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  Número 336 | Marzo 2010
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Nicaragua

“¿Qué pasará en las elecciones con una economía tan incierta y tan austera?”

Arturo Grigsby, economista y director de Nitlapán, instituto de investigación de la UCA de Managua, comparó el modelo económico del gobierno de Daniel Ortega con el del gobierno de Enrique Bolaños y analizó las perspectivas económicas para 2010 y 2011, brindando pistas sobre cómo el desempeño económico del actual gobierno puede influenciar o condicionar el resultado de las elecciones de noviembre de 2011, en una charla con Envío que transcribimos.

Arturo Grigsby

Quizá el principal problema social y económico que enfrenta el gobierno de Daniel Ortega, al comenzar su cuarto año de gestión y en vísperas del año electoral, es el aumento del desempleo. Los actuales niveles de desempleo superan con creces los que existían cuando Bolaños dejó el gobierno. Según las estadísticas del Banco Central y las del INIDE (Instituto Nicaragüense de Estadísticas), la tasa de desempleo abierto se incremento del 5.1% en 2006 a 8.4% en 2009. Y desde la llegada al gobierno de Ortega en 2007 el acumulado de nuevos desempleados llega a unos 60-65 mil, siempre según cifras oficiales que cuentan el desempleo abierto, concepto que engloba sólo a la gente que no tiene ningún empleo, ni siquiera el de vender agua helada en la calle. Porque si alguien que vende agua helada en la calle por algunas horas a la semana es encuestado no queda clasificado como desempleado sino como subempleado. También los niveles de subempleo crecieron durante el gobierno de Ortega según las estadísticas oficiales. La última encuesta de hogares del INIDE muestra que la tasa de subempleo visible fue del 13.8% de la fuerza laboral ocupada. Muestra también que el 28.4% de los trabajadores que tienen empleo reciben salarios inferiores al salario mínimo establecido por el Estado, situación que se conoce como tasa de subempleo invisible.

Hay otro dato que ensombrece el escenario económico del gobierno. Si se cumplen los pronósticos que el gobierno tiene para 2010 iniciaríamos el año electoral 2011 con prácticamente el mismo nivel de ingreso por habitante que tenía Nicaragua cuando Bolaños dejó el gobierno. Durante los dos primeros años del gobierno de Ortega, el ingreso por habitante había crecido al 1.9% por año, aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento anual que el Banco Mundial ha estimado para lograr reducir la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según los cálculos oficiales, tendremos un crecimiento negativo del ingreso por habitante, tanto en 2009 como en 2010.

Podemos entonces imaginarnos que en los niveles de desempleo y en el estancamiento del ingreso per cápita la oposición tiene para la próxima campaña electoral un arsenal importante para argumentar que el gobierno de Ortega ha probado nuevamente que no sabe manejar la economía. Justificar estos problemas en el impacto determinante de la crisis global resulta complejo en una campaña electoral porque los votantes generalmente atribuyen al gobierno nacional los resultados de la gestión de la economía, del empleo y del bienestar de la población. Lo que contará será el desempeño de la economía bajo el gobierno del Frente Sandinista: malo en los años 80 y nuevamente malo en la primera década del siglo 21, lo que demostraría, en el discurso de la oposición, un claro caso de incompetencia en la gestión económica del país.

Estos datos resultan más negativos si los contrastamos con las expectativas que se abrieron en 2007 cuando Ortega llegó al gobierno después de prometer durante su campaña en el 2006 “Desempleo Cero”, “Hambre Cero”, Banco de la Producción para facilitar el acceso al crédito a los productores, promoción de la pequeña y mediana producción, salud y educación gratuita para todos. Hay que contrastarlos también con las ambiciosas metas que el Frente Sandinista se propuso: una continua expansión del gasto social para reducir significativamente la pobreza. La realidad y las estadísticas del propio gobierno muestran resultados muy lejanos de aquellas promesas y de aquellas expectativas. Si la campaña reeleccionista de Ortega tiene un flanco vulnerable es éste: una situación de estancamiento económico, a la que se suma la conflictiva gestión del gobierno con la cooperación externa -que ha alejado a los países donantes, especialmente a los europeos- y uso discrecional de la millonaria cooperación venezolana.

