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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 160 | Junio 1995
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Nicaragua

La cosecha amarga del desgobierno

En el curso de la crisis institucional la población apenas participa. Prevalece un hondo escepticismo y el marco es un país turbulento y empobrecido. Padecemos ya el "mal de Somalia", al prevalecer los intereses de los grupos sobre los de toda la nación.

Equipo Envío

Nicaragua ha cambiado. En estos años 90 sólo es noticia cuando se extreman las recurrentes crisis institucionales en la llamada "transición democrática" o cuando la violencia de la Naturaleza o de los humanos castiga a la nación. Lejos queda la esperanza que este pequeño país representó para muchos a inicios de los 80, cuando el entusiasmo y el vigor de una población que irrumpía en las política disculpaba las torpezas y los errores de dirigentes que se estrenaban en ella. Ahora, el entusiasmo popular ha desaparecido y en el escenario queda sólo el espectáculo de una clase política desgarrada en una sórdida lucha por el poder y por asegurar a determinados grupos un puesto ventajoso en el proceso de hacer dinero y acumularlo. De vez en cuando, la población sube al escenario, pero como víctima o como protagonista de la violencia.

Carne de cañón o carne de urna

Esta realidad no sólo desacredita internacionalmente el final de la gestión de Doña Violeta de Chamorro, sino que mantiene crecientemente insatisfechos a los nicaragüenses, hartos de ser "carne de cañón" en los tiempos de la guerra o "carne de urna" en estos tiempos de paz y de elecciones. De la mesa de los hacedores de dinero son pocas o ninguna las migajas que caen, perpetuándose así la cultura política de autoritarismo y violencia, insensibilidad social y enriquecimiento ilícito, que ha caracterizado nuestra historia patria. Enseña esta historia que la voracidad de quienes logran llegar al poder excluyendo a la población de cualquier progreso ha terminado siempre en episodios de violencia e ingobernabilidad, acompañados de la injerencia externa, que llega a poner la casa en orden.

El actual ciclo de turbulencia política e injerencismo externo en una casa dividida se ha activado con el desgobierno generado por la crisis institucional iniciada a fines de febrero. La inflexibilidad de los poderes en pugna, su incapacidad de llegar a una solución interna satisfactoria en beneficio de la democratización del país y el bienestar de la población, han desgastado el entusiasmo de la población y de la comunidad internacional. Y existe hoy tanto una pasividad popular, intermitentemente salpicada de violencia, como una virtual interrupción de los flujos de cooperación externa. El país continúa siendo rehén de los intereses de grupos particulares, que ponen en grave riesgo la consolidación de la democracia y dificultan la solución de los problemas reales del desempleo, la pobreza extrema y la reactivación productiva.

Ejecutivo: "todo va bien"

La imagen internacional de Nicaragua como país al que vale la pena ayudar tiene cada vez más grietas. Nicaragua aparece como un barril sin fondo, donde por más esfuerzos que se hagan siempre resultan pocos para remediar la situación. Esto ha generado cansancio en la comunidad de países donantes, impacientes por ver resultados palpables.

Tal vez por eso el gobierno invierte tantas energías en persuadir a todos de que las cosas "van por buen camino". Frente a la comunidad de países donantes reunida en Managua el 27 de mayo y ante el vicepresidente del Banco Mundial Shahit Javed Burky el día 30, el discurso oficial fue desbordante de optimismo. Los indicadores señalan una mejora en la economía, en 1994 se contuvo la tendencia al estancamiento que persistía desde 1984 y las perspectivas de crecimiento son favorables, esperándose en 1995 un crecimiento del 4.5%: estos fueron los principales argumentos que manejó el gobierno. La ejecución del programa de estabilización y ajuste estructural ha pasado una y otra vez las evaluaciones del FMI y del Banco Mundial, que se muestran muy satisfechos ante la docilidad con que el Ejecutivo aplica las políticas "correctas". También en esta última ocasión el Ejecutivo recibió el visto bueno del Banco Mundial.

