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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 253 | Abril 2003
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Nicaragua

“La Red de Mujeres contra la Violencia pasó ya varias pruebas de fuego”

Violeta Delgado, durante ocho años al frente de la Red de Mujeres contra la Violencia, compartió con Envío, en una charla que transcribimos, una historia de este espacio del movimiento de mujeres de Nicaragua, que cuenta ya con un acumulado de experiencias y logros.

Violeta Delgado

La Red de Mujeres contra la Violencia surgió en 1992, durante el encuentro nacional Mujeres Unidas en la Diversidad. Antes de ese encuentro, entre 1990 y 1992, tras la derrota electoral del FSLN, ya se estaba dando por todo el país un gran despertar de los planteamientos feministas en la construcción de agendas para las mujeres. En 1992 ya estábamos listas para priorizar el pensar en los problemas de las mujeres en Nicaragua y en proponer lo que entre todas podíamos empezar a hacer.

De aquel encuentro nacional surgieron cinco redes. La red de mujeres por la salud, que luego se llamó Red de Mujeres por la Salud María Cavallieri. La red de mujeres por la economía, que luego se constituyó en la Asociación de Mujeres Profesionales por la Democracia en el Desarrollo Las Bujías. La Red de Mujeres por la Educación, que continúa existiendo y prioriza la educación de adultas, particularmente en el espacio rural. Y la Red de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que realiza acciones en relación con estos derechos. También nació entonces la Red de Mujeres contra la Violencia.

Inicialmente, fuimos un grupo relativamente pequeño de 18-22 organizaciones dispuestas a realizar dos o cuatro actividades al año, y a elaborar folletos para comunicar qué hacer y a dónde acudir en situaciones de violencia. En 1992 promovimos la primera campaña nacional contra la violencia, que se llamó “Rompiendo el Silencio”. Ya hacía unos años que se había comenzado a hablar críticamente de la violencia física contra las mujeres en sus casas, de esos golpes y palizas que los hombres propinan a sus mujeres y que llaman popularmente “la sopa de muñeca”. Incluso en 1988 había sido muy publicitado un vídeo sobre el problema de la violencia doméstica. En nuestra campaña de 1992 quisimos romper el silencio: hablar abiertamente de esta realidad y que la sociedad la identificara como un problema muy grave. Las más antiguas en la Red recuerdan que para lograrlo, algunas se dedicaron a hacer pintas en muros de las casas del Reparto Schick de Managua: “Aquí vive un hombre que le pega a su mujer”. Con ese ánimo de sacar a la luz el problema hicimos pintas, organizamos algunos foros, lanzamos mensajes en las radios y spots en la televisión y nos movilizamos en una marcha en Managua llevando lacitos blancos, todo con el objetivo de denunciar y de poner en el tapete público la violencia contra las mujeres. Rompimos el silencio.

A lo largo de los años nuestras campañas las hemos desarrollado siempre en torno al 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. En 1993 quisimos dar un paso más. La campaña se llamó “Rompiendo el silencio...

¿y de respuestas qué?” Queríamos recordar que el problema existe y que animábamos a las mujeres a denunciarlo, pero también demandábamos al Estado y a otros espacios de la sociedad civil propuestas y compromisos con soluciones. Ese año se creó la primera Comisaría de la Mujer de la Policía Nacional. Y ese año logramos también la aprobación, aunque no tal como la queríamos, de la Ley 150, que sanciona los delitos sexuales.

La Ley 150 la hubiéramos querido diferente. Porque, aunque efectivamente se reconocía que la sanción de abusos, violaciones y otros delitos de orden sexual ya no estaría vinculada únicamente a la decisión del juez, sino que eran delitos que se podían perseguir de oficio, que el Estado se comprometía a intervenir aunque no hubiera habido una denuncia concreta de la mujer afectada, también en esa ley se tipificaron como “sodomía” las relaciones lésbicas y homosexuales y el texto legal propone sancionar cualquier expresión pública de este tipo de relaciones, calificadas en la ley como relaciones “contra natura”.

En 1994 la campaña fue “Quiero vivir sin violencia”. Iniciamos con ella una nueva etapa. Por primera vez sacamos el broche de la Red y lo popularizamos. Creo que ésa fue la campaña nacional más hermosa que la Red ha organizado. Entre los réditos personales, colectivos y políticos que nos dejó fue que logramos seducir con este tema a las jóvenes y a los jóvenes. Que logramos desmontar algunos de los bloques de esa muralla de incomunicación que separaba hasta entonces a las organizaciones de mujeres de la gente joven. Esa muralla existía. Me recuerdo a mí misma, en el tiempo de la revolución, cuando tenía 18-19 años y estaba en la universidad y era líder estudiantil, y me preguntaban si era feminista. Yo respondía que no, que yo no quería tener nada que ver con eso, porque además ya las mujeres teníamos todo el poder, y porque ya todas éramos capaces de demostrar lo que podíamos, y porque si nos esforzábamos podíamos conseguir también todo lo que quisiéramos... Todo un discurso. Ni siquiera me había dado cuenta de que, aparte de nuestras propias capacidades, en aquellos años el hecho de que los hombres andaban en la guerra era lo que nos daba la oportunidad de ocupar cargos y lo que facilitaba que algunas tuviéramos espacios de liderazgo público.

Durante la campaña de ese año organizamos una red nacional de centros de recolecta de firmas para solicitar al Estado nicaragüense que ratificara la Convención Interamericana Belem do Pará, una convención de la OEA que acababa de publicarse y que plantea a los Estados la obligación de prevenir, castigar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. En treinta días recogimos unas 30 mil firmas con el trabajo voluntario de miles de hombres y mujeres, estudiantes sobre todo, que iban y venían a la oficina de la Red -en ese momento era un pequeño cubículo en la Fundación Puntos de Encuentro- a entregar hojas con firmas, a solicitar más hojas, a recoger broches... Más que saber exactamente qué es lo que dice el texto de la Convención, la población captó claramente el mensaje de que estaba firmando para que hubiera leyes que evitaran tantas formas de violencia contra las mujeres.

