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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 238 | Enero 2002
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México

Vicente Fox: hubo alternancia, falta el cambio

El gobierno de Fox ha cumplido un año con muchas asignaturas pendientes. Fox no ha enfrentado ni la corrupción ni la impunidad y ha dado continuidad a la misma política económica. Por eso, el cambio está aún lejano.

Jorge Alonso

Concluyó el primer año del gobierno foxista: decepción, por decir lo menos. La realidad nos ha mostrado que hubo alternancia política en la Presidencia de la República, pero no el prometido y ansiado cambio. Fox prosiguió con la misma política neoliberal de sus antecesores, que tanto daño ha hecho a las mayorías populares. Y Fox no ha enfrentado ni la inseguridad ni la corrupción ni la impunidad. Son muchas y muy importantes las asignaturas pendientes para poder hablar de cambio.

La evaluación hecha por Fox de su primer año de gestión no pudo ser halagüeña. Reconoció que en lo económico había sido de sombras y luces y que en lo político había ido a la baja en lo mediático.

Una palabra temida: recesión

Fox celebró algunos logros en lo macroeconómico. En un primer momento se anunció que la inflación del 2001 había sido del 4.4%, la más baja desde que en 1968 se empezó a medir este indicador. Pero a los pocos días, el Presidente del Banco de México tuvo que precisar que la inflación había sido baja, pero no tanto: 5.1%. Otro logro fue haber mantenido fuerte el peso.

Fox tuvo que admitir que en lo social seguían pendientes asignaturas importantes. Y no era para menos. El Banco Mundial dio a conocer que el 43% de los mexicanos sobrevive sólo con dos dólares diarios. Como en años anteriores, la "salud macroeconómica" no se nota en los bolsillos de los mexicanos. Se prometió un crecimiento económico del 7%, pero con la crisis económica en Estados Unidos, la expectativa bajó al 2.5-3%. A mitad del año, ya el coordinador de políticas públicas de la Presidencia tuvo que admitir que la palabra que había estado rehuyendo era una realidad en el país: México vivía una dura recesión económica. Para entonces, el economista en jefe de la correduría Merrill Lynch pronosticaba que el crecimiento sería tan sólo del 0.6%. Cuando la crisis estadounidense se agravó por los actos terroristas de septiembre el crecimiento previsto en México fue cero. Las empresas han advertido que si no mejoran las expectativas de crecimiento se podrían aplicar paros técnicos y suspensión de pagos. En el 2001 no sólo no se crearon los nuevos empleos prometidos, sino que se perdieron miles de plazas laborales. A principios de enero del 2002 Fox se dio de plazo un año para resolver el nulo crecimiento económico.

Corrupción intocada

Otros dos grandes asuntos pendientes, aceptados oficialmente, fueron la inseguridad y la impunidad. El Presidente Fox volvió a prometer castigo a la corrupción. No había querido tocar al ex-partido oficial, al PRI, esperando contar con sus votos para sacar adelante las iniciativas de ley que había enviado al Congreso. El PRI no apoyó las propuestas foxistas y la corrupción no sólo quedó intocada en este primer año, sino que el nuevo gobierno mantuvo la mayoría de los aparatos de esa corrupción. Fox se consoló exhortando a acabar con el mito de que el cambio va a solucionarlo todo. Pero la calificación popular en las encuestas lo ha reprobado: descendió de un 75% de popularidad (alcanzado en diciembre del 2000) a un 59% (medido a mediados del 2001) y hasta un 48% (mostrado en una importante encuesta de enero del 2002). Una dolorosa constatación para los promotores del voto útil a favor de Fox ha sido su nula influencia para aplicar desde el gobierno una plataforma progresista.

Polémica Reforma Fiscal

Durante el año 2001 Fox propuso dos importantes cambios legales. En ambos fracasó. El primero fue la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas de acuerdo a la formulación de la COCOPA. Su propio partido, apoyado por el PRI en el Congreso, influyó para que se aprobara una legislación diferente, que ha sido repudiada por los pueblos indios. El Ejecutivo no mostró voluntad de llevar a buen término la progresista propuesta de la COCOPA.

