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  Número 354 | Septiembre 2011
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El Salvador

Caso Jesuitas: los asesinos inextraditables

La última y más reciente ronda sobre el caso de los jesuitas asesinados en noviembre de 1989 la ganaron los militares asesinos, ayudados por la resistencia de la Corte Suprema a cumplir con la difusión roja de la INTERPOL. Pero el caso no está cerrado. Habrá nuevas rondas que pondrán a prueba a un país que debe luchar contra la impunidad.

Elaine Freedman

La represión selectiva es un instrumento que usan las dictaduras, no tanto para eliminar a alguien especialmente peligroso, sino por el impacto sicológico de terror que esto provoca en todo el pueblo. Éste fue el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus trabajadoras en 1989, en el marco de la ofensiva guerrillera que el FMLN bautizó con la consigna “Hasta el tope... ¡y punto!”.

“SALDRÁN A LA LUZ”

Asesinar a los sacerdotes jesuitas era un mensaje disuasivo para toda la población: no se involucren en protestas sociales, menos en la organización política-militar revolucionaria. “Si les matamos a ellos, que tienen un gran renombre a nivel nacional y un importante respaldo internacional, podemos matar a cualquiera de ustedes”. Más allá de la pérdida humana que representa cualquier homicidio, la trascendencia de asesinatos de este tipo es el valor simbólico que tienen para todo el pueblo.

Por esta razón, en estos casos la justicia se convierte en una reivindicación sentida por todo el pueblo. Meses antes de su asesinato, Monseñor Romero dijo, ”Tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la luz todas esas tinieblas y que tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres sin identificar y tantos secuestros que no se supo quien los hizo, tendrán que salir a luz. Y entonces tal vez nos quedemos atónitos sabiendo quiénes fueron sus autores”. Si no salen a la luz los responsables en casos de tanto renombre internacional como el de los jesuitas es muy difícil mantener la fe en que se esclarezca la verdad en los miles de casos de salvadoreños “comunes y silvestres” que entregaron sus vidas para cambiar la suerte de su pueblo.

RENACEN LAS ESPERANZAS

Las expectativas de muchas y de muchos despertaron de nuevo en noviembre de 2008, cuando la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Responsabilidad de Estados Unidos demandaron a 14 militares salvadoreños y al ex-Presidente Alfredo Cristiani, actual presidente del partido ARENA, ante el Juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional española por “crímenes de guerra”, “encubrimiento de crímenes de guerra” y “terrorismo de Estado”. La querella fue interpuesta por Alicia Martín Baró, hermana del jesuita asesinado Ignacio Martín Baró.La justificaba en el hecho de que cinco de las ocho víctimas eran de nacionalidad española. Las ONG españolas que acompañaron la demanda utilizaron la figura de “acusación popular”, un mecanismo jurídico que en España “ofrece la posibilidad de que instituciones legítimas con interés público y responsabilidad puedan abrir un proceso”, según explica la abogada Almudena Bernabeu, quien lleva el caso en España.

OCHO MUERTES ANUNCIADAS

En noviembre de 1989, desde el comienzo de la ofensiva del FMLN, tropas del batallón élite Atlacatl tenían rodeado todo el campus universitario de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador. Por su cercanía al Estado Mayor y a los abundantes predios montosos de los alrededores, donde había enfrentamientos armados, toda la zona quedó militarizada y con fuerte vigilancia. A pocas horas de iniciada la ofensiva, el gobierno estableció que todas las emisoras del país se encadenaran a la Radio Cuscatlán, emisora de las Fuerzas Armadas. Supuestos “ciudadanos comunes” llamaron incesantemente a la radio alentando a acabar con los “culpables” de aquel “desorden”. En las listas de los señalados, junto a los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), estaba el arzobispo Arturo Rivera y Damas y el obispo Gregorio Rosa Chávez y los líderes políticos Guillermo Ungo y Rubén Zamora, de la opositora Convergencia Democrática. Una y otra vez acusaban a “Ignacio Ellacuría y los jesuitas de la UCA”.