El broche fue muy importante para crear conciencia. Un broche con el mensaje “Quiero vivir sin violencia” prendido en la ropa, prendido en la mochila estudiantil, cargado en el propio cuerpo, es más que una calcomanía en el carro o un afiche en la pared.

En tu cuerpo es señal de un compromiso personal, movía al compromiso individual a las personas que lo portaban. Y el broche ayudó a que muchachas y muchachos comenzaran a tener interés por los mensajes, los planteamientos y los análisis que el movimiento de mujeres hacía en relación a la violencia contra las mujeres.

Ese año, miles de personas participaron en la campaña y decenas se interesaron en conocer cómo integrarse a la Red de Mujeres contra la Violencia. En abril de 1995, cuatro meses después de haber montado esta hermosa campaña nacional y animadas por los resultados, decidimos capitalizar tanto interés y entusiasmo y organizar un encuentro nacional sobre el tema de la violencia contra las mujeres, para que participaran todas las organizaciones y personas que se habían integrado en la campaña. Fue durante ese encuentro que decidimos abrir las puertas de la Red. Ya no seríamos 18-22 organizaciones exclusivamente de mujeres o autodenominadas feministas. A partir de entonces, podría participar cualquier organización y cualquier mujer que estuviera comprometida, y que así lo expresara, con la misión y objetivos de este espacio. A las organizaciones que se integraran sólo les pedíamos, además de ese compromiso, que su representante en el espacio de la Red fuera una mujer.

A partir de ese año comenzamos a reflexionar en lo que significaba ser una red. Y nos animamos a hacer otro gran esfuerzo: demandar una ley específica que sancionara
la violencia doméstica. En agosto de 1995, tres o cuatro meses después de haber organizado el encuentro nacional, decidimos elaborar el anteproyecto de esta ley tal como nosotros la soñábamos. Nos pasamos el resto del año trabajando en esto y consultando a las organizaciones de mujeres del país. Y dedicamos la campaña de ese año a recolectar firmas solicitando a la Asamblea Nacional que aprobara esa ley.

El trabajo en torno a esta ley generó grandes debates entre nosotras. Quisiera compartir, al menos, uno. Teníamos dos posibilidades. O trabajar por una ley nueva y específica o lograr una reforma al Código Penal ya existente. Una ley específica que sancionara la violencia doméstica debía ir más allá de lo punitivo, debía incluir políticas de prevención y de atención, debía definir claramente el sujeto a proteger y a potenciar: las mujeres. Una reforma al Código Penal era algo más sencillo: introducir en el Código artículos para prevenir y sancionar la violencia doméstica. Debatimos mucho para decidir por qué camino irnos. Con una ley específica y muy completa corríamos el peligro de que después de aprobarse, se quedara en el papel, esperando los recursos para poder implementarla. Lo mismo que ha sucedido con el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Con la otra opción, la reforma al Código Penal, podríamos contar con un instrumento de aplicación inmediata, porque a un juez o a una jueza le puede faltar cualquier ley específica, pero nunca el Código Penal, que es su “machete” de trabajo.

Por otro lado, decíamos: si apostamos a una reforma al Código Penal para sancionar la violencia intrafamiliar, las mujeres también podrían ir presas. Porque las mujeres ejercemos violencia en las casas contra las niñas y los niños. El reconocimiento de esta realidad generó también mucho debate y mucha reflexión. Porque, aunque nosotras creemos que el ejercicio de la violencia dentro de la familia tiene su base en la violencia hacia las mujeres, también sabemos que las mujeres tenemos responsabilidad en la transmisión de formas de control a través de la violencia. A pesar de la reflexión colectiva y desculpabilizante que hacíamos de nuestro comportamiento en el hogar, esta reflexión nos ayudó a buscar cómo empezar a deconstruir estas prácticas. Las mujeres jóvenes de la Red jugaron un papel muy importante en estos debates. Finalmente, nos decidimos por elaborar un anteproyecto de ley de reformas y adiciones al Código Penal.

Ese año 1995 la campaña de la Red se denominó “No hay excusas para la violencia”. Y representó un trago muy fuerte, porque sabíamos que, yendo a fondo, este mensaje también podía significar cárcel para las mujeres. Era un riesgo, pero decidimos correrlo.

Entre noviembre de 1995 y agosto de 1996 trabajamos en la elaboración del anteproyecto de ley. Ya para entonces, y a partir del encuentro nacional, éramos casi 90 las organizaciones integradas en la Red y decenas las mujeres que participaban a título individual, aunque hasta hoy nunca hemos hecho el esfuerzo de contarlas.

Queríamos que la Asamblea Nacional aprobara nuestra ley antes de que terminara el período legislativo de ese año, el último del gobierno de doña Violeta. En noviembre de 1996 habría elecciones y no sabíamos qué Asamblea Nacional tendríamos.

Y en la que teníamos, contábamos ya con diputados y diputadas comprometidas con el tema. Cuando lanzamos la recolecta de firmas para respaldar nuestro anteproyecto de ley, tuvimos las primeras estadísticas que evaluaban la incidencia de la violencia en Nicaragua. Nos las aportó la investigación pionera titulada “Confites en el Infierno”, en la que participaron Las Bujías, la Red, la Universidad de León y la Universidad de Umea, de Suecia. Por primera vez, lo que percibíamos tuvo un respaldo científico y tuvo cifras. Por primera vez supimos que una de cada dos mujeres nicaragüenses ha sido maltratada físicamente por su pareja, ha vivido alguna situación de violencia física de parte de su pareja, no en su niñez y no sólo violencia sicológica. Supimos que el 30% de las mujeres había recibido golpes durante su embarazo, y que una de cada cuatro mujeres nicaragüenses y uno de cada cinco hombres había vivido abuso sexual durante su infancia. La investigación demostró también que no eran precisamente los hombres desempleados y los que sobrevivían en la extrema pobreza quienes más golpeaban y maltrataban, sino los que trabajaban en el sector informal, no necesariamente los de menores ingresos.

