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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 279 | Junio 2005
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Nicaragua

Un país partido, repartido y sin rumbo

En el caos institucional en escalada no hay un solo protagonista del desorden que no se justifique con “la ley”. Todos argumentan con la legalidad de sus actos. Ninguno cuestiona su legitimidad. Todos proclaman que hacen lo que hacen “por Nicaragua”. Y Nicaragua -que es la mayoría de su gente- sigue ahí, sin legitimar a ninguno.

Equipo Nitlápan-Envío

Terminará Enrique Bolaños su mandato? ¿Cómo se alineará el Ejército en el conflicto entre los Poderes del Estado? ¿Camina el país hacia una Asamblea Constituyente? ¿Surgirá alguna solución de las próximas elecciones o se prepara un fraude electoral? ¿Por qué no hay movilización popular en torno al conflicto institucional? ¿La habrá? ¿A favor de qué o de quiénes?

Sin rumbo y en una incertidumbre creciente, la clase política, que mantiene partido y repartido el país, volvió a colocarlo “al borde del abismo”. Hace un mes Nicaragua estaba colocada en idéntico lugar. Habrá que aceptar, entonces, como punto de partida de cualquier análisis, que en el precipicio institucional en el que ya estamos instalados siempre hay nuevos “bordes” a los que llegar, a los que asomarse y desde los que despeñarse. Así fue en abril-mayo. Así siguió siendo en los conflictos de mayo-junio.

Un analista internacional que ahora vive en Nicaragua afirma que en ningún otro país ha visto tan “institucionalizado el caos” como en Nicaragua. Otro comenta: “Nicaragua me ha quebrado cualquier marco teórico de análisis”. La política criolla lo mantiene confundido. “Me rindo”, afirma. La clase política no se rinde. Y el caos institucional sigue.

LA CRISIS POR EL PETRÓLEO

El precio internacional del petróleo siguió subiendo. La crisis energética de un país dependiente casi totalmente de un combustible cada día más caro, continuó. La privatización de la generación y de la distribución de energía hecha hace varios años, muestra ahora sus más oscuros flancos, como se apunta en las páginas 12-14 de este mismo número.

¿Es posible regresar al Estado el servicio de energía? ¿Podría ser eficiente en manos del Estado? ¿De este Estado? Aún así, la dependencia que la energía que consumimos tiene del petróleo no se resolverá en muchos años. Y el precio internacional del crudo no lo resolverá Nicaragua. La solución de este nuevo factor que afecta la frágil economía nacional -y la política nacional- va para muy largo.

LA ALIANZA DE DOS

El caos jurídico motivado por las reformas constitucionales aprobadas por los diputados de Daniel Ortega y de Arnoldo Alemán en la Asamblea Nacional en enero continuó desarrollándose. La aguda tensión entre Bolaños -despojado de importantes atribuciones por las reformas- y el Legislativo, donde están los reformadores, quienes ahora tienen más espacios de poder político y de control económico a través de nuevas instituciones, ha ido en escalada, no han faltado episodios ni un solo día.

El diálogo tripartito entre el FSLN-PLC y el gobierno, organizado en enero para consensuar algunos aspectos de estas reformas, continuó dominado por la pareja Alemán-Ortega. Es un diálogo de tres en el que dos están siempre y previamente de acuerdo. Los dos grupos dialogan, más que en la mesa oficial del diálogo, en la hacienda-cárcel de Alemán y en la Secretaría del FSLN. Avanzan en nuevos acuerdos en una sincronía que no deja de asombrar. Orlando Núñez, ideólogo del FSLN, defiende este pacto como una auténtica y novedosa alianza anti-oligárquica y anti-imperialista. Para los voceros del PLC es la garantía de la liberación de Alemán. Y una revancha contra el error del que a diario se arrepienten de haber llevado a Bolaños al gobierno bajo la bandera liberal. En el diálogo sigue presente como testigo y garante, el Cardenal Obando.

EL AVANCE DEL PACTO

Este mes, el FSLN-PLC aprobó en el Parlamento la Ley creadora del Instituto de la Propiedad. Y la Ley que reforma la Seguridad Social y traslada su control al Legislativo. Una nueva reducción de los poderes de Bolaños. Terminaron también de nombrar a los magistrados del Poder Electoral. Las caras de siempre y un par de nuevas caras del PLC (René Herrera, José Marenco Cardenal), todas ellas garantía de un manejo bipartidista y pactado de este Poder en la preparación y en el desarrollo del proceso electoral de 2006. Nombraron también -y esto construyó el “borde del abismo” de mayo-junio- a los seis altos cargos de la SISEP (Superintendencia de Servicios Públicos).

