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  Número 423 | Junio 2017
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El Salvador

LEY CONTRA LA MINERÍA Una victoria histórica contra “el deslumbrante brillo del oro”

Fueron muchos los factores que se conjugaron para lograr esta victoria. Demostrar que toda mina contamina, que la industria minera no produce desarrollo económico ni genera cantidades significativas de empleo digno, fue la matriz sobre la que se tejió esta lucha. Desenmascarando las mentiras y revelando verdades sobre la industria minera, el pueblo salvadoreño se unió para conseguir un triunfo de todos, que es sólo un paso para enfrentar el grave deterioro ambiental del país.

Omar Serrano

El 29 de marzo 70 legisladores y legisladoras de todas las fracciones políticas del país aprobaron unánimemente en la Asamblea Legislativa la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Unánimemente, porque el resto, los otros 14 diputados, o no estaban en la sesión o disimuladamente se fueron retirando del Salón Azul antes de la votación, para evitar el “darse color” votando en contra o absteniéndose. Aunque en la prensa salvadoreña la noticia no pasó de ser marginal, la aprobación de esta ley es un acontecimiento histórico, como lo reflejaron medios de comunicación de todo el mundo, que le dieron gran relieve.

DAVID LE GANÓ A GOLIAT


¿Es El Salvador el primer país que prohíbe la minería metálica? No y sí. No porque ya otros países habían prohibido la minería metálica, aunque de manera parcial. A Turquía (1997) y a la República Checa (2000) se le unieron después Alemania (2002) y Costa Rica (2010). Estos cuatro países prohibieron la extracción de minerales a cielo abierto por la contaminación y destrucción ambiental que provoca. El Salvador sí es el primer país que prohíbe la minería metálica en general, la industrial y la artesanal, en todas sus modalidades: la que se hace a cielo abierto y la subterránea, y en todas sus fases: exploración, extracción, explotación y procesamiento. Así lo establecen los dos primeros artículos de la ley aprobada.

Se trata de una ley histórica y de un acontecimiento histórico porque la ley es el resultado de una lucha de muchos años y de muchos actores, una lucha de David contra Goliat, de un pequeño país contra poderosas transnacionales mineras. Comunidades amenazadas, autoridades religiosas sensibilizadas, organizaciones sociales, ambientalistas, académicos, se movilizaron unidos contra el reducido pero poderoso grupo nacional que siempre ha visto en la minería una fuente -algunos decían que la única fuente- para alcanzar el desarrollo. Varios factores se alinearon para que David triunfara sobre Goliat, un logro que sólo unos meses antes nos parecía lejano.

UNA LUCHAQUE INICIÓ HACE UN SIGLO


Aunque la más reciente lucha organizada contra la minería metálica se extendió por poco más de la última década, el rechazo a la minería se remonta a hace más de un siglo.

El 8 de agosto de 1912 49 pobladores de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, le escribieron al presidente electo, Manuel Enrique Araujo, para que detuviera la destrucción ambiental que causaban dos empresas mineras en el Oriente del país.

Le exponían que “debido a la intoxicación de las aguas de estos ríos hemos sufrido los habitantes de esta desgraciada tierra pérdidas incalculables en nuestros bienes de campo, al grado que hemos quedado casi en la miseria”. Lamentaban que los tres gobernantes anteriores, Tomás Regalado, Pedro José Escalón y el General Fernando Figueroa, no hubieran hecho nada contra la poderosa compañía minera San Sebastián, que ejercía “un poder ilimitado sobre ellos por el deslumbrante brillo del oro”.

Tan extendida estaba ya la minería en esos años que cuatro mineras operaban en la zona oriental de El Salvador. Eran propiedad del ingeniero norteamericano Charles Butters, quien tenía una palabra decisoria en el “nombramiento” de los Presidentes del país. En 1912 las exportaciones de oro de esa industria representaban el 15% de las exportaciones salvadoreñas. Y, como siempre, en la medida en que la industria crecía aumentaban los problemas que los pobladores limeños denunciaban. En 1915, un incendio en la bodega de la mina de El Divisadero, en Morazán, causó en un solo día la muerte de 50 trabajadores.

HUELLAS DE CONTAMINACIÓN


Pese a estos desastres, las minas siguieron operando y los pobladores sufriendo. En 1953 la mina San Sebastián dejó de trabajar, pero retomó la actividad en 1968 a cargo de la multinacional Commerce Group, que la explotó hasta 1980, cuando se desató la guerra civil en el país.
Casi medio siglo después de inactividad, las muestras tomadas en 2012 en las aguas del río San Sebastián por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, detectaron contaminación por cianuro, hierro y mercurio, haciéndolas no aptas para el consumo humano y para el de los animales.

