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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 160 | Junio 1995
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Guatemala

URNG: ¿la guerrilla hace un viraje al centro?

Mientras llueven acusaciones contra los militares y el país empieza a moverse hacia las elecciones, la URNG ha hecho una "propuesta a la sociedad" que resulta novedosa. La guerrilla, a punto de dejar de serlo, no propone transformaciones espectaculares sino medidas concretas dentro de las actuales reglas del juego.

Gonzalo Guerrero

Un nuevo frente se ha abierto en el ejército de Guatemala. Esta vez, los ataques van a ser difíciles de esquivar, porque provienen de las propias filas castrenses: ex-oficiales denuncian a oficiales por casos específicos de asesinatos, extorsión, robo de autos e intimidación de testigos. Las revelaciones coinciden con nueva información que vincula a la embajada estadounidense en Guatemala y al Departamento de Estado USA con actos de encubrimiento en el caso del desaparecido guerrillero Efraín Bámaca. Tienen lugar, además, en el contexto de sentencias y juicios contra militares en Chile y Venezuela por asesinato y corrupción y en el marco de la mea culpas de varios altos militares argentinos.

En Guatemala, muchos activistas de los derechos humanos miran con optimismo esta realidad porque abre nuevas grietas en el muro de la impunidad. Otros muestran preocupación por la inminente reacción de los sectores afectados. "El tigre está herido -afirma Edgard Lemus Orellana, del Consejo General del Ministerio Público. Y va a generar mucha más violencia".

El gobierno de Estados Unidos lo sabía

Angel Nery Urízar García, ex-oficial de la inteligencia militar (G-2), acusó a dos oficiales del ejército a ordenar la muerte de un miembro de la G-2 para luego sepultarlo y hacerlo pasar por Bámaca. La víctima de esta trama fue Cristóbal Ché Pérez, un ex-guerrillero que luego pasó a las filas del ejército y que fue escogido para la muerte porque se parecía a Bámaca y porque no tenía parientes que lo reclamaran. Urízar Pérez al entonces mayor Mario ernesto Sosa Orellana, vio a Bámaca amarrado con grilletes a una cama mientras era interrogado por varios oficiales en la base de Santa Ana Berlín en San Marcos.

La denuncia de Urizar García fue hecha ante la prensa, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), luego de haber sobrevivido a un atentado en Palín, Escuintla. Según declaró, habló porque cree que la institución armada quiere eliminarlo. Aunque el ejército ha tratado de descalificar a Urízar diciendo que es un ex oficial corrupto involucrado en negocios ilícitos, su denuncia coincidió con nuevas revelaciones hechas por la oficina de inteligencia del Departamento de Defensa (DIA) de los Estados Unidos sobre el caso Bámaca. En respuesta a solicitudes del abogado de Jennifer Harbury viuda de Bámaca el Departamento de Defensa divulgó el 2 de junio un documento de dos páginas sumamente tachadas para borrar información clasificada en el que se revelaba que Bámaca fue "capturado, interrogado varias veces y asesinado".

"No voy a estrellarme"

De acuerdo con este documento, en septiembre de 1993 el Departamento de Defensa informó a la embajada de los Estados Unidos en Guatemala sobre los hechos relacionados con Bámaca. "Jennifer Harbury arriesgó su salud y su vida durante una huelga de hambre que duró 32 días durante octubre y noviembre de 1994 en Guatemala, porque creyó que su esposo estaba con vida y era torturado por el ejército de Guatemala. La respuesta oficial del gobierno de los Estados Unidos fue que no tenía conocimiento alguno sobre el destino de su esposo. Ahora es evidente que el gobierno de Estados Unidos supo desde septiembre de 1993 de la muerte del señor Bámaca a manos del ejército de Guatemala". Este fue el indignado reclamo hecho por José Pertierra, abogado de Harbury.

Las nuevas pruebas en el caso Bámaca provocaron un viraje en la postura del gobierno guatemalteco. Hasta hace poco, se escudaba en la falta de pruebas y argumentaba que las implicaciones devastadoras para Washington de un escándalo CIA Ejército de Guatemala hacían improbables nuevas revelaciones. "Mientras las acusaciones se queden sólo en señalamientos y no se presenten evidencias, es difícil iniciar procesos judiciales", afirmó el Presidente Ramiro de León Carpio.

