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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 228 | Marzo 2001
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Guatemala

¿Golpe de Estado? o ¿Golpe de País?

Los cinco pilares sobre los que Portillo prometió que construiría su gobierno no han comenzado a levantarse. Y mientras el fantasma del golpe de Estado recorre los caminos de Guatemala, ya es real el "golpe de país" que un gobierno tan irresponsable nos ha causado.

Juan Hernández Pico, SJ

En los últimos días de febrero del 2001-tal como ocurrió en octubre del 2000- se multiplicaron los rumores de un inminente golpe de Estado. Algunos hablaron de que el golpe sería tradicional: provendría de los cuarteles. Otros dijeron que el Presidente Portillo había decidido enviar su renuncia desde un país extranjero al estilo Fujimori.

La distancia entre las altisonantes promesas de Portillo para hacer avanzar al país y la paralización del gobierno, la preponderancia en su gobierno del capital delincuencial y una corrupción creciente y la ineptitud o falta de voluntad política para frenar esas tendencias, están en la raíz de una incertidumbre política, que tiene en los rumores de golpe de Estado tan sólo un indicador.

Las huellas del "Guarogate"

Cuatro meses después del escándalo del "guarogate" aún no se ha resuelto este caso, que afectaba a los diputados del FRG, incluido al Presidente del Congreso, General Efraín Ríos Montt. Los abogados defensores de los diputados del FRG presentaron una serie interminable de recursos de amparo que llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad. Esta suprema institución desestimó todos ellos y devolvió el caso a la Corte Suprema de Justicia. El 6 de marzo, la Corte falló en contra de los 23 diputados del FRG y del Presidente del Congreso Efraín Ríos Montt suspendiéndoles su inmunidad parlamentaria para que los tribunales juzguen el caso. Se trata de un paso histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad. En cualquier eventualidad futura, hay otras preguntas que nadie hace por el momento y cuyas posibles respuestas conducen a una conclusión: en el caso del "guarogate", una vez más, y a pesar de que el Presidente afirma no estar a los pies de ellos, grandes empresarios -los magnates monopólicos de la cerveza y los licores- cuyas ganancias dependen muy poco de los precios en los mercados globales, intentaron imponer su voluntad para no modificar la estructura de los impuestos sobre unos productos que tienen una incidencia de tan elevado riesgo sobre la salud de los consumidores. Sobre unos productos -la cerveza, los licores- que son turbias huellas en la identidad nacional.

Tal vez conviene recordar las palabras de Luis Cardoza y Aragón, escritas en 1955, antes de que el país se sumergiera en 36 años de brutal violencia: Nos embriagamos para estar más solos. Nos embriagamos en sociedad para aumentar la soledad. No se conversa; sólo hay monólogo...,obseso cada uno por sus preocupaciones... No salimos de nosotros y si lo hacemos no es para entablar el diálogo, sino para estallar por encima del monólogo mismo. Gritamos, vaciamos los revólveres al aire, nos desahogamos para oírnos mejor; nos dirigimos a nosotros mismos... No es social la embriaguez. No compartimos la canción en un coro. La violencia, nacida por resentimiento, acaso se deba a que quien ha recibido patadas cree asimismo que debe darlas... La embriaguez es tétrica y pocas veces alcanza la dicha, la risa, la canción... Sin alcohol la festividad no se anima, retraídos todos en su mudez, impávidos y como ausentes. Se bebe hasta llorar, hasta matar, hasta morir. El país bebe aguardiente y se nota la afición porque cuando se bebe se hace en demasía. La conquista, la sujeción colonial, las tiranías, la discriminación económica, tienen que ver en tal exceso y en la índole de las fiestas. ("Guatemala, las líneas de su mano").

Antes de terminar el primer año de legislatura de este período de gobierno, el Congreso de Guatemala votó y aprobó, esta vez legalmente, una ley de impuestos a las bebidas alcohólicas que volvía a las tasas anteriores a la fechoría legislativa que originó el "guarogate". La aprobaron los diputados del FRG casi en solitario. ¿Sorprenderá demasiado que el Presidente Portillo no haya dicho una palabra para distanciarse de este escándalo, cuando se dice de él que pasa tardes enteras de su semana de trabajo en su restaurante favorito de la "zona viva" rociando sus largos almuerzos con vinos exquisitos?


