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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 265 | Abril 2004
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Nicaragua

¿Re-pacto, pacto a tres bandas o diálogo nacional?

Difícil de explicar sin deprimirse y más difícil de resolver con la actual clase política, la crisis nacional no deja de sorprender. ¿Qué pactarán o negociarán los tres grupos de poder para detener su ritmo?

Equipo Nitlápan-Envío

Crisis sobre crisis. O más exactamente, expresiones sucesivas -y cada vez más espectaculares- de una misma crisis, para la que no existe ninguna solución de corto plazo, dominan nuevamente el escenario nacional. Conocemos la salida: un re-pacto entre liberales y sandinistas o un pacto al que se sume en aspectos cruciales el gobierno. ¿Hay espacio para un diálogo nacional? De tratarse de un diálogo en serio y en verdad nacional, esta salida parece impensable en el corto plazo.

CON ALEMÁN EN EL CENTRO

El 25 de febrero, cuando un grupo de diputados liberales arnoldistas forzaron todos los procedimientos parlamentarios para introducir en la Asamblea Nacional un proyecto de decreto de amnistía favorable a Alemán, se desarrolló la primera de las más recientes crisis-espectáculo. En esa ocasión, no pasó de gritos y airados golpes en las mesas del recinto parlamentario.
La Asamblea quedó paralizada. Y se abrió un prolongado período de acercamientos entre diputados sandi-nistas y bolañistas: había que corregir las ilegalidades cometidas, reclamaban los bolañistas; había que cambiar la directiva de la Asamblea, insistían los sandinistas, excluidos desde enero de la directiva parlamentaria por decisión de la embajadora de Estados Unidos en Managua, acatada por bolañistas y arnoldistas. Sumisión irresponsable: el FSLN es una realidad y si no se le tiene en cuenta, tiene suficientes armas para imponerse, amedrentar, chantajear.

También hubo acercamientos de los bolañistas con los arnoldistas. Orientados a convencer a los arnoldistas a dejar “dormir” cualquier intento para excarcelar a Alemán. Pero Alemán no duerme. Desde la llegada al gobierno de Enrique Bolaños, hace dos años y medio, la crisis política nacional mantiene en su mero centro al ex-Presidente, hoy reo. Con iniciativas provocadoras como Presidente de la Asamblea primero, acusado después de graves actos de corrupción, desaforado más tarde tras desgastantes esfuerzos, apresado, juzgado, encarcelado en su hacienda, sentenciado, trasladado de su hacienda a la cárcel, y de nuevo a su hacienda, Alemán “sigue siendo rey”. La crisis continuará y seguirá teniendo en su centro a Alemán mientras él continúe controlando al PLC. Y mientras él continúe preso.

En el juego y rejuego político diario la suerte de Alemán -libre o condenado definitivamente con una sentencia firme- es “pieza rey” para los tres grupos de poder dominantes. Para el Frente Sandinista -que maneja a la jueza Méndez, de quien dependen los dos casos que involucran a Alemán-, porque decidir judicialmente sobre la suerte de este hombre le permite a Daniel Ortega negociar políticamente cualquier cosa con los liberales. Para el gobierno, porque el mayor trofeo que puede mostrar Bolaños en su lucha contra la corrupción es el retiro-cárcel de Alemán. Para el PLC -sometido a cada vez más tensas disputas internas desde que Alemán cayó preso-, porque sus dirigentes organizan todas sus tácticas o estrategias parlamentarias, partidarias, políticas, de comunicación, y hasta personales, en función de hacer o dejar de hacer por el futuro de aquel a quien obsequian a diario con el título de “máximo líder”.

PARA QUE LOS VIÉRAMOS ACTUAR

El 19 de marzo ocurrió la segunda crisis-espectáculo. En la noche, la jueza Juana Méndez se presentó con un grupo de policías antimotines a la hacienda El Chile, prisión de Alemán desde diciembre 2002, con un breve intervalo entre agosto y noviembre 2003, cuando Ortega ordenó recluirlo en una cárcel especial. Protegida por un chaleco antibalas, la jueza llegó para trasladarlo a la Cárcel Modelo de Tipitapa, en donde se encuentra la mayor población penal del país.

