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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 253 | Abril 2003
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Guatemala

Protestas por la vida: tenaz y audaz paro magisterial

El gremio médico en El Salvador reclama por la salud. Pobladoras y pobladores en Honduras reclaman por el agua. Maestros y maestras en Guatemala reclaman por la educación. Algo se mueve en Centroamérica. Muchísimo movió en Guatemala el gremio magisterial con su paro, pleno de audacias y de tenacidad.

Juan Hernández Pico, SJ

El paro de labores de los maestros de Guatemala marcó los tres primeros meses del año 2003, último año de gobierno de Alfonso Portillo. Han sido casi ocho semanas de paro: entre el 20 de enero y el 11 de marzo. Aunque los maestros se quedaron lejos de sus metas reivindicativas, consiguieron alcanzar algunas y sobre todo, lograron que el país entero centrara sus reflexiones en el tema de la educación, cuestión vital para un desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, en El Salvador, los médicos del Seguro Social ponían sobre el tapete la cuestión de la salud, otro tema vital del desarrollo sostenible, en un movimiento no concluido e iniciado en septiembre del 2002. A la par de estas dos movilizaciones sociales, Honduras vivía la lucha de la Asamblea Popular Permanente contra las privatizaciones de los servicios públicos, y especialmente contra la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento. Esta lucha por la defensa del agua como bien público al alcance de las mayorías comenzó en El Progreso (Yoro) en octubre 2002 y completó una etapa en marzo 2003 con el retiro de la Ley del Congreso, después de haber logrado alianzas significativas con el Bloque Popular de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula y con movimientos populares del Aguán. El acceso al agua, y con él al saneamiento público y a la salud preventiva, es otro tema crucial para el desarrollo sostenible.

ALGO COMIENZA A ENCENDERSE EN CENTROAMÉRICA

No puede menos de asombrar la convergencia de estos tres movimientos sociales de participación ciudadana en tres países de Centroamérica. Hace bastantes años, casi décadas, que los movimientos sociales más típicos -los sindicales, urbanos, de obreros y estudiantes, los rurales, de campesinos y jornaleros- se habían ido apagando, víctimas de la represión estatal y de la flexibilización del trabajo, así como de la politización de estos movimientos, y hasta de su absorción por los frentes políticos revolucionarios.

Por otro lado, en nuestros países las causas de la liberación de la mujer, las pacifistas, las de la liberación sexual, las causas étnicas o las ecológicas no han llegado aún a desencadenar movimientos sociales que traspongan el umbral de lo cualitativo y lleguen a tener un importante alcance cuantitativo. Al mismo tiempo, las urnas electorales han ido disminuyendo su atractivo, hasta convertir al abstencionismo en una opción de mucho peso entre nuestras poblaciones, incluso en Costa Rica. Por todo esto, el surgimiento y, más aún, la capacidad de convocatoria y la duración de los movimientos por la educación, por la salud y por el agua, con participación de algunos sectores de clase media y de sectores más pobres, requiere de un análisis serio. A falta de datos más cercanos sobre los casos de Honduras y El Salvador, reflexionaré sobre el paro del magisterio en Guatemala.

PRIMERA ETAPA: PARO Y DEMOSTRACIÓN DE FUERZA

La primera etapa de la lucha magisterial (20-24 de enero) comenzó con la decisión de los dirigentes de los diversos sindicatos departamentales de declarar que la Asamblea Nacional del Magisterio en Asamblea Nacional Permanente no comenzaría las clases el lunes 20 de enero. Ese día, el Presidente Portillo y el Ministro de Educación inauguraban el curso escolar. En el país hay 80 mil educadoras y educadores en las escuelas nacionales. El paro fue seguido por el 75%. El núcleo de las demandas consistía en un aumento salarial del 100%, un aumento del presupuesto de educación de 3,250 millones de quetzales (422 millones de dólares) a 6 mil millones ($779 millones), y la mejora de la educación en pensum, materiales, edificios, opcionalidad para la profesionalización, y sobre todo en una asignación de plazas a maestras y maestros al margen de compromisos políticos.

