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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 293 | Agosto 2006
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Nicaragua

En septiembre, Aminta Granera asumirá el grado de Primera Comisionada de la Policía Nacional. Después de Doris Tijerino, en la década revolucionaria, otra vez una mujer dirigirá la institución policial. Los desafíos que tendrá que enfrentar hoy Granera son mucho mayores que los de entonces.

William Grigsby

El 18 de julio terminó el suspenso. Aminta Granera fue nombrada Directora General de la Policía Nacional para los próximos cinco años. La lucha por esta posición ha dejado heridas abiertas entre los altos mandos de la institución y, de no mediar madurez y habilidad para cerrarlas antes de iniciar su período, la nueva jefa de la Policía podría enfrentar graves problemas que dificulten aún más sus múltiples desafíos.

ENTRE GRANERA Y GUIDO

Desde que el 30 de mayo de 2005 el saliente jefe de la policía, Edwin Cordero, declaró públicamente que sus candidatas para sucederlo eran las comisionadas Aminta Granera y Ana Julia Guido, cada uno de los 37 comisionados mayores y los dos subdirectores Orlando Aguilera y Horacio Rocha -constituyen todos el alto mando de la Policía- tomaron partido por una u otra. Detrás de cada quien se enfilaron comisionados, subcomisionados y capitanes. Y así empezó una sorda y a veces sórdida lucha por el poder.

Hasta marzo de 2006, todo indicaba que la comisionada Guido sería la sucesora. Exhibía con orgullo un impecable currículo que empieza desde cuando muy jovencita se unió a la guerrilla sandinista. En su seno se destacó por su arrojo y después del triunfo revolucionario adquirió un enorme prestigio en las filas policiales por su disciplina, integridad, firmeza y habilidad para resolver problemas. Guido también supo ser leal a sus jefes en la institución y al mando gubernamental. Un ejemplo del prestigio que logró en la sociedad se reflejó en una encuesta que realizó “El Nuevo Diario” el 14 de julio de 2006 entre los lectores de su página web. En la pregunta sobre preferencias entre las dos jefas policiales para sustituir a Cordero participaron 7,760 personas. Guido obtuvo el 75% de los votos y Granera apenas un14%.

Pero las alianzas que Ana Julia Guido se vio obligada a tejer para postular al cargo terminaron jugándole una mala pasada. Según distintas fuentes, entre sus aliados figuraba el jefe de la Policía de Managua, comisionado mayor Carlos Bendaña, quien le ofreció sus sólidos vínculos con el gobierno, y en especial con el presidente Enrique Bolaños, a cambio de que Guido lo nombrara en uno de los cuatro cargos de subdirectores. Bendaña logró granjearse la confianza de Bolaños por su diligencia en las operaciones anticorrupción contra Byron Jerez y Arnoldo Alemán, cuando era Jefe de la Dirección de Asuntos Económicos. Nadie podía prever entonces, en 2002, el escándalo en que Bendaña se vería envuelto cuatro años después, con el asesinato del empresario de clubes nocturnos Jerónimo Polanco. Los asesinos materiales de Polanco tenían estrechos vínculos con Bendaña.

Un segundo factor que pudo influir en la decisión de Bolaños para no elegir a Guido ha sido su inobjetable identidad sandinista. Siempre se la ubicó políticamente cercana al secretario general del Frente Sandinista Daniel Ortega. Sin embargo, Aminta Granera también es sandinista, con una sólida trayectoria política e institucional, desde sus tiempos de la guerrilla y en las distintas funciones que ocupó durante el gobierno revolucionario -jefa del Estado Mayor y luego de la Secretaría del Ministerio del Interior bajo las órdenes directas de Tomás Borge- y en sus cargos policiales: jefa de la Secretaría, jefa de Tránsito Nacional, jefa de la Policía de Managua, y hasta su nombramiento, Inspectora General, en sustitución de Cristian Munguía -asesinado en mayo 2002-. Y nunca se ha sabido que Granera se haya distanciado de Ortega.

