Nicaragua

Pronósticos económicos en un año electoral

El Doctor en Economía, Néstor Avendaño, compartió con envío un diagnóstico y un pronóstico de la economía nacional en el año 2001, último año del gobierno liberal e incierto año electoral, en una charla que transcribimos.

Néstor Avendaño

¿Cuál es el panorama económico en el año 2001, qué situación económica heredará el próximo gobierno? El panorama no es muy alentador. Y podemos preverlo. Aunque los economistas no somos adivinos, mantenemos esa imagen porque analizamos tendencias macroeconómicas que son resultado de decisiones tomadas hace doce o dieciocho meses y que son bien conocidas. Así, nos es relativamente fácil pronosticar algunas situaciones económicas futuras.


En Nicaragua lo político es siempre muchísimo más dinámico que lo económico. Esta tendencia se ha acentuado tanto en este año 2001 que, por primera vez desde que soy economista, siento que el factor político no es sólo más dinámico sino que prima totalmente sobre el factor económico del país. Los políticos nicaragüenses suelen acusarnos a los economistas de ser responsables de los problemas económicos. Este año nos hemos ganado el derecho de responsabilizar a los políticos por nuestra crítica situación económica. El cuadro económico para el año 2001 no es atractivo. Considero que sería ya un gran éxito poder repetir en el año 2001 los resultados macroeconómicos del 2000, que no fueron muy buenos. Crecer óptimamente un 4%, mantener la inflación en un 10%, conseguir que las reservas internacionales no caigan más allá de 50 millones de dólares, sería todo un éxito. Sin embargo, los índices del año 2000 pueden empeorar. Creo que el PIB no crecerá más del 3%, que la inflación será de un 12-14%, y que las reservas internacionales caerán un mínimo de 50-100 millones de dólares y un máximo de 200 millones de dólares. El problema más sentido de la población seguirá siendo el desempleo. En el año 2001, el desempleo será similar al del año 2000: un 25% de la población económicamente activa en desempleo abierto y una cantidad equivalente en el subempleo. Casi medio millón de nicaragüenses sin poder trabajar y sin generar ingresos.

El gobierno liberal termina su período en el año 2001 con varias asignaturas pendientes. La principal, la gobernabilidad. Hace unos meses se le preguntó al ex-Vicepresidente de la República y hoy candidato a Presidente por el PLC, Enrique Bolaños, qué era gobernabilidad, y él respondió: "Yo no sé qué es eso". Resulta asombroso que un dirigente gubernamental de alto nivel diera esa respuesta. Gobernabilidad es la capacidad del Estado para resolver todos los problemas económicos y sociales en una forma transparente, justa, equitativa y con la participación de la sociedad civil. Una asignatura pendiente de este gobierno es avanzar en gobernabilidad. Una primera vía para avanzar en gobernabilidad es no tolerar más actos de corrupción. La corrupción ha dañado ya demasiado a los pobres y a las personas honradas de Nicaragua, pero no sólo a ellos, ha dañado seriamente el nombre de Nicaragua en el escenario internacional. La corrupción campea por todos lados, no sólo en el sector público, también en el sector privado. Hemos visto continuos casos de corrupción en el actual gobierno. Entre ellos, las jugosas indemnizaciones y los "megasalarios" con que se premian altos funcionarios públicos, dedicados a construir sus fortunas personales a costa de la pobreza de este pueblo. El Secretario Técnico de la Presidencia, Luis Durán, precisamente el Coordinador de la Estrategia contra la Pobreza, recibe 23 mil dólares mensuales. Otros altos funcionarios reciben salarios de este tipo. Mantener tan altos niveles salariales en un país como Nicaragua es sencillamente un crimen social.