Ante los problemas de la situación económica nacional algunos argumentan que se ha deteriorado aún más porque las diferencias de política económica entre el gobierno de Ortega y el de Bolaños son en esencia mínimas, ya que, a pesar del discurso anti-fondomonetarista, Ortega ha negociado con el FMI y tiene un acuerdo con el Fondo que en la práctica respeta el mismo marco de políticas económicas acordado por Bolaños. Otros argumentan que la continuidad de las políticas es parcial porque en el gobierno de Ortega se desarrollan políticas y acciones que han deteriorado significativamente el clima de negocios en el país.

A pesar de que, ciertamente, en términos del marco macroeconómico el gobierno de Ortega ha conservado esencialmente las mismas políticas neoliberales de los últimos 15-20 años, hay diferencias significativas en el enfoque que de los problemas del país y de las estrategias para desarrollarlo tuvo el gobierno de Bolaños y tiene el gobierno de Ortega.

Para el gobierno de Bolaños el problema principal de Nicaragua, que es la persistencia de tan altos niveles de pobreza, tenía que ver fundamentalmente con un clima de negocios inadecuado, que espantaba la inversión extranjera y estancaba la inversión nacional. Detectaban, entre los problemas estructurales que eran causa de esto, un sistema judicial corrupto donde no se garantizaban los derechos de los inversionistas. A este punto de vista añadían la pésima infraestructura del país.

Nicaragua es, por ejemplo, el único país de Centroamérica que no tiene conectada por carretera su costa del Pacífico con su costa del Caribe. En Honduras se puede ir del Pacífico al Caribe sin problemas y en el Caribe tienen un puerto de primera categoría, Puerto Cortés. En Costa Rica, por supuesto, Pacífico y Caribe están comunicados por tierra. Y en Guatemala también. En Nicaragua no, a pesar de que unir el Pacífico con el Atlántico fue una promesa del dictador Anastasio Somoza en los años 70, y a pesar de que después de Somoza ésta fue la promesa de todos los gobiernos siguientes. La última de esas promesas la hizo Hugo Chávez en su primera visita a Managua en 2007, cuando ofreció que el ejército venezolano apoyaría la construcción de la carretera que uniría el Pacífico con el Caribe. Pero aún no hay nada. Y si un inversionista quiere sacar mercadería hacia Europa o hacia la costa este de Estados Unidos tiene que ir hasta Puerto Cortés en Honduras o hasta Puerto Limón en Costa Rica porque Nicaragua no tiene aún un puerto en el Atlántico.

El gobierno de Bolaños se planteó atacar los problemas estructurales del país para atraer la inversión extranjera
y estimular la inversión nacional, convencido de que esto fomentaría empleos, que producirían el “efecto de derrame” -el “trickle down”, como se dice en inglés- y así se reduciría la pobreza. Según esta visión del desarrollo, el rol del Estado debía ser facilitar los procesos de transformación estructural. Por esto se promovió la Ley de Carrera Judicial, se destinaron importantes recursos a la inversión pública para modernizar la infraestructura portuaria y construir carreteras y caminos. Y por esto, para fomentar un mejor clima pro-negocios, se decidió privatizar todo lo que aún quedaba en manos del Estado, fundamentalmente los servicios: energía, telecomunicaciones y agua potable. Bajo el gobierno de Bolaños se completó totalmente la privatización de las telecomunicaciones, se completó la privatización de la energía -aunque no se alcanzó a privatizar las hidroeléctricas- y apenas se avanzó en la privatización del servicio de agua potable. Esta fue, en esencia, la orientación de la política económica en aquellos años. Con este enfoque, es lógico que en el actual debate nacional lo que repiten medios de comunicación, instituciones de investigación económica y políticos que fueron funcionarios del gobierno de Bolaños es que el principal problema de Nicaragua sigue siendo un inadecuado clima para la inversión, empeorado significativamente con el gobierno de Ortega.

El Frente Sandinista llegó al gobierno con un diagnóstico diferente: el problema de Nicaragua no era exclusivamente el mal clima para las inversiones, sino un funcionamiento de los mercados que excluía a la mayoría: a la pequeña y mediana empresa y a los pequeños y medianos productores, negándoles el acceso al crédito y a los servicios empresariales.

