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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 293 | Agosto 2006
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México

Elecciones 2006: esto no es democracia

La pequeña diferencia entre Calderón y López Obrador ¿fue real o fue producto de manipulación y fraude? Sea lo que sea, los poderes fácticos, enemigos de la democracia, impusieron su voluntad. Las elecciones fueron inequitativas y las manejó un organismo electoral parcializado.

Jorge Alonso

Las elecciones presidenciales del 2 de julio en México revelaron un desastre democrático. Con las elecciones de hace seis años se pensó que México había ingresado a la era de la democracia. Fue una ilusión. Durante su campaña, el candidato del PAN Vicente Fox calculó que no podría vencer en las urnas por las buenas al PRI, el vetusto partido de Estado. Entonces, hizo compromisos ocultos con representantes del poder del dinero. Fincado en un ilegal financiamiento que posteriormente descubrió el organismo electoral, ganó hace seis años, consiguiendo lo que se llamó “la alternancia”: sacar de la Presidencia de la República al PRI.

Lo ocurrido se interpretó como un triunfo democrático, y hubo muchas esperanzas de que realmente habría un cambio en esa dirección. No obstante, había apetito de poder, pero no intenciones democráticas. Pronto, el nuevo gobernante hizo alianzas con el viejo corporativismo priísta y traicionó sus compromisos de impulsar la democracia sindical. La estructura autoritaria y antidemocrática del viejo régimen, que no fue desmantelada, le pareció más cómoda para gobernar.

FOX LO PREPARÓ TODO
DESDE LA PRESIDENCIA

Ya en la Presidencia, Fox se convenció de que el fin justificaba cualquier medio. Desde la Presidencia hizo todo lo necesario para congraciarse con otro de los poderes fácticos: el de los medios de comunicación electrónicos. Maniobró para que se les dieran concesiones, y para que se aprobara una ley de radio y televisión que beneficiaba a los medios poderosos, relegaba el papel social de los medios para privilegiarlos como negocio, y dejó en la indefensión a las radios comunitarias e indígenas.

Desde la Presidencia, Fox preparó también el escenario de las elecciones de 2006. Primero, de manera ntidemocrática, intentó impedir que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fuera candidato, mediante una descarada maniobra política -el desafuero- que no prosperó. Posteriormente se comprometió con los poderes fácticos a que no lo dejaría llegar a la Presidencia. Utilizó el poder presidencial y sus recursos para cumplir ese compromiso. Aumentó desmedidamente el gasto en publicidad para apoyar al candidato de su partido, el PAN, y para atacar a López Obrador, candidato de una coalición de izquierda entre el PRD, el PT y Convergencia, que adoptó el nombre “Por el bien de todos”, y que impulsó la consigna “Primero los pobres”.

ELBA ESTHER GORDILLO
CUMPLIÓ TRES TAREAS CLAVE

El Presidente de la República y su partido hicieron también una alianza con la vitalicia dirigente del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, quien cumplió tres tareas importantes. Desde la Secretaría General del PRI intervino activamente para la renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) a finales de 2003. La dirección del organismo electoral está conformada por nueve consejeros. Elba Esther Gordillo nombró a cinco y dejó al PAN poner a cuatro. El PRD quedó excluido en las decisiones de la configuración de esta importante pieza en el tablero de las elecciones. Así, además de una descarada partidización, se atentó contra el consenso de los participantes en el juego electoral.

La segunda tarea de Gordillo fue propiciar la desunión en el PRI. Fundó un nuevo partido que obtuvo su registro electoral impulsado por cuadros de la dirigencia del sindicato magisterial. Desde el nuevo partido, trabajó a gobernadores priístas para que no apoyaran al candidato de su partido, sino al del PAN. La tercera tarea de esta mujer fue derivar votos de su nuevo partido hacia el candidato presidencial panista. El partido magisterial se ha distinguido por sus prácticas antidemocráticas y sus maniobras en los procesos electorales.

ASESORES, CAMPAÑA SUCIA
Y PROGRAMAS SOCIALES

El PRI, que había tenido una importante recuperación electoral en los comicios federales intermedios de 2003, sufrió en este 2006 un estrepitoso fracaso y pasó al tercer lugar, tanto en las cifras de la elección presidencial como en las de legisladores. Sus fuertes divisiones internas y la imposición de candidaturas fueron las causas de su descalabro.

