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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 288 | Marzo 2006
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Guatemala

Guatemala: la institucionalidad bajo acecho

Parlamentarios y policías vinculados al narcotráfico, y un Ejército donde impera la delincuencia, encubierta con un secretismo cómplice, que continúa siendo un eje de poder. Los poderes ocultos y las estructuras criminales están penetrando las instituciones en un marco de total impunidad.

Fundación Myrna Mack

La institucionalidad política que sostiene los cimientos del sistema democrático instalado en Guatemala hace 20 años, tras la finalización del régimen militar, se encuentra bajo acecho. A dos décadas de distancia, aquellas estructuras, diseñadas, creadas y desarrolladas para garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la seguridad e integridad personal de los ciudadanos, pretenden ser utilizadas ahora para crear instituciones dominadas por la endeblez democrática, la impunidad y la arbitrariedad.

UNA ANTICIPADA CAMPAÑA

Los sucesivos gobiernos civiles han sido ineficientes en la tarea de lograr una evolución exitosa hacia la consolidación democrática: el actual acecho a las instituciones tiene múltiples fuentes y variadas motivaciones. Una de las más significativas es la lucha entre grupos de poder por dominar el sensible territorio donde se toman las decisiones que orientan el funcionamiento del aparato estatal. Que éste procure el bien común sigue siendo un tema pendiente.

La situación nacional se caracteriza por graves tensiones sociales y políticas, con tendencias que, con mucha contundencia, apuntan hacia una confrontación intersectorial, más exacerbada porque ya se vive el fragor de una muy anticipada campaña preelectoral. El 2006 es un año clave para la definición de candidaturas a los más altos cargos de elección popular: Presidente, Vicepresidente, diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano, alcaldes.

El Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones generales en el 2007, pero los dirigentes políticos ya están inmersos de lleno en la lucha por la popularidad. Esto ha provocado que la actuación de los bloques parlamentarios de los partidos, estén impregnados de ese propósito, relegando la acción propositiva y la cooperación en el quehacer gubernamental.

PARLAMENTO DESPRESTIGIADO

El 2005 fue un año duro para el Parlamento. La carga de desprestigio que arrastra de tiempo atrás se incrementó con las negociaciones que sellaron decisiones importantes. El gobierno tenía apremio por aprobar el Presupuesto Nacional para el 2006, por elegir a la junta directiva del Congreso y por lograr el pase de otros asuntos que traen consigo negocios millonarios en el ramo de la infraestructura, como la ampliación y pavimentación de la carretera que conectará todo el norte del país, la Franja Transversal del Norte, que lleva 30 años en estado de terracería.

Este apremio forzó la celebración de acuerdos, que incluyeron destinar grandes recursos del presupuesto del Congreso para crear plazas innecesarias a favor de amigos, familiares y correligionarios de los diputados de oposición; aceptar el trámite de varios proyectos legislativos no prioritarios o cuya aprobación sería indeseable por su impacto en materia de democratización; y tomar decisiones que envían mensajes negativos a la opinión pública, como el haber cedido al Frente Republicano Guatemalteco (FRG) la presidencia de las comisiones legislativas de Probidad y Derechos Humanos.

Esta decisión escandalizó porque favoreció a un partido muy cuestionado por los graves hechos de corrupción descubiertos durante su gestión gubernamental (2000-2004) y con varios de sus dirigentes afrontando procesos judiciales. El ex-Presidente en esos años, Alfonso Portillo, huyó hacia México para eludir a la justicia guatemalteca, encontrándose ahora sujeto a un proceso de extradición y el líder máximo del FRG, el general Efraín Ríos Montt, tiene en su contra varios procesos por genocidio y violaciones de derechos humanos ocurridos durante su gobierno de facto (1982-1983).

PARLAMENTARIOS EN CONEXIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El descrédito parlamentario no acaba ahí. Informaciones, parcialmente confirmadas por autoridades de seguridad, implicaron a algunos diputados con los carteles de la droga, las estructuras del crimen organizado y los grupos de sicarios que se dedican a asesinar por contrato.

En este contexto se inscribe el caso del diputado Manuel Castillo, miembro de la bancada parlamentaria del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), a quien se le investigaría por estas conexiones tenebrosas. Pero Castillo se reincorporó a sus labores parlamentarias sin problema alguno, al quedar paralizadas las investigaciones en su contra. Algunos investigadores policiales -que han optado por filtrar información a los medios de comunicación sin sostenerla públicamente- han dado a entender que habría más diputados en una situación similar a la de Castillo.

