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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 257 | Agosto 2003
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Guatemala

¿El General sí tiene quien lo inscriba?

Resoluciones, recursos, ocursos, amparos, apelaciones... ¿El General Ríos Montt tendrá finalmente quien le inscriba o se quedará con las ganas de competir como candidato a Presidente de Guatemala? Toda la violencia desatada en torno a su candidatura ha permitido la revelación parcial de los poderes ocultos.

Juan Hernández Pico, SJ

Las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de Guatemala el 8 de noviembre -y en diciembre si hay segunda vuelta- son trascendentales. Serán un paso gigantesco hacia el enquistamiento en el poder de toda clase de tráficos ilegales y criminales. O regresarán a estos poderes ocultos a operar de nuevo desde fuera del Estado, mucho más expuestos al ambiente, para ellos irrespirable, de la transición a la democracia. Como en las parábolas fílmicas de Batman, la lucha, desde ahora hasta las elecciones, se librará para impedir que el mundo de las cloacas domine sobre la ciudad.

SE QUITARON LA MÁSCARA

Cuando comenzó el gobierno del Presidente Alfonso Portillo, una de las hipótesis que manejábamos es que con él tuviera una nueva oportunidad la revolución de las clases medias que intentó democratizar a Guatemala en la década 1944-54, frustrada por los intereses oligárquicos, por el ejército y por los Estados Unidos, que estigmatizaron aquella década como comunista, la destruyeron y precipitaron a Guatemala en una guerra civil que duró 36 años (1960-96). Tres años y medio más tarde, Portillo y el FRG, han demostrado ser los facilitadores y los beneficiados de un nuevo capital, tan exclusivo y excluyente como el antiguo, el capital de origen delincuencial y corrupto, el de los nuevos ricos, que en Guatemala se vinculan a la red global del comercio ilegal. Fueron estas fuerzas las que se quitaron su máscara los días 24 y 25 de julio.

En las primeras horas de la madrugada del jueves 24, un centenar de buses extraurbanos -“camionetas”- descargaron entre 4 y 5 mil campesinos ladinos y mayas en cinco puntos estratégicos de la capital: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, los dos edificios del Centro Empresarial y la Avenida de las Américas, que da acceso a Las Conchas y a La Cañada, dos de las colonias residenciales de mayor riqueza y abolengo; La Cañada, residencia también de muchas misiones internacionales. Entre los cabecillas, con rostros cubiertos por pasamontañas o amplios pañuelos y sombreros tejanos, fueron fotografiados en momentos de eufórico descuido: tres diputados del FRG, entre ellos su fiscal electoral Jorge Arévalo, también miembro de la directiva del partido y del Congreso; otro candidato a diputado; la secretaria de Zuri Ríos Sosa, hija de Efraín Ríos Montt y vicepresidenta del Congreso; y una hija del general en retiro Argueta y de una hermana de María Teresa Sosa de Ríos Montt.

Con disciplina y mando semejantes a los de oficiales militares, algunos de ellos con pistolas que en varias ocasiones dispararon, llegaron en pickups con placas cubiertas llenos de palos de piñata, machetes y redes con piedras. Todas estas armas, rudimentarias pero letales frente a personas indefensas, fueron repartidas entre los campesinos. Otros pickups venían cargados con llantas para quemar en las calles. Los cabecillas designaban los puntos estratégicos como conductores habituales de grupos de choque.

Comenzaron a funcionar persiguiendo a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos, que intentaban documentar para los medios aquella acción. La televisión los mostró rociando con gasolina a un periodista de “El Periódico”, intentando acorralarlo para prenderle fuego y quemarlo vivo, tal como se ha hecho en muchos linchamientos en el interior del país, acciones cuyos instigadores y perpetradores han sido señalados muchas veces como ex-comisionados militares y antiguos jefes de las patrullas de autodefensa civil (PAC). Afortunadamente, el periodista logró correr más velozmente que sus atacantes y escapó del atentado.

LA MUERTE DE UN PERIODISTA

En estas circunstancias se produjo el hecho más dramático de estas jornadas. Intentando acorralar a otros periodistas, los grupos armados persiguieron a Héctor Ramírez, apodado el “Reportero X”, del “Notisiete”, transmitido por el Canal 7 de TV. Ramírez, de 61 años, logró cruzar la verja de una residencia donde, exhausto, pidió un vaso de agua. Antes de que se lo trajeran, se derrumbó víctima de un ataque al corazón y una hemorragia cerebral. Cuando lo fueron a socorrer ya había fallecido.

La autopsia indicó “muerte natural”, naturalmente propiciada por el estrés provocado por la persecución. Se habló de “homicidio preterintencional”, pero la ex-presidenta de la Corte de Constitucionalidad anterior a la actual, Conchita Mazariegos, declaró que su cráneo mostraba contusiones muy serias que transformaban su muerte en
“homicidio intencional”.

Tanto en el intento de asesinato fallido como en la persecución al reportero muerto, bastantes policías presentes se limitaron a observar a cierta distancia sin intervenir. No tenían orden de hacerlo. La impunidad de los grupos de choque estaba garantizada y fue evidente.