Pacto Fiscal: un barco que se hunde

Con el escándalo alrededor de la ley de impuestos sobre bebidas alcohólicas se tocó el tema más importante de la política nacional y uno de los temas cruciales de los acuerdos de paz. Es imposible tener un Estado fuerte, capaz de un gasto social elevado que beneficie a una mayoría de la ciudadanía y modernice el país sin una recaudación fiscal notablemente superior a la que tiene hoy el Estado guatemalteco. El gobierno de Alfonso Portillo no está siendo capaz de convencer al capital privado de aumentar los impuestos directos que paga sobre sus ganancias o sobre el uso de inmuebles y del suelo urbano o sobre la ociosidad del suelo rural o sobre las exportaciones de las maquilas. Tampoco está siendo capaz de elevar el impuesto al valor agregado, haciendo pagar mayores impuestos indirectos.

La permanente crisis en que se encuentra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) desde que fue creada durante el gobierno de Alvaro Arzú, lleva a pensar que el Estado guatemalteco tampoco va a ser capaz de mejorar la recaudación fiscal disminuyendo la evasión o procurando una cobertura más completa de las personas y entidades sometidas al pago de impuestos. Rudy Castañeda, el director de la SAT, declara que será necesario mucho tiempo para depurar las aduanas de la plaga de corrupción que las ha caracterizado. El problema es mayor porque el gobierno de Portillo no tiene un plan que articule el gasto social, la modernización y el desarrollo del país con lo que eventualmente se recaude en impuestos. Esto significa que el Pacto Fiscal es un barco que se hunde por falta de combustible y porque carece de carta de navegación.

Hablan las encuestas

A primeros de noviembre se publicaron los resultados de la encuesta realizada por Vox Latina entre el 13 y el 16 de octubre del 2000. A la pregunta de cómo estaba trabajando el gobierno de Alfonso Portillo después de sus primeros nueve meses, un 40.8% respondió mal y un 12.7% muy mal, mientras que un 32.7% respondió bien y un 1.2% muy bien. La valoración negativa sumó el 53.5% de las respuestas contra un 33.9% de valoración positiva. Un poco más de dos meses después, entre el 21 de diciembre y el 5 de enero, acercándose el primer año de gobierno de Portillo, Vox Latina repitió la pregunta. El 52% de los encuestados afirmó que el gobierno de Portillo había trabajado mal y un 10% muy mal, sumando las valoraciones negativas un 62%. Un 27% respondió bien y 1% muy bien, sumando las valoraciones positivas un 28%. En menos de tres meses la valoración negativa del gobierno había aumentado en casi un 10% y la positiva había disminuído un 6%.

Un desgaste récord

Ningún gobierno civil guatemalteco de la época de la transición democrática (1985-2001) ha sufrido un desgaste tan brusco durante su primer año. Esto resulta más significativo tomando en cuenta que Portillo venció en primera vuelta con casi la mitad de los votos emitidos y en segunda vuelta con más de un 68%, porcentajes mayores que los que obtuvo Vinicio Cerezo, el primer presidente de la transición, en 1985-86, cuando la asistencia a las urnas de ciudadanos inscritos fue bastante mayor (68.8%) que en 1999 (53%).

Alfonso Portillo y el FRG de Ríos Montt suscitaron expectativas relativamente importantes entre la población guatemalteca. La clase media guatemalteca pudo ver en Alfonso Portillo un continuador, después de tantos años, de la frustrada "revolución" de 1944-54. No cabe duda que muchos de entre los pobres vieron en Portillo a un hombre extremadamente sensible a la pobreza y en el FRG de Ríos Montt una mano dura para frenar la violencia social y garantizar la seguridad ciudadana. Otros, por ejemplo los cientos de miles de antiguos patrulleros de autodefensa civil y ex-comisionados militares, pudieron ver también el retorno de su autoridad, descalificada -justamente- en los acuerdos de paz.

