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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 257 | Agosto 2003
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Panamá

Porque somos algo más que un Canal

En los primeros seis meses del año, la crisis del Seguro, graves e impunes casos de corrupción, el aumento del costo de la vida y una insulsa lucha política, demuestran que en Panamá, que es algo más que un canal, se mantienen abiertos y candentes varios focos de crisis.

Colectivo de Fe y Alegría

Panamá siempre ha sido “vendida” como un paraíso fiscal, como el lugar donde se consiguen muchos aparatos a buen precio y, por supuesto, como el país del Canal. Hasta hace tres años, como el lugar donde el ejército norteamericano tenía su cabeza de puente para lanzar invasiones encubiertas o descubiertas. Algún gobierno panameño lanzó la campaña “Panamá: algo más que un canal”, para indicar que en este país tenemos muchas cosas más que ver, sentir, admirar.

Tenía razón ese gobierno: en Panamá hay muchas más cosas, lugares y situaciones que admirar y sentir. En el año 2003 todo eso ha estado oscurecido por el tema que ha acaparado la atención de todos los panameños: la seguridad social y, en concreto, la institución oficial responsable de ella.

Desde hace varios años, se viene hablando de la crisis gravísima en la que se encuentra la Caja del Seguro Social -equivalente del Instituto Guatemalteco o salvadoreño o nicaragüense de Seguridad Social-, pero en 2003 estalló la lucha en torno a lo que algunos ven como botín jugoso y otros como la única tabla de salvación después de muchos años de trabajo. Este grave problema, unido a la corrupción generalizada, a la severa crisis económica, al aumento del costo de la vida, a la lucha política insulsa y vacía, y a todos los problemas que venimos arrastrando desde hace tantos años, han dibujado un panorama nada esperanzador en los primeros seis meses del año.

EL SEGURO SOCIAL EN INSEGURIDAD

Aunque “seguridad social” no es lo mismo que la institución que brinda cierta seguridad a una parte de la población, esta institución, aun con limitaciones, resulta de vital importancia para el desarrollo de cualquier país. En Panamá, la Caja del Seguro Social (CSS) atiende o protege actualmente al 70% de la población panameña entre asegurados, jubilados, pensionados y otros, lo que es un gran porcentaje, si lo comparamos con lo que sucede en otros países de Centroamérica. Panamá tiene una población de 2.8 millones de personas, unas 37 por km2. El salario mínimo mensual para las áreas urbanas es de 258 dólares (junio 2003). El dólar es moneda corriente en Panamá desde 1904. De los cotizantes del Seguro, el 62% tiene salarios por debajo de los 400 dólares y el 42% de los pensionados recibe el mínimo: 175.

El 70% de los ingresos de la institución proviene de las cuotas de los asegurados y su superávit en junio 2003 era de 24.8 millones de dólares. La edad de jubilación en Panamá es de 57 años para mujeres y 62 para hombres. Para poder jubilarse hay que pagar seguro durante 15 años como mínimo y la jubilación se calcula en base a los últimos cinco salarios mejores. El costo de la canasta básica de alimentos es de 155 dólares y el de la canasta de servicios básicos, 500.

¿Por qué se habla de “crisis fatal” en el seguro social? Se afirma que a esta institución sólo le quedan cinco años de vida real, que muchos no podrán jubilarse, que la única solución de la CSS es privatizarla... La realidad es que desde hace años esta institución ha sido usada como botín de los políticos y ha aguantado los vaivenes politiqueros de los diferentes gobiernos. En este contexto, resultó sorprendente que al inicio del actual gobierno se nombrara como director de la CSS a un economista con tan conocida trayectoria de honestidad y de cercanía con los trabajadores: el profesor
Juan Jované de Puy.

EVASIÓN, MOROSIDAD, FALTA DE VOLUNTAD

Jované empezó su labor tratando de despolitizar la institución y buscando caminos de solución a la crisis que se veía venir desde hacía rato. Su labor -está a la vista- ha sido bastante buena, pero los problemas persisten. A Jované se le ha atacado de muchas maneras, desde dentro y desde fuera del gobierno, pero en los casi cuatro años de su gestión no se le ha podido comprobar ni una sola de las acusaciones. En la última encuesta de opinión pública a nivel nacional (julio 2003), el 65% de los encuestados expresó estar satisfecho con el trabajo del profesor Jované. ¿Por qué, entonces, grupos poderosos piden su destitución?