Pese a todo el apoyo de una campaña desmedida e ilegal del Presidente Fox, el candidato del PAN, Felipe Calderón, no remontaba la campaña al iniciarla.El PAN contrató asesores españoles, y privilegió una campaña fascista de mentiras y calumnias en contra del candidato puntero en las encuestas, López Obrador. El meollo de esta guerra sucia fue acusarlo de ser un populista que traería sólo males a los ciudadanos. Anuncios televisivos y radiofónicos promovían miedo al cambio y odio hacia el candidato de la izquierda. En esos anuncios se repetía incansablemente que López Obrador era “un peligro” para México. Además, fue incorporada como directora de la campaña panista la que había estado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, quien llegó a esta tarea para manipular a favor del PAN toda la información y los nexos de los programas sociales.

LÓPEZ OBRADOR: A LA DEFENSIVA

El candidato de la izquierda, confiado en que la guerra sucia sería castigada por los electores y que lo que lo mantenía al frente de las preferencias era una campaña directa con la gente a ras de tierra y no en los medios, empezó a sentir los efectos de la campaña sucia en su contra y fue declinando en las encuestas. Tuvo entonces que responder a esa campaña y recurrió a hablar desde los medios. Mientras, el PRD solicitó inútilmente al organismo electoral que actuara como un árbitro justo, que detuviera la guerra sucia y marcara un alto al ilegal proselitismo de Fox.

Durante su campaña, López Obrador delineaba por una parte sus propuestas -combatir la corrupción, reducir los gastos del gobierno, terminar con los privilegios fiscales, aumentar la productividad, insistiendo siempre que “por el bien de todos” primero se debía atender a los pobres- y por otro, tenía que estar permanentemente a la defensiva. Criticó siempre que el candidato del PAN estuviera siendo apoyado con recursos públicos, y que la iniciativa privada subsidiara la campaña panista.

A mediados de abril, la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social tuvo que reconocer los resultados de estudios realizados por académicos, según los cuales el 10% de los 44 millones de beneficiarios de las obras sociales públicas eran susceptibles de manipulación electoral. El estudio apuntaba que hasta 4 millones de personas podían cambiar su voto por promesas de ser incluidos en un padrón de beneficiarios. El PNUD advirtió también que diversos programas sociales federales eran susceptibles de ser manipulados política o electoralmente.

EN NOMBRE DE LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN

También a mediados de abril, se mostró que existía división al interior del IFE ante la intensa guerra sucia electoral. Mientras algunos pensaban que era su obligación detener este tipo de publicidad, la mayoría se pronunció por no intervenir. Los mensajes de miedo y odio proliferaban no sólo en las televisoras, sino en correos electrónicos y en mensajes en teléfonos celulares. De esta guerra, quienes más beneficios económicos obtenían eran los oligopolios de los medios, que acaparaban el derroche de dinero que empleaba la guerra.

El argumento del IFE para no detener la guerra sucia era el respeto a la libertad de expresión. No obstante, un académico promotor del pensamiento de Norberto Bobbio, precisó que el artículo constitucional que defiende la libertad de expresión también le establece límites.

Un ex-consejero electoral apuntó que el organismo electoral había renunciado a su capacidad regulatoria y había infringido la legislación y el sentido último de su tarea, consistente en asegurar a la sociedad comicios que sirvan,
no sólo para la integración de los poderes a través del voto libre en una contienda equitativa, sino que sean un factor
y un espacio de concordia. Otro especialista en medios de comunicación recordó que la ley obligaba a los partidos políticos a abstenerse de cualquier expresión que implicara calumnia, infamia, injuria, diatriba, difamación o que denigrara a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos y sus candidatos. Al no detener la guerra sucia, el organismo electoral mostraba una parcialidad en aumento en perjuicio de la calidad del proceso electoral.

El PRD tuvo que acudir al Tribunal Electoral y casi a finales de mayo, el IFE determinó que era ofensivo y falso aseverar -como lo hacían los spots panistas- que López Obrador era “un peligro para México”. El PRD alabó la medida, pero lamentó su tardanza. No obstante, los asesores extranjeros del PAN encontraron formas para proseguir con su guerra sucia. Yendo contra los principios éticos de sus fundadores, el PAN se ufanó de que la guerra sucia le producía muy buenos dividendos políticos.