Por esto, hay quienes creen que el factor fundamental para designar a Granera y no a Guido es su origen social. Mientras Guido es una mujer de extracción humilde con formación profesional en la edad adulta, Granera, 54 años, proviene de una acomodada familia leonesa, se graduó en Sociología, Filosofía y Teología, y en los años 90 logró un postgrado en gerencia empresarial en una universidad privada de Managua. Fue novicia con las religiosas de la Asunción, en cuyo colegio de León estudió primaria y secundaria. Mientras se preparaba para sus votos religiosos en Guatemala, a principios de los años 70, hizo contacto con los guerrilleros sandinistas y se unió a ellos.

TENSIONES SORDAS Y PRESIONES

Aminta Granera adquirió notoriedad como jefa nacional de Tránsito, cuando lanzó una masiva ofensiva contra las coi¬mas y los sobornos que los policías imponían a los conductores. También fue notoria su gestión como jefa policial de Managua. Muchos la recuerdan en 1998, cuando ordenó a los policías ayudar a la población que sufría por las inundaciones causadas por el huracán Mitch en los barrios costeros de la capital y cuando la vieron a ella misma cargando niños y enseres personales de los damnificados en medio de corrientes de lodo y piedras.

Durante la última crisis vivida por la Policía Nacional con el caso Polanco-Bendaña, Granera pidió que Bendaña fuera suspendido de inmediato en su cargo. Mientras recibía el apoyo del comisionado Rocha, los otros dos subdirectores (Guido y Aguilera) se opusieron. Cordero accedió a retirar a Bendaña, pero 48 horas después cambió de opinión, víctima de las presiones de funcionarios de alto nivel del gobierno de Bolaños y hasta de la misma Presidencia de la República.

Las contradicciones entre ambos bandos se hicieron públicas a mediados de julio 2006, pocos días antes del nombramiento de Granera. Cordero sorprendió a los periodistas cuando declaró que le había sugerido a Bendaña su retiro para septiembre, aprovechando la ocasión de la renovación de los mandos nacionales. Granera lo respaldó de inmediato: La palabra del Director General es Ley dentro de la Policía. Rocha también lo hizo: Los criterios y opiniones del director de la Policía nosotros los respaldamos plenamente. Guido no estuvo de acuerdo: Ésa es una opinión personal. Yo la respeto. Mientras no haya una decisión no tengo ninguna opinión al respecto. Todos los compañeros han hecho un buen trabajo y eso es lo importante.

Los grandes medios de comunicación de la derecha también tomaron partido, y escogieron como su candidata a la comisionada Granera. El diario “La Prensa” lo hizo de la peor manera, lanzando una sistemática campaña contra Guido. A mí me parece una injuria, una calumnia. Me vinculan como si fuera candidata supuestamente de Daniel Ortega y Lenín Cerna. A mí no me interesa ser candidata de nadie, de ningún partido político. Yo estoy apegada completamente a la ley y eso es lo que me interesa. No tengo ningún compromiso económico ni político con nadie. Yo cuido a la institución, quiero a la institución, yo no soy ficha de nadie, no estoy en promoción, no estoy en campaña, estoy trabajando en las elecciones nacionales de noviembre, estoy cumpliendo con mi trabajo. El Presidente Bolaños es para mí una persona seria y responsable, y no le va a estar dando espacio a estos artículos malintencionados, se defendió Guido, quejándose de la serie de artículos que publicaba el periódico.

GRANERA: ¿CONTINUISTA, “DOMESTICADA”
O ÍNTEGRA Y CON INDEPENDENCIA?

¿Por qué finalmente seleccionó Bolaños a Aminta Granera, a sabiendas de que Bendaña -su hombre de confianza en la Policía- respaldaba a Ana Julia Guido? Seguramente los detalles se sabrán pronto, o después de la sucesión presidencial, pero una cosa es segura: el mandatario no quiere que su amigo salga de la Policía. Diez días después de descartar a Guido, los periodistas le preguntaron qué opinaba de la decisión de pasar a retiro al jefe de Managua por sus presuntos vínculos con los asesinos materiales de Polanco y Bolaños respondió: Hasta que no sea en realidad encontrado culpable, eso tienen que investigarlo.