Trabajé como funcionario público durante 26 años en cinco gobiernos diferentes y en distintos cargos, desde el de analista hasta el de viceministro, y nunca había conocido los megasalarios que se pagan en el actual gobierno a una élite. Considero que debe hacérsele un firme llamado de atención al BID por haber autorizado estas remuneraciones. Porque es tan culpable el que recibe como el que entrega. En un país donde hay gobernabilidad, donde se fortalece la democracia y donde se respetan las leyes, tanto el empleado como el empleador que consintieran estos megasalarios, estarían ante un tribunal respondiendo por un crimen social. En Nicaragua no. El titular de un diario lo expresó así: "Luis Durán está megatranquilo porque no lo pueden acusar". Ése es un grave problema que tenemos en Nicaragua: estar inhabilitados legalmente y sentirnos incapaces e impotentes socialmente para lograr corregir este tipo de crímenes. Sucede esto por falta de gobernabilidad. Si en un país donde se respetan las leyes, existe certeza jurídica y por estas razones hay bonanza económica, la profesión más rentable es la de empresario, en un país tan pobre como Nicaragua, donde no se respetan las leyes, está más que claro que la profesión más rentable es la de político.

Una segunda vía para avanzar en la gobernabilidad es reducir, hasta eliminarla, la partidización de las instituciones públicas, donde continuamente se confunden los intereses del partido en el gobierno con los del gobierno y los del Estado. Es altamente cuestionable que tantos funcionarios que trabajan en el Estado como ministros o como presidentes de entes estatales sean a la vez miembros de la junta directiva del partido de gobierno. Resulta insólito ver a un Presidente del Banco Central de Nicaragua recorriendo las calles de Managua entregando firmas de respaldo para su partido, el partido de gobierno. ¿No es una falta de seriedad de quien tiene la responsabilidad de manejar la política monetaria de este país dedicarse a esos menesteres partidarios? ¿Qué intereses priorizará: los nacionales o los de su partido?

Durante los cuatro años de gestión del actual Presidente del Banco Central, esta institución ha registrado pérdidas cercanas a los 50 millones de dólares anuales. Sin embargo, el Presidente del Banco Central de Nicaragua no sólo recoge firmas para su partido, sino que apela a su prestigio profesional para recibir un salario que es injusto ante la pobreza nacional.

Una tercera vía para avanzar en la gobernabilidad es facilitar una mayor participación de grupos y partidos políticos en los ejercicios electorales. En otras palabras, respetar el pluralismo político para fortalecer la democracia. Ésta ha sido una demanda nacional e internacional que el gobierno de Nicaragua no ha acogido.

En la macroeconomía, la más relevante asignatura pendiente del actual gobierno es el uso transparente de los recursos del presupuesto nacional. El presupuesto que los diputados aprobaron para el año 2001 tiene el mayor déficit que registra la historia de la estabilidad macroeconómica iniciada en 1990. El gobierno central tiene en el año 2001 un déficit de 470 millones de dólares, cantidad que equivale al 18% del PIB esperado para el año. En Guatemala, cuando el presupuesto nacional tiene un déficit que equivale al 2-3% del PIB resulta impresentable. Y eso que Guatemala ostenta ya el puesto de segundo país más pobre de América Latina y el Caribe. Nicaragua le ha cedido ese lugar y ahora es el tercero más pobre, manteniéndose siempre Haití en un indiscutible primer lugar.

¿Por qué el presupuesto del año 2001 tiene un déficit tan grande? ¿Será que en su último año de gestión, año electoral, el gobierno ha inflado la cartera de proyectos en inversiones públicas para atraerle votos al PLC? ¿O el déficit será simplemente el reflejo de esa discrecionalidad que ha sido característica de este gobierno y que se mantiene hasta el final con el objetivo de propiciar y de encubrir actos de corrupción?

Tan gran déficit está financiado solamente en un 80% con recursos de la ayuda internacional. El restante 20% se financiará con recursos nacionales, los provenientes de la privatización de dos empresas públicas, la de electricidad y la de telecomunicaciones. Pero, ¿será capaz el gobierno de vender las unidades de generación eléctrica y el 40% del capital accionario de ENITEL en un año electoral tan lleno de incertidumbres? Hace unos días, el potencial candidato a Vicepresidente por el FSLN, el ex-Contralor Agustín Jarquín, declaró que si el FSLN llega al poder y la empresa española Unión Fenosa -hoy dueña de parte de la empresa de electricidad- sigue aplicando tarifas dolarizadas a la población, se podría considerar volver a estatizar la empresa eléctrica. De inmediato, Unión Fenosa anunció que paralizará sus inversiones en el año 2001 a la espera de mayor estabilidad política y macroeconómica. Hubiera sido más adecuado y menos preocupante para la inversión extranjera que Jarquín hubiera declarado que el gobierno supervisaría una correcta aplicación de las tarifas.