¿“MANOS LIMPIAS”?

Hubo dos debates entre los candidatos. Al primero no acudió López Obrador, y sus contrincantes aprovecharon su ausencia para decir que tenía miedo y que irrespetaba a los ciudadanos. En el segundo, cuando Calderón, del PAN, atacó a López Obrador, éste le respondió con el caso del cuñado de Calderón, que no había pagado impuestos de lo que había ganado en su empresa, según se podía deducir de la información encontrada en una página de Internet. Aunque el PAN respondió que Calderón no le había dado contratos, el cuñado reconoció ante la televisión que sí había recibido de él contratos por varios millones de pesos cuando había estado al frente de la Secretaría de Energía. La campaña del panista se había centrado en el lema “Manos limpias”.

Las revelaciones hechas por el PRD permitieron descubrir una amplia red de tráfico de influencias, y fundamentaron las acusaciones de que este personaje había tenido que ver con el padrón de beneficiarios de los programas sociales y con el padrón electoral. El PRD también denunció desvíos hacia la campaña de Calderón de un programa de vivienda rural. Con sesgo panista también se entregaban recursos de apoyo a adultos mayores.

LÓPEZ OBRADOR:
“UN PELIGRO PARA MÉXICO”

A mediados de junio apareció la noticia de que había empresarios coaccionando el voto de sus empleados a favor del PAN con amenazas de pérdida de empleo. También varios clérigos realizaban proselitismo a favor del PAN. En los últimos días de la campaña, el Consejo Coordinador Empresarial se sumó a la guerra sucia panista. Adujo que seis consejeros electorales estaban de acuerdo en que podían hacer esta campaña, aunque la ley sólo permite propaganda electoral a los partidos políticos.

López Obrador explicaba que sus medidas para favorecer a quienes menos tienen -con mecanismos para que obtengan más ingresos y paguen menos en los energéticos- no implicaban deuda, sino recortes a los grandes gastos de la burocracia estatal y reducción de privilegios fiscales a los que más tienen. El PAN insistía en sus anuncios: si López Obrador llegaba a la Presidencia endeudaría al país y provocaría graves quebrantos económicos. Pese a que Calderón acusó durante toda la campaña a López Obrador de populista, en el último tramo el candidato panista también prometió recortes a los pagos de gas y luz para beneficiar a los más pobres y López Obrador aplaudió que Calderón respaldara políticas que antes había fustigado como populistas.

UNA JORNADA TRANQUILA
Y UNA NOCHE DE GRAN TENSIÓN

Después de tanta tensión, la jornada electoral transcurrió pacíficamente. No obstante, se tuvieron que incorporar como funcionarios emergentes de casilla 18,702 personas y así, un 3.5% participó sin ninguna capacitación. En el Distrito Federal, personas mayores de 60 años -que se inclinaban por López Obrador por sus programas para los ciudadanos de esta edad- denunciaron que habían sido eliminados del padrón electoral y no habían podido votar.

En la noche de los comicios, el conflicto se volvió a instalar con más fuerza. Las televisoras anunciaron que por lo cerrado de la contienda no se podían dar resultados de las encuestas de salida, las que se hacen “a boca de urna”. Casi a la medianoche, el Presidente del IFE dio a conocer que la base de datos para su conteo rápido no daba una tendencia clara y que esto impedía anunciar quién iba adelante. Segundos después, el Presidente Fox pronunció un Mensaje a la Nación en el que exhortaba a confiar en el Instituto Federal Electoral.

Tanto Calderón como López Obrador se declararon ganadores. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había invitado a personalidades con reconocimiento a que se integraran a un llamado “cuarto de paz”, que solicitó a los partidos y a los ciudadanos esperar el conteo oficial de votos y la declaración oficial del Tribunal Electoral. También llamaba a buscar un diálogo democrático nacional.