Desde abril del 2001 Fox envió al Congreso otra importante legislación: una reforma fiscal, a la que llamó reforma redistributiva. Con una intensa campaña de medios solicitó el apoyo de la población, y con cabildeos buscó votos entre diputados y senadores. Pero el PRD, el PT, el PRI, y aun algunos panistas, se mostraron en desacuerdo en que la reforma impusiera el 15% del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y a las medicinas. Fox alegaba que esto beneficiaría a los pobres, a quienes se les harían devoluciones. Los primeros sondeos resaltaron que la más perjudicada sería la clase media. Pero el especialista en cuestiones de pobreza, Julio Boltvinik, afirmó que el efecto más devastador lo sufrirían los pobres, agravándose las inequidades sociales. Uno de los grandes problemas para viabilizar la prometida devolución era la falta de un padrón de pobres. Otro, que las listas de pobres de que disponía el gobierno correspondían a los inscritos en el programa oficial de asistencia social, que no incluye a los pobres extremos de las ciudades.

Una reforma sin consenso

Fox trató de convencer de su propuesta a la clase política, a la dirección de la iniciativa privada, a las cúpulas de las organizaciones obreras y a los ciudadanos. Los bancos apoyaron el proyecto fiscal y el Banco Mundial señaló que el 15% del IVA debía gravar todos los productos. Después de dos meses de debates internos, el PAN acordó apoyar la propuesta de Fox.

Gobernadores de los tres partidos discutieron presentar una alternativa: bajar el IVA al 13% y no cobrar el impuesto sobre la renta (ISR) a quienes perciben menos de cuatro salarios mínimos. No consiguieron un acuerdo. El PRD insistía en gravar los recursos de los más ricos. Su plan alternativo comprendía: revisar la estructura del gasto público, gravar las transacciones especulativas, incrementar el combate a la corrupción, poner fin a regímenes de privilegio, reducir la evasión fiscal, acabar con las exenciones a las clases más altas y ampliar la base de los contribuyentes. El PRD resaltó que mientras se pretendía gravar alimentos y medicinas se dejaban libres de impuestos las jugosas ganancias de la bolsa de valores.

Las organizaciones obreras rechazaron que se gravaran los alimentos y las medicinas. En septiembre, ocho mil trabajadores marcharon desde el Zócalo hasta el palacio legislativo repudiando la reforma fiscal y la política económica del gobierno y exigiendo más gravámenes a los sectores de mayores ingresos y a las utilidades bursátiles. En octubre, un estudio mostró que un 90% de la población estaba en contra de gravar con el IVA medicinas y alimentos.

Por primera vez en su historia

El Presidente sugirió un pacto con el Congreso para lograr la reforma. A finales de diciembre, el PRI dio muestras de que pactaría con el PAN la propuesta foxista con algunas modificaciones, pero cuando concluía el plazo legal para hacer estos cambios, por cálculos partidistas dejó esperando a los panistas, que no tuvieron otra opción que recurrir a los perredistas. A marchas forzadas se aprobaron modificaciones fiscales minutos después de que expirara el plazo.

Por las prisas hubo fallas, omisiones y aun contradicciones en las nuevas leyes fiscales. Aparecieron también errores técnicos. El Senado anunció que haría las correcciones pertinentes. En lugar de centrarse en el consumo, las modificaciones se hicieron en los ingresos. El resultado fue muy polémico. Si bien hubo impuestos que afectan a los que menos tienen -como los relativos a los refrescos- los ricos, pese a que la denominada miscelánea fiscal les bajó los impuestos al ISR de 40 a 35%, se encolerizaron con no pocos rubros, y amenazaron con ampararse. Los empresarios, acostumbrados a beneficiarse de sus tratos directos con el poder político, se enfrentaron por primera vez en su historia a una legislación que no correspondía a sus intereses. De inmediato se dieron a la tarea de emprender una campaña de desprestigio en contra del Poder Legislativo.