COMUNICADORES CIERRAN FILAS

La política informativa de “Notisiete” ha respondido durante el gobierno de Portillo a los intereses del FRG. Su propietario, Angel González, quien vive en Miami y posee canales de TV también en Perú y otros lugares de América Latina, es suegro de Luis Rabbé, hermano de un coronel, candidato derrotado a la alcaldía de la capital en 1999, ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda en 2000, destituido un año después por su incompetencia y acusaciones de corrupción, señalado por esto por la Embajada de Estados Unidos con el retiro de la visa para viajar a ese país, y ahora candidato por el FRG a la alcaldía de la capital.

La muerte del periodista Ramírez lo cambió todo. El temor, la indignación y la solidaridad gremial hicieron asumir a las televisoras un duelo colectivo que dejaba de lado los intereses de los propietarios y las identificaba con la prensa escrita. También en las emisoras de radio se produjo el mismo fenómeno. Lo más impresionante, sin embargo, fue ver y escuchar a los principales conductores de “Notisiete” expresar su indignación contra el FRG, recordar el pasado genocida de Ríos Montt -cosa que pocos candidatos opositores hacen- y convocar a una resistencia cívica para no retroceder hacia el abismo de la represión y el terror. Todo ello con palabras de un nivel de denuncia raras veces escuchado en Guatemala.

Los “blancos” de lo que los medios llamaron enseguida “turbas violentas” y “hordas” sin control, fueron los tres altos tribunales que tienen que ver con la inscripción de candidatos a las elecciones; los trabajadores de los medios de comunicación que los filmaban, fotografiaban e intentaban entrevistarlos, y la clase empresarial del país y algunos de sus símbolos políticos y oligárquicos, en especial la residencia del ex-Presidente Alvaro Arzú. Dos de estos “blancos” quedaban también simbolizados en los dos altos edificios del Centro Empresarial, donde tiene sus oficinas Multiinversiones S.A., propietaria del Pollo Campero, cuyos accionistas muy mayoritarios, o tal vez únicos, son la familia Gutiérrez; y también “Libre Encuentro”, espacio televisivo semanal de diálogo político dirigido por el empresario y periodista Dionisio Gutiérrez, miembro de esta familia.

LA PESADILLA HISTÓRICA

La etnia maya de muchos de los campesinos traídos del interior, suscitaba entre la clase pudiente tradicional una de sus pesadillas racistas: ver bajar desde los cerros sobre la capital a “la indiada”, desquitándose con furia de los horrores de la Conquista y de las masacres más recientes.

Que campesinos ladinos acompañaran a los campesinos indígenas doblaba los temores: no sólo temblaban por un enfrentamiento interétnico, también por la temida lucha de clases. Lo más dramático del momento era que ni la policía ni el ejército parecían estar dispuestos a defenderlos de esa furia. A las tres de la tarde el Presidente Portillo, en cadena nacional, afirmó que había ordenado a la policía y al ejército salir a las calles a mantener el orden. O mintió, como ha mentido durante todo su mandato, o no le obedecieron. ¿Qué alternativa es la peor?

LLEGAN EL PROCURADOR Y EL ARZOBISPO

Durante los actos vandálicos alrededor de 900 personas, incluidas mujeres y niños, fueron cercadas en el Centro Empresarial y mantenidas en encierro forzoso durante más de diez horas, sufriendo las emanaciones del humo de las llantas ardiendo, hasta que, hartos de pedir el apoyo de la policía, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales,
y el Arzobispo de Guatemala, Rodolfo Quezada Toruño, se dirigieron hacia allá en carro.

Por el camino, el Procurador, quien mantuvo una valiente presencia durante todo el día, se comunicó con el Ministro de Gobernación, no para pedirle nada. Sencillamente, le informó que iban en camino. Cuando llegaron, ya los cabecillas habían retirado a las turbas. El gobierno no podía cargar con el peso de un Procurador o un Arzobispo insultados, golpeados, heridos o hasta asesinados.

17 DE JULIO: EL GENERAL SÍ TIENE QUIEN LO INSCRIBA

¿Por qué este exceso de violencia? Una semana antes, el 17 de julio, la Corte de Constitucionalidad, por una votación de cuatro a tres había admitido el amparo interpuesto por el General Efraín Ríos Montt contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (12 a 1) que le negaba el derecho a inscribirse como candidato presidencial, por violentar el artículo 186 de la Constitución, que prohibe ejercer la Presidencia de la República a quienes hayan encabezado un golpe de Estado o hayan ejercido la jefatura del Estado en un régimen de facto, así como a sus parientes.

En 1982, Ríos Montt aceptó el llamado de los golpistas a formar parte de un triunvirato militar, al cual él mismo le dio posteriormente otro golpe, quedando como jefe de Estado hasta agosto de 1983. Ya existía una previa y abundante jurisprudencia en contra de la candidatura de Ríos Montt, por sus dos intentos anteriores, en 1990 y 1995. Sin embargo, los cuatro magistrados que admitieron el amparo la ignoraron, basándose en que la ley no se aplica retroactivamente a nadie -la actual Constitución de Guatemala fue promulgada en 1985-.