Con este enfoque, el papel del Estado sería intervenir para fomentar acceso a mercados, crédito y servicios y garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, educación y seguridad social poniéndolos al alcance de toda la población. El gobierno del Frente Sandinista detuvo el proceso de privatización del agua potable y el Estado adquirió parte de las acciones de la distribuidora de energía eléctrica, la transnacional española Unión Fenosa.

Otro aspecto clave en el modelo económico del Frente Sandinista fue la incorporación de Nicaragua al ALBA. La estrategia de Bolaños priorizaba fomentar el clima de inversión para aprovechar las oportunidades de negocios y de inversiones que abría la firma del TLC de Centroamérica con Estados Unidos (el CAFTA) y el acuerdo de asociación de Centroamérica con la Unión Europea (el ADA), del que ya se hablaba entonces. Sin abandonar estos espacios, en el modelo del Frente Sandinista la apuesta básica es diversificar los mercados y reducir la dependencia de Nicaragua del mercado estadounidense y del europeo integrándose al ALBA, espacio considerado clave para superar la actual situación de Nicaragua en el comercio internacional.

El ALBA nació en Venezuela como una alternativa al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), iniciativa lanzada por el Presidente Clinton en los años 90 para lograr un bloque comercial del Río Bravo a la Patagonia liderado por Estados Unidos, que enfrentara la competencia global por los mercados mundiales. El proyecto ALCA quedó atascado desde fines de los años 90. El ALBA nació también como una alternativa a los proyectos del CAFTA y del ADA, porque su principio básico es la solidaridad y eso se traduce en el respeto a las asimetrías entre los países que comercian entre sí y tienen distintos niveles de desarrollo. Para Nicaragua eso se ha traducido en el fondo de compensación petrolera con que Venezuela abastece de petróleo a Nicaragua a precios preferenciales. Otra estrategia básica del ALBA es desarrollar lo que llaman las grannacionales, empresas de los Estados integrados en el ALBA que se establecen en los sectores estratégicos de la economía. Pretenden ser alternativas a las corporaciones transnacionales, principales beneficiarias de los acuerdos de libre comercio como el CAFTA y el ADA. La expresión concreta que ha tenido la estrategia ALBA en Nicaragua ha sido la formación del grupo empresarial Albanisa, cuya base económica principal es el control que tiene de la importación del petróleo proveniente de Venezuela. El grupo Albanisa ha invertido en áreas diversas: generación eléctrica, producción y exportación de alimentos, importación de equipo de transporte y otras. La formación de este grupo ha generado conflictos con las transnacionales que tienen intereses en la importación y distribución del petróleo y sus derivados y con otros grupos empresariales, que ven en Albanisa una amenaza de competencia desleal por sus vínculos con el gobierno.

Es evidente entonces que existen importantes diferencias entre los diagnósticos y planteamientos económicos que tuvo el gobierno de Enrique Bolaños y los que tiene el gobierno de Daniel Ortega, diferencias que van más allá del marco de políticas macroeconómicas, en las que el actual gobierno sí se asemeja al gobierno anterior. En la práctica, lo que tenemos hoy es una yuxtaposición de políticas, que provoca una tensión permanente entre manejar la economía con el mismo marco macroeconómico que se manejaba bajo Bolaños y, a la vez, hacer uso discrecional del aparato estatal para promover a un nuevo grupo empresarial y privilegiar las relaciones comerciales preferenciales con el bloque del ALBA. El prestigioso economista guatemalteco y experto en la integración centroamericana Gert Rosenthal decía recientemente en una entrevista en Managua que Nicaragua tendrá que optar a largo plazo entre la dinámica de la integración centroamericana y la dinámica del ALBA, acuerdo económico administrado por los gobiernos, mientras que el proceso de integración centroamericana, al igual que el TLC con Estados Unidos y el acuerdo que se negocia con la Unión Europea, operan básicamente bajo las reglas del mercado.

A grandes rasgos éstas son las diferencias entre los modelos de ambos gobiernos. En planteamientos más concretos, conviene recordar que en el gobierno de Bolaños se desarrolló la estrategia de clusters o enclaves. Se escogieron ocho sectores estratégicos de la economía (maquila textil, turismo, café, lácteos, carne, pesca, forestal y minas), en los que Nicaragua tiene más potencial para orientar todos los esfuerzos en esos sectores claves, dinámicos y con capacidad de inserción en el mercado mundial. En estos sectores se decidió concentrar la inversión pública para crear infraestructura y capacidades. El objetivo era convertirlos en las locomotoras que arrastraran la economía del país.