Hay que tener también en cuenta que en un país tan pobre, tan endeudado, y con tantos casos de corrupción como el nuestro, la ayuda internacional declina siempre en un año electoral. La cooperación internacional se reserva para los primeros tres meses del nuevo gobierno, los famosos cien días, para que el pueblo vea que el gobierno que eligió cuenta con apoyo internacional y eso contribuya a la estabilidad. Los montos de la ayuda internacional tienden a reducirse también porque el año 2001 es el último año de ayuda extraordinaria para la reconstrucción post-Mitch. Después de este año, el argumento del huracán ya no le servirá al gobierno de Nicaragua para solicitar ayuda. En el año 2001 la ayuda internacional no superará los 400 millones de dólares, atados mayormente a proyectos de inversión pública. En divisas líquidas para apoyar la balanza de pagos, Nicaragua sólo recibirá el irrisorio monto de 90 millones de dólares, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM).

El alivio de nuestra deuda externa es la noticia que refresca el panorama económico del año. En diciembre de 2000, Nicaragua ingresó por fin a la Iniciativa HIPC, alcanzando el llamado "punto de decisión". El 28 de febrero del 2001 se nos venció la moratoria del pago de la deuda externa con el Club de París, moratoria que se nos concedió tras el Mitch. Después del huracán y durante 27 meses (diciembre 98-febrero 2001), Nicaragua no pagó un solo centavo al Club de París. El 1 de marzo del año 2001 ha vuelto a pagar, pero ya en el marco de la Iniciativa HIPC. ¿Cuánto significa el alivio de la deuda externa? En enero y febrero del año 2001, los dos últimos meses de la moratoria con el Club de París, nos ahorramos 25 millones de dólares. Después, por estar ya en el punto de decisión, y de acuerdo con los parámetros de la HIPC, el Club de París nos condona automáticamente el 80% del monto de los intereses y amortizaciones contractuales, o sea 50 millones de dólares. Nicaragua espera también que, con el financiamiento de los países ricos, las instituciones financieras internacionales, principalmente el BM y el BID, nos ofrezcan un alivio similar al del Club de París. Pero hasta la fecha sólo se han garantizado 35 millones de dólares. En suma, el alivio total de la deuda en el año 2001 es de 110 millones de dólares. En vez de pagar un servicio de 260 millones de dólares, Nicaragua sólo pagará 150 millones de dólares.

¿Por qué Nicaragua fue aceptada en la Iniciativa HIPC? ¿Porque cumplió todos los compromisos establecidos por el BM, el BID y el FMI? Definitivamente no. Nicaragua ha incumplido compromisos esenciales establecidos en las matrices de condicionalidades del ajuste estructural. Un ejemplo elocuente de estos graves incumplimientos: desviar la política monetaria para salir al rescate de los dos bancos quebrados en el año 2000. La quiebra del Interbank y su rescate por el Banco Central le costó a Nicaragua, a los nicaragüenses, 87 millones de dólares. Aunque aún no hay un cálculo exacto, la quiebra y rescate del Banco del Café nos costará otros 50 millones de dólares. Es notorio que en el caso del Interbank, mucho más grave, nadie fue a la cárcel. Y que en el caso del Banco del Café sí han ido a la cárcel sus directivos. Es un ejemplo que demuestra que la cárcel sólo recibe a quienes no tienen el respaldo del PLC o del FSLN.

En las condicionalidades macroeconómicas que Nicaragua debía cumplir en el 2000 estaba aumentar las reservas internacionales en 45 millones de dólares respecto a las de 1999. Las reservas no sólo no aumentaron, sino que se redujeron: en el año 2000 cayeron 140 millones de dólares, caída asociada con las quiebras bancarias. También hubo otros incumplimientos y retrasos importantes en las reformas estructurales. Por ejemplo, la Ley de Servicio Civil sigue durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional. Y esta ley es fundamental para poder poner coto legal a crímenes sociales como las indemnizaciones y megasalarios con que aumentan sus fortunas algunos funcionarios públicos.