El espectáculo del allanamiento de la hacienda y de la captura de Alemán duró unas seis horas y fue filmado en directo por todos los canales de TV del país. Tomas impactantes, sorprendentes, también hilarantes. Méndez avisó a los medios para que la acompañaran. Y la familia Alemán permitió la entrada a los medios. Querían que los viéramos actuar. Una gran mayoría de la población urbana nacional se desveló ante el televisor siguiendo, minuto a minuto y de canal en canal, el pintoresco tumulto, indescriptible en este escueto texto. La esposa y las dos hijas de Alemán enfrentaron a golpes y alaridos a los antimotines durante más de media hora, mientras Alemán permanecía encerrado en su habitación “escudándose” con su hija, de apenas mes y medio. Los antimotines echaron finalmente la puerta a patadas y Alemán tuvo que salir, a simple vista ebrio. Desde esa noche comenzó a dormir por primera vez en la cárcel, aunque no en un calabozo, sino en una cómoda oficina acondicionada especialmente para él.

¡GOOOOOL!!!!

En los días previos al traslado de Alemán se había desarrollado una disputa “jurídica” en torno a su caso. Una más. Magistrados sandinistas del tribunal de apelaciones ordenaron el traslado de Alemán a la cárcel. Sin duda, como medio de presión en las trabadas negociaciones Ortega-PLC. Nada teme más Alemán que la restricción de movimientos que implica una cárcel. En respuesta, magistrados liberales de otra sala del mismo tribunal ampararon a Alemán para impedir el traslado. En medio estaba el gobierno, ausente Bolaños, de visita en Suecia. El ministro de gobernación decidió lavarse las manos ante “la contradicción legal”. Ante el problema que representaba ese traslado en ese momento. No le conviene al gobierno tener a Alemán en una cárcel sino en su cómoda hacienda. Aunque desde allí Alemán dirija más fácilmente al PLC, esto aplaca las iras de los arnoldistas contra el gobierno y facilita a Bolaños el que apoyen sus iniciativas en la Asamblea.

En la disputa “jurídica”, todos invocaban el respeto a la institucionalidad, a la legalidad y al estado de derecho. Pero, una vez más, todo confirmaba lo que se percibe desde que inició este asunto: tan cierto es que Alemán le robó a manos llenas al Estado y por eso su castigo es legal como que su suerte se decidió, se decide día a día y se decidirá no por la ley sino por razones políticas, acomodando para ello institucionalidad, legalidad y estado de derecho a los intereses de cada grupo. Lo que está por verse es cuál de los tres prevalece.

A la espera de que los magistrados sandinistas y liberales de la Corte Suprema se reunieran, hicieran quórum y decidieran si el amparo era o no legal, la jueza Méndez fue la que decidió: trasladó a Alemán a la cárcel, y no por el caso de “la guaca” -por el que lo mantenía preso en su casa como “valetudinario” (decrépito y enfermo)-, sino por otro caso, el del Canal 6, el primero y ya olvidado caso de corrupción que se abrió en el país. En este caso, Méndez llevaba más de dos años sin ejecutar la orden de prisión que decretó contra Alemán. Esa noche, la jueza argumentó que como en el caso del Canal 6 no tenía ninguna constancia escrita de que Alemán estuviera enfermo, había decidido ejecutar por fin su propia sentencia.
La jugada, inesperada y habilísima de Daniel Ortega, realizada por mano de la jueza, dejó estupefactos a arnoldistas y a bolañistas. Lo reconocieron. De nuevo, Ortega se posicionaba como gran árbitro. El Presidente Bolaños tuvo que adelantar su regreso a Nicaragua. El patético traslado de Alemán y su posterior encierro abrió una aún más crispada etapa de acercamientos entre sandinistas y arnoldistas, entre bolañistas y arnoldistas y entre sandinistas y bolañistas.

ESTUPOR Y DESCRÉDITO

Tras estos sucesos, y buscando neutralizar el arbitraje exhibido por Ortega, uno de los primeros acuerdos entre el gobierno y los liberales arnoldistas fue sumar votos en la Asamblea para presentar, discutir y aprobar el anteproyecto de Ley de Carrera Judicial en la versión que no acepta el FSLN. El 26 de marzo fue el día elegido. La Asamblea fue escenario esa mañana de la tercera gran-crisis espectáculo del mes, algo inédito en el recinto parlamentario. Un grupo de activistas liberales se amotinó contra una delegación de juezas y trabajadores de los juzgados que, tras dos días de huelga en rechazo a los contenidos del anteproyecto de Ley, se presentaron en la sesión parlamentaria. La jueza Ileana Pérez fue golpeada, mordida, arañada y desgreñada por el grupo. Mientras, el recinto parlamentario se convertía en un cuadrilátero de boxeo con más de cuatro esquinas. Dos diputados liberales se liaron a trompones con dos diputados sandinistas, mientras cundían gritos y carreras. Una infanzón nunca vista. Todo filmado para estupor de los televidentes. Para descrédito de los políticos y de la política. Estupor que obstaculiza los balbuceos de la conciencia ciudadana.