La información facilitada por esta investigación nos permitió respaldar durante todo un año nuestra demanda a la Asamblea Nacional para que los diputados aprobaran la ley. Esta positiva vinculación entre una investigación y una lucha legal resultó una experiencia ejemplar a nivel latinoamericano, y hasta recibimos un reconocimiento especial porque se demostró cómo una investigación puede convertirse en instrumento para lograr cambios e influir en políticas públicas aportando un beneficio inmediato a la población investigada.

En el anteproyecto de ley que presentamos a la Asamblea Nacional planteamos establecer once medidas de protección y de seguridad para las mujeres en situación de violencia y el derecho de toda mujer de solicitar esas medidas, lo que no significa necesariamente que el agresor vaya a la cárcel, pero sí que el juez puede ordenar que se le quiten armas de fuego o armas blancas, que puede prohibirle acercarse a la casa de la mujer o a su trabajo o que puede sancionar el acoso telefónico. También planteamos reconocer las lesiones sicológicas como un delito. Esto significaba un avance innovador: el Estado nicaragüense debía comprometerse a reconocer que las personas somos algo más que cuerpo y reputación. Hasta entonces, lo único que el Estado sancionaba eran las lesiones a la integridad física y a la reputación, por la calumnia. Queríamos que el Estado se comprometiera a proteger también la salud mental y el bienestar emocional de sus ciudadanas y ciudadanos.

En el anteproyecto de ley proponíamos también la eliminación del Código Penal de los delitos de amancebamiento y de adulterio, tipificados desde finales del siglo XIX con un alto grado de inequidad, de tal forma que sólo la mujer podía ser acusada de adulterio y sancionada por ello. La podía acusar su marido sólo por tener sospechas de que
tenía relaciones extramatrimoniales. En contraste, el hombre sólo podía tener una sanción menor por el delito de amancebamiento, pero la sospecha no era suficiente, sino que tenía que comprobársele la constitución de otro hogar, ¡y sólo se le sancionaba si lo había constituido a dos cuadras del primer hogar! Sólo en esos términos se sancionaba la infidelidad masculina, de tal manera que para que un hombre fuera apresado por este delito tenía que proponérselo... A lo largo de los años, el adulterio, entendido así, era usado frecuentemente como excusa contra las mujeres, y muchos abogados lograban liberar a los hombres agresores aduciendo que la mujer había cometido adulterio.

También planteamos en nuestro anteproyecto de ley la figura jurídica de la protección del patrimonio familiar. Y que la violencia entre miembros de la familia se reconociera como un agravante. Hasta entonces, si el delito lo cometía un miembro de la familia era un atenuante y así, si la pena por el delito cometido era de tres-seis años y el agresor era de la familia, se le aplicaba la pena mínima, tres años. Demandábamos que si era miembro de la familia se le aplicara la pena máxima establecida para ese delito.

Después de mucho trabajo, esfuerzos y presiones, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictaminó nuestro anteproyecto, eliminando de él todas estas propuestas. Sólo nos dejó lo de las medidas de protección. Nuestro anteproyecto quedó mutilado. Entonces, tuvimos una asamblea de muchas mujeres para pensar qué hacer: ¿la tomamos o la dejamos, la bebemos o la derramamos? ¿O vamos a la Asamblea a pelear nuestro anteproyecto original teniendo encima un dictamen desfavorable de la Comisión de Justicia o dejamos que la Asamblea Nacional apruebe lo que quiera, aunque dejando bien claro que no es nuestra la maternidad de ese adefesio legal? Fue un día intenso de debate. Decidimos dar la pelea ante la Asamblea Nacional con una campaña de fax y de cartas a las direcciones de todos los diputados. Publicamos en los periódicos el modelo de carta para enviar y la ciudadanía respondió. Los fax de los diputados sonaron miles de veces.

A la par, constituimos una red de solidaridad dentro de la Asamblea Nacional: con las secretarias, con las mujeres policías. Nos consiguieron pases para entrar en el recinto cuando quisiéramos. Las mujeres del bar nos regalaban el almuerzo para almorzar allí si nos tocaba hacer cabildeo. Nos turnamos, hicimos grupos para que cada día hubiera un grupo de mujeres presionando y recordando el tema dentro del recinto de la Asamblea. Nadábamos contra la corriente. Buscábamos convencer a los diputados para que votaran por un dictamen de minoría, porque el de mayoría era el mutilado. Los argumentos que utilizaban los diputados eran dignos de oirse: ¿Y cómo probar las lesiones sicológicas, cómo demostrar que en los nervios de una mujer histérica tiene responsabilidad su marido?

Logramos convencer a las mujeres diputadas de la UNO y a las del FSLN para que conformaran una coalición superando sus diferencias partidarias. Doña Miriam Argüello fue un elemento clave para convencer a los diputados de la UNO a favor de la tipificación como delito de las lesiones sicológicas. Argumentó ante sus colegas en la Asamblea que cuando ella había estado presa en los años 80 los sandinistas no le habían tocado un pelo, pero que los interrogatorios y los vejámenes a los que decía haber sido sometida habían dañado su salud mental, y afirmaba que si hubiera habido entonces una ley que tipificara este delito, ella los hubiera denunciado y varios estarían presos. Este argumento impactó a los diputados de la UNO, y los convenció de que lo que estábamos demandando no era una ley sandinista, puesto que doña Miriam era una mujer a la que nadie en aquel momento podía acusar ni de sandinista ni de pro-sandinista.

