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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 257 | Agosto 2003
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Nicaragua

La Policía en su laberinto: trampas, claves y pistas

La Policía Nacional, que lleva aún con orgullo el “pecado capital” de su origen sandinista, acaba de atravesar la peor crisis de su corta historia institucional. ¿Cuáles y cuántas “esquinas peligrosas” encontró y superó la Policía en este laberinto?

William Grigsby

La Policía Nacional, la otrora incorruptible y orgullosa institución surgida del seno de los guerrilleros que hace 24 años tomaron el poder, acaba de superar la peor crisis de sus últimos diez años. Una despiadada campaña mediática, montada sobre graves errores de juicio y otros más graves de conducta, por lo menos irregular, de algunos de sus mandos y oficiales, casi derriba al director de la Policía, Primer Comisionado Edwin Cordero.

Durante varias semanas, el diario La Prensa encabezó una campaña, a la que se sumaron otros grandes medios de comunicación del país, para hacer de varios casos de oficiales corruptos de la Policía materia prima de una operación destinada a sembrar en la opinión pública la sensación de que toda la Policía es corrupta e inservible, y con ello, sentar las bases para su transformación radical. Mucho más allá de la contundente veracidad de las denuncias contra algunos jefes de la Policía en el interior del país, ¿qué hay detrás de una campaña desatada con semejante intensidad, con tanto resentimiento y con pasión digna de mejor objetivo? ¿Se trata del noble objetivo de fiscalizar a los funcionarios públicos y denunciar sus actos de corrupción? ¿O de la pretensión de imitar a la prensa norteamericana -la de los años 70, porque la actual no sabe más que aplaudir-, que se dio el lujo supremo de derribar hasta a un Presidente? ¿O es simplemente la tendencia histórica del diario La Prensa, que en los años 80 utilizaba cada palabra que la censura le permitía publicar para apuntalar la agresión de Estados Unidos contra la Revolución Sandinista?

Sin duda, se trata de un complejo rompecabezas, cuyo corazón se encuentra -dónde si no- en Washington y en la profesión de fe anticomunista que mantienen quienes ahora manejan los hilos del poder de la política exterior estadounidense. Para mejor armarlo, y tener una idea aproximada de lo que puede estar ocurriendo, conviene recordar algunos antecedentes de la Policía Nacional, y del proceso que ha vivido a lo largo de sus 24 años de existencia.

UNA INSTITUCIÓN MUY NUEVA QUE NACIÓ COMO “PATITO FEO”

En Nicaragua nunca hubo Policía. Nunca. La primera es la que ahora tenemos. Esto quiere decir que buena parte de la sociedad nicaragüense no tiene experiencia histórica con un cuerpo policial. La Policía Nacional es obra de la Revolución. Hasta 1979, la Guardia Nacional (GN) asumía las funciones de policía, heredadas a su vez de aquel cuerpo armado que el general conservador Emiliano Chamorro y los marines norteamericanos llamaron la Constabularia, creada en 1926.

La GN era Ejército para resguardar fronteras, era oficina de espionaje para liquidar adversarios políticos, era Policía de Tránsito para enriquecer a los coroneles. Era oficina de Migración, era investigadora de delitos comunes de todos los tamaños. También tenía una oficina “antinarcóticos”, y sus generales eran los dueños de las más grandes plantaciones de marihuana en la zona de Sébaco y Waslala. Asumía el control de la prensa con su fatídica Oficina de Radio y Televisión, a través de la cual censuraba previamente los contenidos de todos los medios de comunicación. La GN tenía funciones de todo. A imagen y semejanza del dictador Somoza al cual servía.

La Policía Nacional es una institución novísima en la historia nacional. En sus primeros años, la Policía Sandinista- así se llamó- vivió todo un proceso de aprendizaje. Era una fuerza bastante militarizada, incluso sus cuadros eran rotados en todas las especialidades del Ministerio del Interior -hoy Ministerio de Gobernación-, institución en donde se le veía como “el patito feo”: era menospreciada por las otras especialidades -la Seguridad del Estado o el Sistema Penitenciario o la Dirección de Migración-, que en aquel momento eran más importantes y adquirían mayor relevancia política.

UN MASIVO DESPLAZAMIENTO Y UNA GRAN DEBILIDAD

Durante la transición entre el gobierno de Daniel Ortega y el gobierno de Violeta de Chamorro, habida cuenta que gran parte de ese aparato de seguridad iba a disolverse, un enorme contingente de los cuadros militares que había en otras especialidades del Ministerio del Interior pasaron a incorporarse a la que comenzó a llamarse Policía Nacional. Fue un fortalecimiento significativo: en experiencia combativa, en habilidad conspirativa. Pero a su vez, este traslado masivo de cuadros causó el desplazamiento de quienes durante años habían hecho carrera en “el patito feo”, y ahora eran relegados de funciones y de jerarquía por los oficiales que venían de otras varias especialidades del Ministerio del Interior.

Al mismo tiempo, el Frente Sandinista tomó la decisión estratégica de trasladar al Ejército el esqueleto de la Dirección General de Seguridad del Estado, con sus principales cuadros de dirección, encabezados por Lenín Cerna, Efraín Castillo y Vicente Chávez, quienes fundaron lo que hoy se conoce como la Dirección de Inteligencia para la Defensa (DID).