Fox respondió según su costumbre: sin consistencia. Primero se alegró de que el nuevo paquete fiscal le brindara nuevos recursos que administrar. Después tomó distancias pero invitó a invertir a la iniciativa privada, que amenazaba con dejar de hacerlo en protesta por las modificaciones fiscales. La Cámara de los comerciantes retiró su oposición y ofreció "sacrificios solidarios" con los más necesitados. Grupos sindicales, agrícolas y civiles anunciaron la intención de integrar un frente contra la cúpula empresarial que pretendía mantener sus privilegios. El PRD insistía en que no habría verdadera reforma fiscal mientras no se quisiera tocar a los ricos.

Pueblo mexicano: una derrota y una victoria

Para los legisladores perredistas el que no prosperara la propuesta de gravar alimentos y medicinas significó un triunfo para el pueblo. En el Congreso prevaleció una propuesta alternativa a la del gobierno: su eje principal está en el impuesto sobre la renta y no en el impuesto al valor agregado.

Tras un año de gobierno, Fox había enviado al Congreso dos importantes iniciativas legales: una que respondía al clamor de los pueblos indios, desfigurada por la alianza PRI-PAN; y otra ante la que se levantó el clamor popular, y que no prosperó por la presión del tiempo, que posibilitó al PRD buscar una salida de emergencia. En ambas iniciativas ganó el Congreso y el perdedor fue Fox. El pueblo perdió en una y ganó en otra, aunque el enojo empresarial -apoyado en una fuerte campaña de medios- quiso hacer aparecer la segunda pugna como una derrota de todos.

Escandalosos fraudes bancarios

Fox ganó las elecciones contrastándose con la histórica corrupción del PRI y prometiendo acabar con esa lacra. Durante el 2001 fueron recurrentes los datos de escandalosos actos de corrupción y de desvío de fondos de las administraciones priístas. En junio, los diputados del PAN advirtieron que su apoyo al salvamento de los bancos no implicaba dejar de investigar los fraudes. Se propuso reabrir el proceso de investigación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, retomando así una tarea inconclusa.

Para saldar una deuda con los ciudadanos -que estaban pagando el costoso rescate bancario- había que llegar a fondo en la investigación de los fraudulentos fideicomisos de Banca Unión, que habían financiado las campañas electorales del gobernador tabasqueño Madrazo y del Presidente Zedillo. La venta de Banamex revivió el tema del rescate bancario. La demanda popular es que los banqueros asuman sus responsabilidades en las quiebras antes de que el país siga vendiendo los bancos estatales a los extranjeros.

PRI: desvío de fondos y "limpieza" de expedientes

A lo largo del año fueron descubiertos indebidos pagos millonarios realizados por operadores priístas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, siendo uno de los beneficiarios el hermano del senador Emilio Gamboa, quien estuvo al frente de esa dependencia. Se constató que en Chiapas, bajo el gobierno del priísta Albores, se habían desviado varios millones de pesos. La Secretaría de la Contraloría acusó a Espinosa Villarreal -quien estuvo detenido en Nicaragua- por desfalco millonario cuando dirigió la Secretaría de Turismo. Se documentó un millonario desvío para la campaña priísta del sucesor de Madrazo en Tabasco.

En muchas entidades federativas, el aparato de las dependencias federales seguía controlado por priístas y había quejas de que en gran cantidad de estas dependencias persistía la corrupción. Abundaban las acusaciones, pero no se llegaba a acciones penales ejemplares.

El contralor Francisco Barrio declaró que sería demagogia afirmar que se extirparía toda la corrupción en cinco años, señalando que entre el triunfo de Fox y la entrega de gobierno los priístas se habían dedicado a "limpiar" expedientes. Así, las huellas de la corrupción y sus efectos eran evidentes, pero faltaban las pruebas legales.

El defraudador del Banco Unión llegó extraditado a México, pero al igual que Espinosa Villarreal, no pisó la cárcel, por encontrarse amparado. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se lamentó de que estos dos pillos anduvieran sueltos sólo por tener mucho dinero para comprar a los jueces. También siguieron las investigaciones sobre los desvíos de fondos públicos de Carlos Salinas a favor de su hermano mayor.