ENCUENTROS EN TERCERA FASE

La Ley no se aprobó, ni siquiera se presentó y la Asamblea quedó paralizada desde ese día y hasta después de las vacaciones de semana santa. Crisis tras crisis, ni una sola ley fue aprobada en los primeros tres meses y medio de actividad legislativa.

A partir de ese día se aceleraron los acercamientos entre sandinistas y arnoldistas, entre bolañistas y sandinistas y entre bolañistas y arnoldistas, siendo los contactos más centrales y temidos los del grupo Ortega con el grupo Alemán. No faltó en el conjunto de estos acercamientos la presencia del Cardenal Obando, destacándose una visita con besamanos a su Eminencia que realizaron las juezas sandinistas opuestas a la Ley de Carrera Judicial, y una visita del Cardenal al reo Alemán para darle su bendición y contarnos al salir que, para confortar su alma Alemán leía el libro piadoso titulado “El silencio de María”. Al día siguiente del tumulto parlamentario, y estando de visita en Managua el Presidente de México Vicente Fox, en una reunión de mandatarios de Mesoamérica para impulsar el Plan Puebla-Panamá -todos fueron testigos del caos-, el Presidente Bolaños ocupó el encuentro regional para proponer al país un trato por Nicaragua. Así llamó a su iniciativa de diálogo nacional.

HACIA EL RE-PACTO

Entonces, llegó la semana santa... A la espera de los resultados de los acuerdos que la clase política tome en las playas y en las mesas de tragos que caracterizan la semana santa nicaragüense -no pueden ser documentados esos acuerdos en este texto, escrito durante la semana mayor de la cristiandad, y no en alguna playa-, es fácil imaginar los ases en manos de los tres grupos responsables de la crisis.

Sin duda, Daniel Ortega tiene en mano el mejor juego. Con el control que ejerce hoy sobre la mayoría de las estructuras del Poder Judicial -control que le facilitó Alemán en el pacto del año 1999-, y con sus sólidos 38 votos en la Asamblea, su meta inmediata es impedir a toda costa una Ley de Carrera Judicial que altere esa situación, ventajosa tanto para los intereses políticos como económicos de la cúpula del FSLN. La otra meta inmediata es cambiar la correlación de fuerzas en la directiva de la Asamblea Nacional.

El mecanismo de presión más importante que tiene Ortega sobre los arnoldistas es el futuro de Alemán, su suerte, su regreso a su cómoda hacienda, eventualmente su libertad, eventualmente hasta su participación en las próximas elecciones (¿a través de su esposa María Fernanda?). Y el mecanismo de presión más poderoso que tiene sobre el Presidente Bolaños es también su futuro político inmediato, ya que Ortega tiene en mano el caso de los delitos electorales.

EL BUMERANG REGRESA

Cuando en septiembre 2002, la jueza Méndez encontró culpable a Alemán por lavar dinero del Estado en el caso de “la guaca”, incluyó en su sentencia el dejar abierta causa por los delitos electorales cometidos por el ex-mandatario y otros de sus altos funcionarios, que habrían financiado la campaña electoral del 2001 del PLC con recursos de esa guaca. Méndez anunció que esos delitos serían de su competencia y ella los investigaría. Como la campaña electoral bajo investigación fue la que llevó al poder a Enrique Bolaños, el Presidente y muchos de sus más cercanos colaboradores quedaron también sujetos a investigación.

Bolaños anunció entonces, envalentonado, que se despojaría de su inmunidad porque nada había hecho y nada temía. Pero nunca renunció a su inmunidad. A lo largo de estos meses, la investigación continuó y Bolaños, viendo que llevar a los tribunales a Alemán se le convertía en un bumerang que le enviaba de regreso Daniel Ortega, no cesó de tomar medidas para protegerse y para proteger a sus colaboradores nombrándolos para cargos que tienen inmunidad incluida.
Ahora, en el culmen de esta última cadena de crisis, la jueza Méndez anunció que ya podía fallar en el caso de los delitos electorales. A la par, el 27 de marzo, Daniel Ortega, en un discurso impecable en su cinismo, retó a Bolaños a despojarse de su inmunidad, lo llamó varias veces dictador, lo acusó de falta de ética y de moral, y lo responsabilizó por ser el mayor desestabilizador de las instituciones del país.