La decisión afirmativa de la Corte -último peldaño en el proceso de inscripción de una candidatura, después de que las del Registrador Civil, del Tribunal Supremo Electoral (3 a 2) y de la Corte Suprema de Justicia habían sido negativas- se dijo era inapelable, a pesar de que la mayoría de los constitucionalistas afirman que lo que se legisló en el artículo 186 no es una sanción penal contra un delito sino una condición para poder aspirar a la Presidencia, tal como se establece que el candidato sea guatemalteco de origen o que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.

20 JULIO: EL GENERAL NO TIENE QUIEN LO INSCRIBA

A pesar de lo “inapelable”, el domingo 20 de julio la Corte Suprema de Justicia admitió provisionalmente un recurso de amparo, presentado por los abogados del partido Unidad Nacional de la Esperanza, cuyo candidato es Alvaro Colom Caballeros. Con ello, la inscripción de Ríos Montt -actual Presidente del Congreso- quedaba impedida hasta que la Corte Suprema resolviera definitivamente. El texto del amparo fue redactado contra dos fallos de procedimiento.

El primer fallo atañe a la composición de la Corte, que tiene que ser constituida por los cinco magistrados titulares y dos suplentes, éstos dos elegidos por sorteo que el Presidente de la Corte debe hacer en presencia de la secretaria. La persona que con gran competencia y honestidad había ejercido la secretaría durante muchos años, renunció el mismo día en que debía hacerse el sorteo y le sucedió inmediatamente una persona conocida por sus inclinaciones favorables al FRG. El sorteo favoreció a dos suplentes de clara afinidad con el General. Esto cernía una sospecha sobre la transparencia en la elección, tanto más cuanto que el mismo Ríos Montt había declarado a los medios con bastante anticipación que la Corte de Constitucionalidad estaba 4 a 3 a su favor.

El segundo fallo de procedimiento atañe al hecho de que la Corte no consideró las inhibiciones para juzgar que presentaron varios de los magistrados que debían de constituir el quórum.

CRÓNICA DE UNA VIOLENCIA ANUNCIADA

Tras la admisión del amparo, la celebración en las filas del FRG -“¡Ahora sí, el General va!”- se transformó en indignación. El General se pronunció con inusitada claridad:

“No está en ley; y cuando no estamos en ley, puede venir la violencia. Puede ocurrir que la dirección y los cuadros del partido no estén en condiciones de controlar a sus simpatizantes”.

La amenaza era evidente. 72 horas después se desarrolló la crónica de la violencia anunciada. Enseguida, el FRG presentó de amparo en la Corte de Constitucionalidad un “ocurso”: recurso o queja contra el recurso. El “ocurso” fue rechazado por tres a dos. Entre los tres votos que lo rechazaban estaban dos titulares (Rodolfo Rohrmoser -electo por la Corte Suprema de Justicia- y Francisco Flores -electo por el Colegio de Abogados-), que ya habían votado antes contra la candidatura de Ríos Montt; y la suplente Gloria Melgar. Los votos que lo aceptaban eran los de los titulares Ruiz Wong, presidente
de la Corte, y Cipriano Soto.

Casi inmediatamente después, todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se inhibieron de juzgar definitivamente el recurso de amparo contra la candidatura de Ríos Montt por haber participado ya en una sentencia anterior contra la misma candidatura. La Corte Suprema quedó entonces formada por los trece presidentes de las salas de la Corte de Apelaciones, organismo inmediatamente inferior a la Corte Suprema. Así formada, la Corte admitió el recurso de amparo, impidiendo así por el momento la inscripción del General. Varios recursos y “ocursos” aún pendientes ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Corte de Constitucionalidad, y antes de que pudieran empezar a ser considerados, el jueves 24 los seguidores del General desplegaron la violencia en las calles de la Capital.

El 30 de julio, la Corte de Constitucionalidad resolvió (4 a 3), con argucias antirreglamentarias, ordenar a la Corte Suprema de Justicia anular el amparo provisional contra la inscripción del general y no aceptar más amparos, lo que es inconstitucional. Al mismo tiempo, ordenó al Tribunal Supremo Electoral proceder a inscribir al General en un plazo de doce horas. La contienda legal continuó porque Ríos Montt era procesado por su responsabilidad en los hechos del 24 y 25 de julio.

EL ROSTRO DE UN DEMENTE

En la noche del jueves 24 de julio, la dirigencia del FRG, con el general presidiéndola, convocó una conferencia de prensa. Ríos Montt ratificó lo que varios voceros de su partido habían ya asegurado repetidamente. El FRG “ni planeó ni convocó ni dirigió ni se responsabiliza” de la ruptura del orden ni de la ocupación de las calles ni mucho menos de haber provocado “la muerte natural por paro cardíaco del periodista Héctor Ramírez”.

Eso sí, quienes ocuparon las calles eran “simpatizantes de nosotros”, que mostraban su indignación. Ríos Montt no habló esa noche con el aplomo y el cinismo con que lo suele hacer. No parecía ni poder oír bien ni tampoco saber exactamente qué contestar sin contradecirse. Respondió así a la primera pregunta: “Ya hemos dicho que no planeamos esa manifestación, pero cuando vimos lo que estaba pasando les dijimos que fueran a la Corte Suprema”. Del estilo de ésta fueron todas sus respuestas. Si algo asustó a los televidentes fueron su mirada ausente y sus ojos salidos de las órbitas: el rostro de un demente.

