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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 279 | Junio 2005
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México

Andrés Manuel López Obrador: El año que la democracia vivió peligrosamente

La obsesión del Presidente Fox por sacar de la contienda presidencial al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el militante del PRD, Andrés Manuel López Obrador, se prolongó durante todo un año y puso en grave peligro la viabilidad de la democracia mexicana.

Jorge Alonso

Desde las cúpulas de los poderes político y económico, y apuntalado Fox por una alianza de los diputados federales del PAN y del PRI, se intentaron varias estrategias para tratar de restarle a López Obrador su sólida popularidad, reflejada en las encuestas, para después quitar de en medio al contendiente que encabezaba las preferencias electorales para la contienda presidencial del 2006.

UN PLAN CALCULADO

Al principio se optó por un golpe mediático con la machacona transmisión de videos en los que algunos funcionarios del gobierno del Distrito Federal aparecían aceptando dinero de un tramposo empresario. Como esto no logró lo que se pretendía, se privilegió la búsqueda del desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal por un supuesto desacato a la autoridad judicial. Esto le metería en un juicio que le impediría ser candidato a la Presidencia de la República.

En una declaración de prensa de principios de 2005 el Presidente Fox -que quería convencer a todos de que el asunto no era de su incumbencia sino del Poder Judicial- aceptó que la decisión más difícil que había tenido que tomar en 2004 había sido la de este desafuero. Además, se filtró a la prensa una expresión de su esposa, Martha Sahagún, según la cual López Obrador tendría que dejar su puesto en los primeros meses de 2005. Lo dicho por el Presidente se remontaba a abril de 2004, cuando había llamado al Presidente de la Suprema Corte, el magistrado Mariano Azuela, para que acudiera a la residencia presidencial a tratar con él el asunto del desafuero de López Obrador. También trascendió a los medios que, en una reunión con un acaudalado empresario, importantes miembros de la iniciativa privada le habían exigido al Presidente Fox que no dejara que López Obrador fuera candidato presidencial.

UN ENDEBLE PRETEXTO

¿Qué elementos fundamentaron la acusación del desacato? En noviembre de 2000, antes de que López Obrador tomara posesión del gobierno del Distrito Federal, su antecesora expropió dos fracciones de un predio denominado El Encino con el fin de prolongar una avenida que comunicara con un hospital. La Promotora Internacional Santa Fe, argumentando que era propietaria de la superficie expropiada, a tres días de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador demandó un amparo contra la afectación y la realización de las obras viales. Al principio un juez federal no accedió a la petición de que las obras fueran suspendidas. La empresa interpuso una queja a una instancia superior. Entonces el juez en cuestión concedió la suspensión solicitada para que las autoridades responsables se abstuvieran de bloquear el acceso al predio. Dos meses después, la empresa alegó que se había violado la suspensión provisional. El juez determinó que eran insuficientes los documentos presentados pues no se probaba que las autoridades de la capital de la República estuvieran bloqueando o cancelando los accesos al predio.

El proceso judicial siguió sus cauces hasta que en marzo de 2001 la suspensión provisional se convirtió en definitiva.
Ante esa situación las autoridades se vieron en la necesidad de realizar un nuevo trazo para dar acceso vial al hospital.
Pero en agosto de 2001 la empresa volvió a su acusación: se había violado la suspensión de amparo. Ese mes el Secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, rindió un informe en que mostraba el acatamiento a la disposición judicial. Un día después de este informe, el actuario del juzgado testificó que era posible el acceso al predio y que no estaba bloqueada su entrada.

No obstante, a finales de agosto de 2001 un nuevo juez declaró fundado el incidente de violación. El Secretario de Gobierno impugnó esa decisión e hizo ver que la autoridad no había dictado ningún acuerdo, orden, resolución u oficio, ni ejecutado ni omitido acto alguno que implicara un desacato a la suspensión judicial, y aclaró que los trabajos de apertura de vialidades se deberían paralizar sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso a El Encino. A inicios de 2002, el séptimo tribunal de circuito confirmó la resolución del juez, y añadió una obligación que no había aparecido sino hasta ese momento: la de respetar el acceso no sólo a personas sino a vehículos. Notificó todo esto al ministerio público. El juez no se presentó en el predio para verificar si las condiciones de violación al amparo se habían dado y dio valor probatorio a supuestas inspecciones practicadas por actuarios.

UNA INTENCIÓN TORCIDA

Hasta octubre de 2003 la Procuraduría General de la República (PGR) llamó a declarar a varios funcionarios del gobierno del Distrito Federal a quienes la empresa imputaba haber desobedecido la suspensión. A todos se les preguntaba quién era su superior jerárquico. Buscaban llevarlos a inculpar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ninguno accedió a declarar en su contra. No obstante, la PGR decidió procesar penalmente al Jefe de Gobierno y sólo a él.

Hubo un cúmulo de irregularidades en el procedimiento judicial. La empresa reclamó primero la propiedad de 100 mil metros cuadrados, luego presentó una escritura por 86 mil, y en el Registro Público de la Propiedad aparecía la posesión de sólo 83 mil. El PRD denunció en varias ocasiones que el propietario de ese predio había incurrido en violación a la ley al apropiarse de terrenos nacionales. El gobierno del Distrito Federal alegó que el tramo en cuestión no estaba acreditado como de su propiedad, pero los jueces no atendieron esa prueba. Fue notable que, en evidente alianza con la Presidencia de la República, esa empresa se metiera a la lucha política contra López Obrador utilizando los medios de comunicación.

El asunto legal tenía muchas aristas. Y la PGR podía decidir si ejercía o no la acción penal. En otros casos semejantes había determinado no ejercerla. Además, si se persiguiera al superior jerárquico en cada juicio de suspensión, los alcaldes de las principales ciudades, incluso el Presidente de la República, resultarían implicados en centenares de casos. Aunque la Presidencia se empeñaba en reiterar que se trataba de algo estrictamente judicial, para la mayoría resultaba evidente que era un asunto político y que el poder presidencial utilizaba a la PGR de manera facciosa.