La mancha de la corrupción

Un diagnóstico federal reveló que el sistema judicial y de seguridad se encontraban al servicio del delito y del crimen. Mientras el ex-Procurador chiapaneco era detenido a principios de noviembre del 2001 acusado de peculado y de dar protección a escuadrones de la muerte, a finales de ese mismo mes un juez exoneró a dos líderes paramilitares responsables de la matanza de Acteal. Otro exonerado fue un militar acusado de entrenar a paramilitares. A finales del 2001 el periodista Andrés Oppenheimer declaró que era asignatura pendiente del gobierno de Fox investigar los grandes casos de corrupción que manchaban el pasado reciente de México.

El año empezó agitado. Enero del 2002 trajo más revelaciones sobre la corrupción. La Contraloría de la Federación anunció que se estaban investigando desvíos por 110 millones de dólares de la empresa paraestatal PEMEX, dinero que pudo haber ido a parar a la campaña del candidato del PRI Labastida. Primero, los priístas chantajearon para que esa investigación no los dañara políticamente. Quisieron negociar impunidad a cambio de estabilidad. Uno de los líderes del PRI calificó la investigación de "declaración de guerra al PRI". Después, amenazaron con investigar también el financiamiento de la campaña foxista.

PEMEX: gigantesca corrupción

Pronto aparecieron las contradicciones. El empresario Eduardo Bours, desde su curul en el Senado, adujo que él solo había conseguido 890 millones de pesos para la campaña priísta de Labastida, pero esa cifra excedía en 394 millones lo que ese partido había reportado al Instituto Federal Electoral, implicando que el tope legal de aportaciones privadas había sido superado en 590 millones de pesos.

El reconocido periodista Granados Chapa involucró al ex-director de PEMEX y a dirigentes de su sindicato, quienes habían maquinado la distracción del patrimonio de la empresa paraestatal argumentando negociaciones obrero-patronales de dudosa legitimidad. La Contraloría de la Federación logró documentar el movimiento del dinero y confirmar que había sido desviado de PEMEX a la campaña de Labastida. Aparecieron datos periodísticos que evidenciaban que el dinero desviado de PEMEX había llegado incompleto al PRI pues dirigentes del sindicato, aprovechando la situación ilegal, se habían quedado con una parte para su propio beneficio. Descubierto y con pruebas, el PRI llamó a sus miembros a cerrar filas para enfrentar lo que denominaba "una embestida del foxismo", a la vez que presionaba para que sus redes de complicidades no fueran tocadas.

Fox - PRI: ¿hasta las últimas consecuencias?

Sin aceptar el fin de la impunidad, el PRI decidió endurecer su relación con Fox. El Procurador General trataba de calmar los ánimos señalando que la información de la Contraloría estaba incompleta. Por su parte, el Secretario de Gobernación advirtió que el gobierno foxista no era de guerra sino de leyes, que no se negociaría la impunidad, que no había ataque a instituciones sino indagatoria sobre personas. El dirigente del PAN declaró que el PRI reaccionaba al estilo de "una mafia que protegía sus crímenes", actuando como "una banda de delincuentes" sin visión de partido.

Fox decidió no abordar con el PRI el caso de los desvíos de PEMEX y se dijo a la prensa que el Presidente había instruido llegar hasta "las últimas consecuencias". Naturalmente, surgieron dudas de que esa decisión no fuera más que palabras, pues una de las últimas consecuencias sería que el PRI perdiera su registro legal. En el PRD priva la sensación de que se trata de una maniobra del foxismo para preparar componendas con el viejo régimen, y de que, en el escenario más optimista, se tocará sólo a algunos culpables, pero no a las cabezas, entre las que está la del ex-Presidente Zedillo.

En este caso, aún pendiente, como en tantos otros casos, los ciudadanos esperan que se combata verdaderamente tan intrincada corrupción. Pero si de las revelaciones escandalosas no se pasa a que todos los responsables de fraudes y desvíos sean enjuiciados y castigados, la impunidad seguirá siendo norma en detrimento de la justicia.

Derechos humanos: tres densas sombras

Fox prometió un respeto ejemplar a los derechos humanos. No obstante, durante el primer año de su gobierno tres hechos son densas sombras que opacan las luces de su autoevaluación. Se presentó el primer crimen político, aún no resuelto. El ejército sigue conculcando los derechos no sólo de la población, sino de sus mismos agremiados. Y lo que hubiera parecido un avance, por la intención de saldar cuentas con un pasado de desapariciones de opositores políticos, parece no llegará muy lejos, al quedar supeditado todo a la voluntad del poder militar.

