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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 220 | Julio 2000
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Nicaragua

Qué le decimos y qué le pedimos a la cooperación internacional

Desde Nicaragua, y en nombre de América Latina, la dirigente sandinista Dora María Téllez habló en Finlandia de los problemas de nuestro continente y de nuestro país y de las salidas que es posible construir y a las que la cooperación internacional puede y debe apostar. Palabras de inauguración, en representación de América Latina y el Caribe, del Encuentro Finlandia-América Latina, organizado por el Gobierno de Finlandia. Helsinki, mayo 2000.

Dora María Téllez

Nuestra América

América Latina y el Caribe, Nuestra América como le llamaba el patriota cubano José Martí, es una región del mundo cuyo rostro llega a ustedes de manera cotidiana a través de las noticias de los medios de comunicación, de actividades culturales o conferencias, de diversas expresiones del arte y la literatura o a través de eventos políticos o sociales.

La mayoría de las informaciones que por estos medios reciben ustedes los remiten a catástrofes naturales, hechos puntuales de la vida política, una que otra noticia económica y alguna pincelada de la vida cotidiana. Hoy debemos tratar de reflexionar sobre las corrientes profundas de la vida de nuestros países, sobre los asuntos que ocupan y preocupan a nuestros pueblos en las ciudades y en el campo, en las costas o en las selvas, en cada lugar de la variada geografía de esta región del mundo.


Somos territorio de inseguridades

En América Latina y el Caribe vivimos un poco más de 500 millones de personas: mestizas, indias, negras, descendientes de la inmigración europea y asiática. Somos una mezcla de razas, lenguas, tradiciones, culturas y costumbres, amparadas en una identidad común que nos distingue como latinoamericanos, que va más allá de los límites fronterizos y de las peculiaridades regionales, pero que resulta difícil precisar en qué consiste exactamente. Los latinoamericanos hemos llegado al fin del segundo milenio como países del Tercer Mundo -como solía decirse antes- o como países en vías de desarrollo, como se dice ahora, queriendo decir con esto que no logramos sobrepasar las fronteras de nuestra pobreza y, menos aún, ubicarnos en el rango de las sociedades cuyo futuro tiene más certidumbres que inseguridades.

Un ciudadano finlandés posee bastantes certezas sobre su futuro, el de su familia y el de su comunidad. Sabe con certeza que habrá escuela para sus hijos, oportunidad de trabajo en condiciones decentes y bastante justas, posibilidad de mejorar su calidad de vida, cuidados de salud hasta que muera y una jubilación digna. Dispone de tiempo libre para su recreación y para enriquecer su cultura y encuentra en el sistema en el que vive las posibilidades de debatir sobre las cosas que no desea y de cambiarlas. Tiene certeza de que sus derechos ciudadanos existen y de que cuenta con mecanismos e instrumentos para que sean respetados, promovidos y aumentados.

Son muchas certidumbres. Buenas y justas certidumbres. Nuestro escenario es muy distinto. América Latina es un territorio donde la pobreza crece y donde hay cada vez más pobres, es una zona de alto riesgo para cualquier ser humano.


80 millones viven con un dólar diario

Vale la pena recurrir a algunas cifras y reflexiones para ilustrar esta aseveración. Actualmente, tres de cada diez latinoamericanos viven con menos de dos dólares por día, y aproximadamente la mitad de ellos lo hace con menos de un dólar diario. En mi país, Nicaragua, cuatro de cada diez personas viven con menos de un dólar por día. Aunque es difícil imaginar qué tipo de vida puede llevar alguien con ese nivel de ingresos, esa cifra equivale a decir que en muchos hogares rurales no se enciende el fogón para cocinar todos los días, o que sólo se come "un tiempo" diario y los alimentos son escasos.

Hace pocos días, conversando con un campesino pobre me decía que en su comunidad había quienes no tenían ni para comprar sal, un elemento absolutamente indispensable para la vida. Y él se sentía mucho mejor que otros porque tenía trabajo. Junto a su compañera hace tejidos. Los aprendieron de la tradición indígena de una anciana de la comunidad y han podido montar pequeños telares con la ayuda de una mujer argentina de extraordinaria solidaridad y con el respaldo de fondos noruegos para este proyecto.

