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  Número 288 | Marzo 2006
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Nicaragua

“Hay recursos suficientes, pero hay una inequidad fiscal escandalosa y hasta un saqueo legalizado”

Julio Francisco Báez, experto en Derecho Fiscal, compartió con Envío informaciones y datos aterradores, que revelan algunas de las razones profundas de las varias crisis sociales que estallan hoy en Nicaragua, en una charla que transcribimos.

Julio Francisco Baéz Cortés

Coexisten actualmente en el país varias crisis sociales agudas, de las que todos tenemos mucha información. Dos son las principales. La huelga de los médicos y la de los trabajadores de la salud, que exigen desde hace meses un justo aumento salarial. La excusa del gobierno para no responderles es que el gasto público en salarios no puede aumentar por “orden” del Fondo Monetario Internacional. Está también el reclamo de los transportistas, que exigen subsidio para mantener congelada la tarifa del transporte público de Managua.

La huelga del transporte público de Managua es recurrente desde hace mucho tiempo. Los buseros argumentan que la tarifa (2.50 córdobas) no se actualiza desde hace años y que el petróleo no para de subir. Y reclaman que o se incrementa la tarifa o el gobierno les da un subsidio para mantenerla en 2.50. La huelga de buseros de Managua de febrero, que duró más de una semana, concluyó con una negociación en la que el gobierno central, la alcaldía de Managua y los buseros decidieron sacar los recursos para el subsidio del pasaje de los buses urbanos de un impuesto especial del 3% a las empresas petroleras transnacionales que operan en Nicaragua. De inmediato, surgió la polémica sobre este nuevo impuesto. Unos dijeron: Mucho ganan las petroleras, que aporten al pueblo. Otros decimos: Que aporten todos. Porque, a riesgo de parecer defensor de las petroleras, considero que una política fiscal dirigida a un único sector y de la manera simplista y hueca como se plantea -un nuevo impuesto a las ganancias, con base porcentual en ventas brutas, aplicable después de pagarse el actual impuesto a las ganancias que es el IR-, es antitécnica y a todas luces inconstitucional.

Antes de llegar a decidir este nuevo impuesto, el Alcalde de Managua estuvo diciendo que la única salida era subsidiar la tarifa del transporte público imponiendo un nuevo tributo al combustible, en este caso a quienes tienen vehículo. Proponía él que quienes se mueven en auto subsidien a quienes se mueven en bus. Pero esto no es una solución, porque el mismo impuesto al combustible pagaría quien maneja una toyota de 60 mil dólares, o el profesor universitario que circula en su carrito de segunda mano, o quien maneja una camioneta desbaratada que baja de los pueblos con frutas para venderlas en el mercado. Sería otro impuesto regresivo, donde no paga más el que más tiene, sino que, aunque todos supuestamente pagan igual, en términos relativos quien tiene menos pagará infinitamente más. Y a la larga, quien tiene vehículo no beneficiará a quien va en bus, porque el de la camionetita destartalada pagará más caro el combustible y tendrá que subirle el precio a todo lo que vende. Se mantendría el pasaje en 2.50, pero inevitablemente los productos de consumo básico habrían subido de precio. ¿Sería eso solución? Son “confites en el infierno”.

Digamos algo sobre este conflicto, que seguirá latente o estallando durante un buen tiempo si no somos coherentes con los recursos legales que tenemos a mano. Me refiero a la doble moral de la que echa mano el gobierno para capear los costos políticos de enfrentar esta crisis. Impresiona escuchar al Presidente Bolaños decir cada vez que estalla el conflicto del transporte “Yo no tengo vela en ese entierro”, para echarle toda la responsabilidad al Alcalde de Managua. ¿No tiene “vela”? El artículo 105 de la Constitución de la República eleva a rango de “servicio público básico” el transporte, a la par de la energía, el agua, las comunicaciones, y preceptúa que “es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de dichos servicios” y que es “derecho inalienable de la población el acceso a ellos”. Y por este principio constitucional, se aprobó en 2005 la Ley 524, llamada Ley General de Transporte Terrestre, publicada en La Gaceta número 72 del 14 de abril de 2005.