Un especialista en temas de seguridad y ex-coronel del Ejército, comentó a “Envío” que el nombramiento de Ana Julia Guido hubiese moralizado al grueso de los mandos de la Policía por su enorme ascendencia personal y política en la gran mayoría de los oficiales. En cambio, Granera -dijo- lo que hará es continuar con la tendencia de los últimos gobiernos liberales de convertir a la Policía en una institución políticamente dócil a la voluntad de los presidentes y jerárquicamente servil no sólo al poder civil, sino también a la clase empresarial que lo soporta.

Pero, dados sus antecedentes de firmeza, integridad e independencia, queda por ver si es cierto que Aminta Granera será “domesticada” -como expresó un ex-Ministro de Gobernación- por su cargo y por los vínculos políticos inherentes a él.

TIEMPO DE RELEVO:
SE VAN LOS FUNDADORES SANDINISTAS

En septiembre pasarán a retiro el actual jefe de la Policía, Edwin Cordero, y los comisionados Guido, Aguilera, Bendaña, Francisco Bautista -destituido por Bolaños en abril 2005; aunque la Corte Suprema ordenó en agosto su reingreso, nunca volvió a su cargo, aunque se le mantuvo el salario- y probablemente otros dos altos mandos. Hay un techo de comisionados mayores que es de 35 y hay comisionados que van presionando de abajo para arriba y que necesitan también promociones. Entonces, necesitamos sacar grupos de oficiales superiores a retiro, explicó el director saliente de la Policía. De hecho, este año saldrán de la Policía Nacional una gran cantidad de sus fundadores sandinistas, puesto que la ley establece que los oficiales deben retirarse al cumplir 55 años de edad o 30 de servicio.

Cordero anunció también que ya han sido escogidos los cuatro nuevos subdirectores, aunque no quiso revelar sus nombres. Según la ley, los cuatro deben ser propuestos por Granera y nombrados por el Ministro de Gobernación. El único que permanecerá en este cargo es el comisionado mayor Horacio Rocha, pues asumió su puesto en abril de 2005, cuando los mandos de la Policía secundaron la decisión de Bolaños de expulsar a Bautista.

Fuentes seguras dijeron a “Envío” que dos de los subdirectores serán los comisionados generales Juan Báez -actual jefe de la División de Asuntos Internos- y Carlos Palacios, director de la Academia Walter Mendoza y jefe de la división antidrogas cuando estalló el escándalo del narcojet, en el primer año del gobierno de Arnoldo Alemán. Ambos son de la misma generación de Granera, con quienes ella guarda estrecha relación desde hace muchos años. El cuarto subdirector será probablemente una mujer. Se barajan los nombres de las comisionadas Vilma Reyes Sandoval -actual jefa departamental de Chontales- y Glenda Zavala, jefa del departamento de Granada.

FRENAR LA DESCOMPOSICIÓN INTERNA
Y ERRADICAR LA CORRUPCIÓN

Granera y los nuevos subdirectores no tienen mucho tiempo que perder. El nuevo mando de la Policía Nacional enfrentará desafíos colosales.

La institución atraviesa un momento histórico. Está en un momento de quiebre, “o la bebe o la derrama”. Esto significa que ya no pueden los mandos de la Policía Nacional “fingir demencia” frente a la creciente descomposición moral e institucional que se percibe en sus filas, sobre la que existen sobradas evidencias: caso Polanco, pago de información con drogas, asesinatos de policías en Bluefields... Si no se toman medidas drásticas de raíz, esto podría derivar en un rápido deterioro de la autoridad de los mandos y en el descontrol del orden interno a nivel nacional. En los primeros seis meses de su gestión Granera tendrá que tomar “el toro por los cuernos”.

La crisis de la Policía Nacional puede terminar afectando al país entero en el corto plazo, porque una vez que la descomposición se extiende, la corrupción se convierte en un estilo dentro de una institución. Si éste fuera el caso, el impacto será brutal sobre la seguridad ciudadana y la delincuencia común y la de cuello y corbata asumirán el control de los espacios donde la Policía no pueda o no quiera hacerlo. Nicaragua podría así acercarse a situaciones caóticas similares a las que ya se viven hoy en Guatemala, Honduras
o El Salvador.

