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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 265 | Abril 2004
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México

Grave retroceso democrático en el organismo electoral

El Instituto Federal Electoral, autónomo, ciudadanizado y confiable desde 1996, y tras muchos esfuerzos y luchas cívicas, ha quedado bajo el control del PRI y el PAN. Una grave señal de la partidocracia corrupta que, cual agujero negro, se está tragando la frágil democracia mexicana.

Jorge Alonso

Las democracias de América Latina son frágiles. La democracia mexicana no sólo se ha mostrado frágil sino muy enferma. La teoría política viene demostrando que la corrupción es el cáncer de la democracia. A finales de febrero y principios de marzo los ciudadanos mexicanos siguieron, en vivo y en directo, a través de videos transmitidos en la televisión, la corrupción de funcionarios y de dirigentes políticos de dos partidos.

Meses atrás se había conocido que el PRI se había beneficiado de una cuantiosa suma sustraída ilegalmente de los recursos de la empresa estatal de petróleos PEMEX. Pero fuera de una sanción económica a ese partido, los principales responsables del delito andan sueltos, sin castigo. Después vino el escándalo del financiamiento privado ilícito para la campaña presidencial de Vicente Fox, el caso Amigos de Fox. Sólo hubo una sanción económica para su partido, el PAN, pero los culpables quedaron libres.

En febrero, un video reveló que el líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no tenía interés en salvaguardar la ecología, sino en obtener una millonaria suma por intermediar un permiso. ¿Resultado? El dirigente en cuestión se reafianzó en su puesto. Los tres partidos implicados en delitos de corrupción arroparon a sus corruptos.

En marzo, el encargado de finanzas del Distrito Federal, quien había sido secretario particular del Jefe de Gobierno capitalino, fue exhibido en un video junto a un líder del PRD en flagrantes actos de corrupción. A diferencia de los casos anteriores, estos personajes sí fueron sancionados por su partido, y se enfrentan a procesos penales, aunque quedó sin respuesta convincente la pregunta de si su jefe sabía o no de sus pillerías. En este caso, el PAN, partido que gobierna a nivel federal, se ha mostrado más preocupado por hacer uso del escándalo en beneficio político que en contrarrestar y castigar legalmente la corrupción.

ASCO Y DESCONFIANZA

Entre los ciudadanos domina un clima generalizado de asco ante la corrupción y especialmente, de desconfianza ante la impunidad de las grandes figuras políticas. Si ya las encuestas venían mostrando que una inmensa mayoría de los ciudadanos no creen en la política, los últimos escándalos, que no han dejado a ningún partido limpio, han acabado por esfumar la credibilidad en los políticos. María de las Heras, una profesional de las encuestas, publicó a mediados de marzo una con resultados alarmantes. Sumando a quienes nada creen con los que creen poco se evidencia la falta de alternativas políticas. La no credibilidad en el Partido Verde llega al 93%, en el PRI y el PRD alcanza el 91% y el PAN no sale mejor librado: 83%. La no credibilidad en los diputados subía al 96% y en los senadores al 95%.

El Presidente de la República, tratando de que la gente olvidara su responsabilidad en la ilegalidad del escándalo Amigos de Fox, aprovechó los videoescándalos para hablar de la ética en la política. Pero la encuesta mostró un nivel de no confiabilidad en él del 78%. Manuel López Obrador, del PRD, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien antes de las revelaciones de los videos se encontraba en muy altos niveles de aceptación entre la gente, sufrió un severo desplome: sólo cuatro puntos por debajo de Fox. Para colmar el vaso, una de las organizaciones tenidas por una conquista democrática y durante mucho tiempo merecedora de una alta credibilidad, el Instituto Federal Electoral (IFE), participaba también del descrédito: un 73% no confiaba en él.

INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Después de muchas luchas, el movimiento cívico mexicano consiguió hace unos años que el organismo electoral quedara desligado de los intereses del gobierno y se constituyera como una entidad autónoma, ciudadanizada y confiable.