Esta Ley dice en su artículo 40 que “el ente regulador a nivel nacional es el Ministerio de Transporte e Infraestructura” (MTI), sin perjuicio de que las tarifas las ponga la Alcaldía de Managua en el caso del transporte intramunicipal, mientras en el intermunicipal las pone el MTI. Pero la Ley establece claramente que el regulador nacional del transporte es el MTI, la rama del Ejecutivo especializada en la materia. Entonces, el Ejecutivo sí “tiene vela en este entierro”. Decir lo contrario es un absurdo y una burla a la sociedad, además de la consabida anarquía que gratuitamente se provoca.

El artículo 43 de esta Ley dice también: “Se crea el Consejo Nacional de Transporte Terrestre”. Y establece que lo forman AMUNIC, la Asociación de Municipios de Nicaragua -no sólo el municipio de Managua, sino los 153 municipios-, el Ministro de Transporte, el Ministro de Hacienda, la sociedad civil y hasta los empresarios del transporte. Yo creo en las instituciones y creo que tenemos que apostar a ellas: la Ley dice que es ese Consejo el que tiene que hacer la propuesta de incremento tarifario. Dice también esta Ley en su artículo 76 que “es el MTI, como ente regulador, el que dicta la normativa tarifaria”. Esto quiere decir que, antes de cualquier aumento, el MTI -es decir, el Ejecutivo- tiene que evaluar todos los criterios para después establecer la tarifa. ¿Cuáles son esos criterios? Lo dice también la Ley: tomará en cuenta para elaborar la normativa “el tipo de servicio, la estructura de costos, la oferta y demanda, el deslizamiento de la moneda, el aumento de los precios del petróleo y sus derivados, el índice de inflación, los márgenes de utilidad…”. El aumento de la tarifa es el “salto mortal” del recorrido, el final de un proceso técnico formalmente normado.

¿Quién ha aplicado esta Ley? Nadie. Estamos nadando en seco. Y lo peor es que el Consejo Nacional de Transporte ni siquiera existe, aunque lo establece una ley que los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron y que el Presidente sancionó. Es terrible y hasta divertido: en el Instituto de Estudios Tributarios consultamos a 20 diputados y a 4 concejales de Managua y ninguno conocía esta Ley. ¿Cómo explicar esto?

Todavía más sorprendente es la situación si tenemos en cuenta que existe otra Ley, aprobada aún más recientemente por los diputados y también sancionada por el Presidente Bolaños. Es la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, publicada en La Gaceta número 224 del 18 de noviembre de 2005. En su artículo 2 preceptúa que el ente regulador de la energía en Nicaragua debe efectuar revisiones a las empresas petroleras y ¡establecer controles de precios!, de tal manera que si sus operaciones violentan la lógica técnica de una sana práctica financiera, puede inmediatamente retirarles excedentes para alimentar con ellos un Fondo de Crisis Energética, expresamente creado por el artículo 8 y “destinado exclusivamente para el subsidio del transporte terrestre colectivo público, y a complementar el subsidio requerido para no afectar a los consumidores de energía eléctrica de 150 kw/hora o menos por mes”.

Se trata de una ley de la República, que advierte a las petroleras que deben cuidarse de intentar márgenes especulativos, como son, de hecho los que aplican en Nicaragua. La CEPAL ha demostrado que en Nicaragua se compra el combustible más caro de toda Centroamérica. Entonces, puede legalmente el gobierno actuar. Dice esta Ley en su artículo 2 que el ente regulador de la energía tiene que evaluar a las petroleras, para lo cual deberá considerar que los márgenes de comercialización estén en correspondencia con los niveles de una operación óptima, y si de esta evaluación derivan excedentes de una gestión inadecuada, el 50% de ellos deberá ser imputado a los precios internos y el otro 50% destinado al Fondo de Crisis Energética.

Entonces, si tenemos esta Ley, que advierte a las petroleras sobre los riesgos de cualquier manejo especulativo en virtud del cual la autoridad gubernamental competente puede sancionarlas y poner orden, habida cuenta que el petróleo es un producto líder de la economía, ¿para qué inventar un nuevo impuesto, que no resiste el análisis? ¿Por qué un nuevo impuesto si tenemos una ley con base, con fuerza y con estructura? ¿Por qué no se aplica esta Ley?

