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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 238 | Enero 2002
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Guatemala

Alfonso Portillo: vivir de apariencias, callar las realidades

Dos lenguajes. Dos países. Por un lado, la retórica satisfecha del Presidente Portillo, un playboy político. Y por el otro, la crítica de la clase empresarial y la desesperación escéptica de las mayorías. Hay que superar las apariencias para llegar a tocar la realidad.

Juan Hernández Pico, SJ

Ha pasado ya la mitad del período presidencial de Alfonso Portillo. En los periódicos las noticias de la corrupción se suceden con vertiginosa rapidez. Cuando se ausculta la opinión pública, la preocupación por la corrupción ocupa aún un lugar bastante bajo (8% según Vox Latina en enero 2002, 5% según F. Noguera en octubre 2001. Para el Presidente Portillo, "en el país no hay crisis".

La empresa privada y los grandes rotativos afirman que habla de un país ficticio, del país de sus ilusiones, mientras "estamos revolcándonos en nuestras penas y decadencias". La opinión pública señala el desempleo y el estado de la economía como los más preocupantes problemas (entre los dos 60% según F. Noguera y 51% según Vox Latina).

"Me siento satisfecho"

Impresiona la rotación en los ministerios. Prácticamente la mitad del gabinete (6 de 12 ministros) es nuevo después de dos años. Al frente de cuatros ministerios ha habido ya tres ministros y al frente de otros tres, dos. En Gobernación, Finanzas y Comunicaciones ha renunciado un ministro envuelto en escándalos de incompetencia, sobornos, manejo indebido de fondos y tráfico de influencias. Con todo, el Presidente afirma que la mayoría de sus ministros no son corruptos y son eficaces. Y como balance de sus dos años, de gestión, Portillo proclama que su gobierno ha conseguido "liberar la política": el Estado ya no está capturado por los poderes fácticos y tradicionales.

Su opositor más publicitado, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio y líder del paro nacional del 1 de agosto 2001 en protesta contra el paquete impositivo que incluía el aumento del IVA al 12%, opina que "la incapacidad, la corrupción y el enfrentamiento han creado un ambiente de desánimo y temor en la sociedad". Portillo enfatiza que en estos dos años su principal logro ha sido "la consolidación y maduración de nuestro sistema democrático", mientras Briz asevera que "lo más desafortunado es que se utilicen recursos públicos para destruir la institucionalidad y la democracia". Dos lenguajes. Se diría que dos países. La cuestión está en si se superan las apariencias y en esta divergencia se llega a tocar la realidad.

Si la realidad estuviera reflejada en las encuestas, según Vox Latina, la misma empresa encuestadora que acertó el resultado de las pasadas elecciones de Guatemala, hoy un 82% no aprueba el gobierno de Portillo, 93% no volvería a votar por él, 88% afirma que el gobierno trabaja mal, 93% no confía en el FRG, el partido oficial, y 92% no confia en Ríos Montt, su líder. En la encuesta de F. Noguera, 70% piensa que el gobierno de Portillo no está implementando un plan de gobierno. Es decir, que su actuación es caótica.

En una entrevista a Prensa Libre, publicada el 20 de enero, seis días después de haber entregado al Congreso su informe anual, el Presidente afirmó: "Respecto de cambios que podríamos hacer, creo que ya hicimos los suficientes. Me siento satisfecho porque hice lo que siempre soñé desde que era estudiante: lo fiscal, lo financiero, lo laboral, lo educativo, y toqué esas áreas importantes".

¿Satisfecho con "lo fiscal"?

Definitivamente, el Pacto Fiscal fue, como lo dijimos en envío en un análisis del año 2000, "un paso de gigante" para el país. Hay que decir que el Pacto Fiscal fue un logro de la Comisión de Acompañamiento para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Con gran poder de convocatoria, la Comisión reunió a múltiples instancias de la sociedad civil y, a última hora, también a los altos personeros del Estado. A final de mayo se firmó el Pacto, "lo más cercano -escribimos entonces- a un Pacto Social", si bien no era clara ni la representatividad de las organizaciones que lo elaboraron ni la voluntad política del gobierno ni la voluntad social de los poderosos empresarios del CACIF.