Pero como las evidencias son cada vez más comprometedoras, el gobierno ha pasado ahora a hacer énfasis en la cuestión de la jurisdicción. "Los actos ilícitos que se derivan de los 34 años de conflicto serán competencia de la Comisión de Esclarecimiento Histórico del Pasado insiste el Presidente . No es justo que por haber defendido a su patria tengan que ser enjuiciados". Y concluye: "Tampoco yo voy a estrellarme contra un muro".

Las declaraciones de Urízar no han sido las únicas. Hace dos meses, Edwin González Barrientos fue secuestrado, torturado y dado por muerto en Santa Lucía Cotzumalguapa. Pero Edwin no murió. Acudió a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, donde acusó al jefe de la policía de Santa Lucía, Ricardo Antonio Sánchez y a otras tres personas por lo que le había sucedido. Luego se exilió en Costa Rica. En mayo regresó a Guatemala, después de que su familia recibiera amenazas de muerte. Pero en vez de guardar silencio, destapó una olla de grillos que difícilmente podrán tapar los involucrados.

Aunque González Barrientos afirma que es un estudiante sin vínculos con el ejército, existen serios rumores de que ha sido miembro de la sección de inteligencia "el Archivo" del Estado Mayor Presidencial. De acuerdo a González Barrientos, los generales Marco Antonio González Taracena, Jefe del Estado Mayor del Ejército y Horacio Soto Salan y los coroneles Mario Salvador López Serrano comandante de la zona militar de Santa Lucía y Max González están involucrados en varios asesinatos y en robo de vehículos, tráfico de drogas y extorsión de finqueros.

"Campaña" vs. Ejército

Entre los casos que menciona González Barrientos está el asesinato del religioso marista Moisés Cisneros, el de un catedrático universitario y el de dos personas más. Dando mayor credibilidad a sus denuncias, el cadáver de una de éstas fue encontrado en el lugar que señaló González Barrientos, que está siendo protegido por el Ministerio Publico mientras se ventila su caso en los tribunales.

Están también las denuncias de los ex soldados Jilzon Urízar Cabrera y Francisco Solbal Santay. Urízar Cabrera acusa al ejército de torturar y asesinar campesinos en la base 302 de Chimaltenango y facilitó información sobre la supuesta participación del coronel Luis Fernández en el robo de vehículos. Solbal Santay uno de los cinco soldados sentenciados en el caso del asesinato del estadounidense Michael Devine acusa a los coroneles Mario García Catalán y Julio Roberto Alpírez y al capitán Hugo Contreras de participar en esta muerte y afirma que tiene información sobre un cementerio clandestino en donde se enterró a 28 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Dice estar dispuesto a hablar en contra de la institución armada porque siente que es injusto que los soldados estén en la cárcel por crímenes ordenados por sus superiores.

Ante cada uno de estas denuncias, el ejército trata de desacreditar a los denunciantes, diciendo que son corruptos o que son piezas de una campaña internacional para desprestigiar a la institución armada. En los próximos meses, el gobierno y la URNG estarán discutiendo el tema del papel del ejército en una sociedad democrática y de acuerdo con el Ministro de Defensa, General Mario René Enríquez, esta lluvia de críticas se inscribe en una campaña destinada a debilitar a la institución antes de que entre a negociar su futuro.

Hay más denuncias. Muchos oficiales del ejército han estado haciéndose pasar por guerrilleros para asaltar vehículos en las carreteras cobrando "impuestos de guerra" a los finqueros de la Costa Sur. Esto confirma lo que ha sido un secreto a voces durante mucho tiempo: la guerra insurgente se ha convertido en una importante fuente de enriquecimiento ilícito para un buen número de militares.

Durante 34 años, las fuerzas de seguridad de Guatemala han logrado socavar sistemáticamente el sistema jurídico legal del país para poder llevar adelante una guerra que "legalmente" no existe, pero en la que han muerto ya más de 100 mil personas. Con una adaptación menor del pragmatismo de la guerra fría "el fin justifica los medios" han logrado también trasladar los beneficios de la impunidad y el monopolio del acceso a la fuerza del ámbito político militar al ámbito económico.