Querida Digna Ochoa

El 19 de octubre del 2001 fue asesinada la defensora de derechos humanos y abogada Digna Ochoa. Desde 1995 había recibido amenazas. Al lado de su cadáver, apareció una nota con amenazas en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Digna estaba defendiendo a dos campesinos ecologistas de Guerrero presos y a dos estudiantes acusados de haber puesto petardos en sucursales bancarias. Más de 80 organismos de la sociedad civil exigieron al gobierno de Fox una investigación expedita del asesinato, declarando que el crimen era un agravio directo a la lucha por la vigencia de los derechos humanos en México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro inscribió el asesinato en el "terrorismo de Estado". El jefe de Gobierno del Distrito Federal consideró que la muerte de Digna dañaba la estabilidad política de la nación. El Secretario de Gobernación prometió apoyo a la investigación, y reconoció que la muerte de Digna Ochoa agraviaba a quienes desean vivir en democracia.

Digna se enfrentó legalmente al Ejército y a la Policía Judicial federal en muchas ocasiones. En 1993 defendió a un General contra una detención considerada ilegal. En 1994 tomó el caso de ejecuciones extrajudiciales por la matanza de zapatistas apresados. Ese mismo año defendió a tres indígenas zapatistas violadas por soldados. En 1995 fue abogada en el caso de la matanza de campesinos de Guerrero en Aguas Blancas. En 1997 Digna fue otra vez abogada de los indígenas ante la matanza de Acteal. En 1998, cuando el gobierno trató de desmantelar los municipios autónomos zapatistas, Digna entró a la defensa de los encarcelados. Ese año trabajó en contra de detenciones ilegales y denunció ejecuciones extrajudiciales. En un video, había señalado a policías judiciales como responsables de amenazas en su contra.

El 22 de octubre el gobierno de Estados Unidos condenó el "brutal asesinato" y manifestó esperanzas de que las autoridades mexicanas identificaran y enjuiciaran a los responsables. Sólo después de esta condena, Fox declaró que el homicidio no quedaría impune. El diario The New York Times destacó que la credibilidad del gobierno mexicano en materia de derechos humanos y el trabajo del Procurador quedaban en entredicho tras el asesinato de Digna Ochoa.

"No dejen impune este crimen"

El 29 de octubre, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, celebró una misa por Digna Ochoa en la Basílica de Guadalupe. En su homilía expresó: "Quienes creímos en el inicio de un cambio para México en las votaciones del 2 de julio del año 2000, hemos sufrido reveses que han encontrado especialmente su ápice en dos momentos. Primero, en la no aceptación de una ley indígena como la pidieron los más pobres de entre los pobres, que son ellos, los indígenas, para vivir con plenos derechos como mexicanos, dentro de su cultura. Y un segundo revés es éste, cuando el país se ve ensombrecido por el asesinato de una defensora de los derechos humanos. Estos son signos elocuentes del ostracismo en que viven todavía quienes piensan que el mundo es sólo de ellos, y que pueden seguir dominándolo valiéndose de todos los medios que tengan a su alcance, por deshonestos que éstos sean. Recordando la visita que el actual Primer Mandatario de la Nación hizo aquí a la Virgen de Guadalupe al inicio de su mandato, le pedimos a ella su intercesión para que ni él, ni sus colaboradores en el Poder Ejecutivo, así como quienes ejercen su servicio a la nación desde los otros dos poderes de la Unión, se vean condicionados por quienes, movidos por sus ambiciones, siguen frenando el progreso de todos los mexicanos. Un signo de que son libres para gobernar una nación libre será el que no dejen impune el crimen contra Digna Ochoa".

