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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 269 | Agosto 2004
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Centroamérica

Nuevos movimientos populares empiezan a renacer

Entre el 25 y el 30 de julio se celebró en Quito, Ecuador, el Foro Social de las Américas, como extensión del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Entre los 11 mil participantes, de más de 800 organizaciones de la sociedad civil de 55 países, había unos 150 centroamericanos. Hablamos con varios de ellos.

William Grigsby

Hace 25 años, Centroamérica era un hervidero político, no sólo por la naciente Revolución Sandinista, fruto de un poderoso movimiento de masas y una larga lucha guerrillera, sino también por las pujantes luchas sociales en El Salvador, Honduras y Guatemala, también por la participación activa de vastos sectores de Costa Rica en la solidaridad con la lucha de los nicaragüenses.

Pero al ritmo de la feroz ofensiva contrarrevolucionaria desatada por la administración Reagan contra Nicaragua y al amparo de una política imperial permisiva con los abusos de los derechos humanos en aras de su “seguridad nacional”, los ejércitos centroamericanos casi aniquilaron al movimiento popular, asesinando a centenares de líderes sindicales, religiosos, gremiales, indígenas, encarcelando a otros miles y obligando al exilio a muchos más. Hacia finales de los años 80, de aquel vital y combativo contingente de hombres y mujeres de todas las edades que encabezaban las luchas sociales en nuestra región sólo quedó prácticamente el recuerdo. Y la experiencia.

Durante los años 90, tras la derrota electoral de los sandinistas en Nicaragua, los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala, y la estabilidad electoral alcanzada en Honduras, empezó la reconstrucción de las organizaciones populares, ensayando protestas y huelgas, y aprendiendo a defender sus derechos en las nuevas circunstancias políticas. Hoy, a mitad de la primera década del siglo XXI, los centroamericanos están nuevamente en pie de lde ucha, con una nueva camada de dirigentes, un estilo de trabajo diferente y una creciente autonomía frente a los partidos políticos de cualquier signo.

GUATEMALA: UNA ALIANZA EN EL PETÉN

En Guatemala, se han ido creando poco a poco redes de organizaciones departamentales y nacionales, integradas por centenares de organizaciones de todo tipo, entre las cuales destacan las indígenas. La Alianza por la Paz y la Vida, en el departamento de El Petén, que ocupa un tercio del país, es una de ellas. Está integrada por más de 40 asociaciones: campesinos retornados, cooperativas, ex-guerrilleros, redes locales, ONG y hasta oficinas de la iglesia católica. Hablamos con uno de sus dirigentes, Jorge Mario Sub, quien define la Alianza como “un frente en el que buscamos alternativas a la explotación capitalista. Por eso, nuestras principales acciones han sido en contra del neoliberalismo en sí, en sus dos mayores expresiones en nuestro país: el TLC con Estados Unidos y el Plan Puebla Panamá”.

En 18 meses, la Alianza ha logrado conformarse como la principal expresión del movimiento social en El Petén.
“Por el esfuerzo de las 66 comunidades ubicadas en las márgenes del río” -asegura Sub- no se han hecho hasta hoy las cinco represas que el gobierno pretende construir en el río Usumacinta”. La Alianza ha protagonizado importantes movilizaciones, especialmente el Día Nacional en contra de las Represas, que es el 14 de marzo; las de cada
12 de octubre; y las convocadas por la red mesoamericana contra la Organización Mundial de Comercio el 9 de septiembre de 2003, donde unieron banderas con organizaciones sociales de México y Belice. Sub asegura que
“la gente que apoyó llegó por sus propios recursos, por su propio interés en fortalecer la lucha. En ningún momento nosotros llenamos camiones con gente que no sabe lo que va a hacer. Eso es algo que planteamos como un reto para nuestras organizaciones: que la gente que vaya sea gente comprometida, gente que sepa exactamente a qué va”.

Aunque apenas tiene año y medio de fundada, la Alianza ya estableció coordinaciones que considera estratégicas con las redes de los dos departamentos con los cuales colinda al sur. En Izabal, han estrechado relaciones con las organizaciones locales del municipio puerto El Estor, ubicado en las márgenes del lago de Izabal, el más grande del país. En esta región, varias empresas canadienses están interesadas en apoderarse del agua y de recursos minerales como el níquel, el oro y la plata, y un potente movimiento social local busca impedirlo. En Alta Verapaz, la Alianza se ha asociado con las numerosas organizaciones que luchan por la tierra enfrentando a gran cantidad de terratenientes.

“No se trata de crear un espacio de poder para forzar una negociación con las autoridades en El Petén -aclara Sub-. Nuestra fuerza no va orientada a eso. Creemos principalmente en la formación política y ciudadana de las bases. Estamos enfocados en la creación de un movimiento popular fuerte, con una concepción político-ideológica muy fuerte, que garantice que cuando se den espacios para negociaciones, las que vayamos a asumir las ganemos con el respaldo de la gente. El espacio de negociación se debe dar, pero hasta que haya gente totalmente consolidada con una visión política muy clara”.