Las amenazas no eran nuevas. En su carta a los Superiores de la Compañía de Jesús a nivel internacional, publicada dos días después del crimen, el General de la Compañía, Peter-Hans Kolvenbach dijo: “Durante los últimos meses, nuestra Curia recibía informaciones, cada vez más precisas, que demostraban una intensificación en las violentas amenazas. Se tenía en la mira a miembros de la Jerarquía y a los jesuitas y, nominalmente, al rector de la UCA. No se trataba únicamente de medidas vejatorias respecto al personal, jesuita o no, que se consagra a los numerosos refugiados. Ni solamente de bombas intimidatorias colocadas en las inmediaciones de la residencia universitaria, sino de una deliberada y violenta campaña de prensa, que reclamaba la expulsión de determinados jesuitas”.

El testimonio escrito por el entonces asesor militar estadounidense en El Salvador, Eric Buckland -posteriormente se retractó del mismo- abona al argumento de Kolvenbach. Según Buckland, el Teniente Coronel Avilés le dijo, diez días antes del lanzamiento de la ofensiva guerrillera: “Voy a tener que hablar. El Coronel Ponce y yo estamos muy preocupados con (el Coronel Guillermo) Benavides: anda hablando de asesinar a los jesuitas”.

EL DÍA DEL CRIMEN

La muerte de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas en la madrugada del 16 de noviembre era una muerte anunciada. Dos días después de un exhaustivo cateo de la vivienda de los sacerdotes, que tuvo todos los rasgos de una operación exploratoria, entró en el campus universitario de la UCA una unidad de 30 miembros del batallón Atlacatl.

A lo largo de los años y de los cientos de testimonios recogidos sobre el caso, se han ido revelando los detalles de cómo se cometió el crimen. Que al entrar al Centro Pastoral Monseñor Romero dispararon, simbólicamente, a una fotografía del arzobispo mártir. Que en algún momento el padre Martín Baro, quien les abrió la puerta de la casa, les dijo: “”Esto es una injusticia. Ustedes son carroña”. Que Antonio Ávalos mató a los padres Juan Ramón Moreno y Amando López, mientras que Oscar Amaya Grimaldi, “Pilijay” (“verdugo”en náhuatl) disparó contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes en el patio de la casa. Que el padre Joaquín López y López salió de su escondite al oir los disparos, vio los cadáveres e inmediatamente se metió en la casa. Que cuando los soldados de fuera le dijeron: “Compa, véngase”, el padre hizo caso omiso y el cabo Ángel Pérez Vásquez le disparó. Que, de último, Tomás Zarpate, quien tenía vigilada a Elba Julia Ramos y a Celina, su hija de 16 años, les disparó múltiples veces a las dos, que murieron abrazadas. Que antes de salir del recinto universitario dejaron pintas en las paredes adjudicando el asesinato al FMLN: “El FMLN hizo un ajustamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir”. Que lanzaron dos bengalas en señal de retirada.

UN JUICIO AMAÑADO

Menos de dos años después de la masacre, en septiembre de 1991, tras una tremenda presión nacional e internacional, hubo un juicio orquestado, donde se llevó al banquillo a nueve militares, pero sólo fueron condenados el Coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar y coordinador del operativo, y el Teniente Yussy Mendoza, Comandante de las operaciones en el terreno. Los otros doce implicados fueron absueltos por estar “obedeciendo órdenes”, algo que contradice toda la historia jurídica internacional en materia de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a partir de los tribunales de Nuremberg en 1945. No fue acusado tampoco ningún superior de Benavides, aunque había evidencia testimonial para enjuiciar a varios. En marzo de 1993 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la “Consolidación de la Paz” por mayoría simple, con los votos de ARENA, los del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y los del Movimiento Auténtico Cristiano. Los dos condenados quedaron en libertad.

Seis años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió que el Estado de El Salvador había violado durante la guerra los derechos a la vida y las garantías judiciales de las víctimas. La CIDH recomendó que El Salvador condujera una investigación “completa, imparcial y efectiva” de acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos los grupos responsables de los crímenes. También dictaminó que El Salvador indemnizara a los grupos afectados y ajustara sus leyes internas para cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la revocación de la Ley de Amnistía.

