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  Número 423 | Junio 2017
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Nicaragua

Entre nubes, nubarrones, temores y decisiones

Sin contar con amigos en Estados Unidos y con el imprevisible actuar del nuevo gobierno de Donald Trump, con la casi segura aprobación de la Nica Act, que tendrá consecuencias económicas para el país, y con el declive de la cooperación venezolana, el gobierno Ortega-Murillo parece seguir apostando a no hacer ningún cambio en el modelo.

Equipo Envío

El 4 de mayo el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional en Nicaragua, Fernando Delgado, presentó ante Daniel Ortega, Rosario Murillo, el equipo económico del gobierno y representantes de la cúpula empresarial, la evaluación periódica que hace el FMI de la economía nacional.

Delgado ratificó “un escenario de base muy positivo para Nicaragua en el 2017 y en el mediano plazo”, pero añadió: “Dicho esto, no todo puede ser un día de sol, siempre hay una nube en el horizonte”.

No se refirió a una única nube. Señaló las tres que ensom¬bre¬cen el cielo económico del país: el declive de la cooperación venezolana, la insolvencia en que puede caer próximamente el Seguro Social y las consecuencias que pueda tener la aprobación en el Congreso estadounidense de Ley Nica (Nica Act), que obligará al gobierno de Estados Unidos a vetar préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua mientras no se celebren en nuestro país elecciones transparentes. Y no sólo.

LA PRIMERA “NUBE”


La inminente insolvencia del Seguro Social, institución de cuyas pensiones por invalidez, vejez y muerte, y otras prestaciones sociales, dependen más de un millón de nicaragüenses, fue la “nube” que más preocupó a la opinión pública y a la que más atención prestaron tanto los medios tradicionales como las redes sociales.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) arrastra cuatro años de déficit. Los cálculos del FMI pronostican que será insolvente en 2019. “Es el primer riesgo al que hay que enfrentarse y hay que buscar soluciones”, le dijo Delgado al gobierno. Hace apenas un año el FMI había calculado en una evaluación similar que la insolvencia se produciría en 2024.

MÁS PAÍSES CON MÁS VIEJOS”


En el mundo entero las personas viven hoy más que hace medio siglo. Eso ha puesto en crisis a los sistemas de seguridad social en todo el mundo, mucho más a los de Centroamérica y América Latina.

En nuestros países los sistemas de seguridad social fueron creados cuando la esperanza de vida de sus poblaciones no era la que es hoy. A esto hay que sumar que en muchos es muy numerosa la población en edad de trabajar que lo hace en la informalidad y no cotiza al seguro social.

En Nicaragua ambas causas estructurales de la crisis son evidentes. Cuando se fundó el INSS en Nicaragua la esperanza de vida era de 45 años. Hoy es ya de 74 años y será de 78 años en unas décadas. Además, la tasa de crecimiento de la población ha disminuido. Cuando se fundó el INSS la tasa de fecundidad era de 7.5 hijos por mujer y hoy es de 2.5, proyectándose aún mayor reducción de la natalidad en los próximos años, lo que hará cada vez menor la relación entre jóvenes que trabajan y pueden cotizar y ancianos que se enferman y se jubilan y deben recibir servicios de salud y pensiones.

Si a estos dos graves problemas estructurales se añade el de la baja productividad de nuestra economía, la “nube” se convierte en un denso nubarrón. El problema del INSS no se reduce a aumentar las cotizaciones y a reducir las prestaciones, a quitar de aquí para añadir allá. Éstas son medidas urgentes y necesarias, pero de corto plazo, insuficientes con mirada de largo plazo.

MEDIDAS INMEDIATAS”


El gobierno debe tomar medidas en el corto plazo si quiere evitar la inminente insolvencia.