Al final, Arístides Crespo, jefe de la bancada del FRG en el Congreso, quiso desviar la atención y recordó que los “secuestrados” en el Centro Empresarial no habían sido los únicos “secuestrados” del año. También -dijo- “ustedes -refiriéndose a los periodistas- y nosotros -refiriéndose a los diputados- estuvimos un día entero ‘secuestrados’ por los huelguistas del magisterio sin que entonces se hiciera la misma bulla y la misma protesta que ahora”. Claro que en enero, febrero y marzo nadie vio a los maestros usar la violencia ni amenazar ni portar armas.

“QUE SE LES VEA CAMPESINOS”

Hemos oído a quienes vieron en Santa María Chiquimula pedir a los campesinos maya quichés que se dispusieron a abordar las tres camionetas en que viajaron a la capital, que llevaran sus machetes para que en la protesta a favor del General se viera bien que eran campesinos. Cuando descubrieron que los machetes eran para amenazar en protestas violentas, algunos se regresaron por su cuenta a sus aldeas. También hemos oído que a campesinos maya quichés de Joyabaj, antiguos patrulleros civiles involuntarios, se les prometió que si iban a la capital se les pagaría un segundo abono de su paga por su trabajo durante la guerra. A otros se les presionó amenazándolos con retirarles el fertilizante que se les entrega para sus milpas, fertilizante que puede dárseles a muy bajo precio porque es donación del gobierno de Japón.

De Joyabaj fueron a la capital siete camionetas. A muchos otros se les animó a ir con el aliciente de ver por primera vez la capital, de tener cinco tiempos de comida gratis y de recibir 50 quetzales. En Santa María Chiquimula el lema en la casa del partido FRG es “¡Nada nos detendrá!”. Y a quienes en asambleas convocadas por el FRG recuerdan el pasado genocida del General para evitar que el pueblo se deje engañar, les llegan después amenazas por lo que han hablado.

EL PLAN MAESTRO: FABRICAR EL MIEDO

¿Cuál fue el plan maestro tras esta violencia, cuál es el plan tras esta candidatura? Hay varias respuestas. La más obvia, no por ello la menos probable, es la relativa al miedo.
El fruto del miedo sembrado serían votos por el FRG en las zonas rurales.

En las zonas urbanas, el fruto sería el abstencionismo ante el temor de acontecimientos violentos el día de las elecciones. El abstencionismo urbano favorece al FRG, ya que es en la capital donde el FRG tiene menos probabilidades de conseguir los votos que necesita para ganar.

En la fabricación del miedo convergerían intereses muy diversos. En primer lugar, los del General Ríos Montt, que quiere terminar su vida siendo electo Presidente de Guatemala y gobernando el país. Le persigue el fantasma del fraude que le hicieron a la DCG y al FUR en 1974, cuando él era candidato de una alianza democrática de centro izquierda, ocasión en que aceptando la embajada en España tuvo que salir de la escena sin honor y con el rabo entre las piernas. Le persigue también el disgusto por el golpe que le dieron siendo Jefe de Estado de un gobierno militar en 1983.

Le persiguen los rechazos jurídicos de su candidatura en 1990 y 1995. Y sobre todo, le persigue el afán de alejarse cada vez más de la perspectiva de acabar sus días como Pinochet, siendo juzgado, o hasta extraditado, por haber cometido crímenes contra la humanidad.

Detrás de Ríos Montt está su familia: una esposa, hija de militar de alto rango, amiga de vivir en comodidades en Antigua pasando temporadas en Livingston; una hija, política, que sueña con la sucesión dinástica y cuyo esposo se enriquece con un negocio de zapatos tenis de dudosa “marca”; y un hijo que siendo coronel hace tres años y medio es ya General de división y Jefe del Estado Mayor del Ejército, la carrera más fulgurante de cualquier militar guatemalteco en tiempos recientes, faltándole únicamente llegar a ser titular del Ministerio de la Defensa.

LOS MIEDOS DE LOS MÁS CERCANOS

Detrás del General estarían también los intereses de sus partidarios más de corazón en el FRG, los que tal vez creyeron en su honradez y su nacionalismo y han visto a otros correligionarios enredarse en la corrupción y el tráfico de influencias y temen que, de perder estas elecciones, se les acabe su inmunidad y terminen siendo juzgados por complicidad, omisión u “ojos vendados” en tanto desmán cometido durante este gobierno.

Detrás del General estarían, tal vez también, algunas de aquellas personas que el Presidente Portillo atrajo a su equipo de gobierno para darle un barniz izquierdista, o al menos populista y multiétnico, gente que al final han quedado más como arribistas que como leales a su trayectoria pública. También éstas temerían, si el FRG perdiera las elecciones, quedar en una especie de tierra de nadie, como personas con las que sería peligroso compartir otros proyectos políticos. Y por supuesto, estarían los comisionados militares y los ex-jefes de las patrullas de autodefensa civil, que se aferran a su impunidad y a su poder local. Y con ellos, quién sabe cuántos de entre los antiguos patrulleros o sus familiares, que esperan les sigan pagando por sus servicios pasados.

