquiescencia de los caciques lugareños, que mandan, destruyen y matan en tierras indias. Matar indios y perseguir estudiantes se ha convertido -dice- en un deporte de moda en Chiapas. Marcos recalca que los ejércitos son las más absurdas estructuras existentes. Por eso, el EZLN aspira a desaparecer. En sus comunicados, Marcos ofreció un dato escalofriante: reveló que militares que desaprobaron la activación de bandas paramilitares en Chiapas -argumentando que portar armas requiere de disciplina y de responsabilidad- fueron desaparecidos.

Cese al fuego: tres rupturas

Una revisión de los acontecimientos de los últimos dos años muestra al ejército federal como causa principal de la desestabilización en el sureste mexicano. Allí donde aparecen los federales, suben las tensiones y se desatan los conflictos. Marcos hizo un recuento del incumplimiento gubernamental de la Ley de diálogo y de los ordenamientos internacionales, y señaló que desde que Zedillo llegó al poder de la mano de los asesinos de Colosio, el ejército federal ha roto el cese al fuego cuando menos en tres ocasiones: en febrero de 1995, cuando cinco zapatistas y un coronel y diez soldados cayeron en combate; en junio de 1998 en El Bosque, con el saldo de ocho zapatistas ejecutados después de haber sido hechos prisioneros por militares; y en agosto de 1999, en San José La Esperanza, con el saldo de dos zapatistas heridos de bala y ocho militares golpeados con piedras y palos.

Universitarios "sin humor"

Marcos no olvidó en su análisis al movimiento estudiantil, del que dijo ha sufrido como pocos movimientos sociales en los últimos años una tan cruda guerra de medios. Particularmente, la televisión privada -que representa en México a la ultraderecha- y la radio han ido mucho más allá de lo previsto con la evidente complacencia del gobierno. Los estudiantes son tildados de agitadores, subversivos, asaltantes, secuestradores, delincuentes, pseudoestudiantes, ultras... A una de esas televisoras, algunos estudiantes la han calificado de "narcotelevisión" a raíz del caso Stanley.
También en Chiapas grandes cantidades de dinero -originalmente destinadas a las comunidades indígenas- han sido desviadas hacia los medios de comunicación. Marcos profundiza: pasadas de moda las "deserciones" de zapatistas, el gobierno local privilegió un nuevo tema, el de los "malvados estudiantes paristas de la UNAM, que han llegado a sembrar la discordia entre las plácidas comunidades indígenas, tan tranquilas que estaban". El gobernador Albores ha sacado la conclusión de que tiene que evitar que esos jóvenes "violen" la soberanía de Chiapas, pues para ese gobernante todo lo que no sea priísta es extranjero.
Marcos ofrece otra visión de los estudiantes que van a Chiapas. Más allá de su valor y de agradecer su solidaridad, critica su solemnidad, el hecho de que a no pocos de ellos les falte el sentido del humor: "cosa lamentable en quien lucha por un cambio, y algo terrible en quien es joven".
Marcos quiso profundizar en el movimiento estudiantil y dialogó ampliamente con los universitarios que visitaron a los zapatistas. Unos le pintaron el movimiento como desgastado, otros decían que iba en ascenso. Había quienes llamaban a mantenerse firmes, y otros que argumentaban con la necesidad de la flexibilización. Marcos constató que había muchas razones de uno y otro lado. Después de haberlos escuchado, intervino. No les dio consignas. Les dijo que los zapatistas los respetaban, los querían, los admiraban, que seguían con atención lo que hacían y lo que dejaban de hacer, que veían muchas cosas nuevas en ellos, y también muchas cosas viejas, como el hecho de que estaban muy encerrados en sí mismos -todo girando alrededor del movimiento universitario-. Insistió en señalarles la falta de sentido del humor, la seriedad acartonada, y sobre todo, el poco oído para los otros.

Marcos planteó algunas preguntas para el Comité General de Huelga "¿El método para ganar una argumentación es imponer el silencio a la parte contraria? ¿El CGH se hace más fuerte "depurando" y convirtiéndose en un ente homogéneo? Esa es la universidad que quiere el CGH?".

Zapatista-estudiantes: parecidos

Marcos encontró doce grandes semejanzas entre el movimiento zapatista y el movimiento estudiantil.
* Mientras en Chiapas los protagonistas son indígenas mexicanos, despreciados y olvidados, en la UNAM el movimiento lo realizan jóvenes mexicanos, también despreciados y olvidados.
* Desde el inicio del alzamiento las dos más grandes televisoras privadas clamaron por el aniquilamiento de los indígenas, y en complicidad con el gobierno y parte de la prensa escrita y radiofónica, organizaron una campaña de desprestigio. En la UNAM, desde que irrumpió la huelga TV Azteca y Televisa se han dedicado, con particular énfasis, a calumniar a los estudiantes, acompañándolas buena parte de la prensa nacional y de las radios; el gobierno y Rectoría hacen la segunda voz. "Son sólo unos cuantos indios manipulados" gritan en la televisión. "Son unos cuantos jóvenes holgazanes y manipulados" se desgañitan en TV Azteca y Televisa. El gobierno insiste en que detrás del levantamiento indígena hay "intereses oscuros, universitarios blancos, la iglesia roja y el PRD". Gobierno y Rectoría repiten una y otra vez que detrás del movimiento de huelga de la UNAM hay "intereses extrauniversitarios, zapatistas y el PRD".

