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  Número 269 | Agosto 2004
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Guatemala

Primeros seis meses: ¿Bombero más que Presidente?

A punto de cumplirse los primeros seis meses de gobierno, el Presidente Berger afirmó haberse sentido “mucho más bombero que Presidente”. Hay que ahondar en las causas de esta confesión repasando sus primeras medidas en varios temas estratégicos: impuestos, Ejército, corrupción, inseguridad ciudadana...

Juan Hernández Pico, SJ

Al gobierno del Presidente Berger se le acabó la luna de miel mucho antes de lo que se había predicho. Dos razones de peso la acortaron. Primera: la gran subida de precios desencadenada por medidas tendentes a aumentar el lucro de los capitalistas guatemaltecos, especialmente a los productores y distribuidores azucareros oligopólicos, y por la incontrolable subida de los precios de los combustibles, que encareció especialmente la electricidad, el agua, el transporte y el gas.

Segunda razón: la también incontrolable violencia que afecta diariamente la seguridad ciudadana, expresada en los asesinatos con saña de mujeres -283 en los primeros siete meses de 2004-, en los asaltos con homicidios a buses urbanos, en los secuestros rápidos, en las pandillas juveniles o “maras”, en las extorsiones, secuestros, violaciones de la vivienda y asesinatos de bandas de sectores corruptos de la misma policía, en los robos de vehículos, etc., etc.

Otros fenómenos han corroído también la esperanza y agotado rápidamente la paciencia de la gente. La crisis agraria irresuelta y empeorada por los violentos desalojos efectuados por la policía en fincas ocupadas por jornaleros y campesinos. La capacidad divisiva que entrañan las promesas de compensación reiteradas a los antiguos patrulleros mientras el resarcimiento a las víctimas de la guerra es escaso. El inconcebible enojo que generan los proyectos de los diputados de aumentar sus ya abundantes remuneraciones. La lentitud de las investigaciones fiscales y las veleidades de los jueces, etc., etc.

EL PAQUETE FISCAL

¿Tiene el gobierno un programa político claro y viable, comunicado públicamente y que vaya ejecutándose paso a paso? No se ve que el Presidente Berger tenga un programa financiero y económico serio. La Comisión Técnica del Pacto Fiscal presentó un paquete de medidas para afrontar el déficit presupuestario heredado del anterior gobierno, con el error fundamental del cortoplacismo y de no estar enmarcado en los grandes principios del mismo Pacto Fiscal.

El tiempo que costó recoger las casi cuarenta propuestas que la CTPF analizó y fundió en una sola habría bastado probablemente para volver a convocar al foro del Pacto Fiscal y resucitar a su Comisión de Seguimiento con el fin de aplicar los principios del Pacto y aprovechar así las grandes expectativas y la enorme buena voluntad con que la sociedad recibió al gobierno de Berger.

El paquete sólo contenía un impuesto extraordinario y temporal a las ganancias de las empresas. Se cobraría durante tres años (1.5% el primer año, 1% el segundo año y 0.5% el tercero). Contenía también una modificación al IVA, un descenso del piso de ingresos a partir del cual cobrar el impuesto sobre la renta (ISR), y una gravación del aguinaldo y del bono 14. También se subía impuesto al bunker. Y se restauraba y subía el impuesto a las bebidas alcohólicas y gaseosas. El paquete contenía además una solicitud de autorización para que el gobierno contrajera deuda pública por 5 mil 300 millones de quetzales. No había en él un plan de gasto público para usar los fondos recaudados a partir de este paquete si éste se llegara a aprobar.