La estrategia de los clusters generó crecimiento y durante el período de Bolaños la economía creció en promedio al 3.4% anual. Pero, según las estadísticas del gobierno y las del Banco Mundial, aunque hubo crecimiento de la economía la pobreza no se redujo. Entre 2001 y 2005 -la última medición oficial que hay y que corresponde a los años de gobierno de Bolaños- la pobreza se mantuvo igual, mientras la economía crecía. Nicaragua se convirtió así en un caso totalmente atípico, en una excepción de la regla: crecimiento económico sin reducción de la pobreza. Porque en todos los países cuando la economía crece la pobreza se reduce algo, más o menos según qué bien o mal está distribuida, pero se reduce. Y en Nicaragua no se redujo nada.

¿Cómo explicar que mientras el pastel creció la pobreza no se redujo? Una parte de la explicación podría estar en el patrón de crecimiento económico que se mantuvo en Nicaragua durante los cinco años del gobierno de Bolaños. En aquellos años florecieron las maquilas, se construyeron nuevos centros comerciales y se ampliaron los que ya existían, se desarrollaron las urbanizaciones para las capas medias y altas y se expandió el sistema financiero, que estableció sucursales por todo el país. También se modernizaron y expandieron los ingenios azucareros y las plantaciones de caña de azúcar y el cultivo -altamente mecanizado- del maní y su exportación. También creció la ganadería y la exportación de carne y lácteos. La mayor parte de la inversión de aquellos años se destinó a la importación de maquinarias y equipo para estos sectores y, a excepción de maquila y construcción, las actividades en esos otros sectores no generaron empleo de forma significativa. Asimismo, los beneficios de este crecimiento económico quedaron muy concentrados en transnacionales y grupos empresariales centroamericanos y nacionales. No se desarrolló en esos años un patrón de crecimiento de base amplia que incorporara al numeroso sector de micro y pequeñas empresas de comercio y de servicios y a los pequeños productores agrícolas.

La política fiscal del gobierno de Bolaños explica también en parte la paradoja de crecimiento económico sin reducción de la pobreza. La reforma tributaria ejecutada durante esos años no alteró el carácter regresivo del sistema tributario, donde el grueso de los ingresos fiscales proviene de los impuestos indirectos y donde existen múltiples exoneraciones. El modesto incremento de los ingresos fiscales de esos años no generó los recursos necesarios para financiar el gasto social previsto en las metas del Plan de Desarrollo del gobierno de Bolaños.

La paradoja de crecimiento económico sin reducción de la pobreza también se explica por el tipo de políticas sociales que se promovieron durante esos años. Y aquí radica otra de las grandes diferencias de enfoque entre el gobierno de Ortega y el gobierno de Bolaños. La política social del gobierno de Bolaños tuvo varias dimensiones. En educación y en salud se propuso mejorar la eficiencia y, para eso y entre otras cosas, se desarrolló una política de descentralización administrativa: en la educación se promovieron los institutos públicos autónomos y en la salud, los servicios privados al interior de los hospitales públicos. Una de las primeras cosas que el gobierno del Frente Sandinista hizo fue eliminar la descentralización, argumentando correctamente que se había excluido a los más pobres. Por decreto se eliminó la autonomía escolar administrativa y las contribuciones “voluntarias” de los padres de familia para las escuelas. También se eliminaron los pensionados semi-privados de los hospitales públicos y el cobro por medicinas y servicios médicos en el sistema público de salud, dando así un primer paso para cambiar el enfoque de cómo reducir la pobreza a través de políticas sociales.

Otra dimensión importante de las políticas sociales durante el gobierno de Bolaños fue la red de protección social, inspirada básicamente en el modelo del Programa Progresa de México. Consistía en dar dinero a las cabezas de familia en extrema pobreza, especialmente en las zonas rurales, a cambio de que garantizaran que sus hijos fueran a la escuela y comieran adecuadamente. Después se monitoreaba el cumplimiento de la familia midiendo talla y peso a los niños y certificando en las escuelas que los niños acudían a clases. La idea detrás de este programa era romper el círculo inter-generacional de la pobreza: garantizar por la educación y la nutrición que los hijos romperían el círculo de pobreza en que vivieron sus padres.