Aunque existe una clara contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo por las reformas constitucionales, el Ejecutivo la pinta como una "diferencia de opiniones" propia del ejercicio de la democracia y normal en un país donde existe "libertad de opinión". No son pocos los que califican esta situación como una "actitud de rebeldía" del Ejecutivo y como un grave escollo para la consolidación democrática. Pero esto no parece preocupar al Ejecutivo. Para este poder del Estado, el "es cándalo legalista" armado por la Asamblea Nacional es producto de los intereses personales de un grupo de diputados que vuelven la espalda a las preocupaciones más sentidas de la población. Como prueba de esta interpretación de los hechos presenta el Ejecutivo la falta de eco que tuvieron los llamados del FSLN a un paro nacional o del Legislativo a marchas cívicas en favor de las reformas.

Si ésta es la realidad, ¿por qué cambiar la política económica? Los financiadores multilaterales certifican reiteradamente lo correcto de esta política. ¿Y por qué apresurarse en resolver las "diferencias de opinión" con el Legislativo? Es mejor de dicarse a garantizarle al pueblo los desembolsos de la ayuda externa para invertir en programas de construcción y empleo. Además, el fallo que en mayo emitió la Corte Suprema de Justicia, favorable al Ejecutivo, le dio a éste cierta holgura para dedicarse a su propia agenda.

Banco Mundial: la excepción

Toda esta complaciente visión del Ejecutivo parece haber sido aprobada y compartida por el Banco Mundial en su visita a Nicaragua. Fue una "poderosa" excepción. Pero excepción, a fin de cuentas. El pleno de la comunidad de países donantes manifestó un firme rechazo a este enfoque de los hechos al ver la realidad, más terca que el optimismo triunfalista de los indicadores gubernamentales. Son los propios informes del Banco Mundial sobre Nicaragua los que señalan la necesidad de enfrentar los crecientes niveles de pobreza y desempleo del país, de cambiar el sesgo pro urbano de las políticas económicas y de concentrarse en apoyar el agro, donde se localiza más miseria e indigencia. Fue un error del Ejecutivo el creer que podía seguir ganando tiempo vendiendo la idea de que "aquí no pasa nada".

Si continúa el desgobierno...

Una solución a la pugna entre los poderes sólo podía venir desde fuera de la institucionalidad vigente, dada la inflexibilidad del gobierno y la debilidad de la institucionalidad democrática y de los actores sociales internos. Una excepción en este marco de debilidad fue el mensaje pastoral de los obispos católicos, que inclinó la balanza en favor de las reformas constitucionales, cuando ésta estaba seriamente desequilibrada. Esto obligó al Ejecutivo a plantearse negociaciones en serio, pero lo hizo tras nuevos movimientos de tediosa esgrima con el Legislativo durante todo el mes de mayo, haciendo más alarmante la crisis nacional.

Por un lado, alarma el cansancio de la comunidad internacional, manifestado en un goteo menor de ayuda externa. De alrededor de 42.3 millones de dólares programados en divisas líquidas a desembolsar entre enero y mayo, sólo se desembolsaron 13.4 millones. De hecho, este desembolso es el efectivo correspondiente hasta marzo de 1995, pues entre abril y mayo no hubo ningún desembolso de divisas líquidas. Pese a esto, el pago de la deuda externa fue del orden de 49.5 millones de dólares. La meta estaba cifrada en 66 millones. En esta precaria situación de recursos externos, la inflexibilidad del Ejecutivo se vio atemperada únicamente cuando se le sugirió que de prolongarse el desgobierno, las operaciones de recompra de la deuda comercial del país estarían en serio riesgo de suspenderse. Esto implicaba un retroceso respecto a sus negociaciones con el Club de París. A regañadientes, el Ejecutivo entró en razón.