Esta nueva institución, creada por el pacto, traslada al control del Legislativo la regulación de todos los servicios públicos (energía, agua, telecomunicaciones). Es una muy importante expresión del “parlamentarismo” diseñado en el pacto y que el Presidente Bolaños denuncia internacionalmente como “golpe de Estado” o “dictadura”.

La “filosofía” de este segundo momento del pacto FSLN-PLC (el primero se consumó en 1998-99) es también la “alternabilidad” de unos y de otros al mando de todas las instituciones de un Estado, que ya se han repartido legalmente entre los más leales a Ortega y a Alemán.

EL DIÁLOGO DE DOS

El Presidente Bolaños decidió abandonar el diálogo alegando incumplimientos del PLC-FSLN. Desde finales de marzo, Bolaños esgrime contra los aliados del pacto una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que dictaminó que las reformas constitucionales aprobadas por el PLC-FSLN son “inaplicables”. El FSLN-PLC le responde con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua que declara “inaplicable” lo que dice la CCJ. Bolaños esgrime también el acuerdo al que llegó con el PLC-FSLN: que los nuevos nombramientos se hicieran por consenso y que las reformas -instituciones, nuevas autoridades- no entrarían en vigencia hasta 2007, con el nuevo gobierno. Bolaños sólo aspira a terminar su período y quiere terminarlo con las mismas atribuciones que le daba la Constitución antes de las reformas. Qué suceda después de él parece no ser su prioridad.

Buscando algún oxígeno en el diálogo que abandonó, Bolaños propuso que de tripartito pasara a “amplio” y “nacional”, con la participación de la sociedad civil. Como siempre, la comunidad internacional respaldó a Bolaños, quien incluso envió al FSLN-PLC la lista de cuáles organizaciones gremiales, sindicales, universitarias, civiles, de la empresa privada y otras proponía que participaran. Después de escarceos retóricos de disimulo, el PLC y el FSLN desestimaron la propuesta. Por razones prácticas: sería un maratón de opiniones inmanejable. Como en la sociedad civil hay tantos representantes no les faltaba algo de razón. También la rechazaron por su cuestionable filosofía política: entre ambos partidos -dicen- representan ya al 90% de los votantes y así como ellos fueron elegidos por el voto popular, a los líderes de la sociedad civil “no los ha elegido nadie”.

LA APATÍA DE LA GENTE

En los diferentes episodios del caos, la incapacidad del Presidente Bolaños para manejar la situación se ha hecho cada vez más peligrosa. ¿Podría ser de otra forma ante tan habilísimos adversarios como son los dirigentes del PLC-FSLN aliados en yunta de propósitos? Bolaños ha tenido que admitir que no ha podido hacer “absolutamente nada” ante el caos institucional. Pero asevera continuamente que durante su gestión Nicaragua avanza.

¿Es así? Aunque para una buena parte de la población urbana y rural el “avance” es hacia la descomposición social, la emigración o la violencia, hay que admitir que, en buena parte del campo, gracias a la mejoría en los precios del café y a los buenos precios de la carne, los frijoles, los lácteos, etc., se observa una intensa actividad económica.

Cualquier avance en Nicaragua es relativo teniendo en cuenta las complejas asignaturas sociales pendientes que el país arrastra en educación, salud, nutrición, vivienda. Sin embargo, la relativa estabilidad económica que hoy existe en el país y esta reactivación que permite trabajar, comprar y vender, ganar algo, vivir y sobrevivir, juega a favor de Bolaños y explica mucho de la inmovilidad de la población ante el caos institucional.

La gente responde en las encuestas con claridad sobre el caos jurídico, alguna gente llama a los programas radiales para opinar atinadamente sobre la crisis, pero no existe -y es difícil imaginar que existirá- una movilización popular a favor de alguno de los tres actores de la crisis. Esa “movilización” existe en los medios. Decepcionada de toda la clase política, la gente quiere opinar y opina, pero no confía en los frutos de una participación que vaya más allá. Ha entendido que buscarse o rebuscarse la vida es su mejor opción. Tal vez si la crisis económica fuera más aguda y no hubiera tantos vericuetos que permiten sobrevivir, el escenario social sería otro.

