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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 160 | Junio 1995
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Honduras

Telecomunicaciones: ¿privatizar o desmilitarizar?

Al igual que en Nicaragua y otros países latinoamericanos, el FMI y el BM presionan por la venta a extranjeros de las telecomunicaciones nacionales. En Honduras, la privatización de las comunicaciones está también vinculada al proceso de desmilitarización del país.

Mario Posas

La crisis económica, que mantiene a la gran mayoría de los hondureños en la desesperanza, sigue profundizándose. El gabinete económico del gobierno Reina no ha encontrado aún el camino para hacer retroceder el proceso inflacionario que alimenta la continua escalada en los precios de los productos básicos. En abril, la inflación acumulada en lo que va del año llegó al 11.8%, cercanísima al 12% que el gabinete económico estimó como meta para finales de 1995. Según el Colegio Hondureño de Economistas, si las cosas continúan como van, para esas fechas la inflación acumulada estará en el 30% o más.

Una sociedad donde reina la especulación

La política de liberalización del precio de los combustibles iniciada por el gobierno anterior y continuada por el actual, ha sido fundamental en el continuo incremento de la inflación. El precio de los combustibles ha sido "ajustado" -aumentado- por el gobierno Reina en 12 ocasiones.

El impuesto a los combustibles -sobreprecio con que se los grava- es una importante fuente de ingresos del presupuesto estatal. "El gobierno no puede renunciar al sobreprecio de los carburantes porque todo gobierno vive de impuestos", reconoce Delmer Urbizo Panting, hasta hace poco Ministro de Economía y hoy Canciller.

Líderes de diversos sectores sociales han pedido al gobierno que emplee parte de estos ingresos para amortiguar las continuas alzas de precios que se derivan de la política de liberalización de los combustibles y de las fluctuaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos. Un llamado similar se ha hecho a los importadores de combustible que, según declaraciones de Otto Martínez, Viceministro de Economía, perciben ganancias anuales de 20 a 30 millones de dólares.

La política de eliminación de subsidios, recomendada por los organismos financieros internacionales y aplicada solapada y dócilmente por el gobierno, alimenta también el proceso inflacionario y está en la base de los altibajos en el precio de los combustibles y del aumento del precio del transporte urbano.

A hacer más grave el yugo de la inflación contribuye también una especulación generalizada. La sociedad hondureña se ha convertido en un gran escenario en el cual pululan especuladores de toda laya. Especula el comerciante en gran escala, el pulpero y hasta el vendedor callejero que, fuera de todo sentido de proporción y de toda lógica de costo beneficio, vende al precio que se le ocurre. Un síntoma de esta realidad es el hecho de que, a pesar de haber logrado el gobierno una estabilización relativa del lempira frente al dólar, el precio de las medicinas se reajusta a diario bajo el pretexto de las fluctuaciones de la tasa cambiaria.

De rodillas ante el FMI

Una política concertada de reajuste salarial podría disminuir el azote de la inflación. Pero esta demanda, reiterada en todas las plazas del país en que se reunieron los trabajadores para celebrar el Primero de Mayo, continúa siendo ignorada por el gobierno y enfrenta la activa oposición del Ministro de Trabajo y de los más altos representantes del gremio empresarial.

En este escenario de silencio oficial se está sabiendo mover con astucia política Carlos Flores Facussé, Presidente del Congreso Nacional y casi seguro candidato presidencial del partido de gobierno para las elecciones del 97. Flores Facussé ha asumido como una de sus principales tareas el tratar de moderar el impacto negativo de las actuales políticas económicas neoliberales. ¿Podrá hacerlo? Todos perciben ya que a pesar de ser partidos adversarios, en materia de política económica existe una línea de continuidad entre el gobierno nacional de Callejas y el liberal de Reina. "No olvidamos que pocos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, Jorge Arturo Reina aseguraba a la nación que jamás se arrodillarían ante los organismos internacionales de crédito.