Los medios de comunicación también han informado que en algunos partidos políticos figuran personajes que desde hace varios años están bajo sospecha de participar en actividades criminales de alto impacto, al extremo que Estados Unidos les ha retirado la visa de ingreso a ese país.

La implicación de agentes estatales en los terrenos del crimen organizado es un signo claro de cómo la influencia mafiosa puede impregnar el desempeño del Estado.

LAS HUELLAS DE “STAN”

El escenario económico y social es potencialmente explosivo, con condiciones de precariedad y vulnerabilidad agudizadas, especialmente en las áreas rurales, tras el desastre provocado por la tormenta Stan. El impacto de la tormenta apenas empieza a advertirse en la pérdida de empleos, el alza en el costo de bienes y servicios y el deterioro y destrucción de la infraestructura básica y social. Este desastre no sólo provocó dolor por la pérdida de más de mil vidas humanas y la desaparición de varios centenares más. También decayó el turismo y se incrementó ostensiblemente el número de personas desplazadas, sin vivienda y sin acceso a servicios esenciales. No está siendo fácil recuperar un ritmo de vida “normal” con una acción gubernamental deficiente. Así, la profunda desigualdad social y económica se mantiene y se incrementa.

Las élites dominantes bloquean todo proceso tendiente a dar un tratamiento adecuado y respuestas a los problemas de marginación, exclusión social, pobreza extrema, racismo, discriminación y falta de oportunidades de los más pobres. Y los grupos partidarios que eventualmente arriban a los círculos del poder público carecen de voluntad política para abordarlos, pues sellan alianzas con estas élites renuentes al cambio o dirigen sus esfuerzos a promover un populismo ineficiente y corrupto.

MALAS CALIFICACIONES INTERNACIONALES

Las tendencias mundiales de globalización y de libre comercio no tienen buen augurio en países como Guatemala, que afrontan grandes rezagos sociales. La mayoría de la población económicamente activa tiene importantes déficit de educación y de desarrollo de capacidades y por eso, la mano de obra calificada no abunda y la población joven, pobre y excluida no accede a empleos bien remunerados. La economía informal es ya un gigante, capaz de proveer subsistencia pero no buenas oportunidades a la juventud. El crecimiento de fenómenos como la delincuencia común, el crimen organizado, la narcoactividad y las estructuras de la corrupción -palpables y vívidas en la práctica diaria de la gestión gubernamental- causan desaliento en los potenciales inversionistas. En el ámbito internacional, Guatemala mantiene calificaciones precarias al no ofrecer estándares aceptables de seguridad y transparencia.

LA ESTRUCTURA REPRESIVA NO HA CAMBIADO

En el combate a las actividades criminales los operativos de las fuerzas de seguridad no están bien coordinados y planificados. En 2004 y 2005 el actual gobierno optó por operativos improvisados y coyunturales, con escasos o nulos resultados. Los decomisos resultaron ser nimiedades frente al alto porcentaje de droga que pasa por Guatemala hacia Estados Unidos, o en comparación con el porcentaje de droga que se vende y distribuye en menor escala en Guatemala y en países vecinos. Además, la acción policial ha afectado únicamente a operadores de menor jerarquía en la estructura criminal, y otras actividades ilegales no han sido combatidas con eficiencia en ninguno de sus múltiples aspectos.

La Policía Nacional Civil, muy debilitada porque el proceso de formación de esta nueva institución avanzó lentamente al principio y después fue abortado por las autoridades en el cuatrienio 2000-2004, ha sido fuente constante de escándalos.

La estructura represiva que actuaba en paralelo al Ejército durante el conflicto armado interno no ha cambiado sustancialmente. Los acuerdos de paz establecieron el mandato de sustituir a la antigua Policía Nacional por un nuevo cuerpo civil, profesionalizado y alejado de las influencias militares. La sustitución se inició en 1997, pero con graves errores de concepción, pues la mayoría de los agentes corruptos y comprometidos en crímenes y violaciones de derechos humanos fueron incorporados al nuevo ente y porque el Ejército ha mantenido la tutela sobre la nueva institución policial -durante el gobierno anterior dirigida políticamente-, de tal manera que no se fortalecieron los procesos de formación, profesionalización, especialización y de ascenso por méritos. Gran parte del presupuesto policial también ha sido desviado al Ejército en pago por la ayuda recibida en los llamados patrullajes combinados.