La relativa estabilidad económica encubre las inconsistencias del Presidente, que contrastan con la capacidad del PLC-FSLN para acorrarlo y mantenerlo en jaque. Asombra la consistencia del entendimiento al que han llegado estos adversarios y el cinismo de sus declaraciones. El desprestigio de los diputados danielistas y arnoldistas compite con las incoherencias del Presidente Bolaños. Y así, los tres actores del caos institucional alimentan la apatía política de la gente.

LA INESPERADA EMERGENCIA

La etapa álgida del “borde del abismo” en este mes comenzó el 30 de mayo, día sagrado si los hay en el país, día de las madres. A la hora en que empezaba el feriado y la fiesta, el Presidente Bolaños decretó un alza de casi el 12% de la tarifa eléctrica para los usuarios de mayor consumo -la solicitada por Unión Fenosa-, y a la par emitió un decreto de emergencia económica durante seis meses, suspendiendo tres artículos de la Constitución y las garantías consignadas en ellos para que no hubiera ni recursos de amparo ni críticas ni protestas por el alza -o por la emergencia, no quedaba claro-, justificando su decisión en evitar el racionamiento de energía con que la distribuidora y las generadoras venían amenazando.

La medida pareció desproporcionada. Costaba trabajo entender la relación entre los apagones anunciados y tan drástica reducción de los derechos constitucionales. ¿Qué vendría después? Era justo especular sobre los verdaderos alcances políticos de un decreto que se pretendía económico. Más aún porque en esos mismos días se iba a consumar uno de los acuerdos más relacionados con la economía en el pacto: el nombramiento de los nuevos intendentes de energía, agua y telecomunicaciones en la SISEP, una de los inventos institucionales más polémicos en el pacto Ortega-Aleman y uno de los más funcionales a su estrategia.

EL RETIRO DE LA EMERGENCIA

El país no sólo está repartido por el pacto. Está partido por el pacto. Entre quienes opinan, un sector minoritario, pero que cuenta con dos medios de gran audiencia, el diario “La Prensa” y el Canal 2, defendió el alza como medida inevitable, aunque titubeó ante lo absurdo de la suspensión de las garantías constitucionales. El sector mayoritario de quienes hacen opinión pública rechazó con inusitada fuerza tanto el alza como el recorte de derechos: se estaba consolidando una dictadura, ni en tiempos de Somoza se habían suspendido estas garantías… Los sectores más beligerantes del danielismo amenazaron con asonadas callejeras y pidieron nuevamente la destitución de Bolaños.

Como todo decreto presidencial, éste tenía que ser aprobado por los diputados en 72 horas. Los del PLC y los del FSLN anunciaron, como era de esperar, que lo rechazarían. ¿No contaba el propio Bolaños con este rechazo? ¿Y si era así, por qué la desmesura de la medida? ¿Fruto de la autarquía en la que piensa y toma sus decisiones el Presidente? El 2 de junio, mientras los diputados debatían retóricamente sobre el decreto y se aprestaban a rechazarlo, Bolaños lo anuló sorpresivamente. “Han cesado ya las causas que la originaron”, dijo tan tranquilamente. Mantenía, sí, el alza de la tarifa eléctrica para “salvar” al país de los apagones.

Al conocer la noticia, los diputados aplaudieron en el Parlamento el retiro de la emergencia. ¿O aplaudían el traspié de Bolaños que le dejaba en ridículo? Acto seguido, decidieron escalar el caos institucional eligiendo y reeligiendo a los magistrados del Consejo Supremo Electoral y, sobre todo, eligiendo a los intendentes de energía, agua, telecomunicaciones y atención a usuarios y al nuevo superintendente de la SISEP. El “paquete” de todos los elegidos ese día es “pesado” y realmente preocupante. La primera tarea que le dieron al nuevo intendente de energía -un empresario pesquero, amigo personal de Alemán, quien tendrá de brazo derecho a un conocido somocista- fue anular el alza energética decretada por el Presidente.

