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  Número 336 | Marzo 2010
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Nicaragua

Derechos de la niñez: del papel a la realidad

El balance del gobierno de Daniel Ortega en los Derechos de Niños y Niñas es ambiguo. Por un lado, hay avances positivos en educación y en salud. Pero, aceptar, sin tocarla, la subordinación de la niñez y no reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos capaces de hacer uso de esos derechos por sí mismos, participando con sus propias opiniones, es un reflejo más del autoritarismo gubernamental.

Manfred Liebel

Han pasado veinte años desde aquel 20 de noviembre de 1989, en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con unanimidad la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Desde entonces, todos los niños y todas las niñas tienen reconocidos sus propios derechos: ser protegidos de la discriminación, de la explotación y del abuso, derecho a una educación y servicios de salud de calidad y gratuitos, a asociarse, a ser escuchados y a participar en todos los asuntos que les conciernen. También, el derecho de reclamar el cumplimiento de todos estos derechos, que distinguimos entre derechos de protección, de promoción y de participación.

La Convención de los Derechos del Niño es un tratado con carácter vinculante a nivel del Derecho Internacional. Compromete a los Estados signatarios a adaptar sus legislaciones y sus normas administrativas a las disposiciones de la Convención para garantizar los Derechos del Niño. La Convención ha intensificado el debate sobre estos derechos a nivel mundial, logrando la generación de iniciativas y la introducción de medidas legales que mejoraron la posición jurídica de niñas y niños. Asimismo, ha surgido una gran variedad de iniciativas para la propagación de la Convención, lo que ha contribuido a que también entre los mismos niños haya aumentado el interés y la conciencia de sus derechos. Pese a todo, existe una amplia brecha entre los derechos en el papel y su cumplimiento. También en Nicaragua.

1990: NICARAGUA RATIFICA LA CONVENCIÓN
Y FLORECEN LAS ONG

En Nicaragua, la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño coincidió en el tiempo con la derrota electoral del gobierno de la revolución sandinista en febrero de 1990. En abril de ese año, presidido por Violeta Chamorro, llegaba al poder un gobierno de tinte neoliberal, que no sólo optó por una política de desregulación económica -cuya consecuencia fue un veloz crecimiento de las desigualdades sociales- sino que, además, rehuyó en gran medida su responsabilidad con los grupos poblacionales en desventaja social y educativa. Para llenar los vacíos de la política social y enfrentar el notorio incremento de la pobreza, desde los años 90 nacieron en Nicaragua muchas ONG, casi siempre con apoyo internacional. Muchas enfocaron sus actividades en los niños, generando proyectos de ayuda, unos de orientación asistencialista, otros retomando el impulso de la CDN para convertirse en abogados defensores de los Derechos del Niño.

Bajo la influencia de las ONG con enfoque en los Derechos del Niño, la Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó la Convención en 1990. Posteriormente, surgieron gran cantidad de iniciativas con el objetivo de reconocer y poner en práctica esos Derechos. Para incrementar su poder, en 1992 varias ONG se federaron en la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI). Paralelamente, y con el apoyo de educadores de calle comprometidos con la niñez y algunas ONG, se conformó un movimiento autónomo: el Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATRAS).

Surgieron también otras muchas iniciativas. Todas luchaban por una mayor participación de los niños y, en algunos casos, por su auto-organización, por ejemplo, en proyectos de radio locales o siguiendo el enfoque niño a niño como promotores de proyectos de salud preventiva. En algunos municipios se crearon los Consejos Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes que, si bien no tenían competencia de decisión, lograron presionar de tal manera que en ocasiones fueron consultados sobre algunos temas.

MUCHAS NUEVAS LEYES
PERO SIN PLANES NI PRESUPUESTO

En 1998, tras un largo proceso consultivo en el que hubo participación de niñas y niños, la Asamblea Nacional promulgó el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que cumplía en gran parte con los lineamientos de la CDN. Posteriormente, se promulgaron otras leyes relacionadas con los Derechos del Niño. Las más importantes, la Ley General de Educación (2005), la reforma de la Ley de Adopción (2007), la Ley de Paternidad y Maternidad Responsable (2007) y también el nuevo Código Penal (2008), que estipula sanciones para delitos contra la integridad física y sexual de niñas, niños y adolescentes.