La consecuencia más inmediata de toda esta situación es que se hizo materialmente imposible satisfacer los compromisos revisados con el FMI para la evaluación del ESAF en junio. En marzo, la misión del FMI comprobó que el país había perdido 42.2 millones de dólares en reservas en el primer trimestre de 1995 y recomendó recuperar una meta de reservas internacionales del orden de los 28.6 millones. Pero además, redefinió el concepto de reservas internacionales netas (RIN), descontando de las mismas los pasivos por encaje en moneda extranjera y las colocaciones netas de bonos en moneda extranjera.

Así, las reservas internacionales netas, que al 31 de diciembre de 1994 tenían un saldo de 72.8 millones de dólares y al 30 de abril de 1995 de 22.4 millones, quedan ahora, bajo la nueva definición de reservas internacionales netas, ajustadas en 1.5 millones y 68.3 millones. Meta irrealista, porque hasta abril, esto implicaba acumular 95.4 millones de dólares en los términos de la nueva definición. Como se trata de un objetivo totalmente imposible, las metas acordadas con el FMI no serán cumplidas y forzosamente tienen que ser reprogramadas y flexibilizadas o el gobierno rompe con el acuerdo ESAF.

Recortes en los créditos

La mayor tensión en la búsqueda de acumular reservas internacionales se tradujo en un drástico recorte del crédito interno. Las entregas de crédito neto del Banco Central al Sistema Financiero Nacional pasaron de una meta que antes era expansiva en 152 millones de córdobas, a una contractiva en 247 millones. El crédito del Banco Central al Fondo de Inversiones quedó mermado, pasando de una meta expansiva de 429 millones de córdobas a una menos expansiva de 211 millones. A su vez, el Banco Nacional de Desarrollo debe aumentar sus recuperaciones en 200 millones, lo que implica una reducción por igual monto del programa de crédito del Banco Central.

Todo esto implica una reducción en 1995 del programa de entregas de crédito del orden de los 237 millones de córdobas, comparándolo con lo que se entregó en 1994. ¿Consecuencia? Se reducirán los créditos en el segundo trimestre de 1995, tiempo en el que se produce el mayor volumen de entregas de crédito agrícola. A su vez, esto significa la suspensión del financiamiento agrícola para el acopio y la reducción del número de cabezas de ganado financiadas a corto plazo.

Las consecuencias sobre el ciclo agrícola no pueden ser más evidentes: habrá mucho menos apoyo financiero para los productores agropecuarios que en 1994, que fue ya un año de créditos muy restrictivos. En el sector cafetalero suponiendo mejores perspectivas de ingreso , el BANADES programa desfinanciar 10,703 manzanas de las programadas, como una forma de hacer recortes y alcanzar los topes de crédito reprogramados con el FMI.

Con un progresivo anquilosamiento de la gestión pública por la ilegitimidad al solicitar desembolsos de ayuda externa, por la falta de claridad en la competencia de los poderes y por el creciente vacío legal,la caótica situación generada por la rebeldía del Ejecutivo amenaza con eliminar toda posibilidad favorable para el país en 1995. La ausencia de perspectivas a estas alturas del año no respalda en nada el optimismo del gobierno.

La falta de "garra" de los diputados reformistas, que han privilegiado los métodos cupulares de "amarre", sin abrir espacios de coordinación y acción a los actores sociales, debilita la legitimidad del Legislativo. Pero el Ejecutivo poco se beneficia con esto. La inflexibilidad del Ejecutivo sumada a la debilidad del Legis lativo sólo provoca pérdidas de tiempo y coloca al país al borde de un despeñadero cada vez más profundo.

Corte Suprema: movida del Ejecutivo

El camino recorrido hasta llegar al filo de este abismo ha sido muy intrincado. La última etapa se inició con un golpe de mano del Ejecutivo, al integrarse parcialmente la Corte Suprema de Justicia con la inclusión del magistrado Rodolfo Sandino Argüello y, acto seguido, al fallar la Corte sobre las Reformas.