Si antes de 1996, la preocupación de muchos ciudadanos fue vigilar la actuación de las autoridades electorales, desde esa fecha esto fue una etapa superada. Pero días antes del nombramiento del Consejo General del IFE, en octubre de 2003, una de las organizaciones cívicas que impulsó la democratización mexicana, Alianza Cívica, alertó que la ciudadanización del IFE corria peligro. En aquella fecha y en la Cámara, diputados priístas exigían que la cuota que les tocaba en el IFE no fuera sólo la de la presidencia del Consejo y otros tres cargos. Exigían la mayoría. En aquella ocasión, el PRI y el PAN votaron en bloque por una planilla con miembros, simpatizantes y afines a esos dos partidos. En el PRI existe la convicción de que perdieron las elecciones del 2000 porque no tenían el control del IFE. En la negociación con el PAN para la renovación del Consejo General se centraron en lograr la presidencia del IFE y la mayoría de sus votos. Y lo lograron.

La primera declaración del Presidente del así renovado IFE fue negar su militancia priísta. Cuando los datos de su currículum político lo desmintieron, surgió una nueva preocupación: no se podía confiar en su palabra. El escritor Carlos Fuentes declaró que la imparcialidad del IFE había sido robada y todos los comentaristas independientes aseguraron que México estaba ante “una regresión política”.

El semanario “Proceso” recordó que la alianza PAN-PRI había perpetrado el saqueo nacional que implicó el escándalo finaciero Fobaproa, y que ahora el PAN entregaba al PRI el control de los procesos electorales. Entre los organismos cívicos cundió una sensación de derrota. La partidización extrema del organismo electoral hipotecaba su autonomía.
Muchas organizaciones ciudadanas denunciaron lo que calificaron como “una involución democrática”.
En un seminario sobre las perspectivas electorales mexicanas celebrado en Madrid a finales de noviembre de 2003 el dirigente del PRD que allí participó denunció la gravedad de lo ocurrido.

“SALVEMOS LA DEMOCRACIA,
RECUPEREMOS AL IFE”

En la sesión del Consejo General del IFE del 24 de noviembre el representante del PRD impugnó el proceso de selección de los consejeros electorales. Por tener compromisos con sus partidos, no cumplían con los requisitos de ley y estaban impedidos legal y moralmente para fungir como árbitros imparciales en las comisiones que se habían repartido en esa sesión. Los exhortó a que renunciaran, denunciando que el PRI y el PAN se habían repartido el órgano electoral después de las sanciones morales que habían recibido, el PRI por el Pemexgate y el PAN por Amigos de Fox, dos grandes escándalos por los que temían someterse a un instituto electoral imparcial.

Encabezados por Alianza Cívica, 25 organizaciones civiles con actividad en varias entidades de la República, se organizaron a finales de 2003 en un espacio cívico al que lamaron “Salvemos la democracia, recuperemos el IFE” y emitieron su primer comunicado. Plantearon que la ciudadanización que había adquirido el IFE en 1994 profundizada en 1996, se había perdido de golpe, al tener el PRI en la práctica el control absoluto del Instituto. Y como los nuevos consejeros electorales no tenían ninguna oportunidad real de demostrar su imparcialidad antes de las elecciones del 2006, y ésa su primera prueba sería definitiva, resultaba sumamente riesgoso esperar hasta entonces. Por esto, pedían a los consejeros su renuncia. Y llamaban a los ciudadanos a reactivarse para recuperar un organismo electoral confiable.

RECOMENDACIONES DE LA ONU

La elección de un Consejo General del IFE parcializado generó tanta polémica que hasta la ONU hizo su recomendación: los partidos políticos no debían designar a las autoridades electorales. La recomendación aparece en el Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México. En él se apuntaba una posible solución: reforzar el diseño público del entramado institucional para evitar los sesgos evidentes. La ONU recomienda establecer un mecanismo legal para que los partidos políticos no designen a los consejeros y aconseja que el proceso de designación favorezca a la representación ciudadana, al género y a todas las regiones del país. La ONU proponía que una tercera parte de los consejeros sean electos y los restantes provengan de la sociedad civil y no de funcionarios públicos electorales en funciones. El procedimiento debe incluir un registro de candidatos y su comparecencia pública ante la Cámara de Diputados.

En la participación de organismos de la sociedad civil en las reuniones preparatorias de la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en Monterrey la tercera semana de enero del 2004, Alianza Cívica destacó que la gobernabilidad democrática de América Latina había muchos rezagos y las instituciones democráticas eran frágiles y en deterioro. Pusieron como ejemplo el caso del Instituto Federal Electoral mexicano.