EL ESTALLIDO

A partir del 3 de junio se construyó el nuevo “abismo” institucional, al borde del cual estamos al cerrar este número de Envío. Bolaños y el Ejecutivo desconocieron los nombramientos de la SISEP, como desconocen la legalidad de esta nueva institución. Como desconocen la legalidad de todas las reformas constitucionales y de todo lo que de ellas se deriva. El Presidente ordenó rodear de policías antimotines las instalaciones de los entes autónomos que, dependientes del Ejecutivo, se ocupaban hasta el 3 de junio del servicio de agua (INAA), del de energía (INE) y del de telecomunicaciones (TELCOR) para que no dejaran entrar en ellas a los nombrados por los diputados. Y llamó a la OEA para que enviara a Nicaragua una delegación permanente que, actuando como mediadora de un diálogo “amplio” solucione la crisis y le permita al Presidente recuperar todo lo que le han arrebatado los diputados con las reformas.

El llamado a la OEA es un implícito rechazo al papel que hasta ahora ha jugado el Cardenal Obando, que en el diálogo tripartito no ha pasado de ser un adorno religioso de los acuerdos bipartidistas con su indudable -aunque complejo de explicar- poder simbólico.

En respuesta, la Contraloría -repartida en el pacto- ordenó congelar las cuentas de INE, INAA y TELCOR y auditar a estas instituciones por “presunción de desfalco”. La Superintendencia de Bancos respaldó a la Contraloría. También se introdujeron recursos de amparo contra la decisión presidencial de no permitir la toma de posesión y la entrada a los edificios correspondientes de los elegidos. El Poder Judicial los aceptó, colocando a la Policía en un dilema: ¿a quién obedecer, al Presidente o a la orden judicial? ¿Y qué le tocará al Ejército hacer en este conflicto? El FSLN-PLC rechazó a la OEA como mediadora y se aferró al Cardenal Obando alegando su experiencia y su autoridad moral.

LAS DOS PINZAS DE FUERA

En esta situación sin rumbo, que se prolonga y a la que no se le ve ninguna salida, las presiones externas sobre el gobierno, sobre el PLC, sobre el FSLN y sobre la alianza PLC-FSLN se han venido multiplicando. El país depende tanto de la cooperación externa que las presiones que vienen de fuera tienen una especial eficacia.

Estas presiones buscan, más que resolver el actual caos, “rayar el cuadro” para negociar con el gobierno que surja de las elecciones del 2006. Sea cual sea. Muy confundidos por lo que ven y muy preocupados por lo que pudieran ver más adelante los donantes, pretenden lograr una transición ordenada del poder y sentar las bases para un marco de cooperacion de mediano plazo que pueda resistir los vaivenes políticos y sortear todos los nuevos abismos que se vayan abriendo.

Son dos las pinzas externas que presionan sobre la clase política. Con una actúan los gobiernos de la Unión Europea que cooperan con Nicaragua y los organismos multilaterales -FMI, Banco Mundial, BID-, de cuyos avales depende la economía nicaragüense y en donde Estados Unidos tiene un peso determinante. Con la otra pinza actúa el gobierno de Estados Unidos, ejerciendo su propia presión.

Ambas pinzas coinciden en una condición esencial: debe evitarse que Nicaragua se descarrile de su programa con el FMI. Al final de los gobiernos Chamorro y Alemán, Nicaragua se salió del programa con el FMI. Acercándose el final del gobierno Bolaños, los donantes quieren prevenir esta tendencia cíclica, para no tener que “volver a empezar” con el nuevo gobierno, perdiendo así todo un año hasta iniciar un nuevo programa de cooperación.

Para la comunidad internacional, la prioridad es darle continuidad al programa con el FMI hasta finales del 2006, lo que permitiría mantener la frágil estabilidad macroeconómica de Nicaragua durante las inciertas elecciones presidenciales y firmar un nuevo programa, sobre las bases del actual.

EL CARRIL DEL FMI

Durante los desórdenes callejeros de abril-mayo y durante el actual caos institucional, la posibilidad de un descarrilamiento del programa de Nicaragua con el FMI fue tema de continua advertencia -y amenaza- del gobierno. Pero el primer escollo para encarrilarlo dependía del propio Presidente Bolaños. En su alianza, los diputados FSLN-PLC hicieron en marzo modificaciones al Presupuesto acordado con el FMI, lo que significaba un aumento importante en el déficit fiscal: unos 650 millones de córdobas.