LA GANA PACTA CON EL FRG

El paquete final se volvió manzana de la discordia dentro del Congreso. Todas las bancadas pretendieron sumar puntos de populismo ante la ciudadanía. Así se cumplió el peor presagio sobre las consecuencias de un Congreso absolutamente fragmentado sin mayoría de nadie. En primer lugar, se rompió la frágil pasta con que se había mantenido unida la Gran Alianza Nacional (GANA), plataforma del Presidente Berger en su campaña política. Víctor Ramírez, jefe de bancada de la GANA, y representante principal en el Congreso de la facción propiamente bergerista (M-17), anunció que se había logrado un acuerdo con el jefe de bancada del FRG, Arístides Crespo, para apoyar el paquete fiscal. Se supo que el mismo Presidente Berger había hecho una visita en su casa al ex-general Ríos Montt -teóricamente en casa por cárcel- para tomar con él una tacita de café. Esta insólita alianza de circunstancias -que disgustó profundamente a mucha gente y que el Presidente defendió como necesidad pragmática- llevó a la renuncia del ex-general Otto Pérez Molina de su cargo de comisionado presidencial para la seguridad nacional. Pérez Molina retomó su escaño parlamentario y encuadró en la oposición a todo su grupo, haciendo que los 48 diputados de la GANA descendiesen a 40.

Una cosa era pactar circunstancialmente con el FRG y otra condescender con el ex-general, sobre quien penden las acusaciones de genocidio y graves crímenes contra la humanidad, entre ellos torturas masivas y buena parte de las más de 60 masacres atestiguadas en el Informe de la Verdad. Una vez más se demostró que el gobierno guatemalteco no toma en serio las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en su informe de 1999 “Guatemala, Memoria del Silencio”. Probablemente, Pérez Molina no renunció a su cargo por escrúpulos éticos sino por el despecho político de no haber sido consultado sobre la alianza con el FRG, que le privaba de la palanca con la que había maniobrado su Partido Patriota (PP) alrededor de la ley de reforma electoral y de partidos políticos.

Un problema anunciado. Al gobierno de Berger le hubiera ido mejor sin las alianzas con las que se forjó la GANA, especialmente sin la del PP, cuyo líder arrojaba sobre el gobierno una sombra de militarismo, sospechándose que la usaría para promover su candidatura a la Presidencia en 2007. Obviando la fuerza de la sociedad civil y de los movimientos sociales populares sobre los que debía apoyarse, Berger se montó sobre las espaldas del FRG en una alianza para conseguir, a través de una ley fiscal, los fondos que el mismo FRG era sospechoso de haber desviado corruptamente, heredándole así al nuevo gobierno un oscuro agujero fiscal.

La movida política de acercarse al FRG para asegurar el paso del paquete fiscal enojó también a la UNE y al PAN, con los cuales se había pactado en enero un acuerdo de gobernabilidad. La UNE pareció sorber a duras penas el trago amargo de la sorpresa que produce en política la falta de información. El PAN reaccionó con gran furia y prometió, por boca de su portavoz, el histriónico diputado Mario Taracena, hacer oposición al paquete fiscal para impedir que fuera votado como ley y preservar así los intereses de “el pueblo”. Desde la izquierda y con sus cuatro escaños, la ANN aseguró que se opondría a todo lo que supusiera más impuestos indirectos, que recaerían sobre la economía ya muy maltratada de la gente pobre. Igual postura asumió la URNG con sus dos escaños.

APROBADO Y DESNATURALIZADO

Después de negociaciones muy duras, el paquete terminó desnaturalizado. Se suprimieron de él tanto los impuestos al bunker como las modificaciones al piso del ISR a personas individuales y la gravación del aguinaldo y del bono 14. Entraron en vigencia a partir del primero de julio las modificaciones del ISR a las empresas y el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP). También quedó acordado un impuesto más elevado a las bebidas alcohólicas y gaseosas. Y se aprobó la emisión y venta de bonos del Tesoro por un total de 4 mil 400 millones de quetzales, 900 menos de los solicitados por el Gobierno.

