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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 265 | Abril 2004
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Guatemala

Aún sin programa y con grandes temas pendientes

A los 100 días del nuevo gobierno, pareciera que sólo se han estado poniendo parches. Son sólo cuatro o cinco grandes temas los que éste y cualquier gobierno podría afrontar con eficacia en Guatemala. ¿Tendrá este gobierno voluntad de comenzar a enfrentarlos? El país contiene la respiración y sigue a la expectativa.

Juan Hernández Pico, SJ

Dos meses y medio después del optimismo y las grandes expectativas generadas tras el resultado de las elecciones, el sentimiento mas generalizado en Guatemala es la satisfacción al ver señalados por corrupción a altos funcionarios del anterior gobierno.

MEDIDAS INICIALES QUE ALIENTAN

Orden de prisión para Oscar Dubón Palma, ex-Contralor general -atrapado en Nicaragua por la Policía cuando pretendía huir- y para Byron Barrientos, ex-Ministro de Gobernación. Huida del país hacia México del ex-Presidente Alfonso Portillo, horas antes de que el Fiscal General de la Republica pidiera su arraigo en los tribunales. Destitución de este Fiscal General, quien probablemente avisó a Portillo de lo que se le venía encima. Renuncia de Marco Tulio Abadío Molina de su puesto como director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y su huida del país días antes de que se destapara el enorme desfalco de fondos, algunos canalizados a los partidos de oposición UNE y PAN, que competían en la campaña electoral contra la GANA.

Fotos de Abadío con el logo “Se busca” por todo el país. Arresto domiciliario para el mismísimo General Ríos Montt y para un puñado de sus colaboradores, algunos en libertad bajo fianza e impedidos de salir del país por su responsabilidad en los disturbios de julio 2003, cuando pretendieron forzar la inscripción de la candidatura presidencial del General y ocasionaron la muerte de un reportero de Canal 7. Levantamiento de la inmunidad de Portillo y Reyes, ex-Presidente y ex-Vicepresidente, expulsados del Parlamento Centroamericano, que decidió acoger las acusaciones de corrupción que ante esta institución regional planteó el Presidente Berger. Todas estas medidas, y muchas más, han sido bastante bien tomadas y a la mayoría de la población la han llenado de satisfacción, esperando ahora que todos reciban su merecido en los tribunales de justicia. A pesar de esto, más de dos meses después de la toma de posesión del Presidente Berger la sensación general es de ansiedad y el impasse en el gobierno tiene a la gente conteniendo la respiración.

EL ZARPAZO DEL TIGRE HERIDO

Estas medidas también generan ansiedad. Cuando se le tocan los huevos al tigre no se sabe por dónde vendrá el zarpazo. Es muy probable que los actos de corrupción de todos estos corruptos estén vinculados con lo que en Guatemala se conoce como “los poderes ocultos”, sobre todo con el capital delincuencial de carácter global acumulado a partir de tráficos ilegales de toda especie, con ganancias lavadas después eficazmente: tráfico con inversiones financieras, con armas, narcóticos, vehículos, secretos industriales, con niñas y jóvenes para la prostitución y el turismo sexual, con órganos, sicarios, migrantes...

Si esto es así, si el nuevo Fiscal General eleva el nivel de los procedimientos de investigación de éstos y otros delincuentes, si el sistema penitenciario deja de ser un coladero de donde cualquiera con plata puede escapar, y si los tribunales trabajan con alguna seriedad y honestidad, no tardará en sentirse el zarpazo. ¿Qué tipo de zarpazo? Desde un atentado brutal contra algún funcionario del nuevo gobierno hasta el intento de enlodamiento con sobornos o con cualquier otro esquema de corrupción a algunos funcionarios con la meta de insinuar que “si todos corruptos, nadie culpable”, pasando por la creación de un clima de protestas y de desórdenes callejeros, no siendo difícil encontrar causas que los justifiquen. Para muestra, el angustioso momento de marzo, cuando camioneros y traileros bloquearon el tráfico durante todo un día, vertiendo combustible sobre calles y carreteras y amenazando con un incendio, hasta que fueron contenidos sin violencia por la Policía ayudada por el Ejército.