Pensando en el cortísimo plazo, economistas y expertos en Seguridad Social han señalado que deben reducirse los gastos administrativos,
incrementados excesivamente en los últimos años, y deben suprimirse las inversiones que ha hecho el INSS con los recursos de los asegurados sin brindar ninguna información pública. Sin ninguna transparencia, el INSS ha realizado inversiones de alto riesgo y escasa rentabilidad en la construcción de edificios de lujo y en proyectos privados que han beneficiado a allegados al gobierno.

Señalan también que el gobierno debe trasladar al presupuesto nacional las dos nuevas pensiones mensuales que el INSS ha asumido más recientemente para casi 43 mil ancianos que no cotizaron nada o que no lo hicieron durante el tiempo establecido en la ley y para las víctimas de guerra, más de 32 mil. Es de esperar que si esta medida se toma se incluya también en el presupuesto una pensión digna para los retirados del Ejército Sandinista y de la Resistencia, ya mayores de 60 años, protagonistas de la guerra de los años 80, hoy en situación de extrema precariedad.

NO BASTARÁN PARCHES”


En 2007, al regresar al gobierno, Daniel Ortega recibió el INSS con un superávit de casi 1,200 millones de córdobas. Desde entonces la institución ha venido acumulando en los últimos cuatro años un creciente déficit.

En 2013, cuando ya “la nube” de la crisis del INSS aparecía amenazante en el horizonte, el gobierno aplicó una reforma para garantizar la solvencia de la institución. La reforma aumentó el número de semanas cotizadas de 750 a 1,500, reduciendo así significativamente la pensión que recibirían los nuevos jubilados que no llegaban a tantas. Ese año también aumentó de 16% a 19% el aporte que los empleadores entregan al INSS por sus asalariados, aunque no el de los empleados, que cotizan el 6.5% de sus salarios.

Pero la reforma de 2013 no fue suficiente, como se está demostrando apenas cuatro años después. Y como la insolvencia es inminente y no bastarán los parches esta vez volvieron a ponerse sobre la mesa dos medidas que el FMI mencionó nuevamente a su paso por Nicaragua: aumentar la edad de jubilación de 60 a 65 años y volver a aumentar aún más las semanas de cotización.

Como ambas decisiones son, y suenan, muy impopulares y en noviembre habrá elecciones municipales, el gobierno se apresuró el 10 de mayo a tranquilizar a la opinión pública asegurando que no habrá cambio ni en la edad ni en las semanas de cotización. La declaración que con voz solemne leyó esa tarde el presidente del INSS, Roberto López, achacó todos los problemas del INSS al “saqueo” de sus finanzas efectuado durante los tres gobiernos que precedieron al de Ortega (1990-2006) y fue un tranquilizante temporal, porque nada dijo de cuál será la solución para evitar la quiebra.

Y como parece que no queda más que recortar aquí y allá, aunque sean medidas de corto plazo, el INSS ha empezado a reducir las medicinas que entregaba a jubilados y pensionados que padecen enfermedades crónicas en las clínicas que administra el INSS.

”UN DIÁLOGO INCLUYENTE”


En el discurso que Daniel Ortega desarrolló ante el representante del FMI, el mandatario reconoció que la reforma de 2013 era “un primer paso y estamos claros que eso no era la solución de largo plazo”, admitiendo así que el gobierno deberá dar otros pasos De hecho, se comprometió a darlos: “Claro que tenemos que asumir nuestra responsabilidad para seguir garantizando seguridad so¬cial al pueblo nicaragüense”.

En un país como Nicaragua, donde el 80% de la población trabaja en la informalidad sin estar asegurada, y donde el empleo formal es de baja remuneración y de corta duración, aumentar la edad de jubilación y las semanas cotizadas reduciría efectivamente los gastos del INSS, pero haría del Seguro Social nicaragüense una institución elitista: serían muy pocos los cotizantes que lograrían jubilarse.