¿Qué quieren, por qué luchan?

* La demanda principal de los indígenas zapatistas es: "Aquí estamos, queremos un país que nos incluya, un país más libre, democrático y justo. No luchamos por despensas ni molinos de nixtamal. Nos levantamos en armas por un México mejor". Y la de los estudiantes es: "Aquí estamos, queremos un país que nos incluya, educación pública y gratuita. No luchamos porque a nosotros no nos cobren el semestre. Hicimos una huelga por la educación gratuita para todos los mexicanos".
* El gobierno ofrece láminas para el techo y despensas para los alzados. "¿Qué mas quieren? Depongan las armas y ríndanse", claman en los medios de comunicación. Rectoría ofrece disfrazar las cuotas. "¿Qué más quieren? Entreguen las instalaciones y ríndanse", gritan los medios.

No dialogar, reventar el diálogo

* El gobierno pone como negociadores a personajes torpes, inexpertos y represores, con las instrucciones de reventar el diálogo. Rectoría pone una comisión autoritaria, intolerante, fascista, con intenciones de reventar el diálogo.

* Los abogados de la ultraderecha -Carrancá y Rivas e Ignacio Orihuela- demandan que se desconozcan los acuerdos de San Andrés, exigen el empleo de la fuerza pública y la masacre de los indígenas alzados. Orihuela y Carrancá y Rivas también exigen el uso de la fuerza pública en contra de los estudiantes en huelga.

* En los momentos más difíciles y complejos del diálogo, Zedillo empeora todo con sus declaraciones amenazantes y su reiterado ultimatum al EZLN. Zedillo entorpece el diálogo entre autoridades universitarias y huelguistas con sus declaraciones y "torpedea la propuesta de los ocho eméritos" con la amenaza de usar "la fuerza legítima del Estado" si la propuesta no es respetada.

* Los intelectuales de derecha no escatiman tinta para pedir la intervención del ejército federal y la aniquilación de los zapatistas. Los intelectuales de derecha exigen mano dura contra los huelguistas.

* Las cámaras empresariales exigen la represión contra los indígenas zapatistas. Las cámaras empresariales demandan el cierre de la UNAM y la represión contra los que participan en el movimiento universitario.

* Una vez en el diálogo, el EZLN hace todo lo posible para mantenerlo y el gobierno hace lo suyo para romperlo. En la UNAM los estudiantes flexibilizan su propuesta y dan muestras claras de querer dialogar, y el gobierno y Rectoría hacen hasta lo imposible porque el diálogo fracase.

* El gobierno acusa al EZLN de intransigente y de no querer el diálogo. El gobierno y Rectoría acusan a los estudiantes de intransigentes y de no querer el diálogo.

* El gobierno y sus plumas difunden la versión de que al interior del EZLN hay una línea "dura" que no quiere el diálogo y que se enfrenta a una línea "conciliadora". El gobierno y sus anexos difunden la versión de que el movimiento universitario está dividido entre "ultras y moderados" y que la mayoría de los huelguistas están siendo manipulados por los ultras.

Se abre una nueva etapa

El zapatismo ha ido tejiendo adhesiones de los distintos sectores del conjunto de la sociedad a la causa indígena. El movimiento estudiantil ha puesto en jaque al autoritarismo y ha logrado el apoyo de movimientos populares. El régimen de partido de Estado tiene una estrategia en contra del conjunto democrático con miras a las elecciones del 2000.

Más de un 60% de los ciudadanos manifestó esperanzas de que, a través de una amplia alianza opositora, se pudiera conseguir desestructurar el régimen de partido de Estado para dar un paso firme en la transición a la democracia en México. Los partidos -encerrados en sus intereses grupales- no supieron atender este reclamo y no fueron capaces de darle forma a esa alianza. A partir de octubre se enfrentarán al PRI divididos. A lo sumo, con alianzas parciales.

El PRI ha respirado. Ahora, con su voto duro, con la compra del voto, con la utilización de los recursos estatales, podrá mantenerse en el poder. Cuenta también con que muchos votantes se desilusionen y no acudan a las urnas. Para lograrlo ha diseñado dos tácticas. Una, hartarnos con las campañas electorales a través de sus medios masivos supeditados. Apenas iniciadas las precampañas esta hartura ya se va logrando.
La otra táctica es la de abonar el terreno para volver a cosechar el voto del miedo. Para esto se empecina en no resolver los conflictos sino en alargarlos y endurecerlos. Esto pretende en Chiapas y en la UNAM.


A pesar de tanto poder, la presión de grupos ciudadanos tiene la posibilidad de acotar, y aun de revertir, estos intentos. Pese a que los partidos van separados, todavía es posible que, a través de la presión ciudadana, ya avanzada la campaña presidencial, se logre que los candidatos presidenciales opositores que vayan muy atrás en las preferencias de los ciudadanos renuncien a favor del que lleva la delantera. Aunque se ve muy difícil, esto no es imposible. Como no lo son otras renuncias y audacias que también habrá que hacer realidad.

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