Un golpe de país

Todas las expectativas se han ido haciendo humo a medida que transcurría el primer año de gobierno de Portillo, aun cuando tal vez nunca llegue a corporeizarse el fantasma del golpe de Estado que recorre los caminos de Guatemala. Obviamente, pocos desean que llegue a cuando concretarse, porque una gran mayoría apenas empieza a familiarizarse con los ritos de la democracia. Pocos piensan que un golpe de Estado pueda tener posibilidades de triunfo en las actuales condiciones nacionales e internacionales. De todos modos, esto no importa. El Presidente Portillo y el Congreso del FRG presidido por el General Ríos Montt han dado ya lo que podríamos llamar un golpe de país. La inmensa irresponsabilidad que supone pretender el poder del Estado -por débil que sea este poder en tiempos de globalización y de auge de identidades que no son la patriótica- sin estar preparado para ello, equivale, de hecho, a darle al país un golpe del cual va a ser difícil que se recupere pronto. Porque quedan todavía tres años de desgobierno.

En el año 2000, en el discurso inaugural de su presidencia, Alfonso Portillo se refirió a cinco grandes pilares sobre los que iba a construir su gobierno: los acuerdos de paz, la descentralización del poder, la reforma económica, el programa contra las extremas desigualdades sociales, y la lucha contra la impunidad y la corrupción. Por desgracia, ninguno de esos pilares ha comenzado siquiera a levantarse.

Acuerdos: sin presupuesto, sin cronograma

Los Acuerdos de Paz fueron propuestos como una política de Estado, no como el proyecto caprichoso del gobierno que precedió al de Portillo ¿Qué se ha cumplido? Parecen haberse suprimido 30 destacamentos del Ejército. El Presidente envió al Congreso un proyecto de ley para crear la comisión que se encargaría de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). El Congreso engavetó este proyecto de ley porque el General Ríos Montt nunca ha dado credibilidad a los resultados de la CEH. El Presidente ha polemizado públicamente con muchas fuerzas vivas del país, pero no ha polemizado con el Congreso por la suerte corrida por su iniciativa de ley. Al frente de la Secretaría de la Paz, Portillo nombró a una de las personas progresistas que dieron a su gabinete brillo de sensibilidad social, Rubén Calderón. Sin embargo, como Calderón no logró que avanzara el cumplimiento de los acuerdos de paz fue sustituido por Gabriel Aguilera, ex-Vicecanciller durante el gobierno de Alvaro Arzú.

Los acuerdos de paz han sido recalendarizados, pero no hay seriedad tras esta recalendarización. Estos acuerdos son una especie de plan de país que buscan mejorarlo en muchas dimensiones. Tomados en serio, contienen el diseño de una nueva Guatemala para dentro de 20 años. Pero, para que así sea es preciso jerarquizarlos y comenzar a asignar presupuesto, personal especializado y un cronograma detallado a los avances en el cumplimiento. ¿Cuándo y cómo va a empezar a cumplirse con el acuerdo sobre el levantamiento de un catastro nacional? No existe ninguna iniciativa estatal para deshacer, como lo piden los acuerdos, los turbios e ilegales negocios con la tierra hechos alrededor de la Franja Transversal Norte y en El Petén durante las administraciones militares de los años 60 y 70. Parece que el gobierno ha tirado la toalla en el objetivo de alcanzar una recaudación fiscal que sea el 12% del PIB. No se ve un plan para seguir desmilitarizando el país sin tener que cambiar la Constitución. No se ve tampoco un plan para que en los tribunales de justicia se empleen las principales lenguas del país. Sigue sin suprimirse el Estado Mayor Presidencial militar.

Y no hay una decisión del gobierno de promover la investigación y el procesamiento de los responsables de las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado durante el conflicto armado, aun cuando en 17 casos concretos estas violaciones han sido reconocidas ante instancias internacionales.

Descentralización: un desafío sin fechas

En el capítulo de la descentralización del poder existe una extraña situación institucional. Durante todo el primer año de gobierno, un secretario presidencial para la descentralización, Harris Whitbeck; y un comisionado presidencial para la descentralización, Rokael Cardona, han trabajado en esta tarea, sin tener bien definidas sus prerrogativas y funciones. Ha sido un caso típico que demuestra cómo la pluralidad ideológica del gobierno de Portillo se convierte en confusión administrativa. Whitbeck es miembro importante del FRG y antiguo colaborador de Ríos Montt. Cardona es uno de los académicos progresistas que Portillo conoció en los tiempos estudiantiles en que tuvo "debilidades" revolucionarias.