En cuanto al rechazo a eliminar del Código Penal los delitos de adulterio y de amancebamiento, la diputada sandinista Leticia Herrera nos ayudó presentando una moción como contrapropuesta. Propongo -dijo- que se elimine solamente el delito de amancebamiento y quede el de adulterio, pero que éste se aplique a los hombres en los mismos términos que el Código establece debe aplicarse a las mujeres. Ante esta posibilidad -la de ser denunciados, juzgados y sancionados a partir de que sus mujeres sospecharan de sus relaciones extramaritales- los diputados varones prefirieron negar todo el discurso que habían mantenido -que las mujeres éramos el pilar de la familia, que había que asegurar que diéramos buen ejemplo, etc., etc.- antes que verse en peligro. Y rechazaron la moción de la Leticia y decidieron aprobar por mayoría que se eliminara del Código tanto el amancebamiento como el adulterio.

Al final, lo único que no logramos rescatar de nuestro anteproyecto fue la protección del patrimonio familiar, y el argumento fue que era un tema de derecho civil, que tenía que ver con la propiedad, y que técnicamente no era posible. Finalmente, el 13 de agosto de 1996 fue aprobada la Ley 230 de Reforma y Adiciones al Código Penal, con el voto casi unánime de los diputados.

La Ley reconocía la violencia intrafamiliar como un delito de orden público, establecía las medidas de protección, establecía el delito de lesiones sicológicas, y eliminaba del Código el amancebamiento y el adulterio. Ese mismo año, en diciembre de 1996, el Ministerio de Salud reconoció, a través de un acuerdo ministerial, que la violencia intrafamiliar es un grave problema de salud pública en Nicaragua.

Así, en sólo dos años, entre 1994 y 1996 habíamos cosechado ¡un montón de cosas! Cosechamos un espacio amplio, una convención internacional ratificada, una ley, un acuerdo ministerial... Sin olvidar que el respaldo jurídico que tuvo la Ley 230 en la exposición de motivos de nuestro anteproyecto fue precisamente lo ya establecido en la Convención Belem do Pará, asumida y ratificada por el Estado de Nicaragua tras nuestros esfuerzos de recolecta de firmas. En esta vinculación concreta entre lo internacional y lo nacional hubo una gran enseñanza para nosotras. Además, esos años fueron también los de las Conferencias mundiales, la de El Cairo en el 94, la de Beijing en el 95. Con nuestra Ley 230 habíamos conseguido acercar esos grandes babalús internacionales a la vida de las mujeres nicaragüenses, demostrando que esos eventos y esas convenciones internacionales pueden ser algo más que reuniones de mujeres encopetadas y de señores de corbata, algo más que viajes y hoteles caros, y que los compromisos internacionales pueden significar mucho para nuestras vidas, tanto en positivo como en negativo. En Nicaragua habíamos visto cómo la Convención Belem do Pará se tradujo en sólo un año en una ley nacional que inmediatamente después representó una importante herramienta en manos de juezas y abogadas. Una enorme conquista.

Todo lo que hemos hecho y hacemos en cuanto a información y a comunicación masiva para hacer conciencia en la sociedad sobre la violencia contra las mujeres lo garantiza financieramente la cooperación internacional. Y las mismas mujeres, ya que el trabajo voluntario que hacemos tan a menudo es también una forma de financiamiento.
No contamos todavía con el Estado. Todavía, el Estado no ha designado nunca recursos del Presupuesto de la República para montar una sola campaña en relación a este tema.
El 25 de noviembre de 2002 la Red de Mujeres le pidió al Presidente Bolaños que se comprometiera con una campaña masiva contra la violencia hacia las mujeres.

Llegar con nuestros mensajes al público rural es aún un tema pendiente, y debemos reconocer que en el impacto en las comunidades rurales estamos todavía en pañales. Las mujeres de las poblaciones urbanas reciben mucha más información y apoyo de la Red que las de las poblaciones rurales. Queremos priorizar la radio y el mundo rural, pero aún nos falta mucho. No hemos renunciado a los distintivos. Los broches los dejamos de hacer porque nos salían muy caros. Hoy hacemos cosas más baratas: calcomanías y calendarios. El de este año 2003 trae el lema de la campaña: “Soy ciudadana, ¡exijo vivir sin violencia!”

Los calendarios son muy importantes para las comunidades rurales, porque instalan nuestros mensajes dentro de las casas. Desde 1995, acordamos publicar todos, o casi todos, nuestros materiales en español, inglés y mískito, para que lleguen a la Costa Atlántica.“Pero, si la que lee mískito lee también español, ¿por qué ese esfuerzo?”, nos preguntaba una donante. Y le dijimos que consideramos que ése es un aporte de la Red a recordar el patrimonio cultural de Nicaragua.

En 1997 hicimos unos pinitos tratando de impedir la constitución del nuevo Ministerio de la Familia, por las bases ideológicas que sustentaban su creación, pero lo único que logramos fue que el ya existente Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), aun cuando quedó dentro del Ministerio de la Familia, conservara su autonomía. En 1997 la Red tuvo su primer plan estratégico. Más de cien mujeres de 118 organizaciones nos reunimos para reflexionar y definir un plan para tres años: 1997-2000. Ese año nos organizamos en comisiones de trabajo. Hoy, la Red tiene nueve comisiones, algunas de ellas con una vida bastante autónoma: manejan sus propios recursos, sus propios calendarios de actividades, tienen sus planes de trabajo específicos. Está la comisión de mujeres de fe, donde se agrupan mujeres de iglesias evangélicas y mujeres católicas. Ellas montaron en 1996 la campaña “La violencia no es palabra de Dios, ¡en el nombre de Dios, paren la violencia!” y lograron recoger las firmas de cienes de pastores, de un obispo, el de Bluefields, y de varios sacerdotes católicos. También elaboraron una guía de reflexión cristiana sobre la violencia contra las mujeres y han realizado varios actos ecuménicos. Está la comisión jurídica, formada para elaborar la Ley 230, que quedó desde entonces constituida para nuevas propuestas de leyes, para velar por la aplicación de las leyes y para encargarse de todo lo relativo a temas jurídicos y de justicia.

