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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 336 | Marzo 2010
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México

Acteal doce años después

Hace doce años la masacre cometida en Acteal, Chiapas, alertó al mundo sobre la guerra contrainsurgente desatada por el Estado mexicano contra las comunidades indígenas zapatistas. Doce años después, el sistema ha querido tapar aquel crimen con una sentencia judicial que sólo revela y desnuda la impunidad. La Comisión Internacional de Sitios de Conciencia incluyó a Acteal entre los 17 sitios históricos que en el mundo recuerdan a la humanidad gravísimas injusticias, historias que no podemos olvidar.

Jorge Alonso

Después de un período y medio de gobiernos panistas, México es un país en ruinas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, solamente un 18% de los mexicanos tiene ingresos suficientes para vivir. El resto se encuentra en alguna situación de pobreza. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México es líder en pobreza y puntero en desigualdad.

Organismos internacionales consideran que la crisis financiera mundial ha afectado de manera muy severa a México, principalmente por la ineptitud de sus gobernantes. El informe del Latinobarómetro en 2009 reveló que sólo el 28% de los mexicanos estaba satisfecho con la democracia.

UNA GUERRA INTERNA
CON IMPUNIDAD GARANTIZADA

El gobierno de Calderón ha declarado una guerra interna. Una “guerra fallida”, según analistas. Porque, contrastadas las razones para llevarla a cabo con los datos oficiales, se demuestra que ninguno de los argumentos esgrimidos desde el gobierno puede sostenerse. Lo preocupante es que en el programa de seguridad nacional 2009-2012 del gobierno federal se enfatiza el uso de la fuerza contra los grupos rebeldes populares.

Los últimos seis meses de 2009 dieron muestras del incremento de esa guerra contrainsurgente en el sureste del país y una señal de aliento para los grupos paramilitares fue la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la estrategia de contrainsurgencia. Desestimando las pruebas de los sobrevivientes de la masacre de Acteal -ocurrida en 1997- y argumentando cuestiones formales, la Corte liberó a 29 de los acusados por la autoría material de la masacre, y mandó que se reabrieran los juicios de otros 22. Así, dejó en la impunidad total aquel crimen de lesa humanidad. Con la liberación de los paramilitares acusados de cometerla, se dio un paso más para encubrir un crimen de Estado.

ACTEAL 1997:
UNA MASACRE BRUTAL

El agrupamiento denominado Las Abejas -objetivo de la masacre- nació como organización en 1992 para enfrentar la represión gubernamental contra las comunidades indígenas chiapanecas. Su posición era pacífica. Cuando sucedió el levantamiento zapatista en 1994, los integrantes de este grupo vieron que las demandas zapatistas eran similares a las suyas, aunque no estaban de acuerdo en la vía armada.

Los miembros de Las Abejas participaron con muchos otros mexicanos exigiendo al gobierno que detuviera la guerra en Chiapas. En 1997 se incrementaron los grupos paramilitares que les exigían colaboración para atacar a los zapatistas. Pero si no habían tomado las armas contra el gobierno, menos lo harían contra sus hermanos indígenas. Los paramilitares tenían pleno apoyo del ejército, de las policías locales y del gobierno. En este contexto, los miembros de Las Abejas fueron víctimas de los paramilitares, primero robándoles sus cosechas e incendiándoles sus casas. Finalmente, desplazándolos. Cuando el 22 de diciembre de 1997 estaban en Acteal en oración y ayuno como protesta por estos abusos, fueron atacados por paramilitares auspiciados por el gobierno.

Fueron masacradas 19 mujeres y 14 niñas, 8 hombres y 4 niños. En total, 45 personas y 4 más que todavía no habían nacido. El grupo Las Abejas consiguió que el mismo día de la masacre se detuviera a los autores materiales, cuando los asesinos pasaron en un camión de la presidencia municipal frente a los deudos. Cerca de 80 de los autores materiales fueran apresados. Ante la liberación ordenada por la Suprema Corte doce años después, el Grupo Las Abejas la denominó Suprema Corte de Injusticia

HABÍA PRUEBAS
Y HUBO CÓMPLICES

Aunque la mayoría de los medios de comunicación oficialistas quisieron hacer pasar esta atrocidad jurídica como un paso para lograr la justicia, lo que se aseguró fue la impunidad.