Jované ha dicho -y es cierto- que uno de los problemas más serios de la institución es la evasión: son muchas las empresas que evaden el pago del seguro social. Por esta causa se han perdido, en cinco años, 355 millones de dólares. Sólo un caso: al investigar 143 hoteles y restaurantes, sólo 43 cumplían con el pago de las cuotas del seguro social. A la evasión se suma la morosidad en los pagos, tanto de las empresas como del gobierno. Por esta causa se han dejado de percibir 109 millones de dólares.

De los trece ministros del actual gobierno, doce están en la lista de los morosos que no pagan el seguro a tiempo en sus empresas. Razón tienen de querer quitar al profesor Jované de su puesto: es una piedra muy molesta en sus zapatones.
A la evasión y morosidad hay que añadir el subsidio financiero que da la CSS al Banco Nacional, que equivale a 19 millones de dólares por año, La CSS recibe 1.5% por los depósitos en el Banco Nacional, mientras que la tasa del resto del sistema bancario está por el 3%, y la ley dice que no se le puede pagar menos que el promedio bancario.

Es una realidad que los gravísimos problemas de la CSS se solucionarían si se atacaran todas estas irregularidades. Existen leyes que permiten este “ataque”. El problema es que no hay voluntad de aplicarlas. En 2003 se han presentado al juzgado 37 casos por evasión de pago del seguro social, pero ninguno ha sido sancionado.

CINCO AÑOS CUESTA ABAJO

Aunque el tema central de la coyuntura de estos seis meses ha sido la situación de la CSS, la gente afirma que ése no es el principal problema del país. Lo más grave, -lo dicen y lo sienten- es la situación económica.

En los últimos 22 años, Panamá ha mantenido un crecimiento promedio de 3.5%, con sus altas y bajas por supuesto. Sin embargo, en los últimos cuatro años, el crecimiento ha estado por debajo de este porcentaje. El crecimiento en el 2002 fue de 0.2% y ya se habla de un 1.5% para el 2003. Así, por primera vez en 22 años, cinco años seguidos tendrán un porcentaje por debajo del promedio de crecimiento histórico. A este bajo crecimiento contribuye el descenso en las exportaciones, que bajaron 7.3% en 2002; y en la construcción, que cayó un 24.1% en 2002.

En 2002 el desempleo abierto fue de 13.8% y aunque el empleo aumentó en un 5.8%, los cotizantes del Seguro bajaron en 1.7%, lo cual indica que o el aumento de la ocupación se dio en el sector informal o que aumentó la evasión en los pagos al Seguro. Actualmente, un 42% de la población panameña se encuentra bajo el nivel de pobreza y un escandaloso 95% de la población indígena está bajo este nivel.

Sabemos también -aunque no se mencione muy públicamente- que Panamá ocupa el deshonroso segundo lugar en peor distribución del ingreso en América Latina, después de Brasil.

Con la caída de la economía nacional, se calcula que la CSS ha perdido unos 125 millones de dólares. Por esto, aun si fuera posible solucionar el problema de la CSS, por supuesto con voluntad política, el problema -los problemas- del país, mucho más graves, no parecen tener caminos de solución a corto plazo.

DE CORRUPCIONES Y DE IMPUNIDADES

En 2003 la situación se ha visto aún mas agravada con continuos casos de corrupción. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, un legislador declaró públicamente que él y otros legisladores habían recibido pagos de 60 mil dólares por aprobar una ley. ¿Está preso ese legislador? No. Inmune por ser legislador, probablemente quedará impune, y la señal es que ya se está lanzando de nuevo como candidato. Otro caso que ha quedado impune es el de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también legislador, quien afirmó que fue nombrado por la Presidenta de la República tras presiones y arreglos entre el Ejecutivo y la Asamblea. ¿Qué podemos esperar de la “justicia” de una Corte donde actúa este magistrado?