Tenemos recursos legales a la mano y no los aplicamos. ¿Tenemos recursos fiscales para enfrentar las crisis sociales que se presentan continuamente, las que se le presentarán al próximo gobierno? ¿Hay “nichos tributarios” de los que echar mano para solucionar las grandes desigualdades sociales con las que convivimos en Nicaragua?

Vayamos más allá de las apariencias y reflexionemos. Porque en las noticias que a diario nos sirven hay mucho escondido de lo que no se habla y hay mucho detrás que no se ve. Hay causas que poco se explican. Partamos, por ejemplo, del debate público en los medios, del que después ya no se habló más, entre el ex-Presidente de la República Daniel Ortega y el Presidente del COSEP, Erwin Krüger, a raíz del acuerdo para establecer el impuesto del 3% a las petroleras para de ahí sacar el subsidio a los empresarios del transporte público de Managua.

Hubo protestas de las petroleras y protestas del COSEP. Y cuando ya se veía que no se lograrían los votos suficientes en la Asamblea Nacional para aprobar el impuesto, Daniel Ortega criticó a los grandes empresarios agrupados en el COSEP porque recibían todo tipo de subsidios, pero a la hora de subsidiar a otros criticaban los subsidios. Y llamó a los grandes empresarios ladrones, sinvergüenzas y saqueadores. A nombre del COSEP, Krüger reaccionó molesto, afirmando que lo que decía Ortega no era cierto, que debía asesorarse mejor, porque el sector privado en Nicaragua no recibía subsidios y todo lo que aprovechaba como incentivos fiscales era legal. Los dos, Ortega y Krüger dijeron verdades. Y los dos escondieron verdades.

Una verdad escondida, de la que no se habla, es que el sector más subsidiado en Nicaragua lo constituye cierto grupo empresarial grande, que recibe beneficios otorgados a la sombra del poder y con la venia de todas las bancadas parlamentarias. ¡De todas! Hay datos y cifras que lo demuestran. Y hay leyes que avalan esos subsidios. Por su parte, Krüger dijo verdad: son subsidios legales. Casi todo el montaje de los subsidios que el gobierno entrega a la gran empresa privada en Nicaragua está en las leyes, sólo algunos son “de facto”. Son subsidios legales, ciertamente. Pero en muchísimos casos lo legal no es lo justo. Y no siempre lo justo es lo ético. Porque aunque la justicia y la ética son complementarias, a veces lo justo sólo lo es en apariencia.

Afinemos el lápiz en este punto. No sería del todo responsable ni correcto si intentásemos meter en el mismo saco a esos “buscadores de renta” o “empresarios de la especulación” -como los llama la doctrina económica- con los inversionistas serios -nacionales y extranjeros- que indudablemente resultan discriminados por estas medidas y tratamientos especiales de abierta competencia desleal, violatorios del principio de neutralidad fiscal. Es competencia desleal. Y si no, ¿por qué determinados empresarios grandes en múltiples sectores de la economía no pagan el impuesto equis, mientras el resto de grandes, medianos y pequeños empresarios de esos mismos sectores sí lo pagan? En un momento abordaremos un caso concreto y gravísimo que acontece en el sector turístico.

Y como esta fiesta -¿orgía?- de privilegios disfrazados de subsidios la padece una economía pobre, bastante diferente a la de Francia, Estados Unidos o Japón, tal vez convenga recordar dónde se sitúa hoy nuestro país. Nicaragua, un país que tiene el déficit fiscal más grande de América Latina. Gastamos mucho más de lo que recaudamos. El Producto Interno de Nicaragua (PIB), toda la riqueza que producirá la nación en el 2006, se calcula en 5 mil 350 millones de dólares. Pues bien, el gasto del país será el 22.7% del PIB y la recaudación del 17.6%. Ese diferencial de un 5.1% es nuestro déficit fiscal, y es tan alto que nos coloca a la cabeza de América Latina. Estamos en “números rojos”. Nuestro déficit fiscal es compensado en sus dos terceras partes por la comunidad donante, que nos ayuda a reducir la brecha y pone “rosado” lo “rojo”. Esto alivia el déficit, pero nos hace dependientes, no de nuestras propias capacidades, sino de la ayuda externa.