Es un secreto a voces en todo el país que los tentáculos del narcotráfico han penetrado en los niveles intermedios y altos de la Policía Nacional. Este fenómeno no se reduce ya únicamente al Caribe, donde se han asentado las más poderosas redes de mafiosos colombianos. Se trata de un fenómeno nacional. El dinero del narcotráfico circula a manos llenas, tanto entre los dueños de expendios minoristas -el narcomenudeo- en cualquier barrio de cualquier ciudad del país, como entre los operadores de la extensa red de transporte terrestre, marítimo y aéreo de la droga. En no pocas ocasiones, esos dineros terminan en los bolsillos y en las cuentas bancarias de algunos jefes policiales.

La otra cara de la corrupción policial es la tendencia de quienes están en el gobierno de atraer lealtades o de garantizarse lealtades -o peor aún, complicidades- de algunos mandos de la Policía sobornándolos, pagándoles doble salario o permitiéndoles acceder a recursos no registrados en las cuentas del Estado, o simplemente entregándoles sumas del dinero en efectivo. Esto ha ocurrido y está ocurriendo con bastantes oficiales, algunos de ellos todavía en activo. Los ciudadanos comunes y corrientes lo notan, por ejemplo, cuando observan el ostentoso nivel de vida de oficiales en activo o recientemente retirados de la Policía. Obviamente, las mansiones que ocupan, los vehículos en los que se transportan, los viajes al exterior para pasar vacaciones familiares o los centros de estudios privados donde envían a sus hijos, no se podrían explicar con los 10, 15 ó 25 mil córdobas que tienen como salario o pensión.

El grave riesgo que corre Granera y su equipo cuando enfrenten estos problemas es caer en el extremo de una “cacería de brujas”, llevándose a justos por pecadores. Pero es de tal gravedad la situación interna, que probablemente esa cacería sería un mal menor. En el escalafón subalterno -capitanes, tenientes e inspectores- y en el nivel ejecutivo -subinspectores y suboficiales- la corrupción se ampara en que “los jefes también lo hacen”. La pérdida de escrúpulos entre estos oficiales es mucho más visible porque son ellos quienes están en contacto más frecuente con los ciudadanos. Por esto, no se trata sólo de tomar medidas con los oficiales superiores -comisionados mayores, comisionados y subcomisionados- sino también con sus oficiales subalternos.

Y por si fuera poco, los policías de base tampoco están exentos de comportamientos por lo menos anómalos. Llueven las denuncias cotidianas de mordidas a los agentes de tránsito, de pago a los oficiales para que se hagan de la vista gorda en la comisión de un delito o para liberar un preso. Y este tipo de conductas -aunque justificada con pretextos de la corrupción que reina en el ambiente institucional- no están exentas de responsabilidades individuales.

Hay dos cosas que no puede hacer la comisionada Granera: hacerse de la vista gorda, o limitar las medidas disciplinarias internas o los castigos únicamente a los mandos intermedios y a los oficiales y los agentes de línea. Si verdaderamente desea que la Policía recupere su prestigio y fortalezca su eficacia, tendrá que podar parejo y empezando por arriba.

CANCELAR LA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
DE LA POLICÍA

Desde mediados de los años 90, bajo el mando del comisionado retirado Fernando Caldera Azmitia -en cuyo período se registró la mayor cantidad de civiles asesinados por la Policía en las cárceles o en las calles- se iniciaron los desafortunados “comités de amigos” de la Policía, integrados exclusivamente por empresarios de todo tipo y controlados por los empresarios-políticos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Bajo el eufemismo de “amistad”, los miembros de esos comités patrocinan en la práctica unas cuantas actividades de caridad pública, a cambio de que la Policía les vigile especialmente sus negocios y sus casas, o que atienda con excepcional diligencia sus denuncias.