LA ANGUSTIA POR LOS PRECIOS

Hay también ansiedad, y hasta angustia, porque los precios de la canasta básica han ido subiendo inexorablemente y los de los combustibles se han disparado por el alto precio del petróleo en el mercado mundial. El fantasma de la subida ronda las facturas de la energía eléctrica, el agua escasea en sus fuentes públicas y sube el costo de quienes la venden embotellada o en camiones cisternas. La desesperación de la gente va de la mano con los temores de los responsables de la estabilidad macroeconómica: calculan que la inflación será bastante mayor que la programada.

La ansiedad nace, sobre todo, porque más de dos meses después de la toma de posesión del Presidente Berger no se ha comunicado al pueblo de Guatemala con claridad ni un programa de gobierno ni los pasos para intentar realizarlo ni los plazos en que cabe esperar su progresiva realización. Tampoco durante la campaña electoral se comunicó ese plan y mucha gente se echa a temblar pensando que sólo después de ganar las elecciones se haya empezado a pensarlo y a diseñarlo.

AUSTERIDAD, ACUERDOS DE PAZ,
PACTO FISCAL, TLC...

¿No ha hecho nada el nuevo gobierno en estos más de dos meses? Ha hecho mucho. Además de iniciar la lucha contra la corrupción, que augura el contar con funcionarios confiables, ha habido otras señales de esperanza.

El propio Presidente Berger se comprometió a reducir el tamaño del Ejército de Guatemala de 30 mil efectivos a 14 mil.
El gobierno ha ordenado operativos conjuntos Policía-Ejército en los barrios capitalinos con mayor fama de ser reductos del narcotráfico y nidos de violencia, especialmente de la violencia juvenil de las maras. En varios de estos operativos estuvo presente Berger.

El operativo de más notable éxito fue el que enfrentó el peligro de incendio latente en las protestas del transporte.

El 25 de febrero, quinto aniversario de la entrega de los resultados de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), y Día de la Dignidad de las Víctimas del conflicto armado interno, el Presidente anunció el relanzamiento de la puesta en práctica de los Acuerdos de Paz. De vital importancia en este relanzamiento es el proceso iniciado por el gobierno para poner en práctica un Pacto Fiscal, constituyendo una comisión técnica de cuatro economistas que harán las propuestas correspondientes.

El nuevo Presidente ha lanzado la consigna de proceder en la administración pública con la mayor austeridad posible, reduciendo asignaciones presupuestarias, en un esfuerzo de ahorro del gasto público que, sin tocar el gasto social ni el gasto en infraestructura, permita afrontar el enorme agujero negro presupuestario -unos 11 mil millones de quetzales- con el que se ha encontrado. El gobierno anunció el proyecto de reducir las embajadas de Guatemala o agruparlas con el fin de ahorrar recursos.

El gobierno anunció que intentará conseguir que en el texto final del TLC de Centroamérica con Estados Unidos se le apliquen a Guatemala algunos de los mejores logros conseguidos por los otros gobiernos centroamericanos, especialmente por el gobierno costarricense.
Junto con los gobiernos de Centroamérica, el nuevo gobierno ha comenzado un proceso para agilizar el tránsito de personas a través de las fronteras de la región y para alcanzar una unión aduanera que simplifique y agilice también el tráfico de mercancías. Hasta el momento, este impulso hacia la integración centroamericana se ha concretado únicamente en uno de los pasos fronterizos entre Guatemala y El Salvador.

El Presidente Berger ha ofrecido asignar la finca presidencial de recreo Santo Tomás, ubicada en la bocacosta, para un proyecto de rehabilitación de jóvenes pertenecientes a maras, como una señal de su interés en ordenar una política no basada únicamente en la represión violenta.
El gobierno lanzó un plan de tres meses para la reparación de los baches en las carreteras y lo está llevando a cabo con bastante prontitud y eficacia. Anunció también una negociación con constructoras japonesas para el diseño del nuevo aeropuerto capitalino en una zona costera. Para este megaproyecto se prevé una construcción por etapas a lo largo de varias décadas.

El gobierno organizó un “maratón del lápiz” para acopiar los útiles escolares que el Ministerio de Educación se veía impedido de proporcionar a los estudiantes por carencias en el presupuesto. También revisó la lista de 13 mil puestos para maestros y maestras por contrato -sin plaza asegurada-, que fueron irresponsablemente adjudicados en sus últimos días por el gobierno del ex-Presidente Portillo. Realizó también un convenio con Microsoft para dotar a las escuelas e institutos públicos de una tecnología digital adecuada.