Ante el alegato de falta de pruebas, el grupo Las Abejas ha insistido en su falsedad: las pruebas son los testimonios de los sobrevivientes, quienes vieron a los que perpetraron el asesinato. Han presentado estas pruebas en muchas ocasiones. La Corte adujo que, con su sentencia, corregía el trabajo de la Procuraduría. En realidad, completaba su trabajo para dejar libres a los cómplices del gobierno. Los sobrevivientes de la masacre y sus familias han sido puestos en peligro ante las amenazas de venganza que muchas veces les hicieron quienes fueron apresados y ahora han sido liberados. La comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza de Acteal podía reavivar la violencia.

El grupo Las Abejas señaló a los autores intelectuales. Entre ellos ha señalado al ex-Presidente Zedillo y a las altas autoridades locales militares y civiles, demostrando que el conflicto no fue ni intercomunitario ni interreligioso, como se le ha querido hacer aparecer. Al conocerse la liberación, se reveló que entre los promotores de la defensa de los encarcelados uno había sido asesor de Zedillo. En 2006, y a cambio de votos presidenciales por Calderón, se había comprometido a que el caso de estos presos se revisaría.

FUE UN CRIMEN DE ESTADO

Al conocerse el lamentable final de esta historia, la Red contra la Represión y por la Solidaridad recordó que ya la Suprema Corte se había convertido en un “seguro de impunidad” para los responsables de la represión en Oaxaca y en Atenco, no tocando a quienes hacen “del horror un negocio y una política de Estado”. Muchos articulistas independientes volvieron a demostrar que la masacre de Acteal había sido un crimen de Estado y que la liberación de los asesinos materiales, además de la pretensión de reescribir la historia de la masacre, era “la continuación de la guerra por otros medios”. Adolfo Gilly propuso que se erigiera una especie de Tribunal Russell para Acteal y muchos organismos de derechos humanos demandaron que se reabrieran investigaciones confiables sobre este terrible caso.

El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se expresó decepcionado y la antropóloga Aída Hernández -quien escribió un impactante libro sobre los testimonios de las mujeres de Acteal- se declaró impotente e indignada por la acción de la Suprema Corte, que enviaba a quienes hacían el trabajo el sucio el mensaje de que serían defendidos por el gobierno a como diera lugar.

PRUEBAS DESDE ESTADOS UNIDOS

Refutando la versión oficial, documentos oficiales de Estados Unidos desclasificados en 2009 mostraron que la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos había informado que desde mediados de 1994 que el ejército mexicano daba apoyo directo a los paramilitares en Chiapas y que las agrupaciones paramilitares estaban bajo la supervisión militar del gobierno en las fechas en que ocurrió la matanza de Acteal. El ejército contaba con autorización presidencial para organizar equipos militares encargados de promover grupos armados en Chiapas, a los cuales se les otorgaba capacitación y protección. Los documentos mostraban una estrategia contrainsurgente cuidadosamente planeada por el gobierno.

También académicos de Estados Unidos, América Latina y Europa manifestaron su indignación por el fallo de la Suprema Corte, y se solidarizaron con los sobrevivientes de la masacre. Marcos Roitman expresó que la infamia aumentaba “en forma exponencial” y condenó los juicios amañados. Marchas indígenas y de diversos grupos populares condenaron la liberación de los asesinos de Acteal. Todas estas voces críticas han resaltado que esa acción incrementaba el descrédito de las instituciones políticas y judiciales.