“MÁS ALLÁ DE LO ÉTNICO Y SEPARADOS DEL PARTIDO”

El movimiento social guatemalteco está en el proceso de construir un proyecto político, aunque aún de manera embrionaria, “porque no hay todavía un proceso de alianzas a nivel nacional -explica Sub-. Como movimiento social tenemos aún el reto de lograr una alianza estratégica con los distintos sectores, no sólo los que nos oponemos al TLC, sino también los que trabajamos contra la privatización de servicios públicos y en la problemática estructural y ancestral de la tierra”.

Hay en el país varias organizaciones de convergencia de los pueblos mayas. Según Sub, en Guatemala es el sector que tiene hoy más condiciones para la movilización. “A medida que se vaya conformando una alianza, se puede avanzar en una estrategia de unidad de esos pueblos que busque una alternativa no únicamente centrada en la problemática indígena. Tendríamos que ver más allá. No sólo cuestiones étnicas, sino cuestiones de clase. Ser incluyentes en respetar la pluralidad de nuestro país, donde también hay un sector ladino bastante pobre, que convive con las etnias en condiciones de exclusión, de abandono total por parte del Estado. Creo que una señal de madurez en el movimiento indígena guatemalteco y latinoamericano es no creer que la población indígena es la única excluida. Obviamente, es la más afectada. Pero también lo son otros sectores, por ejemplo los afroamericanos. A medida que exista una articulación estratégica entre todos, tendremos una respuesta contundente, no sólo contra las políticas neoliberales, sino en la búsqueda de una vida alternativa para las comunidades, con un desarrollo que parta de la cosmovisión de los pueblos mayas, los pueblos garífunas y el pueblo ladino”.

Sub asegura que tras los acuerdos de paz en 1996, “ha habido una serie de cambios dentro del movimiento social y, de alguna manera, una separación del partido de izquierda. En casi todas las expresiones del movimiento social guatemalteco, la vinculación con los partidos políticos es hoy mínima. El movimiento social ha buscado su propio camino y sus propias formas de trabajo y han surgido movimientos independientes, dentro de los cuales se rechaza una vinculación vertical. Ya no se acepta que a través de los partidos políticos salgan los lineamientos de conducción de los movimientos de base”. Al mismo tiempo, refiere Sub, “ha habido un proceso amplio, aunque bastante lento, de retomar decisiones a nivel colectivo, de base, horizontal”. Sub cuestiona a los partidos de izquierda: “Hemos visto cómo el TLC ha avanzado bastante y la expresión política de izquierda ha tenido una resistencia muy mínima. Sus posiciones contra el neoliberalismo son poco consistentes”.

HONDURAS: CAPACES DE PONER EN JAQUE AL GOBIERNO

En los últimos meses, es el movimiento social hondureño el que ha protagonizado las más importantes luchas en la región. Los ambientalistas, liderados por el sacerdote salvadoreño Andrés Tamayo, realizan desde hace más de un año marchas contra las políticas antiforestales ejecutadas por el gobierno del Presidente Maduro, exigiendo el cese del corte de árboles maderables, mayor control sobre las compañías multinacionales que explotan minerales y la eliminación de la Ley de Minería. A finales de junio, miles de personas protagonizaron la Marcha Nacional por la Vida, en defensa del medio ambiente.

La Coordinadora de Resistencia Popular -integrada por indígenas, campesinos, maestras, profesores, trabajadoras, ambientalistas, algunos gobiernos municipales, productores, pequeñas comerciantes, estudiantes- mantiene en jaque a Maduro. La Coordinadora plantea una férrea oposición al TLC. El principal dirigente del movimiento social es Carlos H. Reyes, un veterano sindicalista, también coordinador del Bloque Popular y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS). El Primero de Mayo, la Coordinadora le hizo al gobierno un planteamiento de 12 puntos y le dio un plazo de 60 días para cumplirlos. Como no los cumplió, enormes movilizaciones coincidieron con manisfestaciones de los maestros, de los defensores del bosque y de quienes protestaban por los altos precios del combustible, el más caro de la región, porque Honduras no tiene refinería propia y solo importa productos terminados. Uno de los 12 puntos era el regreso de las tropas hondureñas que aún estaban en Irak. “Y, mire, lo logramos. Cuando el gobierno sintió que tenía perdida la batalla, apareció levantando la bandera del regreso de las tropas de Irak, y finalmente ordenó su retorno”, relata con un timbre de legítimo orgullo Reyes.

Por su coordinación y cohesión, la mayor movilización de esos días fue la encabezada por las maestras y maestros de primaria. Desafiaron al gobierno bajo la bandera del pago de sueldos atrasados. Simultáneamente, dirigentes sindicales protagonizaron una huelga de hambre durante nueve días, exigiendo rebajar la carga tributaria sobre los combustibles, controlar la compra y venta de los carburantes; y estabilizar la moneda y los precios de los productos de consumo popular. Y los médicos internos y en servicio social organizaron un paro de labores por incremento salarial. En esta ocasión, hasta los alcaldes -un grupo oficialista- protestaron porque el gobierno no les cancelaba las transferencias presupuestarias.

Como resultado de la presión popular, el ministro encargado de la Corporación que maneja los bosques renunció y se frenó la discusión de la nueva Ley Forestal. Hay también un proceso de negociación para reducir los costos de la importación de combustible, que en Honduras está privatizada. “Toda esta movilización ha traído como resultado un nuevo escenario, tanto en lo social como en lo político -explica Reyes-. Se le dio una gran lección al gobierno. Maduro salió derrotado en todos los campos. Si tuvieran dignidad, ese presidente y esos ministros hubieran renunciado, pero como son sirvientes del imperio, ahí están”.