Ni San Sebastián ni ninguna de las otras poblaciones aledañas a las minas de oro que funcionaron a comienzos del siglo 20 se caracterizaron entonces, ni se caracterizan ahora, por su desarrollo económico y social, aunque eso era lo que les prometía la compañía minera.

LA NUEVA FIEBRE DEL ORO


Durante la guerra, El Salvador vivió una pausa en la actividad minera hasta que en los años 90 resurgió la fiebre por los metales en todo el mundo, en particular por el oro y la plata, y en parte por la acelerada industrialización de China y de India.

El precio internacional de la onza troy de oro pasó de unos 614 dólares en 1980 a alcanzar, en septiembre de 2011, un máximo histórico: 1 mil 923 dólares. En 1996 se aprobó una ley de minería en El Salvador, que brindaba incentivos a las inversiones extranjeras en esta industria. Se estima que durante las administraciones de Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004) se otorgaron 29 permisos para la exploración de minerales metálicos en el país.

A principios del año 2000, la empresa canadiense Pacific Rim inició operaciones en El Salvador, autorizada por la Dirección de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía, lo que le permitió explorar metales en la zona de El Dorado, municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, y en otras regiones del país en los que había un potencial de metales preciosos.

Como es característico de las empresas transnacionales de la industria extractiva, Pacific Rim entró en la zona de Cabañas con prácticas clientelistas para granjearse el apoyo de pobladores, alcaldes, líderes religiosos, organizaciones comunales y cualquier otro actor social con alguna influencia. La promesa, como siempre, era el desarrollo de las comunidades, la generación de empleo y una mejora en el nivel de vida de la población.

Conscientes del daño ambiental que la minería había generado en el pasado, la Pacific Rim se presentó como abanderada de la “minería verde”, respetuosa del medioambiente.

NI MINERÍA “VERDE”NI MINERÍA “RESPONSABLE”


Los dos argumentos más importantes que todos los protagonistas de la lucha contra la minería encontraron para mantenerse movilizados son la constatación, tanto empírica como científica, de que la minería actual sigue siendo tan dañina como la de hace un siglo y la clara constatación de que ni antes ni ahora la minería mejora el nivel de vida de la población ni trae desarrollo al país.

A pesar de los esfuerzos de las empresas por ganar mentes y corazones de los pobladores y de la opinión pública, insistiendo en que actualmente existen nuevas tecnologías que respetan el medioambiente, la minería “verde” de Pacific Rim -y después la minería “responsable” de Oceana Gold- fueron gradualmente desenmascaradas por la realidad y por estudios científicos de los especialistas.

Los estragos que en estos tiempos sigue provocando la minería en muchas latitudes del planeta, los daños todavía presentes en el departamento de La Unión, donde hubo actividad minera, y los efectos negativos que comenzaron ya a observarse en la fase de exploración de la empresa minera en Cabañas, demostraron la falsedad del discurso sobre el respeto al medioambiente.

ESTAMOS AL BORDE DEL ESTRÉS HÍDRICO


La minería, especialmente la metálica, es por naturaleza dañina para el medio ambiente, afectando principalmente el agua. En la lucha por la aprobación de la ley fue especialmente importante hacer visible la situación de los recursos hídricos de El Salvador.

Nuestro país tiene el mayor deterioro ambiental del continente (PNUMA, 2010), es el país más deforestado del continente (FAO, 1993) y tiene la menor disponibilidad de agua por habitante del continente, sólo superado en estos tres problemas por Haití.

El Salvador es el único país de la región que está al borde del estrés hídrico. Según el informe de la FAO de 2013, se cae en estrés hídrico cuando se tiene un mínimo de 1,700 metros cúbicos por habitante al año. En 2013 El Salvador tenía solo 2,031 metros cúbicos. Y según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de los 56 ríos que tiene el país sólo el 11% tiene agua que puede ser potabilizada. Las aguas del resto, el 89%, están altamente contaminadas.

En esta grave situación, quienes lucharon contra la minería divulgaron también una información crucial: la minería consume ingentes cantidades de agua en el proceso de separación de los metales de la tierra.

EL AGUA: “SANGRE DE LA MINERÍA”


Para Andrés McKinley, experto en temas mineros, el agua es “la sangre de la minería” porque sin agua es imposible extraer y procesar metales, y por eso la minería “compite” por el agua con la necesidad humana de consumir agua para vivir.