El 22 de enero se convocó a la primera manifestación multitudinaria. Acudieron entre 15 y 30 mil educadoras y educadores. Marcharon por el centro histórico de la capital, ocasionando bloqueos del tráfico. Trataron de ser recibidos por el Presidente de la República y por la Directiva del Congreso. En la Plaza de la Constitución y frente al Congreso bailaron a ritmo de salsa, poniendo así uno de los tonos de lo que sería de ahí en adelante su pacífica protesta. Al día siguiente, se entrevistaron con los Ministros de Educación y de Trabajo. Pero no hubo acuerdo. Los diputados opositores presentaron en el Congreso una propuesta para transferir a Educación fondos de Defensa o del Estado Mayor Presidencial, pero el FRG gobernante rompió el quórum y no se votó. El día 24, en cadena nacional, el Ministro de Educación ofreció un aumento de sólo 100 quetzales en los salarios, advirtiendo que los fondos saldrían de la disminución de otros programas educativos: libros de texto, subsidios a ONGs (entre ellas Fe y Alegría), programa de alfabetización y gastos de funcionamiento. Llamó a volver a las aulas, so pena de levantamientos de actas, preparatorias de despidos.

Algunos de los lemas en la magisterial “Gran Marcha de la Dignidad” revelaban la profundidad del desprestigio del gobierno y del partido gobernante. “FRG: Frente Ratero Guatemalteco”. Otro aludía a la manita símbolo del FRG: “Manita traidora, se te llegó la hora”. Otros reflejaban el disgusto con la rápida promesa de compensación que recibieron hace unos meses los ex-patrulleros de autodefensa civil, con presiones y manifestaciones que aún mantienen: “En vez de pagar a los que hicieron matazón, den dinero para la educación”. También la veta antimilitarista: “Escuelas sí, cuarteles no”. Otros recordaban consignas de hace treinta años: “Ahora somos más”, “Magisterio unido jamás será vencido” o “Viva el magisterio combativo y consecuente”. Alguno de los viejos líderes del magisterio afirmaba con profundidad: “Si quieres mejores ciudadanos, haz una revolución en las aulas”.

SEGUNDA ETAPA: A OÍDOS SORDOS,CRECEN LAS PROTESTAS

En la segunda etapa de la lucha (25-30 enero) se incrementaron notablemente las protestas. El miércoles 29 tuvo lugar una marcha aún mayor del magisterio por el centro histórico de la capital. Algunos calcularon hasta 55 mil personas. Se bloquearon completamente las entradas del Congreso, manteniendo encerrados en el recinto legislativo a la mayoría de los diputados y a la Ministra de Economía. Algunos diputados recibieron a una comisión de dirigentes del magisterio, recomendaron al Ejecutivo llegar a un acuerdo y pidieron a la Iglesia católica actuar como mediadora. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo comenzaron a levantar actas de despido.

Claros los dos grandes medios de presión de parte y parte -mantener el paro al comienzo del ciclo escolar y las amenazas de despido-, el magisterio buscaba calmar la ansiedad de padres y madres de familia por la reanudación de las clases y el gobierno amenazaba, confiando en ese colchón que le ofrece el gran número de maestros y maestras desempleadas.

Se iban ya perfilando los puntos cruciales que se jugaban en el conflicto: el monto del presupuesto de educación y la calidad misma del proceso y del producto educacionales. El diario vespertino “La Hora” recordó que la política educativa de Guatemala está muy a la zaga de las que diseñaron en la región y hace muchas décadas Costa Rica y Panamá, traducidas en altos presupuestos educativos, tanto en montos como en porcentajes del PIB. “Prensa Libre” publicaba estadísticas centroamericanas. Costa Rica asigna a educación un 5.5% de su PIB; Panamá, un 5.1%; en la zona intermedia Nicaragua con un 3.9% y Honduras -que últimamente ha acelerado su inversión- con un 3.6%; y en los últimos lugares, El Salvador y Guatemala con un 2.5% de su PIB. Todo ello, según datos del PREAL de la UNESCO. Es cierto que las asignaciones presupuestarias de Guatemala crecen cada año notablemente, sobre todo desde los acuerdos de paz. De 2001 a 2002 el aumento fue de 27.26%. Pero en 2003 la asignación disminuyó en un 8.48%, aunque hay que considerar la ayuda alimentaria que se da a niñas y niños en las escuelas, y que fue trasladada al Ministerio de Agricultura.