El gobierno ha empezado a aceptar la culpabilidad del Estado guatemalteco en varios casos graves de violaciones de los derechos humanos: el asesinato por la inteligencia del Ejército del novelista Luis Ixbalanké de Lión, de etnia kakchiquel, con cuya familia ha firmado un acuerdo de resarcimiento y reparación; y el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, en el que se prepara para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, tras la denegación de justicia en los tribunales nacionales. En este caso, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó en sentencia de casación que el Coronel en retiro Juan Valencia Osorio era autor del asesinato de Myrna Mack, condenándolo a 30 años de prisión inconmutable.

El Coronel es hoy fugitivo de la justicia. ¿Quién le ayudó a escapar?
El Presidente anunció también el nombramiento de Rosalina Tuyuc, fundadora y presidenta de la Confederación Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), para dirigir la Comisión Nacional para el Resarcimiento de las víctimas del conflicto armado. Fue significativo que en esta ocasión no mencionara el pago a los ex-patrulleros.

A pesar de todas estas acciones, todas positivas, el nuevo gobierno no ha podido enmarcarlas en un programa coherente o no ha tomado las medidas necesarias para comunicarlas al pueblo de Guatemala dentro de un programa. Parece más bien que, como expresó con temor el mismo Presidente Berger dos semanas después de su toma de posesión, sólo se han estado poniendo parches.

AUTÉNTICA SEGURIDAD CIUDADANA

Pareciera que no se ha diseñado una política pública de seguridad ciudadana con una estrategia para los problemas de fondo. Guatemala requiere de programas educativos especiales para recuperar a la infancia que está en la calle y a los adolescentes y jóvenes que se pudren en los asentamientos urbanos, un entorno que deshumaniza en poco tiempo y que convierte a las maras en el único espacio de identidad que les proporciona pertenencia y autorespeto. Se requiere crear puestos de trabajo para la población de 15 a 24 años. ¿Por qué no trabajos que vuelvan habitables los barrios donde ellos mismos malviven o trabajos para la construcción de viviendas populares en nuevos barrios? Existe un suelo urbano en condiciones baldías para la construcción de ese tipo de viviendas. Urge también volver a diseñar las líneas de transporte urbano, de manera que los nuevos asentamientos no queden aislados de la ciudad. Sólo con educación, trabajo, vivienda, transporte, salud ambiental y deporte, será eficaz la presencia de la policía. Una policía que también debe ser nueva -bien pagada y con vocación de respeto a los derechos humanos-.

Sin esta policía tampoco habrá seguridad ciudadana. ¿Está el gobierno involucrado en un programa así?

UNA REAL DESMILITARIZACIÓN

La desmilitarización del país es otro tema mayor. La disminución anunciada por el Presidente del Ejército ¿va a tocar a todos sus estamentos? ¿Se va a disminuir sólo la tropa o también los oficiales? ¿En qué plazo se va dar la reducción? ¿Cómo se pagarán las indemnizaciones, en un momento en que el Estado tiene un déficit presupuestario? ¿Y el Ejército que quede, el de los 14 mil efectivos, llegará a ser un ejército con vocación democrática, con una doctrina nueva, educado para la firmeza y no para la crueldad?

¿Cómo se asegurará el respeto absoluto del Ejército a las normas del mismo Ejército, impidiendo ascensos manejados desde los poderes ocultos, desde oficiales en retiro o, peor aún, desde gente vinculada a mafias? ¿Cómo se reglamentará el enorme poder de la inteligencia militar y su sometimiento a una inteligencia civil verdaderamente eficaz y eficiente? ¿Podremos esperar que la disminución del ejército será un primer paso hacia su progresiva desaparición, como ocurrió en Costa Rica, Austria o Singapur? ¿Será mucho desear esto en un país pequeño como el nuestro, que no es amenaza para ningún otro país ni tampoco está creíblemente amenazado?

