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  Número 330 | Septiembre 2009
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Nicaragua

“Lo más grave de la relación Ortega-Chávez es el aspecto ético, la corrupción”

Víctor Hugo Tinoco, Diputado ante la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovador Sandinista y ex-Vicecanciller de la República durante el gobierno del FSLN en los años 80, analiza algunas características de la política exterior del segundo gobierno de Daniel Ortega.

Victor Hugo Tinoco

Daniel Ortega inició su gobierno en un contexto pre-Obama, cuando el gobierno de Estados Unidos estaba dominado por la derecha más conservadora. Este gobierno del FSLN inicia también cuando en América Latina han surgido gobiernos de izquierda, con dos concepciones diferentes. La diferencia principal entre las dos corrientes -el grupo de Lula y de Tabaré y el grupo que lidera Chávez- es la concepción que tienen sobre el rol que juegan las libertades individuales y las libertades ciudadanas en el desarrollo social de una nación. Yo creo que la principal diferencia entre ambas corrientes no es el mayor o menor nivel de inversión en el área social o si los programas de erradicación de la pobreza son más o menos asistencialistas o más o menos profundos. La diferencia de fondo es si el gobierno considera que las libertades individuales y ciudadanas son base fundamental del desarrollo social y de la transformación social o si las consideran un obstáculo. Según una u otra concepción se actuará de forma diferente en cada momento político. Es en ese marco en el que surge la política exterior del gobierno de Daniel Ortega. Desde el comienzo, y de manera muy clara, Ortega se adscribió al grupo de gobiernos latinoamericanos de izquierda liderados por el Presidente de Venezuela. Desde el punto de vista político lo hizo por una concepción ya imperante en el orteguismo -entiendo por orteguismo la corriente autoritaria dentro del sandinismo-, que coincide con la corriente de izquierda que considera que las libertades ciudadanas son un obstáculo y cree que en la lucha por el poder hay derecho a violar todos los derechos de cualquiera que se te oponga. Cuando se tiene esa concepción no se conocen límites. El único límite son los costos políticos de actuar arbitrariamente. Si te sale costoso no actuás, pero si te sale “barato” atropellar a otro, lo atropellás.

La concepción autoritaria del gobierno de Ortega le lleva a pensar que si está en el poder puede hacer lo que quiera contra quienes se le opongan, porque si estuvieran en el poder los otros lo harían todo en su contra. Omar Cabezas, el Procurador de Derechos Humanos de este gobierno, grafica a menudo esta concepción. Recientemente declaró: “El poder que tenemos es para usarlo y para defenderlo. Y eso significa no permitir que la gente que está disputándonos el poder se manifieste”. En esta concepción no hay derechos, no hay límites, no hay leyes, no hay libertades.

Esta concepción política está, pues, en el origen de la adscripción del gobierno de Ortega al grupo latinoamericano liderado por Chávez. Pero la adscripción de Nicaragua a este grupo tiene una razón adicional fundamental, que es de tipo económico. Venezuela le garantiza al gobierno de Ortega el suministro de petróleo en condiciones muy favorables. Siendo Nicaragua un país totalmente dependiente del petróleo para la generación de energía este apoyo es fundamental. Pero el gobierno de Ortega tiene una ventaja crucial: esa ayuda y otras ayudas económicas venezolanas se le garantizan al gobierno de Ortega de forma privada.

La privatización de la ayuda venezolana explica mucho de lo que hoy ocurre en Nicaragua. En el diseño original con el que arranca este gobierno estaba claro desde el principio que la cooperación del gobierno venezolano no pasaría por el presupuesto nacional, no se sometería a ningún control institucional, sino que sería manejada por una empresa mixta venezolana-nicaragüense, Albanisa, en la que la parte nicaragüense de esa empresa está en manos del grupo orteguista, donde se decide en qué y cómo usar esos recursos, sin intervención ni supervisión de ninguna entidad pública. En el año 2008 calculamos que Albanisa manejó al menos 250 millones de dólares. En 2009 está manejando unos 125 millones, una menor cantidad este año porque esos montos se derivan del contrato petrolero y fluctúan con los precios del petróleo.