¿HASTA DÓNDE QUERRÁ LLEGAR?

Si Daniel Ortega lleva hasta sus últimas consecuencias este caso, Bolaños podría ser desaforado, juzgado, destituido, su período de gobierno acortado, sustituido en el gobierno por otros liberales “limpios” y “negociados” con el FSLN, podrían suspenderse las elecciones municipales de este año, podría elegirse en 2006 una Asamblea Constituyente que instalara el régimen parlamentario con el que sueña Daniel Ortega...
Para hacer todo esto, Ortega necesita no sólo una sentencia en el caso de los delitos electorales -eso ya lo tiene asegurado-, necesita también los votos de los diputados arnoldistas, hoy muy divididos -¿en cuántos grupos, con qué grado de “canibalismo” se despedazan?-. Buen número de ellos están enemistados con Bolaños y sedientos de revancha por lo que le hizo a Alemán, pero otro buen número temerían embarcarse en semejante aventura, que colocaría a Nicaragua en una situación insostenible ante la comunidad internacional. ¿Hasta dónde querrá llegar Ortega con acciones y con intimidaciones?

LA CARTA DE BOLAÑOS

En la mesa de juego de un buen número de arnoldistas todo es negociable con tal de traer a Alemán de la cárcel a su casa o a la libertad. Esta fijación política los hace particularmente débiles y chantajeables.

En la mesa de Bolaños la carta de más peso es la que le proporciona la comunidad internacional, que no cesa de aplaudir su gestión y que volvió a respaldarlo incondicionalmente en esta crisis, advirtiendo sobre los costos internacionales que tendría cualquier re-pacto que acuerden sandinistas y arnoldistas.

La diplomacia del gobierno de Bush junior representa un sostén especialísimo para Bolaños. Pero, por ser fundamentalista en su antisandinismo, la embajadora de Estados Unidos viene practicando una injerencia en la política nacional -ordenando al Presidente excluir al FSLN de cualquier espacio de poder, no consensuar nada con los sandinistas y unir a todos los liberales para enfrentar al FSLN- que constituye una receta riesgosa y totalmente inviable con el FSLN y con el liberalismo realmente existentes en este país. ¿Cambiará esta presión irresponsable si John Kerry triunfa en noviembre en las elecciones?

“UN TRATO POR NICARAGUA”

Sabedor del bumerang que lanzó y que hoy se vuelve contra él y de la espada de Damocles que pende sobre su cabeza con el caso de los delitos electorales y otras intimidaciones, y en la cima de la última crisis, el Presidente Bolaños propuso un trato por Nicaragua, otra forma de bautizar el diálogo nacional al que convocó. Bolaños planteó siete puntos para la agenda de ese diálogo. Y puso dos pre-condiciones para iniciarlo. Una: la aprobación inmediata de la Ley de Carrera Judicial. Y dos: la aprobación inmediata de las reformas al presupuesto general de 2004.

LA LEY DE CARRERA JUDICIAL

Existen cinco versiones en disputa sobre la Ley de Carrera Judicial, que todos los sectores nacionales consideran necesaria para mejorar la actuación del Poder Judicial. La que el Presidente, con el apoyo de los liberales, buscó aprobar el día del caos, tiene como pieza central y más polémica la creación de un Consejo, no totalmente controlado por el Poder Judicial -nombramientos de algunos miembros en el Legislativo y naturalmente, con la influencia del Ejecutivo-, institución que muchos consideran inconstitucional porque legalizaría la injerencia de otros Poderes en el Poder Judicial.

Con el argumento de los liberales bolañistas y arnoldistas de des-partidizar (= des-sandinizar) el Poder Judicial, el FSLN advierte que de lo que se trata es de “bolañizarlo” o “re-arnoldizarlo”. El otro punto inadmisible para el FSLN es la disposición de la Ley de que este Consejo someta a examen a todos los jueces y empleados del Poder Judicial para evaluar su profesionalidad. Seis meses después de aprobarse la ley todos deberán someter sus cargos a este escrutinio, con el riesgo, naturalmente, de perderlos. Aduce el FSLN y una buena cantidad de magistrados y jueces que esto desestabilizaría el sistema judicial, que sólo será una criba política, y que además atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial porque no se respetarán los años de servicio y la experiencia acumulada.