LOS INTERESES MÁS PELIGROSOSQUE ESTÁN TRAS EL GENERAL

Lo más peligroso es que detrás del General, sosteniéndolo para usarlo como fantoche algo senil ya, estarían también aquellos poderes ocultos que se originaron en el conflicto armado: militares en retiro que, junto con algunos civiles del ya caducado MLN y con algunos empresarios virulentamente conservadores, así como con contrabandistas y especuladores, organizaron los escuadrones de la muerte.

Estos personajes aprovecharon sus puestos oficiales en instituciones estatales -sobre todo, la dirección nacional de aduanas y la dirección nacional de ingresos en el ministerio de finanzas, “tierras prometidas” de algunos coroneles- usando para su provecho y protección toda la información conseguida ilegalmente en la “inteligencia” del ejército, para vincularse con toda clase de corrupción y contrabando, hasta terminar inmersos en la más amplia gama de tráficos prohibidos.

Tráfico, hecho hace años, con la ayuda recibida de otros países y de otros ejércitos para financiar la guerra y para aliviar las necesidades de la población. Tráfico de armas, y después -porque los caminos de todos los tráficos se entrecruzan-, narcotráfico, tráfico de niñas y niños y de órganos humanos, tráfico de carros robados, tráfico de sicarios asesinos, tráfico de migrantes indocumentados, y tráfico de terroristas.

General Francisco Ortega Menaldo, General Manuel Callejas y Callejas, Coronel Jacobo Salán Sánchez, Mayor Napoleón Rojas: estos militares en retiro ocuparon algunos de estos puestos estratégicos y en el gobierno de Portillo han sido mencionados como asesores, como el “poder detrás del trono” y sobre todo, como el poder que decide los nombramientos y los ascensos en el Ejército. Ellos, y algunos de sus abogados más notables, como Fernando Linares Beltranena, han sido señalados también por la embajada de los Estados Unidos retirándoles su visa para viajar a ese país.

LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE ESTÁN VIVOS

Los escuadrones de la muerte de hace unos años fueron siempre también escuadrones de secuestro y extorsión contra empresarios, para facilitarle a los militares ingresar en los grandes negocios y empresas como accionistas indeseados. Aquellos escuadrones de la muerte tuvieron su nido especial en lo que primero se llamó “la Regional”, luego “el Archivo” y finalmente la sección de “inteligencia” del Estado Mayor Presidencial. Todos los Presidentes de la transición han sido coaccionados o cooptados por el servicio de seguridad que los militares brindan a sus familias. Aquellos escuadrones, que se renuevan continuamente y funcionan como fuerzas especiales para los negocios sucios del comercio prohibido, y que conservan sus vínculos con militares y policías en activo, pueden transformarse de nuevo y volver a actuar como los antiguos escuadrones de la muerte, como ya vimos en el asesinato de Monseñor Gerardi y en otros crímenes, no por menos famosos menos crueles.

A ellos se les unirían fácilmente quienes han aprendido la maña de la corrupción a lo grande antes del gobierno del FRG y durante el actual gobierno: los Alvarado MacDonald, los Rabbé, los Barrientos -ya con experiencia en la “inteligencia” militar-, los Wohlers, los Arévalo, los Llort Quiteño, los Medina Farfán, etc., etc. y quienes se les han unido desde el mismo crimen organizado en forma más o menos pública, como los Sandoval Morales, los Herrera Castillo, etc.

Para toda esta trama de poderes ocultos -un verdadero Estado del crimen dentro del Estado- quedarse sin este acceso privilegiado al poder formal y legal del Estado, sería un costo excesivo que no estarían dispuestos a pagar si lo pueden impedir. Sus capitales delincuenciales, bóvedas sin fondo con sus vínculos más amplios con el capital delincuencial global a través de túneles subterráneos difíciles de inundar y clausurar, tienen ya una enorme criptoinfluencia.

EL PLAN MAESTRO: QUEMAR AL GENERAL

La otra respuesta para entender lo sucedido y lo que podría suceder, menos obvia por más maquiavélica, apuntaría a que con esta acción violenta, intolerable ya en los tiempos del acuerdo panamericano sobre la democracia, lo que se pretende es quemar al General Ríos Montt, mostrarlo con su peor rostro, cuando todas las cámaras de los medios estaban enfocadas sobre él, siendo imposible no darse cuenta del deterioro de sus 77 años e incluso de su demencia senil.

¿Para qué? Para lanzar, aún con tiempo para hacer campaña, a un candidato más serio que pudiera hacer una campaña electoral más inteligente y menos ligada a fantasmas del pasado, y barrer de su equipo a los más enlodados por la corrupción. Esta alternativa supondría naturalmente que quienes apuestan por el FRG toman en serio las encuestas electorales y creen imposible que el General remonte en su campaña el abismo que le separa del triunfo, incluso en una segunda vuelta. Entre estos candidatos “alternos” se habla de quiénes ya se ha hablado para la candidatura del FRG en el caso de que la candidatura de Ríos Montt quede fuera del juego electoral.

Entre estos candidatos potables, se ha hablado del jefe de bancada en el Congreso Arístides Crespo; de Edgar Gutiérrez, creador de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) y actual canciller; de Pedro Pablo Palma Lau, ex-comandante Pancho, uno de los ex-guerrilleros que acompañan al General. Palma Lau ha estado junto a Ríos Montt en su campaña, incluso en momentos de tanta provocación como cuando el General intentó hacer campaña en Rabinal el mismo domingo en el que los familiares de sobrevivientes de una de las masacres más brutales de la guerra enterraban finalmente a las víctimas después de su exhumación. Ríos Montt fue firmemente rechazado, apedreado y ligeramente herido.