La calidad de la educación fue otro punto crucial en el debate. Hay analistas que no creen que el magisterio esté verdaderamente interesado en la mejora de la calidad de la educación y critican el tremendo ausentismo de los maestros rurales y su falta de presencia en la coalición que ha ido impulsando reflexión y propuestas sobre la reforma educativa. María del Carmen Aceña, directora de CIEN, Centro de Investigación Social de la Universidad Francisco Marroquín, sostiene que el aumento del presupuesto de educación debe estar relacionado con la productividad educacional. Y aunque admite nuestro escaso gasto social en educación, también recuerda que Guatemala tiene la menor carga tributaria de la región. Floridalma Meza, de la Gran Campaña por la Educación, destaca que para cualquier aumento salarial habría que tener en cuenta “la calidad, la profesionalización y las áreas geográficas que se atienden”, y que el aumento del presupuesto educativo debe ser “para ampliar la cobertura, la equidad y la pertinencia” de la educación. Hay otros que opinan que aumentar los salarios del magisterio sólo desencadenará una espiral de gasto social sin sustento financiero.

A los pocos días, el Presidente Portillo y el Vicepresidente Reyes ratificaron al magisterio la oferta de un bono mensual de 100 quetzales, prometiendo extenderlo a los 300 mil trabajadores del Estado. El Presidente de los empresarios del CACIF tachó a ambas autoridades de “irresponsables” -por amenazar hacerlo por decreto-, y de “populistas, demagogos y electoralistas”. La promesa presidencial costaría a Finanzas unos 360 millones de quetzales.

TERCERA ETAPA: INICIO DEL DIÁLOGO

En la tercera etapa del conflicto (31 enero-6 febrero) se formó la Comisión de Alto Nivel del Gobierno (Ministros de Educación y Trabajo y un Viceministro de Finanzas). El Ministro de Trabajo, nombrado portavoz de la negociación, resultó uno de los miembros más intransigentes de la Comisión. Mientras se negociaba, el magisterio cesó las marchas, aunque el gobierno no dejó de levantar actas y mantuvo en la TV una propaganda distorsionante de los objetivos del paro.

Las autoridades financieras del país desautorizaron el bono prometido por el Presidente afirmando que 100 quetzales más para todos los trabajadores del Estado carecía de viabilidad financiera: aumentaría el déficit fiscal, y entraría en contradicción con el acuerdo de standby con el FMI. Con esta misma argumentación, el Presidente del Congreso, Ríos Montt, calificó la decisión presidencial como “irresponsable”.

Mientras los institutos de enseñanza media se adherían al paro el 6 de febrero, elevando a 85 mil los docentes que protestaban y a 21 mil 785 los planteles sin funcionar, se llegó a un primer acuerdo de siete puntos: fin del paro el 10 de febrero y suspensión de medidas gubernamentales disciplinarias; aceptación del bono de 100 quetzales; continuación de la negociación del convenio colectivo de trabajo; explicación técnica del presupuesto, especialmente del de educación; comunicación de la respuesta de las bases magisteriales a estos puntos el 10 de febrero, invitación a la Conferencia Episcopal a participar como mediadora o facilitadora del proceso. Pero, mientras el Ministro de Educación dio al acuerdo el carácter de “logro definitivo”, las bases del magisterio lo rechazaron de inmediato.

CUARTA ETAPA: AUDACIA EN FORMAS INÉDITAS DE PROTESTA

La cuarta etapa (7-17 de febrero) exacerbó el conflicto en formas inéditas en el país. Sólo en 1944, cuando el gremio magisterial fue actor importante en la Revolución de Octubre se vieron en Guatemala acciones tan audaces. Y aunque siempre ha sido este gremio la punta de lanza del movimiento social, tanta audacia no se vio ni en 1976
ni tampoco en 1985 y en 1989.

