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  Número 354 | Septiembre 2011
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Honduras

Lo que la “fiebre del oro” nos deja

Durante ocho años la minera Entre Mares devastó el bosque, contaminó las aguas, cambió el clima y dañó la salud y la vida de miles de pobladores del Valle de Siria. A pesar de este desastre, documentado, conocido y denunciado, el Estado hondureño ha concesionado ya a distintas empresas mineras un tercio del país, otorgándoles 157 licencias de explotación. ¿Quién detiene a este monstruo?

Alicia Reyes

Cortaron el árbol / lo mataron/ cinco señores se lo llevaron/ va quedando el suelo descubierto/ mi verde país es un desierto...

Esta canción del hondureño Guillermo Anderson describe el enorme daño que está causando la minería a cielo abierto en el Valle de Siria. La tranquilidad que se vivía en las casas con techos de teja y paredes de tierra, rodeadas por verdes montañas, hermosos pastos y grandes árboles frutales y maderables, se fue perdiendo poco a poco con la explotación, durante ocho años, de la empresa minera “Entre Mares” en el valle de Siria, al norte del departamento Francisco Morazán. Desde 1995, impulsados por la reciente fiebre del oro, y amparados en la Ley General de Minería aprobada en 1999, llegaron a Honduras inversionistas extranjeros. Habían tenido noticias de la existencia de oro en nuestro país. Un año después se instalaron en el municipio de San Ignacio.

Con engaños y falsas promesas, a la empresa “Entre Mares de Honduras” -primero perteneció a la multinacional canadiense Glamis Gold y luego a la Goldcorp- se le concedieron diez años prorrogables de explotación. La explotación a cielo abierto inició en el año 2000, alterando la vida de más de 40 mil personas, que hoy sufren las consecuencias directas o indirectas de este rentable negocio.

“NOS DIJERON
QUE ÍBAMOS A MEJORAR”

Rodolfo Arteaga, tesorero del Comité Ambientalista del Valle de Siria, recuerda que, con el argumento de que la zona descansaba sobre un yacimiento de oro, los empresarios de la mina hicieron creer a sus habitantes que todo iba a cambiar y que dejarían de ser pobres.

“Nos dijeron que íbamos a mejorar, que íbamos a tener salud, que el medio ambiente no sufriría. Todo fue mentira: nos quitaron el bosque, los árboles, el agua para consumo humano y animal. Perdimos la salud, estamos rodeados de terrenos que son propiedad de la empresa y estamos aislados, porque no nos dieron terrenos suficientes”.
Ana Julia Vaca, una pobladora del Valle de Siria, recuerda que al principio les prometieron cuadernos, lápices y borradores, les dijeron que construirían puentes, parques, viviendas, escuelas, centros de salud y hospitales. Con el paso del tiempo, todo quedó en el olvido. Sólo han recibido migajas, teñidas del dolor y la sangre del gran banquete que beneficia a los empresarios mineros.

“ARRASARON NUESTRA COMUNIDAD”

Aprovechando que la actual Ley de Minería faculta al Estado hondureño y a los inversionistas a disponer del subsuelo donde funcionará la mina, la minera expropió a pobladoras y pobladores de la comunidad de Palos Ralos, una comunidad con más de cien años de existir. Hoy, recuerdan ese momento como el despojo de sus raíces.

“El primer derecho que se nos violó es que esta mina arrasó con nuestra comunidad. Esa experiencia no la olvido: el sufrimiento de ver cómo fue destruida la comunidad de mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres. Había vivido aquí 38 años”, expresa el ambientalista Arteaga. Los sacaron de allí por la fuerza, recuerda Arteaga. Hubo quienes se enfermaron de preocupación. “Lo peor fue que nos dejaron cerca de la mina, soportando las consecuencias, mirando el desastre”, dice Arteaga.

Digna Ferrera, otra pobladora del sector, recuerda que los niños tuvieron que cambiar de escuela, cargando con secuelas de adaptación e inseguridad.