LA IGLESIA HABLA CON SEVERIDAD

La Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó su desacuerdo y señaló que los autores intelectuales, aunque no pisaran la cárcel, no podrían vivir tranquilos. Los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas afirmaron que, como resultado de la injusta decisión de la Corte, aumentaba la inseguridad de las comunidades en la región de Acteal. El obispo de Saltillo, Raúl Vera -quien estuvo varios años en Chiapas- fue más severo: los ministros de la Corte que habían votado a favor de los inculpados de la masacre deberían ser sometidos a juicio político por actuar como defensores de los paramilitares, callar la verdad de lo ocurrido y ocultar la pista de los verdaderos promotores de la masacre. Advirtió de “un nuevo Acteal”, temiendo que se va en ese camino.

Desde la misión de la Tarahumara, el jesuita Ricardo Robles planteó que la Suprema Corte había soldado el siguiente eslabón de una cadena de injusticias de doce años, al extender cartas de impunidad y liberar del peso de la justicia a las actuales y anteriores autoridades, con el fin de abrir los espacios para el libre comercio “de lo que los indios son y tienen”, atemorizándolos, amenazándolos y humillándolos.

ACTEAL: RESULTADO
DE UNA POLÍTICA DE ESTADO

El grupo Las Abejas no pudo menos que reconocer que la Suprema Corte “era de los ricos y de los criminales”, denunciando que los ministros tenían orden y contrato con los autores intelectuales de la masacre de Acteal. En la región en donde se cometió el crimen hubo indignación, angustia y dolor. Cuando el gobernador de Chiapas quiso ir a esa comunidad no lo dejaron entrar. Pretendía callarlos por medio de regalos, entre ellos, una imagen de la Virgen. Después, el gobierno intentó involucrarlos con supuestos grupos armados que irrumpirían con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución mexicana.

En la presentación del libro “Acteal, crimen de Estado” en la Feria Internacional del libro de Guadalajara en noviembre, el periodista Hermann Bellinghausen denunció a Zedillo como responsable intelectual de Acteal, de las matanzas en El Charco y en Aguas Blancas y también del asesinato de un alto número de indígenas como resultado de una política de Estado. Rememoró que a pesar de que él había estado escribiendo antes de la masacre de Acteal sobre todos los indicios que conducían a ese terrible desenlace, el genocidio no se detuvo.

Y no se detiene. En el segundo semestre de 2009 se incrementaron las acciones de contrainsurgencia y de incitación de grupos paramilitares contra simpatizantes zapatistas. Recordaban los acontecimientos previos a la masacre de Acteal. Un sintético recuento de lo ocurrido muestra cómo la excarcelación de los autores materiales de la masacre de Acteal fue un episodio más en una secuencia de hechos que configuran una agresiva política contrainsurgente y antipopular.

CONTINUAS ACCIONES
CONTRAINSURGENTES

En agosto de 2009 varios ejidos chiapanecos exigieron un alto a la represión desatada en su contra porque defendían su territorio y la libertad de los luchadores sociales que habían sido encarcelados. También demandaban justicia por el asesinato de uno de sus compañeros. Resaltaron que al gobierno perredista de Chiapas, estrecho aliado del Presidente Calderón, no le gustaba el diálogo sino la guerra.

En septiembre, la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denunció la violencia desatada contra el municipio autónomo de San Manuel: grupos de paramilitares decidieron tomar un predio que estaba siendo trabajado por bases de apoyo zapatista. Los paramilitares dañaron seriamente el ganado y hubo heridos, apresados y torturados.

Durante todo el año 2009 autoridades autónomas zapatistas difundieron comunicados para detallar los agravios sufridos. Desmentían haber negociado la comercialización de la tierra. En el contexto de un clima de agresiones e intentos de despojo en distintas comunidades, se incrementaron las incursiones de los paramilitares.