Al día siguiente de la firma del acuerdo, el movimiento magisterial protestó ocupando durante diez horas el Ministerio de Educación. Cuando quedó desalojado, se levantó acta frente al Fiscal General de la República de que todo había sido respetado y dejado en perfecto orden. Ese mismo día 7 de febrero comenzó el bloqueo de fronteras y de cruces estratégicos en las carreteras. Da idea de la magnitud de la participación en la protesta el hecho de que hubo actividades multitudinarias en 15 de los 22 departamentos del país.
Julio Solano, coordinador de la Asamblea General Permanente, declaró el día 7 que rechazaban el bono porque “recorta los programas del Ministerio de Educación y es ajeno a nuestros planteamientos”, que el gremio se da cuenta “de que de parte del Ejecutivo no existe voluntad política” para discutir y que la lucha magisterial no es sólo por el salario: “No estamos en una lucha economicista, sino por la ampliación al presupuesto de educación, para que el ministerio brinde enseñanza de calidad y se fortalezcan los programas y de ahí parta una política salarial acorde a las necesidades del país”. Para este momento, las demandas de aumento salarial habían sido ya rebajadas del 100% al 60%. Pocos días después, un grupo de maestros y una maestra ocuparon el Ministerio de Trabajo y una gran multitud de educadores se asentaron en la plaza contigua al Ministerio de Finanzas, impidiendo toda actividad. Canciones de la Nueva Trova acompañaron a los docentes
noche y día.

El Gobierno y el gremio magisterial solicitaron al Arzobispo de Guatemala, Rodolfo Quezada Toruño, su intervención mediadora. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal lo animó a aceptar recordándole su misión como Presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación: si había actuado en el conflicto armado interno, cómo no intentarlo ahora en un conflicto de menor envergadura. El Arzobispo aceptó ser testigo de honor de las partes, pero no mediador entre ellas, y lo aceptó como miembro de la Alianza Ecuménica. El pastor Vitalino Similox fue también testigo de honor.

Los testigos de honor pidieron a las partes precisar sus principales puntos para continuar el diálogo. Los dirigentes magisteriales destacaron: el aumento del presupuesto, la reingeniería de la reforma educativa y la suspensión de las sanciones. El Arzobispo declaró no haber conseguido que el Gobierno señalara sus puntos cruciales. Los maestros desalojaron el Ministerio de Trabajo y abandonaron la Plaza del Ministerio de Finanzas como una muestra de buena voluntad.

QUINTA ETAPA: DIÁLOGO CON TESTIGOS DE HONOR

La quinta etapa (18-21 febrero) fue una breve pausa de esperanzas. El Arzobispo Quezada, nuevo portavoz del diálogo, habló de “mucha sinceridad” y de “falta de tensión en el diálogo”. Creía que el domingo 23 podía estar solucionado el conflicto.

Los dirigentes del magisterio presentaron sus tres puntos y pidieron que el aumento del presupuesto de educación se resolviera con transferencias desde el presupuesto global, así como en 2002 se habían hecho transferencias a Defensa y al Estado Mayor Presidencial. El gobierno presentó como sus tres puntos fundamentales de diálogo: la descentralización de la educación, su mejora, y la mejora de los salarios, ofreciendo continuar el diálogo mientras seguían las protestas, pero advirtiendo que los maestros en paro no recibirían su sueldo.

Esto defraudó al magisterio, que rechazó esta especie de “permiso” estatal para protestar. Para entonces, sentían el enorme apoyo que les brindaban de todas partes del país. Cada día llegaban a la capital maestras y maestros de los departamentos, haciendo posible la rotación de los manifestantes y una continua presencia pública. El jueves 20 de febrero, el juez de primera instancia laboral Jorge Galdámez sentenció que el paro magisterial constituía “una huelga de hecho ilegítima”. Y dio cinco días a educadoras y educadores en paro para volver a sus labores si no querían ser despedidos. Los dirigentes del magisterio insistieron en que su causa era justa. Los diputados opositores plantearon la viabilidad de hacer transferencias a Educación recortando los presupuestos de Defensa y de la Presidencia de la República, y Ríos Montt adoptó una nueva postura: incrementar los impuestos para afrontar los aumentos salariales del magisterio y de los demás trabajadores del Estado.

