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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 279 | Junio 2005
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Guatemala

Estados Unidos encuentra un terreno preparado

La seguridad es tema prioritario en el país. El incremento de la violencia política y de la delincuencia y los avances del crimen organizado despuntan en la agenda nacional. La agenda de control y dominación de Estados Unidos, con nuevos temas de seguridad, quiere darle al Ejército de Guatemala el papel protagónico para resolver con eficiencia los problemas nacionales y los de Estados Unidos.

Fundación Myrna Mack

Las tendencias mundiales en materia de seguridad, comercio y otros ejes estratégicos, particularmente las que llegan desde Estados Unidos hacia Centroamérica -área de interés crucial para esta potencia- han configurado en Guatemala una situación interna que agudiza viejos problemas estructurales: la tenencia de la tierra, las relaciones obrero-patronales, las condiciones de pobreza y pobreza extrema, la situación pétrea de marginación y exclusión que viven amplios conglomerados...

Las tendencias mundiales, presionan por el ajuste o el encaje de las prioridades nacionales en una “agenda superior”, predeterminada por el influjo externo, especialmente por Estados Unidos. En menor medida, el influjo viene también desde las potencias europeas y desde Asia, en particular desde China, por su protagonismo cada vez más expandido en el orden mundial. Todas estas presiones están desencadenando comportamientos internos en el aparato estatal y en los diversos sectores nacionales, que a su vez están teniendo un impacto casi devastador en las relaciones Estado-Sociedad y en el entramado de la ya compleja comunicación intersectorial. Esto no sólo augura más problemas en materia de gobernabilidad, sino también obstruye la posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación y de alcanzar mejores índices de armonía en la convivencia social. Sobre todo cuando vemos que el Estado de Guatemala no diseña ni ejecuta políticas públicas o acciones concretas para atender y resolver los problemas estructurales que el país arrastra desde hace tan largo tiempo.

SIGNOS PREOCUPANTES

¿Sobre qué país se ejercen estas presiones? Hay signos preocupantes. El incremento de los índices de violencia política contra los opositores políticos. Los ataques del crimen organizado, muy concentrados sobre un tipo específico de víctimas y su consolidación a causa de la incapacidad y la falta de responsabilidad del gobierno. La inexistencia de un Estado de Derecho, “sustituido” por formas duras, restrictivas y hasta represivas en la aplicación de la ley y el orden.

En estrecha relación con estos tres signos encontramos otras señales. La virtual paralización del proceso de democratización, acallando voces disonantes y cerrando espacios de participación. Una más acentuada inoperancia de la institucionalidad política del país, en gran medida deliberada, con el afán de hacer funcionar el aparato estatal y los controles democráticos sólo en casos especiales y sólo cuando es del interés de quienes manejan las intrincadas estructuras del poder público. Y la caída de los índices de calidad de vida, lo que está generando más pobreza.

PERFIL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia política tiene hoy en Guatemala estas manifestaciones: - La que afecta a quienes hacen oposición al gobierno y cuestionan o tocan los intereses de los bloques de poder, tanto el tradicional como el emergente. El tradicional lo conforma el sector empresarial, los partidos políticos fuertes y el sector militar. El emergente, las nuevas expresiones surgidas alrededor del crimen organizado, la narcoactividad, la corrupción a gran escala y otras formas de enriquecimiento delictivo.

- La que busca generar impunidad y por esa razón se ensaña particularmente en los operadores de justicia, funcionarios auxiliares de la administración de justicia, abogados y personas vinculadas a procesos penales.

- La que se ejerce contra personas y organizaciones que luchan por el esclarecimiento y sanción de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y de las que se siguen reportando.

- La que surge de la conflictividad agraria y que tiene como principales víctimas a las organizaciones campesinas,
a sus dirigentes y a sus miembros.

