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  Número 423 | Junio 2017
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Guatemala

Al parecer…“se acabó la fiesta”

La ofensiva de Estados Unidos a través de la CICIG en 2015 alcanzó a las élites económicas, históricamente intocables. Ha sido un golpe demoledor, que certifica que Estados Unidos, el factor de poder que impulsó y creó la contrarrevolución de 1954, está liquidándola. Está diciéndoles a los actores del Pacto de las Élites “¡Basta! ¡Se acabó la fiesta!”

Fernando Girón Soto

En el transcurso de los últimos meses los movimientos del poder estadounidense en Guatemala y en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica han sido permanentes. En Guatemala específicamente, entre la última semana de septiembre y el 6 de octubre de 2016 se desarrollaron eventos, aparentemente inconexos, que sin embargo van dibujando lógicas y rumbos de acción que permiten intuir que “algo está pasando”, sobre todo en el ámbito de las élites y al interior de los centros de poder, cuyas consecuencias apenas podemos imaginar, pero que serán importantes en el país que se conforme en los próximos años.

VARIOS EVENTOS IMPORTANTES


Señalo varios de esos eventos. En la última semana de septiembre de 2016, la visita a Guatemala del Comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Almirante Kurt W. Tidd.

El panel del “Central American Donors Forum”, organizado esa misma semana por la Seattle International Foundation y la embajada de Suecia, en donde estuvieron presentes empresarios representantes de la élite de poder de Guatemala. El Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) el 6 de octubre de ese año. Y el mismo día, la presentación pública del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016 elaborado por el PNUD y titulado “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”.

Todos estos acontecimientos se dieron en el marco previo al inicio de la implementación de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Los cuatro coincidieron en el tiempo. Y aún más, los cuatro, de diferentes formas, por acción u omisión, tendrán influencia política y operativa y afectarán a Guatemala en los próximos días, semanas, meses, años. Probablemente, hasta en las próximas décadas.

NEUTRALIZAR AL EJÉRCITO


Por el peso que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen sobre lo que sucede en Guatemala, la presencia del Almirante Kurt W. Tidd no puede pasar por alto ni puede verse ingenuamente como una visita “normal” a fuerzas armadas de países socios en el área.

El proceso de descomposición del régimen político y la endeblez institucional del Estado en Guatemala implica ajustes de la intervención estadounidense en nuestro país, tanto para las operaciones que pueda emprender el Ejército de Guatemala o para congelar las que piense hacer. En otras palabras, se trata de neutralizarlo como factor de poder institucional a favor de las estructuras del poder oligárquico-criminal, a quien el Ejército guatemalteco ha servido históricamente.

CONSECUENCIAS DE LA VISITA


Una consecuencia práctica de la visita fue el anuncio de que el Ejército de Guatemala se retiraría de las labores de seguridad ciudadana, decisión anunciada por el Presidente Jimmy Morales y por el Ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla. Durante el año 2017 se retirarán en forma gradual de las tareas de seguridad ciudadana 4,200 militares que se dedican a ellas.

La visita del Almirante Kurt W. Tidd tuvo otras misiones, que posiblemente tengan que ver con las operaciones de aseguramiento de fronteras, tanto subregionales como locales, y con el control militar estratégico del territorio nacional preparando acciones o procesos que las Fuerzas Armadas estadounidenses vayan a implementar.

LA MUY IMPORTANTE REUNIÓN DE TAPACHULA


La visita del Almirante Kurt W. Tidd fue triangulada con otros eventos importantes. Entre ellos, la visita a Guatemala del General John F. Kelly, Jefe de Seguridad de Estados Unidos y antes Comandante del Comando Sur, el 21 de febrero de 2017, y con la presencia del propio Almirante Kidd en Tapachula, México, el 27 y 28 de febrero. La reunión en Tapachula es sumamente importante. En ella estuvieron presentes delegaciones de los gobiernos de México y Estados Unidos.

Por parte de México participaron Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores y el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional. Por parte de Estados Unidos participaron el General Lori Robinson, Jefe del Comando Norte, el Almirante Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur y Roberta S. Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México.