El 20 de junio se firmó un Acuerdo en la Comisión de Seguimiento para concretar la parte tributaria del Pacto y ya entonces ese acuerdo no iba a fondo en la transformación de la estructura tributaria. El entonces Ministro de Finanzas, Manuel Maza, quien renunció más tarde envuelto en el escándalo de "los bancos gemelos", presentó al Congreso un paquete impositivo diferente del acordado, después de que el Vicepresidente Paco Reyes formó su propia comisión de negociación, ladeando a la de Seguimiento.

Al final, todo desembocó en una ley de la que se hicieron desaparecer en última instancia, después de haber sido aprobada en el Congreso, los aumentos votados a los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y gaseosas, en lo que se conoció como el "Guarogate". Mientras tanto, todas las declaraciones de los diputados del FRG de que no se iba a aumentar el IVA porque no se quería dañar al pueblo de Guatemala ya que no se había alcanzado un crecimiento sostenido del 6% del PIB, fueron desmentidas: un año después el IVA subió del 10 al 12%.

Es cierto que, junto con el aumento del IVA, el Congreso votó otro paquete impositivo que afectaba a los rendimientos empresariales, a los combustibles y de nuevo a las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como a las sanciones penales contra los evasores. Pero, en octubre 2001, el Fiscal encargado del "Guarogate" solicitó al juez de primera instancia que sobreseyera el caso por falta de pruebas y el juez le hizo caso. Los 24 diputados a quienes se les había retirado la inmunidad parlamentaria, quedaron así libres de polvo y paja.

Un sinnúmero de asignaturas pendientes

"Lo fiscal", como dice el Presidente Portillo, ha sido caballito de batalla de su Presidencia. Por lo que toca a la carga tributaria -el porcentaje del PIB que representa la recaudación de impuestos legalmente debida- se va acercando ya al 11%, no lejos del 12% debido según los Acuerdos de Paz. Este resultado, sin embargo, se ha conseguido de forma anárquica, dando ocasión a la queja empresarial de que las reglas de juego cambian continuamente y el Estado no da certidumbres a la economía.

Faltan resultados en las demás dimensiones del Pacto Fiscal: la planificación más racional del gasto público, la recaudación más eficaz de los impuestos, su uso más honesto, transparente y eficiente, la elaboración dialogada del presupuesto, y según los Acuerdos de Paz, la reactivación económica y la abierta evaluación periódica de todo el proceso. Todas son asignaturas pendientes.

De todo ello son prueba los contratos con tráfico de influencias y sin ejecución cabal del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura Vial, el escándalo de desviación de fondos en el Ministerio de Gobernación, la falta de ejecución presupuestaria de la mayoría de las dependencias del Ejecutivo, y las transferencias no programadas al Ministerio de Defensa que elevan entre un 30 y un 50% el presupuesto programado, el problema del Ministerio de Finanzas que se queda sin fondos dos meses antes de fin de año, así como el presupuesto del 2002, en donde se recortan los fondos del Organismo Judicial, no se aumentan los fondos de Educación y Salud, y se aumenta en cambio las asignaciones nominales al Ministerio de Defensa, todo en contra de los Acuerdos de Paz.

¿Satisfecho con "lo laboral"?

En "lo laboral" puede enorgullecerse Portillo de haber logrado que el Congreso aprobara la incorporación a la legislación nacional de los Convenios de la OIT que, entre otras cosas, conceden el derecho de huelga a los trabajadores organizados del campo.

Por lo que toca a las alzas de salarios, el tema ha sido y es muy controvertido. En general, la empresa privada ha recibido con indignación y desánimo las sucesivas alzas a los salarios mínimos urbano y rural, realizadas por decreto presidencial. Alegan que toda alza no concertada lleva más a la pérdida de puestos de trabajo que al bienestar de un mayor número de trabajadores y a la creación de empleos, sobre todo en la desaceleración del crecimiento económico por las que atraviesa Guatemala. La verdad es que en las mesas tripartitas de negociación no se llegó a acuerdos y en este caso es al Presidente a quien constitucionalmente le corresponde decidir. Los decretos presidenciales encolerizan a los empresarios y no contentan a los trabajadores.