Estos tipos de violencia política revelan un patrón sistemático, con altas y bajas y con diferentes énfasis según los momentos. En las últimas semanas de abril y mayo recrudecieron los ataques contra organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, a los temas campesinos y a los del desarrollo o a los asuntos económicos y sociales. Son ataques no necesaria o directamente ligados al trabajo cotidiano de estas organizaciones, sino al papel de oposición política que juegan. Varias de las organizaciones afectadas participan activamente en las corrientes populares que rechazan el proyecto de Ley de Concesiones, la explotación minera y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. También exigen la aprobación de una ley de catastro. Y están cuestionando los intereses del empresariado y el uso del poder público en su beneficio. Un grupo de organizaciones de derechos humanos, indígenas, campesinas y sindicales informó haber sufrido 122 ataques violentos en el 2004. Entre enero y mayo de 2005 contabilizaron 73 hechos en su contra. Éstas y otras organizaciones fueron atacadas por oponerse públicamente a disposiciones del gobierno que benefician al sector empresarial nacional y transnacional, en detrimento de los intereses sociales.

¿DE DÓNDE VIENEN LOS ATAQUES?

Las acciones populares de estas organizaciones afectan proyectos y decisiones que interesan a ambos bloques de poder y no sólo al ligado al gobierno, como pudiera creerse.

Es interesante observar que tanto el TLC como el proyecto de Ley de Concesiones y lo relativo a la minería son temas que tienen origen en el gobierno anterior. En particular, lo de las concesiones es una fusión de propuestas presentadas en distintos momentos por el ex-Presidente Alfonso Portillo (en el 2003) y por los diputados del FRG vinculados a Portillo (en el 2004). El gobierno actual aprovechó las iniciativas y las impulsa como propias, pese a que el texto no convence del todo a algunos de los principales asesores del presidente Óscar Berger, quienes habrían querido introducir cambios sustanciales. Las organizaciones atacadas afirman que los ataques proceden de estructuras clandestinas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado, a la inteligencia militar, a grupos empresariales y a bandas del crimen organizado. Y hasta ahora no ha existido una investigación policial confiable, objetiva, responsable, profesional e independiente, por lo que tampoco existen hipótesis acerca del origen, autoría y motivación real de los hechos denunciados, al menos no en el ámbito de las instituciones de seguridad y justicia.

En consecuencia, lo habitual es que los casos no prosperen en el Ministerio Público y, por lo tanto, no logran convertirse en procesos penales. La cadena que debieran formar las acciones coordinadas de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y el Organismo Judicial para esclarecer y sancionar los hechos no se concreta. La falta de certeza jurídica impide señalar con rigor a presuntos responsables personales o institucionales, y al final sólo quedan la denuncia sin respuesta, la impunidad, la indiferencia y la sensación de tener en contra a todo el aparato estatal.

NO HAY PLANES CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO

En lo relativo al crimen organizado la situación está fuera de control, porque no existen disposiciones estatales de carácter estratégico para combatir con eficiencia las estructuras que se dedican a la narcoactividad, el contrabando, los secuestros y otras formas delictivas.

Esta ausencia de disposiciones parece ser voluntaria y sospechosa. De otra manera no hay explicación al por qué, siendo tan evidente el problema del crimen de alto impacto, hasta ahora no se definen políticas públicas y estrategias para combatirlo. Además, es un hecho que las instituciones de seguridad y justicia están penetradas por agentes del poder emergente, que también ejercen un amplio control sobre instituciones políticas, particularmente en órganos departamentales y municipales de partidos políticos y en instancias estatales que son vitales para el “crecimiento imperturbable” de este poder, fundado sobre bases criminales.

Para tener un “crecimiento imperturbable” el crimen organizado necesita impunidad para que sus acciones e integrantes no sean sometidos al escrutinio de la justicia. Requieren también de contactos en las altas esferas estatales para seguir adelante con sus negocios sucios. También es esencial que las fuerzas policiales y las instituciones de justicia estén debilitadas o incapacitadas, o en todo caso cruzadas por la falta de responsabilidad y de voluntad para que no actúen en su contra. Son numerosos los hechos criminales en los que se ha descubierto la participación de agentes de las fuerzas de seguridad: secuestros, narcotráfico, corrupción, prostitución y trasiego de armas,
entre otros.