Sin esconder su desaliento, el Arzobispo Quezada informó que el diálogo estaba en un punto muerto. “Es difícil que se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, dijo. Y pidió oraciones por la solución del conflicto. El magisterio amenazó con medidas aún más drásticas de protesta.

SEXTA ETAPA: EFERVESCENCIA EN TODO EL PAÍS

La sexta etapa (22-27 febrero), clímax del conflicto, comenzó con el anuncio de las autoridades: no pagarían los salarios de febrero a 50 mil de los 80 mil maestros estatales y abrirían expedientes de despido a 15 mil.

En respuesta, el magisterio ocupó las aduanas fronterizas de San Marcos y Huehuetenango en Occidente, las de Chiquimula y Jutiapa en Oriente, las de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla en el Norte y las de Puerto Quetzal en el Sur. Se produjeron cortes en la carretera de Flores a Tikal en el Petén, en la carretera al Atlántico en Río Hondo, en la Panamericana, y en otros cruces importantes. El magisterio ocupó también las instalaciones petroleras de Rubelsanto en el Norte. En San Ildefonso Ixtahuacán (Huehuetenango) inició otra Gran Marcha de la Dignidad: 8 mil docentes caminaron durante cinco días los 300 kilómetros que les separaban de la capital, evocando la Marcha de los Mineros de 1975. Se empezó a hablar de la posibilidad de decretar un estado de excepción y el gobierno empleó soldados para apoyar a los policías que acordonaban los edificios públicos.

En su más audaz acción, los docentes tomaron el 25 de febrero el Aeropuerto Internacional de La Aurora, en la capital. Una ocupación sin violencia alguna y en ambiente de fiesta. Maestros bailando con turistas. El Presidente amenazó con romper el diálogo. No podía “permitir que se dañe la economía del país y se dañen puntos neurálgicos”. Dirigentes magisteriales respondieron que hacían uso del artículo 45 de la Constitución, que afirma que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”, y que defendían los derechos “mínimos e irrenunciables” del magisterio que menciona el artículo 78 de la Constitución, al hablar de la obligación del Estado de promover “la superación económica, social y cultural del magisterio”. “No estamos en huelga, estamos actuando de manera pacífica en una especie de trabajo de campo”, dijeron.

Se esparcían rumores de que el magisterio no habría podido aguantar una protesta tan prolongada sin estar siendo financiado por fuentes ajenas al magisterio. Se apuntó a los ex-Presidentes de la Cámara de Industria, que estarían dando comida a los ocupantes de edificios públicos y “asesoría de imagen” al movimiento, aconsejándoles evitar todo tipo de violencia y enseñándoles tácticas creativas, renovadas cada cierto tiempo.

Analistas y periodistas recordaban continuamente la rápida reacción gubernamental para prometer y conceder jugosas compensaciones a los ex-patrulleros civiles cuando comenzaron a manifestarse con protestas y cierre de carreteras en el segundo semestre del 2002. El 26 de febrero el Ministro de Finanzas acudió ante la bancada de la ANN. La diputada Nineth Montenegro, acostumbrada a la auditoría del desembolso del presupuesto, lo interrogó. El Ministro se vio enfrentado a la comparación que se hacían amplios sectores de la opinión pública: ¿por qué el gobierno le regateaba al magisterio y no le había regateado un centavo a los ex-patrulleros civiles? El Ministro argumentó que no era comparable porque los patrulleros “defendieron al país”.

El 27 de febrero los docentes desalojaron el Aeropuerto y la Portuaria de Puerto Quetzal, y la Gran Marcha de la Dignidad llegó a la capital. A las diez mil personas que habían caminado cinco días se unió otra gran multitud hasta llegar a la Plaza de la Constitución unas 30 mil. Las consignas habían ido variando. “Con sueldo o sin sueldo, ni un paso atrás”, “Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, “No somos uno, no somos cien. Pinche ministro, cuéntenos bien”. Maestras y maestros se retiraron a su campamento general, en el Instituto Belén en la Zona 1 de la capital.