Por fuera de la coalición circunstancial que aprobó el paquete, quedaron sólo, a última hora, el PAN y la URNG. Mientras tanto, Mario Taracena repartió en el hemiciclo del Congreso una lista de deudores al fisco, por concepto de multas y reparos -aunque él habló lisa y llanamente de “evasores”- que ascendía a la nada despreciable cifra de 3 mil 260 millones de quetzales. No pocos pronostican que el gobierno tendrá que volver a la carga con nuevos impuestos en seis meses. Lo indica también el hecho de que el año fiscal haya sido modificado en la nueva ley fiscal, no yendo ya del 1 de julio al 30 de junio, sino del 1 de enero al 31 de diciembre. De manera que en 2004 habrá un ejercicio fiscal de seis meses desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Hugo Maúl, uno de los comisionados en la CTPF, declaró públicamente que, aunque decirlo sea impolítico y le cueste a él posibilidades electorales, es inevitable que el IVA cabe subiendo tres puntos porcentuales hasta alcanzar el 15% o incluso más, pues de lo contrario, por muy impopular que esto sea, no se podrá alcanzar la meta de los Acuerdos de Paz de hacer que la carga tributaria alcance el 12% del PIB.

“DESDE EL PALACIO DEL FARAÓN”

Naturalmente, hay otra hipótesis tácita en esta afirmación y es que ningún gobierno en Guatemala va a tener nunca la fuerza política que le permita elevar los impuestos sobre la renta, tanto de las personas individuales como de las empresas, a tasas tan altas o cercanas a ellas como las vigentes, por ejemplo, en los países con los cuales estamos tratando de firmar Tratados de Libre Comercio. Tampoco tendrá fuerza para crear impuestos a las transacciones financieras, especialmente a las especulativas. O para afrontar con toda seriedad el contrabando. O para educar a los funcionarios que recaudan los tributos y pagarles de tal manera que no dejen pasar los fraudes y evasiones fiscales.

Si no se retoma el Pacto Fiscal, todo serán parches y manguerazos de bombero. Nadie lo puede comprender mejor que un gobierno que tiene entre sus funcionarios a algunas de las más notables figuras de la empresa privada. ¿Tendrán la lucidez y el coraje para emprender un diálogo que les lleve a pasar a la historia como revolucionarios del sistema desde la bonanza de sus fortunas personales y desde los beneficios de sus empresas? ¿Podrán comprender que sin una lucha contra la pobreza y, por consiguiente, sin una mayor productividad del trabajo y del capital y sin una redistribución más justa de los beneficios, no habrá democracia creíble? ¿O se volverá a cumplir el adagio que desde el palacio del Faraón nadie mira más allá de sus propias puertas?

PERDÓN POR EL ASESINATO DE MYRNA MACK

El 22 de abril en un acto solemne en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura -escenario de la firma de los Acuerdos de Paz- el presidente de Guatemala cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había declarado al Estado guatemalteco culpable del asesinato de la antropóloga Myrna Mack y de denegación de justicia durante trece años. El Presidente Berger pidió perdón por este crimen concreto sentando así un precedente que habría sido impensable hace una década.

Lamentable que ni en el texto leído por el Presidente -demasiado semejante al leído antes por el Presidente de la Corte Suprema, lo que dejó mal parados a sus asistentes- ni en el texto “improvisado” que le pasaron ya escrito desde los sillones del gabinete y que contenía la petición de perdón, se reconocía la culpabilidad concreta del Ejército o al menos del Estado Mayor Presidencial, a pesar de que el ex-coronel Juan Valencia Osorio, director en 1990 -año del asesinato- del departamento de inteligencia del EMP, ya había sido condenado en la última instancia de casación a 30 años de cárcel y se encontraba prófugo.

El acto fue precedido por una misa en la Catedral presidida por el obispo de Jalapa, Julio Cabrera, quien también habló en el Patio de la Paz. El sacerdote jesuita Ricardo Falla tuvo la homilía. Tanto Falla como Cabrera habían gozado de la confianza y la amistad de Myrna. Lucrecia Hernández Mack, hija de Myrna, y Helen, su hermana, también hablaron ese día. El acto lo inauguró Frank La Rue, director de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

Lo más impactante del acto fue que el Ejército, en una representación que incluía desde un general hasta un especialista, estuvo presente escuchando las palabras de las víctimas y el perdón del Presidente. Días antes, el Ministro de Gobernación había pedido perdón por el asesinato del inspector de policía Escobar, asesinado por investigar sin concesiones el asesinato de Myrna Mack.

Días después, el Presidente Berger presidió otro acto de reconocimiento de la injusticia y de petición de perdón por el asesinato de Luis de Lión, famoso novelista indígena -“El tiempo comienza en Xibalbá”-.