SÓLIDAS “POLÍTICAS DE ERROR”

El Ministerio de Gobernación y su estructura especializada -o que debiera estar especializada- la Policía Nacional Civil (PNC), no sólo resultan incapaces por la debilidad institucional crónica, sino también por la ausencia de esfuerzos orientados a superarla.

A este vacío se suman otros factores. Entre ellos: la decisión de recurrir al Ejército y a militares retirados para hacer labores policiales con el argumento de que la capacidad de la PNC ha sido rebasada, cuando el esfuerzo debiera estar concentrado en fortalecer el carácter civil de la institución y apoyarse en lo militar sólo en casos verdaderamente excepcionales; la desatención en los campos de la especialización y profesionalización; y las “políticas de error” que se originan en la PNC y afectan a todo el sistema de seguridad y de justicia.

Estas políticas de error se reflejan a diario en el fracaso que suele caracterizar la acción de la PNC en el combate de la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia política. No es preciso realizar grandes estudios para determinar que no existen planes estratégicos dedicados al combate sostenido e integral del crimen, la violencia y la delincuencia.

CAPTURANDO SOSPECHOSOS,
DILAPIDANDO RECURSOS

Lo que evidentemente hay es una fuerza policial dedicada a deambular por las calles -patrullajes combinados o exclusivamente policiales- en busca de trasnochadores, prostitutas, gente indocumentada, ebrios escandalosos y personas que en general son capturadas por faltas a la moral y al orden público.

La mayoría de capturados son personas que, en opinión de la PNC, tienen “apariencia sospechosa” y ciertos rasgos propios de quienes pertenecen a las pandillas juveniles o maras. Dado que no hay delito flagrante ni denuncias concretas contra estas personas, la acción policial es arbitraria e ilegal, lo que se agrava cuando los agentes “siembran” droga en la ropa o enseres propiedad de estas personas, en un intento por justificar la captura.

La falta de evidencia o el uso de pruebas falsas tienen como consecuencia lógica la liberación de los capturados ilegalmente, situación que incrementa la percepción de fracaso en el combate del delito, porque la opinión pública suele desconocer los vicios que hay detrás de estas acciones policiales y se siente frustrada cuando, tras haberse enterado de las capturas, se le informa de la desestimación de los casos.

Este comportamiento ilegal, arbitrario y perverso genera una cadena de errores que cuesta millones de quetzales al año. Cuando se produce una captura, se pone en movimiento a todo el sistema: tras la acción policial, intervienen los jueces, los fiscales y los defensores públicos. Los operadores de justicia, y la misma PNC, se concentran entonces en faltas y delitos menores, reales o inventados, todo lo cual implica pago de salarios, uso de equipos, con su consecuente deterioro, entre otras actividades que implican inversión de tiempo y dinero. Mientras, se mantienen intocables el crimen organizado, la narcoactividad, la delincuencia común de mayor impacto social y las estructuras de violencia política.

LA INTERVENCIÓN
DE ESTADOS UNIDOS

Ante la situación que aqueja a las fuerzas policiales, no es sorprendente que Estados Unidos esté interviniendo y hasta fijando la agenda nacional en materia de seguridad, urgido por sus necesidades político-estratégicas de control y dominación, especialmente ahora que cobra fuerza la hipótesis de que existe una alianza entre el terrorismo y otras lacras de antigua data: la narcoactividad, el crimen organizado, la inmigración y la expansión de las pandillas.

Desde esta perspectiva, el Ejército es el principal beneficiado, porque se yergue como la fuerza que garantizaría una labor “eficiente” de combate de todas estas amenazas. Así se explica que desde hace algún tiempo se hable de reanudar la ayuda militar de Estados Unidos a Guatemala, cuyos primeros pasos se dieron cuando, en enero del 2005, el entonces Secretario de Estado, Colin Powell, certificó a Guatemala para recibir un desembolso en equipo por un costo superior a los 3 millones de dólares. Es previsible que, en el transcurso del 2005, se reanuden otros programas, en especial de entrenamiento y dotación de equipos.