El Frente Sandinista calificó este programa de asistencialista, criticó que a la gente se le pagara por hacer eso y propuso a cambio programas que potenciaran las capacidades productivas de la gente. Como alternativa nació el programa Hambre Cero: transfiriendo a las mujeres rurales animales, semillas e insumos se potenciaría la producción, el empleo, la seguridad alimentaria y la obtención de recursos propios. Sin embargo, Hambre Cero tampoco ha logrado ser sostenible, no ha logrado promover la organización de las mujeres rurales y ha utilizado criterios partidarios para la selección de sus beneficiarias. Aunque los resultados de Hambre Cero son muy discutibles, la diferencia de enfoques entre los dos gobiernos ha sido clarísima. Ambas políticas sociales sí se asemejaron en proponerse extender la red de escuelas y de centros de salud en el campo y la ciudad.

La estrategia de clusters también falló porque no enfrentó los problemas estructurales claves que generan y mantienen altos índices de pobreza en el campo, donde se concentra la mayoría de pobres. En primer lugar, la educación: desde las escuelas primarias rurales hasta las facultades de ciencias agrarias, pasando por los liceos agrícolas y el servicio de extensión del INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria), es inadecuada, sin contexto. No proporcionan a las familias rurales los conocimientos teórico-prácticos útiles para solucionar los problemas de la agricultura. En segundo lugar, a pesar de la redistribución de tierras que impulsó la revolución en los años 80, la distribución y acceso a la tierra es actualmente extremadamente desigual. Las familias sin tierra representan el 38% de la población rural, según estudios llevados a cabo durante el gobierno de Bolaños.

Nicaragua tiene uno de los índices de concentración de la tierra más altos de América Latina, según un estudio realizado para el gobierno de Ortega por la FAO y el Banco Mundial. En tercer lugar, aunque el acceso de las familias pobres rurales a los servicios financieros ha mejorado con el desarrollo de los microcréditos, todavía es muy limitado. Sólo la cuarta parte de las familias rurales tiene acceso al crédito, según la ultima encuesta de nivel de vida. Y sólo una quinta parte de las familias rurales tiene acceso a carreteras pavimentadas, lo que les crea considerables dificultades para acceder a los mercados y a los servicios básicos. Todo esto se señala parcialmente en el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Pero las políticas de desarrollo rural del gobierno no enfrentan el problema de la inadecuada educación rural ni la desigualdad en el acceso a la tierra y a los mercados de tierra. Y aunque el gobierno de Ortega ha promovido la creación del nuevo banco estatal Produzcamos para desarrollar servicios financieros rurales, ha debilitado, a la vez, las instituciones de microcrédito que prestan esos servicios apoyando los movimientos que luchan por la condonación de sus deudas. Algo más: el programa de construcción de caminos rurales se ha visto seriamente limitado por las restricciones presupuestarias del gobierno.

Desde el comienzo el énfasis del programa económico del gobierno de Ortega fue expandir el gasto social, aunque no ha habido claridad en lo que haría para generar empleo. No hubo ninguna alternativa a la estrategia de clusters. Ese enfoque se descartó sin más, abandonándolo porque excluía a la pequeña y mediana producción. El discurso del Plan de Desarrollo Humano del gobierno de Ortega exalta la agroindustrialización del país, incluyendo siempre a la pequeña y mediana producción rural, pero esto nunca ha tenido hasta ahora una expresión concreta.

En 2008, cuando el gobierno lanzó su primera versión del Plan Nacional de Desarrollo Humano, planteó buscar más apoyo de la comunidad internacional para poder expandir el gasto social y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.La propuesta fue pasar de los 500-600 millones que se recibieron en el tiempo de Bolaños. Sin embargo, en la práctica, lo que ha sucedido en estos tres años ha sido que la cooperación tradicional, la europea, se ha reducido, mientras aumentaba la cooperación venezolana, que no ha financiado gasto público.