El negocio de secuestrar

Durante el mes de mayo hubo un aumento notable de las operaciones de bandas de secuestradores en todo el país. La Policía Nacional recibe un promedio de seis denuncias por semana, aunque la gran mayoría de los casos no se reportan a las autoridades. De acuerdo con cifras proporcionadas por miembros del Congreso Nacional, durante 1994 se dieron más de 100 casos de secuestros, con rescates por un total de 40 millones de dólares. Con base en las denuncias hechas en lo que va del año, el "negocio del secuestro" duplicará colocándose, en términos de ingresos, entre las primeras tres exportaciones tradicionales.

Se trata de un negocio que ha alcanzado niveles de sofisticación impresionantes. Los secuestradores tienen acceso a los estados financieros y cuentas bancarias de las empresas de las víctimas y operan organizadamente con toda la eficiencia de una empresa formal. Uno de los grupos entre los cinco identificados por la Policía Nacional funciona con un equipo de seis miembros. Uno se encarga de buscar a las víctimas y de evaluar su capacidad financiera. Otros dos ejecutan la captura. Una cocinera doméstica cuida a los secuestrados. Otro es el negociador. Y otro recoge el rescate.

En varios casos de secuestros, han sido señalados como culpables miembros de las fuerzas de seguridad. La congresista Flora Marina Escobar de Ramos acusó recientemente a "elementos criminales dentro del ejército" de estar involucrados en el negocio del secuestro. "Las familias no se atreven a reportarlo por temor a consecuencias futuras".

El aumento en la frecuencia de los secuestros parece estar vinculado a la percepción de que las condiciones propicias para el negocio ilícito van a disminuir y hay que aprovechar ahora. Los avances en el proceso de paz, una mayor presencia de observadores internacionales y las presiones para reducir las violaciones a los derechos humanos, reorganizar la policía civil y mejorar el sistema de justicia apuntan hacia un futuro con menos oportunidades para las organizaciones delincuenciales vinculadas al Estado. Pero el proceso orientado a mejorar el sistema de justicia y a depurar o reducir las fuerzas de seguridad, podría tener efectos no deseados si el resultado es el despido masivo de agentes, soldados y oficiales. Hace dos años, un equipo internacional de expertos en seguridad civil vino a Guatemala para analizar la situación de la Policía Nacional. Después de un estudio exhaustivo, concluyó que la única esperanza de controlar la corrupción sería cerrar la institución, despedir a todos los agentes y empezar de cero. Si la "reconversión" de la institución militar es un reto complicado para la etapa de la post guerra, la "reconversión" de los miembros que sean despedidos será, sin duda, un desafío aún mas difícil.

URNG: novedad

Durante el mes de mayo la URNG hizo circular un documento de 33 páginas titulado "Guatemala: propuesta a la sociedad". En el texto no aparece ya un discurso abiertamente clasista, la demanda histórica por una reforma agraria se ha transformado en un llamado a la "modernización de la agricultura" y se da gran importancia a la lucha de las mujeres y de los indígenas. Las palabras "explotación", "oligarquía" y "reforma agraria" no aparecen en ninguna página del documento.

La mayoría de los cambios que recomienda la URNG son alcanzables dentro de la actual estructura política y económica del país. Y las críticas que hace se dirigen a la violación de las reglas del actual juego: la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, la militarización de la sociedad, la falta de participación social en la toma de decisiones políticas y la centralización del poder y los recursos a nivel urbano.

Comentaristas de la prensa guatemalteca ven en el documento un viraje de la URNG hacia el centro. "Los comandantes del último movimiento insurgente de Centroamérica ya no hablan de socialismo, sino de cómo mejorar el capitalismo", afirma Félix Colindres, en la revista Crónica. Más allá de lo que se podría considerar una moderación del discurso de cara a la próxima contienda electoral, estos cambios tienen sus raíces en una sencilla realidad: la correlación de fuerzas que existe hoy en Guatemala no deja espacios para proponer cambios del sistema, aun cuando la crisis socioeconómica e institucional que padece el país exigiría estos cambios.

Pero la realidad muestra también que entre las "reglas del juego" y la realidad política, social y económica, existe un gran espacio donde jugar. "Sin cambios traumáticos, sin transformaciones espectaculares, pero con medidas precisas y concretas, es posible encauzar de otra forma a nuestra sociedad", plantea la URNG en su documento. La propuesta incluye como objetivos: "construir una nueva nación pluricultural y multilingüe, conquistar la democracia real y la desmilitarización del Estado y la sociedad, eliminar la corrupción en el Estado e implantar la moral, y forjar un modelo social viable y justo".