Otro dato para ubicarnos dónde estamos es el déficit comercial: exportaciones versus importaciones. Somos también el país de América Latina con el mayor déficit comercial. En el año 2006 exportaremos, en estimado, 940 millones de dólares, e importaremos 2 mil 700 millones de dólares. Compramos en el extranjero tres veces más de lo que producimos para vender en el extranjero. También aquí estamos en “números rojos”. Son cifras dramáticas. Nicaragua no es “un país más” de América Latina.

¿Cómo estamos soportando estos dos grandes déficits en Nicaragua? Con impuestos. Somos el país
de Centroamérica con la mayor carga tributaria y uno de los que tiene mayor carga impositiva en América Latina. En relación a la riqueza que producimos, somos el país centroamericano donde más impuestos pagamos. De 100 pesos que se producen en Nicaragua, 17.6 se van en impuestos. En Guatemala son 10.3, en El Salvador 12.6, en Costa Rica 13, en Honduras 16. Viendo lo que aportamos en impuestos, pareciera que somos el país más boyante de la región, pero no: tenemos el PIB más bajo de Centroamérica. Es todo muy contradictorio, es “el mundo al revés”.

Pero lo más importante para nuestra reflexión es que los números “rojos” afectan de manera muy desigual a la población nicaragüense. Si somos el país con la mayor carga tributaria, la pregunta que debe interesarnos es cómo se soporta esa carga. Si de 100 pesos, 17.6 se pagan en impuestos, ¿quiénes pagan esos impuestos? Y ésta es la respuesta: de esos 17.6 pesos, aproximadamente 15.6 los pagan los pobres de Nicaragua y sólo 2 los no pobres. Éste es el argumento central para entender por qué no podemos dar respuestas justas a nuestros problemas sociales: la inequidad social de Nicaragua se expresa, se traduce, se revela en la inequidad fiscal. La injusticia social en Nicaragua se llama inequidad fiscal.

En diciembre de 2005, el BID elaboró y divulgó en Centroamérica una obra interesante, que tituló “Recaudar para crecer”. En ese estudio, el BID ratifica estos datos. Es una investigación que confirma la terrible inequidad fiscal con la que convivimos en Nicaragua y que el gobierno conoce plenamente.

Otro dato que nos aparta de ser “otro país más” de América Latina es nuestra deuda. La deuda de Nicaragua ha experimentado un cambio radical en este último año, de tal manera que hoy somos el único país de Centroamérica en donde la deuda interna supera la deuda externa, donde la deuda interna resulta más gravosa para la economía que la deuda externa. Esto ha sucedido por dos razones: por el alivio de los intereses de la deuda externa que el país consiguió en la Iniciativa HIPC y porque en el año 2005 los intereses de la deuda interna (la generada por los bonos CENIS creados con la quiebra fraudulenta de los bancos en 2000 y por los bonos de indemnización entregados por las confiscaciones de los años 80) maduraron y hemos comenzado a pagar esos intereses, y esto ha más que triplicado los intereses de la deuda interna por encima de los de la deuda externa.

El 75% de la deuda de Nicaragua es deuda interna que se paga a los bancos nacionales. En el programa que presenten los candidatos por los que vamos a votar en noviembre de este año, debemos indagar qué proponen sobre la deuda interna, porque éste es un tema crucial. Hasta ahora, el único que ha dicho que va a renegociar la deuda interna es Herty Lewites. Es la propuesta en la que han insistido tres compañeros economistas, Néstor Avendaño, Adolfo Acevedo y Sergio Santamaría, muy enfáticos, profesionales y sólidos en sus planteamientos.