La mina Marlin en Guatemala, que opera desde 2005 y es presentada como modelo de tecnologías modernas, consume diariamente unos 6 millones de litros de agua al día, el equivalente a lo que una familia indígena consumiría en 30 años. Comunidades asentadas en los alrededores de esa mina han reportado que se les han secado más de 40 pozos. En Honduras, pobladores de la mina San Martín denunciaron que en nueve años de operaciones, la actividad minera secó 19 de los 23 ríos que había en la zona.

Pero no sólo el conocimiento de los estragos que causa la minería en otros lugares del país y de la región hizo que los pobladores de las comunidades de Cabañas fueran tomando conciencia de la amenaza. También comenzaron a vivir en carne propia los efectos negativos de la minería, incluso en la fase de exploración. Decenas de pozos de los municipios de San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque, todos en Cabañas, comenzaron a secarse. La falta de agua comenzó a afectar también a los finqueros de la zona, quienes hasta entonces no le habían puesto mente a este problema.

NO GENERAN DESARROLLO


Más recientemente, una investigación realizada por OXFAM en 2016, reveló que las minas y canteras que operan en Centroamérica solo representan el 1% del producto interno bruto y su aporte fiscal, entre pagos tributarios y no tributarios, es de apenas el 0.71% en Guatemala, el 0.03 % en El Salvador y el 0.09% en Honduras. La investigación desmiente la propaganda que afirma que la minería genera empleos, señalando que los empleos generados por las compañías mineras no llegan al 0.5% del total en cada país y que los salarios que reciben sus trabajadores son mínimos comparados con las ganancias que obtienen.

McKinley señala que casi el 70% de los proyectos de extracción de oro y de plata están ubicados en países con altos índices de pobreza, con ecosistemas vulnerables y con formas tradicionales de vida en riesgo permanente. Observa también que no es nada raro ver en los países de América Latina cinturones de pobreza alrededor de los proyectos mineros.

PROVOCAN CONFLICTOS SOCIALESEN LAS COMUNIDADES


En El Salvador el inicio de la exploración minera, acompañada de la habitual labor clientelista y propagandística de la Pacific Rim, también despertó inquietudes ambientales y sociales. En la veta de oro y plata detectada en la franja norte de El Salvador, particularmente en los departamentos de Chalatenango y Cabañas, nacieron los primeros focos de resistencia a la minería.

En 2005 nació el actor que sería determinante en la lucha por la defensa del territorio y del medioambiente: la Mesa frente a la Minería Metálica, integrada por organizaciones de esos dos departamentos y por otras organizaciones que decidieron acompañar una lucha que inició en un ambiente ideológicamente desfavorable por el trabajo mediático y político que realizaba la empresa minera.

Las comunidades de Cabañas, donde iniciaron las operaciones de exploración, con menor historial organizativo que las de Chalatenango, fueron epicentro del conflicto social generado por la minería. La empresa se ocupó de crear un clima de discordia entre quienes trabajaban en la minera y los opositores a la minería, que denunciaban amenazas, agresiones y acoso.

CINCO MUERTES COSTÓ ESTA LUCHA


Cinco muertes se vinculan a este conflicto. La primera ocurrió cuando Pacific Rim despidió a decenas de empleados. El 18 de junio de 2009, Marcelo Rivera, director de la Casa de la Cultura y pionero en la resistencia contra la minería, fue secuestrado. Veinte días después su cuerpo fue encontrado con señales de tortura, según informaron forenses del Instituto de Medicina Legal.

Ramiro Rivera fue el siguiente asesinado, aunque este dirigente comunitario gozaba de medidas cautelares y lo protegían dos agentes policiales. En el mismo ataque fue asesinada la ambientalista Felícita Echeverría. El 26 de diciembre de 2009 fue asesinada Dora Sorto, con ocho meses de embarazo. Era esposa de José Santos Ortiz, dirigente que sobrevivió al atentado contra Ramiro Rivera y a quien un presunto empleado de Pacific Rim le había cercenado dos dedos de la mano derecha unos meses antes.

Juan Francisco Durán, quien apoyaba la resistencia contra la minería, regresaba de estudiar en San Salvador el 3 de junio de 2011 pero nunca llegó a su casa. Cuando encontraron su cuerpo tenía tres balazos en la cabeza.

La línea de investigación establecida por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil nunca vinculó estos asesinatos a la resistencia contra la minería. Fueron tipificados como producto de rencillas familiares o personales.