Obviamente, el procedimiento jurídico para la integración de la Corte estuvo viciado, pues no se puede reconocer a uno de los magistrados electos por el Legislativo y desconocer al resto. Lo correcto era aceptarlos a todos o rechazarlos a todos. Pero para efectos de imagen, el golpe de mano fue suficiente. Tanto lo fue que el embajador estadounidense admitió inicialmente que un fallo de esta Corte parcialmente integrada podría ser una solución al conflicto. En igual sentido se expresaron el Ejército, la Policía y algunos empresarios.

En relación al fallo propiamente dicho, éste se limita a desaprobar la promulgación de las reformas hecha por la Asamblea, pues esa promulgación compete a la Presidenta, pero reconoce la validez del proceso de reformas, estableciendo que el contenido de las mismas es competencia exclusiva de la Asamblea. Esto significa que no hay nada que consensuar respecto al contenido de las reformas. En los considerandos del fallo se recuerda a la Presidenta que es imperativa la promulgación de las reformas y se le exhorta a hacerlo, lo que da al fallo una clara inclinación política a favor del Ejecutivo porque al no incluirse la exhortación en las resoluciones sino sólo en los considerados, no existe fuerza de obligación jurídica, quedando siempre a discreción de la Presidenta la promulgación de las reformas.

Para todos quedó claro que el fallo de la Corte se instrumentó contra la promulgación de las reformas hechas por el Legislativo, sin que a la par se obligara al Ejecutivo a promulgarlas en un plazo perentorio. Esto permitió al Ejecutivo ganar más tiempo, pensando siempre en lograr un arreglo con el Legislativo favorable a sus intereses.

Legislativo: falta de "garra"

El Legislativo desconoció la integración parcial de la "mini Corte" y después, el fallo que de ella surgió. A partir de ese momento inició una serie de "amagos legislativos" planteando la reducción del impuesto general de ventas (IGV), un nuevo debate sobre la privatización del TELCOR y el escrutinio sobre la utilización de los fondos de la cooperación externa.

Pero después de estos amagos la Asamblea no demostró tener suficiente "garra" para atraer a los diversos actores potencialmente susceptibles de integrar un movimiento cívico de cierta importancia a favor de las reformas. Se reveló así tanto su desvinculación de las fuerzas sociales e incluso de las políticas, como su apego a métodos cupulares de "negociación" del conflicto. Hubieran sido necesarias iniciativas audaces, como el convocar a foros cívicos para discutir aspectos de la política económica con los actores sociales, de los que surgieran paquetes de incentivos responsables que frenaran, entre otras cosas, las alzas impositivas del Ejecutivo.

El Legislativo ha propuesto reducir del 15% al 10% el impuesto general sobre las ventas (IGV). Pero las propuestas alternativas de recaudación de ingresos fiscales no discuten nunca el hecho contradictorio de que el proceso de apertura comercial (reducción de aranceles) ha implicado una merma en las fuentes de recaudación del gobierno. En una situación de estancamiento productivo, si se dan por un hecho intocable los bajos aranceles, el aumento de impuestos a la población es la vía más fácil para aumentar los ingresos fiscales. Más contradicciones: la enorme carga fiscal con que se gravan los insumos productivos hace menos competitiva aún la economía nacional, al hacer más costoso el proceso productivo.

El mes de mayo demostró la debilidad de la Asamblea, que persistió en la práctica de arreglos cupulares, sin recurrir a la apertura de espacios donde los actores sociales debatieran con legalidad y capacidad de influencia opciones sobre la propiedad, reformas a la política económica y formas de gestión democrática de los asuntos públicos. En estos espacios no se hubiera resuelto el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre las reformas, pero sí se hubiera aislado más al Ejecutivo y la sociedad civil hubiera visto en la práctica el sentido del Legislativo.