QUINCE EN LA LISTA

Con estos lamentables antecedentes, se recurrió al derecho internacional en el año 2008. En esta ocasión la querella por crímenes de lesa humanidad, encubrimiento de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado, abarcó a quince hombres. El primero en el listado era el entonces Presidente Alfredo Cristiani. Lo seguían los Generales Rafael Humberto Larios, Rene Emilio Ponce -fallecido por causas naturales en mayo de 2011-, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los Coroneles Inocente Orlando Montano -residente en los Estados Unidos- y Francisco Helena Fuentes; el Teniente-Coronel Carlos Camilo Hernández Barahona; los Tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Segundo Gonzalo Guevara Cerritos; el Sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el Sargento segundo Tomás Zarpate Castillo y el Cabo Ángel Pérez Vásquez. También los soldados rasos Oscar Mariano Amaya Grimaldi
-en paradero desconocido- y José Alberto Sierra Ascencio.

GESTIONES PARA SALVAR
A CRISTIANI

Menos de un mes después y según un cable de la embajada estadounidense, posteriormente difundido por Wikileaks, el ex-Canciller de la República y firmante de los acuerdos de paz por el gobierno, Oscar Santamaría y Salvador Samayoa -ex-dirigente del FMLN, también firmante de los acuerdos de paz, quien posteriormente se convirtió en funcionario del gobierno de Antonio Saca- viajaron a España, donde sostuvieron dos reuniones con los funcionarios españoles Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores español. Según Santamaría, este viaje se realizó a petición del ex-Presidente Cristiani, con un único propósito: sacarlo a él de la lista de imputados. En el mismo período, Enrique Borgo Bustamante, Vicepresidente durante la administración de Armando Calderón Sol (1994-1999), también se reunió con el fiscal de la Audiencia Nacional. Según relató el cable, sus peticiones y su argumento de que esto afectaría el proceso de reconciliación del país “recibieron palabras de comprensión y apoyo”.

Aunque no se supo más de este viaje, las gestiones parecen haber sido efectivas porque, al admitir el caso el 13 de enero de 2009, la Audiencia Nacional de España imputó a 14 ex-militares salvadoreños por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado, dejando fuera a Cristiani. Pesó más lo conversado en esas visitas que el testimonio del entonces Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, quien expresó que en una reunión del 15 de noviembre de 1989 -considerada clave en la formulación de la orden de matar a los jesuitas y otras figuras públicas- estas decisiones se consultarían con el Presidente Cristiani y “si hay una contraorden después de consultar con el Señor Presidente se les comunicará”. El mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión dejó constancia que “no hubo contraorden” del Presidente. Cristiani fue eximido con el argumento de que se carecía de evidencia suficiente en su caso y que el crimen por el cual fue imputado -encubrimiento- no cabía dentro de la legislación referente a la persecución internacional.

20 MILITARES CONDENADOS

Entre 2009 y mayo de 2011 el juicio siguió su curso con pocas novedades públicas. La muerte del General René Emilio Ponce, semanas antes del veredicto de la Audiencia Nacional de España, le salvó de asumir alguna consecuencia por al menos uno solo de los muchos crímenes que cometió como Jefe del Estado Mayor y posterior Ministro de Defensa.

El 30 de mayo, el juez español Eloy Velasco condenó no sólo a los 14 ex-militares identificados en la querella inicial. Sumó a ellos a Guillermo Benavides y a Yushy Mendoza, los dos amnistiados de 1993, al entonces Jefe del conjunto 3 del Estado Mayor, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, a León Linares, Coronel a cargo del Batallón Atlacatl en noviembre de 1989, y a dos entonces miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Héctor Ulises Cuenca Ocampo.

La decisión judicial volvió a inyectar esperanza en muchos salvadoreños, aunque la justicia se hiciera sólo en este caso, tal como había reflexionado el jesuita Jon Cortina en 1992: “Si el hecho de que mis compañeros hayan sido jesuitas obliga a reabrir el caso y a un castigo ejemplar, por lo menos mostraría que se quiere hacer un poco de justicia. Creo que entonces habría mucha gente que sentiría que los casos de sus familiares, quienes murieron en forma muy parecida, de alguna manera estarían también siendo juzgados.”