El programa de gobierno de la Unión Nacional Opositora incluía la liquidación del Ejército Popular Sandinista en primer lugar, y en segundo la transformación radical de la Policía Sandinista, procesos que requerían, como primer paso, la erradicación de los cuadros intermedios, medios y de dirección de ambos cuerpos armados, a causa de sus antecedentes sandinistas. Cuando Violeta de Chamorro asumió el poder, los dos objetivos se convirtieron en la primera prioridad política del gobierno de Estados Unidos, en manos de George Bush padre y de la misma pandilla republicana que hoy gobierna ese país. Estas prioridades se transformaron en políticas oficiales del nuevo gobierno.

Tanto la Policía como el Ejército tenían una grave debilidad, que después sería hábilmente aprovechada por los norteamericanos. No tenían ninguna ley reguladora. Otro más de los errores de la Revolución, cuyos dirigentes siempre creyeron que estarían en el poder eternamente y que por lo tanto, las leyes no eran necesarias.

NEGOCIANDO CABEZAS CON ESTADOS UNIDOS

En 1992, intempestivamente, Antonio Lacayo, el todopoderoso Ministro de la Presidencia y yerno de la Presidenta -paradojas del destino, hoy es uno de los aliados del FSLN- regresó de uno de sus viajes a Washington y ordenó el despido fulminante del Jefe de la Policía, Comandante de Brigada René Vivas Lugo. ¿Cuál fue la motivación política? Simple. Lacayo cedió al chantaje norteamericano: o empezaba a cumplir con las prioridades definidas -entregar ya la cabeza del General Humberto Ortega, al frente del Ejército y uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional histórica del FSLN, y la de René Vivas- o Estados Unidos no desembolsaría 100 millones de dólares en créditos y donaciones. Se suponía que esa cantidad era la que entregaría anualmente Estados Unidos, durante un período de diez años, después que la Presidenta Chamorro renunciara, expresa y oficialmente, a la indemnización, de más de 17 mil millones de dólares, que fijó la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los ataques terroristas financiados por la administración Reagan en la guerra contrarrevolucionaria.

En el estira y el encoge de la negociación con Estados Unidos, Humberto Ortega dijo: “Bueno, llévense a René Vivas, sáquenlo”. Y recomendó a Lacayo que nombrara a Fernando Caldera Azmitia, un oscuro oficial que en aquella época estaba en Granada, después de su atropellado paso por Chontales, donde cuando fue delegado de la Seguridad del Estado se le vinculó, entre otras cosas, con las bandas de abigeos de esa rica zona ganadera. Pero no sólo sacaron a Vivas. También fueron despedidos por órdenes de Estados Unidos otros 17 altos oficiales. Entre otros, el jefe de la Policía de Tránsito, Róger Cabezas, cuyo origen era el Partido Socialista; Juan José Úbeda, guerrillero del Frente Sur y uno de los jefes de la Seguridad; José Figueroa, quien había sido secretario general del Ministerio del Interior; y Eleanora Rocha, una de las integrantes del comando que asaltó la casa de Chema Castillo en 1974. Lograron sobrevivir -después de una laboriosa negociación- Luis Chávez, Cristian Pichardo, Marcelino Guido, Franco Montealegre y Edwin Cordero, entre otros.

1992 Y 1995: IMPORTANTES PASOS HACIA LA INSTITUCIONALIZACIÓN

La Policía ofreció una feroz resistencia a estos despidos. Pero, más que defender el puesto de sus jefes, se preocupó de garantizar que nunca más los norteamericanos decidieran sobre sus mandos, para lo cual René Vivas arrancó a Lacayo una ley que regulara la institución. Aprovechando que en aquel momento la Constitución le daba facultades legislativas al Presidente de la República, Lacayo y Vivas redactaron personalmente la primera Ley Orgánica de la Policía Nacional.

El ex-director de la Policía, Franco Montealegre (1996-2001) resaltó así, años después, la importancia de este paso: Por primera vez en la historia del Orden Público en Nicaragua se establece la organización, funcionamiento y campo de actuación policial. Se sientan las bases para adquirir una identidad propia, diferenciada, se reafirma la naturaleza civil de la institución y se declara su carácter apartidista.

La primera Ley Orgánica de la Policía Nacional, la de septiembre de 1992, nació de una exigencia de la Policía para aceptar el arbitrario despido de su jefe René Vivas. Se empezaba a crear así un marco jurídico que defendía la institución y evitaba la injerencia de los caprichos políticos, fuesen nacionales o de política exterior, de los gobernantes de turno o de sus contrapartes, en función de si les gustaba o les dejaba de gustar uno u otro mando de la Policía Nacional. Todo el periodismo especuló por qué René Vivas no asistió a la ceremonia de traspaso de mando aquel 5 de septiembre de 1992. La razón es que había trabajado hasta las dos de la madrugada con Lacayo, redactando punto por punto el decreto presidencial creador de la Ley Orgánica.

El Decreto 45-92 se publicó en La Gaceta del 7 de septiembre de 1992 con la firma de la Presidenta Chamorro. Este instrumento garantizaba la subordinación absoluta del instituto armado a la autoridad civil y como contraparte, la institucionalización de la Policía Nacional, tanto en su orden jerárquico como en su funcionamiento. No sería ya por capricho o por injerencia extranjera que se iban a quitar o a poner los jefes, sino que todo obedecería a una política institucional que definía la propia Policía. La Ley también creaba el Consejo Nacional de la Policía y el Consejo de Especialidades.