AÑOS DE IMPUNE PARAMILITARISMO

En 1997 la paramilitarización ya proliferaba en las filas del priísmo. En 2009, afiliados al PRI, al PAN y al PRD han estado agrediendo a comunidades zapatistas. La Junta de Buen Gobierno de La Realidad aclaró que seguirían defendiendo sus tierras y no permitirían que los siguieran amenazando, intimidando y humillando. Los paramilitares no sólo han querido quitarles la tierra, también el agua. En septiembre, los paramilitares, no contentos con agredir constantemente a indígenas zapatistas, elevaron el tono y emboscaron y atacaron a un abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Sin elementos de prueba, fueron apresados campesinos simpatizantes de los zapatistas. La Comisión Civil Internacional de Observación alertó acerca de la agudización de acciones violentas y armadas de los paramilitares, y advirtió que las autoridades y medios de comunicación chiapanecos mantenían una campaña en contra de los defensores de derechos humanos. Otros grupos destacaron que había absoluta impunidad para los paramilitares, pues tanto el gobierno federal como el estatal los habían formado y los protegían para utilizarlos en la guerra contrainsurgente.

Mientras los paramilitares violentaban la ley sin ser molestados, los indígenas y campesinos simpatizantes de los zapatistas eran apresados sin pruebas. Grupos defensores de derechos humanos pusieron el dedo en la llega: la persecución y hostigamiento en contra de comunidades campesinas en resistencia se debía a los proyectos neoliberales que querían apropiarse de los recursos naturales de las comunidades. Ante las denuncias de los ataques de los paramilitares, el gobierno guardaba un preocupante silencio. Continuaba la probada receta de Acteal: dejar correr el tiempo para convertir en rutina las agresiones de los paramilitares contra las comunidades.

Un elemento importante en esta guerra contrainsurgente es que los agresores y los medios locales presentan versiones alteradas de los hechos haciendo pasar a las víctimas como victimarios.

SILENCIO, AMENAZAS,
ATENTADOS...

Esta escalada de hechos violentos ponían en peligro la integridad física de los defensores de los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas convocó a realizar denuncias nacionales e internacionales. Ésa era otra pieza de la estrategia contrainsurgente: neutralizando a las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos quedarían en la impunidad las acciones de los paramilitares que actuaban en complicidad con policías y militares. Pero, ante las denuncias, ha seguido una nula acción de parte de los gobiernos federal y estatal para investigar y desarmar a los paramilitares.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha exigido, además del desmantelamiento de los grupos paramilitares, un alto a la censura y a la instrumentalización de los medios de comunicación, la detención de los autores materiales e intelectuales de las agresiones contra los ejidatarios de San Sebastián Bachajón y Jotolá -adherentes de la Otra Campaña- y el cese de las acciones de polarización y estigmatización operadas por funcionarios del gobierno estatal contra los grupos de derechos humanos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, integrado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, realizó un recorrido por Oaxaca y Chiapas y documentó que los asesinatos y las desapariciones no eran castigados y que los defensores de las garantías individuales eran objeto de atentados mortales, amenazas, desapariciones forzadas y campañas de desprestigio, todo para impedirles realizar sus actividades. Grupos de académicos y colectivos populares de California emitieron un comunicado en respuesta a la información que les hicieron llegar las Juntas del Buen Gobierno zapatistas. Por ella supieron de las diferentes agresiones y amenazas de desalojo en contra de comunidades de apoyo zapatista e hicieron responsables por ellas al Presidente Calderón y al gobernador del estado de Chiapas.

CAMPAÑA OFICIAL: UN TERROR ANUNCIADO

Pese a todas estas denuncias, a principios de octubre de 2009 no sólo proseguían las acciones de los paramilitares sino que aumentaban. En San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, un centro de formación y capacitación de mujeres fue objeto de un intento de incendio. A mediados de ese mes, observadores y periodistas independientes coincidían en la hipótesis de que el gobierno estaba preparando el escenario para lo que después sucedió: la liberación de los paramilitares acusados por el caso de Acteal.

La campaña oficial en contra de organizaciones populares y comunidades zapatistas era oficial: hubo detenciones irregulares, se trató de desprestigiar a miembros del clero comprometidos con las comunidades y se hacían “filtraciones” para señalar a catequistas como promotores de acciones violentas. Operadores gubernamentales querían imponer entre los reporteros la versión de que las organizaciones populares preparaban ataques armados. Como varios periodistas no aceptaron esas versiones, el gobierno las propagó en informaciones pagadas en los diarios: instigados por curas, el primero de enero habría actos violentos por todo el país, con tomas de edificios, carreteras, saqueo de bancos y tiendas.