INTERPOL: DIFUSIÓN ROJA

El día 4 de agosto la INTERPOL activó lo que llama “difusión roja internacional” contra 10 de los 20 condenados en España por el veredicto del 30 de mayo. Según un comunicado de Casa Presidencial, al no más recibir la difusión roja, la Policía Nacional Civil inició procedimientos para hacerla efectiva. ¿Qué significa hacer efectiva esta medida de INTERPOL? La normativa de INTERPOL explica que las notificaciones rojas “se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial”. Era ésta la segunda difusión roja que llegaba a El Salvador en 2011. En el mes de mayo los ex-militares guatemaltecos Juan José Pineda Vásquez y Genaro Pineda Rojas, condenados en El Salvador por posesión y tenencia de droga, fueron arrestados en un proceso atropellado, puesto que había confusión sobre la existencia o no de la difusión roja y posteriormente, sobre el papel que le corresponde a los juzgados en estos casos. Al final, los resultados fueron contundentes.

El 19 de mayo la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó su captura “en virtud de la notificación roja emitida por la INTERPOL, por atribuírseles la comisión de delitos en los Estados Unidos de América”. La Corte argumentó que “la emisión de la notificación roja en contra de los señores Pineda Rojas y Pineda Vásquez se da en el marco de la cooperación jurídica internacional, en el caso concreto del tratado de extradición entre la República de El Salvador y los Estados Unidos de América”. La decisión fue coherente con el Artículo 327 del Código Procesal Penal (CPP) vigente en El Salvador, que establece que “la policía procederá a la captura de una persona, aun sin orden judicial”, cuando, “respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales”.

“SERÁ UN RETROCESO”

En el caso de la difusión roja internacional del 4 de agosto, sobre el caso de los jesuitas, los intereses eran otros. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó en un comunicado que “el sector empresarial considera un retroceso para nuestra democracia y la reconciliación alcanzada tras la firma de los acuerdos de paz que se intente perseguir hechos de la guerra que ya fueron juzgados, violentando incluso nuestra misma Constitución de la República al no respetar la amnistía acordada”. En líneas siguientes aprovecharon para amenazar al FMLN: “Abrir esta página de la historia también traerá consecuencias para los miembros del FMLN”.

VARGAS: “VIENE UN TSUNAMI”

El General Mauricio Vargas, miembro de La Tandona -promoción de la Escuela Militar de 1966- y señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad por su privilegiado protagonismo en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, se convirtió en el principal portavoz de los militares buscados.

Desfiló por todos los programas televisivos de entrevistas matutinas repitiendo incesantemente que el proceso abierto en la Audiencia Nacional de España contra los ex-jefes militares era ilegal, que violaba la soberanía nacional y que hasta podría llevar a una ruptura del proceso de Paz en El Salvador. En su cruzada para sembrar pánico en la población comparaba las posibles consecuencias de una extradición con un “tsunami que se dejó venir y ahí, ¡salvase quien pueda!”. Al mismo tiempo, hacía una alusión casi inconsciente a una separación entre las Fuerzas Armadas y el Estado, acotando reiteradamente, y con toda naturalidad, las diferencias de obligaciones y posiciones, sin reconocer que las Fuerzas Armadas son parte del Estado y que su Comandante en Jefe es el Presidente de la República. Más que desconocer una realidad básica de nuestro sistema político, parecía querer que prevaleciera su idea de cómo “deben funcionar las cosas”.

“ES UNA OFENSIVA TERRORISTA”

La Asociación de Veteranos Militares de El Salvador (ASVEM) pasó varios días en silencio. Vargas se dirigía al público en calidad personal y no como directivo de ASVEM. Los veteranos militares pidieron a la autoridad judicial salvadoreña impedir “la continuidad de la agresión política jurídica emanada de la Audiencia Nacional de España y representada por el juez Eloy Velasco” y alertaron a su membresía para “estar preparados para rechazar esta persecución, que no es más que una nueva ofensiva terrorista apoyada desde el exterior contra la FAES (Fuerza Armada de El Salvador) y el Estado Salvadoreño”.

El 12 de agosto los militares retirados realizaron una marcha hasta la Embajada de España. Según “La Prensa Gráfica”, la marcha contó con la participación de importantes miembros de ARENA, como los diputados Roberto D’Aubuisson y Ernesto Angulo, Roberto Ávila, hermano del ex-candidato a la Presidencia Rodrigo Ávila, y Mario Acosta Ortel, dirigente de ARENA, quien entregó su cargo partidario a principios de 2011 después de protagonizar un escandaloso caso de violencia intrafamiliar.