La mina dividió a las comunidades del Valle: quienes estaban a favor recibían regalías de los empresarios mineros
y quienes se mostraban en contra, nada. De entre quienes se oponían nació el Comité Regional Ambientalista del Valle de Siria, cuyos integrantes recibieron y siguen recibiendo amenazas.

“CORTARON DE UN TAJO
SIETE MIL ÁRBOLES”

Además de construir el complejo minero, la mina abrió cunetas y carreteras. Para instalar la laguna de lixivación, donde se lava el oro con grandes cantidades de agua con cianuro, “se cortaron de un solo tajo unos siete mil árboles de caoba, cedro, guanacaste, tejos, chiñiquite, pino. Los cortaron y después los llevaron al botadero”, recuerda Arteaga con tristeza.

Deforestando, hiriendo las tierras y retumbando una dinamita, que a pleno día ponía a temblar a las comunidades cercanas, los empresarios de “Entre Mares”, se llevaron durante ocho años cantidades de oro, a costa de violentar los derechos humanos de miles de familias.

Las instalaciones de la mina terminaron también con la capa de suelo fértil al abrir grandes túneles para asegurar a qué profundidades se encontraría el oro. Se excavaban a 160 y hasta a 200 metros de profundidad para tomar las primeras muestras.

TODO SE CONTAMINÓ

Hoy, las tierras y el pasto cercano a las zonas donde funciona la mina también están contaminados. Contaminado también el ganado, su carne y su leche. Y contaminados el queso, la mantequilla y el requesón que producen.

Juan Almendarez, un médico que conoce desde hace ocho años los problemas de salud de la población del Valle de Siria, hace un recuento de las enfermedades que ha ocasionado la contaminación de aguas y suelos con metales pesados, como el plomo y el arsénico: dolencias de la piel, enfermedades nerviosas, escaso crecimiento en niñas y niños, problemas de la vista, enfermedades respiratorias, leucemia, anemia…

Era una muerte anunciada. Los devastadores resultados de la minera se empezaron a presentar pronto. Primero fue el cambio del clima. Bruscamente, la frescura en la que vivían las comunidades aledañas a la mina -en los municipios de Cedros, El Porvenir y San Ignacio- se fue tornando en calor intenso.

“¿DÓNDE SE NOS FUE
EL AGUA CRISTALINA?”

La contaminación provocada por químicos -cianuro, mercurio y ácido clorhídrico- llegó a las fuentes de agua, sobre todo a la de las quebradas. Disminuyó su nivel, y la poca agua que corría presentaba altos niveles de contaminación. “Nos preguntábamos: ¿y aquí qué pasa? ¿Dónde se nos fue el agua cristalina?”, recuerda Manuel Guillermo Velásquez, poblador de El Pedernal.

Rodolfo Arteaga explica que las comunidades se están quedando prácticamente sin agua. En el verano hay escasez y en el invierno, con las lluvias, hay polución y deslave de drenaje ácido, que viene de las partes intervenidas por la minera, donde ya empieza a correr agua sulfurada cargada con metales ácidos.

Arteaga asegura que la contaminación está presente en las quebradas de Casitas, Gujiniquil y Aguas Tibias, que son afluentes del Río Playa y que cruzan San Ignacio, El Porvenir y Cedros hasta llegar al embalse de El Cajón. Algo grave, y aún sin investigar, es si la contaminación está llegando hasta allí, porque la represa El Cajón es la planta hidroeléctrica más importante del país.

La documentación que tiene el Comité Ambientalista corrobora las pruebas que se han tomado de los diferentes pozos que son abastecidos por quebradas del Río Playa, encontrándose una enorme concentración de metales pesados: cianuro, plomo y mercurio, entre otros. Las autoridades hondureñas no han actuado ni tampoco han establecido alguna sanción a los empresarios mineros.