Powell suscribió un documento en el cual elogia los avances de Guatemala en la modernización del Ejército, la reducción del gasto militar y la preparación de una nueva legislación en temas castrenses, así como los avances en el combate del crimen organizado, la narcoactividad y otros logros en la defensa de los derechos humanos. Tras conocer esta certificación, la Fundación Myrna Mack hizo llegar a varias esferas estatales de Estados Unidos algunas consideraciones. Reconocíamos algunos de estos avances pero introdujimos matices porque este visto bueno no estaban del todo acorde con la realidad de Guatemala.

EL EJÉRCITO VE AHORA
UNA OPORTUNIDAD

La inoperancia de la PNC crea de hecho la necesidad estadounidense de impulsar la conversión del Ejército en una suerte de guardia frente al crimen organizado, la narcoactividad y las potenciales formas de terrorismo. Para los actuales jefes militares esto significaría una nueva oportunidad, en el sentido de que apuestan a superar el descrédito en que cayó la institución por su comportamiento criminal durante el conflicto armado interno; por los graves problemas de corrupción que se han descubierto en su seno y que no se remontan únicamente al gobierno pasado; además de por la participación de algunos de sus integrantes en las estructuras del crimen organizado y la narcoactividad. No es ocioso mencionar que algunos oficiales se resisten a sustituir o a reforzar a la PNC en labores propias de la seguridad ciudadana, pues temen quedar expuestos a la crítica y al desgaste si ocurren situaciones donde la legalidad de sus acciones sea puesta en duda.

El caso es que las autoridades militares están más que dispuestas a asumir tareas policiales y a actuar contra las amenazas identificadas por Estados Unidos, con el argumento de que la Constitución no lo prohibe y por el hecho indiscutible de que la PNC está rebasada. Además de la oportunidad de reposicionarse, el Ejército podría buscar la legitimidad perdida en medio de los escándalos de corrupción y crimen, en los que poco o nada se ha logrado en las investigaciones criminales y procesos penales que se han iniciado contra algunos de sus miembros.

RECONVERSIÓN DEL EJÉRCITO:
UN TEMA PENDIENTE

La Comisión de la Defensa Nacional del Congreso de la República ha emitido dictamen favorable a cuatro proyectos de ley sobre la justicia militar, -Ley penal militar, Ley procesal penal militar, Ley de organización y competencia y Ley penitenciaria militar-, que amplían el ámbito de aplicación del fuero castrense y crean de nuevo estructuras que tendrían funciones, competencia y jurisdicción de orden judicial, pero dependerían del Ministerio de la Defensa Nacional. Consideramos que implican un retroceso y una nueva ventana abierta a la impunidad en crímenes cometidos por militares.

Es necesario señalar que aunque se ha redactado una nueva doctrina militar con la participación de organizaciones sociales especializadas en el tema, ésta no ha sido aplicada en la vida institucional en el Ejército y siguen vigentes los conceptos surgidos de la Guerra Fría, los que guiaron la política contrainsurgente durante el conflicto armado interno.

El plan de modernización del Ejército, que en principio se ha limitado a la reorganización del despliegue militar en el país y a reducir el número de efectivos, tiene un corto alcance en comparación con las metas que propone la reconversión de las fuerzas armadas, tal cual fue concebida en el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática dentro de los Acuerdos de Paz.

Con un plan de modernización limitado, la falta de aplicación de los avances logrados en el campo doctrinario, la eventual expansión del fuero militar y la lentitud con que se trabaja la nueva legislación orgánica, la reconversión del Ejército sigue siendo un tema pendiente. Es en esas condiciones de transición inacabada y que en realidad no marcha, en las que el Ejército afronta los retos que impone la agenda continental de seguridad impulsada por Estados Unidos.

EL GOBIERNO NO CENSURA,
ACALLA LAS VOCES DISONANTES

Otros elementos de la coyuntura completan un panorama nada alentador. Se practican algunos mecanismos políticos para acallar voces disonantes de alto perfil. Prevalece la tendencia a cerrar ciertos espacios democráticos y la aplicación con rigor absoluto de la ley y el orden y de los controles democráticos para los opositores y demandantes sociales, en contraposición a la actitud relajada que se observa a favor de los sectores de poder real.