EL “SACRIFICIO” DE BOLAÑOS

Para lograr los recursos con los que cubrir ese déficit, el FSLN-PLC aprobó una Ley de Equidad Fiscal (nuevos y justos impuestos para los bancos y los casinos, eliminación de algunas exoneraciones, etc.). Esta Ley contenía también una polémica reforma constitucional (bautizada como “Ley Arce”, por su autor, el diputado-empresario del FSLN, Bayardo Arce), que elimina las exenciones fiscales que se conceden a los medios de comunicación cuando importan maquinarias, repuestos y materiales para su funcionamiento. La reforma es considerada un mecanismo del pacto para afectar-controlar-censurar-anular a los medios, los que, desde sus variadas ideologías, no han cesado de denunciar a los protagonistas políticos del desorden nacional. Con los protagonistas económicos -banqueros voraces, empresarios corruptos- no son tan explícitos los medios. De su publicidad dependen.

Hace meses, el Presidente Bolaños vetó esta Ley, en nombre de la defensa de la libertad de expresión. El FMI se mantenía a la expectativa de que se cubriera el déficit y para ello era necesario que el Presidente retirara el veto. A la par de su decreto de emergencia, Bolaños cedió a las presiones externas -estamos aprobando lo que no queríamos aprobar, estamos haciendo este sacrificio en beneficio del pueblo: así lo expresó- y mandó a publicar la Ley, retirando el veto. Esto allanó el camino a encarrilar a Nicaragua de nuevo con el FMI. Y le ganó el rechazo de los medios. De hecho, con este “sacrificio” el Ejecutivo legitimó las reformas constitucionales surgidas del pacto, ya que una de estas reformas es la “Ley Arce”.

LA AGENDA DE LOS DONANTES

Además de encarrilar el acuerdo con el FMI, la presión de la Unión Europea, de los donantes y de los organismos multilaterales se dirige a obtener cuanto antes un marco legal que regularía las principales decisiones del país en relación al manejo de las finanzas públicas.

Cubierto el déficit, presionan ahora por medidas estructurales, pendientes desde hace tiempo, que son también condiciones para firmar un nuevo acuerdo con el FMI. En esta agenda se incluye aprobar el Código tributario, la Ley de administración fiscal, la Reforma al sistema de pensiones, la Ley de neutralización de las transferencias a los municipios y reformas a varias leyes del sector financiero.

Es un conjunto de leyes estructurales que fijan límites al Ejecutivo y garantizan sanidad en las finanzas públicas, sea con un gobierno que dé continuidad al actual en la aplicación del modelo neoliberal o sea con un gobierno sandinista de tendencia contraria. Todas estas leyes se orientan a evitar cualquier discrecionalidad en el uso de los recursos, tanto por parte del Ejecutivo como parte del Legislativo, y no tienen que ver con el actual caos institucional.

Todas contribuirán -creen y esperan los donantes- a despejar las incertidumbres actuales y futuras sobre las finanzas públicas e incorporarían al marco jurídico nacional las prácticas de gestión fiscal que siempre recomienda el FMI para garantizar estabilidad fiscal a mediano y largo plazo.

UN GIRO EN LA COOPERACIÓN

Más allá de estas leyes, hay también un giro en la estrategia de los principales donantes. Es la priorización del diálogo político como condición central de la cooperación externa en el próximo quinquenio. Así lo están expresando con insistencia en reuniones con todos los actores políticos.

La actual tercia entre el Ejecutivo y el Legislativo, tan lejana a un diálogo político, preocupa extremadamente a la cooperación externa, que espera que un cambio de enfoque en las modalidades de la ayuda externa para Nicaragua contribuya al diálogo y a neutralizar futuros conflictos.

Durante el gobierno de Bolaños ya se inició este giro, influenciado por el debate internacional sobre la eficacia que la ayuda externa tiene o no en países como el nuestro para avanzar en la lucha contra la pobreza. El nuevo enfoque privilegia la canalización de la ayuda externa a través del apoyo presupuestario directo a programas sectoriales del gobierno, en lugar de hacerlo por la vía tradicional de proyectos destinados a resolver problemas concretos y obstáculos específicos para el desarrollo del país.