INCONSISTENCIAS Y SOSPECHAS

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arrancó con una ventaja para Calderón. En ningún momento dejó de tenerla. El PRD denunció que esto no era explicable en una contienda muy cerrada, y que indicaba que los resultados estaban siendo manipulados. La distancia final que arrojó este programa fue de más de un punto porcentual a favor del candidato panista. López Obrador denunció que los datos no cuadraban, al faltarle al programa unos 3 millones de votos. Entonces, el IFE reconoció que existía un archivo de inconsistencias. El PRD respondió que el IFE no había dicho que los datos dados a conocer por ese programa correspondían sólo a un 90% de las casillas y no al 98.5%, como aparecía en la página oficial. Revisado el archivo de inconsistencias resultó que en ese paquete López Obrador tenía más votos que Calderón, por lo que al ajustar las cuentas la ventaja del panista se redujo a un 0.6%. El mal manejo del programa por parte del organismo electoral se prestó a un cúmulo de sospechas.

El candidato del partido formado por la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo llamó a admitir el triunfo “irreversible” de Calderón y el candidato priísta aceptó su derrota, dándole un aval implícito a Calderón. Se trataba de una derrota histórica del PRI, que no había ganado en ningún Estado, ni siquiera en los que tenían gobernador priísta.

¿FRAUDE CIBERNÉTICO?
¿ROBO HORMIGA?

El lunes y el martes después de la elección, el PAN, apoyado por dirigentes empresariales presionaba para que el organismo electoral declarara ganador a Calderón con base en el PREP. Pero desde grupos académicos surgía la duda de que se hubiera producido un fraude cibernético. El PRD denunció lo que llamó un “robo hormiga”. Mientras en Estados donde ganó Calderón, los votos por Presidente eran mayores a los de senadores, en varios Estados donde ganó López Obrador había más votos por senadores que por Presidente, lo que no tenía explicación.

En ocasiones anteriores, el PAN siempre presentaba sus actas. Pero en los primeros días después de los comicios apeló al PREP y a encuestas de salida para argumentar que había ganado. Hasta el miércoles en la mañana,
cuando habían iniciado los recuentos en los distritos, Calderón anunció que tenía el 100% de las actas, donde sumaba la cantidad de 14 millones 870 mil 170 votos.

Muchos mandatarios internacionales, desconociendo que el proceso no había terminado y que la última palabra la tenía el Tribunal Electoral, empezaron a felicitar a Calderón. Relaciones Exteriores no aclaró lo que estaba ocurriendo y el PRD tuvo que intervenir.

El Subcomandante Marcos expresó que, aunque “la Otra Campaña” no estaba en la onda electoral, veían que arriba estaban haciendo un fraude sofisticado. La Otra Campaña rechazó el resultado fraudulento de la elección presidencial. Los analistas señalaban que lo ocurrido se resumía así: comicios inequitativos manejados por un organismo electoral que no había sido imparcial. Se estaba consolidando una videocracia.

UN RECUENTO VOTO POR VOTO

Desde el principio, el PRD, apelando a la futura tranquilidad del país, exigió que se hiciera un recuento voto por voto. Para el recuento oficial de los votos, el PAN y el IFE no aceptaron que se abrieran todos los paquetes, aduciendo que la ley decía cuáles eran los casos en que esto se podía hacer. Y sólo se abrieron los paquetes correspondientes al 2% de las casillas. En ellos aparecieron indicios de errores, entre ellos votos por López Obrador anulados ilegalmente.

El organismo electoral tenía prisa. El conteo duró un día menos que en el año 2000. Los resultados arrojaron que Calderón había obtenido 15 millones 284 votos, con lo que superaba en un 0.5% a López Obrador, 130 mil 114 votos más que los que el mismo Calderón había aducido que tenía, basándose en actas. El PRD denunció entonces la existencia de un gran fraude electoral y lamentó que el Presidente del IFE hubiera anunciado un ganador, cuando esto
le correspondía al Tribunal Electoral. López Obrador declaró que demostraría que él era el ganador de las elecciones
y no Calderón.

El siguiente paso era demandar al Tribunal que abriera los paquetes y recontara voto por voto. El PAN se opuso. El PRD tenía derecho de impugnar la elección. Y aunque estaba previsto por la ley, la demanda fue presentada en los medios electrónicos como un acto desestabilizador.

ANOMALÍAS, IRREGULARIDADES, PRESIONES

Mientras el grupo de observadores electorales de la Unión Europea declaraba que la elección había sido limpia, el organismo Global Exchange consideró que el organismo electoral había favorecido al partido en el gobierno; denunció que persistían prácticas del pasado como la compra y la coacción del voto; y explicó que hubo anomalías que, pudiendo parecer menores, no lo eran ante resultados tan cerrados.