La pre-crisis permitió al grupo orteguista obtener en 2008 enormes ganancias de la ayuda venezolana ese año. Porque antes de que estallara la crisis económica, el precio internacional del barril de petróleo se disparó hasta 150 dólares y eso dejó mayores ganancias al gobierno, en base al contrato petrolero con Chávez. Mientras las ganancias se le duplicaban al grupo orteguista, la gente en Nicaragua pagaba más caro el combustible. Porque la lógica del contrato petrolero privatizado es ésa: mientras más caro el petróleo, más se enriquece el grupo orteguista y más caro paga la población los combustibles.

No existe información confiable de cómo el gobierno de Ortega ha usado y está usando esos dineros, porque todo queda envuelto en la práctica del secretismo oficial que caracteriza a este gobierno. ¿Quién controla qué parte de ese dinero no esté ya en un paraíso fiscal? Cuando preguntamos, nos dicen que los recursos venezolanos se dedican a programas sociales, al programa Hambre Cero, por ejemplo, pero el programa Hambre Cero está raquítico. Nadie sabe porque nadie controla y esos recursos, que debían ser públicos, se administran privadamente.

Sí sabemos que algunos de esos recursos se están usando clientelistamente para favorecer a quienes trabajan, simpatizan o se acercan al partido de gobierno. Así las cosas, además del problema del clientelismo político y de la posible ineficiencia cuando no existen controles, está también el inevitable problema de la corrupción. Al no haber ningún control ni seguimiento, no tenemos la menor duda de que en Nicaragua esta pieza clave de la política exterior del gobierno, que es la relación con Venezuela, está generando un proceso de enriquecimiento de personas y grupos ligados al orteguismo. El impacto negativo más importante del tipo de relación establecida entre Ortega y Chávez es el aspecto ético. Los círculos de corrupción que se están generando en torno a la cooperación venezolana privatizada están deformando a sectores de la izquierda nicaragüense, que son los que históricamente han tenido más sensibilidad social y que hoy, por estas prácticas, están enredándose en un proceso de negocios privados y oscuros sin ningún control.

Uno de los casos más extremos de la confusión e inevitable corrupción creada con la cooperación venezolana lo estamos viendo ahora en el campo energético. En 2007 el Presidente Chávez envió a Nicaragua plantas generadoras de electricidad, a partir de diesel, para contribuir a eliminar los cortes de energía diarios, que desde 2006 afectaban a todo el país con apagones que iban de cuatro a doce horas diarias. En junio de 2007 empezaron a funcionar disminuyendo drásticamente los apagones. El gobierno de Taiwán también nos donó plantas con el afán de contribuir a la generación estatal de electricidad. Acabar con los cortes de energía fue un éxito para el gobierno de Daniel Ortega. Pero en la medida en que ha pasado el tiempo, hemos sabido que esas plantas venezolanas -que producen la energía a un altísimo costo y que se nos anunciaron como expresión de la solidaridad venezolana, como un regalo- fueron privatizadas por la empresa Albanisa. Ahora sabemos que las tendremos que pagar, y que nos las van a cobrar, y muy caras, en las facturas de energía eléctrica que pagaremos mensualmente durante los próximos 15 años… Hoy sabemos también que, de una forma misteriosa, las plantas donadas al Estado por Taiwán son ahora propiedad de la sociedad privada Albanisa.

Lo más terrible de todo esto es que todo se hizo en la sombra, oculto, mientras a la luz y en público se habla a favor
de los pobres. ¿Y a quién se lo ocultan? Al pueblo de Nicaragua. Arnoldo Alemán sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Hay complicidad, porque el responsable del ente estatal INE, encargado de velar por los intereses de los consumidores en el servicio de energía, es David Castillo, un liberal cercano al caudillo liberal. Es él quien ha autorizado los contratos entre la empresa Albanisa, manejada por el grupo orteguista, y la transnacional española UNIÓN FENOSA, contratos en los que se aceptan precios elevadísimos para esas plantas y, por tanto, tarifas de luz más altas para los consumidores. Así, lo que en 2007 era “solidaridad” con el pueblo de Nicaragua, hoy son plantas privadas, cobradas y cobradas muy caras. ¿Quiénes se están quedando con los beneficios de estas transacciones, de este gran negocio?