LA URGENTE RE-EDUCACIÓN
DEL MAGISTERIO

En el campo de la educación las inquietudes son estratégicas. ¿En qué lugar quedará la educación permanente de los maestros? De poco valdrá llenar de computadoras las escuelas y los institutos si maestras y maestros no se reconvierten en una operación gigantesca de cambio de sentido de su profesión. En “La Era de la información”, Manuel Castells habla de los dos tipos de trabajadores en los que se va dividiendo hoy el mundo laboral.
Los personal y colectivamente indispensables, porque son trabajadores “autoprogramables”, cuya capacitación va recreándose a medida que el conocimiento va haciéndose rápidamente más innovador y más complejo. Y los personalmente desechables, aunque colectivamente necesarios, porque son trabajadores “genéricos”, incapaces de correr por las autopistas de ese conocimiento que se acelera.

¿Estará en marcha o al menos en diseño en el nuevo gobierno la revolución que va desde la educación enciclopédica a la educación procesual y desde la educación bancaria a la educación concientizadora? ¿Habrá un programa que confronte -o al menos empiece a diseñar- la reconversión de maestras y maestros y de profesoras y profesores “genéricos” en profesionales del magisterio “autoprogramables”, capaces de comprender y ejercer la educación en la línea propuesta por Castells, como un “proceso mediante el cual las personas, es decir los trabajadores, adquieren la capacidad de redefinir constantemente la cualificación necesaria para una tarea determinada y de acceder a las fuentes y métodos para adquirir dicha cualificación”? Por muchos lápices y cuadernos que pongamos en las manos del alumnado y por muchas computadoras y programas de computación que pongamos en las manos del magisterio y del alumnado -cosas ambas muy necesarias-, no empezaremos a encontrar “el eslabón perdido entre educación y desarrollo”, como decía Xabier Gorostiaga.
Reconvertir las aulas de lo que hoy son -fábricas de repetición, de autoritarismo, de competencia y de recepción indiscriminada de antivalores- en laboratorios de curiosidad, libertad, democracia, solidaridad, discernimiento y opción de valores, es el gran reto. Evidentemente, es más barato dar plazas a trabajadores “genéricos” del magisterio que a trabajadores “autoprogramables” de la educación.
Un presupuesto educativo sin una reforma educativa de verdadero calibre, por mucho que crezca, se convierte en un pozo sin fondo que despilfarra los escasos fondos del presupuesto.

Para que la inversión creciente en educación, resulte productiva, ¿no deberá ir acompañada de una reforma educativa que empiece por la ardua tarea de transformar al magisterio y al profesorado de maestros en pedagogos, de domesticadores del saber en acompañantes en la ruta hacia la sabiduría?

LA MULTICULTURALIDAD

La multiculturalidad del país es otro desafío pendiente. Parece haber avanzado algo un programa que enfrentará el enorme problema agrario. El 30 de marzo, en vísperas del noveno aniversario de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se realizó en la capital una gran marcha de varios miles de personas, convocada por organizaciones campesinas indígenas. El Presidente y el Vicepresidente de la República y el Presidente del Congreso recibieron a las comisiones destacadas por la manifestación. El Presidente Berger se comprometió a construir vías de comunicación que sirvan a las comunidades campesinas y, en especial, a terminar la Franja Transversal Norte, de 400 kilómetros, entre Melchor de Mencos (Petén) y Barillas (Huehuetenango).

Se comprometió también a promover y a proponer al Congreso una ley para levantar el catastro nacional para contribuir así a la seguridad jurídica en los numerosos conflictos de límites entre municipios.

Se comprometió además el Presidente a constituir Mesas Nacionales, encabezadas por el Vicepresidente Eduardo Stein, para un diálogo, en consulta y participación, sobre soluciones de fondo a los problemas étnicos y al problema agrario. No sabemos si en esas mesas se discutirá también a fondo lo que se está jugando Guatemala con la firma del TLC con Estados Unidos, con la ruta hacia el ALCA y con el Plan Puebla Panamá.