UNA CONCIENCIA CRECIENTE


Año tras año, el ir conociendo los estragos que causa la minería y el experimentar las divisiones provocadas en las comunidades por la empresa minera permitió que a los pobladores de estas zonas se sumaran otros en el resto del país rechazando esta industria.

La conciencia sobre la amenaza que se les venía encima se fue extendiendo a todos los municipios del país que eran probables focosde proyectos mineros. El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA realizó una primera en encuesta en 2007 entre pobladores de los 23 municipios potencialmente afectados por la actividad minera. El 62.5% de los encuestados consideraron que en El Salvador no era apropiada la minería y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirían poco o nada al desarrollo económico del país. En la segunda encuesta, realizada en 2015 por el IUDOP, esos porcentajes crecieron al 79% y al 76%. El 77% de los encuestados dijo que el Estado salvadoreño debía prohibir la minería metálica en el país.

DEMANDA INTERNACIONAL CONTRA EL SALVADOR


En la práctica, a partir de 2008 la empresa Pacific Rim había hecho un alto en sus operaciones por la presión y las luchas de las organizaciones locales, nacionales e internacionales. También, porque el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) se negó a extenderle el permiso para la explotación de oro. Saca lo hizo porque en la coyuntura electoral se hizo presente el debate sobre la minería. La moratoria de facto se debió también a la fractura en el partido ARENA, cristalizada tras la derrota, en 2009, del candidato presidencial arenero Rodrigo Ávila ante el candidato del FMLN, Mauricio Funes. Esta fractura provocó la expulsión de Saca de las filas del Arena, un hecho inédito al que siguió la separación del partido de un buen número de diputados areneros, que formaron un nuevo partido, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).

La victoria de Funes prolongó la moratoria de facto a la minera. Viendo lejano el recibir el permiso de explotación, en 2009 la Pacific Rim se decidió a demandar al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial. Inicialmente, la empresa calculó que por no tener el permiso de explotación dejaría de ganar más de 300 millones de dólares. Con los alegatos de los defensores del Estado salvadoreño ante el CIADI la suma fue disminuyendo y quedó en 250 millones de dólares.

El argumento central de Pacific Rim ante el CIADI fue que el permiso de exploración le daba también derecho a la licencia de explotación, según le habían dado a entender en varias ocasiones representantes del gobierno. Era un argumento fácilmente rebatible porque según la ley de minería vigente hasta ese momento la empresa no había cumplido con los requisitos establecidos, entre otros presentar un estudio de impacto ambiental y el estudio técnico de factibilidad. La crisis financiera internacional de aquellos años también afectó a la empresa canadiense, que en 2013 fue comprada por la minera australiana Oceana Gold, la que dio continuidad al juicio contra el Estado salvadoreño ante el CIADI.

Oceana Gold argumentó que contaba con el apoyo de la mayoría de la población de Cabañas y que era un reducido grupo de activistas los que se oponían a su actividad. Ese argumento también fue cuestionado con la segunda encuesta realizada por la UCA, cuyos resultados se dieron a conocer en 2015.

Siete años se prolongó el litigio en el CIADI. Durante esos años el Estado salvadoreño mantuvo la moratoria y tuvo que invertir más de 13 millones de dólares para costear la defensa ante la instancia internacional. Por fin, el 16 de octubre de 2016, el CIADI falló a favor de El Salvador y en contra de la empresa australiana Oceana Gold, a la que ordenó pagar 8 millones de dólares a El Salvador, en compensación por los gastos del juicio. Hasta marzo de 2017 no habían pagado esa indemnización.

HABLAN LOS OBISPOS


La lucha de las comunidades salvadoreñas contra la minería también contó con el apoyo pastoral, muchas veces silencioso, de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos católicos.

El clamor llegó a la Conferencia Episcopal de El Salvador y el 3 de mayo de 2007 los obispos católicos emitieron un pronunciamiento sumándose al rechazo a la minería metálica en el país. El documento concluía categóricamente: “Al estar en peligro la vida del ser humano, aunque se puedan obtener algunos beneficios económicos, no debe permitirse la explotación minera de metales preciosos en El Salvador. Ninguna ventaja material se puede comparar con el valor de la vida humana”.

A partir de aquel momento, la posición de la Iglesia católica se mantuvo invariable, aunque a lo largo de los años el acento a veces disminuía o parecía debilitarse.