¿CAMBIAR A UN PÍCARO POR OTRO PÍCARO?

Reyes recuerda que en las luchas de junio y julio de este año, el gobierno les acusó de tener como objetivo el derrocamiento del gobierno. “Para nosotros no puede ser objetivo quitar un Presidente para que se ponga otro. ¿Para qué queremos cambiar a un pícaro por otro, a un ladrón por otro, a un sinvergüenza por otro, a un vendepatria por otro? Nosotros queremos que se resuelvan los problemas que estamos planteando”.

Reyes insiste en que el objetivo del movimiento social no puede ser botar al gobierno. “A veces, los movimientos sociales, los movimientos revolucionarios -o como usted quiera llamarlos- se dividen porque se ponen a repartir un pastel que todavía no tienen. La experiencia nos ha dicho que lo importante es crear poder popular desde abajo. Ahí está la clave de todo. Cambiar todas las cosas que están pasando no se logra poniendo un presidente del grupo social al que usted pertenece. No es así como se van a resolver los problemas”.
Y Reyes ilustra su posición con una anécdota: “Yo trabajo en una transnacional. Ahí se envasa Coca Cola, la cerveza, Pepsi Cola, los rones y el aguardiente. Un día me dice un compañero: ‘Oíme vos, estas transnacionales ya no las aguantamos. ¿Vos por qué no buscás la manera de ser gerente, para que los problemas se nos acaben?’ Lo mismo sucede en los movimientos sociales. Hay quienes dicen: ‘Llevemos nuestro presidente para que se acaben los problemas’. No. Esto es un problema de estructura, y esta estructura que se ha construido en tanto tiempo sólo la vamos a destruir desde abajo”.

“NI CON LOS PARTIDOS NI CON LAS CENTRALES SINDICALES”

El vigoroso movimiento social hondureño de hoy tiene antecedentes históricos. Los relata Carlos H. Reyes, quien vivió en carne propia la represión política de aquellos años y estuvo varios meses encarcelado por su trabajo entre los obreros. “Hasta los años finales de la década de los 70 teníamos un movimiento sindical y campesino muy fuerte y unido. Pero la década de los 80 fue para nosotros terrible. Fue la guerra de baja intensidad en Centroamérica y nos mataron una gran cantidad de dirigentes”.

El segundo precedente ocurrió a finales de los 80, cuando se constituyó la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras. “Desgraciadamente -recuerda Reyes- la camisa nos quedó muy grande a todos. Y era en un momento en que la gente todavía no entendía el problema que se le venía encima. Después, llegaron las tres centrales obreras, manejando las cuestiones sociales del país. Y en tan mala forma que llevaron al país a una inmovilización terrible. Fue hasta finales de los 90 que surge lo que es hoy el Bloque Popular, con otra intención.

En primer lugar, luchamos después de ver cómo dirigentes sindicales y campesinos permitieron eliminar la ley de Reforma Agraria. Ya los dirigentes de las centrales obreras tenían listo, con los empresarios y con el gobierno, un nuevo Código del Trabajo. Ahí empezó la reacción. Dijimos: ‘Esto no va con nosotros’. Y la reacción surgió precisamente de las bases de las organizaciones sindicales y de las mismas centrales, que entraron en crisis. Nosotros empezamos entonces un trabajo contra las privatizaciones. Prácticamente, las centrales se han ido quedando relegadas, y ha surgido todo un movimiento popular que ha transformado totalmente la conciencia social y ya tiene unos buenos alcances en los niveles de conciencia política del pueblo hondureño. Es un proceso de resistencia al modelo. En eso está clara toda la gente”.

Desde el punto de vista de Reyes, “el movimiento social es un movimiento político. Para nosotros la política no es que cada cuatro años se van los partiditos a un proceso electoral. El movimiento social es el sujeto histórico del cambio en Honduras y ese proceso va, ya no lo detienen. Lo que nosotros estamos construyendo desde las bases es poder popular. Nosotros creemos que desde la base podemos cambiar lo que históricamente se ha hecho con nuestros países, con nuestro pueblo, traicionado por una dirigencia oligárquica, aliada con el imperio de Estados Unidos”.

COSTA RICA: LA HISTÓRICA LUCHA CONTRA “EL COMBO”

En marzo del año 2000, Costa Rica vivió prácticamente una insurrección popular. Decenas de miles de trabajadores, amas de casa, estudiantes, campesinos y hasta importantes sectores de la burguesía local, salieron a las calles para defender la propiedad estatal del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que también administra la telefonía fija y celular.

La Revista Digital “Semueve” reseñó así aquéllos hechos: Marchas, paros laborales y bloqueos de carreteras, caracterizaron el punto álgido del fenómeno social que tuvo lugar durante tres semanas (la última de marzo y las dos primeras de abril del 2000), a raíz del llamado “Combo energético” o “Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Energía y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado”. Tras cinco años de negociaciones, dos gobiernos, y cuatro días de jornadas legislativas llevadas a golpe de tambor, las cúpulas de los partidos políticos tradicionales y del empresariado creyeron que por fin iniciaba el proceso gradual para abrir a la inversión privada los mercados de energía y telecomunicaciones...