La nación es testigo ahora que no sólo se arrodillaron sino que no tienen otro programa de gobierno que el de estos organismos internacionales, aunque esto signifique colocarse el gobierno de espaldas a su propio pueblo", comentaba recientemente un diario opositor.

HONDUTEL en la mira

Dentro de esta política económica, el destino de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) es una prioridad. Ya en enero de 1993 y en un discurso ante el Legislativo el ex Presidente Callejas convocó a los diputados a que estudiaran "la legislación adecuada para privatizar HONDUTEL y con su producto financiar el nuevo modelo educativo nacional, que nos dará el hondureño que necesitamos". Pero el Congreso Nacional no dio ningún paso para la privatización de HONDUTEL.

Fue hasta abril de este año que el Presidente Reina envió al Congreso una propuesta para la privatización de HONDUTEL. Según ella, la empresa estatal se convertiría en una sociedad de capital accionario de propiedad del Estado con el nombre de Compañía de Telecomunicaciones de Honduras, S.A. (HONDUCOM). El 47% de las acciones de esta sociedad se venderían a un socio técnico estratégico, que tendría el derecho de administrarla. Después de dos años de la venta de este 47%, HONDUCOM podría vender otro 41% de sus acciones a través de la bolsa de valores local e internacional a inversionistas privados. En forma paralela a esta venta, deberá vender el 2% de las acciones a los trabajadores de HONDUTEL que presten servicios a HONDUCOM, acciones que se venderían a título individual. La propuesta gubernamental plantea que los trabajadores de HONDUTEL que tengan que ser despedidos reciban todas sus prestaciones laborales.

Según la propuesta presidencial, los ingresos obtenidos por la venta de las acciones de HONDUCOM deberán ser destinados a inversión social, a inversión en los sectores productivos y al pago de la deuda externa. Y se establece que no podrán ser utilizados para cubrir los gastos corrientes del Estado, exceptuándose los ingresos que genere la reestructuración de HONDUCOM.

Argumentos a favor

La presentación de la propuesta gubernamental y su publicación en los medios de comunicación estimuló un debate que permanece abierto desde hace tiempo. Al igual que en Nicaragua y en el resto de países latinoamericanos, la iniciativa y la principal fuente de presión para la privatización de HONDUTEL procede de los organismos financieros internacionales. Los técnicos de estos organismos encubren la voracidad de las empresas de telecomunicaciones transnacionales argumentando que la privatización de las telecomunicaciones de nuestros países aligerará adecuadamente el Estado y el déficit fiscal y generará recursos frescos para "mejores" fines.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha hecho suyo este argumento. El COHEP plantea también que la privatización de HONDUTEL es la vía para modernizar las telecomunicaciones nacionales, viendo en ella una tentadora oportunidad para que algunos empresarios puedan participar con acciones en poderosas empresas extranjeras. Los grandes empresarios hondureños defienden la privatización de HONDUTEL en nombre de la "globalización" de la economía y de la búsqueda de competitividad en el mercado internacional.

En un plano más concreto, los dirigentes del COHEP saben que la privatización es un mecanismo para arrancar esta empresa de manos de los militares que, esgrimiendo argumentos de "seguridad nacional", han venido usufructuando privadamente sus beneficios. La empresa privada ve también en la privatización el camino para eliminar de una vez el personal supernumerario que abarrota las planillas de HONDUTEL.

Para salirle al paso a quienes han criticado el favoritismo político que anteriores gobiernos tuvieron al privatizar empresas estatales desde mediados de los 80, el gobierno Reina ha prometido transparencia en la venta de las acciones de HONDUCOM. Para esto, la venta de un alto porcentaje de las acciones de la empresa se realizaría a través de la bolsa de valores. Hasta ahora, la "privatización" ha consistido en devolver a la empresa privada empresas estatales saneadas que los privados quebraron antes con el fraude y la especulación.

