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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 238 | Enero 2002
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Nicaragua

Nuevo gobierno: ¿nueva economía?

Arturo Grigsby, economista y director del instituto Nitlapán de la UCA, comenta los primeros pasos económicos del nuevo gobierno y valora los límites que tendrá que enfrentar en una charla que transcribimos.

Arturo Grigsby

En la nueva era del nuevo gobierno el motor del crecimiento económico durante los próximos cinco años será la inversión extranjera y, en un segundo lugar, la inversión privada nacional y empresarial. Éste es el rasgo más definido del nuevo diseño económico. Se trata de una estrategia de crecimiento basada en una idea bastante tradicional: la inversión de los grandes derramará beneficios sobre todo el resto. Es una estrategia que encaja exactamente con los planes económicos globales que promueve Estados Unidos: el ALCA, los Tratados de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá.

En ocasión de la toma de posesión, y por primera vez en Nicaragua, se celebró un Foro Internacional para promocionar al país como territorio atractivo para los inversionistas extranjeros. Asistieron 600 inversionistas de unos 30 países. Hubo promesas, planes, discusiones. En concreto, salieron del Foro dos grandes nuevas inversiones: Grand Pacific, una empresa de origen estadounidense, construirá un nuevo complejo turístico cercano al que ya existe en Montelimar, y Grupo Promérica instalará una nueva zona franca en León donde Payless Shoes, una de las más grandes corporaciones de fabricación y venta de zapatos en Estados Unidos, instalará dos fábricas y posteriormente más de una docena de tiendas de calzado en todo el país. No es casualidad que el Foro de Nicaragua fuera seguido del anuncio del Presidente George Bush de un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Ambas son piezas de un mismo diseño.

Las inversiones que parece priorizará el nuevo gobierno serán en turismo y en maquila. Y en maquila más que en turismo, porque es la maquila lo que más parece interesar a los inversionistas que se acercaron. Lo más notorio en este diseño es el muy segundo plano que se le asigna al sector agropecuario, desde hace casi doscientos años motor de la economía nacional. En la actual estrategia, el sector agropecuario parece estar siendo visto como problema y no como salida, considerando que no empuja la economía sino que la obstaculiza.

Esta visión establece una diferencia sustantiva entre los inicios del gobierno Bolaños con los inicios del gobierno Alemán. Hace cinco años, Alemán apostó al sector agropecuario y centró sus promesas electorales en hacer de nuevo de Nicaragua "el granero de Centroamérica", prometiendo reactivar las exportaciones agropecuarias y anunciando que el crecimiento de la economía vendría del sector rural. Después de un inicial dinamismo, de algunos proyectos en esa dirección y de un discurso que mantuvo durante bastante tiempo, Alemán se fue desviando hacia lo que fue realmente su estrategia: la inversión pública en construcción de infraestructura y la maquila. Bolaños inicia con otra brújula que apunta hacia otra dirección.

Siendo el desempleo el problema social que más resiente la población desde hace años, según lo demuestran todas las encuestas, y siendo la creación de empleos la promesa electoral de Bolaños que más expectativas ha creado, el gobierno confía en que la inversión empresarial grande, extranjera y nacional, sea la generadora de empleos. Es un planteamiento cuestionable si se tiene en cuenta que el grueso del empleo lo generan en Nicaragua las empresas pequeñas, tanto urbanas como rurales, y que para esas empresas pequeñas el gobierno no tiene aún un planteamiento claro.

El gobierno confía en que la maquila, las zonas francas, sean las inversiones que más rápida y masivamente generen los anhelados empleos. Cuando empezó a gobernar Alemán, el número de personas empleadas en la maquila rondaba las 8 mil. Hoy, según el Banco Central, la maquila emplea a casi 40 mil personas.