La Policía Nacional ha sido y es una más de las víctimas de las brutales políticas neoliberales ordenadas por el FMI en Nicaragua. Los salarios de sus miembros están por debajo del promedio centroamericano. En general, trabajan en instalaciones deficientes. Ni ellos ni sus familias están adecuadamente protegidos contra riesgos profesionales -enfermedades, heridas o muertes-, carecen de vehículos y combustible para cumplir adecuadamente con su trabajo, tienen pocos uniformes y menos armas. Son sólo algunas de las graves limitaciones que enfrentan. No menos cierto es que pagarles bien, dotarles de herramientas suficientes -armas, vehículos, combustible, uniformes-, prepararlos adecuadamente, garantizarles condiciones dignas de trabajo y de vida -vivienda, seguridad social, pensiones-, son responsabilidades del Estado. Sólo de esa forma se puede garantizar que la Policía esté al servicio de toda la sociedad, de todos sus ciudadanos, y no únicamente de quienes tienen dinero suficiente para “contribuir” con la institución.

Para Aminta Granera y los nuevos mandos de la institución, lograr un presupuesto adecuado para la Policía implicará una batalla política y la búsqueda de aliados dentro del gobierno que resulte electo en noviembre, dentro del Parlamento y en la sociedad organizada. Este camino es más largo y tiene mayores sobresaltos y en él tendrá que invertir mucha paciencia y astucia. Pero sin duda es “el” camino. Lograr un mejor presupuesto estatal para nuestra Policía es un imperativo nacional.

HACER QUE LA POLICÍA DEFIENDA LA LEY
Y NO A ALGUNOS FUNCIONARIOS

Con cada vez mayor frecuencia la sociedad nicaragüense asiste a espectáculos lamentables en donde los policías son usados por los funcionarios como sus vigilantes privados. O utilizados por el gobierno para reprimir violentamente luchas sociales, cuando sus ministros son incapaces de resolver las demandas populares.

Este año, por ejemplo, el comisionado Bendaña quiso lucirse ante su amigo el Presidente Bolaños cuando estaba en el centro del huracán Polanco, y aporreó sin justificación alguna a médicos y médicas en una justificada huelga por mejores salarios. Un par de meses más tarde, sus oficiales exhibieron sus dotes físicas contra indefensos adolescentes estudiantes de secundaria. Quería demostrar al gobierno lo enérgica que es la Policía cuando se trata de mantener el orden público. Más recientemente, dos patrullas policiales se encargaron de custodiar a los albañiles que levantaban un muro cerca de la mansión del nuevo Ministro de Gobernación, Francisco Fiallos, nombrado el 1 de julio, impidien¬do que los vecinos afectados por la medida protestaran. Dos días después, doce agentes de la policía, incluyendo un capitán, un subcomisionado, varios especialistas y dos perros entrenados, buscaron durante muchas horas el pavo real y la lapa que en la madrugada un ratero había sustraído de la lujosa vivienda del ex-Ministro de la Construcción Pedro Solórzano.

Granera tendrá que hacer de tripas corazón para garantizar que la Policía no se ensañe con los manifestantes. Porque una cosa es garantizar el orden público -y usar la fuerza cuando corresponda- y otra cosa es apalear por el placer de hacerlo a los ciudadanos que hacen uso de su legítimo derecho a protestar. Por mucho dinero que le otorguen los gobiernos de España y Estados Unidos, por mucho que ambos gobiernos se empeñen en autocalificarse como “modelos” en cuanto al “orden público”, la esencia política y humana de la Policía Nacional de Nicaragua -surgida de las entrañas de la Revolución Sandinista- es radicalmente opuesta a la Policía española, hija del franquismo o a la Policía estadounidense, hija de los vaqueros mataindios y de las pandillas de New York.

Salvaguardar la institución policial de los vaivenes políticos del país será frenar la recurrente utilización de la Policía para fines estrictamente políticos. Es éste un gran desafío, porque esto depende exclusivamente de los mandos superiores de la Policía y de la manera en que se ubiquen frente al gobierno de turno.