La deuda interna tiene que renegociarse porque es ilegal, injusta e inmoral. Quienes compraron esa deuda interna hicieron el negocio del siglo. Y ese negocio tiene que ser replanteado y sometido a una renegociación. Es un imperativo de justicia, de equidad, un proyecto de interés nacional, patriótico. Hay que pagar la deuda interna, porque somos pobres y honrados, pero no pagarla al capricho de los que la negociaron. Y hay que renegociarla a 20 ó 30 años. Cualquier negociación que baje de los 20 años es inadmisible, vista la situación económica de Nicaragua.

En este tema, es válido ciento por ciento el excelente planteamiento técnico y profesional de Adolfo Acevedo que leímos en Envío de marzo 2005. ¿Se fijan? Tenemos para pagar centenares de millones de córdobas en concepto de una irracional deuda interna, pero dicen que no tenemos nada para aumentar el injusto salario de maestros, médicos y enfermeras.

Volvamos a los impuestos. En los medios de comunicación, el Director General de Ingresos hace cada mes la misma propaganda, a la vista y paciencia de toda la sociedad: anuncia como un éxito que se ha sobre-recaudado, afirma que se han sobre-cumplido las metas de recaudación. Cuando lo escuchamos, uno se pregunta: Si estamos tan boyantes, ¿por qué no hay para subsidios del transporte público? ¿Por qué no hay para aumentos salariales? Y también uno se pregunta: ¿Esta sobre-recaudación será el fruto de mayor eficiencia? ¿O será una subestimación programada de los ingresos en el Presupuesto? ¿O será una figura estadística que esconde el dato clave: sobre quiénes inciden los impuestos?

Es verdad que la recaudación del Impuesto sobre la Renta (IR) es hoy casi el doble de lo que se recaudaba hace siete, ocho años. Antes, el IR era el 15% del “pastel recaudatorio”: de 100 pesos que se recaudaban, 17 venían por el IR, que es el impuesto a las ganancias, y un 70-80% venía por impuestos al consumo: por el IGV (Impuesto al Valor Agregado, que a partir del 2003 se llama IVA, Impuesto General al Valor) y por el ISC (Impuesto Selectivo al Consumo). En el actual pastel recaudatorio el 35% viene del IR, el 60% de los impuestos al consumo (IVA e ISC), y el resto en concepto de aranceles.

El IR es un impuesto más “justo” que el IVA, porque teóricamente paga más el que más gana, y el impuesto al consumo es más “injusto”, porque todos pagamos lo mismo. Es ésa otra apariencia. En primer lugar, porque se habla mucho, por ejemplo, de que los productos de la canasta básica están exentos del IVA “para hacerlos accesibles al pueblo”, y que eso es “lo justo”. Pero ocurre todo lo contrario: porque el magistrado que tiene un megasalario resulta liberado del tributo al consumo por la compra de una pasta de dientes igual que lo está un pobre desempleado. ¡Para lavarse los dientes, ambos se encuentran exentos del IVA!

En segundo lugar, el gobierno habla de sobre-recaudación y de “calidad recaudatoria” porque la recaudación del Impuesto sobre la Renta -“el más justo”- se está duplicando y porque el impuesto al consumo -“el más injusto”- ha bajado. Eso dice el gobierno…y no pasa nada y nadie objeta nada. Y la pregunta que hay que hacerle al gobierno es: ¿quiénes pagan el IR? En esta sociedad desigual, el IR lo están pagando mayoritariamente los asalariados y no los empresarios, a pesar de que “renta” es el salario y “renta” son las ganancias de una empresa. Además de que la recaudación del IR no ha crecido en las proporciones que lo afirma el gobierno, nunca explica el gobierno por qué se ha incrementado la recaudación ni quién la está haciendo crecer, cargando con el peso del IR.

Creció la recaudación del IR porque cada vez aportan más los asalariados, a veces incluso por métodos reñidos con la ley que se les imponen. En otras palabras, y este dato debe preocuparnos mucho: el IR está dejando de ser en Nicaragua un tributo “idealmente” progresivo para convertirse en peligrosamente regresivo. Ésa es la realidad. Y la otra evidencia es que los empresarios, mientras más grandes son, menos impuestos pagan. Y esto no es un discurso político. Lo respaldo profesional y técnicamente.