Después de dos semanas caracterizadas por cierres de vías, paralización de varios servicios públicos y una tensión que amenazaba con derivar en más violencia, los medios de comunicación comenzaron a informar de supuestos acercamientos entre los sectores enfrentados. Bajo el peso de ese panorama convulso, después de una jornada de huelga nacional, el 4 de abril se reunieron la cúpula del Gobierno, diputados y representantes del sector adverso al proyecto. De esa negociación, que tuvo lugar en el Tribunal Supremo de Elecciones, salió un acuerdo para postergar el trámite del proyecto de ley y enviarlo a una Comisión Especial Mixta que le incorporara reformas, o inclusive, originara un nuevo texto... La Comisión terminó sus funciones en noviembre del 2000. La ley que desató el conflicto fue engavetada. Los distintos sectores presentaron sus propios informes ante la falta de consenso sobre el tema.

La Representación Social presentó su Informe Final y una propuesta para un proyecto de ley alternativo para fortalecer al Instituto Costarricense de Electricidad
.

Cuatro años después, ¿qué quedó de aquel movimiento social que protagonizó la jornada de lucha más importante del pueblo costarricense, después de la revolución de José Figueres en 1948? Carlos Aguilar, del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y miembro de la Red contra el Libre Comercio y contra la Militarización que se llama Encuentro Popular, dice que “lo más importante de entender es que en el momento cúspide, la lucha fue frenada por parte de las dirigencias sindicales del país, que se movilizaron en concordancia con los objetivos del gobierno, lo que provocó que se desmovilizara todo el enorme movimiento social que se generó a través de la lucha de las distintas comunidades. Esa juventud y el resto del pueblo desmontaron las protestas cuando los líderes sindicales acordaron con el gobierno sacar el proyecto de la Asamblea Legislativa, a condición de que los movimientos sindicales llamaran a la desmovilización en el país”.

“LOS SINDICATOS YA LO DESCUBRIERON”

Carlos Aguilar cree que, si bien en el 2000 la gente paró el proyecto que estaba en la Asamblea Legislativa, “el proceso de privatización de las telecomunicaciones siguió avanzando. Ya no había ese proyecto, pero sí habían otros que se llevaron a cabo con la complicidad de estos sectores sindicales”. A pesar de esto, Aguilar reclama como una gran victoria en esta lucha el surgimiento de “liderazgos de carácter más comunal, más regional”. “Empieza a gestarse -o empieza a visibilizarse- cierta organización en partes como Limón, Guanacaste, Punta Arenas. Esfuerzos como el nuestro están tratando de volver a ayudar a que estas iniciativas surjan nuevamente.

Según el investigador, “en los últimos cuatro años hemos estado en un trabajo de reconstrucción. En este momento hay muy buenos elementos en la lucha contra el TLC, aunque no logramos aún llegar a un nivel de movilización como el que se llevó a cabo en la defensa de las comunicaciones”. Y menciona el trabajo con organizaciones de base y con algunos sindicatos, “incluidos los que llegaron a acuerdos con el gobierno en la lucha del combo. Estos sectores han logrado descubrir que la privatización de la telecomunicaciones va, porque es un objetivo del gobierno, y ahora la mayor parte se ha sumado a la lucha contra el TLC”.

La dirección del movimiento está ahora más balanceada -dice Aguilar- y no todo el peso recae sobre los sindicatos del sector público, que en Costa Rica tienen una fuerza importante. Son el sector que más capacidad de movilización tiene, aunque eso no significa que su capacidad sea muy grande. El sindicato del Frente Interno de Trabajadores del ICE, vinculado con el tema de las telecomunicaciones, es el que en este momento puede movilizar más gente. Pero la coordinación de la lucha contra el TLC es una coordinación multisectorial. Se llama Comité Nacional de Enlace.

Ahí están redes multisectoriales, el frente de unidad sindical magisterial, el Frente Interno de Trabajadores del ICE y otros grupos también importantes a nivel nacional. Es una coordinación plural que en este momento tiene un grado de mayor horizontalidad”.

Como ocurre en Guatemala o en Honduras, en Costa Rica no hay partidos de izquierda con respaldo popular.
Los dos partidos hegemónicos, el socialcristiano (en el poder) y el socialdemócrata, son de derecha. Acción Ciudadana, que con una posición de centroderecha emergió en las últimas elecciones presidenciales, es el único vinculado con los movimientos sociales. Su bancada legislativa es la única que se opone a la ratificación del TLC.

“PODEMOS PARAR EL TLC”

Aguilar admite que lo más difícil en este momento es establecer objetivos políticos. “Hemos logrado ponernos de acuerdo en una cosa particular y concreta: parar la aprobación del TLC en Costa Rica. Y en algunos casos, en redes como la nuestra, en impulsar esta cuestión a nivel centroamericano. Pero más allá de esto, ha sido muy difícil debatir o discutir una propuesta más de carácter político. Porque convergen sectores muy diversos, con posiciones políticas e ideológicas muy diversas, y en este momento entrar en un debate de esa envergadura, podría hacer reventar la unidad que existe, una unidad en la acción que para nosotros es esencial.