Más allá del intenso debate, marcado por lo político, el interés del gobierno en la aprobación de esta Ley tiene también razones económicas de fondo. Nadie pone en duda que el sistema judicial de Nicaragua debe ser reformado, entre otras razones porque padece de una bien probada corrupción. Nadie se atreve a cuestionar que esta corrupción atenta contra los derechos ciudadanos. Pero, para el gobierno reformar el sistema judicial es de primer orden no sólo porque el sistema vulnere los derechos ciudadanos -así ha sucedido históricamente- sino porque imposibilita un adecuado funcionamiento de la economía de mercado y espanta la inversión extranjera que Bolaños proclama como solución nacional. El Plan Nacional de Desarrollo, el TLC con Estados Unidos, bases de la estrategia económica del gobierno a corto y a mediano plazo, sólo serán viables con una reforma profunda del sistema judicial.

PRESUPUESTO: LO OCULTADO

La otra pre-condición puesta por Bolaños al diálogo nacional -la inmediata aprobación de las reformas al presupuesto 2004 - tiene también profundas razones económicas. La más obvia es, naturalmente, que sólo debidamente aprobado podrá ejecutarse legalmente este presupuesto. Pero el gobierno tiene otra urgencia mayor: cerrar el debate sobre la denuncia muy sustentada que desde hace meses le han hecho economistas independientes y la Coordinadora Civil sobre mil 100 millones de córdobas “escondidos” en el presupuesto.

Deliberadamente, el gobierno presentó a la Asamblea Nacional en octubre 2003 una cifra de recaudación de impuestos para 2004 inferior en unos mil 100 millones de córdobas a la cifra que le presentó al FMI como compromiso de recaudación para ese año. Basta chequear en Internet la página del FMI en su sección Nicaragua para comprobar la diferencia. El gobierno reaccionó inicialmente al cuestionamiento de la sociedad civil organizada aceptando que, efectivamente, existía una discrepancia de montos en ambos documentos. Y lo justificó diciendo que el presupuesto se había elaborado en una fecha y el documento presentado al FMI en otra, más tardía.

SE JUEGA MUCHO

No es poco lo que se juega con una cifra de recaudación de impuestos u otra. Según sean los ingresos del Estado -captados fundamentalmente por los impuestos-, habrá más recursos disponibles. El gobierno alega siempre falta de recursos para aumentarle los salarios a los trabajadores del Estado. Y en base a los recursos disponibles calcula las transferencias a las municipalidades, a las universidades y a todos los poderes del Estado, transferencias que debe hacer en porcentajes fijos. A ingresos menores, transferencias menores. No es poco lo que se juega al ocultar la cifra real de ingresos.

En gran medida, la urgencia del gobierno para que le aprueben las reformas al presupuesto está basada en la necesidad de no verse obligado a dar más explicaciones sobre el ocultamiento de estos más de mil millones de córdobas y aún más, en la voluntad de que el debate no lo obligue a modificar estas transferencias que constitucionalmente debe hacer en porcentajes fijos. Pero la tenacidad del gobierno en obviar el tema y su falta de transparencia tienen otra motivación aún más de fondo: la deuda interna de Nicaragua. Podemos con fundamento pensar que ese dinero “de más” estaría siendo destinado a pagarla.

LA PESADA DEUDA INTERNA

La deuda interna, contraída por el gobierno fundamentalmente con los bancos comerciales nacionales, tiene dos principales orígenes: los bonos entregados a los confiscados en compensación por sus propiedades, y el rescate financiero que el gobierno decidió tras las quiebras de los bancos. Los bonos BPI, entregados a los propietarios confiscados por la revolución, representan una deuda de más de 800 millones de dólares, y deben empezar a pagarse a partir de 2005. Los certificados CENI expresan la deuda del gobierno por cubrirle a los ahorrantes las pérdidas por la quiebra -principalmente por operaciones fraudulentas- sufrida por la mitad de los bancos del sistema financiero nacional entre 2000 y 2001. Esta deuda representa 600-700 millones de dólares. Así, la deuda interna es de 1,500-1,600 millones de dólares y bascula con tremendo peso sobre las finanzas del país.