En la reunión se valoraron posibles escenarios, tanto en México como en Guatemala. Sobre México se habló del resguardo de la frontera de migrantes, tráficos ilegales y terrorismo y se planteó un cordón militar entre México y Estados Unidos a 15 kilómetros con la frontera de Guatemala. Sobre Guatemala se habló de la implementación de medidas militares ante los pobres resultados que ha dado la intervención política-judicial.

UNA CLARA SEÑAL DE LA CRISIS GUATEMALTECA


Las percepciones que se examinaron en la reunión fueron tres. Evaluar cuáles acciones, quiénes las conducirán y qué alcance puedan tener para fragmentar la unidad estatal del país. Identificar los liderazgos locales que busquen legítima o ilegítimamente movimientos territoriales que alteren el manejo del territorio. Analizar una eventual segregación legal o partición del país, lo que se llama “ingobernanza sistémica”.

Las decisiones que se tomaron en la reunión fueron cuatro. Instalar autoridades menos corruptas que las actuales. Impedir la migración hacia Estados Unidos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Resguardarse del terrorismo y “controlar” el flujo de otros tráficos ilícitos. Sellar la frontera de México con Guatemala.

Una reunión donde se tocan temas que implican de manera directa y delicada a Guatemala, pero en la que no participa ningún funcionario o representante del Estado de Guatemala, da una idea clara de la debilidad institucional del país en los temas de su propia sobrevivencia.

ESTO INICIÓ EN 1954


¿Y cuál es la crisis nacional que se evaluó y analizó en esta reunión, en la que se tomaron decisiones en ausencia de alguna representación de nuestro país?

Parece que caminamos al final del modelo de ejercicio del poder impuesto en Guatemala desde 1954, tras el desastre que significó el golpe de Estado derivado de la intervención dirigida por la CIA, con el apoyo de los terratenientes y la jerarquía de la Iglesia Católica y con la complicidad del Ejército guatemalteco.

El régimen instaurado en 1954 no significó necesariamente un total retorno a las formas de ejercicio del poder de antes de la revolución de octubre de 1944. Sin embargo, aunque conservó a contramano algunos de los rasgos del modelo revolucionario de 1944-1954, la estructura de poder que se impuso estaba orientada al modelo dictatorial oligárquico y, por tanto, en el ejercicio del poder y el sistema político se emplearon mecanismos excluyentes de acumulación y de concentración de la riqueza.

Estas características centrales del régimen tuvieron múltiples consecuencias políticas, económicas, sociales… Probablemente, la más terrible de todas fue el enfrentamiento armado interno que se prolongó por más de tres décadas desangrando al país y que sirvió de motivación para eliminar a más de una generación de liderazgos políticos, sociales, académicos, intelectuales y comunitarios. La ausencia de quienes fueron eliminados se manifiesta de manera dramática en la crisis actual.

También el régimen impuesto destruyó el tejido social rural y urbano, aplicando políticas de terrorismo de Estado. El propio Estado sometió a la sociedad a relaciones violentas, autoritarias e intolerantes hacia las diferencias políticas, étnicas y de todo tipo, a relaciones modeladas por patrones de disciplina y usos militares, que se expresaron de manera extrema, por ejemplo, en las tácticas de “tierra arrasada” hasta llegar a verdaderos actos de genocidio.

YA NO RESISTEN MÁS


Que el actual régimen esté en crisis y sea ya previsible su final no significa que habrá un salto asegurado a un régimen democrático. Esa democracia hay que construirla desde las distorsiones económicas, sociales, políticas y culturales acumuladas a causa de una dominación autoritaria, políticamente miope e ideológicamente ciega que ha durado más de 60 años.

Lo que es una realidad palpable es que el régimen de dominación y sus actores hegemónicos, impuestos en aquel momento, ya no resisten más y no parecen encontrar formas prácticas eficientes de construir hegemonía con el “consentimiento” mínimo de los grupos subalternos en sus diferentes expresiones. La hegemonía no puede ser mantenida ya solamente por imposición voluntarista, porque aunque sea totalmente autoritaria, necesita de la creación de imaginarios sociales aceptables, culturales, sicológicos, ideológicos.

También necesita la hegemonía de la creación de ventajas económicas que posibiliten los “consensos activos” de los sectores subalternos. Sólo así el poder autoritario que se impuso puede seguir siendo ejercido poder eficazmente.