Ya con un mínimo marco institucional y un mínimo de estabilidad en el personal de la Policía Nacional, vino después la discusión de la nueva Ley Orgánica y su aprobación política en la Asamblea Nacional. Montealegre recuerda así esta fase del proceso institucional de la Policía: En la Constitución reformada de 1995 se explicita a este máximo nivel por vez primera en la historia del país la naturaleza y funciones de la Policía Nacional, diferenciándola de la naturaleza y funciones del Ejército. Como acto culminante, en septiembre de 1996, se logra tras un largo proceso de concertación, en un contexto todavía de gran polarización política, la aprobación altamente consensuada de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, que precisa y desarrolla a nivel de Ley de la República las disposiciones constitucionales referentes a nuestra institución y define la carrera policial y otros importantes aspectos. La puesta en vigencia de la Ley 228 significó la definición y aceptación definitiva de la Policía que el Estado y la sociedad requieren para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Hay que decir que, sobre todo en la última fase de este proceso, en la elaboración, discusión y aprobación de la Ley, fue la propia Policía Nacional quien logró movilizar a la opinión pública y a los principales actores políticos y sociales.

UN ESCASO PRESUPUESTO

En este momento, el marco institucional de la Policía Nacional está compuesto por cinco normas fundamentales: la Ley de funciones en materia de auxilio judicial (7 septiembre 1992); la Ley Orgánica y su Reglamento (agosto 1996 y febrero 1997) y el Reglamento Disciplinario (17 febrero 1997). En este proceso, un factor que conviene recordar es el escaso presupuesto que anualmente se le otorgó a la Policía Nacional entre 1990 y 1998. Como alguna vez dijo la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, esta “subfinanciación” hace que la Policía sea más propensa a la corrupción y también acelera la “privatización” de la Policía y de las funciones policiales.

Durante años el CENIDH ha documentado numerosos casos donde los policías realizaban segundos trabajos con empresas de seguridad privadas y la existencia de “contratos” en los que las empresas contrataban a policías o pagaban a la comisaría local para que hiciera en su beneficio operaciones policiales especiales.

Y un último factor a recordar: la brutal presión a la que fue sometida la Policía, tanto de parte del gobierno chamorrista como del de Alemán, para que reprimiera al pueblo. Vivas siempre se negó a hacerlo durante las huelgas -barricadas incluidas- de los años 90 y 91, pero Caldera fue mucho más dócil, y su período ha sido el mas sanguinario en la corta historia de la Policía, con al menos cuatro muertos en las manifestaciones estudiantiles por el 6% para las universidades.

HONOR, SOBERANÍA, AUTONOMÍA, DIGNIDAD: PRINCIPIOS HOY INCÓMODOS

Existen varios antecedentes muy importantes para entender este proceso breve y complejo desde que la Revolución construyó de cero una Policía. En sus primeros años la ayuda más importante que recibió el Ministerio del Interior para asuntos de la Policía vino de la Policía panameña. Y a Nicaragua llegaron instructores de Tránsito a darles clase a muchachos recién salidos de la guerrilla, a quienes les era más fácil meterle un balazo a un guardia que poner orden al tráfico en la Carretera Norte. Con el asesinato de Omar Torrijos acabó la colaboración de los policías panameños, extraordinariamente expertos en estas tareas.

Con enormes dificultades y vacíos, sin tener archivo de delincuentes, sin tener gente formada en investigación criminal o en laboratorio criminalístico o en cualquiera de las especialidades que tiene la Policía, de la nada, se empezó a construir está institución. En su construcción participaron compañeros y compañeras como Tomás Borge, Luis Carrión, Doris Tijerino, René Vivas. La mayor parte de los cuadros tenían origen guerrillero. Este perfil duró hasta 1990. A estas alturas, los que vienen de esta cuna son una ínfima minoría. Hoy, sólo 600 de los casi 8 mil policías, menos del 10%, son fundadores de la institución.

Sin embargo, la esencia de los mandos intermedios y superiores de la Policía Nacional continúa siendo, si no sandinista desde el punto de vista partidario o ideológico, sí patriótica. Tienen un sentido de la dignidad como institución y del honor como individuos. Y tienen también un sentido de soberanía nacional más o menos desarrollado. Y aunque alguno de ellos se ha contaminado con otros intereses, en general la institución responde a estos principios básicos: Autonomía, Honor, Soberanía. Principios que son muy incómodos, para el imperialismo norteamericano, en fase de expansión militar hegemónica. En ese mapa geopolítico que ha organizado Estados Unidos para terminar de controlar hasta la última tuerquita de estos paisitos que formamos Centroamérica no tienen cabida estos “resabios del pasado” como llaman los republicanos fundamentalistas al Honor, la Soberanía, la Autonomía y la Dignidad, principios incompatibles con la actual política exterior de Estados Unidos.

EL DESARME DE CENTROAMÉRICA Y SU ABANDERADO

Hace un par de años, cuando ya los republicanos asumieron el gobierno, tras el fraude electoral cocinado en la Florida, se conoció la segunda versión del Documento de Santa Fe. Cuando en este texto se pasa revista a América Latina y se habla de sus Fuerzas Armadas, se plantea entre otras cosas la recuperación del Canal de Panamá, la remodelación de las Fuerzas Armadas de Centroamérica y la aniquilación de los vestigios comunistas infiltrados en los Ejércitos de Nicaragua y El Salvador. Consecuentes con esta concepción ideológica, los republicanos iniciaron la puesta en marcha de sus planes para Centroamérica. Les cayeron como anillo al dedo los atentados terroristas del 11 de Septiembre, que les ofrecen en bandeja de plata la justificación, el argumento, para proceder a implementarlos con mayores facilidades y a más rápido ritmo.