Salarios mínimos que no cubren "lo básico"

Los salarios mínimos, por otro lado, están tan bajos respecto de los costos de una canasta básica, que los aumentos decretados por el Ejecutivo logran tal vez cubrir la pérdida de valor adquisitivo ocasionada por la inflación, pero la base desde donde se hace el aumento continúa siendo totalmente insuficiente. La canasta básica vital (alimentos, vestuario y calzado, vivienda, salud, transporte, recreación, educación, etc.) para una familia de cinco personas -son más en una mayoría de los núcleos familiares- fue calculada por el Instituto Nacional de Estadística para octubre 2001 en 2,309 quetzales (289 dólares) mensuales. La canasta de sólo los alimentos, en 1,265 quetzales (158 dólares). El salario mínimo rural ha quedado en 825 quetzales (103 dólares) y el urbano en 900 quetzales (112.50) dólares. Sólo con dos personas que trabajen en el núcleo familiar y a quienes se les pague el salario mínimo, se puede financiar la canasta de alimentos para escoger luego qué otras necesidades se van a preferir y cuáles tendrán que dejarse pendientes.

Según PNUD-Guatemala 2001, el desempleo es muy bajo en el país (2% en 1998). Estas cifras no reflejan la desaceleración de la economía desde 1999 y la gran crisis cafetalera. En las encuestas recientes, una de las preocupaciones mayores de la población está concentrada en el empleo. Teniendo en cuenta todo este marco, "lo laboral" es mucho más complejo que lo que el Presidente Portillo deja entrever.

¿Satisfecho con "lo educativo"?

El Presidente está también satisfecho con "lo educativo". El presupuesto del Ministerio de Educación ocupa el primer lugar en las asignaciones presupuestarias, y es 12% del total del gasto público. Con otros aportes a la educación que hacen otros Ministerios, el gasto público en este rubro llegaría al 15% del gasto público total. Pero con este gasto público en educación apenas se alcanza el porcentaje del PIB al que debería llegar según los Acuerdos de Paz. Con el 2.65% en el año 2002, el país queda aún muy lejos de las cifras de más del 5% del PIB que Costa Rica o Panamá asignaban a educación en sus presupuestos ya en 1997, estando también lejos de las actuales de Nicaragua y de Honduras, sin llegar tampoco a las de El Salvador.

El Ministerio de Educación es la única dependencia estatal cuya actuación está siendo juzgada favorablemente en las encuestas de opinión pública por más de la mitad de los encuestados. Ni sobre el Ministro ni sobre los dos Viceministros ha caído la sombra de la corrupción. Sí se han visto envueltos en fuertes polémicas a propósito de la obligatoriedad decretada para todos los alumnos y alumnas de quinto año de secundaria de participar en el Programa Nacional de Alfabetización, así como por la falta de pago a los maestros del Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo, vigente sobre todo para primaria y en zonas indígenas.

El gobierno ha hecho un esfuerzo grande en la investigación de la reforma educativa. Para Demetrio Cojtí, doctor en comunicaciones y Viceministro de Educación, de identidad indígena, los logros en educación han de verse en "la alfabetización, la generalización de la enseñanza bilingüe y la universalización de la primaria". Según el PNUD, sin embargo, todavía "en el año 2000 tomaba en promedio nueve años cursar la primaria, lo que aumentaba los costos en un 52%". Sin hablar de la ineficiencia en los cursos básicos y los "castigos" al presupuesto universitario.

Así, "lo educativo" es, también más complejo de lo que el Presidente Portillo quiere hacer ver, en un mundo en que el mayor capital de un país y de las personas está en el nivel y la calidad de su conocimiento e información.

¿Satisfecho con "lo financiero"?

Portillo habló entre sus logros de "lo financiero". A qué se refiere exactamente no está claro. El Presidente afirma que "han pasado 60 o 70 años y el país no tenía un gabinete económico eficiente como el que tiene este gobierno". Afirma también que él intervino "los bancos gemelos" de su amigo y financiero de su campaña Francisco Alvarado. "¿Qué presidente en América Latina interviene los bancos de quien es su amigo y le apoyó en su campaña?", dice. Realmente, los mencionados bancos fueron intervenidos por el Superintendente de Bancos y por el Presidente del Banco de Guatemala, que gozan de gran autonomía, y Portillo no ha hecho gran cosa para reclamar el enjuiciamiento de su amigo banquero.