LA OPROBIOSA LISTA
DE LOS DEFENSORES DE LA LEY

El gobierno lanzó una costosa campaña en los medios -pagada con recursos de los contribuyentes- para tratar de convencer que se trataba simple y llanamente de cumplir la ley y que era tan lesivo para la legalidad un delito menor -como el robo de un chocolate- como uno mayor.

Los principales instigadores de las maniobras legaloides contra el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podían resistir un mínimo examen de legalidad. Tanto el Presidente Fox como el Secretario de Gobernación no habían cumplido la ley en el caso del financiamiento de Amigos de Fox en sus respectivas campañas electorales del año 2000. Los panistas habían impedido el desafuero de los líderes petroleros que habían usado ilegalmente dinero de la empresa estatal petrolera para la campaña del candidato priísta ese mismo año. Al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, antes de que fuera nombrado numerosos organismos independientes defensores de derechos humanos lo habían señalado como no respetuoso de estos derechos y de haber participado en la guerra sucia contra disidentes del régimen priísta. Posteriormente, hasta la misma dirigencia panista había acusado a la PGR de no acatar la legalidad, sino de torcerla para sus propios fines.

El Subprocurador de la PGR, Carlos Vega Memije -quien en sus declaraciones presentaba a López Obrador como si fuera el mayor de los criminales por el caso de El Encino- cuando fue procurador y Secretario de gobierno en el Estado de Guerrero había sido acusado por el PRD de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y represión. El presidente de la Suprema Corte estaba vinculado al viejo sistema político. El Presidente del PRI, Roberto Madrazo, había sido acusado de haber utilizado excesivo dinero, además mal habido, en su campaña para gobernador, gastando más que lo que gastó Clinton en su campaña presidencial. Madrazo se había salvado de una sólida acusación para desaforarlo gracias a las complicidades del PRI y del PVEM.

El Presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Manlio Fabio Beltrones estuvo acusado en Estados Unidos por connivencia con los cárteles de la droga cuando fungía como gobernador de Sonora. Y uno de los mayores operadores del desafuero de López Obrador, el priísta Chuayffet, había sido acusado como uno de los implicados en la masacre de indígenas en Acteal.

Para rematar, la alianza del PRI y del PAN había sido responsable de un hecho calificado como uno de los atracos más grandes contra el pueblo mexicano: la aprobación del Fobaproa, que había enriquecido a banqueros fraudulentos dejando endeudados a los mexicanos por muchas generaciones. En esta oprobiosa lista estuvieron los principales promotores del desafuero de López Obrador, quienes se presentaban como los adalides de la legalidad.

MUCHAS VOCES DE ALERTA

Ante esta trama empezaron a crecer las voces que acusaban al gobierno foxista y a sus aliados de intentar un autoritario golpe excluyente torciendo el marco legal. Exigían que se dejara a los ciudadanos decidir en las urnas quién debía ser su Presidente. Alertaban sobre la obsesión de Fox, que podía conducir al país a la ingobernabilidad. El subcomandante Marcos participó en este debate: la destrucción de México como nación no era sólo económica y social, también era legal y política y de llevarse a cabo el desafuero México retrocedería un siglo al anularse la vía electoral para acceder al poder. Marcos acusó a Fox de hacer un uso patrimonialista del aparato judicial. La derecha mexicana -dijo- trampeaba: sabiendo que el desafuero era insostenible en el terreno estrictamente jurídico, apostaba a una estructura legal para ocultar lo ilegal.

CONTRA TODO Y CONTRA TODOS

La acusación concreta contra López Obrador era no haber acatado una suspensión. El juez pidió su desafuero, y la PGR solicitó a la Cámara de Diputados que iniciara un juicio de procedencia para desaforarlo. Un prestigiado y ya jubilado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, opinó que debido a que la ley de amparo no preveía facultades para que los jueces federales solicitaran el desafuero de un funcionario que incurriera en presunto desacato de una suspensión, ni que fuera la PGR quien solicitara a la Cámara de Diputados que iniciara un juicio de procedencia respectivo, lo que legalmente correspondía a la Cámara de Diputados era desechar por improcedente el recurso contra López Obrador. Otros juristas llamaron la atención de que no se tenía en cuenta el principio de proporcionalidad, pues por un supuesto delito menor no comprobado se quería hasta meter en la cárcel al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, advirtió que cerrarle el paso a la izquierda mexicana con procedimientos que tendían a criminalizar a uno de los candidatos era crear una situación caótica y autodestructiva en el país. Muchos intelectuales y editorialistas resaltaron que se estaba construyendo un fraude electoral anticipado.

En medio del fragor político, los sondeos de diversas casas encuestadoras confirmaban que la delantera en la preferencia electoral para los comicios presidenciales del 2006 la seguía teniendo López Obrador, con una amplia ventaja sobre el Presidente del PRI Roberto Madrazo y sobre el Secretario de Gobernación Santiago Creel, interesados ambos en quitarlo de en medio por las malas. Las encuestas también revelaban que cuatro de cada cinco ciudadanos estaban en contra de que se le quitara el fuero a López Obrador.

LA DEFENSA DE LÓPEZ OBRADOR

El 7 de abril de 2005, antes de ir a defenderse ante la Cámara de Diputados, López Obrador llamó a un movimiento de resistencia pacífica ante más de 100 mil simpatizantes. Sus adversarios apostaban a que perdiera la cabeza y cayera en acciones violentas. No lo hizo. Fue muy enfático al advertir que los violentos no estaban en su movimiento. Y anunció que desde la cárcel seguiría su lucha política. Informó que había decidido no ampararse ni solicitar libertad bajo fianza y calificó de farsa el juicio que se le estaba haciendo, considerando que a todos quedaba claro que no era un asunto jurídico sino político.