La CODENI viene reclamando un nuevo Código de Familia -el código actualmente vigente data de 1904- y una nueva Ley de Registro Civil, que permita facilitar el proceso de inscripción ciudadana para adecuarlo al actual contexto sociocultural y jurídico y para que contribuya a eliminar las barreras que impiden a miles de niñas, niños y adolescentes nicaragüenses el pleno ejercicio del derecho a un nombre y a una nacionalidad. Un 30% de los niños nicaragüenses no cuenta con registro oficial ni con documentos de identidad.

Para impulsar la implementación del nuevo Código se creó en el año 2000 el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), con participación de delegados y delegadas de grupos infantiles y juveniles. En el mismo año, la Asamblea Nacional creó la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. Finalmente, en 2005 los Derechos del Niño fueron incorporados a la Constitución Política de Nicaragua.

Todo esto demuestra que hasta el comienzo del segundo gobierno de Daniel Ortega en enero de 2007 existía una gran cantidad de iniciativas prácticas y también de ajustes legislativos e institucionales que contribuían -mejor dicho, que hubieran podido contribuir- al fomento y a la puesta en práctica de los Derechos del Niño.

Lamentablemente, todas estas leyes se quedaron sin planes de acción y sin presupuestos concretos y no pudieron impedir -incluso encubrieron- la realidad: desde los años 90 los derechos de niños y niñas fueron violados permanentemente y de forma masiva. Porque la política económica y financiera neoliberal se ajustó a los intereses de las élites adineradas, provocando más pobreza y empeorando aún más las condiciones de vida y de desarrollo de la mayoría de la niñez. La privatización del sistema educativo y también la del sistema de salud comprometieron seriamente el futuro de los niños y niñas en situaciones más difíciles.

2007: LA HERENCIA QUE RECIBIÓ
EL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA

A todo esto hay que sumar el hecho de que, hasta hoy, la población tiene muy poco conocimiento de los Derechos del Niño. Es más, muchas personas los rechazan como “algo importado desde fuera” que socava los derechos de los padres de familia y de otras autoridades y que provoca no sólo la falta de disciplina, también la delincuencia.

En su informe de 2009, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) critica que hasta los diputados a la Asamblea Nacional no demuestran ni el más mínimo interés en tomar en serio y seguir desarrollando el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia. Hasta la llegada de Ortega al gobierno el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos -entidad estatal- recibía apenas entre el 0.09% y el 0.17% del presupuesto nacional, dependiendo casi totalmente de donaciones internacionales, lo que ilustra claramente el poco aprecio que el Estado nicaragüense tiene por sus propias instituciones.

En esta situación, el gobierno de Daniel Ortega heredó muchos problemas de los tres gobiernos que le antecedieron. Pero también recibió como herencia una sociedad civil muy activa y creativa, que desde los años 90 se había venido enfrentando con las consecuencias de las políticas neoliberales y había acumulado mucha experiencia en el desarrollo de variadas iniciativas para implementar los Derechos del Niño.

POGRAMA AMOR:
¿SÓLO BUENOS DESEOS?

Nicaragua es uno de los países con la mayor proporción de población infantil en todo el mundo. En 2008, el 50.6% de la población (2 millones 900 mil personas) tenía menos de 19 años. Cada mujer tiene en promedio 3.2 hijos. En el área rural, 4.4 y en la urbana, 2.6. El crecimiento demográfico anual es del 2.6%. En ese mismo año, el 56.7% de toda la población infantil vivía en condiciones de pobreza (24%) o de extrema pobreza (32.7%). El 27% sufría de desnutrición crónica. Tan sólo el 9% de niños y niñas vivía en condiciones satisfactorias.

El Presidente Ortega asumió como dos de las tareas más importantes de su gobierno la lucha contra la pobreza y el garantizar la seguridad alimentaria. Para cumplirlas ha lanzado varios programas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012, siendo uno de los más importantes -aunque no se dirige directamente a la niñez- el Programa Hambre Cero, dirigido a la población rural para mejorar, prioritariamente la situación y la posición social de las mujeres.