Argumentos en contra

Los opositores a la privatización de HONDUTEL esgrimen otros argumentos. El Sindicato de Trabajadores de HONDUTEL (SITRATELH) plantea que con la privatización se encarecerán los servicios y tendrán que cancelarse los proyectos de telefonía rural por su falta de rentabilidad. Advierte que habrá despidos masivos de trabajadores y que el sindicato desaparecerá. SITRATELH insiste en que el Estado conserve HONDUTEL porque es una empresa rentable que garantiza beneficios netos a la nación. El Colegio Hondureño de Economistas opuesto también a la privatización considera que vender las telecomunicaciones nacionales a las corporaciones transnacionales significa ceder al capital extranjero un sector estratégico de la economía nacional. Todavía no se ha estimado el valor real de HONDUTEL. El Presidente Reina ha dicho que podría venderse por unos 400 millones de dólares.

Una vaca lechera

Desde su fundación en 1976 y hasta hace poco, HONDUTEL ha sido administrada exclusivamente por los militares hondureños en nombre de la "seguridad nacional". El nombramiento en 1994 como gerente de HONDUTEL del abogado Mario Maldonado un militar retirado, más leal al partido de gobierno que al alto mando fue visto como un paso importante en el proceso de desmilitarización del país.

Es un hecho aceptado por todos que los militares han utilizado HONDUTEL para dar empleo a "los suyos", entre los que están esposas y parientes. Carlos Kellner, dirigente del sindicato de Hondutel, hoy asilado en Estados Unidos, acusó en 1993 a los militares hondureños de utilizar HONDUTEL para el espionaje telefónico y para la promoción de negocios en los cuales el ejército tiene inversiones. HONDUTEL la única empresa claramente rentable del Estado ha sido durante muchos años "la vaca lechera" del estamento militar, su "particular botín". Administrativamente, HONDUTEL es un claro ejemplo de "lo que no debe hacerse": millonarias facturas, licitaciones amañadas, burocratismo excesivo, tráfico de influencias, transferencias millonarias ilícitas, proyectos onerosos, paracaidismo abierto o disfrazado...

Ante esta realidad probada y comprobada, el verdadero problema no sería privatizar o no privatizar HONDUTEL sino sacar a los militares de su administración y administrar la empresa con honradez y eficiencia, lo que le permitiría seguir siendo fuente de ingresos para el gobierno y desarrollar la telefonía nacional de acuerdo con las necesidades del país.

Una huelga polémica

Este contexto explica las reacciones que generó la huelga convocada por el SITRATELH el 15 de mayo. Los huelguistas que se tomaron los principales edificios de HONDUTEL se expresaron en contra de su privatización, exigiendo respeto a la cláusula salarial del contrato colectivo vigente, que establece un aumento salarial de un 22.9%. Se pronunciaban también en contra del despido de unos 400 trabajadores, entre ellos varios líderes sindicales.

SITRATELH exigía la destitución como gerente de HONDUTEL de Mario Maldonado. Este convocó a una conferencia de prensa y acusó a los líderes sindicales de haberse confabulado con varios coroneles para "desestabilizar" HONDUTEL. Y sugirió que la huelga buscaba lanzar una cortina de humo para quitar fuerza a la publicación de una lista de personas especialmente militares de alta graduación que habían acumulado enormes deudas en HONDUTEL al traspasar a la institución castrense el cobro de llamadas al extranjero que hacían desde sus propias casas. Ante tal denuncia, el alto mando militar aceptó que si algunos militares tenían algo que ver con la huelga era a título personal y no debía involucrarse a la institución en su conjunto. Por su parte, los líderes del SITRATELH negaron cualquier relación de los militares con la huelga.

Salida: administrar bien

La huelga concluyó a los tres días de haberse iniciado. En la madrugada del segundo día de huelga, los trabajadores fueron desalojados de los edificios que habían tomado por un contingente de la policía apoyado por el ejército. A pesar de esto, los huelguistas lograron que se firmara un convenio por el cual la junta directiva de HONDUTEL se comprometió a fijar una fecha para el pago del 22.9% de aumento salarial fijado, a reintegrar a los directivos sindicales despedidos, a no tomar represalias contra los huelguistas y a convenir con el SITRATELH un procedimiento para la reducción de personal acordada por el Congreso en octubre/94. En el logro de estos acuerdos tuvo una destacada participación una comisión de alto nivel nombrada por el Presidente Reina.