La corrupción que se está generando y la ineficiencia son resultados destructivos en términos éticos, económicos y sociales de la cooperación venezolana. Por otra parte, el respaldo venezolano y la privatización de esos recursos es lo que explica que el gobierno de Ortega hable y despotrique contra cualquier otro gobierno del mundo y que no le importen mucho las relaciones con Europa, por más importantes que sean.

La política exterior nicaragüense está hoy supeditada a Venezuela y esto explica también unas decisiones que son correctas -como la integración al ALBA- y otras que son absurdas. Si las relaciones con Venezuela son la prioridad de la política exterior nicaragüense, consecuentemente el gobierno de Ortega prioriza también las relaciones con los países con los que Venezuela se relaciona. Un ejemplo claro del absurdo fue el reconocimiento que hizo Nicaragua de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur cuando se separaron de Georgia. Somos, aparte de Rusia, el único país del mundo que ha reconocido estos “nuevos Estados”. Fue una decisión de política exterior innecesaria y hasta contraproducente para nuestros intereses. Porque hay similitudes entre la segregación de estos territorios con las propuestas independentistas del Caribe Norte de Nicaragua y, teóricamente, Estados Unidos, como potencia en nuestra área, podría aplicarnos la misma receta que aplicó Rusia allá, reconociendo la independencia mískita. ¿Por qué Nicaragua reconoce a Abjasia y a Osetia del Sur? Porque Rusia es un socio importante de Venezuela y porque a cambio algo puede darnos Rusia.

Integrarnos a la iniciativa del ALBA ha sido una decisión correcta. Si el ALBA hubiera sido una iniciativa del Presidente colombiano Álvaro Uribe también sería correcto integrarnos y la respaldaríamos. Tener un mercado alternativo frente a nuestro mercado tradicional, Estados Unidos, nos da mayor margen como país. Constituir asociaciones y alianzas comerciales y económico-sociales, en donde tengamos una lectura política compartida, es algo muy positivo. Los problemas pueden venir cuando la lectura política choca con los derechos y las libertades ciudadanas. El ALBA es una idea antigua, un sueño básico: juntarnos los latinoamericanos para protegernos económica y comercialmente primero, y después políticamente.

El contexto internacional ha cambiado desde que Ortega llegó al gobierno. Un cambio importante es la llegada al gobierno de Estados Unidos de Barack Obama y las nuevas relaciones que Obama quiere construir con América Latina. El gobierno de Ortega no acaba de asimilar este cambio y expresarlo en un reposicionamiento más acertado. El otro cambio político en el contexto continental que debemos analizar es lo sucedido en Honduras con el golpe de Estado, un acontecimiento que tanto puede influir en nuestra región.

No hay la menor duda de que en Honduras se produjo un golpe de Estado, un zarpazo, motivado por cálculos de mediano y de largo plazo o por un miedo de corto plazo. Cualquiera sea la motivación, es un zarpazo de los grupos políticos y militares contra el Presidente de Honduras. ¿Que Zelaya había violado algunas leyes y hasta la Constitución? Absolutamente cierto. Estaba actuando de hecho y no de derecho en varios asuntos. Pero eso no justifica el zarpazo. Por eso el MRS, a las cuatro horas de producirse los hechos, los estábamos condenando como un golpe de Estado.