Si influyó el fallo de la Corte y la debilidad del Legislativo a favor del Ejecutivo, también hubo influencia de los actores externos. Las embajadas en Managua de Suecia, Suiza y los Estados Unidos empujaron más que otras por una salida negociada y ajustada a derecho de la crisis institucional, mientras que el FMI y el Banco Mundial manifestaban un claro apoyo al Ejecutivo. Este desbalance en las presiones permitió al Ejecutivo prolongar más la crisis.

Tuerca que aprieta a medias

Así, el "apretón de tuercas desde fuera", fue sólo a medias, pues aunque para los países donantes la crisis institucional es preocupante y tiene visos antidemocráticos, para el BM y el FMI se convierte en una oportunidad para sacar ventajas en una casa dividida, endureciendo las condicionalidades y los criterios del ESAF a cambio de mantener la promesa de los desembolsos programados.

El Ejecutivo no logró con esto ventajas inmediatas para la economía. La promesa de mantener los desembolsos no mejoró los fondos líquidos del país. Pero si la liquidez empeoró, el gobierno sí consiguió negociar nuevos fondos atados. Y los negoció así porque su preocupación a estas alturas no es tanto mantener la estabilidad de precios ni la liquidez de la economía, sino garantizar que el yerno de la Presidenta desarrolle una buena campaña electoral. El Ejecutivo negoció recibir financiamiento para obras sociales y de infraestructura y para programas de viviendas populares.

Aunque esto no le da margen para lanzar un amplio programa populista, sí le permite contar con recursos suficientes para "obras de progreso" con las que dar fuerza al Proyecto Nacional de Antonio Lacayo, al que el pueblo ha bautizado ya con varios nombres: "proyecto personal", "proyerno nacional" y "proyecto matraca".

París bien vale una crisis

Desde hace tiempo la táctica del Ejecutivo ha consistido en dar largas a la resolución de la pugna de poderes, en un desesperado intento por postergar su solución hasta después de la reunión a mediados de junio del Grupo Consultivo del Club de París. El Ejecutivo quería llegar a esta reunión con la privatización de TELCOR en una mano y en la otra con la imagen de un diálogo interno que demuestre que no hay crisis para obtener con estos dos trofeos un financiamiento adicional de 440 millones de dólares, destinados a inversiones en infraestructura que vistan de "popularidad" al gobierno Chamorro en vísperas de unas elecciones en que será candidato el yerno de Chamorro.

Un lance previo del Ejecutivo fue publicar un decreto donde prometía que los recursos obtenidos por la venta de las acciones de TELCOR serían destinados a beneficiar a los tenedores de bonos. Fuera del objetivo de cumplir con el Banco Mundial y aislar a la Asamblea, este decreto apuntaba a favorecer a varios funcionarios gubernamentales que son tenedores de bonos. Con la privatización de TELCOR aumentará el valor de mercado de los bonos y los réditos de interés sobre los mismos.

El mes de mayo demostró que el respaldo interesado del FMI y el Banco Mundial permitieron al Ejecutivo ganar más tiempo, acusando al Legislativo de irresponsabilidad al hacer peligrar los desembolsos del ESAF y al ejercer mayor presión sobre el déficit fiscal proponiendo reducir los impuestos. Frente a esta ofensiva, el Legislativo fue timorato y no logró articular un paquete de respuestas coherente con su estrategia de afectar económicamente al Ejecutivo. Su batalla no pasó de amagos.

Mediación del Cardenal

Una Asamblea débil, sin estrategia y sin capacidad de convocatoria para obtener respaldo cívico, tuvo que volver a fines del mes de mayo a la mesa de negociaciones con un Ejecutivo que tenía en su mano el fallo de la Corte de Justicia respaldado por la embajada estadounidense, el ejército y varios sectores empresariales. En el marco de esta correlación de fuerzas hay que entender las declaraciones de Sergio Ramírez sobre las inhibiciones que para la candidatura presidencial pesan sobre Antonio Lacayo a partir de las reformas. Si el país se hunde por eso, habría que eliminarlas, planteó Ramírez. Las declaraciones del líder del MRS fueron interpretadas como señal de que había ya un "amarre" bajo la mesa sobre este crucial tema.