Para entender el actual rompecabezas, hay que tomar también en cuenta esta geopolítica y recordar que el Presidente Enrique Bolaños tiene entre sus antecedentes políticos el significativo asterisco de haberse declarado durante la Revolución en los años del gobierno Chamorro y durante la campaña electoral de 1996, cuando fue compañero de fórmula de su ex-amigo Arnoldo Alemán, enemigo a muerte del Ejército y, aunque en menor medida, también de la Policía. Por su origen sandinista. Después, ya como Vicepresidente de la República, empezó a matizar su posición vengativa y revanchista. Hasta que vino el huracán Mitch, y después de la valiente actuación de soldados y policías, rectificó públicamente su abierto objetivo de disolver el Ejército y de extirparle a estas dos instituciones su corazón sandinista. Teniendo en cuenta este currículo, no debe parecer casual que Enrique Bolaños llegue de ofrecido donde el Presidente Bush a acreditarse como abanderado del desarme del Ejército de Nicaragua y como líder de la limitación y control de armamentos en Centroamérica. Es la culminación de un consistente y prolongado discurso ideológico y político.

EL CASO DEL “NARCOJET”

Otro significativo antecedente a tener en cuenta en el rompecabezas policial es el caso de narcojet, el avión presidencial de Alemán robado en la Florida y con un piloto que era un delincuente buscado por el FBI. Fue éste el primer escándalo de corrupción que enfrentó el hoy reo Arnoldo Alemán. ¿Quién no recuerda el papel beligerante, tenaz, profesional, que jugó para esclarecerlo el comisionado Eduardo Cuadra Ferrey, conocido como Cuadrita? Cuadra era un oficial con mucho liderazgo en la Policía. Era de los catalogados entre sus colegas como “policía policía”: no provenía de ninguna otra especialidad del antiguo Ministerio del Interior. Siempre fue policía: desde patrullero hasta donde llegó, la dirección superior. De la generación de los fundadores de la Federación de Estudiantes de Secundaria en 1977, con Mariano Sediles y Manuel Olivares, ambos asesinados por la Guardia somocista, el único que sobrevivió fue Cuadrita, un chavalo de 15, 16 años en esa época.

Eduardo Cuadra tenía liderazgo entre los policías que siempre han sido policías. Y cuando en 1998 estalló el caso del narcojet, ocupó toda su sapiencia como jefe antidrogas para desentrañar todos los hilos del caso, que desembocaban en el mismísimo Presidente Alemán. Su eficacia le costó el puesto. Furioso por las conclusiones del informe policial y por el rigor de sus investigaciones, que señalaban claramente el origen robado del aparato y su uso para el tráfico de cocaína, Alemán acabó con él. Lo mandaron primero a Washington, después a Honduras. En este camino, Eduardo Cuadra se fue granjeando una creciente confianza en la DEA y en otras instituciones de Estados Unidos dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada, como la INTERPOL o el FBI.

Actualmente, es un hombre que goza de aprecio y confianza en ese mundo. Aprecio personal y confianza profesional, una combinación muy importante, que él mismo ha seguido cultivando hasta el día de hoy.

CAMBIO DE MANDOS, SEÑALES CLARAS

Cuando se cumplieron los cinco años de Franco Montealegre -quien provenía del Sistema Penitenciario- al frente de la Policía Nacional, y tocaba el cambio de mandos, le tocaba decidir al Presidente Alemán, al final de su período, en septiembre 2001, quien sería el nuevo Primer Comisionado de la institución. El candidato natural era Eduardo Cuadra. Por liderazgo, por trayectoria, por años de servicio, por capacidad, por todo. Los oficiales medios abrigaron la esperanza de que por fin tendrían un jefe que provenía de sus filas. Pero políticamente era imposible. Por mucho esfuerzo que hicieran los miembros del Consejo Nacional, Alemán no podía permitir que Cuadra dirigiese la Policía. El elegido fue Edwin Cordero -delegado del MINT en el departamento de León hasta 1990-, el candidato con menos probabilidades en el primer momento, cuando se mencionaba con mayor insistencia la inclinación de Alemán por la comisionada Eva Sacasa, hija de Ramiro Sacasa, fundador del Partido Liberal Constitucionalista.

Una vez que asumió el mando, tocaba a Cordero decidir quiénes de los Comisionados Generales que eran parte de la Subdirección de la Policía pasarían a retiro. Tenía él la prerrogativa de seleccionar con quién se quedaba en los mandos. Cordero decidió prescindir de Eva Sacasa, de Javier Palacios -con mucha experiencia y mucha autoridad dentro de la institución- y de Eduardo Cuadra. Y a los pocos meses, entró en contradicción con el comisionado Pedro Aguilar-amigo personal de Cuadra, su relevo en la policía antidrogas y también su discípulo, por decirlo de alguna manera- y también decidió retirarlo. A nivel de mandos, la generación de Cuadrita quedó fuera. Esta barrida plantó un germen de resentimiento interno en algunos mandos intermedios de la Policía, y por supuesto en Cuadra y en Aguilar. Ambos oficiales son ahora funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños, mediante la figura de “asesores” del Ministerio de Salud, pagados con fondos de la cooperación internacional.

UN PLAN PENDIENTE Y AHORA DESEMPOLVADO

La experiencia conspirativa de la lucha antisomocista enseñó a muchos nicaragüenses a sacar provecho de las contradicciones. Fue una de las lecciones básicas a aprender. Los norteamericanos conocen perfectamente esta lección. Hoy, aprovechan las varias contradicciones que éstos y otros antecedentes han ido generando en la Policía Nacional. Desde 2002, pero con mayor prisa a partir de su ilegal guerra contra Irak, decidieron acelerar su plan de eliminación de la capacidad de combate de los Ejércitos centroamericanos para convertirlos en meros auxiliares de las Policías. El énfasis mayor lo ponen en Nicaragua. En primer lugar, plantean el desarme y la transformación del Ejército. En segundo lugar, la reorganización de la Policía Nacional.