En junio, el Presidente entregó a la presidenta de la comisión para el resarcimiento de las víctimas de la guerra, Rosalina Tuyuc, 300 millones de quetzales, empezando a cumplir con una de las recomendaciones de la CEH. Son hechos muy positivos: se le ha dado simbólicamente la palabra a quienes fueron perseguidos durante la guerra y se está empezando a reconocer la justicia de su causa y su inocencia.

EL LOGRO MAYOR: REDUCIR EL EJÉRCITO

Lo más importante que ha hecho el Gobierno durante sus seis primeros meses es reducir el Ejército, uno de los objetivos pendientes de los Acuerdos de Paz. Desde los tiempos de la guerra civil, el Ejército de Guatemala ha quedado reducido a un 33% de su potencial, lo que equivale a 15 mil 500 efectivos. Algunos de los oficiales y soldados han recibido un retiro forzoso, aunque con indemnización monetaria. Otros se han inscrito en un plan de retiro voluntario, también con indemnización. La desmovilización ha llegado a 11 mil 663 plazas.

Lo que abiertamente ha sido un proceso sin protestas se ha desarrollado en sus entretelones con no pocos conflictos.
En primer lugar, porque las cifras que se entregaron al Presidente Berger para servirle de punto de partida estaban infladas y no tomaban en cuenta tanto a oficiales como a soldados ya dados de baja en otras ocasiones. Según fuentes fidedignas, el Presidente habría sostenido el pulso con fuerza y sin inmutarse gracias a una información, tanto militar como financiera, más exacta. Así habría mostrado que puede ser bastante más que un gobernante bonachón y simpático. Y así, desde generales hasta soldados, pasando por todos los grados de la oficialidad, la reducción ha afectado a todos.

La indemnización ha sido también escalonada, a partir de los 450 mil quetzales -equivalentes a unos 56 mil dólares- asignados a los generales. Según informaciones periodísticas, 400 millones de quetzales han sido presupuestados para pagarlas. Uno de los efectos de la reducción más sentidos positivamente por la gente ha sido la desaparición de las zonas o destacamentos militares de Playa Grande (Ixcán, Quiché), Santa Cruz del Quiché, Cobán (Alta Verapaz), Quetzaltenango, San Marcos, y de la Brigada Militar Justo Rufino Barrios en la capital. Desde abril Guatemala fue dividida en cinco zonas militares: Huehuetenango en occidente, Suchitepéquez en el sur, Jutiapa y Zacapa en oriente, Petén en el Norte y la capital.

EL “DINOSAURIO” ESTÁ AHÍ...

Para quienes vivieron en carne propia la represión del Ejército, su desaparición entre la población civil produce un inmenso respiro. A la vez, esta desaparición genera ansiedad en quienes, por ideas o por intereses, se aprovechaban de la presencia del Ejército. Para algunos militares dados de baja honorable y -hasta cierto punto- lucrativamente, y mucho más para los agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), la mentalidad del extinto general Héctor Alejandro Gramajo de que “la política es la continuación de la guerra por otros medios” sigue viva. Se refleja en las declaraciones del presidente de AVEMILGUA, ex-general José Luis Quilo Ayuso: “Los que no ganaron en el campo de batalla quieren ganar en el campo político”. Afirma que la reducción “ha dejado vacíos de seguridad y un pueblo indefenso”. Como queriendo decirnos que en Guatemala aún estamos amenazados y siempre estaremos en guerra. Lo mismo parece transpirar la carta anónima de amenaza enviada al Presidente Berger y a otros miembros del gobierno señalándoles “el odio, resentimiento y sed de venganza” que tendrían contra el Ejército de Guatemala.

Para el antiguo sindicalista y actual activista de los derechos humanos Miguel Angel Albizures, todo se reduce al famoso cuento de Tito Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. El militarismo está aquí... y aún no tiene las horas contadas.