Tras convocar a una marcha de repudio para el domingo 24 de abril, denunció en la Cámara de Diputados que su juicio era una falsedad: no había violado la ley, no había firmado ningún documento ni ordenado que no se respetara la suspensión de amparo otorgada al supuesto dueño del predio de El Encino. El expediente en su contra estaba plagado de falsedades. Preguntó dónde estaba el dolo y la mala fe si el camino no se había construido y afirmó con firmeza que no se le juzgaba por violar la ley sino por su manera de pensar y actuar, y por lo que podía representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de México.

Declaró que a quienes gobernaban el país les molestaba que su programa en ciudad de México de crecimiento económico, de generación de empleos, de construcción de obras públicas, de educación, salud, vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se pudiera propagar a todo el país. Lo querían atajar y quitarle sus derechos políticos con miras a las elecciones del 2006. Quienes me acusan -dijo- llaman populismo a lo poco que se entrega en beneficio de las mayorías y llaman fomento y rescate a lo demasiado que se da a las minorías rapaces. Son los mismos -denunció- que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, los mismo que han convertido a México en un océano de desigualdades y temen que el pueblo opte por un cambio verdadero.

La diputada perredista Diana Bernal, apoyada en la experiencia de diez años como juez en materia administrativa, hizo con sólidos argumentos jurídicos una contundente defensa contra el desafuero haciendo ver que el dictamen de la sección instructora era una causa insostenible. Recordando a Antígona, puntualizó que había aplicaciones legales que cometían injusticias. Pero no valieron las razones. Como todo había sido arreglado entre el PRI y el PAN, con los votos de 360 diputados de estos dos partidos se consumó el desafuero.

LA CONDENA INTERNACIONAL

En Estados Unidos una de las firmas más importantes de la comunidad financiera mundial, Credit Suisse First Boston, señaló que el desafuero de López Obrador era un claro intento de grupos con intereses para descarrilar la candidatura del político más popular usando métodos cuestionables e ignorando la oposición de la mayoría de los mexicanos. Así, el gobierno foxista corría un alto e inútil riesgo y ponía en duda la legitimidad de la próxima contienda presidencial. The Economist Intelligence Unit analizó que el desafuero era resultado de maquinaciones del PAN y del PRI afirmando que si López Obrador quedaba fuera de la contienda presidencial estarían en entredicho las elecciones presidenciales. Para The Wall Street Journal el desafuero comprometía la paz social en México.

The New York Times opinó que la acusación contra López Obrador era transparentemente política, en un país donde quedaban sin resolverse casos de malversaciones multimillonarias. Este periódico recalcó que no se había podido demostrar que López Obrador hubiera tomado personalmente la decisión de desobedecer la orden judicial. Hacerlo responsable a él y no a sus subordinados era una acción contraria a los principios legales bajo los que se le pretendía juzgar, pues tales principios enfatizaban la responsabilidad personal. Si eso se aplicara parejo a todos -decían- cualquier alcalde de cualquier ciudad importante se convertiría en delincuente todos los días. Con el desafuero de López Obrador -planteaban- la campaña presidencial del 2006 regresaba a los malos tiempos en que el PRI inclinaba dictatorialmente las elecciones a favor de sus candidatos.

Para The Washington Post el desafuero era un retroceso democrático y si se sacaba de las boletas electorales a López Obrador, México regresaría a la era en que el país fue gobernado por fraude y fuerza, y el próximo Presidente estaría desacreditado en casa y en el extranjero. Los Angeles Times opinó que el estado de la democracia mexicana era alarmante y que el desafuero era una decisión absurda que manchaba la credibilidad del sistema político. En un país acostumbrado a una corrupción rampante, a una cultura de abuso de poder por parte del Ejecutivo, los cargos contra López Obrador -decía- eran equivalentes a una falta al reglamento de tránsito.

En Inglaterra, Financial Times alertó sobre la posibilidad de una crisis política y económica como consecuencia del desafuero y recordó a los impunes políticos del Pemexgate, que habían canalizado más de 100 millones de dólares de Petróleos Mexicanos para la campaña presidencial del PRI. Para The Economist, el supuesto delito no era proporcional al castigo y todo el proceso representaba una amenaza contra los derechos políticos en México.

En Francia, Le Monde subrayaba que los argumentos del gobierno de Fox contra López Obrador no convencían a nadie en un país donde la justicia era una geometría variable y donde los responsables de escándalos como Amigos de Fox o Pemexgate se habían beneficiado de una impunidad sistemática. En Italia, Il Manifesto acusaba a la esposa de Fox de haber orquestado desde la sombra el desafuero. En España, tanto El País como El Mundo criticaron el desafuero. Y en Rusia, Pravda opinó que el desafuero era una prueba crítica para la transición mexicana hacia la democracia.

“UNA FALTA DE PUDOR”

No sólo la prensa escrita sino importantes televisoras como BBC, CNN, ABC, NBC informaron sobre el desafuero con fuertes críticas al gobierno mexicano. Politólogos y analistas se mostraban sorprendidos, y no podían menos que aceptar que México volvía a la sombras por el retroceso democrático que representaba el desafuero.

El Premio Nobel de Literatura José Saramago confesó que se había creído “vacunado contra la estupefacción”, pero veía que lo que sucedía en México era “falta de pudor”. Salman Rushdie, Ryazard Kapusinski, Laura Restrepo, Briten Breytenbach, entre otros muchos escritores participantes en el festival internacional Voces del Mundo, firmaron una declaración expresando su profunda preocupación por la maniobra política contra López Obrador, condenando lo que calificaron como “un asalto a los mexicanos”, pretendiendo impedir que los ciudadanos expresaran su voluntad y decidieran el futuro político de su país. Juristas y académicos europeos expresaron que el desafuero era una decisión ilegítima que respondía a oportunismo político y que atentaba contra el valor supremo del voto ciudadano. Estudiantes mexicanos en el extranjero, organizaciones de migrantes y grupos solidarios hicieron manifestaciones en Estados Unidos, en Europa y en América Latina contra el desafuero.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se quiso apagar todo este inmenso repudio con cartas a las redacciones de los periódicos, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Sin argumentos convincentes, eran intragables las ruedas de molino de la legalidad que pretendía hacer tragar al mundo el gobierno foxista.