En esa comunidad, llamada El Chile, viven algunos de esos 80 millones de latinoamericanos que viven con un dólar al día. Y no son menos hoy que hace un decenio, son aproximadamente quince millones más. Hace diez años eran 65 millones. Esta estadística es suficiente para revelar que el esfuerzo principal de una gran parte de la población de nuestros países es la simple y llana sobrevivencia, la búsqueda cotidiana del sustento de la familia, sin otra seguridad que la que trae el día.


Pobres cada vez más pobres

Se nos ha dicho que la causa de esta situación estaba en una incorrecta estructuración de la economía, en los desajustes de política económica que tenían nuestros países. Se nos dijo que superar la pobreza sería posible si creábamos condiciones económicas distintas. En las últimas décadas, los gobiernos latinoamericanos han dedicado gran parte de sus esfuerzos a procurar la salud de la economía, a establecer ventajas para la inversión extranjera, a resolver déficits fiscales y financieros, a reducir el tamaño del Estado, a privatizar los servicios públicos, a estimular las exportaciones, a promover capacidad para competir en los mercados, a establecer acuerdos comerciales regionales. Todo para impulsar el crecimiento económico, bajo la premisa de que una vez lograda esta meta, los beneficios se derramarían sobre toda la sociedad.

Con este criterio iniciaron los programas de estabilización económica y de ajuste estructural en todos nuestros países. El FMI y el Banco Mundial los impusieron como norma de conducta a los gobiernos y como condición para proveer flujos de ayuda externa. En el punto en el que estamos hoy ya es bastante claro, aún para sus promotores, que si bien esos ajustes han mejorado relativamente las condiciones macroeconómicas y han generado crecimiento económico, éste no sólo resulta insuficiente, sino que la medicina aplicada ha contribuido a agravar las enfermedades causando verdaderos estragos entre la población, especialmente entre los pobres. También es claro que la política económica impulsada ha favorecido la concentración de las riquezas y ha aumentado las desigualdades en la sociedad: los ricos son ahora más ricos y los pobres son ahora más pobres.

Mientras en Finlandia el 20% más rico de la población concentra el 35.8% del ingreso, según datos del Banco Mundial para 1999, en Guatemala ese 20% privilegiado controla el 63% del ingreso, en Paraguay el 62.4% en Panamá el 60.4% en Brasil el 64.2% y en Colombia el 61.5%. En nuestros países, el 20% más pobre apenas percibe entre el 2.1% y el 3.1% del ingreso. En la sociedad latinoamericana ese 20% más pobre está totalmente excluido.


Campesinos, indígenas, desempleados...

Las condiciones estructurales que determinan el crecimiento de las desigualdades son hoy mayores que ayer. Miles de latinoamericanos luchan por un pedazo de tierra para trabajar, mientras la tendencia es a una mayor concentración de la propiedad de la tierra. Por eso vemos a los campesinos sin tierra de Brasil llegando hasta Brasilia y tomándose los edificios gubernamentales para reclamar una solución que no llega. Por eso vemos a los campesinos de Nicaragua demandando seguridad jurídica sobre las tierras con que fueron beneficiados por la reforma agraria sandinista y por los programas de desmovilización de combatientes de comienzos de la década de los 90. La inseguridad en la que sobreviven es aliciente para que vendan baratas sus tierras a quienes pueden obtener garantías legales y cuentan con los recursos, las influencias y los mecanismos necesarios para trabajarlas. Es en las zonas rurales de América Latina y el Caribe donde más se sufre la pobreza y donde es más difícil remontar la brecha entre un hoy sin salidas y las posibilidades de un mañana mejor.

Decenas de miles de indígenas a lo largo del continente demandan la legalización de sus tierras, el respeto a sus tradiciones, a su lengua, a su cultura y a la gestión de sus asuntos. Están en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil. Salen de su silencio de siglos para cuestionar las políticas públicas que los afectan, para proponer nuevas formas de gobernarse y para reclamar nuevas maneras de entender a nuestras naciones, realmente pluriculturales.