Además de precios competititivos, "comenzando con el costo de nuestra mano de obra" -así lo expresó Bolaños-, lo que el Presidente ofreció a los inversores como mayor atractivo de Nicaragua, en comparación con otros países de Centroamérica que compiten en los mismos rubros de maquila y turismo, es la seguridad. Dijo Bolaños en la apertura del Foro de Inversiones: "Nicaragua es un país seguro, su gente es muy cálida y hospitalaria. Tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de América Latina, la seguridad ciudadana que hoy ofrecemos es la envidia de nuestro vecinos al norte y al sur. Aquí no hay secuestros ni crímenes violentos contra turistas o inversionistas, y los turistas que llegan no tienen que recibir instrucciones especiales sobre seguridad más allá de lo que dicta el sentido común." Esta seguridad, en gran medida, tiene que ver con una herencia de los años revolucionarios: Nicaragua fue el único país de Centroamérica que creó de nuevo, de cero, una nueva policía y un nuevo ejército, mientras que en los otros países la policía siguió siendo -hasta cambios recientes, incompletos y algo tardíos- un brazo de ejércitos corruptos y represivos.

¿Qué necesita la estrategia del gobierno para funcionar y cosechar éxitos? El requisito indispensable, el punto de partida, es llegar a un entendimiento y a un nuevo acuerdo, para los próximos tres años, con el FMI, el BID y el Banco Mundial. La previsión del gobierno es estar firmando ese acuerdo en el mes de julio.

En la negociación de ese acuerdo el equipo del gobierno acude con esta estrategia de crecimiento, con la evidencia de la pobreza extrema, y con preocupantes indicadores macroeconómicos. A su favor lleva la abrumadora victoria electoral de Bolaños, el respaldo interno con el que cuenta y la estabilidad, transparencia y reglas claras que ofrece, las que nunca garantizó Alemán. Aún así, el equipo negociador de los organismos multilaterales no deja de tener presente los dos enormes e insostenibles déficits que tiene Nicaragua: el déficit fiscal y el déficit comercial.

Una de las promesas de campaña de Bolaños que más expectativas ha creado es la de un plan de nuevas viviendas. Esa promesa, y otras, están basadas en un financiamiento externo abundante y ya en camino. El equipo que le hizo el programa de gobierno a Bolaños conocía a la perfección todos los proyectos que ya estaban en marcha con los organismos multilaterales, y muchas de las promesas electorales se basaron en proyectos ya asegurados y en proceso de negociación. Pero estos proyectos no se traducirán en dinero hasta que se firme el acuerdo entre el gobierno y el FMI.

Es de esperar que durante el primer año del nuevo gobierno se hagan realidad muy pocas de sus promesas. Comenzaremos "a verle casitas al pueblo" hasta el año 2003. Porque en el mejor de los casos el acuerdo con el FMI no se firmará hasta julio 2002. La tensión entre la retórica de las promesas y la cruda realidad económica tendrá que manejarla muy hábil e inteligentemente un gobierno que tiene, tanto en Arnoldo Alemán como en Daniel Ortega, potenciales manipuladores y beneficiarios de cualquier tensión social.

En la negociación sobre el déficit fiscal, el FMI no exige nunca reducirlo en cantidades absolutas, sino en cantidades relacionadas con el tamaño de la economía. El gobierno Bolaños negocia con dos esperanzas: poder reactivar relativamente pronto la economía con la inversión extranjera, y poder convencer al FMI de que le dé a Nicaragua el chance de crecer para que así la reducción sea un proceso y no tenga que ser ni inmediata ni drástica. A pesar de todo el respaldo que Bolaños tiene, en el FMI no existe mucha confiabilidad en Nicaragua: los dos acuerdos que se han firmado han sido incumplidos. El primero, con el gobierno Chamorro, naufragó en 1994, a los seis meses de firmado. El segundo, con el gobierno Alemán, naufragó a medio camino después de haber sido firmado.

Aspectos claves para que el FMI decida firmar un nuevo acuerdo con Nicaragua tienen que ver también con temas políticos, nuevas leyes que garanticen gobernabilidad y transparencia. Las leyes que el Presidente Bolaños presentó a la Asamblea Nacional el 31 de enero para que fueran aprobadas con carácter de urgencia son condiciones que los organismos multilaterales han impuesto para concretar un nuevo acuerdo de ajuste estructural, que le dará al gobierno nuevos recursos que administrar.