LAS REACCIONES EN MÉXICO

Entre los enemigos de López Obrador en el gobierno, en el PAN, en el PRI y en la cúpula empresarial, hubo un enorme gozo por su desafuero. Un grupo civil fantasma cobijado desde la Secretaría de Gobernación patrocinó una costosa campaña televisiva propiciando la polarización política y social.

El descontento entre quienes vieron en esta maniobra un atentado contra la democracia no cesó de crecer. El Rector de la UNAM calificó al desafuero como un error político. El ex-Presidente del Instituto Federal Electoral juzgó que el desafuero afectaría la legitimidad de los comicios presidenciales del año 2006. Organizaciones independientes de trabajadores acusaron a Fox de haber perdido el rumbo. Representantes de grupos indígenas externaron su preocupación. Académicos, artistas y articulistas arreciaron sus críticas ante las pretensiones de la ilegítima imposición. La organización Alianza Cívica denunció que el desafuero era un mecanismo destinado a terminar de tajo con los avances democráticos del país, una perversión de la legalidad que conducía a una democracia tutelada, una involución democrática y una ofensa a la inteligencia ciudadana.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que se estaba atropellando el derecho de elegir libremente. Señalaron que el Ejecutivo federal y la PGR se habían negado a respetar el principio de presunción de inocencia. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos declaró que el juicio contra López Obrador estaba viciado de origen. Prestigiados penalistas denunciaron que la PGR estaba utilizando el derecho para eliminar adversarios. Cada día se hacía más y más evidente la intención política en las acusaciones contra López Obrador.

Los comentarios en la mayoría de los medios escritos no podían ser más adversos para quienes habían urdido la maniobra del desafuero: manipulando la ley, el gobierno federal, el PAN y el PRI pretendían ganar lo que no veían factible obtener acudiendo a las urnas. También se acusaba a los autores del desafuero de haber puesto una bomba de tiempo a la convivencia democrática, de generar confrontaciones sociales y de crear un clima que llevaría a la ingobernabilidad.

El descontento y las críticas se fueron ampliando y llegaron hasta a algunos senadores panistas. Uno de ellos, Javier Corral, enfatizó que saltaba a la vista lo torcido del objetivo del proceso: revestir de legalidad la eliminación de un precandidato presidencial favorito en las encuestas. Lo calificó como “una de las más erróneas, absurdas, e injustas decisiones de la clase política”. Corral condenó la manipulación televisiva en el caso y señaló que los promotores del desafuero, aprovechándose de las complejidades jurídicas del caso, cometían una gran injusticia por la desproporción y por la selectividad. Varios comentaristas destacaron eso precisamente: el uso de una legalidad viciada por desproporcional y selectiva. El hecho de que desde el gobierno se quisiera ver a los ciudadanos como tontos, fue indignando cada día más hasta a quienes no simpatizaban con López Obrador.

UN REPUDIO MASIVO

La incompetencia política y jurídica del gobierno panista también se hizo más evidente día a día. Dos figuras que habían contribuido a la transición democrática, el Presidente Fox y el Secretario de Gobernación Santiago Creel, por ceguera y ambiciones de poder, se convertían a los ojos de todos en golpistas contra la democracia y en aliados de lo peor del priísmo. Se especuló que la obstinación presidencial se debía al temor de Fox de que si López Obrador ganaba las elecciones presidenciales abriera una investigación sobre su núcleo cercano.

Obcecado en su empeño por sacar del juego político a López Obrador, el gobierno profundizó la división entre los mexicanos. La crisis alcanzó a la jerarquía católica. En un primer momento la Conferencia del Episcopado Mexicano declaró que la inhabilitación tendría serias repercusiones en el proceso electoral del 2006. Posteriormente, la Comisión de Pastoral Social censuró duramente la culminación del desafuero. Entonces, la Secretaría de Gobernación presionó al Presidente del Episcopado para que hiciera otra declaración enfatizando en que había que cumplir la ley. Una vez que logró esto, la Secretaría de Gobernación declaró que se atenía a esta última declaración y rechazó lo expresado antes por la Comisión de Pastoral Social. El obispo de Saltillo Raúl Vera criticó que el gobierno quisiera desacreditar lo expresado por la Comisión. El ambiente general se enrarecía.

Antiguos promotores del voto útil a favor de la candidatura de Fox en el año 2000 le enviaron cartas señalándole que si en su gobierno fuera realmente prioritaria la justicia, los responsables del Pemexgate, el gobernador panista de Morelos y otros más deberían estar enfrentando a los tribunales. Un antiguo colaborador de Fox, Porfirio Muñoz Ledo, además de hablar personalmente con el Presidente, hizo pública la carta que le había enviado: le advertía que el clima de descomposición política que sufría el país era muy grave y se corría el peligro de hacer abortar la transición democrática, y le hacía ver al Presidente que era él el principal responsable de la degradación. Refiriéndose a “una conspiración palaciega”, le reprochaba su obsesión por eliminar al contrario, su intolerancia y su sectarismo y le pedía que no enfilara al país hacia el despeñadero.

En la Cámara de Diputados un panista escupió a un perredista. La prensa consideró que aquel escupitajo era la expresión infamante del odio y podía ser la antesala de la violencia. En todos los actos a los que acudían Fox y su esposa se presentaban personas que manifestaban repudio al desafuero.