Entre los programas gubernamentales, el Programa Amor es el que apunta directamente a la población infantil. Su objetivo es apoyar a familias pobres del área urbana con hijos trabajando en la calle para aportar al presupuesto de la familia. Este programa fue lanzado con bombos y platillos por la Primera Dama Rosario Murillo en 2007 y lo desarrolla el Ministerio de la Familia. Una de sus metas fundamentales es que las madres tengan un “trabajo digno” con un ingreso suficiente. También pretende reactivar los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), creados en los años 80 y descuidados totalmente por los tres gobiernos siguientes. Estos centros deben garantizar atención profesional a los niños mientras sus madres trabajan. Una de las metas del programa es conseguir que unos 20 mil niños, niñas y adolescentes sean atendidos por una red de 200 centros diurnos en espacios comunitarios en las cabeceras departamentales. Además, estaba previsto capacitar a 12 mil jóvenes, organizados en brigadas, para apoyar a estos niños y niñas en sus tareas escolares, en juegos, deportes y actividades culturales. Pero esto no se ha cumplido porque no se le asignaron al programa los recursos necesarios.

CRIMINALIZANDO EL TRABAJO INFANTIL

Según una encuesta del CENIDH, las madres afectadas asocian el Programa Amor con las redadas que se hacen en los semáforos. La respuesta más común fue: “Aquí nadie ha venido, los gobiernos sólo prometen y no cumplen, los políticos sólo son mentiras”. Las madres entrevistadas señalaron que lo único que veían era, de vez en cuando, a algún funcionario del Ministerio de Familia que llegaba acompañado de la policía. De hecho, a fines de 2008, hubo varias redadas policiales en las que participaban funcionarios del Ministerio. “Nos pasan amenazando diciendo que nos van a quitar los chavalos o dicen que no quieren ver chavalas en los semáforos pidiendo, pero no hacen nada para que nuestros hijos no tengan que estar asoleándose o aguantando lluvia, limpiando carros y pidiendo para un pedazo de pan”.

Para el CENIDH, el programa no hace nada para dignificar las condiciones de vida de los niños, sino que es una forma de “criminalizar” la pobreza y el trabajo infantil. Hasta ahora, el gobierno no ha entablado ningún tipo de cooperación con todas las ONG que desde los años 90 están trabajando con niños y niñas de la calle y los que, sin duda, han acumulado mucha experiencia.

Este programa recuerda el Plan Semáforo, pregonado -con los mismos bombos y platillos- por Arnoldo Alemán en 1996, al iniciar su mandato. Aquella supuesta lucha contra la pobreza constituía en hacer desaparecer temporalmente a los niños y niñas pobres de la vista del público. Viví aquella situación: con el apoyo del movimiento NATRAS, los niños que trabajaban en los semáforos reclamaron entonces: Lo que queremos es que la policía nos proteja de automovilistas agresivos y que la alcaldía haga más anchas las franjas entre los carriles de las avenidas para que los autos no nos pisen los pies. También queremos que pongan sombrillas para protegernos del sol y para poder descansar.

ORTEGA REPITE LA MISMA POLÍTICA

Según estadísticas oficiales, en 2008 más de 600 mil niñas y niñas menores de 15 años, aproximadamente el 23% de la población de estas edades, trabajaban para aportar al presupuesto de su familia. Una cifra incierta, pero sin duda alta. Muchos de estos niños trabajan en condiciones de explotación, ponen en riesgo su salud y también su escolaridad. Muchos se “inventan” algún trabajo -llenar baches en las carreteras, cuidar autos, etc.-, porque ellos y sus familias necesitan ingresos y no quieren pedir limosna.

La política del gobierno de Daniel Ortega ante el trabajo infantil es la misma que la de sus antecesores: trata de controlar el problema prohibiendo el trabajo de niños y niñas, sin escuchar la opinión de los niños. El gobierno no trata a los niños como sujetos de derechos ni toma en consideración posibles alternativas: crear fuentes de ingresos legales y dignas, mejorar las condiciones del trabajo que realizan o promocionar iniciativas de economía solidaria, como existen en Venezuela y Bolivia.