Está la comisión de Comisarías, que da seguimiento al trabajo de las Comisarías de la Mujer. Hace dos años la Red logró constituirse como contraparte oficial en el proyecto de las Comisarías, que desde entonces son administradas por una junta tripartita, integrada por la Policía Nacional, el INIM y la Red de Mujeres contra la Violencia. Cualquier decisión administrativa tiene que ser tomada de forma colegiada por estos tres espacios. Fue un gran logro. Tras un proceso de cabildeo conseguimos que no nos vieran limitadas a ser un centro de servicios, como “casitas” donde las mujeres reciben atención sicológica y jurídica, sino que reconocieran en la Red a sujetos políticos con cosas que decir y con aportes que ofrecer a toda la sociedad. El logro de llegar a ser co-ejecutoras del proyecto de las Comisarías generó nuevas reflexiones sobre nuestra relación con el Estado. No tenemos aún respuestas claras para las preguntas que nos hemos hecho desde entonces. Y es que en poco tiempo habíamos pasado de estar en una acera pintando en los muros “Aquí hay un hombre que le pega a su mujer” a estar en la acera de enfrente actuando como co-ejecutoras junto con el Estado. ¿Qué significa esto para un movimiento social, qué réditos y qué costos le trae esto a un movimiento social? Es un debate no concluido que sigue abierto en la Red.

Está la comisión de salud, que ha capacitado a un gran porcentaje del personal de salud de las organizaciones de mujeres y también de las instituciones del Estado. Esta disponibilidad nuestra para capacitar a los funcionarios públicos también ha generado debate: ¿Vamos a seguir haciendo nosotras lo que al Estado le toca, vamos a seguir gestionando nosotras recursos para hacer lo que el Estado debe hacer: capacitar a sus enfermeras, a sus médicos, a sus funcionarios de los SILAIS? Nos balanceamos entre la ética y el rol que nos toca jugar, entre el análisis político nacional y la realidad local. Vemos claramente que si la María Castillo, en Chinandega, tiene la posibilidad de ir a capacitar al personal de salud del hospital de allí no va a perder la oportunidad y lo va a hacer. En Chinandega es más claro lo que tenemos que hacer, en Managua no lo es tanto y el debate sobre la pertinencia o no de seguirle haciendo el trabajo al gobierno lo mantenemos abierto. La comisión metodológica de la Red nació para facilitar estos debates y nuestros procesos de planificación estratégica.

1998 fue un año que marcó otro corte en la historia de la Red, con la denuncia de Zoilamérica Narváez en marzo y con el paso del huracán Mitch en octubre. La denuncia de Zoilamérica fue un terremoto para el país y también un sismo muy fuerte para la Red.

Una gran parte de las mujeres de la Red venimos del sandinismo y tuvimos vínculos más o menos estrechos con el Frente Sandinista. Por eso, esta denuncia tocó nuestro corazón, nuestros sentimientos y todas vivimos lutos personales y colectivos. Fue una prueba de fuego. Llegaba el momento de poner en práctica lo que pensábamos y decíamos en nuestros discursos sobre la violencia contra las mujeres. Si nosotras le pedíamos a una mujer que reconociera que su marido estaba abusando de su hija, a pesar del amor que sentía por ese hombre, también nos tocaba a nosotras reconocer. Y no era fácil, porque Daniel Ortega era para muchas de nosotras un miembro de nuestra familia, alguien que sin haber entrado nunca en nuestra casa, estaba ahí, con su foto en la pared, con un espacio en nuestro corazón, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, en nuestra historia política. Sabíamos lo que esta denuncia significaba políticamente. Éramos mujeres indignadas, y también mujeres con mucho dolor. Algunos sandinistas piensan en las feministas como mujeres queriendo destruir con saña a Daniel Ortega. Y no fue así. En mi caso, fueron noches de insomnio, noches de llanto.

En mi caso fue más. Hay miles de mujeres que, como Zoilamérica, tardan mucho en denunciar la situación de abuso que viven. Yo soy una. Yo participé en la Cruzada de Alfabetización cuando tenía sólo once años. En aquella comunidad, había un muchachito de trece-catorce años que cuando no había nadie cerca me manoseaba. Y yo me quedaba paralizada, no sabía qué hacer ni qué decir. Pronto, comencé a tener un tic nervioso, movía la cabeza como diciendo no. Me convertí en una niña que no podía controlar su cabeza. Cuando terminó la Cruzada, mi mamá me llevó donde un siquiatra y yo le metí una mentira: le dije que había perdido las notas de la escuela y que me había emocionado mucho el acto de clausura de la Cruzada... Y nunca volví a hablar sobre esto. Jamás. Y no lo reconocía como abuso sexual. Yo tenía muy poca información sobre la sexualidad, tenía miedo, me daba pena, pensaba que si le contaba a mi mamá me iba a castigar, iba a pensar que yo lo había provocado... Nunca hablé. Durante meses tuve el tic y durante cuatro años no quise usar faldas. Dieciocho años después, y meses después de la denuncia de Zoilamérica, estando reunidos mis hermanos y mi mamá, mi hermano dijo: ¿Por qué ella habló hasta ahora? Yo creo que eso es falso, es imposible...

Entonces, mi mamá le rebatió diciéndole que sí era posible. Y nos contó que ella había vivido una situación de abuso, pero que nunca lo había dicho, que nos lo estaba contando por primera vez. Y por primera vez yo también hablé: ¿Te acordás de aquel tic nervioso...? Y conté lo que me había pasado.
Y entonces mi mamá nos contó de otro miembro de nuestra familia que también había estado involucrado en una situación de abuso. Y así, de pronto, supimos que en nuestra familia habíamos vivido al menos tres experiencias relacionadas con el abuso sexual. Y nunca lo habíamos hablado. Cuesta entender por qué Zoilamérica tardó tanto en hablar, pero lo que resulta casi imposible de entender es cómo actuó Daniel Ortega en total impunidad durante estos años, a vista y paciencia de todo el pueblo, y cómo la gente se lo toleró y no supo establecer con él fronteras éticas.