EL IFE NO PASA LA PRUEBA

En febrero, el IFE tenía ante sí dos decisiones que mostrarían si era o no independiente de los dos partidos, PAN y PRI: la designación del Secretario Ejecutivo del organismo y de otros directivos en las áreas operativas y la revisión de los documentos del Partido Verde, para determinar si había cumplido con la sentencia del tribunal federal, que había señalado que sus estatutos vigentes eran antidemocráticos.

Sobre la designación, diversos organismos de la sociedad civil dialogaron con varios consejeros electorales para hacerles ver la conveniencia de que nombraran en los puestos clave a personas independientes y bien vistas por el movimiento cívico. Como los consejeros tenían necesidad de cierta legitimación, parecía que accederían a estos reclamos. Pero, al momento de la decisión, ocho de nueve consejeros dieron su voto a favor de la que antes de la democratización del IFE había estado en la dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. La única consejera que votó en contra adujo falta de transparencia y presiones. El representante del PRD en el IFE abandonó la sesión como protesta, considerando que la selección se había dado en el mayor de los sigilos y que regresaba al IFE la vieja estructura ligada al PRI. El PRD acusó a la nueva Secretaria de estar vinculada a actos ilegales del PRI y auguró más descalabros al organismo electoral.

EL IFE BAJO LA LUPA INTERNACIONAL

En febrero de 2004 la red civil de “Salvemos la Democracia, recuperemos al IFE” ya se había duplicado. Difundió otro comunicado en el que sumaba este nombramiento a sus preocupaciones sobre la imparcialidad del IFE.

Volvía a alertar a la ciudadanía sobre las graves implicaciones
de los retrocesos sufridos en una de las pocas instituciones confiables y garantes de la incipiente democracia mexicana e informaba del inicio de trabajos para reforzar y restablecer las redes de participación ciudadana para retomar una tarea dejada de lado desde 1997: la vigilancia y observación ciudadana sobre el organismo electoral.

La red anunció una campaña internacional para que las redes de organismos democráticos que acompañaron a México en su difícil proceso de transición previo al año 2000 conocieran de esta lamentable realidad y colocaran al IFE bajo la lupa pues la confianza que este organismo se había ganado en las elecciones federales de 1997, 2002 y 2003 estaba perdida. La Alianza Cívica preparaba un encuentro con representantes del cuerpo diplomático de la Unión Europea, pues el Tratado de Libre Comercio México-Europa incluye una cláusula democrática.

LA CONCIENCIA CIUDADANA
EN MANOS DE LOS POLÍTICOS

La otra decisión crucial del IFE era el pronunciamiento sobre los estatutos del Partido Verde. Se confirmó también en esta decisión la parcialidad del IFE. Falta de información e interpretaciones mañosas acompañaron la decisión.

Un respetado periodista que había sido uno de los primeros consejeros electorales que prestigiaron al IFE, Miguel Angel Granados Chapa, escribió: “Para ocultar los nuevos estatutos, el IFE ha incurrido en añagazas que no deberían ser admitidas en un órgano con prestancia constitucional”. El IFE decidió que los nuevos estatutos del PVEM eran procedentes constitucional y legalmente y el Partido Verde celebró la decisión del IFE como un gran triunfo.

Fue evidente que en la decisión funcionó la alianza de los tres
partidos que habían nombrado a los consejeros: el PRI, el Verde y el PAN y que hubo presión de estos tres partidos sobre los consejeros. Granados Chapa denunció que de nuevo se daba el sesgo partidario, advirtiendo que todo había estado cocinado previamente. La prensa independiente señaló que el actual Consejo General del IFE demostraba con esta decisión su “determinación de destruir el prestigio de independencia que el anterior IFE se había ganado”.