Las declaraciones partidarias y oficiales de ARENA las brindó Oscar Santamaría, miembro de la comisión negociadora del gobierno en el proceso de paz suscrito con la guerrilla del FMLN y hoy encargado de asuntos internacionales en su comité ejecutivo nacional. Desestimó la solicitud de extradición como improcedente: “Lo que debería darse es una aplicación de perdón entre todos. Y ese perdón significa la Ley de Amnistía, y fue justamente por eso que la dimos”.

Medardo González, secretario general del FMLN, remarcó que era importante para el país “que se haga justicia y que no termine imperando la impunidad”. Sin comprometerse más, dio su voto de confianza para que la Corte Suprema de Justicia resolviera el caso.

¿DETENIDOS O RESGUARDADOS?

Antes de que la Policía Nacional Civil llegara a capturar a los nueve militares requeridos por la INTERPOL, ellos mismos se presentaron en el Batallón Especial de Seguridad Militar (BESM) -instalaciones de la ex-Guardia Nacional- en la tarde del domingo 7 de agosto. A la mañana siguiente, el Ministro de la Defensa, David Munguía Payés, los puso a la orden del Juez Décimo Segundo de Paz, “para los procesos legales correspondientes”.

Los nueve aclararon que no reconocían ni la legalidad ni la legitimidad de la orden de captura internacional, pero que, aún y así se entregaban en calidad de “detención preventiva voluntaria”. Según la Magistrada Titular de la Sala de lo Civil, Mirna Perla, “Ningún sujeto puede detenerse a sí mismo. Conforme al concepto básico de detención, ésta se define como la privación provisional de la libertad ordenada por autoridad competente.” A pesar de todo, el hecho fue suficiente causa para que no se siguiera el procedimiento policial de hacer efectiva la difusión roja. Después de 17 días de emitida, los militares pudieron estar reunidos en terreno propio con reglas propias y Roberto Calderón, Juez Décimo Segundo de Paz, remitió el caso a la Corte Plena. En El Salvador, la Corte Plena es la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Está compuesta por sus quince miembros titulares.

FUNES: “NO PODEMOS SACARLOS”

El Presidente Funes declaró a la prensa: “Nosotros no podemos ir a sacarlos y llevarlos presos al lugar que se nos ocurra”. El juez debía decidir: “Y el juez ha decidido dejarlos ahí”, dijo Funes, asegurando que “en todo caso están en una situación de arresto, en ningún momento están refugiados, como se ha dicho”. Sin embargo, se los seguía llamando refugiados o “resguardados”. Algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos apoyaron a un grupo de familiares en la realización de dos sentadas, una frente al local donde se encontraban los militares. Exigieron una justicia que debía comenzar con el arresto real de los acusados. Su comunicado fue firmado por la Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, por el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de las Comunidades Indígenas, Campesinas y Urbanas de El Salvador, por el Movimiento Patria Exacta, por el Servicio Social Pasionista, por la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, por la Concertación Monseñor Romero y por la fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Distintos analistas políticos de izquierda plantearon lo mismo en los múltiples programas televisivos dedicados al tema durante todos esos días.

LA CORTE VS. LA AUDIENCIA

Para los militares, la Corte Plena era el lugar más seguro para resolver su caso. Contaban con dos antecedentes favorables. En 2010, cuando la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Suprema de El Salvador un informe sobre el caso de los jesuitas, la Corte denegó la solicitud argumentando que en el país está prohibido el doble juzgamiento, que los imputados ya habían sido procesados en El Salvador y que existía cosa juzgada en tales casos, que algunos de los procesados, habían sido sobreseídos, otros amnistiados y a otros se les habían aplicado los efectos de la prescripción, extinguiéndose todo tipo de responsabilidad penal. Además, adujo que acceder a la cooperación solicitada sería contrario al “interés esencial” del Estado de El Salvador, de preservar la paz y la reconciliación nacional, tras el conflicto de los años 80.

Estos argumentos fueron de poco peso para la Audiencia Nacional de España, que había calificado como fraudulentos” los juicios realizados en El Salvador, amparándose en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999). Al mismo tiempo, recordaron a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que las amnistías no se aplican a crímenes de lesa humanidad y que, según el artículo 244 de la Constitución de El Salvador, “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”. La masacre de los jesuitas y las dos mujeres sucedió en el mismo período presidencial en que se decretó la Amnistía.