En las ciudades, esperanza de la migración rural, se concentran los desempleados buscando en el comercio informal una forma de vida. Venden periódicos, comida, ropa usada, boletos de lotería. Venden cualquier cosa en plazas, calles y semáforos, en mercados improvisados cada vez más grandes. Los pequeños y medianos empresarios se ven acosados por falta de recursos y de apoyo tecnológico para insertarse con éxito en las nuevas condiciones de los mercados locales y regionales. Muchos ya pasaron a engrosar ese amplio sector informal, otros luchan para sobrevivir.

Muchos jóvenes encuentran cerradas las puertas de cualquier empleo y de la formación técnica y profesional, pero abiertas las puertas de la delincuencia y del tráfico y consumo de drogas. Encontramos a nuestros niños trabajando en las plantaciones de café, como sirvientes, como vendedores en las calles y hasta en el mercado sexual. Las mujeres se encuentran en clara desventaja pues las formas de discriminación contra ellas son aún severas.


Condiciones que generan pobreza

La desesperanza, la imposibilidad de satisfacer un mínimo de sus necesidades más urgentes, han impulsado a cientos de miles de latinoamericanos a emigrar hacia los Estados Unidos y hacia Europa buscando una oportunidad que no encuentran en sus propios países. Tal es la magnitud de le migración que, al menos en Centroamérica, las remesas familiares, producto del trabajo sacrificado y de la solidaridad de los emigrantes con sus familiares, constituyen el ingreso en divisas más importante de cada país, superior a cualquiera de nuestras exportaciones. Ningún producto exportable nos genera tantas divisas como la exportación de nuestra gente. La política migratoria de los Estados Unidos se ha transformado en una prioridad de la política económica de cada uno de nuestros gobiernos. Este giro refleja el dramatismo de la situación actual.

Como compensación a la estabilización y al ajuste económico, en casi todos los países se han desarrollado programas de amortiguamiento del impacto social de estas medidas. Los resultados en el descenso de la mortalidad infantil y materna, en el incremento de la esperanza de vida y en el acceso al agua potable son hoy mejores en general, pero las condiciones estructurales -económicas, sociales y políticas- generadoras de más pobreza y de más pobres se mantienen y aumentan. El Estado se ha reformado para hacerse más pequeño y eficiente, pero ha puesto su énfasis en facilitar el crecimiento económico dejando de lado el intervenir en la redistribución de las riquezas.


¿Cuál es la solución? una pregunta existencial

¿Cuál es la solución a estos problemas? ¿Cómo podemos encauzarnos en la vía del desarrollo? Esta es para mí una pregunta de carácter existencial. Una parte importante de mi vida la he dedicado a promover un cambio económico, político y social en mi país, por diversos medios, incluyendo la lucha armada, la lucha política y la lucha electoral. Soy hija y protagonista de la revolución nicaragüense y mis respuestas están decididamente influidas por este hecho.

En las dos últimas décadas, hemos visto en nuestro continente el agotamiento y el colapso de las dictaduras militares, abriéndose así un espacio para la construcción democrática y para el respeto a los derechos humanos. La región está hoy gobernada mayoritariamente por civiles y periódicamente se realizan elecciones, pero el modelo político e institucional construido sobre las bases anteriores conserva, en su esencia, elementos de crisis.

La población percibe que el Estado no responde a sus problemas más urgentes y que las instituciones del sistema político -gobierno central, Parlamento o gobiernos locales- no son capaces de articular una respuesta oportuna a las demandas y a las propuestas que hace la sociedad civil. La institucionalidad política no está conectada a la población, carece de mecanismos de interacción y diálogo permanente con los ciudadanos y sus organizaciones, y el peso de la opinión pública tiene aún una débil influencia sobre la práctica de las cúpulas políticas.

Aunque se han establecido procesos electorales periódicos, la participación de la población no es satisfactoria. En algunos países la abstención es muy alta. En Guatemala no más del 30% de la población acude a votar. Las autoridades son electas con una mínima legitimidad política y social. El incremento de la abstención es producto de la desconfianza de la población en los mecanismos institucionales para resolver los problemas de la sociedad.

A la par de los problemas económicos, de la falta de entendimiento entre el Estado y la sociedad, se ha desarrollado una extendida plaga de corrupción en el manejo de los fondos públicos, rechazada de manera abrumadora por la opinión pública. La corrupción ha llegado ya a constituir un grave problema para la gobernabilidad y el buen gobierno. Se hace posible y se multiplica por la impunidad. La impunidad es un atributo del poder y de los poderosos. Los pobres son las primeras y más grandes víctimas de la impunidad, de la ausencia de justicia y de la malversación de los bienes públicos.