Aguilar cree que es posible parar el TLC en Costa Rica. “Sin subestimar el poder que tiene el gobierno y, sobre todo, los grupos económicos de acá, que están intentando hacer avanzar el TLC, la verdad es que existen contradicciones reales y problemas políticos serios para la aprobación del TLC. No se trata de hacer promesas o valoraciones muy optimistas, pero creo que existen condiciones para frenar el TLC. Esto va a depender de lo que hagamos los movimientos sociales, de lo que haga la base popular, y del comportamiento que logremos asuma la dirigencia del país. Si no vuelve a flaquear en las negociaciones y si los movimientos avanzan en organización y en movilización, esto, aunado a las contradicciones que existen en el Congreso americano, puede crear un clima de agitación nacional con el que logremos impedir la ratificación del TLC”.

EL SALVADOR: “AGUANACAMIENTO” ANTE EL DOBLE CARRIL

Los dos países con mayor tradición de lucha popular y con fuertes partidos ubicados a la izquierda, El Salvador y Nicaragua, son los de menor desarrollo del movimiento social autónomo. En el caso salvadoreño, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque acaba de perder las elecciones generales, es la segunda fuerza política del país y la primera minoría en el Parlamento, y ha logrado multiplicar el respaldo de la gente a sus propuestas. Pero la lucha social apenas empieza a salir de un prolongado período de crisis, después que el Ejército y los escuadrones de la muerte asesinaron a miles de dirigentes campesinos, obreros, magisteriales, religiosos y de otros sectores sociales. Muchos más se vieron obligados a integrarse a la lucha armada.

El movimiento social entró así en un proceso de aletargamiento -o “aguanacamiento”, como lo llaman los propios salvadoreños- después de haber protagonizado movilizaciones masivas, históricas, con casi medio millón de personas- campesinos, trabajadoras, pobladores de los tugurios, maestras, estudiantes, profesionales y técnicos- reivindicando en las calles sus derechos y desafiando la represión.

Según Raúl Moreno, de la Red Sinti Techan y presidente del Centro para la Defensa del Consumidor, -que forma parte del Bloque Popular Centroamericano-, a partir de los acuerdos de paz El Salvador ha transitado por un proceso de dos carriles: la construcción de un marco constitucional y jurídico que debería de crear las bases para un Estado de democracia formal, y los programas de ajuste estructural.

“En el primer carril -recuerda Moreno- se desmovilizan los cuerpos represivos de la Guardia y de la Policía de Hacienda, y aparece una Policía Nacional Civil. Se crean también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Judicatura. Uno creería que se han sentado las bases para un Estado democrático. Pero en el otro carril, en forma paralela, el Estado comienza a achicarse y esto lleva a la desregulación de la economía, a la precarización de las condiciones de empleo de las familias y a convertir el modelo salvadoreño en un modelo expulsor de mano de obra hacia Estados Unidos. Hoy, el principal rubro generador de divisas en el país son las remesas familiares de los emigrantes: más de 2 mil millones de dólares anuales, casi el 65% del valor de nuestras exportaciones.

Este carril afectó importantes servicios públicos, responsables de garantizar derechos económicos, sociales y culturales para el pueblo, sin que el movimiento social planteara sus reivindicaciones”.

LAS “MARCHAS BLANCAS”: UN HITO, UN REVULSIVO

La lucha social más importante después de los acuerdos de paz de 1992 ocurrió en el 2003, cuando médicos y médicas, enfermeras y trabajadores del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social se lanzaron a las calles durante más de siete meses para defender el derecho del pueblo a la salud. Las “marchas blancas”, encabezadas por los profesionales de la medicina vestidos con sus batas, sacudieron la conciencia nacional y obligaron al gobierno de Francisco Flores a negociar una salida política al conflicto. “El resultado más notable de esa lucha -reconoce Moreno- es que comenzó a terminar con el proceso de aguanacamiento. No sólo entre los médicos del seguro social. Porque ese movimiento no sólo fue impulsado por los médicos. No hubiera sido posible mantenerlo sin su conducción, pero a él se sumaron mujeres, ambientalistas, consumidores, consumidoras, trabajadores de otros sectores. Fue un revulsivo, un hecho que marca un hito en la historia del movimiento social más reciente y que nos da la confianza y la esperanza de que el movimiento social salvadoreño está vivo”.

Moreno cree que a partir de esta exitosa movilización social por la defensa del derecho a la salud, “tenemos un despertar, que identifica a todos esos proyectos de comercio y de inversión, llamados TLC, ALCA, Plan Puebla Panamá, como una seria amenaza a servicios públicos esenciales: educación, salud y agua, principalmente. Hoy por hoy, nuestra valoración es que el movimiento social salvadoreño va a lograr compactarse en torno a una reivindicación tan legítima como es conservar el carácter público en la provisión del agua y defender el concepto de que el agua es un bien público.

Las fuerzas del FMLN respaldaron la lucha del gremio médico, pero no la encabezaron. Y no precisamente por su voluntad, sino por la de los dirigentes gremiales, que supieron defender su autonomía. “Somos muy celosos de la independencia del movimiento social -asegura Moreno-. El FMLN participó en este proceso de lucha contra la privatización de la seguridad social y de la salud tangencialmente, sin que planteara líneas de trabajo o líneas de acción. Es más, ante la solicitud del FMLN de incorporarse al proceso, se le dijo: ‘Bienvenido, pero vas a la zaga, vas atrás, y el movimiento social es el que marcará las pautas’. Creemos que la garantía del movimiento social es la autonomía. El actor protagónico en este proceso son las organizaciones sociales”.