La propuesta gubernamental para la privatización de HONDUTEL está ahora en manos de una comisión dictaminadora del Legislativo. Entre los diputados existe cierta resistencia y oposición a la privatización. Habrá que ver si el Congreso Nacional y el Presidente de la República tienen voluntad de continuar el proceso de desmilitarización del Estado y de la sociedad hondureña, que comenzó con la transferencia de la marina mercante al poder civil, siguió con la reciente ratificación del servicio militar voluntario y educativo y podría continuar con la salida de los militares y de su clientela de la administración de HONDUTEL y también con el traspaso de la policía al poder civil.

Junto a la propuesta gubernamental, los diputados deben considerar también una propuesta alternativa que enviaron al Congreso las centrales sindicales del país. Esta plantea que en lugar de privatizar la empresa se cree una junta representativa de todos los sectores organizados del país para administrarla.

"El problema de HONDUTEL es que nunca ha sido bien administrada por personas que conozcan de administración, sino por militares que usaron el pretexto de la seguridad nacional", afirma Francisco Guerrero, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), uno de los firmantes de la propuesta alternativa.

Recomendaciones: lista

El 6 de marzo el Presidente Reina juramentó a los miembros de la Comisión ad hoc, encargada de elaborar un conjunto de recomendaciones para contener la espiral de delincuencia y violencia social que envuelve al país. A la Comisión presidida por Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa e integrada por representantes gubernamentales y de la sociedad civil se le dio también la responsabilidad de sugerir medidas orientadas a mejorar y fortalecer el sistema penitenciario y a crear bases para una cultura de respeto a los derechos humanos. Para todo esto la Comisión tenía un plazo de 60 días.

El 26 de mayo y después de casi dos meses de consultas con diferentes sectores de la sociedad, la Comisión ad hoc presentó al Presidente Reina su informe, de 25 páginas. Entre las recomendaciones más importantes que hace el informe están: que se traslade la policía de su actual jurisdicción militar a la civil y que mientras tal traslado se materializa se le dote de un fondo de 25 millones de lempiras para mejorar su capacidad de maniobra; que se apresure el proceso de discusión y aprobación del nuevo proyecto de Código de Procedimientos Penales orientado a combatir la impunidad; que se mejore la administración de justicia en el país y que se adopten las medidas necesarias para impedir el abuso de la fianza extraordinaria, "cuyo otorgamiento ha servido con frecuencia para facilitar la fuga e impunidad de aquellos procesados o sentenciados que tienen capacidad económica para convertir este mecanismo judicial en privilegio"; que se fortalezcan los organismos contralores del Estado y la Comisión de Prevención y Lucha contra la Corrupción a fin de moralizar las actividades de los funcionarios públicos; y que se acelere la construcción de la penitenciaría central Marco Aurelio Soto y la granja penal de La Paz.

La Comisión ad hoc se pronunció también porque se inicie una campaña adicional para frenar la violencia contra los niños y las mujeres. Para este propósito sugirió que la Junta Nacional de Bienestar Social se transforme en un Instituto del Niño y que se cree el Consejo Nacional de la Mujer. Y exhortó al gobierno a adoptar medidas orientadas a moralizar los medios de comunicación y a promover en ellos programas educativos, culturales y cívicos.

Lograr concertación

En materia económica y social, la Comisión ad hoc exhortó al gobierno a tomar medidas que reduzcan los conflictos agrarios, creando un fondo de fideicomiso que permita a los campesinos pobres acceder a la tierra y al crédito subsidiado.