Cuando los norteamericanos ordenaron al gobierno de Violeta de Chamorro sacar a toda la plana mayor de la Policía en 1992, existía ya un plan, preparado con la generosa asesoría de Felipe González y de la Guardia Civil española. De hecho, aquel plan gringo-español se quiso poner en práctica ese mismo año, cuando el entonces Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, anunció que organizaría su propia policía municipal. Esta iniciativa originó una furibunda reacción del FSLN -quien con razón temía la utilización política de estos policías para la persecución de sus dirigentes y militantes- y también la oposición del Jefe del Ejército, General Humberto Ortega, aliado del Ministro Lacayo.

Recientemente, este plan ha sido desempolvado y colocado en la agenda de las prioridades de Estados Unidos. Lo que ahora vemos o intuimos es ni más ni menos la resurrección del plan de 1992. La aspiración de los norteamericanos es dividir a la Policía Nacional en tres o cuatro grandes áreas, inconexas entre sí, con distintos mandos jerárquicos y subordinada a un solo mando de carácter civil y por lo tanto, político. Cuatro áreas: investigativa, orden público, tránsito y policías municipales. El plan es de mediano plazo: en cinco años alcanzar este objetivo. Y si existieran condiciones políticas muy favorables para el retorno al gobierno del FSLN acelerar la ejecución y acortar los plazos. Éste es el rumbo. El objetivo es liquidar a la Policía Nacional tal como la conocemos ahora, deshacerse de los cuadros políticos formados en la Revolución que aún quedan y subordinar a las nuevas cuatro áreas a un mando político designado por el gobierno y bendecido por Estados Unidos.

La idea de los norteamericanos se completa con el traspaso al Ejército de Nicaragua de algunas funciones de la Policía: la lucha contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente. Ya han comenzado a avanzar en esa dirección. Y hay ya bastantes ejemplos que muestran cómo el Ejército poco a poco va asumiendo en la práctica la lucha contra el narcotráfico. Si esto es bueno o malo, sería objeto de otro análisis.

UN VIEJO “TRAIDO”: EJÉRCITO-POLICÍA

Existe una contradicción, que se aprovecha ahora, entre el Ejército y la Policía. Se trata de una rivalidad histórica originada en el afan de demostrar “quién es más importante”. No sólo se expresó en 1992 cuando Humberto Ortega y Antonio Lacayo fulminaron a René Vivas. Siempre hubo rivalidades por salario, por jerarquía, por influencia, por valoración social. Es “viejo traido”, como decimos los nicas. Los “mangachingas”, porque sus uniformes tenían camisas de manga corta: así les llamaban burlones los oficiales del Ejército a los policías en los años de la Revolución. Cuando llegaba un policía decían: ¡Ahí vienen los mangachinga! Y había pleitos hasta a balazos entre los muchachos del Servicio Militar, los Jefes de Batallones y la Policía cuando los soldados llegaban a hacer tropelías a los pueblos cada vez que estaban de franco y la Policía llegaba a controlarlos.

Existen también en este rompecabezas elementos objetivos y probadas irregularidades, incluso delitos cometidos por miembros de la Policía, y hasta por la misma Policía Nacional, que están siendo hábilmente aprovechados y profusamente difundidos, con especial ahinco, quizá hasta saña, de parte de determinados medios de comunicación, a la cabeza el diario La Prensa. Desde el caso de tráfico de armas vendidas a Panamá y desviadas a paramilitares de Colombia, objeto de un informe de la OEA, hasta el caso de un capitán de la Policía que violó a una niña en Bonanza. Se observa una espiral ascendente y creciente de presión sobre los mandos por esos errores. ¿Cuál es el objetivo? Demostrar que los mandos actuales son corruptos, que la institución está corrompida, que hay que revisarla de arriba abajo. Que hay que sustituirla.

La opinión pública debe llegar a esa conclusión política y presionar por una transformación radical de la Policía. Ése es el objetivo final. En la hipotética transición, la jefatura de la Policía sería ocupada por un General del Ejército, tal como ocurrió en México, con nefastos resultados, dicho sea de paso.

A todo ello contribuye alegre y diariamente La Prensa, cuya esencia antisandinista no necesita demostración. El último tanto que se ha apuntado, fruto de un trabajo de su corresponsal en Bluefields, es el del comisionado Larrave, jefe antidrogas en Bluefields, ahora preso y formalmente acusado por narcotráfico. Van aprovechando cada caso, por pequeño que éste sea y lo van maximizando, induciendo la idea de que la Policía está podrida y sólo podredumbre produce.

Aprovechan cualquier error y lo hacen grandísimo, un escándalo. Es un trabajo de inteligencia muy bien hecho con mucha astucia, mucha malicia. Demoliendo el edificio, piedra a piedra. En esta campaña mediática contra la Policía Nacional es preciso apuntar que Eduardo Cuadra es cuñado del editor de las noticias de Sucesos (policiales) de La Prensa, periodista responsable de la campaña. Además, Cuadra es asesor del Consejo Editorial de La Prensa, lo que significa tener una caja de resonancia importante bajo su influencia.