El gobernador de Chiapas remató todo ese escenario montado por la versión oficial declarando que él sacaría a Chiapas de esta ofensiva militar, orquestada a escala nacional.

CRECEN LAS DENUNCIAS,
CULPAN A LA IGLESIA

A la par de la ofensiva mediática oficial, también aparecían denuncias de ejidatarios simpatizantes de los zapatistas: los paramilitares se preparaban para despojarlos de sus tierras. En noviembre, la Red contra la Represión hizo un llamado urgente ante la incursión de paramilitares que amenazaban con quemar casas de indígenas simpatizantes de los zapatistas. A mediados de noviembre, la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios dio a conocer agresiones de paramilitares en la zona norte de Chiapas, la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha denunció el intento de varias personas apoyadas por “el mal gobierno” para apoderarse del tianguis campesino de Ocosingo y el Caracol V protestó enérgicamente por las constantes amenazas que sufrían los estudiantes de una escuela autónoma zapatista.

En la segunda quincena de noviembre, sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal protestaron enérgicamente por la persecución del gobierno estatal en su contra. Los agentes de pastoral señalaron que la causa de la persecución contra la iglesia y los pueblos de Chiapas era la oposición a las concesiones mineras a compañías extranjeras. El gobierno había dado permiso de explotar más de un millón de hectáreas del subsuelo chiapaneco.

El gobierno culpaba a la iglesia de que los habitantes de Acteal se hubieran negado a recibir al gobernador, pero la decisión de no recibirlo fue de la comunidad. Los habitantes de Acteal veían como una burla que funcionarios del gobierno quisieran entrar a su comunidad siendo cómplices de la masacre al liberar a los asesinos y protegerlos, fallo judicial que responsabiliza al gobierno del crimen.

EL GOBIERNO,
“PROFESIONAL DE LA MENTIRA”

En la segunda semana de noviembre, el Consejo Regional Autónomo de la Costa de Chiapas demandó el cese del hostigamiento, represión y amenazas contra los adherentes de la Otra Campaña en ese estado. El ejército siguió actuando con allanamientos y patrullajes. Bases de apoyo zapatistas en el municipio de Zinacantán fueron amenazadas de muerte por autoridades municipales perredistas. Algunas de esas bases fueron encarceladas durante 16 horas sin que se les diera de comer con el pretexto de que no habían hecho un trabajo comunitario del cual no habían sido avisadas.

La Junta de Buen Gobierno de Oventic dio a conocer que priístas de San Cristóbal habían golpeado a bases de apoyo zapatistas y habían secuestrado a un compañero, al que habían amenazado con asesinarlo cuando las bases zapatistas habían ido a limpiar el manantial donde se abastecían de agua. Los priístas fueron a los medios de comunicación para propalar la mentira de que los zapatistas eran quienes estaban provocando el enfrentamiento. Todas las denuncias hechas por las Juntas de Buen Gobierno han sido muy cuidadosas en presentar con detalle los hechos y sus contextos.

Otro episodio enmarcado en el plan de contrainsurgencia fue un punto de acuerdo aprobado por el Congreso de Chiapas, según el cual se solicitaba al gobernador que atendiera la supuesta petición de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas de ser reconocidas jurídicamente. De inmediato, todas las Juntas desmintieron esa supuesta petición. Nunca habían pedido el reconocimiento de los “malos gobiernos” y ya eran reconocidas por sus pueblos, que las habían elegido, y por muchísimos pueblos a nivel nacional e internacional.

Las mentiras del mal gobierno, de sus diputados y de sus cómplices son parte del plan contrainsurgente para confundir a la opinión pública y golpear la resistencia de pueblos en lucha por construir su autonomía. Las Juntas declararon que tenían un poder que se llamaba dignidad y que ésa era su mejor herramienta para demostrarle al mundo que jamás claudicarían en su lucha. Acusaron al gobierno de ser “profesional de la mentira”.