¿Por qué, tras seis años y medio de esfuerzos, sin cumplir las condicionalidades impuestas, Nicaragua entró a la HIPC? Lo atribuyo a dos motivos. El primero, no teníamos capacidad de pago para honrar las obligaciones de la deuda externa en el año 2001. Las ventanillas del BM y del BID han estado cerradas para Nicaragua desde julio de 1999, a excepción de los meses de junio y agosto del 2000, cuando nos facilitaron unos 26 millones de dólares. Volvieron a cerrarse de nuevo por la crisis del Interbank. Al 1 de marzo del año 2001, cuando ya tenemos que volver a pagar deuda a los países del Club de París, la situación macroeconómica es realmente alarmante.

En los dos primeros meses del año 2001, y sin la quiebra de ningún otro banco, las reservas habían caído en 86 millones de dólares, monto similar a la caída observada por la quiebra del Interbank. A comienzos de marzo los medios anunciaban crisis en otros dos bancos -el BAMER y el BANIC-, que concentran gran parte de la deuda de los cafetaleros.

En una situación tan frágil de reservas internacionales, considero que la segunda razón por la que Nicaragua llegó al punto de decisión es que los donantes no estaban dispuestos a contemplar pasivamente cómo se desplomaba la estabilidad macroeconómica del país, que les ha costado y les cuesta más a ellos que a nosotros. A los donantes les sería más costoso asignar recursos para volver a restablecer la normalidad y la estabilidad que aceptarnos en la HIPC aun sin cumplir con las condiciones requeridas.

También pesa en los donantes otro punto de vista, más global. De la Iniciativa HIPC sólo se han beneficiado, por haber cumplido con las condiciones establecidas para ingresar, cuatro o cinco países de los 41 que en el mundo han sido clasificados como muy pobres y muy endeudados. ¿Y los otros 36? Ninguno cumple con los parámetros, son países muy lentos, como Nicaragua. Preocupados por la mala imagen de la HIPC, los donantes pensaron que dar luz verde a algunos de esos países contribuiría a prestigiar la Iniciativa. Por eso, en diciembre del año 2000 entraron a la HIPC unos 15 países lentos y no cumplidores ni de las reformas estructurales ni de las condicionalidades del ajuste macroeconómico. Entre ellos, Nicaragua.

Los países que habían entrado a la HIPC antes del año 2000 fueron países más rápidos. Entre ellos Bolivia, un país muy pobre, y Honduras, un país centroamericano también muy pobre, que llegó primero que muchos y sin haberse fatigado tanto como nosotros. Ahora, Nicaragua tiene un plazo de tres años para llegar al "punto de culminación" de la HIPC. Esto nos exige ser rápidos y cumplir más condicionalidades. Yo dudo que aceleremos el paso y que logremos cumplir en forma oportuna los compromisos.

Para analizar dónde estamos, hay que tener en cuenta que si bien hemos recibido un alivio de la deuda, nuestra deuda externa sigue creciendo. Entre 1997 y 2000 las exportaciones de Nicaragua no han superado los 620 millones de dólares, mientras la deuda externa se elevó en esos mismos años en un promedio anual de 200 millones de dólares. La nueva deuda crece más rápido que el valor de las exportaciones, lo que debe ser causa de alarma.

En el año 2001 los ingresos de Nicaragua en ayuda externa serán de 400 millones y, por el alivio de la deuda, el país se ahorrará 100 millones. Los egresos serán muy superiores: la brecha externa suma 1,400 millones de dólares. ¿Cómo se financiarán los otros 900 millones? La gran tabla de salvación son las remesas familiares. Para el año 2001 se estiman en unos 600 millones de dólares netos. ¿Y los otros 300 millones, de dónde sacarlos? El gobierno espera sacar una cantidad por la venta de ENITEL, la empresa de telecomunicaciones. Por otro lado, ¿se recibirá una alta inversión extranjera directa? No es probable. Todas las construcciones que vemos en el país no se mantendrán en el año 2001 al mismo ritmo que en el año 2000. En 1999 la inversión extranjera directa en Nicaragua sumó 300 millones de dólares. En 2000, y en gran medida por la incertidumbre generada por las elecciones municipales, esa inversión descendió a 150 millones de dólares. En 2001, y por razón de las elecciones nacionales, estimo que no llegará ni a 50 millones de dólares, y será fundamentalmente el remanente de construcciones -hoteles restaurantes, gasolineras- ya iniciadas en años anteriores. Si aún persiste la brecha, ¿cómo será financiada? Seguramente, con las reservas internacionales del Banco Central. En esta situación es fácil pronosticar para el año 2001 una caída de las reservas internacionales. Si no se privatizan ENEL y ENITEL, la caída de reservas internacionales podría ser de unos 200 millones de dólares. Por muchas razones, podemos pronosticar, sin ser adivinos, un año macroeconómico muy poco apacible.