Se entiende mejor con un ejemplo específico. Por la Ley de Equidad Fiscal, un asalariado que gane más de 4 mil 444 córdobas al mes (equivalente a unos 250 dólares), debe pagar su IR basado en una tarifa obsoleta que lo obliga a pagar más pues no se actualiza desde hace 8 años. Sin embargo, una empresa que, por ejemplo, gana un millón de pesos, paga el 30% de IR -si es que lo paga-, pero cuando reparte dividendos (los 700 mil de ganancia que le quedaron entre sus 7 socios), cada uno de ellos recibe 100 mil pesos “limpios de polvo y paja” y no tiene que pagar nada de IR por esos 100 mil que gana. Y eso es legal, porque así lo establece el artículo 11 numeral 6 de la Ley de Equidad Fiscal. Y tenía razón Erwin Krüger: es legal, está en la Ley de Equidad. Pero cabalgando en la Ley está la inequidad. Quienes menos tienen pagan más y quienes más tienen pagan menos, o no pagan. Lo legal, pues, no es siempre lo justo, ni siempre es lo ético.

La inequidad es mayor si además de comparar pobres-ricos, comparamos mujeres-hombres. Estamos trabajando en una investigación sobre la fiscalidad y la mujer. A pesar de las dificultades, hemos encontrado unos ámbitos apasionantes para el análisis. Y hemos descubierto que el aporte fiscal de las mujeres en grandes submundos laborales -las cooperativas, las zonas francas y otros sectores sociales, entre ellos el estudiantil- es muy superior al aporte de los hombres. Los primeros resultados ya nos dicen que no solamente hay inequidad social desde el punto de vista pobres-ricos, sino que la inequidad se agudiza desde el punto de vista mujeres-hombres, reflejo vivo de la perversa relación de género que existe en nuestra Nicaragua. Estos resultados nos permiten concluir que son las mujeres las que están cargando con el máximo peso de la inequidad fiscal en nuestro país.

Donde más campea la inequidad, la injusticia y la falta de ética es en el mundo de las exoneraciones. Desde 1990 hasta hoy las exoneraciones han ido en aumento en Nicaragua. En determinados sectores de la economía, y con el argumento de que determinados sectores sólo se desarrollaran si se les perdonan los impuestos, Nicaragua se ha convertido en un paraíso fiscal.

Toquemos ahora otra arista del asunto de las medias verdades. Desde el punto de vista técnico, hemos de considerar las exoneraciones como una pérdida fiscal, como una forma real y concreta de gasto público. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y todos los técnicos, desde la derecha hasta la izquierda, lo dicen: es gasto público lo que el gobierno invierte en salud, en educación, en carreteras, pero también lo es la exoneración de impuestos que concede a un empresario del turismo, de las telecomunicaciones o de cualquier otro sector de la economía.

Las exoneraciones son subsidios. Unos subsidios son explícitos: los que el gobierno ha entregado a los transportistas hace meses para que no subieran el pasaje de los buses urbanos. Y otros subsidios son implícitos. Las exoneraciones son subsidios implícitos: al perdonar el pago de impuestos, hago un gasto que no se ve. Pero en economía dicen que “siempre hay alguien que paga el almuerzo”. Si yo estiro aquí, se encoge allá. No hay nada gratis. Si yo pago 10 en concepto de subsidio, alguien no va a recibir esos 10. Y si yo no cobro 10 en concepto de exoneración, alguien no va a recibir esos 10.

En Nicaragua, las exoneraciones que otorga el gobierno -a los grandes empresarios fundamentalmente- representan el 4% del PIB, unos 4 mil millones de córdobas. Esta cantidad supera lo que nos da la cooperación internacional para poner “rosado” el “número rojo” del déficit fiscal: el 3.4% del PIB. El porcentaje de exoneraciones es una auténtica locura, que se completa con otra demencia similar: la evasión fiscal representa el 8% del PIB. En conclusión, entre la evasión fiscal -a la cabeza, el contrabando- y las exoneraciones -que son el perdón legal de los impuestos y otras dispensas ilegales que hay por ahí- suman el 12% del PIB nacional. Una cantidad alucinante, en la que venimos insistiendo con mucha preocupación desde hace años algunos, sin que nos hagan caso.