En Nicaragua hay verdaderos expertos en seguridad social. Desde que el dedo del FMI señaló “la nube” han reflexionado amplia y sensatamente sobre las raíces de la crisis del INSS aportando información y planteando soluciones. Todos han sugerido que, por la trascendencia del tema, las soluciones deben surgir de un diálogo que sea más incluyente que el que reúne en el “modelo tripartito” al gobierno, a la cúpula empresarial del COSEP y a los sindicatos afines al gobierno.

¿DE DÓNDE SACAR RECURSOS? ”


¿De dónde sacará el gobierno recursos si decide trasladar al presupuesto una suma importante de pensiones que no deben asumir las finanzas del INSS?

Con otras nubes en el horizonte económico, una de ellas bien visible, como es el colapso de la cooperación venezolana y la reducción ya en marcha de los programas sociales que financió Venezuela, y con ese otro nubarrón que es la aprobación de la Nica Act, ¿de dónde saldrán nuevos recursos?

El representante del FMI, Fernando Delgado señaló una fuente: “En primer lugar sería la eliminación de las exoneraciones y exenciones fiscales. De ahí -dijo- se puede obtener aproximadamente un 0.6% del PIB. Y no solamente las del IVA (Impuesto al Valor Agregado, que en Nicaragua es del 15%, estando exonerados productos de lujo). Se puede pensar también en algunas que ahora mismo no tienen un sentido económico claro, como exoneraciones a las empresas que no sean necesarias, que no sean críticas para atraer capital”.

Desde hace años, el FMI ha recomendado reducir el elevado nivel de exoneraciones de impuestos que existe en Nicaragua, que equivalen al 7% del PIB, unos 850 millones de dólares anuales tomando como base el PIB de nuestro país en 2015.

“EL MODELO COSEP”


¿Aceptarán revisar las exoneraciones los grandes empresarios? Este mes se comenzaron a escuchar cada vez más voces reclamándole a la cúpula empresarial del COSEP, únicos interlocutores del gobierno, que reflexionen y actúen responsablemente, no sólo revisando exoneraciones injustificadas, sino todo el que ellos han dado en llamar “el modelo COSEP”, nombre con el que bautizan el modelo corporativo que legitima el autoritarismo del gobierno de Ortega.

El lema del modelo COSEP es “Haciendo crecer la economía hacemos crecer la democracia”. Sin embargo, aunque la economía crece, beneficia a unos pocos, y la democracia decrece…

A inicios de mayo Carlos Fernando Chamorro escribió un fundamentado texto señalando los graves riesgos que corre Nicaragua de mantenerse este modelo, que avala “un gobierno autoritario, sin democracia, transparencia, ni rendición de cuentas” y que después de más de diez años de estar en vigencia ha derivado en “un sistema cerrado, excluyente, de intermediación directa, en el que la cúpula del sector privado comparece como único actor en representación del resto de la sociedad a negociar los asuntos económicos con el Gobierno, y los acuerdos se convierten posteriormente en leyes, endosadas por un parlamento que no tiene poder de deliberación porque está totalmente sujeto al Ejecutivo”.

“ESTO ES LO GRAVE”


En el debate participó también el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en entrevista con el diario “La Prensa”: “El diálogo del sector empresarial es con alguien que no sólo posee el poder sino que posee gran parte del poder empresarial del país. Lo que tenemos es dos grupos empresariales que están poniéndose de acuerdo. Para mí eso es lo grave. Porque si el gobierno actual estuviese libre de la búsqueda de ganancias económicas, si no tuviera empresas, si no tuviera en sus manos la decisión de tantas inversiones financieras en todos los campos, si no fuera un poder económico también, no sería tan grave. El problema es que son dos poderes económicos juntos, y uno de ellos, además, con el poder político de decidir en modo arbitrario y absoluto, verticalista, desde arriba hasta el último sector de la sociedad y en todas las áreas”.

Resulta frustrante que, ante planteamientos serios, en los que se le reconoce a la cúpula empresarial su papel protagónico en la actual coyuntura, y por tanto su responsabilidad, hayan respondido a la defensiva, y que los presidentes de las 26 cámaras agremiadas en el COSEP denunciaran, en un comunicado como única reacción ante el debate, “una campaña de descalificación” para convertirlos en un “factor de “confrontación”.