PERFECCIONAR LA SELECCIÓN DE PERSONAL
Y SUS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

En el año 2006 ocurrió un hecho que puso al descubierto algunas debilidades en la formación de los cuadros policiales. El asesinato de un oficial de la Policía en Juigalpa, a manos de un campesino energúmeno, puso en evidencia, por una parte, que no hay plan de adiestramiento de los oficiales con algún tiempo en la institución y por otra, que se debe mejorar sustancialmente la capacidad física y técnica de los policías de línea.

Hay evidencia de que no son pocos quienes ingresan a la Academia Walter Mendoza simplemente por garantizarse un ingreso fijo o para adquirir una posición de relativo poder para ejercerlo en su propio beneficio como una fuente segura desde la que hacer dinero rápido o hasta para mejorar su currículo -jóvenes transgresores, por ejemplo-. Es natural que si existe una descomposición social generalizada en el país, muchos de quienes aspiren a ser policías estén también descompuestos. En esta situación, hace falta mejorar los métodos y filtros que garanticen la menor cantidad posible de cadetes con conductas sintomáticas de corrupción.

Pero, aunque el filtro para ingresar a la Academia sea muy riguroso, -como deber ser- de nada servirá si una vez dentro de la Academia, los muchachos no son adecuadamente formados como servidores del pueblo y como profesionales al servicio de los ciudadanos, para así cambiar esa concepción que prevalece en muchos agentes y oficiales, que ven a la Policía como el látigo de los ciudadanos. La formación que reciben deberá ser necesariamente mucho más amplia, si se desea que además de eficientes, los policías sean también ejemplares. Hoy, los altos mandos policiales se quejan en público y en privado de que la Academia es la cenicienta de la Policía: deficiente infraestructura, profesores mal pagados, escaso material de estudio.

La combinación de estos tres factores -mejorar la selección de personal, la formación básica y la capacitación permanente de todos los oficiales- es un requisito básico para mejorar a corto, mediano y largo plazo la plantilla de mandos y subalternos.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS POLICÍAS Y SUS FAMILIAS

Para asegurar que la Policía sea impermeable a las tentaciones de la corrupción, es indispensable mejorar la calidad de vida de sus miembros. El comisionado Cordero logró algunos avances importantes: recuperó para la Policía el hospital Carlos Roberto Huembes, inició un modesto plan de viviendas y mejoró significativamente los salarios de todos los escalafones. Pero esto es aún insuficiente.

Además de incrementar los salarios, masificar las viviendas y mejorar la atención en el hospital, la Policía necesita -por ejemplo- de un plan que asegure a cada uno de sus miembros vacaciones anuales y, de ser posible, que les garantice un lugar donde puedan efectivamente descansar.

También es necesario asegurar a cada policía que caiga en el cumplimiento de su deber, o que resulte incapacitado por heridas recibidas en servicio, que tendrá los recursos mínimos para una vida digna. No sólo es injusto, es también un vejamen, lo que ahora ocurre: muchos oficiales y agentes que han entregado muchos años de su vida a la institución, resignados a pensiones de hambre cuando ya no resultan útiles; o familias de quienes han muerto recurriendo a la caridad pública para asegurarles un entierro decente o para que sus hijos terminen sus estudios.

Otro aspecto no menos importante es asegurar condiciones especiales de trabajo a las mujeres policías, sobre todo a las que son madres solteras. Al machismo predominante en los mandos de la Policía, se suma el hecho objetivo de que las mujeres policías también deben cumplir con sus funciones de madres, esposas e hijas -lo que casi nunca se le exigen a los varones-, que les impiden muchas veces asumir mayores responsabilidades en su trabajo. Paradójicamente, en los resultados académicos de los cadetes, el 80% de los mejores alumnos son alumnas, cifra elocuente a la hora de medir capacidades intelectuales y físicas.

INCREMENTAR EL NÚMERO DE POLICÍAS
Y ACERCAR LA POLICÍA A LOS CIUDADANOS

Según el último censo, Nicaragua tiene 5 millones 142 mil 98 habitantes. La Policía apenas cuenta con poco más de 7 mil miembros. Incluyendo a todos los administrativos -secretarias, cocineras, afanadoras- hay un policía por cada 700 habitantes y uno por cada 18 kilómetros cuadrados de territorio. Así, es imposible atender adecuadamente las demandas de los ciudadanos. En la vecina Costa Rica, hay más de 15 mil policías de distinto tipo, el doble que en Nicaragua, con un millón menos de habitantes y con 80 mil kilómetros cuadrados menos de territorio.