Para lograr estos objetivos, la URNG propone varias reformas fiscales, económicas, legislativas y para la distribución del gasto público. Para la agricultura, promueve la modernización del catastro, impuestos a las tierras ociosas, créditos para pequeños productores y promoción de formas comunales de propiedad y producción. Sugiere la descentralización del Estado y cambios en las relaciones campo ciudad, sanciones contra los evasores de impuestos y libre organización de la sociedad civil. Además, recomienda una política de desarrollo ecológicamente sostenible y reformas en la salud y la educación que aseguren que ambas no sean "privilegios, sino derechos ciudadanos".

Ya no es "vanguardia"

En conjunto, los cambios por los que aboga la URNG parecen una plataforma electoral diseñada en vísperas de elecciones. Ninguno de los planteamientos resulta más innovador que las propuestas que han venido planteando los distintos sectores que se beneficiarían con reformas de este tipo. En general, los cambios propuestos reflejan la agenda ya formulada por muchas organizaciones o expresiones de la sociedad civil.

El documento demuestra que la URNG ha sido capaz de escuchar las voces de los sectores representados en la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) y de alguna manera, marca el fin del concepto de "vanguardia" de las luchas sociales con el que esta fuerza revolucionaria se ha presentado durante las últimas décadas.

La divulgación del documento plataforma coincidió con un campo pagado en los periódicos locales en el que la URNG hace un llamamiento público a la participación en las elecciones para evitar que el "abstencionismo legitime a la minoría". "La indiferencia electoral debe quedar atrás y dar paso a que, en ejercicio de la soberanía popular, corresponda al pueblo elegir autoridades y reivindicar para sí el ejercicio electoral, a fin de legitimar las instituciones y plantearse un proyecto nacional", afirma la Comandancia General de la URNG.

Dos nuevas posibilidades

El optimismo de la guerrilla en relación a las elecciones generales de noviembre abre una interrogante: ¿con quiénes hará alianza la URNG? Queda descartada la posibilidad de aliarse con el Gran Frente Nacional que conforme la Democracia Cristiana, el Partido Social Demócrata y la Unión del Centro Nacional.

En las últimas semanas han sido ampliamente discutidas en círculos políticos dos nuevas posibilidades. El recién formado partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA) que tiene presencia en el campo, especialmente en el Altiplano y en el Occidente ha iniciado pláticas con la Comandancia General de la URNG en México. DIA se ha integrado con miembros de organizaciones no gubernamentales de desarrollo y se menciona a Rolando Torres Casanova, director nacional de Christian Children's Fund como su probable candidato presidencial. En un reciente acto patrocinado por esta organización asistieron el Presidente de León Carpio, el Presidente de la Comisión de Paz del gobierno y oficiales de la línea moderada del ejército.

A la otra posibilidad dio inicio una reunión el 29 de mayo entre representantes de diversos grupos populares y personalidades destacadas de la izquierda con el fin de unir sus esfuerzos frente a las elecciones generales. A la reunión asistió una impresionante gama de grupos y líderes, incluyendo delegados de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y de los refugiados guatemaltecos en México; el director del diario La Hora, Oscar Clemente Marroquín, Nineth Montenegro, del Grupo de Apoyo Mutuo; Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora de Viudas de Guatemala y varios disidentes de la Democracia Cristiana y del Partido Social Demócrata.

El 3 de junio miembros de este nuevo grupo se reunieron para discutir principios, estrategias electorales y formas organizativas de la nueva agrupación. Ante la especulación de que la URNG podría acercarse a este movimiento sus representantes se muestran anuentes a incluirla como una voz más entre las otras. "Sin embargo, debemos esperar a que la criatura nazca", insiste Alfonso Bauer, ex ministro del gobierno de Arbenz y asesor legal de los refugiados guatemaltecos en México. Bauer y Clemente Marroquín son mencionados como posibles candidatos presidenciales de este nuevo grupo político.