AVANZA LA NICA ACT


Mientras este debate continúa, y continuará, la Nica Act avanza en la Cámara de Representantes.

El 24 de mayo la iniciativa de ley, presentada y respaldada por 25 congresistas, demócratas y republicanos, pasó su primera prueba al ser aprobada por unanimidad por los nueve legisladores que integran el Subcomité del Hemisferio Occidental, ocho de ellos patrocinadores de la legislación.

El próximo paso será en el Comité de Relaciones Exteriores, integrado por 47 legisladores. Después, el proyecto debe pasar al plenario de la Cámara para ser debatido. Por dos vías puede aprobarse: por los votos de la mayoría o si dos tercios de los 435 representantes no presentan objeciones. Varios análisis, en Washington y en Managua, afirman que en el siguiente paso, en el Senado, las cosas irían más despacio.

Aunque Ortega y los suyos repiten que el país seguirá “adelante” con o sin Nica Act, sus aliados empresariales parecen muy preocupados.

Este mes se supo que el banquero nicaragüense Roberto Argüello, residente en Miami desde hace décadas, contrató, a través de su empresa, CEO Advisors, a Arthur Estopiñán -quien durante 27 años trabajó con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, principal impulsora de la Nica Act- para que haga lobby y consiga “suavizar” una ley que Argüello considera “nefasta” y con consecuencias potencialmente “devastadoras” para nuestro país. Ortega tiene a otros cabilderos trabajando activamente en Washington.

ADEMÁS DE LA NICA ACT...


En este compás de espera, el Presidente Trump ha tomado decisiones que afectarán económicamente a Nicaragua. El 5 de mayo firmó la Ley de Asignaciones Federales, que ya le aprobó la Cámara y el Senado. Una cláusula de la ley restringe el acceso a fondos del gobierno de Estados Unidos a los cuatro países que no reconocen la integridad de la república de Georgia reconociendo la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, territorios que se separaron en 2008 de Georgia, una de las 15 repúblicas que formaron parte de la URSS, independizada de Rusia en 1991.

Los únicos cuatro países afectados por esta cláusula de la ley son Rusia -que promovió la separación-, Venezuela y Nicaragua -respaldando ambos países a su aliada Rusia- y la islita de Nauru en la Micronesia.

Daniel Ortega reconoció la independencia de Abjasia y Osetia del Sur en septiembre de 2008 en un encendido discurso en que evocó el valor de la unidad de la URSS y denunció el acoso que había sufrido de parte de “las potencias hegemónicas”.

Desde esa fecha, y según los dirigentes separatistas, Abjasia y Osetia del Sur han mantenido “cálidas relaciones” con Nicaragua.

TRUMP RECORTA AYUDA BILATERAL


Además de esta restricción de recursos, el primer proyecto de presupuesto que, finalizando mayo, el Presidente Trump presentó al Congreso para su aprobación, reduciría en un 98% la ayuda bilateral que Estados Unidos brinda a Nicaragua, tanto al gobierno para el combate al narcotráfico, como a la sociedad civil para proyectos de becas, salud, negocios rurales, capacitación de jóvenes, que en algunos casos se coordinan con instituciones públicas… La ayuda pasaría de los 41 millones de dólares que nuestro país recibió de Washington en 2016 a tan sólo 200 mil dólares.

Aunque no puede verse detrás de estas decisiones de Trump un “plan” diseñado específicamente contra Nicaragua, porque el recorte de ayuda bilateral en el proyecto presupuestario afecta prácticamente, en mayor o menor medida, a todos los países de América Latina, uno de los más “recortados” es Nicaragua. Y analistas nicaragüenses de los avatares que se viven hoy en Washington confirman en los recortes que estamos ante claras señales de que las relaciones con nuestro principal socio comercial son cada vez menos “cordiales”.