El país vive un colapso exportador. Es necesario incrementar la productividad y la producción exportadora y diversificar las exportaciones. En los últimos años, la crisis exportadora ha sido causada, en parte, por el desplome de los precios internacionales del café, principal exportación del país desde 1880, hace más de un siglo. La crisis en los precios del café ha afectado todas las previsiones hechas por los técnicos del gobierno saliente y por los técnicos del FMI y del Banco Mundial, expresadas en el acuerdo firmado en 1998. Se previó entonces que para el año 2000 Nicaragua estaría exportando más de 1 mil millones de dólares. Y en el 2001 exportamos sólo 620 millones. Pero el colapso exportador no se debe únicamente a la crisis del café, que ha sido la más grande y última campanada. El problema es anterior. El colapso también tiene que ver con el hecho de que muy pocos de los abundantes recursos que han llegado al país para su reconstrucción se han invertido en el sector productivo.

Los desequilibrios de la economía de Nicaragua son bastante más agudos que los de Argentina. La deuda externa de Argentina, aunque es de 140 mil millones de dólares, representa la mitad del PIB argentino. La de Nicaragua, de 6 mil 700 millones es dos veces nuestro PIB. Según datos de la CEPAL y contando (sigue en pág.22) sólo ingresos y gastos del gobierno central, Argentina tiene un déficit fiscal de 3.5% y Nicaragua de 8.5%. Mientras Argentina tiene superávit en su comercio exterior, Nicaragua vende en el exterior 600 millones de dólares y compra 1,600 millones. La diferencia entre los dos países está en que apoyar externamente a Nicaragua para mantenerla a flote es relativamente barato. Argentina tiene un ingreso por habitante de más de 7 mil dólares, y aquí no llegamos ni a 500 dólares. Sostener a Argentina es enormemente costoso.

Si no estallan en Nicaragua crisis similares a la de Argentina es porque el país respira con oxígeno del exterior: el que ofrece la cooperación externa y el que garantizan las remesas. Más oxígeno aún dan las remesas que los emigrantes hacen llegar desde Costa Rica y Estados Unidos que la cooperación que, en forma de préstamos concesionales y donaciones, llega desde Estados Unidos y Europa. Hace unos diez años, las cifras de las remesas familiares ni siquiera aparecían en las cuentas nacionales. Empezaron a aparecer en 1993: unos 50 millones de dólares. Hoy cifras oficiales y no oficiales las sitúan en 600-800 millones de dólares anuales, mientras que la cooperación internacional totaliza en promedio unos 500 millones de dólares al año.

Cuatro grandes desafíos macroeconómicos tiene el país para comenzar a ser viable y tener una economía sostenible: dos deudas -la deuda externa y la deuda interna- y dos déficits, el déficit fiscal y el déficit comercial.

Debe reducir su déficit fiscal y debe cerrar su déficit comercial. La reducción del déficit fiscal obliga a reducir el gasto público y a recaudar más impuestos. La reducción del déficit comercial obliga a consumir menos importaciones, tal vez aumentándoles los impuestos y a incrementar las exportaciones, reactivando la producción o reduciendo los impuestos a las exportaciones, como se ha hecho para estimular el turismo. Ninguna de estas soluciones es fácil ni de corto plazo. Reactivar el sector exportador reduciría tanto el déficit fiscal como el déficit comercial. Pero para lograr esta meta el gobierno de Bolaños no tiene aún ni respuestas ni planteamientos claros. Es una de las zonas en sombra de su estrategia.

Dos grandes desafíos de la economía son la deuda externa y la deuda interna. Hasta 1993-94, la economía de Nicaragua sólo cargaba con la deuda externa. En esos años el gobierno comenzó a emitir bonos de compensación para quienes perdieron propiedades al ser confiscados injustamente durante la revolución. En el conflictivo proceso de negociación de los problemas de la propiedad, la salida menos problemática que se halló fue entregar a los confiscados bonos, compromisos de pago del gobierno a determinada tasa de interés y a determinado plazo. Al principio, el monto de estos bonos no era muy significativo.

Con los años y la crisis, esto fue cambiando. Vinieron después los bonos CENI, emitidos para lograr mantener las reservas internacionales, que iban en declive, en un nivel adecuado. Al final del gobierno Chamorro se emitieron con este objetivo CENIs por valor de 46 millones. El gobierno Alemán cerró con 200 millones en CENIs. Después vinieron los CENIs emitidos para solventar las fraudulentas quiebras bancarias de 2000 y 2001. Mientras los responsables de esas quiebras circulan en total impunidad, los bonos relacionados con estas quiebras los pagamos todos y su costo ronda los 350 millones de dólares. En el 2001 buena parte de estos bonos se renovaron en una negociación muy tensa entre el Banco Central y los bancos privados.