SÉPTIMA ETAPA: VÍSPERAS DEL FIN Y COSECHA DE SOLIDARIDAD

En este segundo momento de diálogo, el magisterio rebajó la exigencia de aumento del presupuesto de educación de 2,800 millones de quetzales a 1,800 y luego a 1,500. Asimismo, los incrementos salariales fueron discutidos en cifras no porcentuales sino concretas: entre 300 y 200 quetzales. Varias personalidades e instituciones ofrecieron propuestas de solución a la crisis. Uno de los precandidatos presidenciales y gran empresario, Rodolfo (Fito) Páiz, propuso una solución a corto plazo, en la que se unía a la de los diputados de oposición: la transferencia de 810 millones de quetzales al presupuesto de educación. De largo plazo, propuso un aumento de 1% en el IVA para crear un fondo
para la educación gestionado por la sociedad civil. La Gran Campaña por la Educación propuso la redistribución del presupuesto del Estado para alcanzar en 2005 que la educación reciba el 3.13% del PIB, destinando parte del aumento a la profesionalización de maestros y al aumento salarial.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones confirmó la ilegalidad del paro magisterial el 28 de febrero. En cambio, el Procurador de los Derechos Humanos concluyó, después de la observación de los hechos, que el movimiento magisterial era legítimo: “No hay violencia, no hay agresiones; el movimiento es justo y legítimo, y se realiza en un período de paz”.

El 3 de marzo los colegios católicos suspendieron actividades y organizaron en el Instituto Belén una actividad en solidaridad con el magisterio, aportándoles una sustanciosa colecta de alimentos y culminando con una Eucaristía. El Obispo de Jalapa, Julio Cabrera, y las diócesis de San Marcos y Alta Verapaz, a través de sus departamentos de pastoral social, publicaron mensajes de solidaridad con el magisterio y reflexionaron seriamente sobre la situación de la educación en el país. En esta línea, hubo también un análisis publicado en campo pagado por la Universidad Rafael Landívar.

ACUERDO FINAL: EL ARTE DE LO POSIBLE

El día quincuagésimo del paro, 10 de marzo, el gobierno y el magisterio alcanzaron por fin un acuerdo. El 12 de marzo, el Arzobispo Quezada Toruño leyó el texto de 9 puntos. Se decidió la vuelta al trabajo para el mismo día 12. En cuanto al aumento del presupuesto de educación, se creó una instancia para mejorar becas, bolsas de estudio, útiles escolares y subsidio al transporte, beneficios logrados por la transferencia de 705 millones de quetzales que en el presupuesto estaban destinados a construcción de edificios del Estado y a otros gastos. El magisterio participará en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de Educación para el 2004. El gobierno concedió un aumento al salario base del magisterio de 150 quetzales. Los aumentos se harán por escalafón y serán aplicables a 51 mil quinientos docentes de primaria.

El pago de los salarios caídos de febrero quedó en manos de los tribunales. Y se creó una comisión bipartita de autoridades y docentes para analizar los 8 mil despidos ya decretados. Se acordó la reposición de mil horas de trabajo durante el año. Y la participación de la Asamblea Nacional Magisterial en la Reforma Educativa. El día 12, el magisterio inauguró el año lectivo con una gran fiesta en la Plaza de la Constitución.

SORPRENDENTE: NO HUBO REPRESIÓN

La ausencia de represión durante el prolongado paro magisterial resultó sorprendente. Las movilizaciones sociales sin víctimas, sin asesinatos ni secuestros, sin personas encarceladas y desaparecidas, se remontan en Guatemala a los años 70, antes de la masacre de campesinos en Panzós (1978), en vísperas de la toma de posesión del Presidente Lucas.