“EL ACUERDO CON LA OEA NO ES SUFICIENTE”


La Nica Act es, sin duda, el nubarrón más denso que vemos llegar desde Washington.

Existe en Nicaragua y en Washington un generalizado consenso de que el acuerdo que suscribió Daniel Ortega con la OEA antes de las ilegítimas elecciones presidenciales del pasado 6 de noviembre, y después que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le enviara un informe sobre el deteriorado sistema electoral nicaragüense, cuyo contenido nunca se ha hecho público, tenía como objetivo ganar tiempo para detener la Nica Act cediendo Ortega lo mínimo.

Después de siete meses de firmado el acuerdo, la Nica Act no se ha detenido. Este mes, la más activa promotora de la Nica Act, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, en entrevista publicada en “La Prensa”, dio su opinión: Ortega firmó el acuerdo “porque le tiene miedo” a la Nica Act. El acuerdo con la OEA “no es suficiente”. La OEA “puede desempeñar sus funciones como estime necesario”, pero eso “no va a parar la Nica Act” porque esa legislación lo que quiere ver son “reformas reales y no palabras deshonestas”.

Ros-Lehtinen considera que el acuerdo de Ortega con la OEA es tan poco serio que lo califica de “palabras deshonestas”.

UN ACUERDO IMPRECISO


El acuerdo que firmaron Ortega y Almagro el 20 de enero de 2017 después de tres meses de conversaciones “constructivas” y al que siguió un memorándum de entendimiento el 28 de febrero, es hasta hoy muy impreciso en cuanto a los plazos en que se asumirían en los próximos tres años -ése el tiempo que durará el acuerdo- las tareas para enderezar el colapsado sistema electoral de Nicaragua.

Lo más concreto de lo conversado y firmado es el compromiso de la OEA de enviar una misión de observación para las elecciones municipales del 5 de noviembre de este año.

Y fue precisamente para concretar más el diseño de esa observación que a finales de mayo llegó a Managua una delegación de la OEA, encabezada por el jefe de gabinete de Almagro. Venían a entrevistarse con el gobierno, con el cuerpo diplomático y con representantes de partidos políticos y organizaciones sociales. En la visita, programada para cinco días, lo central era fijar cómo funcionaría la misión de observación electoral y, sobre todo, cómo se financiaría.

LA OEA ES LA GARANTÍA


Antes de la visita de la OEA ya existía alguna suspicacia porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) al convocar el 5 de mayo a las elecciones municipales no incluyó en el calendario de actividades que presentó ninguna referencia a la observación electoral ni tampoco el reglamento que regiría la observación.

La presencia de los observadores de la OEA en las próximas elecciones hace una diferencia para un sector político del país. La decisión de participar en la próximas elecciones de ese sector, en el que se encuentran los dos nuevos partidos a los que el CSE concedió personería jurídica, CxL (Ciudadanos por la Libertad), conformado con un sector de los liberales que pertenecieron al PLI, y el nuevo partido evangélico PRD (Partido de Restauración Democrática), se basa, según declaraciones de sus dirigentes, en la presencia de la OEA en el proceso. Ésa es, para ellos, la garantía de que no se producirá un nuevo fraude.

En Managua la OEA presentó al gobierno y al cuerpo diplomático su plan de observación de las elecciones. Lo llevarán a cabo dos grupos. Un primer grupo de 5 personas llegará a Nicaragua el 10 de agosto y recorrerá el país a partir de la primera semana de septiembre observando cómo se desarrolla el proceso electoral. Un segundo grupo, de 120 personas, llegará al país el 1 de noviembre y cubrirá, en tres grupos de 40 personas, las tres ciudades más grandes del país, Managua, Matagalpa y León, realizando en la jornada electoral del 5 de noviembre un conteo rápido en las tres.

¿QUÉ PODRÁ OBSERVAR LA OEA?