Probablemente, Portillo está hablando de las cuatro leyes que en el terreno financiero ha presentado al Congreso de la mano de uno de sus más estables y sagaces colaboradores, precisamente el Presidente del Banco de Guatemala Lizardo Sosa. Se trata de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley de Supervisión Financiera y la Ley Monetaria. Todas ellas, lo mismo que la elevación de la tasa del IVA como supuesto mejor medio para alcanzar el 12% de la carga tributaria, son condiciones de la comunidad internacional para seguir contribuyendo con el Estado de Guatemala en la financiación de los Acuerdos de Paz. Es evidente que la entrada en el negocio de la banca de entidades con muy poco capital fundacional, la inestabilidad creada por las financieras, la actuación irresponsablemente especulativa de varios bancos, las fugas fraudulentas de capitales, los autopréstamos de sus propietarios mayoritarios para sus propias empresas, etc., etc., exigen una modernización del sistema financiero que lo haga más capaz de promover el desarrollo del país y lo someta a una vigilancia que proteja más eficazmente a ahorristas e inversionistas.

Bloque Nacional de Oposición

El Presidente habla de leyes que aún están en el aire. La Ley de Bancos puede ser aprobada por la mitad más uno de los votos y el FRG puede aprobarla en el Congreso, pero las otras tres leyes necesitan de una mayoría de dos tercios y el FRG depende de los votos de los diputados de oposición para aprobarlas. Las bancadas de la oposición se han negado a votar esas leyes. Ni siquiera la defensa que en el Congreso hicieron de esas leyes los delegados en Guatemala del FMI, del BM y del BID ha podido convencerlos. Hartos, según dicen, de la prepotencia del FRG, que legisla inconsultamente con su amplia mayoría absoluta, han decidido hacer valer sus imprescindibles votos. Ponen también en duda que sea oportuno y conveniente facilitar a este gobierno la contratación del préstamo de 400 millones de dólares del BM-BID a cambio de las leyes, dada la corrupción y el posible despilfarro con un gasto público incontrolado.

La iniciativa de un "bloque nacional de oposición" fue promovida por Alvaro Colom, secretario general del partido en formación Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien ya fue candidato de una coalición de izquierda en las pasadas elecciones y pretende encabezar una coalición mucho más amplia en el 2003. Desde este nuevo bloque se pide que el FRG acepte a cambio negociar con la oposición la Ley de Probidad y la modificación de la Ley de la Contraloría Nacional, orientadas contra la corrupción estatal y privada. Como se ve, "lo financiero" es más complicado y más trascendental de lo que el Presidente muestra como logro de su gobierno.

¿Apariencias o realidades?

En su discurso del 14 de enero ante el Congreso, resumen de su informe anual, el Presidente habló de otros logros. El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. La ruptura de los monopolios del cemento, la harina, el pollo, el azúcar, y los fertilizantes. La inversión en vivienda e infraestructura vial y telefónica. La distribución de tierras. La atención en alfabetización a 350 mil personas. La ampliación de la cobertura de los servicios de salud a 9 millones de personas. La recalendarización de los Acuerdos de Paz. El reconocimiento de responsabilidades del Estado en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La búsqueda de conciliación y el resarcimiento a las víctimas.

No vamos a balancear pros y contras en cada uno de estos "logros". En todos ellos, la pregunta básica es si el Presidente Portillo lucha por las apariencias o trabaja arduamente en la realidad. Un sólo ejemplo en el tema de la alfabetización: dos semanas después del discurso presidencial, fuentes del Ministerio de Educación informaron que en el proceso de alfabetización participaron 384,720 personas, y que "fueron promovidas" 182,573, quedando en proceso de aprendizaje otras 12,417, cifras de mayor verosimilitud que las "350 mil" del discurso del Presidente.

"Desde niño dije que sería Presidente"

Al Presidente se le escucha con preocupación decir, cuando aún tiene por delante dos años de gobierno, que ya hizo los suficientes cambios y que se siente satisfecho. En entrevista de enero al diario Siglo XXI, le preguntaron si ha pensado en renunciar, en los momentos más difíciles. Contesta: "Nunca, lo único que han hecho las emociones es subirme la adrenalina, pero esto lo busqué yo; desde niño dije que iba a ser Presidente de Guatemala, y conforme fui creciendo me convencí de que sería difícil gobernar." Portillo se asemeja a un playboy político. ¿Quería únicamente ser Presidente de Guatemala o quería trabajar ardua e imaginativamente todos los días de su Presidencia sin tirar la toalla?