UN ESTORBO GEOPOLÍTICO EN LA REGIÓN


Pese al crecimiento económico del capitalismo nacional, que produce una economía profundamente desigual e inequitativa, es evidente ya que para Guatemala es inminente la hora de cambiar las cosas, tanto si las élites lo entienden cómo si no lo entienden y no lo aceptan.

Los elementos de parasitismo, inoperancia, inmovilismo, las actitudes depredadoras de los recursos y explotadoras de las personas, la falta de escrúpulos de los sectores hegemónicos que vivieron siempre aferrados a los “negocios corruptos” realizados alrededor de los fondos públicos, hicieron del país una fábrica de pobreza, de migrantes y de exclusión. Lo convirtieron en un territorio de tráficos criminales de todo tipo. Eso ha hecho de Guatemala un estorbo geopolítico subregional para la potencia hegemónica mundial, la cual está diciendo “basta, se acabó la fiesta”.

A los múltiples problemas políticos, sociales, económicos acumulados en décadas se suman hoy síntomas de evanescencia institucional y estatal como resultado de veinticinco años de reducción del Estado por sus principales beneficiarios: la oligarquía local y la clase política, quienes desde principios de los años 90 impusieron el llamado Consenso de Washington en su versión oligárquica y mercantilista.

Esta agenda oligopólica de los sectores económicamente poderosos del país, fueran criollos, tradicionales o emergentes, incluso algunos en el límite de la conducta delictiva, han debilitado el Estado hasta hacerlo desaparecer.

1996: LA PAZ CAMBIÓ POCO


Este rumbo programático no varió sustancialmente nunca. Incluso después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 se mantuvo el mismo norte.

Los acuerdos eran una agenda de país, probablemente con deficiencias, pero con la ventaja de ser una agenda incluyente y con alcances de integralidad para enfrentar los problemas estructurales históricos del país, causas profundas del enfrentamiento político militar. Podrían haber sido aprovechados para iniciar un camino diferente al recorrido hasta entonces.

Ciertamente, a los acuerdos les hizo falta una mirada prospectiva práctica más profunda y se centraron en resolver problemas estructurales muy amplios sin prever las posibilidades reales para construir rutas de soluciones operativas en el corto plazo, que permitieran diseñar e implementar las necesarias soluciones en el mediano y largo plazo. Sin embargo, esa deficiencia debió haber sido motivo para profundizarlos, desarrollarlos e incluso para superarlos cuando se implementaron.

ACUERDOS DE PAZ SIEMPRE BLOQUEADOS


La realidad fue otra, con excepción de algunos acuerdos operativos con respecto del Ejército de forma limitada, con la creación de la Policía Nacional Civil y con la desmovilización de las fuerzas insurgentes y su integración a la vida política legal. La realidad demostró que los acuerdos fueron permanentemente bloqueados por los sucesivos gobiernos, incluso por el mismo que los firmó, el de Álvaro Arzú (1996-2000).

Unos más que otros, todos los gobiernos que los bloquearon representaron siempre los intereses de grupos de poder fáctico y económico oligárquicos o delincuenciales y ocultos, como sucedió en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). Estos grupos medraban, reproducían y actuaban “administrando” y explotando los problemas estructurales que aspiraban a solucionar los Acuerdos de Paz.

Hay que agregar que las organizaciones que fueron insurgentes transformadas en partidos políticos no pudieron, supieron o intentaron convertirse eficazmente en una fuerza reivindicadora y operativa para el cumplimiento de los acuerdos. En cierto modo, esto explica por qué hoy estas organizaciones son una anécdota insignificante en la vida política de Guatemala.

UN ESTADO CASI CARICATURA


En este errado panorama, era casi una consecuencia lógica que las redes del crimen organizado empezaran a cooptar la institucionalidad pública. En casi los últimos veinticinco años las élites habían acumulado y concentrado riquezas a manos llenas, expoliando y debilitando al Estado, hasta convertirlo casi en una caricatura, eficiente sólo para proteger y promover sus granjerías y privilegios.

Y mientras depredaban, las élites empobrecieron a la población regresándola a los niveles sociales de hace cincuenta años. Basten algunos índices. El 10% de la población, más de millón y medio de niños, en estado de desnutrición. El 70% de la población económicamente activa trabajando en empleos informales. Casi 3 millones de migrantes en Estados Unidos, la mayoría ilegales, escapando de la pobreza, exclusión y falta de oportunidades en Guatemala. El retorno de enfermedades ya superadas, como la tuberculosis y el sarampión. Y muchas más tragedias. En el hemisferio occidental, sólo Haití tiene peores índices sociales que Guatemala.