Además de estos dos sonados casos, están otros “menores”, en dinero pero no en corrupción: las empresas con quiebras fraudulentas (Fotokina, Banco Disa, Adelag, etc.), que siguen igualmente impunes; el gigantesco contrabando de arroz por parte de un politiquero que sigue libre; los centenares de miles de dólares en desfalcos en colegios oficiales, caso que ha quedado silenciado; el original caso de los extraños “durodólares” -50 mil dólares hallados en la refrigeradora de la casa de una alta funcionaria del Ministerio de la Presidencia-, que también cayó en el “canal del olvido”; el fraude de miles de dólares durante los últimos diez años, llevado a cabo por una banda organizada dentro del estatal Banco Nacional de Panamá; la extraña puesta en venta de una residencia “oficial” y su compra por un hermano de la Presidenta para después regalársela a ella. Todos estos nuevos casos, unidos a los ya viejos, y por supuesto, impunes, muestran un muy preocupante panorama de nuestro futuro político y social.

La falta de justicia ante tanta corrupción es realmente “un monstruo grande que pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente”.

MÁS IMPUESTOS Y CUATRO CENTAVOS DE AUMENTO SALARIAL

Hace cuatro meses fueron implementadas unas reformas tributarias, muy cuestionadas por la mayoría. En ellas, se le cargan al pueblo impuestos extra y se mantienen exoneraciones fiscales a ciertos empresarios. Todo, con el argumento de exonerar del pago del Impuesto sobre la Renta a la población trabajadora que gana menos de 800 dólares, cuando la reforma lo que incorpora es la exoneración a los que ganan entre 300 y 800 -los que perciben menos de 300 ya estaban exonerados-. Además, lo exonerado seguramente va a ser menor que lo que los asalariados tendrán que pagar por los nuevos impuestos.

Después de mucho exigir, pedir, rogar, manifestarse y pelear, se logró, por fin, el aumento del salario mínimo. Con bombo y platillo, el gobierno anunció la decisión, considerando que era justo y necesario aumentarlo. ¿Cuánto fue el aumento? Cuatro centavos. ¿Cuánto aumentó la canasta básica de alimentos en el último mes? Noventa y dos centavos.

Lo único que crece en Panamá son los sectores que dependen de actividades extranjeras: los puertos y las empresas que transfieren sus ganancias a casas matrices en el extranjero, como las de telecomunicaciones y las de electricidad. Todas ellas empresas privadas o empresas que fueron públicas y ya están privatizadas.

YA SE DISPARÓ LA CONTIENDA ELECTORAL

En estos meses se disparó ya la contienda electoral, aunque las elecciones serán en mayo del 2004. Hay cuatro candidatos inscritos: el ex-Presidente Guillermo Endara, pieza clave en la invasión norteamericana a Panamá en 1989, inscrito por el Partido Solidaridad, ahora opuesto al gobierno; José Miguel Alemán, ex-Ministro de Relaciones Exteriores, por el Partido Arnulfista (oficial, en el poder desde 1999); Ricardo Martinelli, poderoso empresario, por el partido Cambio Democrático; y Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, por el Partido Revolucionario Democrático. Según las encuestas, Torrijos va adelante en las preferencias, con un 42%, seguido por Endara con 24%. Todo indicaría que el PRD que gobernó de 1994 a 1999 volverá nuevamente al poder.

Es preocupante no sólo el estilo de los partidos y sus cuestionados candidatos, sino las características del modelo político que tenemos: la no participación real de los movimientos sociales, el fortalecimiento del bipartidismo, la casi imposibilidad de postular a hombres y mujeres independientes, la influencia de lo empresarial en la política y el clientelismo que se mantiene por la situación económica en crisis.

Si bien hay un movimiento impulsado por las iglesias y aceptado, algo a regañadientes, por los partidos políticos, para que la campaña política esté libre de ataques personales y maledicencias, no se cuestiona aún a fondo el mismo modelo político y las consecuencias que tiene para la mayoría del pueblo. La iniciativa no pasa de ser un paliativo. Como decir: Vamos a votar por las mismas realidades negativas, pero sin insultarnos mucho...