El Presidente parece pensar ya en su salida. "Hoy empieza la etapa en que pierdo poder porque se empieza a mover el próximo gobierno y los partidos empiezan a perfilar sus candidatos, a trabajar en el interior". Así, Portillo esta prácticamente renunciando a dos años de su gobierno, aunque en Guatemala la campaña en sentido lato no empieza antes de febrero o marzo del cuarto año. ¿Lo que le ha dado vida en estos dos años no habrá sido únicamente la confrontación, la lucha grandilocuente contra el poder económico que tradicionalmente ha impuesto su voluntad en Guatemala.?

Contra "la supercúpula económica"

En el equipo de Portillo no hay ni miembros de las familias tradicionales de la oligarquía ni altos ejecutivos de la cúpula empresarial. Tampoco están en el FRG. Sí hay empresarios que han hecho su fortuna en épocas recientes, como el Vicepresidente Paco Reyes, cuyo padre la hizo en el transporte con camiones a través de las fronteras con México y los Estados Unidos. Y hubo también amigos banqueros y empresarios de importación de carros de lujo, como Alvarado, cuyos dos hijos fueron secretario y gerente de la Presidencia. Han rodeado a Portillo algunas gentes relativamente nuevas en el mundo de la gran actividad económica. Portillo afirma que su gobierno es aliado de los empresarios que pagan salarios dignos, pagan impuestos, y repudian y denuncian a los empleados corruptos. Con los otros, a los que Portillo llama "la supercúpula económica", ha entablado una confrontación que parece radical. Pero ¿lo es en la realidad o en las apariencias?


Ataques, respetos y desplantes

Afirma el Presidente que lo que le ha "impedido dedicar más tiempo a gobernar es el estarme defendiendo de tanto ataque y hostigamiento" de aquellos cuyos intereses están a salvo, cuya situación "no es grave", de donde han venido los ataques, "los intentos de desestabilización" "Ellos -dice Portillo- no tienen una cultura democrática, les interesan sus negocios y su capital. Yo los respeto. Lo que no respeto y me voy a enfrentar a ello es que quieran imponer sus intereses particulares a los de la nación, que porque la democracia no les beneficia hay que romperla".

Y cuando le recuerdan estos empresarios que el CACIF puede volver a convocar a un paro nacional como lo hizo en agosto pasado, en lugar de hablar sobriamente y mencionar la posibilidad del diálogo al que había convocado para enero, Portillo responde como un gallito de pelea, al estilo del estereotipo del "oriental" guatemalteco: "El Estado tiene instrumentos legales y políticos para hacer más grave el paro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si paran ellos? ¡Vamos a parar todos, pues! No sale ni entra ningún producto a Guatemala durante el tiempo del paro. ¿Quién pierde? Ellos tienen fechas de entrega, necesitan insumos. ¿Vamos a parar el país? ¡Parémoslo, pues!" Pero el Presidente se traiciona. ¿Quién pierde si llegara a ejecutar el contenido de este desplante? Obviamente, perderían los intereses particulares de los empresarios, pero tanto o más perderían los intereses de la nación y el pueblo.

¿Quién mueve los hilos?

Al Presidente le pueda interesar más su guerra con la supercúpula económica que la realización eficaz y serena, concertada y fecunda, de los Acuerdos de Paz y de los mejores planteamientos para acompañar su cumplimiento, como, por ejemplo, el Pacto Fiscal. Aún más problemático: le pueda interesar, y le ha interesado, en sus dos primeros años, la guerra de palabras altisonantes más que la confrontación en los hechos. Y esto porque tiene, desde que empezó a gobernar, menos control sobre los hechos de lo que el organigrama político del país sugeriría, y sería en realidad el Vicepresidente Reyes, como segundo del General Ríos Montt, quien estaría moviendo los hilos reales del gobierno y del poder.

Periodistas y analistas nicaragüenses han comparado la dupla Portillo-Ríos Montt con la actual dupla nicaragüense Bolaños-Alemán. La diferencia sólo podrá establecerla al tiempo. Portillo dice estar acabando y Bolaños apenas está comenzando.

La empresa privada ha entrado en la batalla

La empresa privada y su organización gremial más importante, el CACIF, con algunos de sus líderes más visibles -Jorge Briz (Cámara de Comercio), Dionisio Gutiérrez (Grupo Gutiérrez con el Pollo Campero a la cabeza, además de conductor del programa de Televisión Libre Encuentro, el único de análisis político), y Alvaro Castillo Monge (Grupo Cervecería Nacional y presidente y columnista del diario Siglo XXI), han entrado desde el comienzo en la batalla.