La gobernabilidad que nos falta

La gobernabilidad democrática es la condición que permite a una sociedad enfrentar sus coincidencias y divergencias de manera constructiva, estimulando el desarrollo integral de los ciudadanos, las familias y las comunidades. Supone una interrelación positiva entre los ciudadanos, la sociedad civil y el Estado. Esta condición sólo es posible cuando el conjunto de las instituciones del sistema político garantiza plenamente el ejercicio de los derechos ciudadanos individuales y sociales. La gobernabilidad es hija de la certidumbre que tienen los ciudadanos en el funcionamiento del sistema en que viven.

Cuando una sociedad carece total o parcialmente de esas certidumbres básicas para su sobrevivencia y desenvolvimiento, cuando el marco jurídico y legal se rompe, lesionando el ejercicio de los derechos ciudadanos, cuando los mecanismos del sistema político actúan deficiente o insuficientemente frente a las urgencias sociales, cuando el sistema político es excluyente y promueve la exclusión, entonces sobreviene una crisis en la gobernabilidad democrática y la sociedad busca y utiliza otras vías para cuestionar la situación y para cambiarla.

La violencia política y todas las formas de la violencia social son vías utilizadas en estas crisis, mientras una parte de la sociedad recurre a otras formas de cuestionamiento: la ruptura del tejido social, la descomposición, la proliferación de la delincuencia, tanto individual como organizada, son también expresiones de la ausencia de gobernabilidad democrática. Periódicamente, surge una crisis política tan compleja como previsible en alguno de nuestros países, revelando de golpe la fragilidad de la institucionalidad existente.


Nuestra sociedad está madura para la democracia

Estos problemas no son nuevos, son viejos problemas que han tenido soluciones insuficientes o malas soluciones. Son viejos problemas en un continente cuya sociedad maduró de manera extraordinaria en las últimas décadas del siglo que acaba de concluir, elevando sus demandas, sus expectativas y su organización. Las organizaciones comunitarias, campesinas y de indígenas se han multiplicado en número, en fuerza y en representatividad. El movimiento de mujeres, los grupos ecologistas y las organizaciones no gubernamentales tienen hoy un papel creciente en la sociedad latinoamericana. No sólo reclaman acciones al Estado, sino que generan soluciones alternativas en la lucha por la democracia y contra la pobreza. Los medios de comunicación se han transformado en un vehículo de primera importancia para la expresión de la opinión pública e intervienen de manera decisiva en el panorama político y social latinoamericano.

Nuestra sociedad demanda una vida mejor en todos los campos. Está preparada y desea intervenir de manera directa y sistemática en los asuntos públicos, como nunca antes en nuestra historia. No está satisfecha con la intermediación de los partidos políticos, que se han quedado anquilosados en viejos modelos de trabajo y en formas de funcionamiento que privilegian a las cúpulas políticas y no a los electores.

Nuestra sociedad demanda la construcción de un modelo de democracia, que no signifique simplemente volver atrás, a la "democracia" que precedió a las dictaduras, sino establecer un sistema político que dé cuenta de la realidad actual, de la de este nuevo milenio que comienza y no de la realidad de finales del siglo XIX que dio origen a sistemas políticos excluyentes diseñados para una sociedad homogénea étnica y culturalmente que en realidad nunca existió en el continente. Si los indígenas de Guatemala siguen siendo ciudadanos de segunda clase y apenas votan en las elecciones, ¿cómo podríamos hablar de democracia en ese país?

Somos sociedades que no se conforman con elecciones periódicas, que desean, promueven y luchan por un modelo de democracia integral, por el estado de derecho y por condiciones de vida y de justicia que se correspondan con el verdadero rostro de cada una de nuestras naciones.