LA CARA PANAMEÑADEL PLAN COLOMBIA

Por historia y por cercanía física, Panamá siempre ha estado unida al destino de Colombia. Después de décadas de guerra civil en el hermano país, la guerra se ha extendido e internacionalizado por obra y gracia del gobierno de Estados Unidos y su Plan Colombia. Esa guerra tendrá sus efectos en Panamá. Ya los está teniendo. Por tierra, han llegado a nuestro país en los últimos cuatro años miles de desplazados colombianos, que arriban en suma pobreza y sufriendo toda clase de vejámenes.

El gobierno panameño no acepta a estos desplazados en calidad de refugiados. La Convención de Ginebra de 1951 considera “refugiados” a quienes huyen por la persecución política del gobierno de su país. Éste no es el caso.
Sin embargo, aunque la Convención de Cartagena (1980) sí reconoce como refugiados a los que huyen de un conflicto civil en su país, el gobierno de Panamá no ha querido firmar esta Convención porque “ya no tiene actualidad”.

En este limbo jurídico, los desplazados colombianos padecen muchas restricciones y sufren mucho. Un ejemplo bochornoso, por decir lo menos, es el caso de los 109 desplazados en Punusa, Darién, repatriados por la policía de Panamá el viernes santo de este año, con exceso de fuerza, humillaciones e incluso torturas.

Otra consecuencia de esta guerra ha sido el desplazamiento a territorio panameño de fuerzas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -grupos paramilitares que parecen gozar de la simpatía del Presidente colombiano Alvaro Uribe-, con el consiguiente peligro para la población panameña. El caso más grave de violencia se produjo en enero, cuando miembros de las AUC llegaron a los poblados indígenas kunas de Paya y Púcuru y asesinaron a cuatro dirigentes. Todas las poblaciones cercanas a la frontera con Colombia están constantemente bajo esta nueva amenaza.

¿Qué ha hecho el gobierno panameño? Negar las denuncias -caso Punusa-; poner algunas guardias fronterizas y asistir a damnificados -caso Paya y Púcuro-, pero sin protestar por los asesinatos; hacer reuniones binacionales. Y lo peor, firmar un comunicado involucrándose en la guerra civil colombiana. El 11 de febrero, los presidentes centroamericanos y el presidente Uribe firmaron la llamada Declaración de Panamá, que califica de “terroristas” a los insurgentes colombianos; y condena el atentado del 7 de enero en Bogotá, sin condenar los ataques de los paramilitares en Panamá de ese mismo mes. Hay que recordar que el Tratado de Neutralidad del Canal establece impedimentos para firmar este tipo de declaraciones.

EL FUTURO QUE VIENE: AGUA PARA VENDER

“¡Agua, agua!”: así grita la gente en tiempo de carnaval para que les echen agua encima y poder mitigar el calor del ambiente, y ¿por qué no?, dar rienda suelta a esos deseos atávicos de regeneración por el agua surgiendo del caos. Agua es lo que sobra en Panamá. Lo saben bien los grandes empresarios que ya tienen hechos sus cálculos sobre los futuros conflictos bélicos a nivel mundial, muchos de ellos motivados por el agua.

Desde hace bastantes años, ha habido intentos constantes de construir represas en los principales ríos de Panamá.. El gobierno militar de Omar Torrijos lo logró con el río Bayano hace unos 25 años, en el oriente panameño, y los afectados -para variar, indígenas- todavía están esperando una indemnización por sus tierras, anegadas con el proyecto. Después de esta obra no se hicieron otras represas con otros ríos.

Hoy, está en marcha toda una ofensiva dirigida a desarrollar los proyectos pendientes. La razón que se esgrime es disponer de hidroeléctricas generadoras de electricidad para romper la dependencia del petróleo. Laudable propósito. Sin embargo, la razón oculta es vender agua.

La Autoridad del Canal de Panamá, una especie de super ministerio, con jugosas ganancias, legislación especial, altísmos salarios y bastante libertad de acción, que gestiona el funcionamiento del Canal de Panamá, también tiene su parte en la ofensiva. La razón que proclama públicamente es laudable: mantener el buen servicio del Canal y disponer de agua suficiente para su funcionamiento. El proyecto es construir varios embalses que inundarán tierras donde viven y trabajan miles de campesinos. El tema es candente y será objeto de consulta nacional. Amanecerá y veremos...

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