Amnistía Internacional aseguró que el gobierno mexicano no había respondido a las repetidas amenazas contra Digna en los últimos dos años y que la Procuraduría General de la República había hecho una lenta y torpe investigación. Afirmó que la investigación sobre el asesinato sería una prueba para el gobierno de Fox. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno mexicano que protegiera sin dilación a los activistas de derechos humanos, sobre todo a los amenazados después de la muerte de Digna. La PGR ofreció protección, pero el director del Centro Pro la rechazó aduciendo que la presencia de policías judiciales federales -la PGR es dirigida por un militar- implicaba más una amenaza que una protección.

Un mes después

A principios de noviembre hubo una reunión más de la mesa de organismos defensores de derechos humanos con el Secretario de Gobernación. Éste enfatizó que se perseguiría a los culpables de la muerte de Digna y a quienes habían amenazado a defensores de derechos humanos. El 9 de noviembre, antes de uno de sus viajes a Estados Unidos, "por razones humanitarias" Fox dio orden para que excarcelaran a los dos ecologistas presos en Guerrero que había estado defendiendo Digna. No era ni perdón ni indulto, aclaró la Secretaría de Gobernación. Los liberados dijeron que estaban libres, pero que no se les había hecho justicia porque no se reconocía su inocencia y denunciaron haber sido torturados por el Ejército. Demandaron que se investigara y castigara a quienes con pruebas falsas los habían encarcelado y torturado.

Ecologistas de Guerrero siguieron denunciando amenazas y advirtieron que proseguía la tala de árboles y los homicidios a cargo de caciques. Mario López Dareli, representante de la CIDH ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, juzgó que el crimen de Digna Ochoa era resultado de un cuadro de violencia e impunidad prevaleciente en México. Después de más de un mes del crimen nadie había sido sancionado, y continuaban las amenazas en contra de los integrantes del Centro Pro. A principios de diciembre, en California, Amnistía Internacional instituyó el premio Digna Ochoa.

Estado de Guerrero: la punta de la madeja

Sólo dos meses después del asesinato, se iniciaron en Guerrero algunas averiguaciones, dando así tiempo a los responsables para borrar huellas y ocultar a los culpables. A mediados de enero del 2002, la PGR admitió que hubo omisiones injustificadas en el caso de las amenazas contra Digna, pero responsabilizó a la anterior administración. Familiares de Digna Ochoa aseguraban tener pistas en contra de militares e insistían en que la punta de la madeja se encontraba en el estado de Guerrero.

A tres meses del crimen la investigación marchaba con mucha lentitud. Para el Centro Pro uno de los obstáculos para que avanzaran las indagatorias se encontraba en la misma Secretaría de la Defensa Nacional, que no había proporcionado la información solicitada. A finales de enero del 2002, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional las fotografías de los integrantes de un batallón radicado en Guerrero, a fin de compararlas con los retratos hablados de personas vistas cerca de la oficina en que fue asesinada Digna Ochoa.

La abogada Bárbara Zamora, quien se hizo cargo de la mayoría de los casos que llevaba Digna Ochoa, denunció que burocratismos de la Secretaría de Gobernación habían impedido que se cumplieran íntegramente las medidas cautelares que había pedido la CIDH en noviembre del 2001 para garantizar la integridad física y la vida de Zamora. Está claro para una mayoría, conmovida por este crimen, que si éste no se resuelve y si quienes defienden los derechos humanos no son protegidos eficazmente la impunidad ganará terreno.

Caso del General Gallardo

En los trabajos del 113 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el 14 de noviembre del 2001 se trató el caso del General José Francisco Gallardo. La CIDH dio un ultimátum al gobierno de Fox para que liberara al General. Si el día 16 no lo hacía, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hacía tiempo la CIDH había recomendado al gobierno mexicano excarcelar a Gallardo por considerar que el excesivo número de acusaciones en su contra viciaba la impartición de justicia, y porque lo consideraba un preso de conciencia.

El General Gallardo propuso la figura del Ombudsman militar y esta propuesta -control, evaluación, representación- enojó hasta tal punto a la cúpula del Ejército que, en venganza, lo encarceló. El hijo del General declaró que el Ejército tenía mucho poder dentro del gobierno foxista y carecía de voluntad política para cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En la sesión de la CIDH también se trató la masacre de Aguas Blancas, sobre la que el gobierno hizo el compromiso de reabrir las investigaciones para buscar a los responsables. También estuvieron presentes los casos de Chiapas: violaciones a derechos humanos, amenazas a activistas, despojo de tierras a indígenas e impunidad. Las organizaciones no gubernamentales señalaron que en México continuaba la impunidad y eran constantes las violaciones a las garantías individuales. Tan sólo durante el nuevo gobierno había 15 casos documentados, 8 en Chiapas. El Centro Pro expuso que existían graves problemas en el sistema de administración y procuración de justicia.