TAREA PENDIENTE: MODERNIZAR EL EJÉRCITO

Queda pendiente ahora la segunda parte del plan del Presidente Berger sobre el Ejército: su modernización. A la creación de un ejército “altamente móvil, flexible y con tecnología moderna”, en la expresión del vocero del Ejército, se piensa dedicar un 0.1% del PIB. Siendo el PIB de Guatemala de unos 24 mil millones de dólares, serían 24 millones de dólares. Pero el dinero no sirve de nada sin los sistemas de información y comunicaciones, de administración o de logística, sin los vehículos -incluidos lanchas rápidas de patrullaje, aviones y helicópteros-, sin las armas, que hagan realidad la modernización planeada.

Todo esto hay que adquirirlo y cuesta mucho menos traerlo en transacciones legales de los Estados Unidos que de Taiwan o de Israel, sin hablar de la opción ilegal de acercarse al tráfico de armas en el mercado negro.

En contra de esto se levanta la barrera que en el Congreso de los Estados Unidos mantiene al Ejército de Guatemala marcado por las brutales violaciones de los derechos humanos e impedido legalmente para adquirir equipo estadounidense.

El Vicepresidente Eduardo Stein ha sido el encargado de realizar en Estados Unidos las gestiones que permitan allanar el camino para que el Congreso levante esta prohibición. A pesar de la firmeza del gobierno en la reducción y, no obstante la nueva Doctrina del Ejército presentada al Presidente el 30 de junio, en el 133 aniversario de su institucionalización, Stein no encontró eco favorable ni en el Congreso estadounidense ni en las asociaciones de la sociedad civil que en Washington se ocupan de los derechos humanos, y en particular de su situación en América Latina. Según Stein, se dieron pasos para transmitir a esas instancias los cambios que se están operando en las instituciones militares guatemaltecas. Pero, si bien se reconocen los actuales avances, no se les ve aún suficiente arraigo y se está a la espera de otros, de los que hay aún pocos indicios. Se espera, especialmente, que sean llevados a los tribunales los responsables militares de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil. Se calcula también que el mantenimiento de la modernización del Ejército supondrá costos presupuestarios enormes.

EJÉRCITO: MANEJOS CORRUPTOS

Existen hoy justas preocupaciones entre no pocos oficiales, que tiemblan continuamente ante el posible desvanecimiento de sus pensiones militares. El Instituto de Previsión Militar (IPI), una de cuyas empresas subordinadas es el Banco del Ejército, ha sufrido desde hace más de seis años las sacudidas de inversiones especulativas arriesgadas. En corrillos, se ha hablado de una inversión de decenas de millones de dólares en la Bolsa de Moscú, que se habría convertido en humo en la crisis y estampida de 1998. A tanto llegó la sacudida que durante algún tiempo se habló de la posible fusión del Banej con el Banco de Crédito Hipotecario -afectado también por la corrupción- e incluso de su posible quiebra y desaparición.

Mucho más peligrosa es la corrupta fuga de cientos de millones de quetzales que se va descubriendo desde la toma de posesión del actual gobierno y que tiene acusados, con arraigo y bajo arresto domiciliar, a varios miembros del Consejo de Administración del IPI, entre ellos al ex-Ministro de Defensa y Gobernación y amigo de la infancia del ex-Presidente Portillo, ex-general Adolfo Arévalo Lacs.
Estos manejos corruptos, sean quienes hayan sido los culpables, son también señales de otros estrepitosos fracasos que los militares tuvieron que digerir en los años 70, cuando sus “asaltos” al poder económico tradicional -a través de la política de secuestros, extorsiones y asesinatos- no pudieron concretarse en concesiones. Numerosos fueron los rumores alrededor del notorio secuestro del empresario cementero Enrique Novella o del asesinato del empresario cervecero Raúl Castillo Love. Los generales tuvieron que contentarse con el tributo -generalmente en tierras y en contrabando- que pudieron extraer del manejo de importantes instituciones del Estado como el antiguo Instituto de Transformación Agraria (INTA), el Registro de la Propiedad o la Dirección General de Aduanas.

¿A DÓNDE HABRÁN IDO LOS MILITARES RETIRADOS?