CORRUPCIÓN RUTINARIA EN LA POLICÍA

En los últimos años se ha confirmado que agentes de los servicios especializados en la lucha antinarcótica y el combate del crimen organizado resultan ser operadores, cómplices, informantes y hasta con membresía en las estructuras criminales. Así, la corrupción rutinaria campea por toda la institución y abundan los casos de agentes organizados para cometer asaltos en viviendas, comercios y calles.

El recinto policial donde se almacena la droga incautada, a la espera de una orden judicial de destrucción, ha sido asaltado en varias ocasiones. La acción más reciente tuvo lugar el 31 de diciembre de 2005, cuando fueron robados 475 kilos de cocaína de ese lugar. Aún más grave fue lo ocurrido en noviembre, cuando en territorio estadounidense fueron apresados los jefes del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) de Guatemala, acusados por la agencia antidrogas de Estados Unidos de estar al servicio de los carteles de la droga en Guatemala.

Con los atracos al recinto policial desaparece la prueba contra personas sometidas a procesos judiciales por delitos de narcoactividad y se abre la posibilidad de hacer millonarios negocios, porque la droga circula libremente en Guatemala y en los países vecinos.

También se acusa a agentes policiales de abuso de poder y de violación de derechos humanos al aplicar tortura a personas apresadas, casi siempre por faltas y delitos menores; y de cometer agresiones sexuales contra mujeres que ingresan a las cárceles preventivas de la Policía. Estas denuncias fueron reiteradas en los informes de la ya desaparecida Misión de verificación internacional de la ONU (MINUGUA), y aparecieron también en los informes del Procurador de Derechos Humanos, de organizaciones internacionales y de centros de investigación nacionales.

IMPUNIDAD EN EL EJÉRCITO

En las fuerzas del Ejército suceden hechos similares. Pocos han sido los oficiales sometidos a juicio por violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno. En concreto, sólo se cuenta con la condena a 30 años de prisión del coronel Juan Valencia Osorio, a quien en el 2004 se le confirmó como responsable del asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Y al iniciar 2006, fue confirmada la sentencia de cárcel contra el coronel Byron Lima y su hijo, el capital Byron Lima Oliva, por el asesinato del obispo Juan Gerardi.

En comparación, son numerosos los oficiales que actualmente afrontan procesos de investigación criminal por actos de corrupción cometidos en el período 2000-2004. No obstante, estos procesos avanzan lentamente y no hay certeza de si habrá o no condiciones para esclarecer la cadena de desfalcos al presupuesto de la Defensa Nacional y para lograr la sanción de los implicados. Los oficiales que habrían funcionado como autores intelectuales de estas operaciones ilegales están al margen de los procesos, pues la acción penal sólo está afectando a oficiales de menor rango y a civiles que habrían actuado en complicidad.

Para diciembre del 2005 estaba previsto el ascenso de varios coroneles al rango de generales de brigada, pero la actividad fue suspendida por orden del Presidente Óscar Berger, constitucionalmente Comandante General del Ejército. Esta decisión rompió la tradición de los ascensos al final de cada año.

La medida de suspensión fue anunciada pero no explicada, y esto dio pábulo a pensar que el ascenso de los oficiales fue pospuesto indefinidamente, pues varios de ellos, más que tener una hoja de méritos por su desempeño en la carrera militar, tienen extensos prontuarios debido a presuntas actividades criminales. El diario “El Periódico” publicó investigaciones que revelaban la presunta implicación de los coroneles en diversos hechos de corrupción, abusos y otras actividades delincuenciales.

CIERTA ENTEREZA EN LA POLICÍA

La precariedad ética, moral y profesional tanto en el Ejército como en la Policía Nacional Civil ha sido abordada de diferente manera. Mientras, las autoridades policiales optaron por afrontar públicamente el problema, en el Ejército se ha optado por el silencio y el ocultamiento.

Las autoridades de la Policía han afrontado públicamente, y hasta con cierta entereza, la realidad de podredumbre de sus estructuras, la penetración del crimen organizado y las deficiencias que hacen que los policías, lejos de gozar de la confianza ciudadana, sean vistos con miedo, recelo y desprecio. Se han emprendido procesos de depuración y numerosos casos se han planteado ante el Ministerio Público para que proceda legalmente, mientras en otros la acción gubernamental se ha limitado al despido de los agentes bajo sospecha.

Estas acciones no son suficientes. No habrá confianza ni credibilidad, en las fuerzas policiales mientras éstas sigan fracasando ante la delincuencia común que ha cobrado índices apabullantes.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales, en el 2005 hubo más de 5 mil muertes violentas y en más de 600 casos las víctimas fueron mujeres. Todo se agrava porque la justicia es lenta en extremo, y los pocos resultados que podría haber no se ven, se diluyen o llegan con muchos años de retraso.