Un giro en la situación vino con la propuesta de que el Cardenal Obando mediara en nuevas pláticas entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la ceremonia en la que la Asamblea Nacional condecoró al Cardenal, su postura fue clara a favor de las reformas. Las propuestas que planteó también fueron oportunas. Se centró ese día en la crisis institucional. En abril, el mensaje de los obispos había llamado a los gobernantes a poner atención a los problemas del hambre, la pobreza y el desempleo como prioridad. La notable ausencia en la ceremonia de la Presidenta Chamorro y de su yerno Lacayo fue un error y contribuyó a darles imagen de intransigentes frente a un Legislativo dispuesto al entendimiento.

La posición del Cardenal y el consenso generalizado para que actuara como mediador puso al Ejecutivo entre la espada y la pared. La pared es el unánime y explícito deseo de todos los sectores de que doña Violeta termine su período presidencial y que garantice una sucesión pacífica de poderes en 1996. Y la espada son las ambiciones presidenciales del yerno de la Presidenta, que impiden la consolidación democrática del país y que, a juicio de un creciente número de analistas, se han convertido en el principal obstáculo para un entendimiento entre los poderes del Estado.

Enfermos de "mal de Somalia"

En el curso de la crisis institucional, la mayoría de los actores sociales no han tenido una participación destacada. Prevalece un hondo escepticismo en la población, en el marco de un país turbulento y empobrecido, que se aleja cada vez más de lo que es América Latina y se acerca más y más a lo que es Africa. Padecemos ya del "mal de Somalia", que consiste en anteponer las rivalidades de los grupos a los intereses de la nación.

La profunda insatisfacción del pueblo ante la falta de soluciones que a sus problemas da un gobierno enfrascado en sus luchas intestinas y en los intereses particulares de algunos políticos, no se traduce en una protesta organizada, pese a los insistentes llamados que en ese sentido hizo en mayo la Coordinadora en Defensa del Crédito, la Propiedad y el Nivel de Vida, creada por organizaciones afines al FSLN.

¡Viva el Boer!

Los sucesos violentos del 4 de junio en Masaya, al concluir el partido final del campeonato de béisbol, mostraron el pozo de violencia en el que podría sumirnos la desintegración social, la corrupción y el lujo ostentoso de algunos y la miseria y el desempleo de tantos. En los días anteriores a los sucesos de Masaya, el pueblo estaba absorto en el desarrollo de los juegos y había puesto al margen, al menos por unos días, la prolongada pugna de los poderes del Estado y la dura realidad cotidiana que lo agobia. Buena evasión la del deporte. Pero la violencia está a flor de piel en el país. Esta vez la expresaron los fanáticos de un equipo contra la policía y aficionados y simpatizantes del otro equipo y las calles se convirtieron rápidamente y durante horas en un campo de batalla.

La exaltación tuvo su motivo en la pasión que despierta el beisbol, deporte rey en Nicaragua. Pero la facilidad con que ciertos estratos de la población pueden pasar de la apatía a la violencia no deja de impresionar. Si un partido de béisbol desata estas furias, ¿qué podría esperarse de una contienda electoral polarizada y estridente como la que ya se ve venir? Lo ocurrido en Masaya debe hacer reflexionar a muchos políticos que, temerariamente, se han acostumbrado a hacer malabarismos con teas flameantes sobre barriles de pólvora.

El hecho de que el motín de Masaya fuera protagonizado por centenares de jóvenes, estrato severamente afectado por el desempleo y la ausencia de oportunidades legales para obtener ingresos, evidencia que la aparente pasividad de la población es muy diferenciada y tiene límites muy volátiles. Puede ser que la generación de los 60 y la de los 70 haya colgado ya los guantes, pero la de los 80, atrapada sin salida, hará lo que sea para conseguir lo que la actual situación le niega.