EL APOYO A OTTO PÉREZ MOLINA


En estas circunstancias la crisis estaba servida. Cuando la oligarquía local, en un acto de suma irresponsabilidad, decidió apoyar a Otto Pérez Molina, un oficial del ejército abiertamente contrainsurgente y vinculado a crímenes de guerra y a gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, para que fuera Presidente del país, inició un claro retroceso de lo poco avanzado después de los Acuerdos de Paz. Y la comunidad internacional y el gobierno de Estados Unidos encendieron las luces de alerta.

La elección de Pérez Molina hizo evidente que los sectores hegemónicos de Guatemala no entendían nada, o muy poco. Y que su ceguera ultraconservadora les impedía leer con claridad el escenario estratégico con mediana claridad. La percepción de Estados Unidos no esperó mucho en ser confirmada en octubre de 2012, con la “Masacre de Alaska”.

Aquel acontecimiento sangriento le indicó a Washington cuál era el rumbo que tomaría el consorcio oligárquico-militar en el gobierno. No era otro que la vuelta atrás en las condiciones de gobernanza, el ahondamiento de un modelo aún más depredador y explotador, el aceleramiento, por tanto, de las condiciones ya críticas del país, convertido en una molestia cada vez más seria para las políticas de control y dirección regional que se diseñan y se ordenan en Estados Unidos.

UN ESTADO EN CAÍDA LIBRE


A partir de entonces el deterioro político y operativo del Estado de Guatemala fue casi en caída libre. La corrupción galopante de los principales funcionarios públicos, coaligados con redes mafiosas fuera del Estado, y los poderes oligárquicos haciendo botín de los dineros públicos en perjuicio de la población, acrecentaron el saqueo del país, convirtiendo al Estado de Guatemala en una marioneta al uso del más “vivo”, sin rumbo, sin capacidades de autorreflexión, y menos aún, imposibilitada de detener su imparable deterioro.

Las visitas sucesivas del Vicepresidente y del Secretario de Estado de Estados Unidos durante la administración Obama no fueron interpretadas correctamente ni por las élites económicas ni por los poderes públicos. Sólo buscaron una oportunidad más de acrecentar el saqueo utilizando los recursos y posibilidades de más negocios que les brindaría el “Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica”.

MAFIAS A LA DEFENSIVA


A finales de 2014 Guatemala estaba en el número 4 de las prioridades de la Seguridad de Estados Unidos. Desde ese momento las “cartas ya estaban echadas” en el Norte.

La decisión de Pérez Molina de objetar la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) precipitaron los acontecimientos. Y el 16 de abril de 2015, un golpe del Ministerio Público y de la CICG en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) destapó el caso de “La Línea”.

En un sólo movimiento quedaron sin iniciativa estratégica, y desde entonces a la defensiva y sobreviviendo, tanto las mafias del Estado, como los militares, los “empresarios” y las estructuras mafiosas que actúan fuera del Estado, todas relacionadas entre sí por vasos comunicantes para la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio del poder.

Estas redes político-económicas ilícitas “constituyen una confluencia de individuos y/o agrupamientos de individuos que se auto-organizan y cooperan, comunican e informan, y que poseen intereses comunes y/o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y/o mixtas, principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas. Estas redes llevan a cabo prácticas políticas y transacciones económicas ilícitas”, según el informe de la CICIG.

En el caso de La Línea, los principales mandos de la estructura eran nada más y nada menos que el Presidente y la Vicepresidenta de la República.

JIMMY MORALES NO ENTIENDE “DÓNDE ESTÁ PARADO”


Lo que siguió es historia ya conocida. El proceso de protestas ciudadanas iniciado el 25 de abril de 2015 creció como la marea. Fue acompañado de procesos judiciales contra el Presidente y la Vicepresidenta de la República, que renunciaron el 8 de mayo y el 2de septiembre de 2015.

El gabinete de gobierno fue desmantelado y un gran número de funcionarios de gobierno, algunas empresas y empresarios, así como operadores corruptos del organismo Judicial y del Congreso de la República fueron detenidos y se encuentran bajo proceso judicial. El gobierno dejó prácticamente de funcionar como tal y, de hecho, el ejercicio real del poder estratégico del Estado pasó a manos de la embajada de Estados Unidos.