Recientemente, vino a Nicaragua un consultor estrella del gobierno Bolaños, el doctor Daniel Artana, un técnico muy competente. Vino a hacer un estudio sobre la inequidad y el gasto fiscal en Nicaragua (“Evaluación reciente de la recaudación tributaria, gastos fiscales y proyecciones fiscales”, noviembre de 2005), y advirtió al gobierno sobre estas cifras escandalosas y le recomendó con especial énfasis que se incluyeran las exoneraciones, esos subsidios implícitos, en el Presupuesto nacional como un efectivo gasto tributario para así tener una visión realista e integral del gasto público. En Nicaragua nunca se incluyen, lo que también constituye otra “cueva de los escondites”.

Nos dicen verdades a medias y nos ocultan verdades. Uno de los escándalos más ocultos que tenemos hoy en Nicaragua es el de las exoneraciones al sector turístico. El doctor Artana explica en su estudio que de cada 100 pesos que el empresario turístico invierte en Nicaragua, 63 pesos se los obsequia “generosamente” el Estado, en forma de exoneraciones (página 39 de su estudio). Y asevera que en este sector de la economía nacional el gobierno está actuando como “socio tonto” (página 38).

Los beneficios que hoy tiene el turismo en Nicaragua son amplísimos, si no exagerados. Existe una Ley de Turismo desde hace siete años (Ley 306), que en materia de otorgamiento de exoneraciones es la más amplia de América Latina y una de las más generosas del mundo. Hasta hace poco competíamos en “generosidad” con Costa Rica y República Dominicana, pero ya ambos países recortaron los beneficios que le conceden al turismo. En Nicaragua, las empresas turísticas no pagan prácticamente impuestos por nada.

Como si fuera poco, el Presidente Bolaños introdujo en el año 2004 otra ley, la Ley de Bonos de Inversión Turística (BIT), que es obscena. Se trata de una ley con “dedicatoria”, elaborada para beneficiar a un gran proyecto turístico, el que piensa establecer en Nicaragua, contiguo a la playa de Montelimar, la poderosa cadena hotelera estadounidense Marriot. Ya han invertido unos 15 millones de dólares, acogidos a los beneficios de la actual Ley del Turismo, que entre otras cosas les concede durante diez años exoneración de impuestos en todo, desde los materiales de construcción hasta la cristalería fina que importen pasando por los licores y también exoneración del IR durante diez años. La firma piensa llegar en su inversión a más de 50 millones de dólares, según declaraciones de sus promotores.

El proyecto, hoy llamado Gran Pacífica, consiste en una inmensa ciudadela turística con hotel, centros de diversión y miles de casas de habitación. A pesar de todas las ventajas que ya han recibido y seguirán recibiendo por la Ley de Turismo y otras leyes vigentes -como la de exoneraciones a jubilados extranjeros, que vendrían a vivir o a pasar temporadas en estas instalaciones-, no les basta y Marriot ha dicho que no dará la franquicia para el proyecto hasta que esté aprobada la Ley de Bonos.

Esta Ley contiene cosas insólitas. Por ejemplo: el IGV que pagarán los clientes de esta instalación hotelera al recibir del Marriot todos los bienes y servicios que demanden allí (15% sobre todo lo consumido) no pasará al erario, sino que quedará en manos de Marriot. La recaudación del IVA que cualquier comercio o establecimiento de servicios tiene que transferir al fisco, a la Dirección General de Ingresos, se lo quedará el Marriot. ¿Qué tal?

Es algo que no tiene nombre. En todos los países del planeta, el impuesto al consumo lo retiene quien vende el bien, que tiene después la obligación de pasar ese impuesto a las finanzas públicas. Aquí no. Esta Ley privatizará nuestros impuestos a favor de una empresa transnacional. Ya no será un subsidio implícito por exoneración, será un robo explícito que saldrá de los impuestos de la población.