Doctorado en sociología en París, ha participado en bastantes iniciativas centroamericanas para el desarrollo de los poderes municipales. A fines del 2000, Portillo decidió confiar la descentralización a Cardona. Si así fuera, sería un ejemplo del tipo de decisiones que hacen falta en su gobierno. La descentralización, con su contraparte, la participación local, es uno de los quicios sobre el que gira el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, uno de los más importantes en los acuerdos de paz. El proyecto de ley sobre Descentralización, junto con otros directamente relacionados -sobre los Consejos de Desarrollo urbano y rural, sobre Regionalización y sobre Reformas al Código Municipal- están en la agenda del Congreso sin que tengan fecha aproximada ni de discusión ni de votación.

Inaugurando obras y disparando promesas

En las elecciones de 1999 el poder municipal se fraccionó bastante: de 330 municipios, el FRG triunfó en 147; el PAN en 106; y en 25 ganaron Comités Cívicos -en 12 de ellos la Alianza para una Nueva Nación (ANN) de la que formaba parte la URNG-. Corren rumores de que son los municipios donde gobierna el FRG los que se están aprovechando ventajosamente de la parte del presupuesto nacional que corresponde constitucionalmente a las municipalidades. En el municipio de Ixcán, por ejemplo, donde la alcaldía fue ganada por la ANN, están surgiendo graves problemas de disputa de tierras, alimentados desde la alcaldía de Malacatán, reivindicando concesiones hechas a milicianos hace más de un siglo. Hoy, más que descentralización, lo que más se "mira" en el país es la presencia multiplicada del Presidente Portillo -casi siempre junto con el General Ríos Montt- en las cabeceras municipales para inaugurar obras y disparar promesas en una permanente campaña electoral en la que, al estilo Fujimori, se viste con los trajes indígenas de las regiones que visita.

Economía: no se reactiva, ¿y se dolarizará?

La reforma económica es otro pilar en crisis. El fracaso principal está en la incapacidad para aprovechar el Pacto Fiscal y para concretarlo. Tampoco existe aún una ley que regule y supervise mejor la actividad financiera y, como consecuencia, no pocos bancos están rozando peligrosamente la iliquidez y la insolvencia. Además de los costos enormes de la especulación desatinada, los mayores accionistas y los directivos de algunos bancos contratan préstamos para sus propias empresas muy por encima del porcentaje permisible. No se ha logrado tampoco una baja sustancial en las tasas de interés, haciendo muy difícil la contratación de créditos. Los bancos, y los vehículos blindados en que trasladan sus fondos, viven bajo la amenaza de los asaltos a mano armada. Con la excepción de la tasa de interés, el Gobierno ha logrado mantener estables los macrovalores de la economía: el tipo de cambio, el déficit fiscal, la tasa de inflación... Pero no se ha producido una reactivación de la economía. Persiste la desaceleración en que la dejó en su último año el gobierno de Arzú.

La especie de espada de Damocles que pende sobre la privatización de TELGUA y del INDE no ha contribuido al incremento de la inversión extranjera. La baja en los precios internacionales del café -en parte por el financiamiento subsidiario del Banco Mundial a los cafetales vietnamitas, que han contribuido a saturar el mercado mundial- ha deprimido el valor de las exportaciones guatemaltecas. Ni el incremento en los precios internacionales del azúcar, ni las remesas, ni el turismo, ni las exportaciones no tradicionales, ni las maquilas, han logrado superar el efecto de incertidumbre y desconfianza producido por la política incoherente del gobierno, donde los bandazos populistas de Portillo -importación de azúcar, compra de fertilizantes sin licitación, importación de carne de pollo, baja de aranceles, etc., para hacer que los monopolios nacionales bajen los precios del mercado interno- se suman a la falta de iniciativa del Congreso y a la falta de pericia técnica en la preparación de los proyectos de ley. Es incierto qué impacto tendrán en la economía la entrada en vigor en el 2001 del TLC con México y la nueva posibilidad de abrir depósitos en dólares en los bancos del sistema nacional, que podría ser precursora de la dolarización.

País de desigualdades

Portillo anunció un programa que acabaría con las extremas desigualdades del país. Junto con Brasil y Sudáfrica, Guatemala ocupa la cumbre mundial de los países con más desigual repartición de las riquezas. En 1998, el 20% más rico del país recibía el 61.4% de los ingresos, y el 20% más pobre sólo el 3.5%. El 20% más rico tiene ingresos 17 veces mayores que el 20% más pobre.