Moreno afirma que en esta etapa están construyendo un proyecto político. “Nuestro planteamiento frente al modelo neoliberal es la construcción de alternativas desde abajo, desde la sociedad. Y eso implica la afirmación de algunos principios que son básicos: la participación democrática y el involucramiento de la gente en esos procesos; el esfuerzo por reducir las brechas de desigualdad por edad, por género y por clase social; la sustentabilidad de los proyectos nacionales. Y principalmente, el afirmar y definir nuestras propias estrategias de desarrollo. Un tema actualmente en discusión en el movimiento social es la identificación del sujeto político -y de la sujeta política- en este proceso de construcción de alternativas”.

NICARAGUA: INCIPIENTE Y DÉBIL MOVIMIENTO SOCIAL

Paradójicamente, con todo y su historia de lucha y con una revolución, es en Nicaragua donde el movimiento social autónomo apenas empieza a surgir. Sin mencionar las luchas revolucionarias de los años 70 y 80, atrás -y a veces, ni siquiera alojadas en la memoria popular- han quedado aquellas jornadas de intensa lucha de los trabajadores nicaragüenses por defender las conquistas de la revolución, que en los primeros años 90 estuvieron a punto de derribar al gobierno de Violeta de Chamorro. La entonces poderosa Central Sandinista de Trabajadores está ahora fragmentada en dos cascarones y ya no aglutina a las principales organizaciones sindicales del país.

La fuerza con mayor capacidad de movilización, aunque muy escasa, es el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que agrupa a las federaciones sindicales de la salud, a los maestros, empleados públicos, trabajadores del campo y de las universidades, y a un pedazo de la CST, el de mayor afiliación. De hecho, las principales luchas sociales de los últimos años las han protagonizado las federaciones sindicales de los maestros y de la salud afiliadas al FNT y hegemónicas en estos dos sectores. Su coordinador es el médico Gustavo Porras, diputado del FSLN y miembro del Consejo Sandinista Nacional, principal órgano ejecutivo de ese partido. Porras ha intentado en reiteradas ocasiones organizar al FNT territorialmente. Pese a su carácter de dirigente partidario, no lo ha conseguido. Entre otras razones porque no ha recibido el respaldo de las estructuras del FSLN.
Al margen de esta estructura cuasi partidaria, el movimiento social autónomo nicaragüense es incipiente y muy débil. La estructura más visible -por la cobertura que le brindan los medios de comunicación- es la Red Nacional de Defensa del Consumidor, cuyas principales dirigentes son dos antiguas militantes sandinistas, Ruth Herrera y Jeannette Chávez, quienes se alejaron del FSLN después del giro a la derecha impreso por su actual conducción política. En una reciente entrevista para la BBC, Ruth argumenta: “Los partidos han mostrado incapacidad de ejercer una influencia real en los problemas de los ciudadanos, estén en el poder o fuera de él. La agenda partidaria está matizada por el interés de mantener espacios de poder. El balance que muchos ciudadanos tenemos de los partidos es que se han alejado de los compromisos y de la necesidad de buscar soluciones alternativas. Entonces ceden con mucha facilidad a las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, no tienen una concepción de hacia dónde quieren llevar el país, dejándose llevar de manera muy complaciente.

No hay un enfoque económico, ni un enfoque social, ni un planteamiento serio sobre el manejo de los recursos naturales, por ejemplo. En esas condiciones seguir dentro de los partidos es seguir legitimando esa forma utilitaria de hacer política, de usar los espacios públicos para seguir reproduciendo sus propios intereses de grupo. La apuesta por los movimientos sociales es, de alguna manera, volver a discutir los temas que más preocupan a grandes sectores de la población. Se trata de crear mecanismos de presión sobre el gobierno, sobre los partidos, de convertirnos en grupo de presión para obligarlos a debatir temas que no les parecen interesantes. Pensamos que este trabajo tiene un efecto multiplicador sobre la conciencia de la gente más rápido que estar trabajando con los partidos”.

Un creciente grupo de activistas y dirigentes de barrios, de sindicatos del campo y la ciudad, de consumidores y de mujeres, llevan años intentando movilizar a la gente cada quien por su lado. Hasta que hace un par de años, animados por varias ONG y antiguos dirigentes sandinistas, buscan constituir un instrumento de coordinación y consenso. Han asumido banderas sociales -la no privatización del agua potable o frenar las arbitrariedades de las empresas transnacionales dueñas de la energía eléctrica y la telefonía fija y celular-, banderas políticas -la resistencia al pacto entre el FSLN y el PLC, la oposición a la guerra contra Irak, la solidaridad con los pueblos de Cuba, Venezuela y Palestina- o banderas económicas -la oposición al TLC entre los pececitos centroamericanos y el cachalote norteamericano-. Pero su éxito ha sido exiguo: todos coinciden en que la mayoría de la gente no quiere movilizarse, que está desencantada de la política y cansada de luchar.