Nicaragua produce anualmente 2,500 millones de dólares y participa sólo con el 4% en el PIB centroamericano. Tan insignificantes somos en el mercado regional. La producción nacional atraviesa una grave crisis. Para el año 2001 es previsible un aumento del PIB que tal vez no supere el 3%. ¿Qué impulsará en este año electoral el crecimiento económico? El comercio y la construcción pública -2001 es el último año de reconstrucción post-Mitch-, y en menor grado la agricultura, que no crece y está en franco deterioro. El reto en Nicaragua es transformar una economía agropecuaria deteriorada en una economía agroindustrial. No hay que andar inventando seminarios para descubrir cuál es la industria que necesita Nicaragua. Sabemos que tenemos que fortalecer lo que realmente sabemos hacer. Y fortalecer significa, fundamentalmente, elevar los rendimientos agrícolas. No hay que andar investigando nuevas y desconocidas actividades en el sector industrial. Nicaragua carece de industria. Cualquiera de nuestras empresas industriales se desplomaría con el empujón de un dedo. Nicaragua no está lista para competir internacionalmente.

Los subsidios que reciben, por aranceles de protección temporal, nuestras industrias -la avícola, la azucarera- son tan elevados que si se suprimieran, desaparecerían del mercado. Estos privilegios les permiten mantener una gran ineficiencia productiva. El reto no es dedicarnos a nuevos rubros agrícolas, sino superar esta ineficiencia y elevar nuestros bajísimos rendimientos en el agro. ¿Cómo es posible que el rendimiento del café y los granos básicos sea en Nicaragua la mitad que en El Salvador, si nuestras tierras son de mejor calidad que las salvadoreñas?

En vez de extender la frontera agrícola debemos fortalecer los rendimientos en las áreas ya cultivadas. En vez de insistir en exportar materia prima -lo que nos condena a ser pobres siempre-, debemos comenzar a exportar –y esto lo saben hasta los estudiantes de economía- productos con más valor agregado. No podemos quedarnos tranquilos viendo cómo los árboles de nuestros bosques salen por las costas del Caribe hacia República Dominicana en forma de troncos y no en forma de muebles, que podrían competir en el mercado internacional, como compiten en el mercado de Estados Unidos los muebles que los dominicanos fabrican con madera nicaragüense. Si no cambiamos de modo de pensar no saldremos nunca de la pobreza. Sólo cambiando de mentalidad y con políticas agroindustriales audaces superaremos nuestros penosos 600 millones de dólares anuales en exportaciones y podremos sacar ventaja de los nuevos Tratados de Libre Comercio.

Por el lado de la demanda también podemos pronosticar graves restricciones para el año 2001. Con la incertidumbre que provoca el actual escenario electoral y que obliga a un lógico compás de espera para tomar decisiones, puede considerarse un éxito que la inversión privada nacional se mantenga en los niveles actuales. Todas las empresas nacionales que tienen relaciones con el gobierno estarán protegidas durante este año, respondiendo al consumo y a las inversiones oficiales. Pero las empresas que producen para el consumo nacional no verán crecer la demanda interna. El consumo y la inversión nacionales, en el mejor de los casos, se estancarán, después de haber caído ya casi un 7% en el año 2000.