A pesar del luto colectivo entre nosotras, teníamos que sacar fortaleza de nuestra flaqueza para enfrentar el reto que nos planteaba la denuncia de Zoilamérica. ¿Qué hacer? En ese momento, la Red pudo haberse partido en cuatro pedazos. Pudimos haber comenzado a pasar “el feministómetro” del compromiso: quién la cree y quién no la cree, y la que no cree se va fuera y la que cree se queda dentro. Pero no. Hicimos entre nosotras lo mismo que hacemos con todas las mujeres con las que trabajamos: no vernos como supermujeres, reconocer que necesitamos procesos para reconocer, para caminar, para salir de la situación. Nosotras también necesitábamos un proceso para asimilar esa denuncia. Y lo iniciamos. Comenzamos a reflexionar sobre la violencia, sobre el abuso sexual, a acompañarnos unas a otras en el proceso personal que suponía aceptar esto, a compartir información sobre el abuso sexual y sus condiciones. Decidimos tener también un debate político.

Al final, las cien mujeres que participamos nos pusimos de acuerdo en esto: la Red apoya a todas las mujeres que denuncian, las cree y las acompaña en su proceso de reconstrucción personal y en su proceso de demanda de justicia.
Hasta ahí llegaba el acuerdo. Eso significaba que la Red no iba a hacer una campaña para demandar que Daniel Ortega fuera desaforado o dejara de ser secretario general del FSLN o no fuera candidato presidencial.

Durante años, al acompañar el proceso personal de Zoilamérica lo que hemos demandado en distintas ocasiones es que ella tenga acceso a la justicia, y lo que hemos hecho es tener voz cuando sobre este caso se dicen cosas que contradicen principios que hemos defendido desde que nació la Red. Cuando se dice, por ejemplo, que de esto no se debe hablar o que el abuso sexual en un dirigente de tanto reconocimiento en el país no es tan grave...

Darle la cara al debate y reconocer los límites y los procesos personales de cada una, tener voz cuando lo que se dice para salvar a ese dirigente afecta nuestro quehacer, y tratar de respetar el acuerdo que hicimos entre nosotras cuando se dio la denuncia: eso fue lo que salvó la vida a la Red en un momento tan delicado. Y como había compañeras que no podían o no querían participar más activamente en este caso, y otras sí, las que tuvieron voluntad de participar más activamente se constituyeron en una comisión de apoyo a Zoilamérica, que era avalada políticamente por toda la Red, aunque no necesariamente integrada por toda la Red.

El año 1998 nos trajo también el huracán Mitch. La campaña de ese año decía “El huracán no se llevó nuestro derecho a vivir sin violencia”. Se organizó entonces una nueva comisión en la Red: la comisión sicosocial. Junto a muchas otras organizaciones recogimos dinero para enviar alimentos y medicinas a los damnificados, pero priorizamos el contribuir a sanar las heridas que no se ven. La comisión comenzó a desarrollar procesos de sanación entre las poblaciones afectadas, procesos de reconstrucción y de empoderamiento, acompañando a las comunidades a reconocer las situaciones de violencia que se daban en los albergues para los damnificados, donde las mujeres y las niñas estaban siendo golpeadas y abusadas. Esa comisión estuvo el año 2000 en Masaya cuando el terremoto, estuvo en El Salvador cuando los terremotos del 2001, acompañando a las mujeres, y sigue trabajando hasta hoy.

Con el Mitch también tuvimos una crisis interna y de nuevo casi nos partimos en cuatro pedazos. Tenía que ver con nuestro funcionamiento, con la toma de decisiones. ¿Quién decide en una red donde hay noventa personas? Si un día nos llama el Ministro de Educación y nos dice: Yo quisiera firmar un acuerdo con ustedes, pero quiero firmarlo mañana, y no hay tiempo de que las noventa nos pongamos de acuerdo, ¿quién toma la decisión? ¿La tomo yo, la secretaria ejecutiva? Como no hay tiempo, ¿hago consultas por teléfono? Entonces, ¿quedan excluidas de ser consultadas las que no lo tienen? ¿Sólo las que tienen correo electrónico? ¿Qué decisión toma quién?

Con las urgencias que desató el Mitch, se estaban tomando decisiones sin consultar a todas, decisiones quizás acertadas, pero que escondían bajo la alfombra el problema de la democracia. Decidimos invertir recursos, gente, esfuerzos en resolver este problema. Consideramos que era una inversión política y económica que valía la pena. Porque si no teníamos democracia interna, elaboraríamos propuestas y lograríamos leyes y haríamos incidencia en las políticas, pero en nuestro espacio interno estaríamos divididas.

Este proceso de debate duró más de un año, entre febrero de 1999 y junio de 2000. Y concluyó con la instalación de la comisión coordinadora y ejecutiva de la Red, de trece personas. La mitad de ellas tiene que ser de fuera de Managua y debe incluir jóvenes.

Este comité ejecutivo puede tomar decisiones rápidas, tenemos el mandato para hacerlo. También definimos funciones. Y los principios que debemos tener en cuenta para tomar cualquier decisión: horizontalidad, participación, información, democracia, diversidad.

También definimos el procedimiento para tomar decisiones: después de debatir las diferentes posiciones y de decidir, preguntamos siempre: ¿Quién sobrevive con esta decisión? “Sobrevivir” significa que, aunque tal vez lo que se decide no es lo que querías, se le acerca bastante. Y si alguna dice que “no sobrevive”, significa que para ella se trata de un asunto de principios. Entonces, todas debemos continuar acercando las posiciones hasta conseguir entre todas un acuerdo del que ninguna se sienta excluida. Es un procedimiento lento, y por ser lento hemos perdido oportunidades valiosas y a veces la cooperación internacional, el gobierno, o interlocutoras de otros espacios de mujeres o de la sociedad civil no entienden nuestra dinámica. Sin embargo, es un procedimiento valioso, con el que tratamos de constituir un nuevo espacio y un ejercicio nuevo de participación democrática para deconstruir los mitos y los tabúes que afirman que las mujeres no nos podemos poner de acuerdo, que nos peleamos mucho entre nosotras, que nuestros espacios son tremendamente agresivos, que es terrible trabajar en un espacio de mujeres...