La escaramuza más dura la dieron alrededor del aumento de los impuestos. El 1 de agosto lograron paralizar el comercio prácticamente en todo el país y reunir en las calles a gente de varios orígenes sociales. El Vicepresidente Reyes tiene pendiente un antejuicio en los tribunales y en el Congreso por ser el presunto autor de la orden de imprimir y diseminar en la Capital miles de hojas volantes denigrando a Jorge Briz después del exitoso paro. Cuando el Presidente amenazó con publicar los nombres de las empresas que habrían evadido mil millones de quetzales al fisco, el Presidente del CACIF, Felipe Bosch, del Grupo Gutiérrez, anunció enseguida la decisión de ese gremio empresarial de no asistir al diálogo convocado por el Presidente.

La hambruna y un error simbólico

Cuando con más efectividad la empresa privada libró su batalla fue inmediatamente después del paro nacional se descubrió la hambruna desencadenada por la sequía en varios municipios del departamento de Chiquimula: Jocotán, Camotán y Olopa. Los empresarios organizaron una operación de solidaridad que reunió a un comité de ese nombre, al Club Rotario y a dos Fundaciones privadas. Las fotos de hambrientos y desnutridas inundaron las primeras planas. Y mientras las bodegas de "Solidaridad" llenas de alimentos y los camiones descargaban comida en las aldeas, y se anunciaban los proyectos de la empresa privada para diversificar la producción en la zona para dejar de depender de la economía de subsistencia, el Estado sólo fue capaz de alegar que "hambre en Guatemala siempre ha habido".

Es cierto que en Guatemala siempre ha existido el flagelo del hambre porque siempre ha existido una situación estructural de extrema pobreza y de gran desigualdad en el acceso a la educación y al desarrollo. Y es cierto que la empresa privada guatemalteca no se ha distinguido por su interés en procurar mayor equidad en la sociedad de este país. Pero no deja de ser menos cierto que el Estado, al menos en sus órganos Ejecutivo y Legislativo, mostraron una gran insensibilidad frente a la reciente hambruna "Se le cuestionó por no haber visitado el área más afectada", le dijeron a Portillo, y él respondió: "Es simbólico. Tal vez lo debí hacer. Yo cuando me equivoco lo acepto." Y añadió que por eso iba a inaugurar el ciclo escolar 2002 en uno de los municipios afectados por la hambruna "Como símbolo de que sí me preocupa esa área". Aunque es loable el reconocimiento de su error, tal vez ilumine aún más la razón para no ir su incapacidad de llegar como segundo a donde la empresa privada había llegado de primera. Porque el Presidente da la batalla de las apariencias.

Por primera vez ante un Estado fuerte

¿Por qué la empresa privada ha aceptado de forma tan pública el guante en esta pelea? En muchas otras ocasiones ha peleado en la sombra por sus intereses. Parecen varias las razones. No está acostumbrada a tener frente a su poder -frente al mercado- un Estado fuerte. Y la nueva estructura impositiva, aunque hoy esté siendo devorada en parte por la corrupción y derrochada por la incompetencia, tiene la potencialidad de hacer del Estado guatemalteco, por vez primera en su historia, un Estado fuerte, y ya no sólo por las armas de su Ejército, sino por el monto de ingresos mejor recaudados y por el peso de una ley que podrá enjuiciar penalmente, condenar con penas más severas y encarcelar a los evasores.

El Estado guatemalteco ha sido tradicionalmente -con toda su relativa autonomía- un Estado de las clases pudientes. El Presidente Portillo tiene razón cuando avisa que las políticas del gobierno están liberando al Estado "de los poderes fácticos y tradicionales", si bien su Gobierno esté desperdiciando esa liberación -incipiente y potencial- con corrupción e incompetencia.

Asqueados de la corrupción y de la incompetencia

La segunda razón de los empresarios puede ser la repugnancia de no pocos círculos empresariales ante los niveles de corrupción y de incompetencia del actual gobierno. Hay un cierto ethos empresarial que, una vez puestas las reglas del juego, encuentra en su honesto cumplimiento un timbre de honor. Otro ethos -aún inexistente- sería que la empresa privada privilegiara reglas que favorezcan el bien común. Hay entre el empresariado temor al triunfo de las mafias y del capital delincuencial que esconde sus tentáculos detrás de nuevos ricos inescrupulosos o de poderosos ex-militares quebrando negocios rivales.