¿Qué efectos está teniendo en la economía nacional el lavado de dólares? No hay cómo responder. La economía de ningún país registra en las cuentas nacionales las actividades ilícitas. En Nicaragua es totalmente visible el contrabando, que es también una forma de lavado de dinero. También es obvio que hay lavado de dinero asociado al tráfico de drogas. Pero hay que tener en cuenta que el dinero de esta procedencia de la misma manera que entra a la economía, sale. ¿Cuánto es el ingreso neto? No lo sabemos. Igual sucede con la fuga de capitales, que es una actividad ilícita cuando se hace sin previa autorización, y que se da en Nicaragua sin que podamos contabilizar en qué cantidad. En nuestra balanza de pagos existe una partida llamada "Errores y Omisiones", que presenta un saldo neto positivo aproximado a 300 millones de dólares anuales. ¿Cuánto fue entrada y cuánto fue salida hasta llegar a esa cifra? No lo podemos calcular.

El próximo gobierno tendrá que enfrentar el gran desajuste que existe en el gasto público. En Nicaragua, el gasto público representa hoy el 52% del PIB. Esto significa que de cada córdoba producido en Nicaragua, 52 centavos los gasta el sector público. Significa también que el peso del sector privado, proclamado como motor del crecimiento económico, es pequeño: de cada córdoba 48 centavos los gasta el sector privado. ¿Cuántos de esos 48 centavos son para consumo y cuántos para inversión? Por supuesto, son más para el consumo y menos para la inversión.

El ajuste del gasto público es una asignatura pendiente. A excepción de la drástica reducción del gasto militar, el gobierno de doña Violeta no hizo prácticamente ese ajuste. La tarea de reducir el gasto público le tocaba al gobierno de Arnoldo Alemán. De tan ingrata tarea lo salvó el Mitch. Gracias al huracán, la inversión pública, que había caído totalmente -estaba en un 7% del PIB- se elevó de repente al 12% del PIB. Y aunque es cierto que el actual gobierno ha reducido el empleo en el sector público, el ajuste no se ha sentido porque lo que ahí se ahorra se gasta en los altísimos salarios y otros privilegios de la cúpula gubernamental. El próximo gobierno tendrá que enfrentar un severo ajuste del gasto público hasta dejarlo probablemente en un 35% del PIB. Ojalá que comience a reducirlo normalizando los altos salarios del sector público para poder distribuir más equitativamente el gasto social.

Para entender cómo deben reasignarse los escasos recursos de este país a favor del sector social, resulta útil clasificar el gasto público del presupuesto nacional en tres grandes columnas: el gasto social prioritario que beneficia a la población, el gasto no discrecional, y el gasto discrecional no prioritario. Considero que actualmente el gasto discrecional no prioritario, el que es manejado en los despachos de los altos ejecutivos del gobierno, consume elevados montos de recursos nacionales. Esto es alarmante.

En cuanto a volúmenes de producción, Nicaragua estaba mejor durante el somocismo. En cuanto a estabilidad macroeconómica, está hoy mejor que durante el sandinismo. El más grave problema que tenemos actualmente es la inequitativa distribución del ingreso, que es hoy peor que la que existía tanto durante el sandinismo como durante el somocismo. El 80% de los hogares de Nicaragua reciben apenas el 33% de los ingresos nacionales. El 20% de los hogares recibe el 67%. Y un privilegiado 1% de ese 20% recibe más del 25% del total del ingreso nacional. Aunque la economía crezca, si se mantiene tan desigual distribución del ingreso, nuestra sociedad, nuestra nación, seguirá siendo muy pobre.

Este año, las elecciones significan un gasto extra. Costarán unos 35 millones de dólares, y no se cuenta aún con financiamiento externo para garantizarlas. El Consejo Supremo Electoral espera una ayuda de 10-12 millones de dólares de la comunidad internacional. ¿Y el resto? Las elecciones nicaragüenses son muy costosas. El voto de cada nicaragüense resulta el más caro del mundo: más de 16 dólares por votante. En otros países el costo de cada voto es de 5-6 dólares. ¿Por qué es tan caro nuestro voto? En buena medida, por el estilo de quienes nos gobiernan, que lo quieren todo nuevo para cada ocasión: para las elecciones de noviembre seguramente se requerirá de la compra de nuevos equipos de computación, vehículos nuevos para movilizar a quienes trabajarán en las elecciones, una impresora nueva, aún mucho más moderna y costosa que la que usaron en las elecciones municipales...