Los malos gobiernos, municipal, estatal y federal, con su amo el neoliberalismo se creían poderosos con el dinero de inversionistas extranjeros neoliberales, pero se topaban con la dignidad de los zapatistas. Advirtiendo que los malos gobiernos no lograrían sus propósitos, pues los zapatistas no se vendían y no se rendían, las Juntas de Buen Gobierno recordaron que todos los partidos políticos habían traicionado los acuerdos de San Andrés.

CONSTRUIR OTRA JUSTICIA

En diciembre, en el marco de la celebración del día mundial de los defensores de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas declaró que durante 2009 la labor de los defensores de los derechos humanos había sido criminalizada en Chiapas por las autoridades.

Con el pretexto de un supuesto estallido social que irrumpiría en 2010, el ejército siguió realizando cateos ilegales en muchas comunidades, con apoyo de policías y agentes de ministerios públicos estatales y federales poniendo en riesgo a la población. Los movimientos populares demostraron que existía un plan de represión selectiva y sistemática dirigida contra dirigentes y grupos opuestos a las políticas privatizadoras del Estado y del gran capital.

El 21 de diciembre, al cumplirse doce años del crimen de Acteal, la comunidad de Las Abejas realizó un Foro de Conciencia y Esperanza para Construir Otra Justicia. Le puso por nombre “La Suprema Impunidad”. Fue un espacio para generar reflexión y análisis en torno a la impunidad provocada por las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la que provoca el sistema judicial mexicano.

En el foro se enfatizó que la construcción de una justicia verdadera desde los pueblos implica trabajar por rescatar la memoria histórica, no ocultar la verdad y respetar los sistemas normativos propios de los pueblos. Un punto destacado fue la denuncia de la violencia militar y paramilitar contra las mujeres.

REALIZADA EN CHIAPAS
CON DISEÑO NACIONAL

El periodista Luis Hernández ha resumido esta táctica contrainsurgente como “inscrita en la arena de la guerra de redes”. Se intenta alterar lo que una población sabe o piensa. Hernández compendió la enorme lista de provocaciones: detenciones, asesinatos de opositores sociales, promoción de campaña de rumores anunciando un nuevo levantamiento armado, intento de difamar al zapatismo al divulgar falsamente una solicitud de apoyo de las Juntas del Buen Gobierno zapatistas hacia el Congreso local, liberación de paramilitares responsables de la matanza de Acteal, incremento de la presencia y actividad militar, y campaña de medios para ocultar los hechos. Se combinan así acciones cotidianas de contrainsurgencia en las comunidades con una contrainsurgencia informativa.

Todo esto se realiza localmente en Chiapas pero tiene su diseño en el ámbito federal. Los de arriba no toleran que los de abajo no se sometan, que no acepten sumisamente sus planes. Los que han sido incapaces de resolver los urgentes problemas económicos y sociales nacionales se empeñan en agravar la situación chiapaneca con una irresponsable y peligrosa ofensiva en contra de las expresiones populares autónomas.

PARA NO ENVILECERNOS

La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia incluyó a Acteal entre los 17 sitios históricos que en el mundo recuerdan a la humanidad gravísimas injusticias. La declaración de Acteal como Sitio de Conciencia reafirma una historia que quiere ser negada. Hay delitos que no deben quedar impunes. El de Acteal es uno de ellos. Como ha escrito el Premio Nobel José Saramago: “Por debajo del honor hay intereses, delitos claramente identificables perpetrados por personas y grupos concretos que no pueden ser ignorados. Hay que entender la importancia de no envilecerse para no ser viles siempre”.

Los afectados por la injusta sentencia de la Suprema Corte han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizando al Estado mexicano. Mientras no se castigue a los autores intelectuales
y materiales de ese brutal crimen, Acteal seguirá siendo una constante llamada contra la impunidad.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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