Tampoco la política educativa retoma la problemática de los niños trabajadores, mucho menos su experiencia, muy a pesar de que existen estudios científicos bien fundamentados al respecto, en los que incluso ha participado el actual Ministro de Educación, Miguel de Castilla, cuando fue docente en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua. Uno de estos estudios, de Rafael Lucio Gil, en 2002, se refiere a la reorganización del sistema educativo en las regiones rurales, donde casi el 100% de los niños ayuda a sus familias en el campo y en el hogar y señala lo siguiente: Cuando los niños aprenden haciendo cosas útiles, se sienten creadores, no sólo de conocimientos, sino de objetos y medios¬ que pueden contribuir a cambiar su calidad de vida y se convierten en maestros y maestras en sus hogares y en la comunidad.

Una de las consecuencias de la creciente pobreza nicaragüense es la migración masiva. El gobierno de Daniel Ortega tampoco ofrece enfoques nuevos ante esta problemática. Aproximadamente el 10% de los nicaragüenses vive en el exterior por necesidad económica. Hasta el año 2008, 875 mil personas abandonaron el país para buscar trabajo, mayormente en Costa Rica. La vida de los niños y niñas que quedan en Nicaragua -se los llama “huérfanos de la migración”- experimenta cambios drásticos, son deficientemente atendidos y se ven expuestos a muchos riesgos. A nadie parece interesarle la vida que llevan estos niños y los problemas que enfrentan. Todo el mundo apuesta al dinero que envían los migrantes, pues para muchas familias las remesas son la única fuente de ingresos.

AVANCES CON LA GRATUIDAD
EN LAS ESCUELAS

Una de las primeras medidas del gobierno de Daniel Ortega fue re-introducir vía decreto presidencial la gratuidad en la enseñanza primaria y secundaria, un principio constitucional. La paulatina privatización del sistema educativo y de salud fue uno de los grandes problemas que le dejaron en herencia los gobiernos anteriores. A sugerencia del Banco Mundial, introdujeron el cobro de matrícula a nombre de la “autonomía escolar” y otros cobros: aportes “voluntarios” de los padres de familia. Esto incrementó los índices de abandono escolar y de niños no escolarizados.

A pesar del cambio decretado por el nuevo gobierno del FSLN, los desafíos en materia de educación escolar son enormes. El 40% de la población (2 millones 350 mil personas) se encuentra en edad escolar, lo que significa que anualmente debe haber plazas en las escuelas para uno de cada diez nicaragüenses. Gracias a la gratuidad escolar, en 2008 se logró integrar a 1 millón 600 mil niñas y niños al sistema escolar público o privado. 100 mil se escolarizaban por primera vez, 7% más que en 2007. Pese a todo, ese año 500 mil niños quedaron al margen del sistema escolar, especialmente en las regiones rurales y en las familias que viven en extrema pobreza. En comparación, de 2003 a 2006, más del 36% de los niños entre 3-18 años no se escolarizaron y entre el 12% y el 20% de los alumnos abandonaron la escuela prematuramente. En 2007 la cifra bajó al 8% y en 2008 al 6%. Es necesario señalar que, hoy como antes, los hijos e hijas de las minorías indígenas y afroamericanas de la Costa Caribe ven considerablemente restringido su derecho a la educación. El 25% no va a la escuela y la implementación de los programas de educación bilingüe que existen desde hace muchos años es muy deficiente.

Otro aspecto que ha contribuido a los buenos resultados fueron la introducción del almuerzo escolar y la dotación gratuita de mochilas y cuadernos, sobre todo en las escuelas primarias, aunque muchas veces el gobierno los entrega como un acto de beneficencia. Se flexibilizó también la obligación del uniforme escolar y en algunos casos, hubo dotación de uniformes.

LO QUE FALTA, LO QUE SE PERDIÓ

Resulta especialmente grave que en las escuelas los altos índices de violencia contra niños y niñas sigan siendo candentes. Los docentes utilizan diversos métodos de castigo para mantener la disciplina. Entre los que mencionaron los estudiantes están los “reglazos” en cualquier parte del cuerpo, jaladas de orejas, arrodillarlos frente a la pizarra, ponerlos en un rincón o de pie en medio del aula como “floreros” o bajo el sol durante largas horas. En ocasiones los dejan sin receso, quitándoles el derecho a recrearse o no los dejan ir al baño. Una encuesta realizada en el año 2006 en 85 centros escolares reveló que en todos los niños sufrían golpes y humillaciones.