Cuando ambos grupos de observadores lleguen al país ya estarán constituidos los 15 Consejos Electorales Departamentales, los 2 Consejos Electorales Regionales del Caribe y los 153 Consejos Electorales Municipales, estructuras que a su vez organizan la composición de las más de 14 mil Juntas Receptoras de Votos que funcionarán en todo el territorio

Es en estas estructuras, en este tendido electoral, donde se han consumado los fraudes electorales que vienen sucediéndose en Nicaragua desde 2008, el que se organizó en las municipales de aquel año y el que se repitió en las de 2012.

Cuando llegue la OEA se habrán constituido como se vienen constituyendo: presididos, mitad y mitad, por representantes del partido de gobierno y por representantes de la “segunda fuerza” en las últimas elecciones, en esta ocasión, el PLC, socio del FSLN desde el pacto Ortega- Alemán de hace casi dos décadas, que consagró en la pactada ley electoral que ambos caudillos promovieron un sistema bipartidista en todo el tendido electoral.

¿SERVIRÁ DE ALGO LA OBSERVACIÓN DE LA OEA?


¿Recordará la OEA que después de las elecciones de 2011, su misión de observadores propuso al gobierno, entre otras muchas reformas, que las Juntas fueran integradas por ciudadanos elegidos al azar y no según su afiliación partidaria?

El ex-director de cedulación en el CSE, Dionisio Palacios, resaltó que no pueden ser confiables unas elecciones con “un tendido electoral encabezado por dos partidos que son socios políticos y que no se hacen contrapeso”.

Sobre la oferta de la OEA de realizar un conteo rápido para conocer lo más aproximadamente posible los resultados en las tres ciudades con más votantes, el ex-embajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila, dijo que ese conteo sería “el informe forense del fraude ya consumado”.

Una visión más pragmática tiene Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, hoy integrante del con¬sorcio de observación nacional Panorama Electoral, que hará observación nacional aunque no lo acredite el CSE. Considera Courtney que, llegue cuando llegue la misión de la OEA, y vaya adonde vaya, siempre podrá observar algo de las enormes fallas del sistema electoral que hoy padecemos. Y destaca que los dos nuevos partidos que participarán y los votantes que votarán lo hacen bajo el criterio de que, tal como estamos de mal, “es más conveniente forzar al gobierno a que te robe que ir a regalarle la billetera”.

PARA PRESENTAR EL PLAN Y PARA SOLICITAR RECURSOS


En su visita de mayo, la OEA presentó el plan de observación al gobierno y en una reunión de dos horas al cuerpo diplomático.

La reunión con los embajadores tenía un objetivo bien concreto: solicitarles financiamiento, tanto para la misión de observación como para el proyecto más amplio, que durará tres años, en el que la OEA abordará 14 temas estratégicos para enderezar el demolido sistema electoral nicaragüense. En el acuerdo Ortega-OEA quedó establecido que sería la OEA la encargada de conseguir el financia¬miento.

Sin que haya sido informado ofocialmente, ni por la OEA ni por el gobierno, se conoció por fuentes diplomáticas que la OEA había cifrado en 8 millones de dólares el costo de ambas tareas, la inmediata de la observación y la de mediano plazo de los tres años.

Las mismas fuentes informaron que el gobierno incrementó ese monto en 10 millones más “para actualizar la infraestructura del Consejo Supremo Electoral”, una de las instituciones del Estado más ineficientes, menos transparentes y más privilegiadas con recursos del presupuesto nacional.

¿POR QUÉ SE FUE LA OEA?


Sin que esté claro si el tema de los recursos fue la razón o si lo fue el inicio expedito de la aprobación de la Nica Act en esos mismos días, la delegación de la OEA abandonó intempestivamente el país tres días antes de lo previsto, cancelando abruptamente entrevistas acordadas con bastante antelación, fijados día y hora, con representantes políticos y sociales de oposición.