Para Evitar el peligro que representa para la paz social "la desatención de algunas reclamaciones presentadas ante los diferentes poderes del Estado por agrupaciones populares que no encuentran soluciones satisfactorias", la Comisión propone la creación de una Comisión Nacional para la Atención, Vigilancia y Seguimiento de Reclamaciones Sociales. Se trataría de una nueva instancia para promover la concertación social. ¿Tendrá más suerte un organismo así que el Foro de Concertación Económica y Social creado por el Congreso Nacional de la República en octubre/94 y que todavía no ha empezado a funcionar? "La paz genuina no se logrará solamente con la creación de instrumentos jurídicos encaminados a tratar situaciones de injusticia social o de inmoralidad pública expresa en la parte final de su informe, la Comisión . La paz verdadera, permanente y productiva, se logra persiguiendo gradualmente, con tenacidad e igual grado de ecuanimidad, aquellos actos incorrectos o inmorales que son constitutivos de agresión a la sociedad. Por ello dicen recomendamos la urgente necesidad de reinstalar la Comisión de Prevención y Lucha contra la Corrupción como uno de los instrumentos necesarios para lograr el fin deseado". Haciendo eco a un clamor generalizado de la sociedad, el Presidente Reina ya había ordenado el 5 de mayo que se restaurara esta Comisión. Sobre las otras recomendaciones, se comprometió a viabilizarlas.

A pesar de que evitó recomendaciones concretas para aliviar la severa crisis económica que padece la mayoría del pueblo hondureño lo que puede entenderse por la heterogénea composición de la Comisión el informe representa un paso adelante en la búsqueda de acuerdos entre los diversos sectores sociales del país.

La ratificación por parte de una corte de apelaciones de la sentencia condenatoria del coronel Angel Castillo Maradiaga y del sargento Santos Illovares Funez puso de nuevo en la primera plana de la atención nacional el caso de la normalista Riccy Mabel Martínez Sevilla, violada brutalmente, asesinada y hallada con mutilaciones en la periferia de Tegucigalpa el 15 de julio de 1991.

Después de un largo proceso judicial que ha hecho historia en la jurisprudencia hondureña, el coronel Castillo y el sargento Illovares fueron condenados a prisión el 22 de julio de 1994 por la jueza María Antonieta Mendoza. Castillo, a 10 años y 6 meses por el delito de homicidio y a 6 años más por el de violación. Illovares, a 10 años y 6 meses por homicidio.

En su momento, la condena del coronel Castillo fue saludada como un ejemplar precedente contra la impunidad de la que han disfrutado tradicionalmente los militares de alta graduación y otros poderosos ciudadanos.

"Al fin se castigó a un pez gordo": fue entonces el sentimiento generalizado. En la condena de Castillo jugaron un papel fundamental la posición del entonces embajador norteamericano Crescencio Arcos y la movilización permanente de los jóvenes normalistas compañeros de Riccy Mabel. Eran los últimos años de Arcos en Honduras y al final de su gestión mantuvo una sostenida política de oposición al protagonismo que desde la fatídica década de los 80 mantenían en la vida nacional las fuerzas armadas hondureñas, a pesar de que él mismo apoyó abiertamente a los militares en su actuación durante aquellos años.

Un misterio pendiente

Fracasada ahora la apelación, el coronel Castillo ha vuelto a sostener que es inocente, presentándose ante la prensa local como víctima propiciatoria de una conspiración urdida para incriminarlo y proteger así a los verdaderos ejecutores de tan abominable crimen. Castillo declaró que el general Luis Alonso Discua, actual jefe de las fuerzas armadas, sabe mejor que nadie que él es inocente y que esto había quedado claramente establecido en una investigación ordenada por el alto mando militar. Sugirió que con la ratificación de su condena se estaba encubriendo a dos agentes del Departamento Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, los que según se le había informado habían participado en la violación y el asesinato de la muchacha. Castillo afirmó que el único que realmente sabe quiénes violaron y asesinaron a la joven normalista es el sargento Illovares.

Las últimas declaraciones del coronel Castillo reavivaron una ya viva polémica, reforzando la idea de que no todo ha quedado claro en lo que parece haber sido un crimen colectivo y se ha fortalecido la convicción de que en la cárcel no están todos los que participaron en él. Muy pocas voces se han levantado, sin embargo, para hacer eco a la proclamada inocencia del coronel Castillo. El caso Riccy Mabel continúa siendo "un misterio sin resolver".

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