Tiene razón el Presidente cuando recuerda a la empresa privada que "la corrupción y falta de transparencia no son monopolio del Estado", que la disposición a la corrupción no se hace efectiva sin la oferta de soborno, y que también se manipulan las contabilidades de las empresas. La política italiana, por poner un solo ejemplo, muestra lo primero, y la quiebra fraudulenta de la empresa ENRON en Estados Unidos. La brutal crisis argentina ejemplifica ambas situaciones, además de ser una pertinente acusación contra las políticas del FMI y del BM.

Ofendidos y preocupados por el lenguaje presidencial

La tercera razón de los empresarios puede ser la más significativa. La empresa privada percibe como peligroso el lenguaje del Presidente. Aunque en su discurso anual afirme que su gobierno "no promueve una política antiempresarial", no deja de ser evidente su intento de deslegitimar a la "supercúpula económica", acusándola de carecer "de una cultura democrática", de querer "imponer sus intereses particulares a los de la nación" y de ser gran evasora de impuestos. La empresa privada se ofende con este lenguaje. Sobre todo, percibe que, repetido una y otra vez en la boca del Presidente, este lenguaje puede acabar minando la propia hegemonía empresarial en el país, esa fuerza cultural que hace que la gente vea como normal y legítimo el orden establecido que favorece a los empresarios, tanto en la economía como en la política.

En este terreno sí importan las apariencias. De esas apariencias está hecho, por ejemplo, el populismo, una forma de gobierno que, sin ser revolucionaria, puede ser una bomba de tiempo cuando -sobre condiciones de gran sufrimiento, de gran explotación y de falta de participación- se siembran expectativas que quedan luego contradichas en la realidad. Tal vez por todo esto ha entrado la empresa privada guatemalteca con tanta fuerza en la batalla por las apariencias.

Crudas realidades contra las apariencias

Por debajo de las apariencias corren las realidades: la falta de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el potencial surgimiento de un Estado autoritario, la reconquista por el Ejército de puestos en el Estado, la solidez del muro de la impunidad, la permanencia de las fuentes de la corrupción en la incompetencia y, a juicio de no pocos, la sombra de la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo, con la neolegitimación de los mecanismos de inteligencia militar y la sospecha que entinta de fundamentalismo a las etnias y empieza a presagiar la guerra entre ellas.

La presencia en el Ministerio de Gobernación de un General de División, retirado después de acabar de ser Ministro de la Defensa, puede ser un indicio de lo peor si este hombre está vinculado con la crema y nata de los militares retirados corruptos que parecen seguir dominando desde fuera al Ejército y a sus nombramientos y ascensos. Podría tener un significado banal si este hombre no estuviera vinculado a "la Cofradía" y su nuevo puesto fuera sólo un nombramiento que hace el Presidente de un General, que es como él zacapaneco y compañero de juegos infantiles, y que le merece confianza como uno de sus pararrayos contra golpes militares.

Sin embargo, nombramientos de militares retirados hablan de una peligrosa militarización, al menos, en la seguridad del país, que es contraria a la letra y al espíritu de los Acuerdos de Paz. Las continuas interferencias con las fechas para el juicio oral de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack y el sobreseimiento de los diputados que alteraron la ley de impuestos a bebidas alcohólicas, hablan de la terquedad y sagacidad que serán necesarias para hacer retroceder a la impunidad.

Foro Guatemala: "Nuestra última oportunidad"

En agosto, surgió en la capital el Foro Guatemala. Lo coordinan los Rectores de las Universidades Nacional de San Carlos y Rafael Landívar. En el Foro participan organismos de estudios académicos y de investigación, organizaciones de estudiantes universitarios, organizaciones de derechos humanos y pro justicia, la Conferencia Episcopal de Guatemala y la Confederación de Iglesias Evangélicas, organizaciones sindicales, el CACIF, y no pocas otras agrupaciones de la sociedad civil.