Crece cultura de la violencia

La violencia de Masaya alerta también sobre los débiles cambios culturales que ha introducido la incipiente y frágil democratización política. La realidad es que la cultura de la violencia, más que desaparecer, se ha reforzado. La violencia crece cotidianamente cuando se extiende la pobreza y las miseria y se elevan los índices de inseguridad ciudadana. Las mujeres, los niños y las niñas, han sido las primeras víctimas de esta espiral: los propios padres sobreexplotan el trabajo de sus hijos en las calles y crecen los abusos sexuales y la prostitución. Se va así desintegrando el tejido social, generándose crecientes camadas de jóvenes desempleados que son maltratados por sus familias y rechazados por el mercado de trabajo. Son hijos de la violencia del Estado, de la camisa de fuerza del ESAF y de la falta de solidaridad social y constituyen un potencial de violencia en estado puro. Por otro lado, el sensacionalismo amarillista de los medios de comunicación, la falta de ejemplaridad de la clase política y la institucionalización de la fuerza como medio para resolver las diferencias el gobierno es sordo a cualquier método cívico alimentan la cultura de la violencia. Todo esto ocurre mientras el "cambio" que demanda la población en todas las encuestas que se hacen no se reduce a mejorar el nivel material de vida, sino que abarca la calidad de esa vida, en paz, en tranquilidad, con métodos civilizados para resolver los conflictos.

La clase política tiene una gran cuota de responsabilidad. Ha dado mal ejemplo, mostrando que no puede resolver sus disputas con apego a la ley. La intransigencia, el dolo, la corrupción y el uso de la fuerza y el poder, han sido los mecanismos con los que dirime sus disputas. No es de extrañar que se imponga en el país la cultura del "más vivo". Lograr posiciones personales más ventajosas al margen de la ley, con astucia y manipulaciones, se va convirtiendo en el ideal para la joven generación que decidirá con sus votos quiénes serán sus gobernantes en 1996.

La mayoría de electores que irán a las urnas en esa fecha serán jóvenes, muy impresionistas y volátiles, susceptibles a la confrontación violenta cuando haya que expresar apoyo a su candidato. Si esta tendencia predomina, en el favorable caldo de cultivo de una sociedad desgarrada y atomizada, la "fiesta cívica" de las elecciones puede convertirse en una reyerta violenta que favorezca al candidato más impresionista, populista y autoritario.

Ajustar cuentas en el 96

La población no quiere prestarse más a que sus justas demandas sirvan de pretexto para que los políticos se encaramen sobre ellas y después salgan en las fotos "dirigiendo" la protesta social. La actitud más generalizada en el pueblo parece ser la de "aguantarse" ahora hasta que llegue la hora de pasarle tremenda factura al gobierno y a sus aliados en las elecciones de 1996. Por esto, si la población percibe que las elecciones están en peligro y no podrá ajustar cuentas en las urnas, esto podría generar reacciones violentas.

El llamado a un paro nacional hecho por el FSLN y sus organizaciones afines trató de capitalizar el descontento de la población ante la política económica y las últimas alzas de la tarifa eléctrica, pero no tuvo éxito. La débil o segmentada repercusión del llamado a la protesta nacional, pese a lo justo de las demandas, revela que la fase heroica de entrega sin condiciones en manos de reverenciados líderes ya ha concluido.

El FSLN persistió en inducir la protesta hasta llegar al sangriento enfrentamiento del 17 de mayo entre la policía y transportistas de la cooperativa "Parrales Vallejos". La vela y el entierro de las víctimas provocó nuevos hechos violentos, que pronto fueron perdiendo fuerza. A fines de mayo, la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) movilizó a Managua a trabajadores agrícolas de las fincas bananeras en conflicto por su privatización. Pero esta forma de protesta tampoco logró concitar un apoyo masivo de otros sectores populares de la capital.