Un programa que pretendiera suprimir a largo plazo la brecha de la desigualdad tendría que apuntar a varias metas. Primera y principal, la creación de empleo y, aún más importante, la formación para aspirar a empleos cualificados. No se conoce un programa de creación de empleos en el sector público que responda a esta necesidad ni se conocen negociaciones entre el gobierno y la empresa privada para un proyecto de ley que reconozca la inversión en formación como una vía para la reducción de impuestos. En el año 2001 la educación representa un 12% del presupuesto nacional y un 1.9% del PIB. La meta que señalaron los acuerdos de paz para 1999 era del 2.39% del PIB. La asignación presupuestaria para educación en el año 2001 es menor, en casi 490 millones de quetzales, que la del último presupuesto del gobierno Arzú. Parece estar en marcha un programa de reforma educativa y un polémico programa de alfabetización.

No existe un programa para asegurar una mejor distribución de agua sobre todo a las viviendas rurales ni programas para una red de drenaje o de construcción de pozos y de letrinas. Los programas para afrontar la enorme escasez de tierras, tanto rurales como urbanas, y para paliar la precariedad de la vivienda brillan por su ausencia. Los barrancos de la capital siguen esperando los próximos derrumbes del invierno, y las miserables viviendas del campo siguen a la espera del próximo terremoto. Es muy difícil saber donde se encuentra lo que fue el programa de mayor envergadura del gobierno anterior: las comunicaciones, especialmente la infraestructura vial del país. La ola de acusaciones de corrupción que señalan al ministro del ramo es creciente.

En manos de los "poderes ocultos"

Lucha contra la impunidad y la corrupción: probablemente sea este pilar el que con mayor desaliento percibe la población guatemalteca. Ocho meses después de comenzar su gobierno, Portillo optó por cambiar a su ministro de gobernación y nombrar para el cargo al diputado eferregista Byron Barrientos, ex-oficial de inteligencia del Ejército. Ante el aumento alarmante de atentados e intimidaciones contra organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad -denunciados por la Conferencia Episcopal, el Cuerpo Diplomático y las agencias de la ONU en el país-, Barrientos no sólo se conforma con atribuirlos sistemáticamente a la "delincuencia común" sino que llega a pronosticar que van a ocurrir, lo que se asemeja mucho a una profecía que se autocumplirá... porque se tienen los recursos para hacer que se cumpla.

El auge de los asesinatos en la capital es delirante, y dramática la cantidad de mujeres que son encontradas violadas y asesinadas en barrancos y callejuelas. ¿Expresión de una reacción intolerante ante el creciente auge de la conciencia feminista? Los asaltos son también una plaga enervante. En el municipio de Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapán, con un 99% de población indígena quiché, no pasa una semana sin que los comerciantes que de este pueblo van a los mercados cercanos sean asaltados. La policía nunca patrulla los caminos rurales y nunca se estaciona en los lugares donde los asaltos son costumbre. Los linchamientos no cesan. Y más y más, quienes están en la escena, sobre todo en El Quiché, aseguran que los que los incitan son ex-miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil.

Es dramático el continuo descubrimiento, dentro de la nueva Policía Nacional Civil, de agentes y aun de altos oficiales corruptos, sin los que serían imposibles tantos asaltos de bancos en una casi absoluta impunidad. La impresión que resulta del tratamiento que el gobierno da a la inseguridad es que el Presidente y su gobierno han cerrado filas con el dinero fácil, con eso que la Fundación Myrna Mack denomina "los poderes ocultos", ese mundo en el que la especulación se alía con el crimen organizado y sus tentáculos globales. Portillo aseguró que entregaría un informe sobre el asesinato del obispo Gerardi, dando a entender que ayudaría a resolver el caso en seis meses. Pero el informe de Portillo no dice nada de trascendencia y el caso sigue sin resolverse más de un año después de la promesa presidencial.