Se fueron, y así lo comentaron a éstos en apresurados emails, “por motivos de fuerza mayor ajenos a la misión”, prometiendo que darían más adelante una respuesta “institucional” a su imprevista salida del país.

¿A qué se debió la apresurada salida del país de la OEA? Si fue un motivo “de fuerza mayor”, debe haber sido inesperado y grave. Y si el motivo fue “ajeno a la misión”, debió estar la causa en la contraparte de la OEA, en el gobierno. No sabemos más y nadie dijo más.

MIRÁNDONOS EN EL ESPEJO DE VENEZUELA


¿Se habrá roto el acuerdo entre Ortega y la OEA? ¿Querrá Ortega dinamitar el puente que la OEA le ha brindado tan generosamente?

En el debate sobre “el modelo COSEP” Carlos Fernando Chamorro se pregunta: “¿Cuánto le costará a Nicaragua restablecer las instituciones democráticas, que han sido capturadas por el autoritarismo? ¿Se podrá transitar de forma pacífica por la vía electoral, o nos tocará vivir el infierno de la Venezuela de Nicolás Maduro?”

Desde otra acera, le pregunta implícitamente al gobierno Gerardo Baltodano, presidente del FUNIDES, think tank nacional de análisis económico, al presentar el primer informe del año: “El Nica Act no es positivo para Nicaragua, no nos trae ningún be¬ne¬¬ficio. Pero el Nica Act es reflejo de nuestra debilidad institucional. Cuando dificultamos las expresiones políticas discrepantes y la competencia política sana, cuando impedimos el fortalecimiento de partidos estables y de organizaciones civiles, cuando queremos controlar a los medios de prensa para que no den opiniones o visiones de la realidad diferentes a las nuestras, terminamos alentando que aquellos nicaragüenses o grupos que se sienten excluidos políticamente busquen oídos y ayuda fuera de nuestras fronteras, como ha sucedido a lo largo de la historia de Nicaragua”.

También se dirige al gobierno este empresario mirando a Nicaragua en el espejo de Venezuela: “En estos tiempos ya no cabe que la libre expresión deba ser regulada o controlada. Tampoco cabe que la democracia y la independencia de los poderes del Estado sean cuestionadas. Si logramos construir sobre estos consensos, podemos construir un país admirable. Si los debilitamos, podemos simplemente mirar a Venezuela, para entender qué tan bajo podemos llegar”.

¿DETENDRÁN EL DILUVIO?


En las formas de ejercer el poder y en el temerario afán de jugar geopolíticamente a lo grande siendo Nicaragua un país tan pequeño y vulnerable, es imposible no recordar rasgos del modelo de gobierno que presidió el FSLN en los años 80.

Sería lamentable que, como entonces, Ortega repitiera el más grave error de aquellos años: no negociar una salida a la crisis hasta que el país estaba destruido por la guerra y la población exhausta por el costo humano y económico que tuvo que pagar por la prolongación del conflicto bélico?

Hace unos meses, el entonces Vicecanciller del gobierno revolucionario, Víctor Hugo Tinoco, se refirió en las páginas de Envío al costo que el país tuvo que pagar por lo tardíamente que la Revolución aceptó, en 1987, en los acuerdos de Esqui¬pulas, una negociación que pudo haberse logrado años antes… “La solución estaba ya ahí -dijo- y lo que faltaban eran las condiciones para aceptarla. El cansancio de la guerra, después de años de conflicto militar y de derramamiento de sangre, fue creando las condiciones para encontrar la salida”.

¿Entenderá Ortega que es tiempo de detener el diluvio que anuncian los nubarrones que avanzan en el horizonte? ¿Será capaz la cúpula empresarial de hacérselo entender? ¿O con un cortoplacismo de graves consecuencias para el país apostarán Ortega y sus aliados corporativos a que la presión por la institucionalidad democrática será tan sólo una nube pasajera en el convulso cielo estadounidense... y “el modelo” podrá seguir igual?

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