¿Qué perspectivas hay para el año 2010 y para el 2011? En noviembre de 2009 el gobierno lanzó la versión actualizada del Plan Nacional de Desarrollo Humano. En ella el gobierno abandona muchas de las metas originales previstas en la primera versión. La ambición en políticas sociales y en crecimiento económico se reduce significativamente. La reducción la explica la crisis económica global y también lo sucedido a raíz del fraude electoral en las elecciones municipales de 2008, que provocó la reducción de la cooperación internacional. En el Plan el gobierno prevé para 2010 un crecimiento de la economía del 1% y para 2011 del 2.5%. Ésa es la meta oficial y ésos son sus compromisos con el Fondo Monetario.

Para 2010 se prevé una importante reducción del gasto público medido en dólares y expresado también en términos del Producto Interno Bruto (PIB) La reducción equivale a -1.2% del PIB. Se reduce el gasto corriente -los salarios y gastos operativos para mantener la administración pública-, lo que significa reducción en el presupuesto de salud y de educación, los dos rubros que absorben el grueso del gasto público. Según la ultima versión del Plan Nacional de Desarrollo Humano, el gasto social originalmente programado para 2009-2011 se reducirá en 8.6% del PIB, lo que equivale a 552 millones de dólares aproximadamente.

En inversión pública hay también una nueva reducción. Desde 2007 hasta 2010 ha habido una continua reducción de la inversión pública expresada en términos del PIB, a pesar de que el diagnóstico nacional indica la urgente necesidad de invertir en agua potable y saneamiento, en construir carreteras y caminos rurales, escuelas y centros de salud. La restricción de recursos de los que dispone el gobierno para estos dos años es muy notable, lo que le obliga a reducir el gasto social y la inversión pública, lo que significa que el gobierno ha abandonado por completo sus metas iniciales por las restricciones presupuestarias.

¿Qué consecuencias tendrá esto en los resultados electorales? Es una pregunta abierta al tiempo. Lo cierto es que lo previsto por el gobierno son presupuestos muy austeros, que reflejan el compromiso con el FMI para reducir el déficit fiscal, porque el financiamiento extraordinario que el gobierno tuvo de los organismos multilaterales -incluyendo el del Fondo- para mitigar el impacto de la crisis global, ya no lo tendrá ni en 2010 ni en 2011 y porque la cooperación de apoyo al presupuesto de parte de Europa ya no está disponible por razones del fraude electoral. Estas dos ausencias de recursos limitan muchísimo la capacidad del gobierno para expandir el gasto social y la inversión pública.

Además, en 2010 aumenta el pago de la deuda interna a los bancos nacionales que tienen en su poder la mayor parte de los bonos BPI, bonos que se le dieron como indemnización a los propietarios confiscados durante la revolución sandinista. Este gobierno sandinista respeta esa deuda y la paga. Y el pago de la amortización de la deuda en 2010 pasa de 128 a 150 millones de dólares, lo que equivale al triple de lo que Nicaragua paga por amortización de su deuda externa.

Esta situación obliga a la austeridad e impide cumplir con las políticas sociales prometidas por el gobierno: hay que pagar más deuda, no se recibe dinero extra de los multilaterales y no se recibe el apoyo presupuestario europeo. Y aunque el gobierno espera un crecimiento de sus ingresos por la aplicación de la reforma tributaria -que entró en vigor en enero de 2010- este incremento no será suficiente para compensar la caída de las otras fuentes de recursos, el aumento en el pago de la deuda interna y el costo de las transferencias al Banco Central para fortalecer las reservas internacionales.

Hay algunos signos de esperanza en la economía que permiten al gobierno imaginar que su realismo austero pueda ser superado en estos dos años. Las exportaciones de café y de azúcar tienen buen pronóstico porque hay mejores precios internacionales para estos dos productos de nuestra producción tradicional. En el café nicaragüense, por razones del escaso cuido que se le da a las plantaciones, siempre hay una pronunciada estacionalidad en las cosechas, un ciclo de cosecha buena y el siguiente de cosecha mediocre. 2010 es año de “vacas gordas” y la buena cosecha nos llega en un momento en el que el precio internacional del café es el más alto de los últimos diez años. Por ahí vendrá un estímulo a la economía nacional.