Al cierre del año 2001 la deuda interna -bonos, certificados y títulos emitidos por el gobierno en diferentes crisis- asfixia las finanzas públicas con una carga de 645 millones de dólares. La deuda interna, tan impagable como la deuda externa, tiene el agravante de que todos los acreedores son privados y que no hay actores internacionales con los que negociar la crisis ni existe ningún proceso de negociación, reducción o condonación que libere a la economía de esta carga.

Se calcula que en las tres cuartas partes de la deuda interna los acreedores son los bancos nicaragüenses. Buena parte de esa deuda se contrató a intereses muy altos y a plazos muy cortos. La primera reunión del nuevo Presidente Bolaños con un sector nacional fue con la Asociación de Bancos Privados. El nuevo Ministro de Hacienda, el banquero Eduardo Montealegre, declaró que tiene un equipo dedicado a ver cómo logran convertir la deuda interna, de corto plazo y altos intereses, en una deuda de largo plazo y bajos intereses.

La Estrategia de Reducción de la Pobreza, que es ya un documento oficial que el nuevo gobierno está comprometido a ejecutar y que ha aprobado el Banco Mundial, no parece preocuparse por la producción, de la que habla de forma muy general. Su objetivo central es la creación de una red de protección social destinada a aliviar con subsidios la pobreza de la población más vulnerable. La Estrategia no se plantea integrar a los pobres al proyecto económico nacional. Con una mentalidad muy tradicional, se supone que los pobres se irán integrando en la medida en que crezca el sector moderno y grande de la economía.

En el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, por ejemplo, se ha empezado ya a implementar la entrega de un bono escolar de subsidio a las familias rurales pobres que envíen a sus hijos a la escuela. Es una propuesta que, aunque busca ampliar la cobertura escolar, resulta insuficiente. El verdadero reto sería darle a esas familias un apoyo integral, técnico, financiero y humano, para que vayan saliendo de la pobreza.

En educación y salud se espera que el nuevo gobierno dará continuidad al diseño hecho durante el gobierno Alemán, muy centrado en significativas inversiones en infraestructura. En el nuevo gobierno la diferencia la hará una administración más eficiente y honesta. Los nombramientos para los Ministerios de Salud y Educación de dos "pesos pesados", reconocidos por su eficiencia y su honestidad, Lucía Salvo en Salud y Silvio de Franco en Educación, garantizan este necesario giro, que puede ser prontamente visible.

Los primeros pasos dados por la Ministra de Salud, orientados a investigar y sancionar la corrupción generada en torno al abastecimiento de medicamentos en hospitales y centros de salud, y a ordenar con racionalidad, transparencia y sensibilidad social los recursos de los que se dispone muestran un nuevo rumbo. En la educación, dos temas han dominado el debate: la escasa cobertura escolar -a la que el bono escolar busca dar alguna respuesta- y la iniciativa del grupo arnoldista en la Asamblea de proponer que el 6% del presupuesto que el Estado entrega a las universidades a través del Consejo Nacional de Universidades -dominado por el FSLN- se entregue directamente a los estudiantes en forma de becas. El Ministro de Educación ha insistido en la gratuidad de la enseñanza básica, ha expresado gran preocupación por ampliar la cobertura escolar, hoy tan escasa que deja a casi un millón de niños y jóvenes sin escuela, y en llegar a una decisión consensuada en el tema del 6%. Todas estas posiciones muestran también un nuevo rumbo.

Donde la indefinición es mayor es en el terreno de la producción agropecuaria. Existe una contradicción, que no ha salido a la luz pública, entre el pensamiento de Augusto Navarro, Ministro Agropecuario y Forestal, y el pensamiento del equipo económico, dirigido por Mario de Franco, quien dirige también todo el gabinete y es el ministro clave del nuevo gobierno. El enfoque de Navarro es muy similar al de la UNAG y al de la UPANIC. Como "ministro de los gremios", sean estos pequeños, medianos o grandes, Navarro lanzó la idea de crear un banco de fomento para expandir los servicios estatales -financieros y técnicos- en las áreas rurales. Pero esa propuesta es anatema para los organismos multilaterales y para el resto del gabinete económico por lo que supone de incremento del gasto estatal. Ni Bolaños ni nadie en el gabinete han respaldado la idea de Navarro. El enfoque del gabinete económico parece ser el de fortalecer instituciones de "segundo piso" y hacer arreglos con los bancos privados y con las microfinancieras para favorecer el que den préstamos en las áreas rurales de manera directa.