APOYADO POR MULTITUDES

Como irregularmente la Cámara de Diputados decretó juntamente el desafuero con la separación del cargo, López Obrador se fue a su casa. Desde allí prosiguió con declaraciones y acciones. En un principio retó al Presidente a debatir sobre el desafuero y a que Fox expresara las razones por las cuales lo quería poner fuera de la contienda del 2006. Posteriormente, inició una gira de resistencia pacífica por el país. El recorrido le permitió apreciar que el repudio contra el desafuero se había ido convirtiendo en una lucha por la libertad, la democracia y la justicia.

En la capital de Tabasco se reunieron 70 mil personas para apoyar a López Obrador. En Guadalajara, ante una multitudinaria manifestación, López Obrador explicó que en las 160 mil hojas del expediente en su contra no había ninguna prueba contundente y todo se había armado con conjeturas e inferencias, aunque él no había firmado escritos ni dado órdenes a funcionarios en el caso de El Encino. Volvió a convocar a acciones pacíficas y a manifestar que estaba dispuesto al diálogo con la condición de que se le garantizara la no suspensión de sus derechos políticos. En este acto habló el escritor Fernando del Paso, quien enfatizó que en las últimas décadas de la historia del país “nunca un asunto tan sucio había sido tan claro”. Señaló que a López Obrador se le perseguía por abrir una calle hacia un hospital, mientras que narcotraficantes, asesinos, ladrones y malos gobernantes gozaban de impunidad.

POR TODO EL PAÍS
Y EN TODAS LAS ENCUESTAS

En otro acto multitudinario en Tepic, López Obrador insistió en que Fox no sólo iba contra su persona sino contra la democracia pues se les quitaba a los mexicanos el derecho a elegir libremente a sus gobernantes. En todos los actos la gente le coreaba que no estaba solo. En otro acto masivo en Acapulco, llamó a evaluar las acciones en su contra, afirmando que el gobierno estaba quedando en ridículo.

Fox y la cúpula empresarial habían apostado a que la protesta ciudadana se iría desinflando. Pero sucedía todo lo contrario. El tiempo la agrandaba y la fortalecía. Y pese a las muy costosas campañas mediáticas, el Ejecutivo federal no lograba convencer a nadie.

LA BATALLA JURÍDICA

Como la PGR debía probar que López Obrador había firmado notificaciones -hecho inexistente- diversas organizaciones sociales emplazaron a la PGR a retirar los cargos. El PRD, apoyado en la firma de 5 mil ciudadanos, solicitó al ministro Mariano Azuela que, dado que en este caso había mostrado que no era imparcial, se excusara de participar en las decisiones que al respecto tuviera que tomar la Suprema Corte.

A las irregularidades iniciales del proceso se fueron agregando otras más. Los diputados del PRI y del PAN cometieron un grave error al integrar en una misma resolución el desafuero y la separación inmediata del cargo. Así, se había violado la Constitución, que claramente expresa que la separación del cargo se hace hasta que el acusado esté procesado. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con su mayoría perredista, decidió que López Obrador debía seguir en su cargo, y que además, el proceso de desafuero debía haber pasado por sus manos, pues López Obrador tenía el estatus jurídico de gobernador y la Asamblea fungía como Congreso estatal. Presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional: la Cámara de Diputados se había extralimitado y había violado la Constitución. Entonces, la Cámara de Diputados interpuso también una controversia contra la decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Corte dio entrada a las dos controversias y la PGR y la Cámara de Diputados interpusieron por separado recursos de reclamación para impugnar que la Corte hubiera dado entrada a la controversia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Quinientos académicos de la UNAM presentaron demanda de juicio político contra los 360 diputados que habían votado a favor del desafuero por el hecho de haber violado la Constitución y solicitaron que cuando se tratara este caso, estos diputados se excusaran porque no podían ser juez y parte, y que se llamara a sus suplentes.

UNA MANIOBRA RIDÍCULA

El 20 de abril la PGR consignó ante un juzgado el expediente de López Obrador para que procediera penalmente. Sin embargo, a estas alturas los responsables de toda la maniobra no querían que López Obrador pisara la cárcel, pues una foto suya tras las rejas por un supuesto delito menor acarrearía aún mayor desprestigio al gobierno foxista, haría crecer más el repudio popular y enaltecería la figura de López Obrador.

Para evitar esa foto, la PGR maquinó una triquiñuela. Pidió no la aprehensión, sino la comparecencia, aduciendo que dos diputados panistas habían pagado una fianza de dos mil pesos por ese delito menor. El gobierno quería matar dos pájaros de una pedrada: que López Obrador no estuviera en la cárcel, pero que sí quedara inhabilitado para competir por la Presidencia por estar sujeto a proceso penal. En respuesta a esta burla, López Obrador solicitó al juez que no se aceptara una fianza que él no había gestionado. La opinión pública repudió tan ridícula maniobra. Y el PRD anunció que denunciaría penalmente a la PGR por haber prestado previamente a esos dos diputados panistas el expediente, que no conocían ni el inculpado ni su abogado. La fianza “preventiva” envileció aún más todo el proceso.

Ante esto, el juez que recibió el caso determinó que la PGR había actuado mal, al dar libertad a alguien que no estaba preso y devolvió la causa penal y la fianza. Los constitucionalistas demostraron que López Obrador tenía que seguir en su cargo hasta que la Corte fallara sobre las controversias y López Obrador anunció que regresaría a sus labores el 25 de abril.

UNA MARCHA HISTÓRICA,
PLURAL Y MASIVA

López Obrador había invitado a los ciudadanos a acudir a una marcha silenciosa de protesta el domingo 24 de abril. Desde la Presidencia y queriendo ningunearlo, se referían siempre a él como “el señor López”. Este nuevo agravio lo sintieron como propio muchos ciudadanos. En lugar de empequeñecerlo, lo acercó más a la gente.