En 1998 la Red fue fundadora de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción y nos integramos al proceso de seguimiento de los acuerdos de Estocolmo, buscando garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres y
la salud de las mujeres, temas que fueron incluidos como indicadores de cumplimiento para los gobiernos centroamericanos. A partir de Estocolmo, comenzamos a interlocutar y a negociar con otras instancias del gobierno, y empezamos a llevar el tema de las mujeres más allá de los actores con los que habíamos tratado hasta entonces, tanto en el Estado como en la sociedad civil. Durante años, habíamos pasado hablando exclusivamente con el INIM prioritariamente, con la Policía, con el Ministerio de Salud, mucho menos con el Ministerio de la Familia, por todo el debate que hubo y que sigue habiendo. Con el Ministerio de Educación nunca hablamos en el tiempo del Ministro Humberto Belli, que durante años puso rótulos en la entrada de los portones del Ministerio donde decía: “Queda prohibido terminantemente la presencia de ONG en este centro”. Ahora, se nos abría el panorama y debíamos sacar el tema de la violencia de la cocina para llevarlo hasta la sala. Llevarlo como un problema de política pública nacional y no sólo con el apellido de política “social”, ligado únicamente al trabajo del gabinete social.

No hemos evaluado nuestra incursión, a partir de entonces, en la política nacional y en estas dimensiones. En 1998 se creó en el Estado la Comisión Nacional contra la Violencia y se empezó a formular el Plan Nacional contra la Violencia. Comenzamos a ampliar el abanico de incidencia y de propuestas, con planes nacionales, con comisiones intersectoriales en donde participan el gobierno y la sociedad civil, y con nuestra participación en los esfuerzos nacionales de la Coordinadora Civil como interlocutora del Estado. En enero de 2002, con el inicio del gobierno del Presidente Bolaños, este proceso tuvo una culminación con la participación de la Red de Mujeres contra la Violencia en el CONPES, el Consejo de Planificación Económica y Social, en donde Matilde Lindo, de Puerto Cabezas, y yo representamos a la Red, y tratamos de representar a todas las mujeres. Ser reconocidas como actoras e interlocutoras políticas en este espacio de debate nacional en donde se pretende definir las políticas nacionales ha abierto entre nosotras nuevos debates. En 2002 comenzamos a hablar de corrupción. ¿Vamos a abrirnos a ése y a otros temas nacionales, vamos a tener vocería sobre el ALCA, sobre el Plan Puebla Panamá?

El año 2001 comenzamos a tener problemas con la Policía. Ese año decidimos sumarnos, desde Nicaragua, a una campaña surgida en Ciudad Juárez, México, en donde en sólo un año fueron asesinadas más de trescientas mujeres. La campaña trataba de visibilizar el femicidio, que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Asesinatos que tienen que ver no sólo con la violencia doméstica o intrafamiliar, sino con lo que queremos decir cuando hablamos de “violencia de género”, que es la violencia que te agrede sólo por ser mujer, donde sea y sea quien sea el agresor. Comenzamos esta campaña en noviembre,
y la Policía decidió no acompañarnos. Ese mes de diciembre fue asesinada, en un crimen horrendo, Scarlett López. Este hecho, otros hechos, nos mostraron que sí, que ya tenemos leyes y tenemos instituciones, pero lo que está faltando es la voluntad política, y es a eso a lo que ahora estamos apuntando. La Policía está dispuesta, en las Comisarías, a recepcionar una denuncia de violencia intrafamiliar, a escuchar a la esposa, a tomar medidas de protección, pero hasta ahí, no se lo hagás más complicado, no les pidás más reflexión. Ha habido ya al menos dos asesinatos de mujeres -Scarlett en Managua y Paula en Malpaisillo- que se pudieron haber evitado, pero aunque se dio aviso a la policía, no actuaron. Porque eran mujeres. Igual a lo que pasó en Posoltega, cuando el Mitch, cuando la alcaldesa Felícitas Zeledón pedía y pedía ayuda previendo el peligro del deslave del volcán por las lluvias.

Pero como era mujer, era “una histérica” y como era “una histérica” el Presidente no reaccionó y no se evitó la tragedia. Lo que queremos es que el hecho de que una mujer avise y alerte no sea, como todavía es, un atenuante, sino un agravante. Que no se nos haga menos caso, que cuando hable una mujer se entienda que es aún más necesaria la emergencia. Por eso el lema de la campaña de 2003 es: “Soy ciudadana, ¡exijo vivir sin violencia!”. No me están haciendo el favor, yo lo demando porque tengo derecho, porque soy una ciudadana, porque las instituciones están obligadas a protegerme.

El contexto de la participación de los movimientos sociales ha cambiado mucho en Nicaragua en los últimos años. En la Red, ya hemos hecho algún debate sobre nuestra incursión en los espacios nacionales. Porque todavía incursionamos tal como lo hacemos en nuestra vida individual: vamos a trabajar a la calle y al regreso llegamos a la casa a lavar los platos y a lavar la ropa. Estamos en estos espacios nacionales y llegamos a la Red a hacer “el trabajo doméstico”. Continuamos en los dos frentes. Aunque hemos sido reconocidas como interlocutoras del gobierno y ya no sólo cuando se habla de violencia doméstica, sigue siendo difícil y costoso prepararnos para hacer política nacional: cómo asignar recursos, constituir mecanismos, tener equipos de compañeras en la elaboración de propuestas y análisis permanentes que nos retroalimenten. Todavía trabajamos mucho desde la percepción, desde la oportunidad, desde la habilidad de la palabra, pero no hemos logrado constituir un “aparato” que garantice eficiencia y capacidad. No hemos logrado aún potenciar toda la capacidad intelectual que hay en el movimiento de mujeres y en la misma Red. Tal vez porque durante mucho tiempo hemos estado muy encerradas en nosotras mismas, construyendo como hormiguitas para adentro. Y ahora ya nos toca que aprender
a trabajar hacia fuera.