El estado que queremos

Yo hago política. Presido un partido político en mi país. Trato de escuchar el mensaje que la gente está enviándonos: los latinoamericanos queremos cambios profundos que nos despejen el futuro. La sociedad latinoamericana actual quiere un Estado que se preocupe por el crecimiento económico, pero que se ocupe del desarrollo en términos integrales, que no sea exclusivamente un catalizador y un agente de la acción económica privada, sino un instrumento para eliminar las brechas de exclusión y desigualdad social. Un Estado donde existan verdaderos equilibrios entre los ejes de poder político para garantizar el buen gobierno, la justicia, la transparencia en la administración pública y el fin de la impunidad. Queremos un Estado que considere la participación ciudadana como algo más que un enunciado utilitario de los programas de gobierno, que convierta la participación en un instrumento, en un mecanismo permanente, en una opción de la sociedad para tomar directamente decisiones sobre los temas que le afectan en su vida diaria. Un Estado en el que las fuerzas armadas y policiales se dediquen a custodiar la soberanía y a preservar la seguridad de todos los ciudadanos, siendo instituciones que favorecen la democracia y los derechos humanos y dejando de ser factores de poder político intocables constituidos en árbitros de la sociedad.

La sociedad latinoamericana llega al siglo XXI tocando firmemente las puertas y empujándolas para que se abran a un nuevo modelo político, económico y social. Nuestra sociedad quiere ser parte de lo mejor de la globalización, no quiere quedarse atrás en los asuntos tecnológicos, quiere estar conectada al resto del mundo, pero para lograr todo esto tiene la urgencia de cerrar la distancia entre los más ricos y los más pobres.


La cooperación de los países nórdicos con Nicaragua

¿Y qué tiene que ver todo esto con Finlandia y con los finlandeses? Quiero hablar desde mi propia experiencia. Los países nórdicos han acompañado a Nicaragua durante casi veinte años de manera ininterrumpida. Y no dudo en decir que han estado presentes preocupados por el futuro de las personas, de las familias y de las comunidades. Han tenido fe en que los cambios, aún los más dramáticos, pueden servirnos para mejorar nuestro perfil como sociedad. Se han apuntado para apoyar el mejoramiento de las condiciones básicas del pueblo y no exclusivamente para mejorar la salud del sistema económico. Han sido desde todo punto de vista un respaldo extraordinario y útil.

Comprendo que en la situación actual de Nicaragua la cooperación se pregunte por la validez y la vigencia del papel que juega. La cooperación ha constatado que en mi país se desarrolla un proceso político complejo y que la situación económica de la población ha empeorado sustancialmente. Naturalmente, pueden dudar, en este momento, de la eficiencia y la eficacia de su presencia, del tipo y modalidad de su cooperación, del impacto real que produce, de su permanencia durante tanto tiempo, de la responsabilidad de los gobiernos en la continuidad de los programas y proyectos. La aspiración mínima y legítima de cualquier cooperación es desatar procesos de largo plazo y no solamente satisfacer necesidades inmediatas.

En Nicaragua, todas estas dudas y estas preguntas son completamente válidas. En los años 90, como un hecho excepcional en nuestra historia política, se han sucedido tres gobiernos de orientación política e ideológica no solamente distinta, sino contradictoria, en el contexto de una situación polarizada. Esta novedad se ha traducido en la imposibilidad de definir políticas de Estado, en sucesivos cambios de énfasis y prioridades gubernamentales, en la inestabilidad y fragilidad de las instituciones, en la escasa continuidad de las políticas y las acciones y en la utilización deficiente de los recursos, tanto los públicos como los aportados por la cooperación.


En la hora del pacto

En los últimos años han tomado fuerza tendencias negativas al desarrollo institucional nicaragüense: el autoritarismo, la centralización del poder y la corrupción generalizada en las instituciones públicas. Estas fuerzas han evidenciado la debilidad del sistema institucional, del estado de derecho y, por esto, de la condición de gobernabilidad. El proceso de cambios en la institucionalidad y el estado de derecho, en lugar de orientarse hacia la articulación con la sociedad, se ha manifestado en la consumación de un acuerdo bipartidista entre el partido en el gobierno y el principal partido de oposición que busca cambiar las bases del sistema político nicaragüense.

Los alcances de este acuerdo se expresan ya con toda su fuerza en la sociedad: concentración de poder político, restricciones al pluralismo político y a la participación electoral de distintas fuerzas, parcialización partidista de los órganos de administración de justicia y de la institución encargada de velar por la correcta administración de los recursos públicos y aun de la propia Procuraduría de Derechos Humanos. Los cambios pactados han vuelto a introducir mecanismos de exclusión y obstáculos a la participación social y política de la población.