El obispo Vera consideró que en el caso del General Gallardo se vería si los grupos que se resistían al cambio y persistían en el sistema político -y que habían demostrado su poder con la aprobación de la ley indígena- eran más fuertes que el Ejecutivo. El Centro Pro advirtió que, de no acatarse la recomendación de la CIDH, México quedaría como un estado incapaz de atender los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos.

Fox: evitar conflictos con el poder militar

A mediados de noviembre el gobierno de Fox insistió en que el General Gallardo tenía la posibilidad de acceder a los tribunales civiles. Gallardo respondió que los ofrecimientos de Fox eran una farsa. Injustamente encarcelado, el General había rechazado aceptar un indulto que se le había planteado desde el mismo gobierno. Aceptarlo no le exoneraría de los delitos que se le imputaban y dejaría a los responsables de su injusto encarcelamiento sin sanción. Fox y la Cancillería negaron que hubieran ofrecido indulto a Gallardo.

Gallardo acusó a Fox de engañar y de avalar la violación de los derechos humanos. Argumentó que Fox, en su calidad de Comandante de las fuerzas armadas, tenía la facultad para liberarlo y si no lo hacía era para no enfrentar a los altos mandos militares. El 20 de diciembre la CIDH solicitó al gobierno mexicano establecer medidas para proteger la vida del General. Pero hasta finales de enero las autoridades mexicanas sólo lo habían cambiado de prisión.

La defensa del general Gallardo ha argumentado que la recomendación de la CIDH es obligatoria para Fox de acuerdo al artículo 133 constitucional que señala que los convenios internacionales firmados por México son ley vigente y deben ser acatados. El General Gallardo interpuso una demanda contra Fox para que acatara la recomendación de la CIDH y lo liberara inmediatamente. Tratando de evitar un conflicto con el poder militar, el gobierno ha buscado sacarle la vuelta a la recomendación de la CIDH. ¿Hasta cuándo?

Reaparecen los desaparecidos

A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que contaba con los expedientes de 531 "desaparecidos" desde el tiempo del Presidente Echeverría, de los cuales 250 fueron ejecutados. El grupo Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra, que desde hace muchos años ha exigido información sobre los desaparecidos, temía que este informe ocultara la responsabilidad de los militares en estos delitos.

A finales del mes, el encargado de la CNDH entregó el informe sobre la responsabilidad del Estado mexicano en la guerra sucia de los años 70. Entre los culpables se enlistaba a 74 personas. El Secretario de Gobernación concluyó que en aquellos años se dio una respuesta autoritaria a una cuestión política, formando grupos que habían violado los derechos humanos en el ámbito de las fuerzas de seguridad. Fox recibió el informe y prometió una fiscalía especial para investigar torturas y desapariciones. "Hacer justicia no desacredita a un ejército que es del pueblo", declaró.

A pesar de que abundaban las pruebas de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, el senador panista Diego Fernández defendió la actuación del Ejército recalcando que esa institución no estaba obligada a rendir cuentas a la sociedad. Un general demandó olvidar la masacre de la plaza de Tlatelolco en 1968.

En diciembre del 2001 el Senado aprobó convenciones internacionales para castigar violaciones de derechos humanos, estableciendo la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la desaparición forzada de personas, pero haciéndolo de tal forma que no se aplicara a la guerra sucia de los años 70. La aprobación de instrumentos internacionales con reservas evidenció la falta de compromiso con los derechos humanos de la clase política.