El problema del Ejército guatemalteco es más amplio y profundo. No pocos de sus antiguos jefes -los ex-generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo, entre otros- han sido despojados por el Departamento de Estado de sus visas de entrada a Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos no han acostumbrado tomar esta medida por cualquier violación a los derechos humanos, sino por graves sospechas de lavado de dinero o de complicidad o culpabilidad en el narcotráfico. ¿A dónde habrán ido hoy los altos jefes militares y los soldados a quienes se les ha forzado al retiro o que se han acogido al correspondiente plan? ¿Mantendrán un ocio honorable y creativo en base a sus pensiones y a su indemnización? ¿Habrán encontrado otros trabajos dignos en las empresas de seguridad privada o en cualquier otra empresa privada? ¿Trabajarán por cuenta propia? ¿O se habrán incorporado a las redes de los poderes ocultos y del crimen organizado?

Como expresa Matthew Creelman en “Inforpress”, la tradicional tipología de análisis que divide a los militares guatemaltecos en “duros” e “institucionalistas” ha de ser cruzada con otras categorías. Con la de la participación directa en la guerra sucia -“todos enlodados para que nadie se atreva a denunciar nada”, o como decía el general Gramajo, “a nosotros no nos van a arrastrar por el suelo como a los argentinos”-. Con la de la participación en actividades ilegales o corruptas, competitivas o no. Con la de la identidad corporativa de todos como defensores de la patria investidos de una identidad mítico-religiosa. Y con la vinculación, como compañeros de promoción o interpromocional, entre padrinos y ahijados.

NECESARIO Y ARRIESGADO

El costo financiero y humano que ha pagado Guatemala por su Ejército es incalculable. Para algunos está suficientemente amortizado por la defensa contra el comunismo. Para otros nunca se podrá amortizar la sangre derramada injustamente, la encarnizada división de las etnias y el bloqueo a cualquier cambio social para atacar la pobreza y redistribuir la riqueza. Un problema hoy es: ¿cómo se va a pagar el costo de la corrupción generada por el uso de las armas? No la corrupción ideológica, sino la corrupción lisa y llana de la codicia. La codicia del lucro, a través de una acumulación primitiva, violenta y sin escrúpulos del capital delincuencial, globalmente enredado en las redes de todos los tráficos prohibidos y de esa sangre que a todos los mantiene vivos, el lavado de dinero.

En definitiva, la reforma del Ejército, sea que lleve a su modernización, a su refuerzo tradicional en otro gobierno o a su gradual extinción -¿quién podrá predecir el resultado de una operación tan compleja?-, es una operación necesaria y a la vez arriesgada. El riesgo no debe asustar. Debe conducir a un manejo inteligente y hábil de la crisis que conlleva. La inteligencia, si no es hábil, termina siendo impráctica. La habilidad, si no es inteligente, acaba por volverse chapucera. Lo cierto es que en este plan de acción alrededor del Ejército, que podría justificar toda la gestión de todo un gobierno, se juega la preponderancia de valores tan serios como la recuperación -o el rescate y en cierto sentido la recreación- de la ciudadanía civil guatemalteca, la posibilidad de una política dialogante sin amenazas y de que las armas de la guerra se vuelvan herramientas de la paz, posibilidades presentes en el republicanismo constitucional, hasta ahora muy pocas veces apropiadas en la historia nacional.

LA PESADILLA DE LA MAYORÍA

Poco después de cumplirse seis meses de gobierno, el 19 de julio, renunció el Ministro de Gobernación y con él terminó por irse todo su equipo. El 22 de julio el Presidente Berger tomó juramento al sucesor, Carlos Vielman y a su nuevo equipo, tres viceministros -de seguridad, administrativo y de apoyo comunitario-, un nuevo director de la Policía y un nuevo asesor jurídico.

Vielman, hasta ahora comisionado presidencial para la transparencia, presentó un equipo de gente muy joven, todos ellos en sus treinta, y a una mujer para el vice ministerio de apoyo a la comunidad. El ministro saliente, Arturo Soto, ex-magistrado de la Corte Suprema, declaró que renunciaba porque ése había sido el acuerdo con el presidente: seis meses para sanear e institucionalizar un ministerio por el que durante la presidencia de Portillo pasaron cuatro ministros y seis directores de la policía, y que quedó envuelto en corrupción.