El secretario de la Asamblea Nacional Magisterial, Moisés Fuentes, denunció el asesinato de su hermano durante el paro. El hecho de que este crimen no se convirtiera en bandera, permite dudar sobre su conexión con el paro. Hubo cuatro docentes fallecidos durante el paro por accidentes. Pero no se denunció que sus muertes tuvieran causas represivas.

Evidentemente hubo presiones, amenazas incluso -y hasta de parte de los ex-patrulleros- pero no la brutalidad que estamos acostumbrados a reconocer como represión estatal. La mayor presión gubernamental estuvo en la información sobre el paro -propaganda sesgada-, en el levantamiento de actas de despido, en el salario impago de un mes, en los 8 mil despidos y en los cordones militares. También el magisterio ejerció presión: el mismo paro de labores, la ocupación de edificios, el cierre de fronteras y los bloqueos en encrucijadas viales. La Policía actuó con una serenidad pocas veces vista. Esto distingue a esta movilización del paro médico en El Salvador y la equipara a la protesta por el agua en Honduras.

IMPORTANTE RESPALDO SOCIAL

El paro del magisterio tuvo una aprobación social importante, aunque no hay aún encuestas que arrojen cifras. El hecho del apoyo que encontraron los docentes en los colegios católicos -tan poco partidarios de manifestaciones sociales públicas- es un signo notable de esta aprobación. Sólo en una ocasión padres de familia urbanos se manifestaron en contra del paro en un barrio de la capital. Los docentes que marcharon de Ixtahuacán hacia la capital se admiraron de la solidaridad con que fueron recibidos a su paso por las diversas poblaciones.

No faltan analistas que valoran que esta movilización “nació sola, transcurrió sola y murió sola”, pero no parece objetivo decir que “murió”, dado que consiguió metas, inferiores a las que se había propuesto, pero de todos modos notables, tanto en el orden salarial como en el de la participación en la elaboración del presupuesto y en la reforma educativa. En 1985 y 1989 el magisterio tuvo que volver a sus actividades sin haber conseguido nada. Hoy ha conseguido un diálogo con el gobierno que éste ha debido mantener, a pesar de haberlo querido concluir rápidamente enviando al movimiento
a las aulas con las manos vacías.

Y sobre todo, el paro consiguió centrar el debate nacional sobre una cuestión tan vital como la educación, aun cuando el magisterio aparecía tan preocupado por sus propios salarios. Sin embargo, ¿quién podrá tirar la primera piedra si es consciente de las angustias que tan bajos salarios llenan la vida de maestras y maestros?

EN RÍO REVUELTO ¿GANANCIA DE QUIÉNES?

A río revuelto, no pocos intentaron ganar en la pesca y sólo algunos lo hicieron en buena lid. El partido gobernante, el FRG, comenzó desinteresándose del conflicto. Ya habían cortejado a los ex-patrulleros considerándolos “voto cautivo”. Pero tuvieron que terminar negociando con los maestros, aunque fuese en secreto, tal vez porque temieron el influjo de la escuela en el voto de miles de familias.

Los partidos de oposición vieron más claro y desde el comienzo propusieron salidas al conflicto, si bien la mayoría sólo de corto plazo. Sólo Rodolfo Páiz, ex-ministro de finanzas con la DC, que vio su reforma fiscal bloqueada por un paro empresarial en 1988, tuvo el valor de proponer un aumento de los impuestos. Tiene razón: un gobierno sin ingresos no puede afrontar un gasto social responsable.

Los medios se mostraron al principio favorables a la causa del magisterio, pero cuando éste desplegó con fuerza sus métodos, el temor al desorden pesó más y comenzaron los editoriales en contra en “Siglo XXI” y “Prensa Libre”. Sólo “El Periódico” y “La Hora” mantuvieron el apoyo. Los movimientos campesinos quisieron movilizarse a la par del magisterio pero no lo lograron. No pocos intelectuales, alguna universidad, bastantes diócesis, trataron de ayudar al magisterio y al Estado reflexionando sobre el núcleo de los problemas educativos.