Falta de decoro, cinismo: llovieron las críticas. Adolfo Aguilar Zínzer -quien representó a México en el Consejo de Seguridad de la ONU y en un tiempo fue senador por el Partido Verde- escribió que el actual IFE estaba en deuda con la ciudadanía, porque los consejeros habían puesto en entredicho su independencia y porque los estatutos del PVEM avalados por el IFE eran más antidemocráticos que los anteriores.
En un escenario dominado por los escándalos de corrupción en el PRD alrededor de las campañas del 2003 -hecho que evidenciaba que todos los partidos hacían un uso ilegal de recursos en sus campañas- el analista político Sergio Zermeño se preguntaba “¿Cómo ponerle un alto a la enloquecedora publicidad política y a esas maquinarias de corrupción que son las televisoras? ¿Cómo hacer esto si el IFE, que fue ideado como conciencia ciudadana, ha pasado a manos de esos mismos políticos?”.

TRAS LOS ESCÁNDALOS,
LA INDIGNACIÓN

Las organizaciones ciudadanas se han ido preparando para retomar la observación integral recomendada por las Naciones Unidas. El grupo “Salvemos la Democracia“ considera central desarrollar un observatorio de vigilancia del IFE que lo monitoree y emita un reporte trimestral de los resultados. Ante los reclamos y el malestar generalizado, el IFE ha prometido investigar a los partidos. Pero ya no es creíble. Es un árbitro que juega descaradamente en función de los intereses de los partidos que nombraron a sus autoridades.

A finales de marzo, el Movimiento Ciudadano por la Democracia y parte de la red “Salvemos la Democracia” iniciaron una campaña denominada “Democracia con dignidad”. Plantean que los escándalos políticos de los últimos años, meses, semanas y días dejan ver que, más allá de la debida indignación, la democracia en México es una obra inconclusa. Los mexicanos carecen de instituciones políticas a la altura de los desafíos del país. Argumentan que una democracia sustentable requiere tanto de instituciones sólidas, legítimas y creíbles, como de resultados de gobierno que fomenten la inclusión social, el desarrollo, la equidad y el respeto de todos los derechos humanos. México está muy lejos de eso. Expresan que un país con partidos y gobiernos débiles, con actores políticos que apuestan más a la destrucción del adversario que a la creación de instituciones, con políticos profesionales que piensan en el beneficio propio antes que en el de la nación, no puede ser capaz de sustentar eficazmente su soberanía, particularmente amenazada por el autoritarismo global. Recalcan que una democracia real tiene que ser una democracia donde quepan todos (movimientos sociales, organizaciones civiles, comunitarias, territoriales) y en donde haya canales para que todos se expresen y no sean utilizados patrimonialistamente por partidos políticos y grupos de la élite.

DEL PRESIDENCIALISMO
A LA PARTIDOCRACIA

México está hoy sumido en un grave desencanto ciudadano por la política. El antídoto eficaz contra la corrupción en todas sus formas -venalidad, abusos con los recursos públicos e ineptitud en el desempeño de las funciones públicas- y contra la impunidad es el control de la sociedad sobre el gobierno y sobre las instituciones de interés público.

Las organizaciones cívicas han convocado a iniciar una verdadera campaña ciudadana reivindicando la ética en la política, la construcción de instituciones eficientes, y clamando por el bienestar social como objetivo fundamental del gobierno. La campaña debe estar diseñada entre todos, tener como recurso fundamental la creatividad y como objetivo la construcción de una democracia con dignidad.

Ha quedado claro que los partidos han contaminado la política y ahora han corrompido el organismo electoral, motivo de orgullo en el avance a la democracia de México. Hemos pasado del presidencialismo autoritario a una partidocracia corrupta y destructora de la democracia. La degradación política es alarmante. En la correlación de fuerzas se ha impuesto una partidocracia que, como agujero negro se traga y despedaza todo lo que se pone cerca de su influencia. A la par, el movimiento cívico se ha debilitado en los últimos años. Algunos elementos valiosos fueron fagocitados por la lógica de los partidos. Y aunque ha estado manifestándose una tenue resistencia, no basta. Hay que construir una nueva convergencia desde abajo que tenga fuerza para enfrentar la dinámica antidemocrática. Uno de los saldos de todo este proceso ha sido que el decaído moviendo cívico ha ido percibiendo la gravedad del momento y empieza a reorganizarse. Hay cánceres curables. El estado de salud democrática en México es muy grave.

La cura sólo podrá venir de un poderoso movimiento cívico amplio, plural y con mucha iniciativa.

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