Más allá de acuerdos e intenciones, el hecho innegable es que la inseguridad no ha experimentado el menor alivio en estos seis meses y que es la pesadilla de la mayoría de quienes viven en Guatemala. La ciudadanía se siente agobiada y vive en una continua desconfianza ante quien ocupa el asiento vecino en el transporte o ante quien se le acerca a la puerta de su casa o a la escuela de sus hijos.

SANANDO LLAGAS SUPURANTES

La captura, indagación y acusación de altos funcionarios del Estado presuntamente culpables de corrupción evidencian una voluntad decidida del gobierno de contener una hemorragia que puede desangrar mortalmente al Estado. El espectro de la “colombianización” se levanta en el horizonte. No cabe la menor duda de que la investigación en Estados Unidos contra el ex-Presidente Portillo -aunque se encontrase ya fugado a México-, contra el ex-vicepresidente Reyes, contra el secretario de la presidencia Julio Girón, contra el cuñado del ex-presidente Juan Riley, contra el ex-ministro Arévalo Lacs, y la prisión decretada contra el contralor Dubón Palma, contra varios de los funcionarios implicados en el indignante fraude al IGSS, contra el ex-ministro de gobernación Barrientos, contra el ex-ministro de finanzas Eduardo Weymann, contra el banquero Francisco MacDonald -luego puesto en libertad bajo fianza- y contra el ex-contralor y ex-superintendente de la SAT Abadío Molina, así como la misma prisión domiciliaria decretada contra Ríos Montt, han sido operaciones dirigidas a sanar llagas supurantes del cuerpo de la corrupción, económica o política.

La lucha de este gobierno contra la corrupción puede haber alterado los planes del capital delincuencial y de sus esbirros, incrustados durante el gobierno de Portillo en las altas esferas del Estado, puede haberles motivado a lanzar una campaña orquestada de violencia, en la que se confunda la delincuencia común, la violencia de las maras y las expresiones airadas por la desesperación de mucha gente que ha sido excluida de empleos honrados, con la violencia del crimen organizado y de los poderes ocultos.

INICIATIVAS NOVEDOSAS

Es peligroso el pesimismo observado en algunos miembros del gobierno de Berger al comprobar hasta qué punto está incrustada la corrupción en las estructuras del Estado. Como si pensaran que el mal está tan avanzado que no puede responder a ningún tratamiento.

Significativo que en medio de este clima de inseguridad el Presidente Berger rechazara la peculiar pero peligrosa idea de decretar un toque de queda en las zonas urbanas consideradas más peligrosas. Y muy relevante la iniciativa del Procurador de los Derechos Humanos de convocar a un Frente contra la Violencia, al cual se han apresurado a vincularse muchas instituciones de la Iglesia Católica y del Foro Ecuménico por la Paz. Se fechó una gran marcha ciudadana para el 13 de agosto, acompañando de jornadas religiosas de oración y celebración. Destaca la iniciativa del joven diseñador gráfico Werner García: un kilómetro de viñetas por la no violencia y a favor de la paz.

Ha tenido también importancia el nombramiento del Consejo Asesor de Seguridad (CAS), una institución diseñada en los Acuerdos de Paz, y conformado por el Presidente a propuesta de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil con siete personas como titulares: Enrique Alvarez (de organizaciones populares), Max Quirín (ex presidente de ANACAFE), Julio Balconi (ex-ministro de defensa), Carmen Rosa de León (ex-directora de la comisión gubernamental de apoyo al retorno de refugiados), Adela de Torrebiarte, Helen Mack y Sandra Muralles, de organizaciones pro-justicia. Sus funciones serán asesorar al presidente y responder a cualquier funcionario del área de seguridad que solicite su consejo.