Fue impactante la multitudinaria marcha en apoyo a su causa. Reflejó una alianza ciudadana en contra del desafuero y por la democracia. Sin duda, fue la concentración más masiva y más plural de la historia del país. Un millón de personas de todos los estratos sociales acudieron a mostrar su repudio al desafuero.

Con mucho ingenio la gente se manifestaba con carteles de manufactura casera: “Tres millones votaron por ti, 360 diputados no podrán eliminarte”, “Alto al uso foxioso del poder”, “¡Fox, Martha decide por ti, pero tú no decides por mí!”, “Contra la canallada y el escupitajo”, “AMLO no es mi santo, pero la democracia es mi devoción”, “Todos somos López”...

Repitiendo que seguiría en su línea pacífica López Obrador hizo un llamado a sus adversarios a deponer el encono.
Aclaró que no odiaba ni buscaba venganzas, que no perseguiría a nadie ni inventaría delitos. Llamó a construir una nueva convivencia social con menos desigualdad y más justicia. Propuso un pacto con todos los sectores de buena voluntad, enfatizando que su proyecto no era excluyente.

Todos los comentaristas alabaron la marcha gigantesca, pacífica y heterogénea, y el tono conciliador del convocante. Y volvieron a criticar que el gobierno de Fox, por un supuesto delito de dos mil pesos, hubiera llevado al país a una confrontación innecesaria.

UNA CEGUERA TERCA Y TORPE

El gobierno federal seguía en su ceguera: Fox declaró que nada sabía de la marcha porque se había pasado ese domingo viendo por televisión la toma de posesión del nuevo Papa. En su conferencia mañanera del lunes siguiente, ante gran cantidad de periodistas mexicanos y extranjeros, López Obrador volvió a declarar que estaba dispuesto a dialogar con Fox, con el PAN y con el PRI.

En Estados Unidos, The New York Times destacó que las estructuras tradicionales de poder no tenían el control, ni con todo su dinero ni con sus medios de comunicación. La noticia de la marcha dio la vuelta al mundo. La cuestión era simple: para quienes no querían o temían a López Obrador la única vía estaba en las urnas.

La respuesta de la Presidencia continuó siendo cada vez más torpe: “el señor López” había violado la ley al retomar sus labores como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Al discurso conciliador de López Obrador se le respondía con la acusación de que era “un provocador”. Más aún: se incitó a quienes no estuvieran de acuerdo con su regreso a sus oficinas a que lo denunciaran penalmente. Parecía que el conflicto escalaría aún más. En una inusual declaración, el líder cubano Fidel Castro recomendó a Fox que se jubilara antes de que se desatara la violencia en México.

¿POR QUÉ EL CAMBIO?

Algo sucedió en la residencia presidencial. Es factible que la evaluación de los daños políticos -mostrados en el declive en las encuestas de la figura presidencial y de su partido- y de la agria crítica de la opinión nacional e internacional haya llevado a que los personajes de línea dura -quienes habían imperado en toda esta coyuntura- dejaran de presionar y que esto ofreciera más espacios a quienes desde dentro buscaban una salida política.

Una variación de esta naturaleza en la correlación interna propició tal vez que se abriera el camino a un cambio, y a un golpe de timón que, aunque tardío, implicó una rectificación. Como también se ha rumorado, pudo deberse a una presión del gobierno de Estados Unidos, temeroso del crecimiento del descontento popular, advertencia que ya no podía desatender el entercado Fox.

Posiblemente también se evaluó que, pese a que el masivo movimiento popular había podido ser contenido en los cauces pacíficos por la acción responsable de López Obrador -cosa que tranquilizaba a los mercados-, el crecimiento de la tensión por un sentimiento de agravio acumulado podría hacer estallar un movimiento imparable que seguramente se iba a proponer como meta la renuncia de Fox, como acababa de suceder en esos mismos días en Ecuador. Seguramente, en el cambio confluyó una combinación de todos estos factores.

LA INESPERADA RECTIFICACIÓN

Lo que estuvo a la vista de todos el miércoles 27 de abril fue un Presidente con un mensaje que cambiaba radicalmente la situación. Fox anunció que Rafael Macedo de la Concha dejaba de ser el titular de la PGR y que se revisaría de manera exhaustiva el expediente de López Obrador buscando preservar dentro del marco de la ley la mayor armonía política del país. Hizo llamados a coincidir en lugar de confrontarse estérilmente: había que buscar el diálogo y no el desafío, la conciliación y no la división. Fox subrayó que el gobierno federal a nadie impediría participar en la contienda electoral del 2006 y que enviaría al Congreso una iniciativa para resguardar los derechos de los ciudadanos sujetos a juicio en tanto no se dictara sentencia final y definitiva. Como Presidente, asumió su deber de garantizar que el proceso del 2006 fuera legítimo. Posteriormente declaró que con la decisión de revisar exhaustivamente el expediente de López Obrador se despejaban los nubarrones para que el proceso del 2006 se diera con todas las libertades y equidad que requería. Fox calificó lo anunciado como una “decisión de Estado” con el propósito de dar certidumbre, remover temores y dar garantías a todo el pueblo de México. Junto con Macedo se fue también el Subprocurador Carlos Vega Memije.

EL TRIUNFO DE LA GENTE

La Presidencia aceptó la solicitud formal de López Obrador, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para tener una entrevista, señalando que el espacio de la política permitía la creación de alternativas jurídicas. López Obrador respondió que aceptaba reunirse con el Presidente cuando él lo decidiera, celebrando el ambiente de distensión que permitía el fortalecimiento de la democracia. Atribuyó la rectificación a la movilización de los ciudadanos. La Presidencia coincidió con él: habían sido decisivas las movilizaciones ciudadanas. Los comentaristas destacaron también el triunfo de la gente.