Es una necesidad social incrementar el número de policías. Hay municipios enteros donde no hay ninguno y hay muchos otros donde solo hay cuatro o cinco, sin ningún medio de transporte y en pésimas condiciones laborales.

En los centros urbanos, y en Managua, es indispensable crear mayor cantidad de estaciones policiales, para acercarlas a los ciudadanos. En la actualidad, la capital, con más de un millón de habitantes, tiene sólo cinco delegaciones policiales y 1 mil 700 policías, con decenas de kilómetros de distancia entre el último barrio de un distrito y la sede policial. Esto no sólo disminuye la capacidad de cobertura de los agentes, también desalienta la denuncia de los delitos.

La distancia no es solo geográfica. Uno de los mayores orgullos de la Policía Nacional -y con justa razón- ha sido su plan de prevención de la delincuencia juvenil. Resultado: las pandillas no se han apoderado de nuestras calles, como ocurre en los tres países del norte de Centroamérica. Gran parte del éxito de este plan consiste en que hay decenas de policías dedicados plenamente a esta labor, que se reúnen cotidianamente con los padres de familia y los jóvenes y que están en contacto permanente con la realidad social. Para lograr un éxito similar en el freno de la delincuencia común y del narcomenudeo en los mercados, barrios y comarcas de todo el país, es necesario aplicar un modelo parecido. Y esto sólo se puede lograr con una mayor cantidad de policías.

ESTABLECER PRIORIDADES NACIONALES
Y NO PRIORIDADES DE ESTADOS UNIDOS

El gobierno de Estados Unidos ha logrado subordinar casi totalmente a todos los gobiernos centroamericanos para que sigan sus prioridades. A través de los gobiernos, ha subordinado también a las Policías y a los Ejércitos. Nicaragua no ha sido la excepción.

Las tareas priorizadas por Estados Unidos son: controlar y contener el terrorismo, el narcoterrorismo, el narcotráfico y el trasiego de inmigrantes hacia Estados Unidos. Excepto el narcotráfico, ninguna de los otros objetivos son auténticas prioridades nacionales. Uno de los mayores contrasentidos de las políticas de los gobiernos nacionales en los últimos años ha sido perseguir, encarcelar y deportar a los inmigrantes peruanos, ecuatorianos, chinos, caribeños y africanos, mientras imploran a Costa Rica, México y Estados Unidos que brinden un trato humano a los compatriotas que emigran hacia esos países o que transitan por ellos.

Los ciudadanos nicaragüenses han fijado hace mucho tiempo sus propias prioridades en el trabajo policial: enfrentar adecuadamente la delincuencia juvenil -pandillas-, el narcomenudeo -y por lo tanto, su más cruel consecuencia, los drogadictos-, los asaltos callejeros, los robos en las viviendas, el abigeato, las estafas de cuello blanco y la usurpación de la propiedad ajena.

“NUESTRA” POLICÍA

Los problemas de la Policía Nacional son problemas del país, porque nos afectan a todos los ciudadanos. Todavía se percibe un sentimiento de propiedad de la gente sobre la Policía. Pero también es notorio que ese sentimiento es cada vez menor. Cada vez se escucha menos aquello de “nuestra policía” y más eso de “malditos policías”. Si hay algo que debe temer la Policía Nacional es que la gente la odie. Es natural que le teman, pero no lo es que la odien. Y ya hay determinados segmentos de la población -sobre todo en las ciudades- que sienten odio por la Policía, sobre todo por sus procedimientos.

Si dentro de cinco años, en septiembre de 2011, la comisionada Aminta Granera puede afirmar con certeza que la Policía de Nicaragua ha recuperado el cariño de los nicaragüenses, que hemos vuelto a decir “nuestra Policía”, podrá decir ella “misión cumplida”.

PERIODISTA.

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