EN UN CLIMA DE DESESPERACIÓN

Es inevitable que un problema tan complejo no tenga soluciones ni rápidas ni sencillas. La primera recomendación que el CAS podría hacer al Presidente es que en el tratamiento de la seguridad camine por un camino serio, apartado de toda politiquería. Por mucho tiempo la sociedad guatemalteca va a tener que convivir con una brecha entre las expectativas de paz de la población y las posibilidades de solución a los fenómenos de violencia, enquistados en la cultura que nos legó la guerra, una cultura violenta y basada en la ilegalidad. Lo mejor que haría el Presidente es plantear un discurso de Estado para expresar con gran valor lo que cree que se puede hacer y lo que cree que no se puede hacer, los resultados que se pueden esperar a corto, mediano y largo plazo y los medios que se necesitan
y lo que van a costar en términos de financiamiento, sobre todo en educación. Mejor haría también en explicar por qué la Policía es tan eficaz en desalojar a los campesinos o jornaleros ocupantes de fincas y tan poco eficaz en controlar la violencia en la capital.

Es necesaria una investigación seria de la violencia, que requiere de la ayuda de la comunidad internacional. Es necesario un estudio de toda la red de empresas de seguridad privada. No cabe la menor duda de que quienes forman parte de las redes mafiosas del capital delincuencial y crean la inseguridad dan empleo y forjan el capital de quienes se dedican a las empresas de seguridad privada. En otros tiempos se hablaba, incluso en la círculos eclesiales, de “las revoluciones explosivas de la desesperación”. Quienes retraen sus capitales de la inversión productiva, comercial o de servicios en Guatemala y los fugan hacia la inversión especulativa, quienes crean trabajos mal pagados, evaden impuestos y toleran la evasión y cometen fraude contra el Estado en sus estructuras de salud y seguridad pública y de educación, ¿no estarán alimentando las revoluciones explosivas de la desesperación que hoy tienen traducciones en el campo de la delincuencia? Sólo un ejemplo: trabajadores jornaleros de cafetales en bancarrota por la crisis de los precios del café, cobran el salario de un mes en sólo una hora actuando como “antorchas humanas” que marcan la pista nocturna donde aterrizan las avionetas del narcotráfico.

LAS PLAGAS QUE PERSIGUE USA

El tráfico de drogas, la migración ilegal y el terrorismo son hoy para la mentalidad imperial en los Estados Unidos los equivalentes de los revolucionarios de los años 60, 70 y 80 que establecían -en la óptica estadounidense- cabezas de playa para el comunismo soviético. En esas décadas fortalecieron los Ejércitos de los Estados latinoamericanos para luchar contra esa plaga y financiaron contrarrevoluciones. Hoy prefieren promulgar una Ley Patriótica y aceptan socavar la vigencia de los derechos humanos en su propio territorio. Prefieren conseguir que los Congresos de nuestros Estados les den licencia para que su propia policía antidrogas actúe en nuestros territorios. Prefieren usar Guantánamo como plataforma “off-shore” donde no se paga el impuesto debido a los derechos humanos, levantar un muro de contención de migrantes a lo largo de toda la frontera con México y convertir a Guatemala en un baluarte fronterizo del sur, educando a la policía de migración y aduanas y haciendo la vista gorda sobre otros tipos de contrabando que no sean droga, migrantes y terroristas. Prefieren ir a luchar sus guerras en Irak para mantener elevado el patriotismo y la ansiedad por la seguridad de su población, mientras tratan de reelegir a la corriente más ultraderechista de su historia reciente.

En estas circunstancias las pretensiones de encontrar ayuda en sus arcas y en sus sofisticados arsenales para modernizar al Ejército de Guatemala no tendrán éxito. El ángulo internacional de la seguridad no se aplica a la sociedad guatemalteca. Lo que sí se le aplica es la libertad de la inversión a través de los TLC, incluso contra la vigencia misma de nuestras Constitución. Caminos que pueden convertir a este país, a nuestros países, en basureros de la historia.
Lo que los salva es la dignidad de su gente. El problema de la violencia, emblemático y expuesto en las maras o pandillas -y clandestino en los cerebros que nos empobrecen y nos saquean-, no puede hacernos olvidar la dignidad que se mantiene viva en la gran mayoría de nuestras poblaciones.

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