CORTE: ALIADA DE LOS MILITARES

Con estos antecedentes, los militares “resguardados” podían estar relativamente seguros de que la denegación de colaboración de la Corte Suprema de Justicia con la Audiencia Nacional de España, anunciaba, no una deliberación jurídica, sino un apoyo político de la Corte Plena.

Les bastaba recordar las recientes palabras de Alfredo Cristiani, en medio de la coyuntura generada por el Decreto 743, decreto aprobado en la Asamblea Legislativa por los partidos de la derecha para atarle las manos a la Sala de lo Constitucional. Cristiani explicó que la prisa de los legisladores había sido motivada por miedo a que la Sala de lo Constitucional derogara la Ley de Amnistía, la que él calificó como “piedra angular de nuestra democracia”. Una semana después, al argumentar que ARENA buscaba la derogación del Decreto 743, que ellos mismos habían promovido, expresó que ya no albergaba ese miedo porque “existía la certeza de que la Ley de Amnistía no sería declarada inconstitucional por la Sala” y que, por el contrario “iban a defenderla”. Era obvio que los militares tenían certeza de que la Corte Suprema de Justicia sería su mejor aliado para escapar de la difusión roja.

LA CORTE CONOCE EL INFORME

Y así fue. El 9 de agosto, menos de 48 horas después del auto-encierro de los militares en el BESM, la Corte Plena informó haber conocido “el informe del Juez Décimo Segundo de Paz, relacionado con la presentación voluntaria de los militares acusados en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989”. Al mismo tiempo, la Sala de lo Constitucional conoció recursos de habeas corpus que la defensa de los militares interpuso contra la INTERPOL, división de El Salvador, y contra el Director de la Policía Nacional Civil, Carlos Ascencio.

Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional –precisamente los polémicos “cuatro fantásticos” que estaban en el centro de la atención nacional por el Decreto 743- pidieron ser excusados por distintas razones. Esto hizo más larga la agonía. Finalmente, solo Sidney Blanco fue excusado, puesto que él había sido agente auxiliar del Fiscal General de la República durante el juicio de 1991 y había fungido como testigo para la Audiencia Nacional de España. Los otros tres, incluyendo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvieron de participar en las sesiones, a pesar de no contar con el permiso del organismo. Mirna Perla y Marcel Orestes Posada participaron pero, inconformes con el proceso y con la resolución, se abstuvieron de votar e igualmente de firmar la resolución.

LA CORTE RESUELVE

El 25 de agosto apareció finalmente el dictamen de la Corte, firmado por sólo diez de los quince magistrados. Según los magistrados, la difusión roja requería buscar y localizar a los extraditables y nada más. Bajo esta lógica, el Estado salvadoreño ya había cumplido su tarea. Explicaron que el procedimiento que utilizaron con los narcotraficantes guatemaltecos fue errado. Reafirmaron lo que ya se sabía: que aún no habían recibido una solicitud de extradición del Reino de España y que cuando llegara, por si quedaban dudas, “esta Corte Suprema de Justicia es el único tribunal competente para conocer y resolver sobre las extradiciones y, por tanto, es el filtro jurídico-político único, supremo e ineludible en esta materia”. Finalmente, aclararon que los “señores aludidos” nunca habían estado en detención preventiva porque la Corte “se encuentra inhibida para decretarla o denegarla”. 24 horas después el BESM regresó a la normalidad. Sus visitantes desocuparon el local. El caso estaba “cerrado”.

Naturalmente, este caso no está cerrado. El cumplimiento de la difusión roja sólo fue un mecanismo para preparar el terreno para la solicitud de extradición que, en algún momento, tendrá que enviar el gobierno español al gobierno salvadoreño. Pero esta ronda terminó y los asesinos ganaron. En esta prueba de fuerzas, quedó claro que los militares, a pesar de ser actores de poco peso en la actual coyuntura política nacional, siguen teniendo un respaldo fiero y tenaz.

PREGUNTAS EN EL AIRE

Es evidente que los asesinos del pueblo, responsables no sólo por las ocho muertes escudriñadas en este caso, sino por miles de muertos a lo largo de la guerra, entrarán con una buena correlación de fuerzas a la siguiente ronda. Pero quedan muchas preguntas moviéndose en el trasfondo.