Más inteligente aún sería lanzar alguna de esas candidaturas acompañándola para la vicepresidencia con el actual diputado Haroldo Quej, de etnia kekchí o con la Ministra de Cultura Otilia Lux de Cotí, de etnia quiché, o con el viceministro de educación Demetrio Cojtí, de etnia kakchiquel.

¿Y EL SILENCIO DEL VICEPRESIDENTE?

Resultó llamativo que en toda está crisis el Vicepresidente de la República, Francico Reyes López, haya brillado por su ausencia y su silencio. Ni siquiera apareció con la plana mayor del FRG la noche del jueves 24 en la conferencia de prensa. En el plan maestro, ¿se pretendería incluso llegar a quemar al Presidente Portillo, obligarle a renunciar y hacer que la campaña electoral sea llevada desde el Estado por el actual
Vicepresidente?

Este escenario sería verosímil si lo que se quisiera desde el Ejército fuera asegurar mejor los intereses de la institución y acabar con la dinastía de los Ríos, incluido el hijo de Ríos Montt, y a través de un criptogolpe, negociar con el FRG la sustitución de Ríos Montt como candidato, y negociar con Portillo el retiro de su hijo, el General Ríos Sosa, del servicio activo. No hay que olvidar que militares de alta graduación en retiro están hoy presentes en casi todos los partidos como candidatos a diputados o asesores de los candidatos a Presidente. Esta trama es menos probable que la otra. De lo contrario, no se habría empleado tanta estrategia para irse apoderando de las instituciones cruciales del Estado que ayudarían a encumbrar a Ríos Montt: la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Cuentas de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria, y la Fiscalía General de la Nación. Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, no fue posible hacer póker de ases en todas, y se les escapó de las manos la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). No tocaba además en este período presidencial la renovación de la Corte Suprema de Justicia.

EL PLAN MAESTRO: PURO DIVERSIONISMO

El economista y periodista Pablo Rodas Martini llamó la atención sobre el carácter exclusivamente diversionista de los hechos violentos del 24 de julio. Se habría tratado de confundir a la ciudadanía con esta maniobra brutal y, al mismo tiempo, presionar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para resolver a favor de Ríos Montt.

Lo que sí consiguió la ocupación violenta de las calles y su halo de amenaza impredecible para el proceso electoral fue que varias organizaciones de la sociedad civil, algunos movimientos obreros y campesinos, los colegios profesionales, el Foro de Partidos Políticos, los medios de comunicación y una parte importante de la empresa privada, se confederaran en un Consejo Cívico por la Democracia. El Foro de Partidos suspendió la membresía al FRG mientras no deslinde responsabilidades por la violencia de sus seguidores. Varios comunicadores y el hijo del “Reportero X” plantearon antejuicios
a líderes del FRG.

EL TEMOR A UN FRAUDE Y LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Desde la opinión pública se intenta sostener a los magistrados de los diversos tribunales envueltos en el desafío legal de la candidatura de Ríos Montt. Y se mantiene el objetivo de conseguir una auditoría nacional e internacional del proceso electoral desde ahora, sin esperar a las vísperas electorales. De hecho, el ex-Presidente de Perú, Valentín Paniagua, nombrado jefe de la misión observadora de la OEA para las elecciones guatemaltecas, llegó al país inmediatamente después de los dramáticos sucesos del 24 de julio para comenzar la observación.

Los procedimientos de observación deberían incluir los resultados del censo de población efectuado por el gobierno en diciembre 2002; el trabajo del Tribunal Supremo Electoral y de sus dependencias departamentales y municipales, así como de las juntas electorales que este año van a llegar a los parajes rurales alejados y a los barrios urbanos marginales; la depuración del padrón electoral; la vigilancia sobre la Tipografía Nacional que imprime y entrega a las municipalidades las cédulas de vecindad; el mantenimiento del clima de libertad y de seguridad democráticas, sin un mínimo del cual queda viciado ya de antemano todo el proceso; la organización y el acceso de los fiscales de los partidos a las juntas electorales; los programas computarizados que procesarán los resultados; la existencia de plantas autónomas por posibles fallas de electricidad en la sede del TSE; los procedimientos de conteo; el levantamiento de actas; el almacenamiento de los votos y su traslado al TSE, etc.

El Consejo Cívico por la Democracia no puede menos de traer a la memoria la Instancia Nacional de Consenso, organizada en 1993 para oponerse al “Serranazo”, intentona del ex-Presidente Jorge Serrano de dar un golpe al estilo del “Fujimorazo” de fines de 1992.

Por coincidencia con aquel momento, también en esta ocasión ha tenido un lugar destacado la Premio Nobel Rigoberta Menchú, cuya presencia en Guatemala no es tan frecuente por sus obligaciones como embajadora de la ONU para los asuntos indígenas y por las amenazas de que ha sido objeto. No hay que olvidar que la Instancia no tuvo una duración muy prolongada una vez superado el Serranazo, y que fue la empresa privada la primera que se retiró de ella.