EN EL CENTRO, EL PACTO FISCAL

Todos estos programas, los ya existentes, los necesarios y aquellos que surjan del diálogo, pivotan necesariamente sobre el Pacto Fiscal, la pieza más importante de cualquier pacto social. Desde el primer día del nuevo gobierno, el Presidente Berger ha denunciado que se encuentra acosado por un presupuesto con un déficit de entre 6 y 11 mil millones de quetzales.
La Corte de Constitucionalidad declaró en enero inconstitucional el impuesto a empresas mercantiles y agropecuarias, lo que sustrajo al fisco más de 1 mil millones de quetzales. A través de una reglamentación del presupuesto, el Congreso anterior votó también en enero una camisa de fuerza que impide al Ejecutivo márgenes de libertad para priorizar el gasto en los diversos ministerios. En los Acuerdos de Paz, que se quiere ahora dotar de significado concreto, se afirma que “la política fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir sus obligaciones constitucionales, y en particular, aquellas relacionadas con el desarrollo social, que es esencial en la búsqueda del bien común”.

En el año 2000 se hizo un esfuerzo enorme para elaborar y firmar el Pacto Fiscal. Este esfuerzo fue dilapidado por el gobierno de Portillo. Sería absurdo, por ineficiente, que la Comisión Técnica nombrada ahora por el Presidente Berger trabajara sin recoger los frutos del espíritu del Pacto Fiscal del 2000. Comenzar de cero con propuestas prácticas que no estén enraizadas en los principios de aquel pacto llevaría una vez más a poner parches a la realidad y no a construir un programa fiscal que aborde decididamente los ingresos y egresos del Estado, especialmente, las prioridades y la rigurosidad en el gasto social, la administración tributaria, la reforma del código penal para crear un sistema de sanciones disuasorias del fraude fiscal, la supresión de las exenciones fiscales y la mejora de la auditoría técnica y social de todo el sistema.

La demagogia de Portillo tuvo en la empresa privada y en los medios de comunicación su correspondencia cuando sus voceros criticaron el Pacto Fiscal del 2000 como “terrorismo fiscal”. La disputa sobre la progresividad o uniformidad del sistema tributario y sobre el carácter y el monto del gasto social, divide aún en Guatemala a quienes priorizan la preocupación por los pobres y la lucha contra la pobreza y quienes se conforman con un crecimiento económico minoritario y elitista que profundiza la desigualdad e incrementa la polarización.

UNA ANSIEDAD DESGASTANTE

Queda también pendiente que el Presidente Berger diga a los guatemaltecos cómo cumplirá con lo que fue centro de su campaña electoral: la creación de empleos.

Es necesario también que la política de transparencia económica y financiera sea completada con una política de comunicación pública seria y eficaz.

No sería conveniente que el gobierno volviera a utilizar sin medida, como lo hizo el gobierno de Portillo y también el de Arzú, las cadenas nacionales de radio y televisión. Ni sería conveniente que el gobierno dependa de noticieros propios, televisivos o radiales, para comunicarse con la ciudadanía. Se parecen demasiado a la propaganda publicitaria. Tendría que explorar las posibilidades de conferencias de prensa periódicas y bien organizadas, en las que comparecieran el Presidente, el Vicepresidente y los ministros.

En tiempos de tan ingentes y urgentes necesidades y de tantas expectativas, no puede el gobierno quedarse anclado en un impasse que sólo provoca ansiedad y desgasta su capital político. No deja de haber mentes audaces que se atreven a pensar y a formular que al gobierno, dada su carencia de un partido fuerte y sólido con numerosa representación en el Congreso, le iría mejor sin las alianzas con las que se forjó la Gran Alianza Nacional (GANA), sobre todo después del fiasco alrededor de la votación de la Ley de Reforma Electoral y de Partidos Políticos, donde el Partido Patriota se desmarcó de los demás que componen la alianza, para aprovechar mejor en los ministerios a tanta personalidad fuerte y capaz, ahora dispersa como Comisionados, y dependiendo más de la sociedad civil, donde tiene su presencia el pueblo que lo eligió y al que principalísimamente se debe.

DEPENDER DE LA SOCIEDAD CIVIL

En política, la audacia puede a veces ser la más refinada astucia. ¿Qué significa depender de la sociedad civil? Significa, por ejemplo, ver en las manifestaciones populares con causa justa elementos importantes para formular políticas, y dialogar con ellas como se hizo en la marcha de los indígenas. Significa apoyarse en el Movimiento pro Justicia. Escuchar a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Escuchar muy atentamente a los Consejos de Desarrollo municipales. Convocar o participar en foros y debates que, sin eternizarse, conduzcan a la elaboración de propuestas legislativas. En definitiva, significa abrirle a la imaginación espacios en el poder.

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