La población ha hecho marchas, han hecho denuncias a nivel nacional e internacional, ha presentado demandas y recursos de amparo. Pero nada ha podido detener a ese monstruo en que se ha convertido la inversión minera: el gobierno hondureño ya ha concesionado un tercio del país, registrándose 157 licencias de explotación.

MUJERES: LA PEOR PARTE

Además de no ser beneficiadas directamente con puestos de trabajo en la mina, sólo para los hombres, las mujeres han llevado la peor parte en todo este drama.

Como la cultura machista responsabiliza sólo a las mujeres del cuidado de la familia y de las actividades de la casa, empujadas por la necesidad, las mujeres son las que van casi todos los días junto con sus hijos e hijas a las quebradas para bañarse, lavar la ropa y acarrear agua. A menudo el agua, por escasa, no llega ya a las tuberías. Olga Velásquez, secretaria del Comité ambientalista, considera que, por eso, son las mujeres, las niñas y niños los más afectados por el agua contaminada que corre por las quebradas.

Francis Johana Estrada, madre de un menor enfermo por esta contaminación, me cuenta que a veces el agua llega con color café, otras veces es anaranjado o rojo y con un fuerte olor a cianuro. En la quebrada -me dice- todas las mujeres comentan los problemas que les ha traído la mina y tienen miedo. A muchas mujeres y niños se les cae el pelo y tienen manchas y llagas en la piel. “Pero no nos queda de otra, necesitamos agua para los oficios de la casa”.

Son también las mujeres las que se responsabilizan de sus familiares para llevarlos al hospital o al centro de salud. Son ellas las que se desvelan, las que más se preocupan. Son también las mujeres las que han tenido que buscar alternativas para comprar los medicamentos o para viajar a otras ciudades en búsqueda de especialistas que atiendan las enfermedades que ellas o sus parientes sufren. Venden pan, hacen costura, lavan ajeno, venden comida, echan tortillas para agenciarse unos cuantos pesos más.

“OCHO AÑOS QUEMÉ
LOS ENVASES CON CIANURO”

Con el sueño de salir de la pobreza y atraídos por los salarios que pagaban en la mina, superiores a los que se ofrecían en el mercado laboral del Valle de Siria, muchos hombres hicieron grandes filas para conseguir trabajo. La mina llegó a tener hasta 400 empleados.

Ángel Torres Sarmientos, 68 años, trabajó ocho años para la mina Entre Mares. Hoy, nos cuenta con lágrimas en los ojos cómo el cianuro le robó su salud. Tiene leucemia, le queda poco tiempo de vida. “Yo quemaba los envases donde viene el cianuro: cajas plásticas, de cartón y de madera. Trabajaba sin ninguna protección. No me daban guantes
ni mascarilla ni trajes contra químicos. A la deriva quemaba ese producto”.

Este hombre califica el lugar donde laboraba como uno de los peores. Lo llamaban “el horno”: una chimenea de ladrillo, un espacio de sólo unos cuatro metros cúbicos. “Allí yo quemé durante ocho años ese material, día de por medio. Y a veces todos los días porque los otros compañeros se negaban a hacerlo. Me amenazaban con despedirme, no me quedaba de otra”.

Al principio, ni Ángel ni nadie sabían que el humo negro y de mal olor, les iba a perjudicar. Hasta que llegó un ingeniero de otra mina en San Andrés y les advirtió. Ángel ya presentaba síntomas de su enfermedad: dolores en la planta de los pies, calambres en todo el cuerpo, problemas en los ojos, el hígado afectado. En Tegucigalpa, los doctores le dijeron que no siguiera haciendo ese trabajo. Pero tenía necesidad y la gerenta de recursos de la mina, Carolina Rodríguez, le explicó que no podía hacer nada por cambiarle el trabajo. Tenía que seguirlo haciendo.