Otro desafío: lo hacemos con miedo, con inseguridades de todo tipo: ¿Representamos a todas las mujeres o sólo a la Red, somos voceras de todo el movimiento de mujeres o no, cómo hacemos para poder tener la opinión de todas las mujeres y no hablar sólo de lo que nosotras creemos que pasa? Nos sentimos equilibristas, y quizás lo sentimos así porque tenemos más conciencia del ejercicio de democracia que queremos construir, del proceso y del compromiso, y tal vez otros hombres y mujeres con un ejercicio de la política más tradicional sienten que caminan sobre puentes, mientras que nosotras nos sentimos siempre equilibristas en la cuerda floja.

Otro reto son las redes locales de la Red: cómo poder fortalecer y desarrollar las expresiones locales. Sabemos que eso demanda también inversión de recursos, de tiempo, inversión política. Y otro reto: aunque hemos participado en todas las conferencias internacionales de las mujeres, necesitamos construir y reconstruir lazos con organizaciones y movimientos de mujeres de todas partes, especialmente de América Latina, sin la mediación, como ahora, de la cooperación internacional o de las instituciones de Naciones Unidas.

Tenemos mucha memoria verbal, pero la historia de la Red aún no está escrita. Hicimos una evaluación del impacto de diez años del trabajo de la Red en la opinión pública y en las políticas públicas titulado “Contra la violencia: de la conciencia y la denuncia a las leyes, de las leyes a la acción. Incidir en el Estado sin la mediación de partidos políticos”.
El fin del año 2002, año en que tuvimos tantos nuevos espacios, nos encontró iniciando un nuevo debate: cómo ampliar el abanico de nuestro trabajo para pasar de la violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, a la violencia de género. Esto significa incidir en la violencia que se da en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, en el ámbito público y privado, en lo institucional, lo político, lo social. Esto significa hablar de la violencia laboral, de los planteamientos ideológicos que transmite el Estado y que son agresiones institucionales. En ese debate estamos, y es muy intenso.

En ese debate sobre los recursos que necesitamos para llevar adelante nuestra estrategia, para potenciarnos como este nuevo sujeto social en que nos hemos convertido, para capitalizar el prestigio y la experiencia que hemos alcanzado durante estos años estábamos cuando llegó a nuestros oídos y a nuestros corazones la historia de Rosita, la niña nicaragüense de nueve años que resultó embarazada tras ser violada sexualmente en Costa Rica. Decidimos actuar. Viajamos a Costa Rica y la trajimos a Nicaragua. La acompañamos a ella y a sus padres hasta conseguir que se interrumpiera su embarazo. Fue un desafío complejo, con retos de todo tipo. Decidimos responder a todos. Aunque algunas compañeras intuyeron desde que conocimos lo que le había sucedido a Rosa que éste sería un caso emblemático, nunca me imaginé yo que alcanzara la repercusión internacional que ha llegado a tener. Y es que hoy las violaciones a los derechos humanos de las mujeres comienzan ya a ser noticias cada vez más destacadas en las informaciones globales. Para nosotras esta historia concluyó en un triunfo, fue una victoria porque salvamos la vida de esa niña.

Rosa ha sido nuestra última prueba de fuego. La mayor. Y se puede decir que la Red es “antes de Rosa” y “después de Rosa”. Los debates de estos años nos ayudaron enormemente a comprometernos “con el corazón” para ayudarla, acompañarla y salvar su vida. A lo largo de los años, la Red ha ayudado, acompañado y salvado la vida a muchas mujeres concretas. Nosotras no nos conformamos con la incidencia política en las instituciones, en las leyes, en las políticas públicas, en los medios, tal como es la prioridad de otras instancias de coordinación en Nicaragua. Somos mujeres apasionadas por la causa de erradicar la violencia y nos interesamos y nos comprometemos con mujeres y niñas concretas que han sufrido violencia. Lo habíamos hecho ya innumerables veces, la mayoría en casos anónimos de los que los medios no hablan. Con Rosita no aprovechamos “un golpe de suerte”, simplemente dimos continuidad a una historia y pudimos poner en práctica una experiencia acumulada. Nunca dudamos que teníamos que ponernos del lado de Rosita, como una sobreviviente de abuso sexual. Y de su familia, que demandaba el derecho a la vida de su hija. Y lo hicimos. Enfrentando obstáculos nuevos. Porque nunca habíamos tenido que enfrentar a algunas instituciones del Estado, nunca a la institución eclesiástica, y lo hicimos.

Pudimos poner en práctica los aciertos que ya habíamos experimentado con otras mujeres y superar nuestros propios errores. Descubrimos nuevas caras de la violencia contra las mujeres y del abuso sexual contra niñas y mujeres y pudimos ponerlas de relieve ante la sociedad. Como Rosita quedó embarazada tras la violación que sufrió pudimos enseñarle a la sociedad, en un caso tan concreto, esta terrible consecuencia del abuso sexual: el embarazo forzado.

Con Rosita, la Red de Mujeres contra la Violencia se presentó ante Nicaragua, ante toda nuestra sociedad, como lo que somos y lo que queremos ser: mujeres organizadas
y comprometidas con las mujeres que sufren violencia. Y comprometidas hasta las últimas consecuencias. Con Rosa hemos sentado un precedente en favor de la vida de las mujeres. Lo celebramos. Este precedente nos abre camino para salvar la vida de otras muchas Rosas.

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