En este contexto, ¿cuál es el papel de la cooperación? Entendemos que corresponde a los nicaragüenses resolver nuestros problemas, pero apreciamos la influencia positiva de la cooperación. Puedo afirmar que la presencia de la cooperación finlandesa y de la del resto de países nórdicos ha servido como un factor de balance con relación a otras voces que sólo han pedido al país que ajuste las cuentas nacionales. Ese factor de balance ha contribuido a desarrollar una agenda positiva de fortalecimiento de la sociedad civil y de su capacidad de actuación, de promoción de los derechos humanos y de la construcción democrática.


En la hora de la globalización

En estos tiempos de globalización no podemos limitarnos a los asuntos económicos, en los que nuestros países son frágiles y no resultan necesariamente ganadores frente a grandes corporaciones que ya ni compiten sino que se fusionan. No podemos limitarnos a lo económico en un mundo que plantea como la gran solución el mercado libre y no el mercado justo, en un mundo en el que nuestra ventaja mayor pareciera ser poseer mano de obra más barata que la de los países desarrollados, menos rigidez en las normas y leyes laborales, menos derechos de los trabajadores y más disponibilidad de los gobiernos para contemporizar con las reglas de grandes empresas que ya no son aceptadas en sus países de origen.

En estos tiempos de globalización reconocemos que la preocupación de la cooperación nórdica por la promoción de la democracia apunta al fondo de nuestros asuntos. Y no porque la democracia resolverá por sí misma, nuestros problemas económicos y sociales, sino porque estoy absolutamente convencida que abrir cada vez más los sistemas políticos a la participación democrática de la sociedad es la vía para encauzarnos por el sendero correcto y de manera permanente. Se trata de contribuir a que la dinámica social influya en el destino del país y no sólo aceptar las condiciones con que los organismos financieros y las grandes corporaciones presionan sobre nuestras agendas nacionales.

Hay que reconocer el papel que los países nórdicos han jugado en Nicaragua para que el debate entre la cooperación internacional y los organismos financieros internacionales no se limite a los asuntos del ajuste estructural y a las cifras macroeconómicas, sino que se amplíe a la pobreza de nuestro pueblo y a los asuntos de la gobernabilidad democrática y del buen gobierno como garantías para los nicaragüenses y para el éxito de la propia cooperación.


El perdón de la deuda

Hemos pedido a la cooperación internacional que respalde la solicitud de Nicaragua de ingresar en la iniciativa para países pobres altamente endeudados. Reducir el peso de nuestra deuda externa es una necesidad imprescindible para desahogar la economía del país. Pero poco lograríamos si los recursos que sean liberados del pago del principal y los intereses de la deuda son utilizados para consolidar la concentración de capitales o para ampliar el gasto público no necesario, sin convertirlos en un motor para luchar contra la pobreza. A la par de la condonación de la deuda debe escucharse la demanda social sobre el destino de esos recursos. Menos deuda debe significar financiamiento para los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad, creación de nuevos empleos, reforestación de los bosques, manejo adecuado de las fuentes de agua y reactivación y expansión de los deteriorados servicios sociales básicos.

La verdadera garantía en el uso de los recursos públicos originados en los impuestos nacionales o en los fondos de la cooperación internacional está en la capacidad de la sociedad de ejercer un control sobre esos recursos, obligando a los gobiernos a administrarlos con transparencia. Y eso sólo es posible con la profundización de la democracia.


Democracia: condición de largo plazo

La democracia es la condición de largo plazo para garantizar que se vayan produciendo los cambios que la sociedad nicaragüense y la sociedad latinoamericana requiere para su convivencia y para construir una economía orientada al bienestar de las personas y de las comunidades.

En América Latina y el Caribe, el desarrollo supone un cambio de enfoque. Estará asegurado si existen avenidas por las que circule la sociedad, vías que faciliten una participación decisiva de la sociedad civil en las decisiones de la vida pública. Por ese camino, acompañados de la cooperación internacional, los latinoamericanos podremos encarar con esperanza el primer siglo del tercer milenio.

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