Alianza Cívica, organización caracterizada desde 1994 por hacer observación electoral, exigió indagar las rregularidades reportadas por varios observadores nacionales e internacionales antes, durante y después de los comicios. Dijo haber constatado compra y coacción del voto por agentes municipales; proselitismo e inducción del voto por parte de ministros de culto y de empresarios a favor de Calderón; y falta de transparencia del organismo electoral con los resultados. También había encontrado que en cerca del 11% de las casillas que había observado se había presentado violación al voto libre y secreto, pues en estas casillas hubo personas presionando.

El “New York Times” consideró que los problemas de la elección mexicana ameritaban un recuento completo
y “The Financial Times” opinó que un recuento total ayudaría a México a atravesar la crisis. Apuntó que una reconciliación nacional sería difícil si un número sustancial de pobres no percibía al nuevo presidente como legítimo
y aconsejó a las élites mexicanas no subestimar los peligros que la crisis electoral representaba. Calderón cabildeó con el editor del “Washington Post” para pedirle que informara que él había ganado la elección.

PRD: DOS IMPUGNACIONES
Y UNA DEMANDA

Una semana después de las elecciones los seguidores de López Obrador llenaron la plaza del Zócalo de la ciudad de México, anunciando que harían manifestaciones pacíficas en contra del fraude electoral. Criticaron al PAN, como buen aprendiz de los métodos fraudulentos del PRI. Era evidente que existían grandes sombras sobre las elecciones y que México experimentaba un retroceso en la democracia electoral.

El material que el PRD y la Coalición por el Bien de Todos presentó ante el Tribunal Electoral implicó una impugnación específica, una impugnación genérica y una demanda: exigían un recuento voto por voto para disipar toda duda. Argumentaron que el proceso electoral no se había apegado a los criterios constitucionales de equidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y legalidad, lo que había provocado que los mexicanos no pudieran votar en libertad. Muchos factores habían influido en torcer la voluntad ciudadana: el PRD responsabilizó al Presidente Fox, al PAN, a su candidato, a un grupo de grandes empresarios y a los funcionarios del organismo electoral. Señaló una propaganda sucia en miles de spots, mensajes impresos, llamadas por teléfono y mensajes en Internet que presentaban a López Obrador como un peligro para México, comparándolo, por ejemplo y sin fundamento, con el Presidente venezolano Hugo Chávez.

El organismo electoral no había intervenido ni en tiempo ni en forma para frenar esta propaganda y lo había hecho tardíamente sólo cuando el Tribunal Electoral se lo había ordenado. El presidente Fox había organizado una campaña de medios y se había dedicado a inducir y a coaccionar al electorado mexicano. Además, vinculó los programas sociales con el voto por el PAN, con lo que había manipulado los programas sociales con el proselitismo. Tanto el ejecutivo federal como diversas secretarías de Estado habían ejercido actos de presión, coacción e inducción del voto.

QUEJAS POR MÚLTIPLES AGRAVIOS

El PRD destacó la utilización de recursos del programa de vivienda rural, del programa Oportunidades y de otros programas manejados por la Secretaría de Desarrollo Social a favor del PAN. También denunciaron la ilegal participación religiosa a favor del candidato panista y contra López Obrador y documentó muchos casos de empresas que habían intervenido directamente para favorecer a Calderón.

El PAN, además, había rebasado los topes de campaña. Entre lo gastado directamente por ese partido y por los empresarios que hicieron campaña a su favor se había llegado a la cantidad de 895.4 millones de pesos, cuando el tope autorizado es 651.4 millones. El PRD también acusó la ilegal participación de extranjeros en apoyo a la campaña de Calderón. El ex-Presidente español, José María Aznar, arengó públicamente el 21 de febrero en la ciudad de México a votar por Calderón. El publicista español Antonio Solá había asesorado al PAN en su guerra sucia. El PRD también exigió se examinara la campaña anticipada que había realizado Calderón desde que era funcionario del gobierno de Fox como Secretario de Energía.

Punto importante de la queja del PRD tenía que ver con la parcialidad del Instituto Federal Electoral. También hubo quejas por la actitud omisa de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Otro elemento
de la impugnación tenía que ver con la utilización ilegal del padrón electoral hecha por Calderón a través
de la empresa de su cuñado.