Informe deficiente y amañado

Rosario Ibarra de Piedra cuestionó el informe. Señaló que el Estado mexicano había instaurado varias fiscalías especiales, que no habían producido resultados. Criticó que se buscara inculpar a funcionarios menores, muertos o encarcelados. Declaró que el responsable de la CNDH no había realizado una investigación, limitándose a decir lo que ya se sabía. Rechazó que militares o policías hubieran actuado "por su cuenta", como quería establecerlo la CNDH. Exigió que se sancionara a ex-Presidentes de la República. Demandó que los desaparecidos fueran presentados como estuvieran y donde se encontraran.

Una pregunta que no podía eludirse era por qué la CNDH había ocultado la información sobre los desaparecidos políticos durante casi diez años. Un primer examen del informe lo mostraba deficiente y amañado. Además de repetir lo ya sabido, ofrecía datos falsos, asegurando que habían muerto en combate quienes habían sido vistos con vida en bases militares. Otro de sus graves defectos era no haber indagado en los archivos del ejército, eludir los nombres de los responsables mayores y no aclarar el destino de los desaparecidos. Como broma macabra, a principios de diciembre la PGR mandó un oficio al domicilio de Rosario Ibarra citando a 27 detenidos desaparecidos a declarar. Doña Rosario consideró el gesto una burla del militar que es titular de la PGR.

¿Hay voluntad de que aparezcan?

Los informes oficiales se ceñían a los períodos presidenciales de Echeverría y de López Portillo. Familiares de desaparecidos en los sexenios de Salinas y Zedillo empezaron a presionar para que la CNDH informara sobre lo ocurrido en estos períodos. El comité Eureka precisó que el informe también había ignorado los desaparecidos en el sexenio de De la Madrid. Se preguntaba también Eureka por qué no se habían tenido cuenta tres masacres históricas: en Guerrero las de Aguas Blancas y El Charco, y en Chiapas la de Acteal.

A principios de enero del 2002 el gobierno nombró un Fiscal especial para los desparecidos. El recién nombrado declaró que aducir razones de Estado para desaparecer disidentes había sido una trampa inmoral para abolir el orden jurídico, prometió no darle la vuelta a la hoja, señaló que era mejor limpiarle la cara al ejército, precisando que se investigaría a personas y no a instituciones.

Para gran parte de los organismos independientes de derechos humanos, el nuevo Fiscal no tiene confiabilidad, tampoco lo ven con autonomía del militar que encabeza la PGR. Para doña Rosario, el Presidente de turno sigue siendo responsable mientras los casos de los desaparecidos no se resuelvan.

Un poder militar subordinado al civil

A finales del 2001 la organización Human Rights Watch había advertido a Fox que la justicia castrense protegía y solapaba la impunidad, destruía evidencias y se convertía en un obstáculo para sancionar a los militares que torturaban, desaparecían a personas, realizaban detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y cometían violaciones sexuales. Le solicitó, por esto, que pusiera fin a la jurisdicción militar en los casos de las violaciones a derechos humanos y que reformara en breve el sistema de justicia del país con el fin de controlar y subordinar el poder militar al civil para que rindiera cuentas y respondiera por las graves violaciones a los derechos humanos que hasta entonces no habían sido sancionadas sino encubiertas.

En su informe anual sobre los derechos humanos a nivel mundial, Human Rights Watch elogió los cambios en la actitud de México con respecto a los derechos humanos, pero advirtió que eran necesarios avances significativos para resolver los abusos de los militares, pues existe incapacidad para someter a los militares a la ley.

Esto es evidente a los ojos de todos los mexicanos. A cuatro años de la masacre de Acteal siguen impunes sus autores intelectuales y los militares acusados de violar mujeres indígenas no han sido castigados. En estos casos la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha quedado en entredicho. Fox sigue gobernando con los aparatos represivos del viejo régimen y no los ha depurado. Tampoco ha desmantelado a los paramilitares. Se refugia en la retórica.

El cambio no llega

En México se ha dado la alternancia en el poder, pero el cambio democrático todavía no llega. Mientras prosiga la impunidad, mientras no haya un comprobado respeto a los derechos humanos, mientras se siga aplicando el modelo económico neoliberal empobrecedor de las mayorías, y mientras persista la intrincada red de complicidades del PRI, el viejo partido de Estado todavía no desmantelado, la transición a la democracia seguirá siendo un horizonte, un desafío.

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