¿Cuál es la gravedad de ese golpe de Estado? No hace mucho que nuestro continente estaba plagado de dictaduras militares y los protagonistas están aún ahí, tanto los que estuvieron del lado de los militares, como los que estuvieron en la oposición. Cuando en los años 80 yo empecé a ser Vicecanciller había, con poquísimas excepciones, dictaduras militares desde Guatemala hasta Argentina. No hace mucho tiempo que América Latina salió de esa experiencia de dominación de los estamentos militares sobre las sociedades políticas y las sociedades civiles. Apenas en los últimos quince-veinte años fuimos saliendo de eso. Ese cambio fue influido también por decisiones políticas de Estados Unidos, que vieron en la revolución nicaragüense y en otros procesos revolucionarios centroamericanos la advertencia de que habría revoluciones violentas si los regímenes militares continuaban negando las libertades civiles. Y de manera escalonada, en todo el continente los regímenes militares fueron desapareciendo y transformándose en regímenes más civiles. No podemos perder de vista esta realidad. Porque ese cambio ha sido el avance estratégico más importante que han tenido nuestros pueblos.

La lucha de los pueblos por sus derechos, por sus reivindicaciones, por la justicia social, por un mundo mejor y más justo no podía avanzar mucho con regímenes militares. Sólo ha sido posible con gobiernos civiles donde los derechos ciudadanos son en alguna medida respetados. La experiencia ha demostrado que en América Latina no se puede hacer una transformación social sostenible si no se respetan y se desarrollan las libertades y los derechos ciudadanos. Y eso pasa por poner a los militares en el lugar en donde deben estar.

La victoria de los pueblos de ir sustituyendo a las castas militares en el gobierno por gobiernos civiles -de derecha, de centro o de izquierda- es el avance más importante experimentado por América Latina en las últimas tres décadas. Es a partir de ese avance que las izquierdas hemos podido entrar a la lucha por la transformación social con propuestas políticas y no con las armas. Es sobre esa base que surgieron los gobiernos de izquierda que hoy existen en América Latina.

A excepción de la revolución nicaragüense, y antes la revolución cubana, todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos nacieron en ese contexto, en el espacio que se construyó cuando salimos de las castas militares y comenzamos a experimentar las libertades ciudadanas. Después vino la bifurcación: unas izquierdas que creen que para que sea sostenible el cambio social que quieren hacer es necesario desarrollar las libertades ciudadanas y otras izquierdas que consideran que eso no es importante.

Lo ocurrido en Honduras es, sin lugar a dudas, una amenaza y un retroceso: es una señal de que en América Latina puede empezar a retroceder el logro histórico de los últimos treinta años, el que permitió emerger a las izquierdas. Volver a que el uso de la fuerza sea la regla del juego político es un retroceso gravísimo. Por eso hay que condenar firmemente este golpe de Estado. Si Zelaya violaba la Constitución en Honduras debían haberse regido por las reglas de juego de la democracia: iniciar un proceso judicial, denunciar, presionar, hacer propuestas alternativas, movilizarse. Pero nunca recurrir al zarpazo, a la fuerza, a la violencia, a los militares. Eso es lo inaceptable y eso explica la condena unánime de todos los gobiernos de América Latina. Sectores de la derecha política latinoamericana y de la derecha de Estados Unidos han tratado de justificar el golpe en los errores de Zelaya, pero eso es sumamente peligroso para toda América Latina. Si avanzara ese enfoque y el golpe se consolidara sería gravísimo.

Hay una lectura generalizada -y ojalá no nos equivoquemos- de que Nicaragua es uno de los países con menos riesgo
de copiar lo ocurrido en Honduras. Porque nuestro estamento militar ha demostrado su capacidad de operar con cualquier propuesta elegida democráticamente, de derecha, de izquierda o de centro. Pero en El Salvador o en Guatemala el peligro es real. Por eso es fundamental hallar la forma de que Zelaya regrese, para ir encontrando el cauce de restauración de la institucionalidad democrática y así construir el tránsito que conduzca a unas elecciones observadas y transparentes, aunque los resultados electorales coloquen en el gobierno a la derecha. Pero el sólo hecho de rescatar la práctica democrática y las libertades ciudadanas, poniéndolas por sobre la violencia y el abuso de la fuerza, sería un gran logro. Eso es lo posible, lo viable y lo deseable. La propuesta de Oscar Arias apunta a eso. A todas las fuerzas de izquierda del continente eso es lo que nos conviene.