Los docentes no dejaron de hablar con nadie. Parecen haber mantenido la independencia de su movimiento, aun cuando fueran financiadas por otros intereses algunas de sus actividades. En El Salvador, los médicos han tenido mucho apoyo en el FMLN, la gran oposición de izquierda, si bien el popular alcalde de San Salvador, Héctor Silva, tuvo que dejar de pensar en su prometedora candidatura presidencial cuando su ofrecimiento de mediador en el conflicto disgustó a la dirigencia del FMLN. En Honduras, las alianzas fueron múltiples y no corrompieron el movimiento.

¿VINO NUEVO EN NUEVOS TONELES SOCIALES?

El movimiento magisterial en Guatemala, de cuño tradicional, que aceptaba la legitimidad del Estado actual y, por eso, expresaba en sus movilizaciones una identidad social legitimadora -como diría Manuel Castells- se ha mostrado como un movimiento social capaz de reforma y de rejuvenecimiento. En él se observaron rasgos típicos de los movimientos sindicales cuya pertinencia y permanencia están hoy en cuestión en la época de la globalización. Sus dirigentes hablan aún con lenguajes que revelan análisis de origen marxista. Por ejemplo, cuando niegan ser “economicistas”, a pesar de enfatizar tanto las reivindicaciones salariales. Sus multitudes se alentaron y animaron aún con los cantos de protesta de la Nueva Trova, aunque al mismo tiempo bailaron salsa. Y sus dirigentes se abrieron a las cuestiones de fondo que en la educación pueden cuestionar sus mismos roles, por ejemplo, al plantear la descentralización. Pidieron la mediación de personalidades eclesiásticas. Y en sus alianzas dentro de la sociedad civil se abrieron a intelectuales no orgánicos, a movimientos educativos de carácter confesional y a movimientos rurales de raigambre campesina. Su identidad discurrió así por los cauces de la resistencia y de la reforma, no sólo por los de la legitimación. Todo esto puede acabar cosechando vino nuevo para nuevos toneles sociales.

¿LA DEMOCRACIA ESTÁ DESNUDA?

El movimiento magisterial fue escuchado, al menos parcialmente, en un año electoral. No sucedió así con el movimiento de los médicos de El Salvador. Y en Honduras el movimiento contra la privatización del agua fue escuchado en un año no electoral. La escucha o la sordera ante estos movimientos sociales de alcance nacional tiene y tendrá importantes consecuencias. En Venezuela, por ejemplo, dos porciones -de incierta magnitud- de la sociedad civil se disputan la escucha del gobierno y de las otras instituciones del Estado. Vivimos en un momento histórico en el que el colosal movimiento global para impedir la guerra fue desoído por la única superpotencia mundial y por sus aliados. Y ese movimiento mundial insiste en que lo escuchen.

Si no se escucha a la sociedad civil, si no se le brinda la oportunidad de desdecirse de determinados resultados electorales o de matizarlos -tal vez en referendos o tal vez estructurando consejos de amplia representación social que complementen a los gobiernos electos- las democracias actuales dejarán al descubierto su carácter formal, su alergia a la participación y su alejamiento de una voluntad popular cada vez más y mejor informada. Se vería entonces que esa democracia está desnuda de razón y de sentido como aquel vanidoso emperador, paseando desnudo sin sus fantasiosos oropeles.

¿SERÁ POSIBLE?

¿Será muy optimista pensar que en Centroamérica se inicia otra etapa, en que la vida de los movimientos sociales centroamericanos podrá florecer si se deciden a participar en cuestiones cruciales para la vida de la gente? La educación, la salud y el agua han mostrado su capacidad de convocatoria. En Nicaragua también la mostró en el año 2002 -aunque ya no- la lucha contra la corrupción. ¿Podrán mostrarla otras necesidades? ¿Las respuestas a la vulnerabilidad social ante los desastres naturales, los derechos de los consumidores, la defensa del medio ambiente, la auténtica apertura y equidad en el comercio internacional, la lucha por la paz, y el combate a la violencia de género presente en hogares e instituciones dominadas aún por el patriarcado? ¿Será que también en Centroamérica, después de tan grandes decepciones, comenzaremos a creer de nuevo que “otro mundo es posible”?

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