El que no haya un claro respaldo de la población a estas acciones no significa que el pueblo continuará aceptando la actual política económica sin ninguna resistencia. Pero en el grado de desintegración y atomización social que hoy existe, las convocatorias exaltadas y las acciones violentas que intentan forzar una protesta "instántanea" no contribuyen a movilizar sino a abortar la gestación de un movimiento ciudadano que logre responder con eficacia al gobierno. Provocar protestas sin claras propuestas es un obstáculo a la recomposición ciudadana. El otro obstáculo es la ausencia de espacios cívicos donde aglutinar a los actores sociales en torno a su agenda y no en torno a la demanda superestructural, limitada a lo jurídico, en que se mueven los diputados reformistas.

Lacayo grandes empresarios

Los actores sociales están muy a la expectativa de los sucesos, sin tomar masivamente parte en ellos. Los llamados a la huelga que hace el FSLN convencen sólo a algunos para embarcarse en una cruzada más contra el neoliberalismo. En estos años neoliberales, otros llamados de este tipo terminaron en "pactos de caballeros" que dejaron burlado al pueblo.

Parte de los empresarios han sido minados por los paquetes de incentivos que el Ejecutivo ha instrumentado para favorecerlos. El empresariado de origen oligárquico mantiene su apoyo al Ejecutivo, reconociendo en el Ministro Lacayo el mejor facilitador para sus negocios y una garantía para que la bonanza de la que hoy gozan se mantenga. Esto no implica que las lealtades al Ejecutivo del conjunto del empresariado sean sólidas y duraderas. Los favores condicionales con que se han creado estas lealtades las hacen muy precarias. Pero por el momento, el gran empresariado nicaragüense mantiene su alianza con el Ejecutivo, lo que le permite a éste contar con una mínima base social para desarrollar su gestión pública y al Ministro Lacayo lanzar su proyecto electoral, desconociendo la nube de críticas del resto de los sectores sociales del país.

Un sistema político cerrado

Los partidos políticos tampoco tienen una clara estrategia de movilización cívica, porque como tales partidos no son sujetos participativos en los debates de la Asamblea. En el Parlamento hay miembros de los partidos políticos pero, en general, actúan con un amplio margen de maniobra personal, sin que reflejen siempre en sus movimientos la voluntad de los partidos, que no han tenido en estos años de "transición" espacios suficientes para comprometerse con la consolidación democrática. Además, la mayoría de estas agrupaciones políticas carecen de base social para movilizar efectivamente a la población a la que dicen representar. Con todo y el carisma de Alemán, el liberalismo alemanista se cuidó mucho de no precipitarse en convocatorias a una protesta cívica abierta como lo hizo el FSLN. Y son el PLC y el FSLN las dos fuerzas que cuentan con mayor base social entre el pueblo empobrecido. Todo esto indica hasta qué punto la representatividad de los partidos está muy poco definida, lo que favorece las formas del impresionismo político, basado en imágenes y no en realidad.

Un sistema político tan cerrado, que ha privado a los actores sociales de la oportunidad de tener espacios de participación, es el problema organizativo y político inmediato que tiene que enfrentar la sociedad civil nicaragüense. No se puede siquiera imaginar un proceso de reconstrucción organizativa y política de los actores sociales, sin que éstos empiecen a desembarazarse de la costra de desconfianza con que los han cubierto traiciones y manipulaciones de muchos dirigentes.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en los años 60 y 70, no se puede esperar mucho del entusiasmo de una juventud que hoy mayoritariamente ni tiene ni ve salida. El esfuerzo debe partir de los sectores organizados con visión nacional, para estructurar desde ellos propuestas responsables y viables que mejoren la política económica y amplíen la participación democrática. Sólo así podrá empezar a dulcificarse la amarga cosecha de esta etapa de desgobierno.

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