“ROMPER EL CORDÓN UMBILICAL ESTÁ COSTANDO MUCHO”

En la coordinación del Movimiento Social participan hasta ahora agrupaciones de desarrollo comunal, la Asociación de Trabajadores del Campo y algunas organizaciones locales de municipios, como por ejemplo la asociación de El Arenal en Masatepe, o los campesinos que están enfrentando la represa en Bocana de Paiwas, o asociaciones de vecinos que se oponen a la instalación de antenas de telefonía celular en sitios urbanos. Entre los animadores del movimiento social hay muchos sandinistas excluidos del FSLN por sus posiciones políticas o que no se sienten representados por los actuales dirigentes. Uno de ellos es William Rodríguez, a punto de graduarse de administrador de empresas. Ahora trabaja en el ONG Centro de Estudios Internacionales. Su principal función es ayudar a fortalecer el movimiento social. “Es lamentable -dice- con la historia de lucha que tiene Nicaragua, que el FSLN esté permitiendo que cada día el país se descapitalice más, se hipoteque, se entregue a las transnacionales. Eso da tristeza. Comparémonos con Costa Rica, en donde hay consenso en temas vitales como la defensa del carácter público de la seguridad social, la energía eléctrica, el agua y los teléfonos. En Nicaragua todavía no hay consenso en eso, porque estamos acostumbrados a movilizarnos a partir de la línea partidaria. Si no la hay, nadie se moviliza. Romper ese cordón de ombligo nos está costando mucho”.

Rodríguez cuestiona severamente la línea oficial del FSLN, desvinculada de las luchas sociales: “El partido tiene una posición política totalmente ajena a los intereses sociales y económicos de los nicaragüenses. En la práctica, ha venido apoyando las políticas del Fondo Monetario Internacional y promoviendo las políticas de privatizaciones. Ha apoyado a los gobiernos de derecha”.

Asegura Rodríguez que el naciente movimiento social está construyendo una agenda nacional propia. Y destaca como elemento central el consenso para luchar contra la pretendida privatización de las fuentes de agua potable y de las empresas que la distribuyen a la población. Considera que esta lucha sí movilizará a la gente y cree que ya empieza también a sentirse la oposición al TLC. “Hay algunos esfuerzos -dice-, algunas pequeñas organizaciones que estamos tratando de juntarnos. Al principio cuesta mucho lograr consenso, porque cada uno está trabajando por su propio perfil, por el propio contenido de su organización y no hemos logrado una movilización conjunta.

Donde hemos logrado mayor consenso y mayor movilización es en la oposición a la guerra contra Irak porque era un tema vinculado al envío de tropas nicaragüenses. Y en la oposición al TLC. Son los dos únicos temas que han logrado unirnos”. Rodríguez cita la experiencia de León, la segunda ciudad de Nicaragua, en donde a partir de las manifestaciones contra la guerra en Irak, se articuló un Comité Social que se llama León por la Paz, donde participan organizaciones como el Comité Rural de Mujeres y la Comunidad Indígena de Subtiava.

“HAY QUE SACAR A LA GENTE DE LA ATOMIZACIÓN”

Cecilia Cruz era hasta hace pocos años una de las principales dirigentes del FSLN en uno de los cinco distritos en que se divide Managua. Pero se hartó del estilo vertical y autoritario de los dirigentes y se decidió a trabajar por sí sola en la organización de los barrios populares de la zona donde reside. En ese camino, se encontró con la Fundación Popol Na, en cuya representación intenta ahora animar el proceso de coordinación entre tantas organizaciones pequeñas que pululan por toda Nicaragua, cada una desde su propia realidad, sin articularse ni siquiera a nivel territorial.

Cecilia cree que “la movilización social en Nicaragua es difícil. A pesar de toda la situación que estamos viviendo, de todo lo negativo que nos traerá el TLC, a pesar de la privatización de la energía, de las alzas de las tarifas, no hay una expresión de protesta organizada. Muchas veces existe a nivel individual, pero no se organiza nada a nivel de los barrios, de los municipios o departamentos. La idea de esta coordinación es ésa: sacar de esa atomización al pueblo nicaragüense y enrumbarlo hacia luchas concretas”.

Cecilia considera que se debe masificar el ejemplo de los vecinos del barrio Jorge Dimitrov, en Managua, donde, por el temor justificado a sus efectos nocivos para la salud de la gente, impidieron la instalación de una antena de telefonía celular. “Se levantó la comunidad y no lo permitieron. Hay expresiones aisladas como ésta, pero todavía hace falta la organización. Lo que tenemos que hacer como movimiento, y es lo que hemos estado discutiendo, es potenciar la organización y definir una estrategia”.

William Rodríguez cree que la razón principal de la apatía de los ciudadanos nicaragüenses se debe a que hace falta hacer un trabajo de base. “No es que la gente no se quiera movilizar. Cuando hemos logrado llegar a los barrios con un tema particular, la gente se ha movilizado. Y hay algunas experiencias muy claras. Lo que sucede es que la gente se quiere movilizar, pero tiene el temor de que se le manipule políticamente, porque ya ha sido engañada muchas veces. Tenemos experiencias muy tristes y la gente no quiere exponerse a que se le siga instrumentalizando y utilizando”.