El buen precio internacional del café se debe a que, a pesar de la crisis mundial, el consumo de café no disminuyó y siguió creciendo. La gente del Norte tal vez no gasta en ir a tomar café en un Starbucks, pero lo sigue comprando para tomarlo en su casa. Y entre las nuevas generaciones se han popularizado las bebidas con café: frapuchinos, mocachinos…También en Nicaragua. Hace unos años, apenas el 10% de la producción de café era para consumo nacional y ahora es el 18%. Además, en Colombia, país fundamental en la producción internacional de café, ha habido problemas de producción por razón de clima y plagas y eso ha reducido los stocks mundiales y mejorado los precios, en contraste con lo que sucedía en años anteriores.

En el caso del azúcar el aumento de los precios internacionales no se debe a que la caña se esté destinando a la producción de etanol -combustible a base de caña de azúcar-, como se había previsto, sino a problemas climáticos en India y Brasil, países muy importantes en el comercio mundial del azúcar. Tuvieron pésimas cosechas y el precio se disparó. Los ingenios de azúcar nicaragüenses -el San Antonio de los Pellas en Chichigalpa y el Monterrosa del grupo guatemalteco Pantaleón- tienen ya plantas para producir etanol, pero esas plantas no se moverán en 2010 porque resulta más rentable exportar azúcar, por el buen precio internacional.

En los productos del ganado -carne, leche, queso, lácteos- la situación no es tan buena. En nuestros principales mercados para los productos del ganado -Estados Unidos, El Salvador y México- la crisis internacional sí ha disminuido el consumo de carne entre las clases medias y eso ha bajado los precios de la carne, que habían alcanzado precios récords en 2008, cuando tanto indios como chinos aumentaron su consumo al tener mejores ingresos.

Para la exportación de carne hay una esperanza con la apertura del mercado venezolano. Parte importante de la producción nacional de carne se está exportando ya a Venezuela. La crisis ganadera sería peor si no existiera esta nueva puerta, en momentos en que todo el sector ganadero, grandes, medianos y pequeños, enfrentan una crisis generalizada por falta de financiamiento y por sobreendeudamiento de los productores y comerciantes.

Recientemente se inauguró en Managua un nuevo call center y el Presidente Ortega inauguró una nueva inversión en maquila textil con capital mexicano. Llama la atención ver a Daniel Ortega inaugurando entusiasmado una maquila. ¿Hay esperanzas de que la maquila se reactive? La maquila floreció en Nicaragua al calor de la firma del CAFTA y de las posibilidades de exportar textiles al mercado americano. La reactivación de la maquila en Nicaragua dependerá de cómo se reactive la economía en Estados Unidos, en donde se mantienen niveles muy altos de desempleo y de endeudamiento en los hogares, con una drástica pérdida de la capacidad de consumo. No se ve cercano el cambio de esta situación. El gobierno anunció 7 mil nuevos puestos de trabajo en la maquila para 2010. Para valorar la importancia de esta cifra hay que recordar que en febrero de 1998 la maquila empleaba a 89 mil trabajadores y en febrero de 2010 sólo emplea a 72 mil. Con 7 mil empleos más no alcanzamos las cifras previas a la crisis.

Otro elemento clave para imaginar si la economía crecerá en estos dos años son las remesas. Antes de la crisis, los ingresos por remesas familiares crecían todos los años. En 2008 ya recibíamos más de 800 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad del total de nuestras exportaciones. Esta cantidad se redujo en torno a un 6% en 2009. Que las remesas se mantengan o crezcan también depende de si se reactiva o no la economía en Estados Unidos y de si se recupera o no la actividad económica en Costa Rica, los dos principales destinos de los emigrantes nicas. Las perspectivas en Estados Unidos son pesimistas porque las estimaciones oficiales prevén que los niveles de desempleo se mantendrán altos y, por eso, las oportunidades de trabajo para nuestros migrantes continuarán siendo muy limitadas. El pronóstico para Costa Rica es más favorable: esperan para 2010 una recuperación más vigorosa relativamente.