A pesar de todo, hay que reconocer que con las decisiones más recientes para afrontar el problema de criminalidad interna en la Policía, se ha abierto un pequeño espacio para erradicar un fenómeno que durante años ha minado las fuerzas policiales.

ENCUBRIMIENTO Y COMPLICIDAD EN EL EJÉRCITO

El problema de la criminalidad interna se afronta en el Ejército de forma diferente. En la institución militar, las autoridades tienden a apoyar a los oficiales señalados de cometer hechos ilegales evitando que queden expuestos al poder punitivo del Estado. Siguen imperando el secreto y el espíritu de cuerpo, entendidos como mecanismos de encubrimiento y complicidad. Sólo así se explica por qué la ciudadanía está bien informada de lo que ocurre en la Policía, pero se le sigue vedando la información de todo lo que pondría bajo la lupa la deteriorada integridad moral de muchos oficiales militares. Esto muestra también que el Ejército sigue siendo un eje de poder al cual tienen poco acceso las autoridades judiciales.

En materia de reconversión del Ejército -punto central en los acuerdos de paz- poco se ha avanzado, pues existe renuencia a cumplir con los compromisos que nacieron cuando concluyó la guerra. No existe disposición para aplicar una nueva doctrina militar, para reformular el régimen educativo y para cambiar radicalmente su legislación interna, aspectos de la reconversión, para ajustar el funcionamiento del Ejército a los tiempos de paz. El poder militar continúa trabajando con los conceptos propios de la doctrina de seguridad nacional y con prácticas similares a las que aplicó durante el conflicto armado interno.

UNA OPERACIÓN A GRAN ESCALA: ¿QUÉ PROVOCARÍA?

Las autoridades empiezan a pronunciarse sobre la necesidad de contar con una mejor legislación que enfrente al crimen organizado y con una estrategia que involucre a diversas instituciones, ya no sólo a la Policía. Aunque prevén que un embate frontal y de gran escala podría desatar una mayor ola de violencia, que tendría como potenciales víctimas selectivas a agentes policiales, operadores de justicia, testigos e informantes, a todos los que tendrían mucho que aportar a los procesos de investigación policial, persecución penal y enjuiciamiento.

De momento, los casos de mayor magnitud en lo que respecta a la participación de agentes estatales en la criminalidad organizada no avanzan. Ninguna de las acusaciones ha pasado de ahí. No existen procesos de investigación criminal de manera abierta. No hubo avances en el trabajo de investigación iniciado en el 2002 por cinco fiscales especiales contra igual número de oficiales del Ejercito de alto rango, tradicionalmente acusados de pertenecer a los poderes ocultos que operan en el país.

Mientras no haya un cambio sustancial, el poder oculto y las estructuras criminales continuarán penetrando cada vez más la institucionalidad del país y las tendencias hacia la utilización de las instituciones para fomentar comportamientos sociales de tipo criminal en un marco de total impunidad serán más sólidas.

Las variables económicas, sociales y políticas empeoran porque los esfuerzos gubernamentales y extra gubernamentales necesitan un mayor impulso, una voluntad política y un compromiso más poderoso para eludir la ruta de la crisis de gobernabilidad o, en el peor de los casos, la ruta que llevaría a Guatemala hacia un Estado sin gobernabilidad.

2006: DOS CONMEMORACIONES EMPAÑADAS

En 2006 se conmemoran en Guatemala dos eventos históricos, dos dinámicas que apuntaban hacia una ruta distinta a la que el país ha seguido hasta ahora. Se cumplen 20 años del proceso de democratización, iniciado en 1986 con grandes expectativas sobre el desarrollo del país, la apertura democrática y el fortalecimiento institucional, que serían vehículos eficientes para abordar los problemas nacionales de arraigo profundo.

Y en diciembre se conmemorarán diez años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que en su letra y espíritu renueva, reitera y amplía las aspiraciones de hace 20 años.

Ambas conmemoraciones encuentran al país con sus instituciones acosadas. Esto coloca a Guatemala en desventaja frente a las tendencias internacionales y, en particular, con poca capacidad de maniobra ante la embestida de la agenda de Estados Unidos hacia los países situados en sus proximidades.

INSTITUCIÓN CREADA EN 1993. ELABORA ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE IMPULSEN LA JUSTICIA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN GUATEMALA. COLABORACIÓN CON ENVÍO.

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