Aunque muchas cosas han mejorado, las escuelas siguen estando muy mal equipadas. Desde que Daniel Ortega asumió el poder ha habido reducciones del presupuesto para la educación en tres ocasiones, como consecuencia de la crisis económica mundial y por los recortes de la cooperación internacional tras el fraude en las elecciones municipales de 2008.

A mediados de 2008 concluyó la reforma curricular y la introducción de nuevos textos escolares. Ahora, los planes curriculares son más exigentes, pero no mucho más coherentes con la vida real de los niños ni con sus condiciones y necesidades específicas. Al menos, se ha previsto que desde 2009 se introduzcan el estudio de una segunda lengua, la asignatura de computación y la enseñanza de algunos oficios.

La política educativa está todavía muy lejana de los programas que hubo en la época de la revolución a principios de los años 80 -por ejemplo, el proyecto Escuela Rural Educación-Trabajo-, y que fueron abandonados a consecuencia de la guerra y del boicot comercial impuestos por Estados Unidos. En este proyecto se integraba a la currícula en las escuelas primarias rurales el trabajo agrícola, de tal forma que la autonomía de niños y niñas era muy importante en el proceso de aprendizaje. La idea fue crear una relación dinámica entre la escuela y la comunidad para así integrar a los alumnos a tareas útiles para la sociedad, con las que contribuyeran al desarrollo de la comunidad. Los niños podían llevar los productos que cosechaban a la casa o los vendían a precio de costo en la misma comunidad. También los saboreaban padres y madres en las escuelas. Este concepto ayudó a mejorar sustancialmente la precaria situación alimentaria en muchas comunidades y mejoró el aprendizaje de los niños.

AVANCES EN SALUD PÚBLICA,
PERO INCREMENTO DE LA VIOLENCIA

También en salud preventiva el gobierno ha realizado grandes esfuerzos. Inmediatamente después de su inicio, re-introdujo la atención gratuita en los hospitales públicos y en tres años ha creado, remodelado o re-equipado muchos centros de salud en el área rural. Hasta qué punto se benefician niños y niñas de esto todavía no es posible decirlo. Es un hecho que aún no se toca en la atención sanitaria la estructura de clases sociales -medicina de primera y de segunda clase- al igual que el gobierno no toca ni altera la desigual distribución de la tierra y la propiedad. Esto significa que los medicamentos y los seguros médicos siguen fuera del alcance de mucha gente.

Otro enorme problema con consecuencias de salud pública es la violencia contra niñas y niños, en especial la violencia sexual contra las niñas. El 95% de los casos de abuso sexual ocurre en la familia. El Fondo de Población de la ONU estima que en 2008, 1 mil 400 niñas menores de 13 años quedaron embarazadas a consecuencia de una violación, sobre todo en el área rural. En un estudio de la ONG Save the Children, el 54% de niños y niñas entrevistados manifestó haber sufrido actos de violencia al interior de su familia por lo menos una vez y el 14% señaló haber sido víctima de abuso sexual, realidad que es consecuencia del machismo que en Nicaragua denomina las relaciones de género y del autoritarismo de los mayores hacia los niños.

Tomando en cuenta este contexto, la abolición del derecho al aborto terapéutico es fatal. El FSLN participó activamente en conseguir la penalización del aborto terapéutico para asegurarse el apoyo de la iglesia católica en las elecciones de 2006.

Para contrarrestar la violencia cotidiana sería necesaria una revolución cultural que modifique las relaciones entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres, en el sentido del respeto mutuo y del reconocimiento de la diversidad y de los derechos de todos. Y aunque con la revolución hubo algunos, y muy humildes, intentos de arranque, el autoritarismo del actual gobierno y el irrespeto de los derechos civiles ciudadanos han terminado por socavarlos y anularlos.

LA PROSTITUCIÓN INFANTIL

La mirada del gobierno de Daniel Ortega se enfoca más que todo en la así llamada prostitución infantil, realidad que se condena de manera explícita. Pero la prostitución infantil no es solamente obra de bandas criminales que ganan mucho con la trata y el tráfico de personas, como lo señaló Norma Moreno, Procuradora Especial de la Niñez y Adolescencia: Muchas niñas ‘desaparecen’ para luego aparecer en burdeles ilegales.