LAS DECLARACIONES DE CORDERO: EL ERROR MÁS GRAVE

Para remate, la Policía Nacional comete errores políticos. El más grave, sin duda alguna, el del Primer Comisionado Edwin Cordero cuando el 8 de julio afirmó ante un grupo de periodistas que la Policía ha pagado con droga a otros policías y a informantes en recompensa por haber llevado con éxito una operación contra narcotraficantes. Textualmente, lo que dijo Cordero ese día fue: Antes, incluso, aquí lo que se les decía era: “Quedate vos con un paquetito y ése va a ser tu pago”. Pero eso se daba antes, hace unos dos años, tres años. La Policía reconoce que cuenta con colaboradores, informantes que le proporcionan datos que permiten impulsar los operativos policiales. Ningún informante trabaja gratis. Antes yo lo dije y lo reconozco. Antes que no había dinero, algunos jefes de droga en el país le decían a los informantes: “Bueno, quedate con un kilo, nosotros nos llevamos el resto y capturamos al delincuente”. Pero eso no es correcto. ¿Qué pasaba entonces? Había traficantes o expendedores de droga que lo que hacían era que te daban información para ampliar su mercado. Claro que eso era fomentar el expendio. Yo no estoy afirmando que yo cometía corrupción, yo estoy afirmando que se hacía eso como se hacía en otras partes. Eso es delito definitivamente. Yo estoy hablando de tiempos pasados y lo estamos sacando a luz porque me parece que es una forma de demostrar que nosotros no tenemos aquí ninguna mala intención y que si los compañeros lo hicieron también, no fue por mala intención sino que fue por una forma de resolver un problema. Ese mismo día, Cordero se confesaba entristecido por los casos de corrupción en la institución que dirige, especialmente por el iniciado con el descubrimiento de la actuación delictiva del jefe antidrogas de Bluefields: No había habido escándalos tan grandes y tan seguidos como éstos en la Policía, y me siento mal por la forma cómo se ha manejado, porque es la misma Policía la que está capturando oficiales delincuentes. Es la Policía la que está trabajando con la Fiscalía en casos de policías involucrados en actos de corrupción. No es otra Policía.

Cordero nunca dijo que el pago con drogas fuese una política institucional, sino que se había actuado así en algunos casos. Y lo más importante, dijo que ya no era una práctica de la Policía. La Prensa y el Canal 2, maximizaron sus declaraciones, al punto de pedir su destitución. El mismo día que hizo estas declaraciones, Cordero debió ser hospitalizado por una subida de presión arterial. Asumió interinamente el comisionado Francisco Bautista, en conjunto con los otros dos subdirectores, los comisionados Ana Julia Guido y Orlando Aguilera y la Inspectora General, Aminta Granera.

PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD

Si fue un grave error la confesión de Cordero, más grave fue la manera en que sus colegas de la dirección superior de la Policía quisieron corregirlo. Al día siguiente de la hospitalización de Cordero, los ex-directores de la Policía Fernando Caldera (1992-96) y Franco Montealegre (1996-2001) exigieron a su sucesor que rectificara por sentirse aludidos personalmente. Cordero se negó. Entonces, en la tarde del 9 de julio, ambos ex-jefes se tomaron prácticamente el local donde funciona la dirección general de la Policía y a gritos, especialmente Caldera, obligaron a Bautista a hablar telefónicamente con Cordero. Ambos no supieron sortear la virulenta protesta de Caldera, respaldada por Montealegre.

Para satisfacer el ego de ambos, que preferían defender su gestión que preservar la institución, dejaron en ridículo a Cordero, y en él a la propia institución, obligando a Cordero a publicar un comunicado en el cual prácticamente se desmentía a sí mismo. Bautista cedió a la presión de sus ex-jefes, y convocó a una conferencia de prensa en el mismo edificio sede de la jefatura. Compareció un Caldera iracundo y desafiante para decir a los periodistas: Jamás ha sido política institucional, nunca los mandos de la Policía, jamás han autorizado el pago de servicios de información por droga. ¡Que investiguen lo que les dé la gana! No tenemos absolutamente ningún temor a ninguna investigación porque jamás fue política institucional. Montealegre secundó el argumento: Nunca hemos utilizado esa política de que se habla.

En la misma conferencia, Caldera dejó sembrado un elemento que a primer oído parecía una actitud comprensiva, y que en los próximos días revelaría más claramente su significado. Dijo Caldera: Debemos tener una actitud comprensiva en las condiciones que el comisionado Cordero dio esas declaraciones. Se encontraba enfermo, incluso, él mismo lo ignoraba. Está en un estado delicado de salud, en observación médica permanente. Un lapsus personal que todos lo podemos tener en cualquier momento y que está vinculado al estrés, por un trabajo intenso.

El comisionado Bautista también fue indulgente con su jefe Cordero: A veces la sinceridad y la franqueza no siempre parecen ser virtudes muy apropiadas, porque de repente se pueden decir cosas que pueden ser interpretadas innecesariamente o inapropiadamente. Y prometió que la Policía tendrá la capacidad de reestructurar, de cambiar, de reenfocar su actividad, para poder tener éxito.

LA PRIMERA PIEDRA DE LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO

Los medios aprovecharon la ingenuidad de Bautista y asumieron que “le habían doblado el brazo” a Cordero, cabeza de la institución policial. Y los de la campaña subieron la parada: el Presidente Bolaños debía destituir al director de la Policía. Tontos no son y están muy bien dirigidos. El comunicado y la conferencia no amainaron la ferocidad de la campaña. Bautista tuvo que recordarle a los medios: La destitución o no del Director General de la Policía Nacional está en manos del Presidente Enrique Bolaños, según la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía. El director de la Policía fue nombrado por un período de cinco años, y la ley establece las causales de destitución.

