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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 232 | Julio 2001
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Nicaragua

Breve, necesaria y tormentosa historia del FUAC

Por obra y desgracia de la retórica alemanista, el FUAC -lo que de él ya ni existe- ha pasado a ser "protagonista" en la campaña electoral. Recordar, entender y encuadrar la historia de este grupo armado nos puede aproximar a la verdad.

José Luis Rocha

La historiadora norteamericana Barbara W. Tuchman describe en uno de sus más celebrados libros, The March of Folly, From Troy to Vietnam, varios bien conocidos eventos de la historia bélica de la humanidad, para poner en evidencia un notable fenómeno: los gobiernos acostumbran adoptar políticas contrarias a sus propios intereses. Se demuestra así que la especie humana ha tenido, en el ámbito gubernamental, un desempeño más pobre que en casi cualquier otro campo de sus actividades. En la esfera del gobierno, el juicio, el sentido común y la información disponible han sido menos operativos de lo que podrían esperarse.

Esta tesis se comprueba una y otra vez a lo largo de la historia y se remonta, al menos, a aquel episodio en que los gobernantes troyanos permitieron la entrada a su ciudad de un colosal caballo de madera, a pesar de que todos los indicios hacían sospechar que se trataba de un colosal truco griego. Siglos después, Carlos XII, Napoleón y Hitler invadirían sucesivamente Rusia a pesar de los aplastantes fracasos de quienes los precedieron en ese intento. El fiero guerrero azteca Moctezuma, gobernador de una ciudad de 300 mil habitantes, sucumbiría pasivamente al dominio de unos cientos de conquistadores españoles que ya habían dado suficientes muestras de ser humanos y no dioses. El Rey británico Jorge III optaría por una política coercitiva en sus colonias americanas, en lugar de buscar la conciliación, aunque había sido sobradamente advertido por muchos de sus consejeros de que la represión le traería daños superiores a cualquier ganancia. Los Papas del Renacimiento mantendrían un tren de vida ostentoso y tomarían decisiones que catapultaron a la iglesia católica hacia el cisma que a toda costa ellos mismos querían evitar. Y así sucesivamente. El curso de la historia humana parece estar dominado por la obstinación y la necedad más que por cualquier otro rasgo de la conducta humana.


FUAC: revelación de un desatino


La historia de Nicaragua no es menos rica en necedades y desatinos, en ese género de desaguisados históricos que Tuchman define como políticas contraproducentes para el grupo social cuyo bienestar o ventaja pretenden procurar. Fruto de esta escasez de sentido común de la que hacen ostentación los gobiernos de la especie humana ha sido la recurrente activación de grupos armados que hemos vivido en Nicaragua aun después del cambio de gobierno y de "mundo" ocurrido en 1990, y a pesar de las negociaciones de paz con que se inauguró esa década. La historia del último de estos grupos armados, el Frente Unido Andrés Castro, el FUAC, que operó en los municipios del Triángulo Minero -Siuna, Bonanza y Rosita- es una muestra palmaria de cómo una serie de pésimas opciones produjeron el efecto contrario al pretendido. La historia de los grupos armados en Nicaragua -en especial, la del FUAC- revela cómo un proyecto presuntamente democratizador y antimilitarista multiplicó y exacerbó las opciones belicistas. Toda la estrategia seguida para reducir el aparato militar reforzó la convicción de que las ráfagas de fusil son el único lenguaje al que presentan oídos atentos los gobernantes.



Grandes perdedores: quiénes se jugaron el pellejo


La de Nicaragua en los años 80 fue una guerra con muchos vencedores. Los nicas de Miami, que pudieron retornar tras una década de exilio a recuperar sus propiedades y recibir abultadas indemnizaciones, metamorfoseados muchos de ellos en ciudadanos norteamericanos que el pueblo apoda "gringos caitudos". Los altos mandos -militares y civiles- del FSLN, que llenaron sus baúles antes de abandonar los ministerios, en un proceso que el pueblo bautizó como "la piñata". Los grandes empresarios, que pudieron volver a hacer negocios en paz y a descremar el mercado de nuevos servicios en galopante expansión: televisión por cable, telefonía celular y satelital, shopping centers y demás clones del american way of life. Los banqueros, que se pusieron la botas con la reactivación de la banca privada y el colapso de la banca estatal. Los ciudadanos de clase media, que pudieron retomar la ruta de la capitalización a un ritmo razonable, sin privarse del consumo de las exquisiteces de la"civilización occidental" y sin verse ya obligados a limpiarse el fundillo con papel periódico, comer enlatados búlgaros y endulzar las bebidas con azúcar morena de Cuba, costumbres obviamente plebeyas y que durante los 80 debían compartir en oprobiosa igualdad con el populacho... Todos estos vencedores fueron absueltos por la historia y bendecidos por el ingreso de Nicaragua a la democracia y al libre mercado.

Los perdedores netos de esa guerra fueron quienes arriesgaron el pellejo durante más de tres mil días de combates, cada uno de ellos con sus muertos y sus heridos, sus minas estallando, sus acechanzas y tensiones y la acumulación de enemigos. Ellos viajaron en el pescante, la parrilla o el remolque del carro de la historia -nunca en la cabina- y resultaron los grandes perdedores. Hubo otros. Los primeros perdedores al llegar "la paz" fueron los miles de funcionarios vomitados por el aparato estatal y lanzados al desempleo, sacrificados en el altar del ajuste estructural que demandaba reducir el gasto público, y que provocó miles de tragedias familiares cuyos pormenores son de poca monta cuando se trata de aplacar al FMI. El ajuste y la compactación estatal habían empezado en 1988, con los sandinistas, pero se agudizaron a partir de 1990, cuando Violeta Chamorro llegó a la Presidencia. Las elecciones de 1990, con las que el FSLN pretendía legitimarse en el poder se convirtieron en la plataforma de su destronamiento. Sin embargo, más temprano que tarde se revelaron las debilidades del manojo de partidos que había destronado a los sandinistas.