En 2009 lo que más se redujo no fueron las remesas Lo que más cayó fue la inversión privada, tanto internacional como nacional. Cayó en un 25%. ¿Hay posibilidades de que se recuperará tan importante caída? Al iniciar 2010 el gobierno ha puesto esperanzas en proyectos de generación de energía eléctrica. El mayor será el proyecto hidroeléctrico Tumarín con capital brasileño. También está previsto el inicio de otros proyectos de energía geotérmica e hidroeléctrica con participación de empresas internacionales. Estos proyectos de envergadura van a incrementar, obviamente, el nivel de inversión privada, pero en todo lo relativo a construcción, turismo, maquila, sector agropecuario, las posibilidades de recuperación son mucho menores.

El estancamiento en el sector de la construcción -que es muy dinámico para crear empleos-, tiene que ver con la pérdida de dinamismo de la economía nacional y con el deterioro del clima de inversión. Recientemente, el gobierno inició un programa de 40 millones de dólares para construir viviendas a través de créditos de los bancos privados. Pero ya comenzaron a aparecer los límites de ese programa. Los bancos ya especificaron que las familias que apliquen al programa debe tener un ingreso mensual de 1 mil dólares y, a la vez, tienen que tener un nivel de endeudamiento que no supere el 40% de sus ingresos mensuales. Con esas condiciones, mucha gente va a quedar fuera de los criterios de elegibilidad para el programa porque no tienen el nivel requerido de ingresos o porque ya están endeudadas. Con esas condiciones, es muy difícil pensar que ese programa reactivará el sector de la construcción. El programa gubernamental Casas para el Pueblo -financiado con dinero venezolano- va lento y no conocemos los recursos de los que dispone. Tampoco hay un programa masivo de mejoramiento de la vivienda popular, dando facilidades para que las familias mejoren las casas que ya tienen.

La reactivación del sector turístico, que también dinamiza el mercado nacional, depende de la recuperación que logren las economías desarrolladas y todas las señales apuntan a que será lenta. Actualmente existe una subutilización de las capacidades instaladas de la industria turística y es difícil pensar que habrá inversión en nueva infraestructura en estos dos años.

El gobierno tendría dos posibles salidas para mejorar el panorama. Si fuera capaz de negociar y de ponerse de acuerdo con los europeos se reactivaría la ayuda presupuestaria. Sin cortar los proyectos, lo que los europeos congelaron después del fraude electoral de 2008 fue la ayuda presupuestaria, precisamente la mejor ayuda que puede recibir el gobierno, porque es dinero que entra directamente a la caja del Ministerio de Hacienda para que el gobierno la distribuya según sus prioridades presupuestarias. Por esta vía, durante 2005-08 entraban en promedio anualmente al país 70-80 millones de dólares, de los cuales unos 50 millones eran donaciones provenientes de la Unión Europea y los países europeos.

Si el dinero que aportaban los europeos se recuperara, el gobierno tendría un margen importante para manejar mejor sus finanzas. Pero no hay señales de que el gobierno tenga voluntad de usar esta salida. Supone una rectificación en las reglas de juego electoral.

La otra salida estaría en modificar el uso de la cooperación venezolana. Según el Plan Nacional de Desarrollo, en 2008 ingresaron a Nicaragua casi 300 millones de dólares, derivados fundamentalmente de la factura petrolera que abastece Venezuela en condiciones muy favorables de crédito concesional. Sumando la ayuda venezolana a toda la otra cooperación externa, el gobierno de Ortega dispone anualmente de casi 900 millones de dólares de ayuda externa, más que la cooperación que recibió el gobierno de Bolaños.

Con estos recursos, el gobierno sandinista ha tenido y sigue teniendo una oportunidad excepcional para enfrentar el desafío histórico de contribuir significativamente a superar la pobreza de Nicaragua. Sin embargo, las prioridades del gobierno de Ortega han sido, hasta ahora, financiar con la ayuda venezolana las inversiones del grupo empresarial Albanisa y los gastos del aparato partidario.

El contraste entre esta actuación y la estrategia política seguida por los otros gobiernos de los países integrados al ALBA es muy agudo. Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia y Correa en Ecuador han construido sólidas mayorías electorales a partir de un sustancial aumento del gasto social y de la inversión pública.

¿Cambiará el gobierno de Ortega sus prioridades y su estrategia política en estos dos últimos anos? ¿O considerará que le basta el control cuasi-absoluto del aparato estatal y una oposición débil y fragmentada para reelegirse?

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