LA TRAICIÓN A LOS ACUERDOS DE PAZ

El análisis de Pablo Rodas y el de otros, considerando que los medios de comunicación sólo le hicieron el juego al FRG al darle a su ocupación violenta de las calles la atención que pretendían, facilitándole así al Presidente Portillo negociar con los altos tribunales la inscripción de Ríos Montt, nos lleva a destacar otros datos no menos importantes a tener en cuenta.

Un primer dato. El gobierno del FRG, con su secuela de populismo portillista, de tremenda corrupción y de incompetencia -madre de todas las corrupciones-, fue posible en las urnas por el descuido rayano en incumplimiento de los Acuerdos de Paz en que incurrió el gobierno del ex-Presidente Alvaro Arzú. El gobierno de Arzú tuvo el indiscutible mérito de haber terminado la guerra acelerando la negociación con la URNG y firmando la paz. Pero el proceso de paz se estancó. Un gran símbolo fue el asesinato de Monseñor Gerardi, cuya resolución judicial fue muy poco propiciada por Arzú y la mayoría de su equipo. Otro símbolo clamoroso fue que Arzú no recibiera de manos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico las conclusiones de su investigación y no pusiera interés en el acatamiento y cumplimiento de sus recomendaciones. Y sobre todo, lo fue la tremenda confusión creada alrededor de la reforma constitucional por la bancada del PAN -y por otras- en el Congreso, extendiendo a 50 las 12 reformas absolutamente necesarias para el cumplimiento de los Acuerdos, así como el débil involucramiento del Presidente, de su gobierno y de su partido en la difusión masiva y en la defensa de las reformas.

Los estudios del PNUD para Guatemala certifican que el gobierno de Arzú no dio comienzo a la reducción de la pobreza en el país. Y la desaceleración del crecimiento económico comenzó en 1999. Cuando el Presidente Portillo declaró en enero del 2000 el cumplimiento de los Acuerdos de Paz como política de Estado y luego dejó de cumplirlos, sobre todo después de que el promisorio Pacto Fiscal fue tergiversado, nadie sintió ya la diferencia. El fraude contra el proyecto de nación contenido en los Acuerdos de Paz se había consumado. Esto quiere decir que si los candidatos de hoy no se comprometen a un proceso escalonado y factible de cumplimiento de los acuerdos de paz, y no lo realizan ya en el gobierno, prepararán el advenimiento de un populismo aún más peligroso y corrupto que el actual.

LA ALARMANTE PERMANENCIADE LOS MILITARES

Un segundo dato. Todo el espacio que el gobierno de Portillo ha dado a los militares en retiro que mandan aún en el Ejército, así como al mismo Estado Mayor Presidencial, ha sido posible por la manera como el Presidente Arzú prescindió rápidamente de los altos oficiales que habían cooperado en la negociación de los Acuerdos de Paz y en su firma -como el General Julio Balconi Turcios y el General Otto Pérez Molina-, entregándose en manos de su Jefe de Estado Mayor Presidencial, el Coronel Marco Tulio Espinoza, a quien luego hizo General, Jefe del Estado Mayor del Ejército y Ministro de la Defensa, en otro de los ascensos meteóricos de la historia militar de Guatemala.

El asesinato del obispo Gerardi reveló la permanencia del uso de los métodos sucios de la “inteligencia” militar. Propiciar la resolución del caso Gerardi se oponía obviamente a la protección del jefe y de los oficiales del Estado Mayor Presidencial, e incluso al mantenimiento de esa institución, de donde salieron dos de los tres militares sentenciados en el proceso Gerardi. El estilo militar con que actuaron los grupos de choque el 24 de julio revela la permanencia del poder militar, después de que los Acuerdos de Paz intentaran limitarlo.

Otros datos revelan que el cambio en la doctrina del Ejército no ha tenido efecto en sus oficiales. Por ejemplo, en la Universidad Rafael Landívar, algunos oficiales jóvenes, estudiantes de Ciencias Políticas, convirtieron su participación en clase en una escenificación de los gritos y consignas sangrientas de los “kaibiles”, apareciendo en un ámbito académico con sus armas y sus rostros pintarrajeados. En la maestría en Sicología Social sobre la violencia en la Universidad de San Carlos, cuando se estudió el Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, los oficiales militares alumnos lo rechazaron con la misma pasión con que lo habrían hecho los generales de los años de la guerra.

Poca influencia tendrá cualquier programa político de candidatos demócratas en Guatemala si no agarra por los cuernos este toro y no logra doblegarlo. El ejército guatemalteco no ha sido depurado como lo fue el salvadoreño. Y nunca hemos escuchado de los altos jefes del ejército guatemalteco un mea culpa y una solicitud de perdón como las hechas hace años por los militares en Argentina y este año en Chile. El poder y la actual conciencia del Ejército de Guatemala son incompatibles con una Guatemala democrática. El actual presupuesto del Ejército es incompatible también con esa meta. Como es incompatible con los Acuerdos de paz la remilitarización, denunciada por la Fundación Myrna Mack, que se ha insertado subrepticiamente en el proyecto de ley, ya en el Congreso, sobre la institución que sucederá al Estado Mayor Presidencial.