¿CÓMO JUSTIFICARLO?

Para la deuda interna no existe ni Club de París que la condone ni iniciativa HIPC que la reduzca. Cuando la Coordinadora Civil siguió denunciando el ocultamiento de los mil millones de córdobas y exigió saber el destino de esa cantidad escondida el gobierno respondió, en un segundo momento, que ese monto iría al Banco Central para fortalecer las reservas. Con esta pista, ya está más claro: fue el Banco Central quien emitió los CENI para financiar la quiebra de los bancos. En las proyecciones del gobierno que el mismo FMI publica en Internet se observa que el gobierno proyectó una disminución del stock de la deuda interna para 2004 y los años siguientes en cifras que coinciden con esos mil millones ocultados.

No es negativo económicamente para el país que se reduzca la deuda interna. Pero, ¿cómo justificarlo políticamente? ¿Cómo explicar que el gobierno entregue los escasos recursos del país a los banqueros y diga que no tiene recursos para educación y salud? En 2003, el Presidente Bolaños anunció que había negociado amigablemente con los bancos la reestructuración de la deuda interna a diez años. Sin embargo, los acuerdos de esa “amigable negociación” nunca los ha conocido la sociedad nicaragüense, que tampoco conoce qué política seguirá el gobierno para pagar los BPI a los confiscados, sabiéndose que muchos de esos bonos los han comprado los bancos, pues están a la venta en la bolsa de valores de Nicaragua. Evitar las movedizas arenas de un debate sobre estos temas es prioritario para el gobierno, que prioriza el no afectar sus relaciones con el FMI.

LOS SIETE PUNTOS DEL “TRATO”

Si las dos pre-condiciones de Bolaños tienen razones económicas de fondo, cuatro de los siete puntos de la agenda del “trato” son plenamente económicos. Tres son los puntos políticos de la agenda de Bolaños: la no reelección presidencial definitiva, la despartidización de los poderes del Estado, y la conversión del Poder Electoral en un instituto técnico profesional. Resulta inimaginable que puntos tan ultrasensibles para los caudillos Ortega y Alemán sean asumidos por ambos. Supondría que deciden desmontar el pacto que acordaron en 1999 y del que siguen derivando tantas ventajas.

Cuatro puntos económicos hay en la agenda de Bolaños: poner punto final a los problemas de la propiedad, mejorar los salarios de los trabajadores del Estado, y un compromiso de los partidos políticos con el equilibrio fiscal y con la aprobación de presupuestos quinquenales.

TRES PUNTOS, TRES ALIVIOS

El gobierno pone en agenda la necesidad de que los dos partidos políticos que lo adversan -FSLN y PLC- y que controlan la Asamblea Nacional (80 votos sobre 91) se comprometan a una macroeconomía equilibrada, respetando todo lo acordado con el FMI. Igualmente, que se comprometan a aprobar presupuestos quinquenales. Se trata de dos piezas de una misma herramienta para garantizar la estabilidad económica del país.
Bolaños, tan débil internamente en lo político, no quiere reeditar cada año las tensas negociaciones con los diputados de ambos partidos para lograr que le aprueben un presupuesto que el Ejecutivo elabora bajo la lupa del FMI. Para la aprobación del presupuesto 2004, el gobierno levantó una bandera muy atractiva: si no aprueban el presupuesto, no entraremos a la HIPC. Pero, ya entrados en la HIPC, ¿qué enarbolar para el presupuesto de 2005? ¿Y para el de 2006?
El tercer punto de la agenda de diálogo del gobierno se vincula estrechamente a estos dos puntos: un compromiso de los dos partidos para diseñar una estrategia que permita ir incrementando gradualmente los bajos salarios de maestras, trabajadores de la salud, soldados y policías, grueso de los trabajadores públicos. Un presupuesto multianual -quinquenal es la propuesta- permitiría prever ordenadamente estos incrementos salariales. El gobierno propone derivar la mejoría salarial a los trabajadores públicos de los compromisos del FSLN y del PLC con el programa fiscal acordado con el FMI.