Finalmente, otra característica de la política exterior del gobierno de Ortega es que le ha creado al país graves Problemas con la cooperación internacional que tradicionalmente ha apoyado a Nicaragua. No por razones ideológicas. La relación con Irán, por ejemplo, no ha pasado de un discurso altisonante, pero no ha sido significativa desde el punto de vista político ni económico. Las distancias culturales con Irán son enormes y el apoyo económico iraní no ha sido el anunciado. En el nuevo gobierno de Estados Unidos no van a poner mucha atención a este tipo de retórica. La pondrán a lo que haga el gobierno, no a lo que diga.

La razón para los problemas con la cooperación internacional tradicional está en que el gobierno de Ortega ha querido mantener esa cooperación y esas relaciones, siendo aceptado incondicionalmente, independientemente de lo que haga o no haga al interior de Nicaragua. Los problemas que el gobierno ha tenido con la cooperación internacional no han tenido nada que ver con las relaciones de Ortega con Irán, con Rusia, ni siquiera con Chávez. Tienen que ver, desde el inicio, con que el 20% del presupuesto -eso significa el monto de la cooperación venezolana- se maneja sin control, lo que desde el inicio comenzó a crear resquemores y dificultades. Y tienen que ver con que desde el inicio hubo problemas internos de gobernabilidad: irrespeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, atropellos contra los derechos ciudadanos, hasta llegar al máximo atropello a la voluntad popular que fue el fraude electoral de noviembre de 2008. Casi un año después de las elecciones no se conocen todavía los resultados del 20% de las juntas receptoras de votos. El desprecio de este gobierno al componente de gobernabilidad -que la cooperación internacional exige hoy en cualquier país del mundo- nos ha creado graves problemas.

Dejo para el final algo que considero debería ser fundamental en nuestra política exterior. Nicaragua es un país muy pequeño. Si en Nicaragua no buscamos cómo acelerar las formas de asociación económica, comercial, inclusive política, con los países centroamericanos, no tendremos futuro. Durante mucho más de 500 años Centroamérica ha sido siempre una región periférica. Fuimos la periferia del imperio azteca y la periferia del imperio inca. Fuimos periféricos para los conquistadores españoles. Hemos estado siempre en la periferia. Si queremos emerger tenemos que asociarnos primero que nada con nuestros vecinos centroamericanos. La unidad y la integración centroamericana son claves para nuestro futuro económico y político.

Un gobierno responsable debe trabajar para crear un acuerdo social interno, un entendimiento nacional suficiente para maximizar nuestras capacidades potencialidades y para facilitar nuestra integración con Centroamérica. Si no somos capaces de articular consensos básicos dentro del país, menos lo haremos con Centroamérica. Y mientras tanto, mientras no lo logramos, los capitales financieros centroamericanos ya se integraron.

Creo que el diseño original político y económico con el que partió Daniel Ortega ya hizo crisis y ya es inviable. Sólo le ha dado resultados para su enriquecimiento. Lo que sí le está funcionando es la creación de un polo de poder económico en torno a él y a su grupo. Pero Nicaragua no está funcionando.

Nicaragua sólo tendrá futuro si tenemos la capacidad de entendernos en lo básico en lo económico, en lo social
y, sobre todo, en lo político. Enfatizo: en lo político. No hay forma de que Nicaragua avance en lo económico si no hay entendimiento en los derechos políticos y ciudadanos. Como partícipe durante casi 35 años en la revolución sandinista lo puedo decir: la revolución sandinista fue una revolución donde las demandas de libertad política y ciudadana fueron centrales para acabar con la dictadura. Esas demandas fueron la motivación principal para la integración de toda una generación de jóvenes a la lucha revolucionaria contra la dictadura. Las reivindicaciones económicas y la justicia social eran parte de nuestro programa, pero no eran nuestra prioridad. Los derechos políticos fueron la clave. Y así ha sido siempre en nuestro país: el respeto a los derechos políticos y a las libertades ciudadanas ha sido clave para que Nicaragua dé pasos hacia adelante. Y el irrespeto a esos derechos nos ha hundido en las repetidas y crisis que hemos vivido cíclicamente.

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