Cuando remití el texto de esta Ley a un equipo de ilustres profesores tributaristas de la Universidad de Harvard quedaron estupefactos, pensaron que era una broma lo que yo les enviaba. Luego de estudiar a fondo este adefesio, puedo asegurarles con absoluta convicción técnica que no existe en todo el mundo una experiencia similar de saqueo legalizado de los recursos públicos. Es una ley inconstitucional porque si un privado se apropia de un recurso del Estado, de los impuestos, viola la Constitución, comete un crimen financiero.

La Ley de Bonos Turísticos a favor de Marriot fue presentada por el Presidente Bolaños a la Asamblea Nacional en septiembre de 2004, y fue aprobada en lo general por todos los diputados liberales, sandinistas y los demás, en los momentos en que era más agudo el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, en diciembre de ese año, lo que nos pone en la pista de los grandes intereses que están en juego tras esta ley, intereses que parecen involucrar a todos los grupos de poder sin excepción.

Después, al irse aireando los contenidos de esta Ley, se generó alguna preocupación entre algunos funcionarios, ante las pérdidas fiscales que habría a causa de las nuevas exoneraciones que se concederán a esta cadena hotelera, a cambio únicamente de generar empleos, lo que la sitúa en una condición similar a la de las zonas francas, aunque con privilegios superiores a los que éstas reciben, a cambio también y únicamente de generar empleos. La Ley provocó también cierta vergüenza entre algunos políticos viendo semejante descaro. Y eso ha detenido su aprobación en lo particular.

Un alto funcionario me expresó de esta manera el “drama existencial” del gobierno Bolaños ante esta Ley: “Han sido grandes los obstáculos, pero mayor es nuestra fe. Aunque la Dirección General de Ingresos declaró públicamente que esta Ley de Bonos ocasionará una pérdida de 40 millones de dólares anuales, y el FMI la está viendo con cautela y, a propósito de su pleito con el COSEP, el comandante Ortega dice que jamás la apoyará. No obstante, los dados del juego ya se lanzaron con buen respaldo de todos lados y Dios quiera que triunfemos”.

Como hay tantos intereses tras la aprobación de esta Ley, algunos de esos bandidos que confían en Dios para aprobarla propusieron una especie de permuta para salir del atolladero: reformar la Ley de Turismo ya vigente -que excluye de beneficios y exoneraciones a las pequeñas empresas turísticas, favoreciendo sólo a medianas y grandes- para incluir a las pequeñas, a cambio de que se aprobara la Ley de Bonos. Un canje escandaloso. Pero no hay tregua en la injusticia: la reforma que los diputados -liberales, sandinistas y los demás- hicieron recientemente a la Ley de Turismo para supuestamente incluir a los pequeños empresarios turísticos (Ley 575), fue dedicada en un 95% a regalar más exoneraciones a diestra, no a siniestra. Según estas reformas, ya no sólo la inversión turística estará exonerada. Nada pagará impuestos. Todo lo que rodea el proyecto turístico estará exento, toda actividad cercana al centro turístico o que huela a turismo o que parezca turístico -las motos acuáticas, los yates, el lubricante de los aviones, las piezas de repuesto…-, nada pagará impuestos. Es grotesco y a la vez indignante. Tanto, que el Presidente Bolaños, promotor de la Ley de Bonos a favor del Marriot, vetó estas reformas. ¿Cómo será?

Sólo resta preguntarnos: ¿Podrán cambiar las cosas? Muy mal haríamos si el señalamiento crítico lo transformamos en el triste bálsamo que nos mantenga en palco, sumidos en el conformismo y víctimas del “sálvese quien pueda”. Más bien se trata de perseguir como locos esa dignidad que parecieran arrebatarnos los insaciables del poder. Se trata de rebelarnos sin concesiones a continuar siendo los eternos pedigüeños de la ayuda externa, los “pobrecitos” derrotados por la injusticia de unos cuantos. Recordemos al rector sensible y brioso de la UCA, al Xabier Gorostiaga que nos invitaba a “pasar de la protesta a la propuesta”. Ningún iluminado traerá el cambio si éste no sale de las entrañas rabiosas de todos nosotros unidos. Para ello, volvamos a recordar a ese vasco y centroamericano universal que rectoreó la UCA cuando nos insistía: “¡Quien permanezca viendo los toros de largo, pierde!”

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