¿Cuáles son esas causales? El artículo 89 de la Ley Orgánica de la Policía dice que “el Presidente de la República podrá destituir al Director General de la Policía Nacional por las siguientes causas: por insubordinación, por violar lo establecido en el Artículo 2 (no podrán realizar proselitismo político dentro o fuera de la institución, ni desempeñar cargos públicos de carácter civil), por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito que merezca pena más que correccional y por incapacidad física o mental declarada de conformidad con la Ley”.

En este último inciso estaban las esperanzas de La Prensa y de sus tutores. En su edición del 16 de julio, cuando publicó estas declaraciones de Bautista, recordó a renglón seguido las afirmaciones de Caldera sobre el grave estado de salud física, e implícitamente mental, de Cordero, para citar precisamente la causal cuarta del artículo 89.

Tras permanecer un buen tiempo agazapado, y tras bambalinas, filtrando alguna que otra información a los mismos medios involucrados en la campaña, el Ejército se pronunció: no investigarían a la Policía Nacional, no era esa su misión. El Ejército parece estar observando con atención todo este proceso. Parte de sus mandos han llegado a la conclusión de que si es inevitable que el Ejército transforme su función y que la Policía le ceda parte de sus espacios institucionales y sus funciones, es mejor hacerlo ya, y compartir la dirección del proceso. Ha empezado a circular la idea de que sería bueno poner a un General del Ejército a dirigir a la Policía para reconstruirla y sacar toda “la fruta podrida”. Iniciaría así la puesta en marcha del plan gringo-español. ¿Cuál era el primer paso?. La caída del Jefe de la Policía. Que pudo haber sido Cordero o Cuadrita o Aguilar.

Pudo haber sido cualquiera de los compañeros o compañeras que están al mando, no importa el nombre. Le tocó a Cordero, porque él es el Jefe. Y por sus errores. “Por soltar la lengua”, como dicen algunos. Pero la primera piedra en el plan de demolición de la institución era Edwin Cordero. Si renunciaba, se acababa la Policía. Si lo destituían, idem.

PIDEN LA CABEZA DE CORDERO PERO BOLAÑOS NO LA ENTREGA

El Presidente Bolaños estaba de gira por Estados Unidos cuando Cordero cometió su error. A su regreso al país el 14 de julio, hizo su primera declaración, escueta pero elocuente: Sé que hay un barullo, y lo dije con otras palabras y al entendido por señas: yo respaldo a la institución. A mí me interesa la institución y no los hombres. Mi interés primordial es la institución. La Policía como institución tiene todo el respaldo del Presidente Enrique Bolaños. No son los hombres los que tienen los respaldos, son las instituciones. Un periodista del diario La Prensa le insistió: Presidente, sobre el tema de Cordero se había manejado que usted mantenía diferencias con él, que posiblemente por eso iba a ser destituido. Bolaños fue contundente: Eso es falso. Para el futuro, no respondo. Pero eso que dijiste es falso. Y en otro momento, el Presidente insistió: Las cosas deben ser bien hechas, sopesadas, creo que debo seguir estudiando y consultando.

Quizás esto alentó a Cordero a salir de su reposo “por prescripción médica” y a reasumir sus funciones el martes 15 de julio. A la mañana siguiente, en compañía de toda la dirección superior de la Policía y del Ministro de Gobernación Eduardo Urcuyo, sostuvo una reunión de cuatro horas en la residencia de Bolaños. El resultado fue la ratificación de todos los jefes policiales. Tras el encuentro, el mandatario aseguró:

Queremos que sepan que el presidente Enrique Bolaños, su gobierno y todos, tenemos fe en la Policía Nacional. Es una institución que nosotros la necesitamos y necesitamos fortalecerla. No podemos estar dañándola. Es una lucha bien difícil y los muchachos que están allá, miembros de la Policía, queridos por nosotros, son miembros de nuestra familia que se enfrentan a muchas situaciones. No podemos arriesgar el pellejo de ellos, la vida de ellos, porque están cuidando precisamente el bienestar del país. Tenemos que respaldarlos y darles todo el apoyo. Y cuentan con el respaldo de su Presidente, de su gobierno.

El ministro Urcuyo dio el carpetazo final: Aquí todo mundo está nombrado para un período y se tienen que respetar los períodos. Punto. Aquí tenemos que ir aprendiendo a que se deben respetar los períodos y que no existen causales para la destitución.

La Prensa no pudo ocultar su rabia. Bajo el titular “Bolaños decide no decidir nada”, publicó una crónica llena de amargura, en la que entre otras cosas se quejaba de que tanto el Presidente como Urcuyo habían dado la mejor muestra de lo que la gente en las encuestas llama un estilo de gobernar “ambiguo y poco firme” al esquivar con muchas palabras y poco contenido las preguntas de los periodistas sobre la salida que ellos están llamados a dar a la profunda crisis de dirección que enfrenta la Policía Nacional. Al día siguiente, escribió que la decisión de mantener en su cargo a Cordero obedeció al respaldo explícito del Partido Liberal Constitucionalista y del Frente Sandinista, así como al temor presidencial de provocar una crisis mayor, cuando ya ambos partidos habían planteado públicamente la posibilidad de recortarle el mandato a Bolaños, de cinco a tres años, para convocar a una Constituyente.