La decisión presidencial dejó mal parados a otros participantes en la maniobra, que esperaban sacar ventaja política de la eliminación de la candidatura presidencial de López Obrador. El más visible y disgustado fue el Presidente del PRI, Roberto Madrazo, quien enfiló sus críticas a Fox, acusándolo de darle a López Obrador un trato preferencial. Exigía que Fox sacara las manos de la elección. La Presidencia continuó invitando a la mesura, a la cordura y a contribuir a la distensión política, aclarando que para dar el paso de la rectificación se había consultado a la dirigencia del PRI, al sector empresarial y a la jerarquía católica.

UN NUEVO CLIMA

Con la rectificación volvieron a aparecer no sólo las rupturas que había en el PRI, sino también en el PAN. Un precandidato presidencial panista y algunos diputados de ese partido encomiaron a Macedo y criticaron la actuación del Secretario de Gobernación, pidiendo su renuncia por haber sido uno de los instigadores de la fallida aventura del desafuero. No obstante, la gran mayoría alabó al Presidente por la salida que le había dado a un conflicto que amenazaba la paz social.

El Secretario de Relaciones Exteriores aseveró ante el cuerpo diplomático que López Obrador, sin ser responsable, había sido víctima del burocratismo. La iniciativa privada, que había empujado al desafuero, manifestó apoyo a la decisión presidencial, aunque posteriormente se exhibió fracturada en cuanto a la solución concreta de la PGR. En el desfile del Primero de Mayo importantes representantes de los sectores obrero y empresarial se mostraron satisfechos de que se abrieran tiempos para la concordia y para los acuerdos.

López Obrador confiaba en que la revisión imparcial de su expediente llevaría a constatar que era inocente. Reconoció que, con la rectificación, Fox había actuado como un hombre de Estado y pidió confianza en su mensaje. El abogado de López Obrador recomendó a la PGR que, en lugar de perderse en un montón de papeles, acudiera al terreno para verificar que no había delito.

Finalmente, el 4 de mayo de 2005, el nuevo titular de la PGR, acotando que de acuerdo con el expediente López Obrador sí había incurrido en el desacato, optó por no proceder penalmente debido a que faltaba claridad en la sanción. La dirigencia nacional del PRD respondió que, pese a que ese fallo era contradictorio, zanjaba en forma definitiva la situación jurídica del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y anunció que López Obrador renunciaría a su puesto en julio para participar como precandidato en las elecciones internas de ese partido.

El Presidente del PRD en el Distrito Federal consideró que la rectificación había sido a medias pues dejaba abierta una rendija para la inconformidad judicial. Hubo juristas que señalaron que la PGR había incurrido en una grave contradicción pues no procedía decir que había delito pero no pena. Si no había pena, tampoco delito y lo que hubiera tocado decir era que no se había cometido el delito. La PGR había ofrecido una salida jurídica para sí misma con una incongruencia jurídica, pues se atribuía a López Obrador un delito inexistente. Lo que debía haber sucedido era exonerarlo sin más. A pesar de todo, la medida derivó en un clima beneficioso para el país.

LAS RESISTENCIAS

Los promotores del desafuero cayeron en un grave ridículo nacional e internacionalmente. El dirigente priísta y los encargados en el PRI de consumar el desafuero en la Cámara de Diputados, mantuvieron el discurso de la legalidad y acusaron a Fox de haber procedido de forma inmoral. Plantearon que se necesitaba la sentencia absolutoria de un juez o dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, aunque aceptaban que eso era inviable porque la PGR no había ejercido la acción penal. Así, el PRI, el partido que ha exhibido la inmoralidad como forma de gobernar, el que logra proseguir cohesionado en un pacto de impunidad, el que ha utilizado una legalidad autoritaria en su propio beneficio sin importarle la legitimidad, y el que tiene una larga historia no cerrada de fincarse en fraudes electorales, siguió apelando al Estado de Derecho.

En la otra esquina, López Obrador admitió la solución, aunque no estuvo de acuerdo con que se le imputara responsabilidad. Esperó que la PGR aceptara que no había elementos para inculparlo. No obstante, y evaluando que todos los participantes en la confrontación sobre el desafuero, él mismo incluido, estuvieron a punto de propiciar la inestabilidad política, consideró que todo se había arreglado de buena manera. Concordó con Fox en darle vuelta a la hoja, y propuso un acuerdo político nacional. De esta forma, desactivó la resistencia pacífica, para dar paso a la organización de un movimiento cívico en torno a un proyecto de nación alternativo.

¿UNA COYUNTURA CERRADA?

Parece una coyuntura cerrada. Pero, por lo general, las coyunturas no se clausuran tajantemente, sino que se traslapan y concatenan, abriendo nuevas situaciones, que dependen de las anteriores. La lucha por la Presidencia de la República se hará más dura y enconada.

Quienes trataron de eliminar jurídicamente la candidatura de López Obrador estarán tentados a buscar otras vías. Y la convergencia cívica por la democracia tendrá que estar atenta para no alentar la consolidación de un liderazgo caudillesco con expresiones autoritarias, y deberá desarrollar su potencialidad y capacidad para garantizar modalidades duraderas de participación y exigencia ciudadana.

¿LEGALIDAD
Y ESTADO DE DERECHO?

El meollo de la argumentación del gobierno federal en el conflicto fue la legalidad. Pero quedó en evidencia que el sistema legal del viejo régimen, que no ha sido modificado por una profunda reforma del Estado, propicia el uso faccioso de la ley y la utilización selectiva de la justicia para eliminar adversarios políticos. Existen graves deficiencias jurídicas que permiten la manipulación, la arbitrariedad, la desmesura y la insensatez. Se argumentó que se aplicaría la ley sin importar las consecuencias económicas, políticas y sociales haciendo de la ley un fin en sí mismo, cayendo así en la aplicación arbitraria de la ley y olvidando que la ley es sólo un medio para garantizar la justicia.