¿Qué pasó para que la Policía Nacional Civil no realizara las capturas antes de que los militares se resguardaran en el BESM? El General Orlando Zepeda, uno de los acusados, explicó en un medio televiso que fue decisión propia del grupo de los nueve resguardarse en el BESM y que esto se hizo sin conocimiento previo del Ministro de Defensa ni del Comandante del BESM, mucho menos del Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Funes.

Es un cuento difícil de tragar. Aunque La Tandona se sienta muy superior al actual liderazgo de las Fuerzas Armadas, estos ex-militares no son tan autónomos como quisieran aparecer ni como alude el General Vargas cuando se refiere a dos actores distintos: El Estado y las Fuerzas Armadas. Es poco creíble, especialmente en una institución militar, que el responsable del portón del BESM les hubiera dejado entrar sin tener órdenes de arriba. Tuvo que haber antes una negociación y en ella tuvo que haber participado el Presidente de la República, única persona con mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil al mismo tiempo. Probablemente, fue una negociación necesaria, por el amplio respaldo que tenían los militares y por la beligerancia mostrada en su autodefensa y a toda costa, posiciones harto conocidas.

¿Y ESTADOS UNIDOS?

Para nadie es un secreto que el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel importante en el asesinato de los jesuitas. Además de haber financiado y entrenado al Batallón Atlacatl que los asesinó, el Conjunto III del Estado Mayor contó con la presencia de dos asesores militares estadounidenses que permanecieron en ese centro de mando durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre.

En su testimonio, Alfredo Cristiani menciona el apoyo de dos o tres asesores de Estados Unidos en el Estado Mayor. Además, la DIA, División de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reconoció en algún momento haber tenido 85 documentos con información sobre el caso, que no podía entregar para no dañar la seguridad nacional de Estados Unidos.

Finalmente, en el transcurso del año 1990 entregó a los jesuitas algunos documentos en los que, en una hoja de 25 ó 30 líneas, están tachadas y son ilegibles 15 ó 18 líneas. Todo eso, además de la información publicada por el diario “El Mundo” de España en 2009, que adjudica al Coronel Milton Menjívar, entonces jefe militar de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, conocimiento anterior de la preparación del asesinato de los jesuitas, indica que hay funcionarios de ese gobierno que también podrían ser acusados, por lo menos de encubrimiento, incluso de una participación mayor.

Por esto, es pregunta de rigor indagar sobre el interés del gobierno de Estados Unidos en el desarrollo del caso.
Según la abogada acusadora, Almudena Bernabeu, la desclasificación de algunos documentos del gobierno estadounidense y su voluntad de colaborar con la investigación fue importante para fundamentar el caso frente a la Audiencia Nacional de España. Además, el portavoz de la Oficina para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, William Ostick, declaró a la prensa en agosto: “Seguimos monitoreando el caso muy de cerca. No podemos comentar detalles porque son casos abiertos, pero estamos trabajando con el Departamento de Justicia para asegurarnos de que cualquier solicitud de ayuda sea recibida con la consideración apropiada”.

¿A qué se debe este cambio de actitud, si es que realmente existe un cambio sustancial? ¿Será, como dicen los portavoces del gobierno de Estados Unidos, una preocupación sincera por el respeto a los derechos humanos, en medio de la salvaje violación de esos derechos en Afganistán, Irak y Libia? ¿Será, como dicen otros, que quieren sacrificar a sus antiguos peones, que ya no les sirven, para después pedir la extradición de figuras como el Ministro de Justicia y Seguridad y militante del FMLN, Manuel Melgar, por la muerte de cuatro marines estadounidenses, ajusticiados por un comando del FMLN en 1985, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos ha hostigado al gobierno de Funes desde que entró a la Presidencia?

LA PREGUNTA MÁS DOLOROSA

Hay que preguntarse también por qué el pueblo salvadoreño, afectado por ésta y otros centenares de masacres, no salió masivamente a las calles para hacer un contrapeso a los militares, que siguen ofendiendo la dignidad de este pueblo. ¿Por qué las actividades de protesta en rechazo al resguardo de los militares no fueron más nutridas? Ésa, posiblemente, es la pregunta más dolorosa. Buscar respuestas es necesario para fortalecer la lucha contra la impunidad.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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