“NUNCA NOS DIJERON
QUE ESTÁBAMOS ENFERMOS”

Francisco Hernández también trabajó seis años en la mina en el departamento de trituración. Allí abría y cerraba las válvulas que contenían cianuro y agua para que el oro se desprendiera de la piedra. Después, lavaba los residuos en los aglomeradores, donde el olor a cianuro era a veces insoportable. “Recuerdo que ese olor era tan fuerte y el calor tan terrible que nos quitábamos la mascarilla. Entonces el olor se nos metía en el estómago hasta que vomitábamos”, explica Hernández, 65 años, quien tiene llagados sus pies.

Carlos Silva, quien trabajó durante siete años en el laboratorio de la mina y resultó con graves problemas en la columna vertebral por los esfuerzos que tenía que hacer, me explica que cuando estaban enfermos eran enviados al seguro social o a clínicas privadas de Tegucigalpa, pero los resultados de los exámenes se los mandaban directamente a los empresarios y ellos les informaban después que todo estaba bien, que no tenían problemas de salud. Después desaparecían esos expedientes. Silva recuerda: “Descaradamente los empresarios se reían de nosotros, decían que nada teníamos, que fuéramos a trabajar”.

Después de ser despedidos, con las prestaciones que les dieron, la mayoría se hizo exámenes y radiografías, toda clase de pruebas, para descubrir que sí estaban enfermos. “En la mina nos escondían los papeles y nunca nos dijeron que estábamos enfermos, violentando una de las actas que firmaron con el sindicato: que antes de ser despedidos nos tenían que dar los dictámenes médicos que demostraran que estábamos bien de salud”.

Por el momento, se han unido unos 33 trabajadores enfermos y han presentado una demanda colectiva ante la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos contra el Instituto Hondureño del Seguro Social por violación a los derechos humanos, específicamente el derecho a la salud. La gente de las comunidades afectadas tampoco se está quedando de brazos cruzados y amenazan con una demanda por las grandes concentraciones de plomo, arsénico y cianuro en la sangre y la orina de más de 62 personas, demostradas con pruebas realizadas en laboratorios de Colombia y cuyos resultados les fueron entregados tardíamente.

CIERRAN LA MINA
Y NO DAN LA CARA

Después del cierre de operaciones de la mina, los empresarios se han hecho los ciegos ante la contaminación y las violaciones reiteradas de los derechos humanos. Argumentan que las operaciones han cerrado con completo éxito. Sin embargo, la fiscal del Medio Ambiente en el Ministerio Público, Reyna Pineda, declaró que aunque la empresa ha terminado el período de extracción, todavía no se ha contemplado el plan de cierre, que debe incluir actividades para mitigar los impactos producidos por la actividad minera. Lo ha hecho sin aclarar si aplicarán sanciones a la empresa
por no cumplir con lo acordado.

El doctor Juan Almendarez cuestiona el éxito del que hablan los empresarios, pues nunca la empresa tuvo en cuenta
ni la salud de las personas ni el deterioro del ambiente ni el enorme daño hecho a las comunidades, enfrentadas ahora
a las terribles consecuencias del drenaje ácido, que pueden perdurar durante 50 y hasta 100 años.

Quisimos obtener la versión de algunos de los ejecutivos de la mina, pero fue imposible. Hoy, a la sombra de las explosiones, la deforestación y la contaminación que ha quedado han armado la Fundación San Martín, que ha construido un lujoso hotel con todas las comodidades, y que hospeda generalmente a extranjeros, por las altas tarifas que cobran. A los huéspedes se les brindan paseos, que ocultan la devastación producida durante ocho años de “fiebre del oro”.

La única esperanza, de que nada de esto se olvide es que el pueblo se organice y haga temblar la tierra, ya no con dinamita, sino escribiendo una nueva historia. Es indispensable en esa nueva historia una nueva ley
de minería que apueste a un verdadero desarrollo sin dañar ni a la población ni al ambiente. En ese otro mundo posible, ¿será posible otra minería?

PERIODISTA INDEPENDIENTE.

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