Los donantes consideran que este cambio les proporcionará un instrumento muy eficaz de negociación con el gobierno y con la clase política y esperan que propicie la armonización y la coordinación de las políticas gubernamentales con los recursos del financiamiento externo.

LAS CONTRADICCIONES

Los donantes y el gobierno de Bolaños han identificado tres áreas clave en la lucha contra la pobreza para aplicar este nuevo enfoque: educación, salud y desarrollo rural. Ya están en marcha los programas sectoriales de educación y de salud. El de desarrollo rural todavía está en fase de diseño.

Pero existen bastantes contradicciones. Las organizaciones de la sociedad civil apoyaron y participaron inicialmente en la formulación de estos programas. Sin embargo, la primera fase de la implementación de esta modalidad ya ha mostrado que el gobierno tiende a un enfoque en donde el Ministerio a cargo de cada una de las áreas priorizadas se “adueña” del programa, monopoliza la entrega de fondos y ubica a las organizaciones de la sociedad civil como meros proveedores de servicios al Estado. Esto genera y generará conflictos.

Hay también discrepancias entre gobierno y sociedad civil en relación a la estrategia y a los objetivos de los programas sectoriales. Por ejemplo, la sociedad civil ha criticado el relativo bajo perfil de la lucha contra la propagación del SIDA en el programa sectorial de salud.

Los casos de corrupción detectados este mes en el Ministerio de Educación -escuelas y maestros “fantasmas” y matrículas y evaluaciones escolares falseadas para obtener más presupuesto- ponen de relieve los riesgos que tiene el concentrar la ayuda en el apoyo presupuestario al gobierno en un país donde no existen los controles adecuados para garantizar que la ayuda sea empleada correctamente y donde la corrupción está enraizada y es aún muy tolerada en la cultura política.

LAS PRESIONES GRINGAS

Estados Unidos comparte la agenda de los organismos multilaterales, en cuanto al encarrilamiento con el FMI y al paquete de leyes estructurales, pero los recursos de su cooperación con Nicaragua los mantiene en una “bolsa” aparte. Para decidir sobre su desembolso. La pinza estadounidense ejerce sus propias presiones. Hoy, con el objetivo político de impedir a toda costa que el FSLN llegue al gobierno.

A mediados de mayo, el Presidente Bush nombró a Paul Trivelli como nuevo embajador en Nicaragua. Al presentarse ante el Senado, Trivelli expresó su pleno respaldo al gobierno de Bolaños por su “admirable lucha contra la corrupción”, criticó el pacto PLC-FSLN y anunció sus prioridades en nuestro país: lograr la destrucción de todos los cohetes Sam-7 aún en poder del Ejército de Nicaragua, lograr que Nicaragua ratifique el TLC de Centroamérica con Estados Unidos, asegurar que Nicaragua entre en la Cuenta del Milenio y garantizar un proceso electoral transparente en 2006. El objetivo no declarado -sería políticamente incorrecto- es evitar a toda costa el retorno del FSLN al gobierno para impedir que se amplíe ese otro “eje del mal” que Bush sitúa entre Venezuela y Cuba.

LOS “DESVISAMIENTOS”

Sobre los Sam-7, los diputados del PLC se mueven como el péndulo entre sus aliados del FSLN y sus padrinos del Norte. Sobre el TLC también oscilan y proponen ratificarlo o discutirlo, pero sólo hasta que lo apruebe el Congreso de Estados Unidos.

El pacto PLC-FSLN ha demostrado ir en serio y esto preocupa al gobierno de Estados Unidos. Han hecho de todo para desmontarlo, desde la descalificación grosera de Alemán hasta tardíos ofrecimientos para liberarlo y dejarlo limpio de cargos, a cambio de que el PLC rompa el pacto con Ortega y una a los antisandinistas para enfrentarlo electoralmente. La torpeza diplomática con la que ha actuado la diplomacia estadounidense sólo ha acercado más al PLC al FSLN.

Mientras logran lo que buscan, el mecanismo que usan para “depurar” al PLC de arnoldistas es el de cancelarles visas de entrada en Estados Unidos por considerarlos involucrados en actos de corrupción. Este mes fueron “desvisados” cuatro más: el secretario del PLC y diputado Noel Ramírez, el recién elegido magistrado judicial Dámisis Sirias; y automáticamente después de sus nombramientos como directivo de la SISEP y nuevo magistrado electoral, también se las quitaron a Víctor Guerrero y a José Marenco Cardenal.