Hoy se habla de la dolarización como una vía para mejorar. En realidad, nuestra economía ya está bastante dolarizada extraoficialmente: el 70% de los depósitos de los bancos está en dólares, el 80% de los créditos que dan los bancos es en dólares, y casi todos los precios de la economía están dolarizados, excepto los salarios, el encaje legal y los depósitos en cuenta corriente. Faltaría muy poco para oficializar la dolarización, pero hoy esto es imposible porque el Banco Central no tiene los 180 millones de dólares necesarios para sacar de circulación los córdobas que circulan en la economía.

Un punto central a tener en cuenta para pronosticar cómo será el año económico es la política monetaria, que continuará teniendo en el año 2001 las mismas características que en años anteriores. Nuestra política monetaria es anti-pobre al estar sesgada por su objetivo central: mantener estable una tasa de inflación baja. Con los rescates bancarios se ha contraído más la masa monetaria. Cuando hay contracción monetaria -restricción de liquidez en el mercado, tanto en córdobas como en dólares- se altera el ciclo productivo, las transacciones económicas se ven entorpecidas, y esto afecta inmediatamente el nivel de ingresos de la población. Y naturalmente, quienes más sufren son quienes menos tienen, los pobres. Lo novedoso es la paradoja notoria en la que hoy nos encontramos: el gobierno mantiene una política monetaria anti-pobre a la vez que se ha comprometido con los organismos internacionales en una Estrategia de Lucha contra la Pobreza.

Nicaragua está hoy discutiendo con el FMI un documento que ha sustituido al ESAF. Ya no tenemos que hablar más del ESAF, sino del PRGF (Poverty Reduction Growth Facility), Estrategia de Crecimiento y de Lucha contra la Pobreza. Los líderes de los países del G-7, que propusieron desde 1999 el PRGF, han establecido que es parte de esta estrategia evaluar permanentemente el impacto que tienen las medidas de ajuste estructural sobre la población pobre. En esto consiste, entre otras cosas, el cambio del ESAF al PRGF.
Para cumplir con esta condición, se creó en Nicaragua una instancia, la Comisión Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), en la que participan el gobierno, los empresarios, los consumidores, las ONGs, las Iglesias, las instituciones de investigación económica y social, las universidades. Y también los donantes. Pero, en vez de fortalecerla institucionalmente, se la debilita. La crisis que desembocó en marzo 2001 en un nuevo paro del transporte público fue una prueba: el Presidente, como titular del Ejecutivo, anunció, de forma unilateral, la supresión de subsidios, la rebaja de impuestos y un mínimo aumento de salarios, ignorando a la CONPES, ignorando los debates de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, ignorando a la Comisión Nacional del Transporte, e ignorando incluso al Legislativo, única instancia con potestad para aumentar y reducir impuestos. La unilateralidad con que tan a menudo actúa el Ejecutivo es otra señal de la falta de gobernabilidad que existe en el país.

El que el FMI haya asumido el PRGF en sustitución del ESAF es muestra de la reciente, rápida -y sospechosa- transmutación experimentada por el Fondo Monetario Internacional: de ser una institución monetarista y restrictiva ha pasado a ser una institución humanista y preocupada por la pobreza. En un debate sobre la deuda externa que sostuve hace un año con el representante del FMI en Nicaragua, le señalé que la lucha contra la pobreza es un problema de largo plazo y que el FMI no es una institución especialista en el largo plazo. Él lo negó y afirmó que sí lo era. Le pedí un ejemplo de la preocupación del FMI por el largo plazo. "El ESAF", me contestó. Me sonreí. "El ESAF es un plan de sólo tres años", le dije. "Tres años son largo plazo", me respondió... Le argumenté que el FMI no tiene capacidad para hacer un diagnóstico de la pobreza en un país como Nicaragua.