El rechazo a un banco estatal de fomento se basa, en buena medida, en el temor a lo arraigada que está en el campesinado la cultura del subsidio y la reivindicación de la condonación de deudas por razones políticas. Esta cultura tiene bases: durante la revolución, el crédito bancario se usó para subsidiar la producción. Y después de la revolución, muchos proyectos de créditos con fondos revolventes promovidos por ONGs no han sido realmente créditos sino subsidios.

Está pendiente también el destino del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), institución que el Presidente Alemán desgajó del Ministerio de Agricultura para colocarla directamente bajo la Presidencia, con el fin de que la cooperación externa que llegara para el desarrollo rural la utilizara el IDR con fines clientelistas a favor del Partido Liberal. Uno de los programas del IDR que generó más polémica y escándalos por esta razón fue el de la repoblación ganadera con 25 mil vaquillas, financiado con fondos de Taiwan. Además, Alemán puso al frente del IDR a Eduardo Mena, también administrador de sus haciendas y hoy diputado.

La realidad demostró, que más allá de sus promesas, el gobierno Alemán careció de un programa de desarrollo rural, limitándose a administrar, de forma poco transparente y partidista, una colección de proyectos. No sólo eso: la política de desarrollo rural se fragmentó: los recursos los tenía el IDR, la asistencia técnica le correspondía al Ministerio Agropecuario y los asuntos de tenencia de tierra los atendía el Ministerio de Hacienda.

En Nicaragua, la banca privada no atiende a los sectores productivos del campo. El grueso de su cartera de créditos se orienta a financiar el consumo. Un préstamo para comprar un vehículo se consigue con facilidad, pero a un crédito para sembrar papaya para la exportación se le ponen muchos obstáculos y tal vez no se consigue. Hace cuatro o cinco años, el Banco Mundial montó un programa para extender los servicios de la banca privada al campo, entregando a los bancos un subsidio de 30 mil dólares por cada sucursal que abrieran en zonas rurales. Resultado: los bancos aprovecharon la oferta, pero dedicaron esas sucursales a captar el ahorro de la población rural para financiar créditos al consumo en las ciudades, pero sin dar créditos para las actividades productivas, exactamente lo opuesto de lo que pretendía el Banco Mundial.

Tampoco la banca privada de Nicaragua tiene créditos para vivienda, porque son créditos de largo plazo. El BID tiene un sustancial financiamiento previsto para viviendas, y el gobierno ya está negociando con microfinancieras y con bancos cómo llevar adelante su promesa de nuevas viviendas.

En el sector rural es donde la agenda está menos clara y donde el reto es más agudo. ¿Cómo va a hacer el gobierno para incrementar la producción agropecuaria? ¿Cómo se van a financiar las inversiones de largo plazo que el agro necesita si no hay banca estatal y no hay banca privada dispuesta a hacerlo? En algunas zonas del país, las afectadas por la crisis cafetalera y por la sequía, el tiempo no sobra y la situación es dramática: el desempleo, el hambre, la descapitalización de la población y las tensiones que vimos el año pasado no han desaparecido, se han agudizado. Hasta el momento, la única respuesta han sido programas de alimentos por trabajo, pero cuando estos programas finalicen estallarán nuevos conflictos.

Una de las luces para el sector rural está hoy en la ganadería. Nicaragua es un país ganadero que dedica a pastizales gran parte de sus tierras agrícolas y en los últimos años la ganadería se viene recuperando por la demanda que existe en El Salvador de los quesos nicaragüenses. En estos años, la empresa transnacional Parmalat y los intermediarios nacionales han dinamizado el mercado de productos lácteos en el país, especialmente entre los pequeños y medianos ganaderos, que hoy tienen mejores precios para la leche, el queso y la carne. La luz es aún más brillante porque tiene que ver con el largo plazo. La población salvadoreña es muy numerosa, recibe 2 mil millones de dólares anuales en remesas y sus tierras no tienen capacidad para alimentar a todos. Así, los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos de Nicaragua están teniendo ya y tienen en el cercano mercado salvadoreño una respuesta, una salida estratégica. Pensar en salidas similares -que combinen la gran inversión extranjera con la pequeña producción nacional- debe ser pista fundamental por la que caminar hacia un desarrollo más armónico y más auténtico.