GUATEMALA: LA FINCA DE UNOS POCOS

El tercer dato. El Presidente Portillo ha usado durante todo su gobierno, con cortos períodos de arrepentimiento, el método de la confrontación. Sobre todo, con la empresa privada tradicional. También con los medios, especialmente con la prensa escrita. En esto no se diferencia del Presidente Arzú, cuya intolerancia con las críticas de la prensa lo llevó a estrangular al semanario “Crónica”, que en otras manos se convirtió en un panfleto, lo que le costó caro al PAN y a su candidato Berger.

Portillo ha repetido hasta la saciedad que “este país ya no es su finca”, la finca de los oligarcas y en general de la gente pudiente tradicional, y proclama que por eso no les gusta lo que él hace. Últimamente, el General Ríos Montt ha importado esa consigna y su razonamiento: lo que él se propone hacer como Presidente del país no le gusta a los de la empresa privada porque con él “este país ya no va a ser su finca”. Puede que si Ríos Montt llega a candidato y gana, o si no llega a candidato pero el FRG designa a otro y ese tal gana las elecciones, este país ya no vaya a ser la finca de los ricos tradicionales. Lo que ciertamente sucederá es que pasará a ser “su finca”, la finca de los enriquecidos con una corrupción que deja enana a la de otros gobiernos, la finca del crimen organizado y del capital delincuencial, nacional y global. Y no habrá cambiado el destino de Guatemala: ser la finca de unos pocos.

LOS ABISMOS DE LA DESIGUALDAD

El PNUD acaba de señalar en su último informe que Guatemala, y en general Centroamérica, son en América Latina y el Caribe el país y la región de mayores desigualdades. Ningún candidato de ningún partido político que quiera ser presidente democrático de Guatemala podrá llegar a serlo, aunque sea electo, si no presenta un programa pequeño, incluso mínimo, de tres o cuatro puntos cuando más, para empezar a reducir la miseria y la pobreza, la enorme desigualdad entre el bien vivir y el mal vivir.

Si los candidatos no visitan los asentamientos urbanos marginales de la capital y no empiezan a pensar en cómo comenzar a transformar el uso del suelo urbano, sólo arrojarán leña al fuego que hace hervir la caldera de la desilusión y la violencia de policías y de maras. Si los candidatos no aprenden de las historias de crecimiento y distribución de la riqueza en los países recientemente industrializados, en los “tigres asiáticos”, y no investigan sin prejuicios el papel del Estado en el uso del suelo rural, en el tema de la reforma agraria, nunca llegarán al fondo del problema de esa finca de pocos que es y que amenaza seguir siendo Guatemala.

Si los candidatos no afrontan con previsión el problema de la vulnerabilidad geológica, climática y sobre todo social, que afecta a Guatemala, si no afrontan el tema de los presupuestos de educación y de los métodos educativos y de la administración de la educación, para que la gente pueda pensar en apreciar la salud y la salubridad, en que los carros no contaminen, en que se disponga de la basura en forma eficiente y productiva, en que se custodien y protejan las reservas forestales (¡ocupación interesante para el ejército!) y se reforeste en serio y se desazolven los cauces de los ríos, y se castiguen duramente los fraudes y desfalcos en la construcción de puentes y carreteras, etc., etc., Guatemala seguirá siendo no sólo la finca sino la finca descuidada de muy poca gente.

EL IMPROBABLE MILAGRO DE UNA GRAN ALIANZA

22 partidos competirán en las elecciones del 8 de noviembre. Según la encuesta de junio de Vox Latina, más del 50% de los encuestados saben quiénes son sólo cuatro o cinco de los candidatos presidenciales. Conocen a Oscar Berger, perdedor de las anteriores elecciones y candidato de la Gran Alianza Nacional (GANA); Alvaro Colom Caballeros, que corrió con la Alianza para una Nueva Nación (ANN), de izquierda, en las anteriores elecciones y es ahora candidato de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE); Fritz García Gallont, Ministro de Comunicaciones en el gobierno de Arzú, alcalde de la capital electo por el PAN, y candidato hoy por los Unionistas de Arzú; Ricardo Bueso, comprador testaferro de TELGUA hace cuatro años, evangélico fundamentalista, que corre por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG); y Efraín Ríos Montt. Sólo cuatro de esos cinco tienen una intención de voto mayor que el 5%: Berger (36.9%); Colom (13.1%); Ríos Montt (7.9%) y García Gallont (6.4%). Bueso sólo llega al 2.1%. La URNG, con Rodrigo Asturias, hijo del gran Miguel Angel y antiguo comandante Gaspar Ilom, que lleva como vicepresidente a un diputado ixil, Pablo Ceto, llega al 1.6%. Y Rigoberto Quemé Chay, alcalde de Quetzaltenango, el único candidato presidencial maya (quiché), llega al 1.1%.

Cuatro de los cinco candidatos conocidos en la encuesta afirman que si el quinto, Ríos Montt, ganara las elecciones sería un desastre para Guatemala. Y algunos lo dicen con claridad: sería poner el país en manos del crimen organizado y naturalizar la corrupción. De ahí la trascendencia de estas elecciones. Sería un milagro político si todos dejaran a un lado sus afanes de protagonismo y su convicción de ser imprescindibles como candidatos y anudaran entre ellos una alianza sólida para sepultar con votos y en las urnas al General y al FRG.

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