UN NUEVO MINISTERIO

El cuarto punto económico en la agenda de diálogo propuesta por Bolaños trae al tapete de nuevo el tema de la propiedad, desde hace mucho fuera del debate político. No deja de resultar novedoso que, en momentos en que el gobierno enfatiza el ajuste fiscal, proponga la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de la Propiedad, que dirimiría los innumerables conflictos de propiedad pendientes y les pondría un punto final. Bolaños propone que este Ministerio absorba el Catastro Nacional y el Registro de la Propiedad, dos instituciones que hoy funcionan separadas, el Catastro dependiendo del gobierno central y el Registro, del Poder Judicial. En la propuesta gubernamental, ambas instancias dependerían del Ejecutivo. Lograr esto no será fácil. Supone una negociación Ejecutivo-Poder Judicial nada sencilla por el bipartidismo que controla el Poder Judicial, y por las tensiones acumuladas durante el gobierno Bolaños entre el Presidente y este Poder del Estado, incluida la última, la causada por la Ley de Carrera Judicial, rechazada unánimemente por todos los magistrados, por considerarla inconstitucional.

El problema de la propiedad -más exactamente, los problemas de propiedad- cruzan cualquier estrategia de desarrollo, la de éste y la de cualquier otro gobierno. Y todo está por hacer. Baste un ejemplo. Toda la zona central de Nicaragua -Matagalpa, Jinotega, Las Segovias, Chontales, Boaco, Río San Juan, la RAAN, la RAAS- no está catastrada. En extensas zonas de esta franja central del país, no existen escrituras públicas sino los llamados títulos supletorios. Los otorga el juez local, después de una comprobación de linderos y basándose en testigos de la comunidad que dan cuenta de lo que tal o cual persona tiene en propiedad. Si uno va al Registro de la Propiedad en Matagalpa o en Jinotega encontrará que por este método hay “judicialmente” tres o cuatro veces el número de manzanas que físicamente existen. Es sólo un ejemplo entre muchos. Son inimaginables los nudos que el nuevo Ministerio tendría que desenredar.

PROPIEDAD: PUNTO FINAL

Desde hace unos cinco años el Banco Mundial financió un proyecto de ordenamiento territorial con el objetivo de catastrar todo el territorio nacional para después compatibilizar ese catastro con el Registro de la Propiedad, primer paso para resolver los problemas de propiedad. Pero el Banco Mundial quedó tan decepcionado por la falta de ejecución del proyecto que en 2004 ordenó disolver la unidad ejecutora que había ayudado a instalar en el Ministerio de Hacienda y suspendió los desembolsos. O por falta de voluntad política o por incapacidad, el programa nunca funcionó. Hoy existen presiones cada vez más fuertes de los organismos multilaterales para que el gobierno retome con seriedad este asunto. Es conocido que entre las famas internacionales que Nicaragua se ha ganado está la de ser un país donde no se respeta el derecho de propiedad.

A pesar de las dificultades previsibles, el gobierno urge de este tema en su agenda. En primer lugar, porque a pesar de las múltiples leyes sobre la propiedad que se han promulgado y de todo lo que se ha acordado políticamente desde 1990, no se avizora aún una respuesta estructural. En segundo lugar, y no menos crucial, porque ponerle un punto final a este problema es indispensable para el proyecto económico del gobierno. Sin reglas claras en la propiedad, sin un marco institucional sólido que garantice el derecho de propiedad, el gobierno no irá muy lejos en su afán de crear el clima que atraiga la inversión extranjera, meta a la que apuesta hoy desesperadamente.

¿PLEBISCITO?

El re-pacto Ortega-Alemán y el pacto a tres bandas tienen una lógica cortoplacista, la que resulta siempre dominante en la política nacional. El “trato por Nicaragua” contiene una lógica de más largo plazo. Todos los temas propuestos por Bolaños están estrechamente vinculados a las reformas institucionales que este gobierno quiere hacer en el marco del TLC con Estados Unidos y para hacer realidad su Plan Nacional de Desarrollo.
¿Cuál lógica prevalecerá? Para darle algún papel en esta crisis a la sociedad, el Presidente anunció que si los caudillos del FSLN y del PLC y sus diputados no responden a su propuesta de diálogo, impulsará una consulta ciudadana a la par de las elecciones municipales de noviembre, para que sea la población la que avale los puntos de su agenda. ¿Esta por verse si este “plebiscito” movilizará realmente a la sociedad nicaragüense, hoy tan confundida y pasiva, tanto por el sostenido empobrecimiento que soporta como por la insostenible corrupción de quienes la han empobrecido.

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