En este gráfico se expresa la profundización de la pobreza. Muestra el crecimiento del ingreso per cápita entre 1980 y 2001. Se aprecia un crecimiento inicial tras el triunfo de la revolución, una caída sostenida desde 1984 a 1993, años de intensificación de la guerra y primeros años de la transición a la paz. En 1994 se inicia la recuperación y la reactivación económica. Hasta entonces y durante diez años, el ingreso de la población cayó año tras año, teniendo una caída espectacular en 1988, año del llamado "ajuste sandinista", cuando comenzaron a implementarse políticas de devaluación y de reducción del déficit fiscal. Entre 1994 y 2000, el ingreso per cápita creció todos los años. Pero entre 2000-2001, y por primera vez en siete años, el ingreso por habitante volvió a caer, expresión cruda de los costos que tuvo el polémico final del gobierno Alemán y el tenso año electoral.



En cualquier estrategia de desarrollo, un aspecto medular es aumentar el ingreso de la población. Que esto suceda depende de dos factores: de cuánto crece la economía y de cuánto crece la población. En Nicaragua no sólo el crecimiento de la economía ha tenido grandes obstáculos -lo que se expresa en las altas tasas de desempleo abierto y de subempleo que aún se mantienen- y ha sido lento, sino que la alta tasa de crecimiento demográfico que prevalece, una de las más altas de América Latina, constituye un problema estructural grave. Entre 1990-1995 la población creció a un ritmo del 3% anual. En 1996, y tras el procesamiento del censo de 1995, se afinó la cifra estableciéndose la tasa de crecimiento demográfico en 2.8% anual. Según el último estudio del FNUAP, las mujeres nicaragüenses tienen como promedio cuatro hijos. A la par de este crecimiento poblacional, el producto interno bruto mantuvo un crecimiento negativo hasta 1993. A partir de 1994 comenzó a crecer. Sin embargo, si en 1994 la economía empezó a crecer y lo logró en un 3.3%, la población creció un 3%, lo que significa que el ingreso por habitante creció solamente un 0.3%. Cualquier programa que aspire a reducir la pobreza en plazos breves obliga a reducir la tasa de crecimiento demográfico. Naturalmente, éste es un desafío que en Nicaragua tiene muchas implicaciones culturales y religioso-morales. El poder de la jerarquía católica es evidente y es previsible que el nuevo gobierno no quiera conflictos en esta dirección. Algunas noticias hablaron de que los obispos de Nicaragua preparaban una declaración contra los organismos internacionales, ya que éstos estarían incluyendo entre sus condiciones para Nicaragua campañas de control de la natalidad. ¿Una zancadilla más de los arnoldistas contra los bolañistas?

En cuanto al PIB por habitante, en 1990 era de 454 dólares anuales. Once años después es de 484 dólares. ¡Once años después de terminada la guerra y once años después de que el país recibe en promedio 500 millones de dólares anuales en cooperación externa, el ingreso de cada nicaragüense ha crecido sólo en 30 dólares! Sin olvidar que esta cifra expresa una realidad matemática, ya que lo de "cada nicaragüense" abarca a moros y a cristianos, a ricos y a pobres, y sólo establece un promedio artificial que no refleja la distribución de los ingresos, que es actualmente profundamente inequitativa. En los balances internacionales, se calcula que para reducir efectivamente la pobreza de un país, éste tiene que crecer a tasas del 7% anuales, y aún más altas. Durante la reactivación de los últimos siete años Nicaragua creció en promedio a tasas del 4.5% anual. Mario Arana, Secretario Técnico de la Presidencia y Coordinador de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el nuevo gobierno, declaró que esa Estrategia descansa precisamente en incrementar el ritmo del crecimiento económico, que el nuevo gobierno calculó inicialmente en 5.5-6% anuales en los próximos años, pero que hoy calcula en un 5% anual.