La prostitución es, en primer lugar y ante todo, fruto de la pobreza y de la búsqueda de fuentes de ingresos “alternativas”. Conjuntamente con las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional -instancia creada gracias a las presiones del movimiento de mujeres-, la Procuraduría lleva adelante una lucha explícita contra el tráfico y la explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero las actividades se limitan prioritariamente a campañas públicas para provocar escándalo ante esta realidad y para exigir mayor persecución policial. No existen estrategias de protección a la niñez, que apunten de manera directa a la concientización y el fortalecimiento de niñas, niños y adolescentes afectados.

¿Y LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN?

¿Y los derechos de participación de los niños? El gobierno de Daniel Ortega no cuenta con una política proactiva. Al presentar el Cuarto Informe Sobre la Situación de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Nicaragua ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en este documento de 106 páginas los derechos de participación no ocupan ni siquiera una página entera. El informe sólo hace referencia a las leyes existentes y dice que en el sistema educativo se respetan los valores culturales, artísticos, religiosos e históricos propios del contexto social de la niña, niño y adolescente.

A principios de los años 80, con el triunfo de la revolución sandinista, y posteriormente en los años 90, surgieron diferentes enfoques desde la sociedad civil para fomentar la participación y la autogestión de los niños. Algunos nacieron de los conceptos de la educación popular, otros de la educación de calle, pero ninguno fue retomado. Hoy los Consejos Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes prácticamente han desaparecido. Y en 2007, sin decir una palabra, el gobierno disolvió el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA) creado por ley el año 2000.

El gobierno de Daniel Ortega habla mucho de la “democracia directa” y se jacta de fomentar el “poder ciudadano”. En los hechos, su autoritarismo restringe los derechos de libertad de la población, lo que quita toda credibilidad a sus declaraciones. El gobierno no toma en serio los movimientos y las iniciativas de niñas, niños y adolescentes, ni mucho menos los fomenta, a no ser que los pueda manipular a favor de sus propios intereses, como ya ha ocurrido, y más de una vez, con las así llamadas pandillas juveniles: en algunos momentos las ha dotado de armas usándolas para reprimir manifestaciones de la oposición, presentándolas después como “vanguardia revolucionaria”. Aniquila así los esfuerzos de largos años de trabajo de muchas ONG y también de la Policía, que han tratado de buscar conjuntamente con los integrantes de estas pandillas soluciones pacíficas y no violentas a sus problemas.

UN PRIMER BALANCE

El balance del gobierno de Daniel Ortega en los Derechos del Niño es ambiguo. Por un lado, ha reconocido que la pobreza -tácitamente tolerada y hasta provocada por las políticas de los tres gobiernos anteriores- es un grave y central problema y ha tomado en serio los derechos a la educación y a la salud, fomentándolos con medidas concretas y positivas, aunque a menudo anuladas por prácticas de clientelismo, de represión, de violación de derechos humanos y de propaganda misógina.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, las primeras en respetarlos deben ser las entidades estatales y esto supone un sistema judicial autónomo e independiente. En Nicaragua, hasta el momento, son muy incipientes los pasos para crear esta condición, y los pocos intentos que hay se ven aniquilados de inmediato por la omnipresente corrupción.

En vez de fomentar una conciencia crítica y de apostar a la emancipación de niños, niñas y adolescentes, el gobierno de Daniel Ortega lo que hace es repartir regalos y crear nuevas dependencias. Aceptar y tolerar, sin tocarla, la subordinación de la niñez y el menosprecio de sus opiniones es otro reflejo del autoritarismo del actual gobierno. No se reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos que pueden hacer uso de esos derechos por sí mismos. Para el gobierno de Ortega, los Derechos del Niño no tienen prioridad, a no ser en un sentido propagandístico e instrumentalizador. La comprensión de los Derechos del Niño -si es que hay alguna- se limita a una interpretación paternalista.

SOCIÓLOGO Y EDUCADOR. ASESOR DE LOS MOVIMIENTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA.

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