Se habló mucho del Estado de derecho. Pero los Estados autoritarios son los más proclives a esa argumentación y están siempre pertrechados de una gran cantidad de leyes injustas para someter a los ciudadanos. Lo que hay que construir es un estado de Derecho democrático basado en una auténtica justicia que no permita que por cuestiones menores se traten de imponer sanciones desproporcionadas, mientras responsables de grandes crímenes permanecen en la impunidad.

UN BIPARTIDISMO DE ESTADO

Otra evidencia fue que el PRI no ha sufrido cambios de fondo. Prosigue manipulando las instituciones para sacar adelante sus propios intereses sin importar legitimidad y justicia. Al PAN se le cayó la máscara de la democracia para mostrar que su rostro padece el mismo virus autoritario del PRI. Recurrió a la misma matriz argumentativa utilizada en el viejo régimen contra perseguidos y presos políticos. Se olvidó totalmente de las enseñanzas de uno de sus fundadores, Efraín González Luna, quien fue un perseguido político y siempre estuvo en contra del uso faccioso del poder.

Con la elección del año 2000 pareció terminarse la época del partido de Estado. Enseguida, la realidad lo desmintió: se fueron consolidando signos que apuntaban hacia un régimen autoritario bipartidista, un bipartidismo de Estado. Dos de estos signos han sido la conformación del Instituto Federal Electoral, en clara repartición entre el PRI y el PAN, y el acuerdo entre esos dos partidos para desaforar a López Obrador.

No importó a los diputados priístas y panistas que la mayoría de los ciudadanos se pronunciaran contra el desafuero. Maniobraron para intentar un dedazo presidencial excluyente y un fraude ex ante. Así, estos diputados pusieron en cuestión la actual forma representativa de la democracia mexicana, pues 360 atentaron contra el voto de 3 millones de personas que eligieron a López Obrador, y contra la expresión de la mayoría de los ciudadanos, que en diversas encuestas expresó que no debía ser desaforado.

Con el desafuero se atentó contra la ciudadanía y contra la democracia integral. En primer lugar, contra la democracia electoral al pretender impedir la participación de un candidato. Contra la ciudadanía política al atentar contra los derechos políticos del candidato y de los ciudadanos. Pero sobre todo se atentó contra la democracia social, al querer cerrar el paso a una alternativa política que ofrece poner el énfasis en la atención a los reclamos sociales de empleo, vivienda, educación y salud de calidad. Se le quiso cerrar el paso a un candidato que propone una alternativa al modelo económico neoliberal.

TENDENCIAS ESPERANZADORAS

Los principales instigadores del desafuero fueron los poderes fácticos del dinero y de los grandes medios. En este episodio se revelaron tres tendencias. La primera, que estos poderes, que instrumentalizan al Estado en su propio beneficio, pueden ser acotados, y que algunos de sus propósitos expresos pueden ser derrotados por la acción masiva de la ciudadanía organizada. Fue posible ponerles un freno a su abusivo uso del poder.

La segunda, que, pese a que después del año 2000 el movimiento cívico se desactivó y había caído en una apatía, cuando sonó la alarma de que peligraba la democracia se despertó con tal fuerza que forzó al Ejecutivo federal a la rectificación. Si la movilización convergente democrática prosigue tendrá la capacidad de impulsar salidas de democracia integral. Sólo un fuerte movimiento cívico revertirá la actual y desprestigiada partidocracia inmersa en sus intereses mezquinos para obligar a búsquedas de soluciones a las urgentes necesidades de las mayorías.

La tercera tiene que ver con la virtud de la convergencia democrática para conjurar la tragedia social. Con el desafuero,
el bipartidismo de Estado cometió hybris, ese exceso, desmesura y ultraje que es siempre el detonante de las tragedias. Cuando parecía inminente un desenlace de desgarramiento social, la decidida acción ciudadana detuvo la tragedia.

GANADORES Y PERDEDORES

En esta coyuntura hubo evidentes perdedores si se considera a dónde querían llevar al país. Los poderes fácticos, el Presidente de la República, su esposa Martha, el Secretario de Gobernación, el Procurador Macedo, el Subprocurador Vega, el Presidente de la Suprema Corte, los dirigentes y diputados del PRI y del PAN, con rarísimas excepciones. Todos ellos son los perdedores. Y quienes serían los inmediatos ganadores de esa maniobra por sus aspiraciones presidenciales, el panista Creel y el priísta Madrazo bajaron puntos en la intención del voto al embarcarse en esta aventura. Con sus declaraciones en contra de la salida política dada por Fox, Madrazo perdió cinco puntos porcentuales más. Los analistas pronosticaban que tanto el PRI como el PAN pagarían altos costos políticos.

Desde el punto de vista de la democracia, no se dio un juego suma cero, sino que hubo muchos ganadores. Por supuesto, López Obrador y su partido, pues quedó garantizada su participación. Además, López Obrador creció en conocimiento y aceptación a nivel nacional, y su imagen y causa repercutieron favorablemente a nivel internacional. Fox, a punto de pasar a la historia como un autoritario y antidemocrático, también recuperó imagen. Las dos figuras clave en este enfrentamiento pueden sacar lecciones para el futuro inmediato. Tanto Fox como López Obrador han de haber aprendido que la gente no tolera ningún tipo de autoritarismo, que no le gusta que la quieran engañar, que repudia que se tuerza la ley, que exige transparencia y ser tomada en cuenta.

Evidentemente, el gran ganador es un movimiento cívico que aquilató su potencialidad. Ganó esa mayoría de ciudadanos y ciudadanas que exigen el respeto a sus derechos y que repudian las confrontaciones estériles. Grandísimo el triunfo que ha representado el emerger de una movilización cívica y social convergente capaz de enderezar el rumbo y de sostener la esperanza.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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