Hasta cuánto se puede reducir el déficit fiscal será punto clave en las negociaciones entre el gobierno y el FMI. Desde 1980 hasta hoy el déficit ha sido alto, superando niveles del 20% durante todos los años más intensos de la guerra, cuando la mitad del presupuesto nacional se dedicaba a gastos militares. Hubo un primer esfuerzo de reducción, que resultó brutal, en 1989, como consecuencia del "ajuste sandinista", cuando se produjo la "compactación" del Estado y las primeras reducciones en el Ejército. En 1990 el déficit se volvió a disparar. Tuvo que ver con el fenómeno de "la piñata" y con un relajamiento generalizado de todos los controles del gasto estatal. Después, se vuelve a dar una reducción importante en 1991, que coincide con el ajuste del gobierno Chamorro, cuando se logra frenar la hiperinflación. En 1994 el déficit vuelve a crecer al fracasar el primer acuerdo ESAF firmado con el FMI y Nicaragua queda bajo un "Plan Sombra", relajándose de nuevo la disciplina fiscal del gobierno. En 1998, primer año del acuerdo ESAF firmado entre el gobierno Alemán y el FMI, el déficit fiscal fue inferior al 5%, el más bajo de los últimos 22 años. Pero ya en 1999 el déficit vuelve a dispararse. Tuvo que ver con la emergencia provocada por el huracán Mitch y con que los organismos financieros internacionales le dieron ciertas "licencias" al gobierno para relajar la disciplina fiscal y así poder enfrentar los gastos extraordinarios que provocó el Mitch. En el año 2000 Nicaragua incumplió el acuerdo con el FMI permitiendo que el déficit superara las metas planteadas. En el año 2001 el déficit creció aún más. Ahora, el FMI aspira a que Nicaragua recupere un déficit inferior al 5%, lo que significaría reducirlo a más de la mitad, una muy drástica reducción del gasto público. Aunque de acuerdo en esta reducción, y sin diferir en las cifras, el gobierno aspira a una reducción gradual. La diferencia la pone en el ritmo de la reducción.



Una gran preocupación en el terreno económico es el déficit comercial, la amplia brecha que existe entre las ganancias por exportaciones y los gastos por importaciones, ahondada en gran medida por la crisis que arrastra el sector productivo nacional. En los años de la revolución el déficit comercial era de un 10%. Nicaragua compraba sólo un 10% más de lo que vendía. Con la guerra comenzó a profundizarse el déficit, y ya en 1988 el país compraba 30% más de lo que vendía. Once años después del fin de la guerra, el déficit se ha incrementado hasta llegar a un punto estratosférico, alcanzando en 1999 más del 50%. Es el déficit comercial más grande de América Latina en términos porcentuales. Comprando en el exterior más del 40% de lo que vende en el exterior, Nicaragua no podría sobrevivir sin las enormes dosis de oxígeno externo que recibe a través de préstamos y donaciones de la cooperación internacional y de las remesas de sus emigrantes en Costa Rica y Estados Unidos.





Nicaragua debe hoy 6 mil 700 millones de dólares en concepto de deuda externa. Es el país con una deuda per cápita mayor en América Latina, y seguramente en el mundo. En 1990, Nicaragua apenas pagó 53 millones por su deuda externa. En 1991 "pago" más de 600 millones. Era el cambio de gobierno. Y fue la comunidad donante quien realmente los canceló. Este "favor" puso al día a Nicaragua con los organismos internacionales. En 1997, cuando el entrante gobierno Alemán no logró firmar un acuerdo con el FMI, Nicaragua pagó más de 350 millones, la cuarta parte del presupuesto. En aquel momento, el conflicto principal entre el gobierno y el FMI era mantener o no el Banco Nacional de Desarrollo. Después de firmado el segundo acuerdo con el FMI, el pago se fue reduciendo significativamente y Nicaragua ingresó el año 2000 (punto de decisión) en la Iniciativa para Países Pobres y Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Esto redujo el pago de intereses a 140-160 millones. El gobierno Bolaños espera reducirlo aún más con la entrada plena de Nicaragua (punto de culminación) en 2003 en la HIPC, donde se le condonará el 80% de la deuda.

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