Cecilia coincide con este criterio: la gente que está identificada con una corriente política -aproximadamente, la mitad de la población nacional son sandinistas o liberales- “siente temor a sentirse utilizada o a que no estén respondiendo a su línea partidaria específica. Tienen un excesivo respeto por la estructura de su partido, ya sea el FSLN o el PLC, y por eso se abstienen de participar en el movimiento social, aunque se den cuenta de que su partido no está encabezando ninguna lucha para defenderlos”.

“LA GENTE NO QUIERE SABER NADA DE POLÍTICA”

A sus 55 años, la nicaragüense Gladys Manzanares es una veterana de las luchas sindicales. Hace dos años, perdió su empleo en una de las tantas maquilas por el delito de organizar un sindicato. Se mantiene activa en el respaldo a las luchas de sus compañeras en todas las zonas francas de Managua, y ahora se ha integrado como activista del movimiento social. “La gente está desengañada -dice-, ya no quieren mucho chagüite (discurso demagógico). La gente está decepcionada, sobre todo los jóvenes. No quieren saber nada de política. Y creen que todo es política, que todo lo que se quiere hacer por ellos es por política. Creo que nosotros los dirigentes tenemos un poco de culpa, porque debemos tratar de llegar a las bases y tener comunicación con ellas y hacerles ver cuál es la problemática real del sistema en que nos estamos desenvolviendo, pero de otra forma”.

Gladys cree que una forma de fortalecer la organización social es integrar a los trabajadores de las maquilas a las organizaciones de barrio. “Lo que queremos es que las comunidades se integren al movimiento social.
Para que cuando haya que hacer alguna acción no solamente vayamos miembros de organizaciones, sino que vaya también la población”.

“Al movimiento social naciente que tenemos le hace falta explicar claramente que es para todos los nicaragüenses, independientemente de política, ideología o religión. Si tenemos un 60% de nuestra población desempleada, ¿por qué no sale una gran manifestación de esos desempleados a exigirle trabajo a un gobierno títere y entreguista, a los Estados Unidos? Lo que nosotros tenemos que hacer es abrirnos, darle una nueva identidad a este movimiento social”.

“LOS POLÍTICOS NOS METEN GENTE PARA CONTROLARNOS”

Rodríguez cree que los partidos políticos le temen al movimiento social autónomo, y cuando perciben que hay una bandera de lucha de un sector determinado, intentan mediatizarlo, como ha ocurrido con el movimiento estudiantil y su lucha por el 6% del presupuesto nacional o con los campesinos y sus caminatas para lograr que el gobierno resuelva sus problemas de tierra, empleo y hambre.

Si en nuestra agenda están temas eminentemente sociales, nos tenemos que separar de lo partidario, porque la gente no cree mucho en la política partidista. Los políticos nos están queriendo intervenir para controlarnos. Nos están metiendo en nuestras organizaciones personas que realmente generan polémicas internas para tratar de evitar que nos fortalezcamos a nivel social. En lugar de fortalecer a los movimientos sociales, los partidos los están fragmentando más. El sistema político nicaragüense te obliga a que tengás que gestionar ante las instituciones políticas. Por eso, muchas luchas sociales terminan mediatizadas a partir de la influencia que tienen los dos partidos. No resuelven los problemas de la gente, sino que únicamente los mediatizan. Para ellos, alcanzar prebendas es la solución de las luchas, y esa acción debilita al movimiento social, lo desacredita. La política está desacreditada en Nicaragua. Y al desacreditar los partidos al movimiento social, este pierde respaldo y consenso”.

“LOS SANDINISTAS TENEMOS YA LA SEMILLA”

Cecilia cree también que la acción partidaria causa daño al movimiento social. “En mi caso, soy sandinista y voy a serlo siempre, pero yo entiendo que además soy nicaragüense y soy pobladora de un barrio. Y allí en mi barrio tengo problemas concretos que tenemos que enfrentar como movimiento social. ¡Jamás hemos visto a nadie del partido ni a nivel de base, ni a nivel de cúpula, ni a nivel de nada en las luchas sociales! Los sandinistas deberíamos estar integrados como pobladores. En el movimiento social debemos estar personas con diferentes ideologías. Eso no afecta al movimiento social. Lo que lo afecta son las decisiones de cúpulas que atomizan o castran el movimiento social”.

“Pienso también -dice con esperanza Cecilia- que esa misma realidad, los partidos indiferentes a los asuntos sociales, es la que nos da la pauta para el surgimiento de una expresión social autónoma en Nicaragua. La victoria se logra con la lucha de los pueblos. No es que vamos a cambiar el sistema político, porque se llega al poder a través de los partidos. Pero el movimiento social va más allá, con una ideología definida. Y a la vez, es indudable que esto de ahora es una herencia del movimiento social en contra de la dictadura somocista. Y a la dictadura la derrotamos. La Revolución fue también una gran movilización social. La Cruzada Nacional de Alfabetización lo fue. Lo fue la defensa de la soberanía. Y si tenemos esos antecedentes, ahí está la semilla del movimiento social. Somos pocos, es una realidad. Pero tenemos la esperanza y la confianza en el pueblo, que lleva dentro esa semilla. Aprendiendo todo lo que nos está pasando y organizándonos cada día mejor, llegará un día en que cambiemos las cosas”.

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