CON EL ARZOBISPO Y CON 30 MIL FIRMAS


En la recta final de la lucha fue determinante la palabra del arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien junto a autoridades de la UCA presentó a la Asamblea Legislativa el 7 de febrero de 2017 un anteproyecto de ley, elaborado por expertos y especialistas de la UCA con los aportes de organizaciones y comunidades afectadas por la minería.

El 29 de marzo entregaron más de 30 mil firmas recogidas en tan sólo una semana apoyando la propuesta legislativa. La delegación que entregó las firmas, presidida por Monseñor Escobar, fue recibida por representantes de todas las fracciones partidarias, que ofrecieron su apoyo a la ley, que se aprobó ese mismo día.

DESDE FILIPINAS: UN TESTIMONIO SOLIDARIO


La amenaza de la minería que afectaba directamente a comunidades de Cabañas contó con una articulada solidaridad internacional de personas, instituciones y plataformas defensoras del medioambiente.

La demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño ante el CIADI fue ocasión para que diversas instancias internacionales se aglutinaran en el movimiento “Aliados Internacionales contra la Minería Metálica en El Salvador”, que enfocaron sus esfuerzos en apoyar a las comunidades organizadas amplificando mundialmente sus denuncias contra Pacific Rim y respaldando los esfuerzos en la formulación de una ley que prohibiera la minería metálica.

Especial mención merece la solidaridad de Carlos Padilla, gobernador de la provincia Nueva Vizcaya, Filipinas, donde Oceana Gold exploraba yacimientos de oro. Mientras esta empresa australiana, aun después del fallo del CIADI, desplegaba una intensa campaña en El Salvador por casi todos los medios de comunicación, presentándose como promotora de una “minería responsable”, distinta a la de otras compañía mineras, el permiso de exploración en Nueva Vizcaya fue cancelado por el gobierno filipino por los daños ambientales causados y por el irrespeto a los derechos laborales de sus trabajadores.

El testimonio que dio Carlos Padilla en El Salvador ante medios de comunicación, ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa y ante el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad fueron determinantes para terminar de desestimar las falacias que la empresa australiana desplegaba impúdicamente en los grandes medios de comunicación de nuestro país.

UNA VICTORIA DE TODOS Y SÓLO UN PASO


Fueron muchos los factores que se conjugaron para lograr una meta que parecía lejana. O, al menos, no tan cercana. Demostrar que en la actualidad la industria minera contamina, no produce desarrollo económico ni genera cantidades significativas de empleo digno, fue la matriz sobre la que se tejió esta lucha. Desenmascarando las mentiras y revelando las verdades sobre la industria minera logramos esta victoria.

Las evidencias fueron ganando voluntades y adhesiones también en sectores del país que habían defendido la minería. La contundencia de las pruebas y el apoyo masivo que fue ganando la oposición a la minería calló la boca a quienes siguieron defendiéndola. Y hasta los diputados de ARENA que permanecieron en el hemiciclo legislativo votaron a favor de la ley, gracias a la labor de un joven diputado de ese partido que dedicó titánicos esfuerzos a convencerlos.

La Ley de Prohibición de la Minería en El Salvador es una victoria de las comunidades y organizaciones que nunca claudicaron y de los ambientalistas asesinados, cuya sangre fecundó esa lucha. Es una victoria de la organizada solidaridad internacional que se puso de parte de los esfuerzos nacionales. También lo es de los profesionales y académicos que pusieron su capacidad y conocimientos al servicio de tan noble causa. Y lo es de los funcionarios y diputados que dieron sus votos.

Es una victoria de todo el pueblo salvadoreño. Y, aunque enorme, es sólo un paso en la lucha por la recuperación y protección de nuestro medioambiente. Aunque esta otra lucha, más integral, sigue siendo aún un tema marginal en los grandes espacios mediáticos, no hay problema más apremiante y estratégico en El Salvador que enfrentar la degradación medioambiental que padecemos, porque ningún proyecto político, económico o de cualquier otra índole será viable sin garantizar la sustentabilidad ambiental.

UN CLAMOR QUE POR FIN FUE ESCUCHADO


El 29 de marzo de 2017 quedará grabado en la mente y los corazones de quienes lucharon convencidos de que prohibir la minería es lo mejor para nuestro país. El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén sancionó la ley el 4 de abril, grabando en la historia oficial tan importante logro.

105 años después de aquella carta de los pobladores de Santa Rosa de Lima, su clamor por la vida fue escuchado y derrotó “el deslumbrante brillo del oro”.

VICERRECTOR DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN CAÑAS (UCA) DE EL SALVADOR.

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