FSLN, PLC, GOBIERNO: LOS INTERESES CREADOS

En toda esta crisis, desde la orilla del FSLN surgieron rumores francamente desconcertantes. Por ejemplo, un diputado que trabaja estrechamente con el General retirado Lenín Cerna filtró a algunos periodistas supuestas contradicciones internas entre los mandos superiores de la Policía, y habló hasta de asesinatos y cosas por el estilo entre ellos. Otros dos diputados sandinistas, José Figueroa -despedido en la barrida de 1992- y María Lidia Mejía, se apresuraron a declarar que estaban preocupadísimos por lo que ocurría en la Policía y que investigarían en el Parlamento el pago con drogas. Aparentemente, no fue un exabrupto de ambos, sino declaraciones hechas con cálculo político intentando tener alguna participación en la toma de decisiones sobre el futuro de la Policía. Y hasta le mandaron una cartita al canciller Norman Caldera, acompañados de otros dos diputados de su bancada, pidiéndoles el texto del acuerdo de la DEA con el Estado de Nicaragua.

Pero, según distintas fuentes vinculadas a la cúpula sandinista, en cuestión de horas varió la posición oficial, una vez que el mismo Daniel Ortega se encargó de atajarlos. Usando sus habituales “mecanismos de comunicación”, habló con Cordero y al menos con tres altos oficiales de la Policía. Entre otras cosas, les hizo algunos reclamos puntuales y tras expresarles su “preocupación” por su supuesto alejamiento de sus raíces sandinistas, recibió la promesa de “corrección”. En esos encuentros, Ortega vio que cualquier cambio en los mandos policiales, implicaba un riesgo demasiado alto, no sólo para la institucionalidad del país, sino también para el sandinismo en general y reduciría sensiblemente su capacidad de maniobra política. Como resultado, decidió hablar con Bolaños y expresarle claramente su respaldo a Cordero y a la “institucionalidad”.

Los liberales también movieron sus fichas. Alemán, que desde su cómoda “prisión domiciliar” en su finca de El Crucero sigue manejando todos los hilos de la conducción del PLC, tiene también “sus cuadros” en la Policía, el más destacado, el comisionado mayor Horacio Rocha, actual jefe de la Policía de Managua, a quien le tiene un especial afecto después que al mando de los oficiales de su escolta personal, le salvó la vida en el atentado frustrado que sufrió en enero de 1996, en plena campaña electoral presidencial.

Aunque por sus vínculos con el ex-Presidente Alemán, Rocha no tiene muchas simpatías entre los mandos de la Policía, durante su gestión en Managua ha sabido poner orden interno y se ha apuntado éxitos notables en diversas ramas de su trabajo. También cerró filas alrededor de Cordero, y eso fue lo que transmitió a su amigo Alemán.

De hecho, los dirigentes liberales tampoco estaban interesados en desestabilizar la Policía, entre otras cosas porque temen que un cambio en la dirección signifique que el nuevo jefe sea nombrado por Bolaños. Le sería totalmente leal y la influencia del PLC se vería reducida al mínimo. Un ex-jefe policial cuenta que gracias a su ascendiente en algunos altos oficiales, casi todo el entorno de altos funcionarios de Alemán pudo huir del país, enterados de antemano que se libraría orden de captura en su contra.

Pero, más allá de las gestiones de Ortega y de Alemán, de los temores de Bolaños y de las advertencias de los medios independientes, ¿como hizo la Policía para frenar y finalmente derrotar la embestida? Cómo institución, hizo una sola cosa: cerrar filas. Los mandos policiales hablaron claro con quien los quiso escuchar. Se lo dijeron a los sandinistas, a los liberales y al gobierno: cualquier cambio en la dirección desestabilizaría la institución... y no respondemos por las consecuencias.

Quizás la clave fue, sin embargo, el momento político nacional, caracterizado por un Presidente enfrentado a su antiguo partido, distanciado de la jerarquía católica, sin influencia en ninguno de los otros Poderes del Estado, necesitado de los sandinistas para un mínimo de estabilidad -tanto en el parlamento como a nivel social- y en franco retroceso de su imagen ante la opinión pública. Bolaños supo decidir. Primero habló con su entorno político, un puñado de dirigentes de su gobierno encabezados por el Ministro de Salud, José Antonio Alvarado, luego se comunicó con Ortega, y finalmente habló con la embajadora norteamericana Bárbara Moore. Y llegó a la conclusión de que aún no ha llegado “el momento”. A cambio, recibió dos promesas solemnes de los mandos policiales: lealtad política y limpiar la casa de las frutas podridas, en silencio pero con decisión.

LO MÁS SENSATO, LO MÁS FACTIBLE

Más allá de las decisiones de la clase política y de los cuestionados mandos policiales, el país necesita una Policía Nacional, como la institución que hoy ha llegado a ser, porque ha demostrado profesionalismo y eficiencia, por sobre todas las cosas porque no es un instrumento de persecución política. Existen problemas de disciplina y comportamientos reñidos con sus reglamentos y con la ética, pero no se trata de una corrupción institucional ni tampoco ésta se ha generalizado. Es mucho más sensato y factible mejorar esta institución que destruirla e intentar armar un mamotreto de cualquier naturaleza sobre sus escombros.

Es peligrosísima la pretendida fragmentación en áreas y tareas de esta Policía, y especialmente, el traslado de alguna de las funciones policiales al ámbito municipal. Nicaragua alberga una sociedad todavía sumamente polarizada y la Policía municipal significaría facilitar la persecución política del movimiento social y del sandinismo en su sentido amplio. El gobierno de Estados Unidos sabe que este país no será totalmente dócil a todos sus designios mientras el sandinismo esté vivo. Ahora no tienen instrumento con el cual perseguir al sandinismo. Demoler esta Policía tiene entre sus objetivos convertirla en un instrumento de represión política, sobre todo de aquellos sectores populares por ahora sometidos por la cúpula del FSLN, pero que pueden tornarse peligrosos si escapan al control del orteguismo.

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