Otros agravios se referían a un sistema implementado por el PAN con “call centers” y “push polls” para que las personas recibieran de manera automática mensajes a favor de Calderón y en contra de López Obrador. En varias casillas habían actuado como funcionarios personas que no aparecían en la publicación de la ubicación e integración de las casillas electorales y no se podía acreditar que pertenecieran a la sección electoral en la que fungieron como funcionarios.

VOTOS ANULADOS,
ELIMINADOS, RESTADOS...

Ante la gran cantidad de votos nulos, existía la sospecha de que votos válidos hubieran sido ilegalmente anulados. Se adujo que en las casillas en donde no hubo representantes de la Coalición por el Bien de Todos, votos que pertenecían al Partido Nueva Alianza habían sido contabilizados a favor del PAN. En su demanda, el PRD trataba el punto de la manipulación del PREP, pero lo nodal estaba en una gran cantidad de errores aritméticos de las actas. En muchos casos había más votos que votantes.

La Coalición por el Bien de Todos adujo que más de 1 millón 60 mil votos no tenían sustento en boletas. Sólo en
42 mil 762 actas coincidían todos los datos, mientras que 72 mil 197 presentaban errores. Se habían sumado de manera ilegal 898 mil 862 sufragios y se habían eliminado artificialmente 722 mil 326. Además, en gran cantidad de casillas en las que la Coalición no había tenido representantes se habían presentado votaciones por Calderón
con porcentajes fuera de toda lógica.

Finalmente, sin que hubiera mediado petición del Tribunal Electoral y sin la presencia de representantes del partido, funcionarios del organismo electoral habían abierto ilegalmente 3 mil paquetes electorales después de la fecha oficial de revisión de los resultados electorales. La Coalición responsabilizó a Elba Esther Gordillo, a su partido Nueva Alianza y al PAN de haber instrumentado el fraude electoral. Todo esto sustentaba la petición de que se hiciera un recuento voto por voto.

El Tribunal recibió 364 juicios de inconformidad, la mayoría de los cuales provenían de la Coalición por el Bien de Todos. El PAN, aunque proclamaba que las elecciones habían sido limpias y transparentes, también había impugnado resultados en una gran cantidad de casillas.

EL FIN DE LA DEMOCRACIA ELECTORAL

Fox siguió atizando el encono al declarar que México avanzaba “a pesar de renegados”. En las manifestaciones de protesta por el fraude muchos jóvenes se presentaban así: como “renegados”. Investigadores de la UNAM se pronunciaron porque se hiciera el recuento voto por voto, pues cuando no había plena seguridad la ciencia aconsejaba volver a hacer las mediciones. Alertaron que, para despejar toda duda, esto se hiciera sin utilizar el sistema de cómputo del Instituto Federal Electoral, que estaba en entredicho, y aconsejaban que en el recuento participaran las universidades y organismos no gubernamentales.

Porfirio Muñoz Ledo escribió que no se podía hablar de democracia electoral debido al cúmulo de ilegalidades y a la combinación de ardides y complicidades. Acusó a Fox de instaurar una violencia moral y verbal de Estado y de inaugurar una política golpista. Afirmó que la campaña panista había sido inspirada por ideólogos fascistas, que se empezaba a hablar de una lucha ideológica y política de clases que iba más allá del simple recambio de poder y que la situación tenía que ver con la entronización de poderes fácticos.

Pablo González Casanova escribió un artículo que tituló “Ésta no es democracia”. Afirmaba que las elecciones del 2006 no eran elecciones de Estado como las anteriores, sino un nuevo tipo de elecciones del Estado-Mundo, trasnacional y emergente, que contaba entre sus colaboradores y subordinados a numerosos Estados y regímenes políticos de las metrópolis y de las periferias. Alertó que quienes luchaban por una verdadera democracia debían impedir que se violara el voto popular.

El ex-consejero electoral Jaime Cárdenas planteó lo mismo: no se había tratado de una elección de Estado, sino de una donde los poderes fácticos habían sometido a los poderes formales del Estado para imponer a un candidato afín a sus intereses.

Ante la crisis, arreció de nuevo la guerra sucia promovida por empresarios y medios para que López Obrador doblara la cabeza y no convocara a más movilizaciones. López Obrador respondió que combatiría el fraude electoral y que todas las decisiones se consultarían con la gente.