Emerge y se consolida una nueva conciencia

Es evidente que la firma de la paz hizo mella en la conciencia ciudadana de Guatemala, aunque la paz no aparezca entre las preocupaciones que la gente destaca cuando es preguntada en las encuestas. Dando por descontada la paz, la gente ya sabe que con la paz, el país está más abierto a los cambios y se respira un aire de mayor libertad. Sabe que sin un conflicto armado la voz cantante no la tienen las armas ni el ejército sino los civiles.

Como lema de campaña, Alfonso Portillo, pudo decir "¡Sí se puede!" porque en la nueva mentalidad de la gente, en la nueva conciencia ciudadana, la gente ya sabe que en Guatemala la miseria, la corrupción, el racismo y la discriminación, el analfabetismo y la desnutrición, la falta de crédito o la usura, el desempleo o la impunidad, no son un destino. La gente sabe que todas estas desgracias que ha sufrido como destino, son en realidad producto de voluntad política, de incapacidad formativa, de deficiencia técnica, de irresponsabilidad ética y de negación de solidaridad, vicios todos arropados por la fuerza y la prepotencia de las armas.
El gran cambio que se ha producido en Guatemala concierne a que hoy, desde la paz, el uso prepotente de las armas para mantener la miseria, la pobreza y la desigualdad excluyentes, está fuera de la ley, es ilegítimo y queda fuera de los límites de la tolerancia ciudadana.

Y lo que llamamos herencia cultural de la violencia -que resulta innegable- son ya residuos de una época oscurantista, con raíces inmemoriales en la conquista y más atrás, exacerbadas brutalmente por los 36 años de conflicto armado, A pesar de esta herencia, la cultura actual de Guatemala es una cultura de paz y por eso está abierta a un proceso de seguridad pública y de desarrollo humano, que la gente exige y espera como un derecho, al mismo tiempo que trabaja por conquistarlo.

Las cifras de la decepción

Hace un año casi la mitad de los votantes, o castigaba lo que percibía como el incumplimiento del gobierno de Alvaro Arzú y del PAN o prefería confiar en Alfonso Portillo y en el FRG. Un año después, según los resultados de la encuesta de Vox Latina, casi un 81% de la gente piensa que la situación económica está peor que como la dejó el gobierno anterior, casi un 71% cree que la situación ciudadana está peor, un 69% piensa que está peor la situación del empleo, y un 64% considera que hay más corrupción. Un 78% piensa que este gobierno se ha desprestigiado solo, mientras que quienes piensan que lo han desprestigiado son apenas un 14%.

Un 61.6% opina que la prensa informa la realidad de la situación del país, mientras que un 34.2% piensa que exagera para dañar al gobierno. La credibilidad del gobierno se ha ido al suelo: un 80% no cree al Presidente Portillo cuando hace ofrecimientos, discursos o propuestas, aunque al decir en quién creen más, un 27.6% de la gente dice que cree más en Portillo, un 13.1% dice creer más en Ríos Montt y un 56.2% no cree en ninguno de los dos.

Sólo la impaciencia acumulada durante años puede explicar que a la hora de votar por Alfonso Portillo la gente olvidara la inconsistencia de su itinerario político, desde la izquierda revolucionaria al FRG pasando por la Democracia Cristiana. Sólo cierta ansiedad frente a la violencia y el atavismo machista hicieron que se pasara por alto el hecho de las dos muertes violentas de las que él mismo reconoció ser autor en el contexto de una parranda mientras estaba exilado en México. Por lo que toca a Ríos Montt, la desilusión estaba cantada en alguien que o fue estratega de una campaña de masacres tan brutal como registra la historia de su período de Jefe de Estado en 1982-83 o la toleró con complicidad mientras se dedicaba al fanatismo moralizador de sus mensajes evangelistas.

Juventud democrática a destiempo

Otra hipótesis para entender lo que está pasando en Guatemala después del primer año de Portillo es la conexión global. Como los demás países de Centroamérica, tal vez con la excepción de Costa Rica, Guatemala está llegando a su juventud democrática cuando en el mundo global la democracia atraviesa por una profunda crisis de agotamiento.

Esta crisis de la democracia tiene que ver con la reducción de las posibilidades de actuar desde el gobierno del Estado para intentar cumplir los mismos planes de gobierno. Si las personas electas democráticamente en base a determinados programas -ligados a determinadas personalidades- carecen, una vez en el gobierno, de poder suficiente como para empezar a realizar esos programas, la democracia, representativa se devalúa. En el caso del gobierno de Portillo, hay que sumar la acumulación de promesas en su programa, lo que lo convierte en un vacío de programa, más parecido a los múltiples premios de una lotería de feria, donde al final no le toca ninguno a nadie.