¿HASTA CUÁNDO?

Los resultados de este procedimiento migratorio político son, de momento, nulos. Los liberales restan importancia a los desvisamientos y los consideran un chantaje. En la granja liberal, ha habido más ánimos de reto que amilanamientos.

¿Hasta cuándo? ¿El mecanismo gringo y las declaraciones anti-imperialistas cambiarán cuando Alemán salga libre? ¿Cambiarán ya más cercano el proceso electoral? Lo que sí resulta chocante ante la avalancha de desvisamientos es que nadie en las instituciones nacionales, ni tampoco nadie en la sociedad civil que clama por la “institucionalidad”, pida pruebas a Estados Unidos de lo que alega contra una buena cantidad de altos funcionarios públicos.

Entre las presiones de Estados Unidos, la que sí ha actuado, hasta el momento, como un freno al interior del pacto, ha sido la relativa a no aceptar a sandinistas al frente del Instituto de la Propiedad, otra de las instituciones creadas por el pacto. La Ley creadora del INPRUR (Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural) fue aprobada, y el FSLN dio los nombres de varios sandinistas para presidirlo, pero el PLC decidió congelar esta decisión. Y el FSLN dejó de hablar de ello. Estos nombramientos son prácticamente los únicos que quedan por concretar en el reparto de unos 50 altos cargos derivados del pacto.

EL HORIZONTE ELECTORAL

Las miradas, todas las miradas y los olfatos políticos, se orientan ya al proceso electoral de noviembre 2006 como escenario de la “solución” al desorden en el que estamos.

El Partido Conservador propone que en 2006 a la par que se elige un nuevo gobierno, se elija una Asamblea Constituyente para cambiar otra vez la Constitución. Otras voces reclaman la Constituyente para ya, para este mismo año. Herty Lewites, expulsado oficialmente del FSLN, sigue exigiendo ser candidato del FSLN desde lo que ha llamado Movimiento de Rescate del Sandinismo. Lewites sigue siendo el político más popular del país, a notable distancia del más cercano, que es Eduardo Montealegre.

Montealegre sigue reclamando ser candidato del PLC. Alemán ha anunciado que jamás lo avalará. La gran empresa privada sondea salidas electorales para lograr la unidad de todos los antisandinistas presionando a Alemán y prometiéndole a cambio su libertad vía indulto o amnistía, con el aval de Bolaños y de Estados Unidos, para enero de 2007, después de que el FSLN sea derrotado en las elecciones. En todos los escenarios anti-FSLN que diseña el sector privado y la comunidad internacional se cuenta siempre con Montealegre.

Más se oye hablar ya de candidatos presidenciales -hay más de una docena- que de los candidatos a diputados, cargos que en el diseño de gobierno surgido del pacto por las reformas constitucionales se convierten en los más estratégicos para empezar a cambiar algo en el país.

Previendo, no sin fundamento, un fraude electoral el 5 de junio surgió una “unidad de acción” contra el fraude y contra el pacto. La iniciativa la propició Lewites y anunciaron su participación en ella Mario Rapaccioli y los conservadores, Montealegre y los liberales que le siguen, tres de los pre-candidatos de la derrotada APRE, Camino Cristiano y la Resistencia. O vamos todos a las elecciones o no va ninguno: ésa fue la consigna que lanzó Lewites, anunciando, con su habitual optimismo, movilizaciones masivas a partir de julio hasta paralizar el país si no se garantizan elecciones transparentes.

¿CÓMO ACORTAR ESTO?

En un país partido -porque la polarización ideológica se mantiene y la polarización económica es escandalosa-, en un país ya repartido por el pacto, en un país políticamente sin rumbo, con un Presidente totalmente solo y aislado, presidiendo un gobierno en la “oposición”, y con una oposición que controla a su favor un Estado de hecho y no de derecho, tendría que aparecer alguna fórmula, cualquiera que sea, que acortara los largos meses que aún nos separan del proceso electoral, meses que se anuncian como de insoportable y desgastante inestabilidad política.

¿Cómo acortar tantos meses de incertidumbre y desgaste, donde no se adivina el rumbo, donde hasta nos falla la imaginación para soñar cuál pudiera ser?

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