UNA “INSURGENCIA ELECTORAL”

El domingo 16 de julio López Obrador congregó en el Zócalo a más de millón y medio de personas opuestas al fraude. Dijo que México no se merecía un presidente espurio y llamó a la resistencia pacífica. Grupos de seguidores de López Obrador se apostaron frente a las 300 sedes distritales para vigilar que no hubiera sustracción ilegal de documentos o que se manipulara la paquetería electoral. Días antes hubo actos simbólicos de repudio al fraude en diversos escenarios: la bolsa de valores, bancos, centros comerciales, empresas…

Sin haber sido nombrado oficialmente, Felipe Calderón se comportaba ya como Presidente electo y se reunía con diversos organismos. Recibía apoyo no sólo de cúpulas empresariales sino de liderazgos sindicales antidemocráticos. El ex-canciller Jorge Castañeda alabó a Fox por haber intervenido activamente a favor de Calderón y lo exhortó a no echarse para atrás ante las manifestaciones.

El organismo electoral acudió ante el Tribunal para defender el triunfo del PAN y gastó mucho dinero intentando presentarse como un organismo ciudadano. Trataba de ocultar sus errores en la capacitación de funcionarios aduciendo que si se dudaba de la elección se estaba dudando de los ciudadanos que habían actuado como funcionarios de casilla. No obstante, algunos integrantes menores de la organización ciudadana del organismo electoral levantaron la voz para admitir que había muchas dudas en la gente y que había que generar certeza con un recuento de votos. Un sacerdote que participó en las protestas chihuahuenses contra el fraude de 1986 declaró que en el 2006 existía ya una nueva una “insurgencia electoral”. Mientras el cardenal de Guadalajara apoyaba a Calderón, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, se pronunció por un recuento voto por voto.

López Obrador mandó una carta a Calderón para proponerle que se pronunciara por el recuento voto por voto con el fin de que se eliminara la sospecha del fraude. Calderón rechazó la propuesta y el PRD declaró que esto demostraba que no era un político democrático sino autoritario a quien sólo le interesaba responder a los intereses que representaba. López Obrador dijo que si se aceptaba el recuento voto por voto ya no llamaría a más movilizaciones y precisó que si la resolución del Tribunal Electoral le era adversa, acataría la resolución bajo protesta porque la elección no había sido ni limpia ni libre.

DOS CAMINOS
ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL

El domingo 30 de julio una nueva megamarcha contra el fraude electoral congregó a un número mayor de personas que las de los dos domingos anteriores. Ahí se decidió dar un paso más: se inició una vigilia ciudadana demandando el recuento voto por voto. Desde el Zócalo de la ciudad de México hasta el anillo periférico de la capital se instalaron 47 campamentos permanentes, uno por cada entidad federativa y por cada delegación del Distrito Federal. López Obrador se quedó a vivir en estos campamentos.

Ante el Tribunal Electoral se abrían varios caminos. Acudir al recurso legalista y formal y desechar la impugnación,
con lo que abriría la puerta a una larga confrontación política. O ir al fondo del problema con una actitud garantista
y corregir los errores de las actas para dependiendo del resultado, declarar al candidato triunfador.

Pese a quienes argumentan que no sería legal, hay juicios de importantes juristas que opinan que el Tribunal Electoral tiene atribuciones para realizar un recuento voto por voto para despejar todas las dudas. Tampoco es descartable que por el cúmulo de irregularidades, sobre todo previas, se declare la nulidad de la elección. En este caso, el nuevo Congreso tendría que nombrar a un Presidente interino para que, en no más de 18 meses, se convoque a nuevas elecciones.

Un dato que se debe tener presente es que 6 de los 7 magistrados electorales terminan su encargo a finales del mes de octubre de 2006. También habrá vacantes en la Suprema Corte de Justicia, nombramientos que dependen del Presidente Fox y del nuevo Senado, en el que ningún partido tiene mayoría. En varios sectores existe el temor de que los magistrados puedan ser comprados. El PRD ha denunciado que la Secretaría de Gobernación y los poderes fácticos los estaban presionando. Sin embargo, también hay voces llamando a confiar en el Tribunal Electoral. Con una experiencia acumulada de diez años, podría producir una sentencia que clarificara la elección con objetividad y sin dejar ninguna duda. Muchos de sus integrantes han demostrado independencia.