Las grandes redes de las empresas multinacionales, la red global del dinero especulativo, la escasez y precariedad del trabajo que se oculta tras lo que hoy se llama "flexibilidad laboral", la ocupación del tiempo histórico por la instantaneidad simultánea del tiempo virtual en el que se toman decisiones que dejan fuera a grandes mayorías, la vinculación de las redes globales del crimen con el capital delincuencial y corrupto de cada país, la creación y destrucción de imágenes y mensajes en los medios de comunicación masiva, los movimientos culturales de identidad religiosa, grupal, antipatriarcal, generacional, comunal, etc., son factores que interfieren continuamente con la capacidad de actuar de los gobernantes. En Guatemala, Héctor Rosada, Gustavo Porras y Edgar Gutiérrez -tres personalidades influyentes en los tres últimos gobiernos, incluido el actual- se han referido con frustración a la reducción del espacio de acción del poder en el gobierno nacional.

Democracia participativa: el reto y la esperanza

Es crucial asumir el reto y la responsabilidad de desarrollar la democracia participativa. Sea lo que sea del poder real de las instituciones de gobierno, no da lo mismo elegir un gobierno que otro, un Presidente que otro, un Congreso que otro. En Guatemala, tal vez la más importante de las competencias en curso es la que se desarrolla para elegir a los diez miembros titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Durante todo el primer año de gobierno de Alfonso Portillo, la Corte de Constitucionalidad ha mostrado, como ya lo mostró en el gobierno de Alvaro Arzú -y antes, en forma crucial, durante el "serranazo" en 1993-, una notable independencia a la hora de mantener el Estado de Derecho. Todos los recursos de amparo para evitar que la Corte Suprema de Justicia conociera las acusaciones contra los diputados presuntamente alteradores de la ley de impuestos sobre bebidas alcohólicas, fueron vistos ante la Corte de Constitucionalidad. Y todos fueron resueltos en contra de los diputados.

Los plantones de instituciones de derechos humanos y pro justicia ante el Congreso y ante las Cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad ejerciendo una presión cívica que impidiera que los diputados presuntamente responsables de haber alterado ilegalmente la ley no fueran sometidos a proceso también tuvieron peso.En marzo, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Presidente de la República elegirán, cada uno, dos miembros, titular y suplente, para el nuevo período de la Corte de Constitucionalidad. El Movimiento Pro Justicia -que incluye a muchas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil- ha relevado ante la opinión pública la conciencia de lo que se juega en esta elección. Se están celebrando foros en distintas instituciones académicas para contribuir a impedir que las distintas elecciones se hagan sin transparencia, sin honestidad y en forma politizada.

Muchas ocasiones, varias buenas señales

Es sólo un ejemplo de lo que significa una voluntad de participación democrática. Habrá más ocasiones. En los próximos meses se abordará uno de los puntos más importantes de los acuerdos de paz: la reforma de la ley que rige el proceso electoral. La participación democrática tendrá en esta ocasión un gran significado. La ley marco de Descentralización será otro momento importante para participar haciendo conciencia para que sea una ley de apertura democrática y no una ley de control. Hay también buenas señales. Siguen los esfuerzos contra la impunidad, de personas como Helen Mack, que desafían la inercia de las instituciones y el peligro de corrupción con la fuerza de la política simbólica. La Iglesia Católica de El Petén ha publicado una espléndida carta pastoral de contenido ecológico, "El Grito de la Selva en el Año Jubilar". Recientemente se lanzó en Guatemala la asociación "Moloj Kino’ jb’al Mayib’ Ixoqib’" , la Asociación Política de Mujeres Mayas, para la participación de las mujeres indígenas, de diversas ideologías, en la política.

Quizás también en Guatemala el lugar de la recuperación de la política esté en los movimientos de alcance local y en las causas sociales, cívicas y humanitarias que pueden no sólo hacer auditoría social del poder estatal y de sus ramificaciones globales, sino también movilizar sus propias fuerzas para mejorar el entorno inmediato de la gente.

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