En este primer momento del proceso, y después de las elecciones del 6 de septiembre de 2015, se instaló el “gobierno restaurador conservador” encabezado por el comediante Jimmy Morales. Después de más de año y medio de “gestión” este gobierno es un fiasco de grandes dimensiones.

Las incapacidades políticas, operativas, de dirección pública, incluso sus graves dificultades intelectuales para entender “en dónde está parado”, tienen al ya débil e ineficaz Estado de Guatemala en una inacción sumamente peligrosa.

SE HA ROTO EL PACTO DE LAS ÉLITES


La “ofensiva” estadounidense alcanzó a las élites económicas, “históricamente intocables”, por primera vez señaladas públicamente como cómplices de “negocios sucios”, con respaldo documental.

El “golpe de cuatro bandas”, aunque ahora no se vea en toda su extensión, ha sido un golpe demoledor. Certifica que los Estados Unidos de América, el factor de poder que impulsó, creó y definió la contrarrevolución de 1954 está ahora, en los hechos, liquidándola.

El “Pacto de Élites” que hizo posible la tragedia de hace casi 63 años, se ha roto. La oligarquía, ya no sólo latifundista, siempre oligopólica, patrimonial y refractaria, está profundamente dividida entre tradicionales, emergentes y criminales.

Después de sus crímenes durante la guerra interna y la profunda corrupción en la que están inmiscuidos muchísimos de sus oficiales en activo y retiro, el Ejército es hoy una institución cuestionada, sin moral, sin capacidad operativa y seguramente será sacudido hasta sus cimientos por sus vínculos con todos los tráficos criminales.

Y la Iglesia Católica, un actor clave en el pacto de 1954, hace ya tiempo que no es parte del pacto. Durante el conflicto armado interno le tocó pagar una cuota muy alta de muerte, persecución y acorralamiento.

SERÁ DOLOROSO EL PARTO


Inicia ahora el largo y doloroso parto de una forma, de un modelo y de metodologías de ejercicio del poder en Guatemala diferentes a las que han conocido varias generaciones. ¿Cómo será…? Es poco serio ponerse traje de adivino. Lo único que está claro es que las circunstancias son difíciles.

La irracionalidad contrainsurgente y el anticomunismo patológico nos legaron una sociedad sin formación política, hasta hace poco inmersa en una profunda anomia que puede que aún persista, sin liderazgos o con liderazgos muy escasos, y con poca confianza en la institucionalidad pública. Es una sociedad marcada en estos últimos veinticinco años por la enajenación neoliberal, individualista y centrada en el consumo, características que paralizan a las capas medias.

EMPEÑADOS EN QUE NADA CAMBIE


Las medidas de cambio que debieron tomarse desde abril de 2015 o no se han tomado o todo camina muy lentamente. Por ejemplo, las reformas del sistema político en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que eran urgentes y claves para relanzar el sistema y buscarle formas viables de operatividad y consensos, no fueron hechas con la profundidad deseada y, en consecuencia, el sistema prácticamente es el mismo.

De igual forma, las reformas constitucionales para modificar el Sistema de Justicia encuentran serias resistencias para avanzar en el Congreso de la República y en los principales empresarios del país para avanzar. La percepción es que ambos sectores, el político y el empresarial, siguen empeñados en que nada cambie.

De ahí la importancia de la crucial reunión celebrada en Tapachula, de la que hablamos al inicio. Queda claro en ella que, en adelante, el gobierno de Guatemala y los sectores políticos, sociales, empresariales y académicos de nuestro país no son protagonistas principales en la conducción de la crisis nacional. Crece, por tanto, el espectro de la ingobernanza, al mismo tiempo que eventualmente se cerrarán los espacios de acción y respuesta social o política de la población. En estas circunstancias, construir alternativas democráticas y funcionales de operatividad política en el corto plazo es un reto urgente para poder participar, de alguna forma, en los procesos de cambio y en el nacimiento de un régimen político distinto del que tenemos, que en las actuales circunstancias no será necesariamente incluyente y equitativo.

ANALISTA DE INFORMACIÓN POLÍTICA.CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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