LA LUCHA SERÁ LARGA

El sábado 5 de agosto el Tribunal eligió reducirse a una interpretación estrecha y revisar sólo el 9% de las casillas. López Obrador rechazó lo que llamó “el diezmo de la democracia”. Acusó a los magistrados de falta de altura de miras y de haberse atenido al criterio del PAN. La decisión complació a este partido, que se mostró eufórico, y fue parcial e incompleta. La apertura de esta exigua cantidad de casillas nunca permitirá saber a ciencia cierta quién ganó. Es una decisión que no resuelve el conflicto. Reaccionando a ella, simpatizantes del PRD hicieron una cadena humana demandando nuevamente el recuento voto por voto y casilla por casilla. Y la Asamblea Informativa de la Coalición por el Bien de Todos se trasladó del Zócalo a la sede del tribunal electoral. En la Coalición denuncian que los magistrados, presionados por actores externos, están tratando de legitimar el fraude electoral. La lucha por la democracia seguiría. Será larga.

EN CUALQUIER CASO,
NO FUERON DEMOCRÁTICAS

Que el PAN y su candidato Calderón se hayan opuesto al recuento voto por voto incrementa la sospecha de lo que podría surgir al abrirse los paquetes para hacer el recuento. Si al final de esta lucha Calderón terminara con más votos, esto no significaría que la elección hubiera sido democrática, pues una buena cantidad de votos no fueron ni libres ni informados, sino coaccionados por la guerra sucia que ejerció violencia verbal y simbólica, y que, perversamente, acusó de violento al que padeció su violencia.

Si se declarara la nulidad de las elecciones y hubiera nuevas elecciones sin cambios sustanciales, la polarización se profundizará, pues el organismo electoral actual ha demostrado que es parcial y volvería la guerra sucia con mucho más furor teniendo las alianzas de la antidemocracia una gran ventaja en esta segunda oportunidad.

LO QUE LLAMA MÁS LA ATENCIÓN

Otro dato que arrojaron estas elecciones fue que el PAN proseguirá apoyándose en lo más corrupto y antidemocrático del corporativismo sindical. Antes se daban elecciones de Estado en donde los poderes fácticos del dinero y de los medios estaban supeditados al Estado. Ahora se dio una elección fraudulenta de los poderes fácticos -el gran poder del dinero, de los oligopolios de los medios de comunicación masiva, el de una gran parte de la jerarquía católica, y el del crimen organizado- que supeditaron a los partidos y al Estado.

Los partidos no sólo perdieron fronteras entre ellos -hubo entre todos intercambio de candidatos- sino que quedaron desdibujados ante las camarillas operadoras de las guerras sucias basadas en una gran cantidad de recursos, de los cuales no se ha explicado su procedencia.

Llama la atención que los poderes fácticos internos, unidos al capital financiero internacional y al gobierno de Bush, no hayan tolerado que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos pudiera ganar unas elecciones con voto libre. Andrés Manuel López Obrador no representaba una alternativa a la política neoliberal. Sólo ofrecía condiciones menos malas a los depauperados. Resulta revelador comprobar que estos poderes no sólo se oponen a dar atención al grave problema social que padece México, sino que atentaron contra lo básico de la democracia electoral: el voto libre e informado.

LO BUENO
DE ESTA TENSA COYUNTURA

Las elecciones han dejado a un México escindido, han mostrado a un México fragmentado. En el norte, una mayoría por la continuidad que ofrecía el panismo, aunque no dejó de expresarse una minoría nada despreciable por el cambio de modelo económico. El sur, empobrecido, clamó mayoritariamente por cambiar. Esto indica que urge un diálogo democrático nacional.

Lo bueno de toda esta tensa coyuntura electoral ha sido que un dormido movimiento cívico por la democracia se ha despertado y puede impulsar cambios importantes, no sólo en la democracia electoral -que se respete el voto libre, que haya organismos electorales verdaderamente autónomos y no partidizados, que las campañas sean cortas, que haya transparencia en cuanto al origen y uso de recursos, y que se impida la compra de espacio en los medios-, sino en la democracia integral, lo que significa participación y deliberación para lograr la imprescindible democracia social.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL
DE ENVÍO EN MÉXICO.

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