Hasta el momento, la URNG no ha despejado la incógnita acerca de su participación en los comicios. Lo novedoso es su aval al proceso electoral después de más de dos décadas de rechazarlo. Novedosa es también la formación de un frente amplio de convergencia en el que están participando sectores sociales históricamente marginados de los procesos electorales.

El General inhibido

En el otro extremo del espectro político están Alvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del General Efraín Ríos Montt. Las encuestas reflejan una creciente popularidad de Arzú sobre el General. Entre abril y mayo el porcentaje de encuestados con intención de votar por Arzú aumentó del 28% al 47%, mientras que en favor de Ríos Montt disminuyó del 38% al 25%. Ningún otro candidato recibió más de un 2%. Aunque los no decididos bajaron del 31% al 22%, sigue habiendo un número importante de votantes indecisos. La caída del FRG parece obedecer al rechazo generalizado que los medios de comunicación, partidos políticos y sectores civiles han expresado a la candidatura presidencial de Ríos Montt, que tiene inhibiciones legales por haber protagonizado el General un golpe de Estado.

El 18 de mayo el Tribunal Supremo Electoral convocó a los guatemaltecos a elecciones generales el 12 de noviembre. Esta convocatoria cierra las puertas a nuevos partidos políticos y elimina la posibilidad de que futuras reformas a la Ley Electoral y a la de Partidos Políticos afecten los comicios. Sin estas reformas, el Registro Electoral sigue siendo el primer escollo para la participación de Ríos Montt. En 1990, el Registro rechazó la solicitud del General y el actual encargado del Registro ha afirmado que también la rechazaría si Ríos Montt intentara inscribirse ahora.

La última carta con la que juega el General las elecciones de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral tampoco parece suficiente para alcanzar su meta de participar en los comicios. El comité de académicos y juristas encargado de seleccionar 30 candidatos para los 9 cargos del Tribunal excluyó de su lista a los pre candidatos que pensaban favorecer a Ríos Montt. Aunque los seguidores del General siguen insistiendo en que Ríos Montt va a participar en las elecciones, hay indicios de que el FRG prepara una alternativa a su candidatura. El nuevo perfil público que está adquiriendo su esposa Teresa provoca rumores de que sería ella quien aspiraría a la Presidencia.

Hablan los empresarios

El 23 de mayo el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hizo público su documento "Guatemala: reflexiones del pasado, consideraciones del presente y recomendaciones para el futuro", aporte del CACIF a la actual ronda de negociaciones entre la URNG y el gobierno de Guatemala, en la que las partes discuten sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria.

Para el CACIF, el principal obstáculo para el desarrollo de Guatemala ha sido "la ausencia de un rumbo nacional". En sus recomendaciones, los empresarios trazan ese rumbo que, en lugar de ahondar en una reforma tributaria, pasa por la privatización, la adjudicación de tierras del Estado en propiedad individual y la reducción del gasto público. "Se trata de que más guatemaltecos puedan entrar en los sectores económicamente activos, sin destruir lo que ya existe", afirman.

El planteamiento del CACIF hace caso omiso a los asuntos más controvertidos: el acceso a la tierra, la libre organización de los trabajadores, los impuestos a las tierras ociosas y las sanciones a los evasores de impuestos. El tratamiento genérico que los empresarios dan a los problemas macroeconómicos del país acerca el texto al de los informes de los organismos financieros internacionales y lo aleja de lo que debería ser la posición de un sector inmerso en la crisis socioeconómica que agobia al país.

En la segunda parte de su documento, el CACIF analiza las necesidades de inversión en infraestructura y en capital humano para llegar antes del año 2020 a lo que plantean como metas de desarrollo. Los empresarios calculan que el país necesitaría invertir 66 mil millones de dólares para cubrir el déficit de vivienda, servicios de salud, educación, empleo e infraestructura.

Tal vez lo más revelador de la propuesta empresarial es el análisis que hace del grado de subdesarrollo en el que se encuentra Guatemala. Consideran que para captar la cantidad de dinero necesario para sacar al país del estado de atraso en que se encuentra antes del año 2020, el Estado tendría que triplicar el actual ingreso tributario y dedicar el 100% del gasto público a inversión. Para llegar a una meta tan ambiciosa, la política fiscal que recomienda el mismo documento no contempla aumentos en los impuestos y sugiere "adecuar el gasto del gobierno a la disponibilidad de ingresos tributarios". Sublime paradoja.

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