El gobierno no aplica censura, pero sí utiliza sus influencias políticas para acallar a opositores y personajes incómodos. Se conoció, por ejemplo, que el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas presentó formal queja ante el Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD), pues algunos oficiales de nacionalidad guatemalteca publican opiniones y análisis que el gobierno considera perjudiciales. En ese contexto se confirmó la renuncia al PNUD de Juan Alberto Fuentes Knight, experto en temas económicos y financieros que hizo carrera en el PNUD por casi dos décadas.

El partido URNG denunció también que el Presidente del Congreso de la República rechazó la contratación de Miguel Ángel Sandoval, propuesto para el cargo de asesor del bloque parlamentario de este partido, con el argumento de que Sandoval es un conocido opositor y líder de manifestaciones que han derivado en hechos de violencia.

Según algunas versiones, agentes gubernamentales intentan bloquear las donaciones internacionales a organizaciones no gubernamentales calificadas como opositoras sistemáticas.

La situación no es novedosa. Históricamente, el aparato estatal ha sido selectivo en el servicio y en la protección. Ahora, todo tiende a empeorar para la gente que participa en movimientos sociales, pues no sólo esta gente sigue sin recibir atención y solución a sus problemas, sino que ahora también sufre persecución penal, abusos policiales y cárcel por expresar sus reclamos.

ERRADICAR
EL ORDEN REPRESIVO

En este momento el problema más candente de Guatemala es el de la seguridad. En este clima de inseguridad, para fortalecer la institucionalidad política, deberían aprobarse políticas de seguridad democrática, erradicando conceptos de orden represivo y creando un sistema nacional de inteligencia con un particular énfasis en la inteligencia civil y en la estratégica, así como en sus respectivos controles, para evitar que incursionen en operaciones ilegales y desnaturalicen su función.

En el plano de los derechos humanos se necesita de una política concreta para frenar la violencia que rodea la defensa y promoción de los derechos humanos, así como el comportamiento institucional que constantemente pone en riesgo o viola los derechos y libertades de las personas. En este contexto, es importante agilizar la instalación de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y crear un mecanismo orientado a desmantelar las estructuras clandestinas que generan violencia política y sancionar a quienes la ejecutan, en vista de que la iniciativa para crear la Comisión Investigadora de los Cuerpos Clandestinos y Aparatos Ilegales de Seguridad (CICIACS) fue declarada inconstitucional.

FORTALECER A LA POLICÍA,
NO AL EJÉRCITO

Es necesario fortalecer a la Policía Nacional Civil: depurándola de los elementos vinculados a la corrupción, al tráfico de drogas, al crimen organizado y a diversos hechos delincuenciales, aplicando con rigor el reglamento interno y privilegiando la función de la Academia de la PNC para graduar agentes realmente profesionales y especializados.

La tendencia a utilizar al Ejército como sustituto de la PNC o como ayudante en las actividades rutinarias de seguridad impide lograr esto, porque no se apuesta al fortalecimiento y mejoría de la institución civil, sino a que siga dependiendo de la supuesta “eficacia” de los militares.

La agenda de seguridad continental que impulsa Estados Unidos tiene ya un efecto irreversible en las funciones del Ejército y, de seguir así, la institución castrense podría adquirir tarde o temprano las características de una guardia con funciones importantes en el combate de la criminalidad organizada.

PARA QUE NO OCURRA
COMO EN EL CONFLICTO ARMADO

Ante estas realidades, es indispensable apostar de nuevo a los principios de neutralidad política y de sujeción al poder civil en que se fundamenta el compromiso de la reconversión del Ejército, pues de lo contrario podrían venir etapas de fortalecimiento militar sin bordes ni fronteras, como ocurrió durante el conflicto armado interno. Para evitarlo es necesario revisar los contenidos de la reconversión y definir prioridades, entre las que no pueden faltar la aplicación de la doctrina, la transformación del régimen educativo, la justicia militar y la modernización legislativa.

Quienes rechazan una ruta trazada sobre el análisis de estas evidencias no han advertido que habría mejores resultados en materia de gobernabilidad y de contención de los conflictos sociales si tan sólo se alejaran un poco de los conceptos autoritarios que tanto dolor y sufrimiento han causado a la población guatemalteca.

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