El objetivo inicial del Foro Guatemala ha sido fomentar el diálogo al interior de la sociedad civil. Un objetivo posterior, alcanzado un cierto nivel de unidad y convergencia, sería abrir un diálogo con el Estado. El Foro Guatemala ha trabajado posiciones convergentes sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos aún en proceso, sobre los criterios para la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral, sobre la reactivación de la economía, etc., y se ha convertido en un grupo de presión bastante respetado, aunque sólo un 3% de la población haya oído hablar de él según la encuesta de F. Noguera. Secretario del Foro es el secretario del CACIF. De ahí que no pocas veces haya entre la gente una cierta percepción de que es el CACIF el que está influyendo prevalentemente en el Foro, y un temor de que esa percepción sea real.

A pesar de todo, el diálogo entre una parte de la sociedad civil y el Estado es, como dice el Doctor Poitevin, sociólogo y actual Vicerrector de la Universidad Rafael Landívar, "nuestra última oportunidad para establecer las bases de un entendido político y del desarrollo a mediano plazo. Y no es la oportunidad del Gobierno, del FRG o del Presidente Portillo, sino del proceso democrático."

Hablan los obispos: "El cáncer de la corrupción"

Con ocasión de la elección de su nueva directiva, en la que el nuevo Arzobispo de Guatemala, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño fue electo presidente, la Conferencia Episcopal publicó el 25 de enero un comunicado con el título "He visto el sufrimiento de mi pueblo".

"Millones de guatemaltecos sufren desde hace mucho tiempo las consecuencias de vivir en una sociedad tremendamente injusta y excluyente." Después de este comienzo, los obispos se refieren a la pobreza de más de la mitad de la población, que contrasta con el hecho de que "unas dos mil familias tienen un ingreso de casi dos millones de quetzales al año". Denuncian la disminución presupuestaria de algunos servicios sociales, "mientras se ha aumentado el presupuesto para el Ejército". Hablan del "cáncer de la corrupción pública y privada".

Denuncian la debilidad del Estado en ejercer "su soberanía fiscal" y "la falta de principios morales y conciencia social" en los que evaden el pago de impuestos. Denuncian el "patrón sistemático de hostigamiento y amenaza contra algunos operadores de justicia" en el año 2001. Denuncian también el abuso inmoral del cobro de los servicios de telefonía y energía eléctrica. Afirman que "es indiscutible que cuando prevalecen los intereses de poder personal y político partidista se dejan de lado las demandas y necesidades de las grandes mayorías de pobres y excluidos."

Los obispos interpretan así la confrontación gobierno empresarios: "El innegable enfrentamiento entre sectores del gobierno y de la oligarquía prepotente y voraz, no es sino una manifestación más de la lucha de poder y de la defensa de intereses inconfesados". Rara vez habían escrito los obispos palabras tan duras. Prensa Libre las comentó editorialmente y les pidió con manifiesto disgusto que explicaran a quién se refiere cuando hablan de "sectores de la oligarquía prepotente y voraz".

Un dato curioso: en la encuesta de F. Noguera de octubre 2001 los obispos y sacerdotes son bien vistos por el 79% de los encuestados y mal vistos por el 17%, un balance positivo de 62%. Muy cerca de ellos están los ministros y pastores evangélicos: los ve bien el 77% y mal el 19%, un balance positivo de 58%.

Por encima de los líderes religiosos están los agricultores (85), ganaderos (81), azucareros (70) y comerciantes (69), además de los periódicos (84), radios (81), periodistas (72) y canales de TV (70). Por debajo, los industriales (55) y el "sector privado" (50). Las ONGs (48), MINUGUA (36), el "sector público" (27), el ejército (12), los alcaldes (12), los sindicatos (12), los jueces (-19), los partidos políticos (-49) y los diputados al Congreso (-51).

El Hermano Pedro nos visita hoy

Los obispos invitan a la gente a "vivir una esperanza activa y constructora del bien de los demás mientras estamos en el mundo" y, por eso, no sólo a "denunciar lo que atenta contra la persona y sus derechos, sino a rescatar diariamente los valores morales que deben regir nuestra convivencia y favorecer relaciones de justicia y respeto".

Lo hacen evocando la figura del Beato Hermano Pedro de Betancourt, enraizado en la religión popular y cuya canonización está muy cercana: "Aquel hombre pobre y sencillo de la Guatemala del siglo XVII parece visitar de nuevo las calles de nuestras conciencias en los inicios del siglo XXI para advertirnos del peligro de perder nuestra alma y, con ello, echar a perder el futuro de la nación".

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