También le dije que el FMI no ha acumulado el "know how" necesario para evaluar nuestra pobreza. El FMI puede ser experto en política monetaria, y en esos temas hay que rendirle el sombrero, pero no puede enseñarnos cómo combatir nuestra pobreza. Y no puede porque ninguna institución que se transmute tan rápidamente puede desempeñar adecuadamente su nuevo papel. ¿Por qué no se aprovecha el FMI de la experiencia de las agencias de las Naciones Unidas -el PNUD, la OPS, la OMS, la UNICEF, la UNESCO-, instituciones internacionales que lidian diariamente con la pobreza? Considero que el FMI, aun cuando se haya transmutado y ahora administre el PRGF, siempre estará preocupado prioritariamente por la reducción de las reservas internacionales, y nunca le va a dar la misma importancia a la reducción del analfabetismo, a la reducción de la deserción escolar, a la reducción del hacinamiento en los hogares...

¿Cómo se comportará el próximo gobierno con el FMI? El FMI domina a nuestros actuales gobernantes, que se arrodillan ante esta institución por la necesidad que tienen de divisas líquidas para administrar la macroeconomía. ¿Cuál es la capacidad de negociación de nuestros gobernantes con el FMI? Por mi experiencia en distintos gobiernos, considero que el actual gobierno es el que menos margen de negociación ha tenido. También la sociedad debe cambiar su actitud ante el Fondo Monetario. Si el FMI pide transparencia al gobierno, nosotros tenemos el derecho de pedirle transparencia al FMI cuando formula las matrices de condiciones que vienen a imponernos unilateralmente y sin alternativas.

¿Por qué sus visitas y sus documentos tienen siempre el ribete del secreto? ¿Por qué no exigirles, como nación y como sociedad civil, que salgan de la sombra en la que se mueven en sus discusiones con el gobierno? Como grupos clandestinos: así llegan a Nicaragua y así se van de Nicaragua las misiones técnicas del FMI. Es penoso constatar que la carta de intenciones para Nicaragua que en diciembre del año 2000 aprobó el directorio del FMI fue publicada en Washington y en inglés antes que en español y en Nicaragua, donde nadie conoce aún la versión en español, porque "no se ha traducido", según declaró un funcionario del Banco Central de Nicaragua.

El FMI ha cambiado de estrategia: el ESAF ya pasó a la historia. Ahora son otras las condicionalidades que se incluyen en el PRGF. En el primer ESAF de 1994 vinieron los tanques de guerra. En el segundo ESAF de mediados de 1997 venían las ambulancias. ¿Qué vendrá en este tercer ESAF, ahora llamado PRGF? ¿Tal vez los ataúdes? El primer ESAF fue brutal. Como estaban ensayando con sus tanques de guerra, se dieron cuenta pronto de que el ajuste tenía resultados muy duros, que la pobreza crecía y también crecía la espiral delictiva, y que había que crear una red de protección social. Mandaron entonces las ambulancias: las redes de protección social. ¿De qué se darán cuenta ahora? ¿Seguirán ensayando?

¿Quién construirá el puente entre la Estrategia para la Reducción de la Pobreza elaborada por el Banco Mundial (PRSP, por sus siglas en inglés) y el PRGF, administrado por el FMI? ¿Quién podrá discutir con el FMI una política monetaria y una política fiscal pro-pobre? ¿Será el nuevo PRGF un ESAF al que sólo se le añade un mayor gasto social, tal como parece hasta ahora? Cuando los países miembros del G-7 determinaron que las estrategias de combate a la pobreza debían ser realizadas por los gobiernos y las sociedades nacionales, pensé que por fin los documentos PRSP y PRGF no vendrían escritos en inglés desde Washington, sino que se escribirían en Managua y en español. Sin embargo, lo que hizo el gobierno fue contratar a expertos que trabajan en Washington para que vinieran a escribir el PRSP en Managua.

Así, el PRSP, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza fue escrita en Managua en inglés, después fue enviada al BID, al BM y al FMI para que la aprobaran, luego fue traducida al español y ahora, con apoyo financiero del PNUD y del gobierno de Gran Bretaña, el gobierno de Nicaragua ha montado un simulacro de discusión con la sociedad civil para poder decir que este importantísimo documento fue ampliamente consultado con la sociedad civil... ¿Aceptaremos los nicaragüenses esta consulta? El redactor de ese documento, un servidor público, gana 23 mil dólares mensuales, financiados con deuda externa del país, por escribir cómo debemos combatir la pobreza. ¿Es eso lo que Nicaragua merece, lo que los nicaragüenses nos merecemos?

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