Reducción del Ejército sin precedente histórico


El tema militar fue prioridad inmediata. Encabezando al sector de más radical antisandinismo en la UNO, Alfredo César -ex-miembro del Directorio de la contrarrevolución y en el 90 Presidente de la Asamblea Nacional, siempre apodado Siete Puñales por su inveterada propensión a traicionar a sus amigos más cercanos- lideró muy pronto las demandas de destitución de Antonio Lacayo como Ministro de la Presidencia y de Humberto Ortega como Jefe del Ejército. Su estrategia tuvo el apoyo del afamado por su ultraderechismo senador republicano Jesse Helms y alcanzó un punto culminante al congelarse los desembolsos de ayuda estadounidense, condicionándolos a la práctica disolución del Ejército Popular Sandinista (EPS). Una facción de la UNO llegó a reclamar su desaparición total. En ese grupo llevaba la voz cantante Enrique Bolaños, entonces Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y totalmente opuesto a la línea de reconciliación de Chamorro, hoy candidato presidencial del PLC alemanista. Otros sectores hacían contrapeso a la propuesta de liquidar el EPS. Al final, doña Violeta y su yerno Antonio Lacayo -nunca vistos con buenos ojos por los políticos más beligerantemente antisandinistas de la UNO- debieron ceder: el EPS se reduciría sustancialmente, pero no sería eliminado. El Ejército era una de las pocas piezas que daba estabilidad al barco de la nueva administración, un navío que sufriría de amotinamiento crónico durante siete años.

La despilfarrante generosidad que el gobierno estadounidense mostró en la guerra financiando a la contrarrevolución armada se agotó en la paz. El gobierno Bush no apoyó económicamente la reconversión militar que tanto había reclamado. El proceso de reconversión, concebido inicialmente para unos cinco años, duró apenas poco más de dos por las presiones del gobierno estadounidense y del ala más recalcitrante de la UNO. El número de efectivos del Ejército pasó de 86,810 en enero 90 a 16,200 en 1992, descendiendo hasta 14,553 en 1994. En cuatro años el Ejército de Nicaragua se convirtió en el más pequeño de Centroamérica, con menos efectivos incluso que los cuerpos armados de Costa Rica, aunque muy bien armado. Según el experto nicaragüense en asuntos militares Roberto Cajina, con una tasa global de reducción del 86% y una tasa de reducción anual del 21.5%, la reducción del ejército nicaragüense no tiene precedentes en la historia militar contemporánea. Más insólito resulta este hecho teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas que quedó al concluir la guerra no justificaba semejante reducción. El Ejército Popular Sandinista había controlado militarmente a sus adversarios de la Resistencia. El partido a cuyos intereses estaba ligado, el FSLN, había convocado a elecciones legítimas y había entregado el gobierno a un variopinto grupo de políticos no enteramente identificados con los intereses de la Resistencia.

De ninguna manera podía establecerse una simetría entre el desarme de la Resistencia -lógico con el cambio de gobierno- y tan abrupta reducción del Ejército nacional. Las presiones políticas y las urgencias económicas arrastraron al nuevo gobierno a tan drástica reducción, que debería haber sido último peldaño de una escalinata edificada sobre una reforma constitucional.


Planes de reducción y licenciamiento: un juego de todos perdedores


El atarantado proceso de licenciamiento de oficiales del EPS, escalonado en tres planes, se hizo con una caótica mezcla de parámetros de indemnización. En unos planes privó el de la antigüedad y en otros el del rango alcanzado. También las modalidades de indemnización (casas, tierras, dinero, periodización de los desembolsos) variaron de un plan a otro. Lo más grave es que nunca se esclarecieron los criterios para determinar quién permanecería activo en el Ejército y quién pasaría a retiro. Esta confusión, sumada a la desigualdad en las indemnizaciones y a los ulteriores incumplimientos del gobierno por carecer de recursos suficientes, fueron abonando un resentimiento que aseguraba subir de tono.

Entre abril y diciembre de 1992 un buen grupo de retirados del ejército, hartos de promesas, protagonizaron protestas y huelgas de hambre reclamando al gobierno que cumpliera los acuerdos suscritos en los tres planes de licenciamiento. Ponían énfasis en la legalización de propiedades y en el acceso a crédito y asistencia técnica. En febrero de 1992 apareció la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR), concebida inicialmente como un movimiento de capitanes y rangos inferiores en defensa de sus intereses. Su rechazo a la Asociación de Militares Retirados (AMIR) -de evidente subordinación al FSLN- puso en evidencia la reivindicación de clase que enfrentaba a este grupo de militares de rangos medios y bajos con las cúpulas del Ejército y del FSLN. Los de más bajo rango, quienes habían combatido y quienes habían gozado de la máxima confianza durante la guerra, estaban siendo relegados.

De acuerdo a los datos de CNOR, la adjudicación de tierras a los militares retirados se había hecho con criterios elitistas y había favorecido exclusivamente a la alta oficialidad: a sólo 582 militares (2 coroneles, 25 tenientes coroneles, 97 mayores y 458 capitanes), que representaban apenas el 5.84% de los oficiales licenciados. Muchos militares retirados estaban siendo también afectados por la modalidad de indemnización con desembolsos de largo plazo. Por muchas vías, la vertiginosa reducción del Ejército estaba construyendo una bomba de tiempo. Lo que se suponía reforzaría la democracia y desmilitarizaría a Nicaragua fue el mejor aliciente para comenzar a activar decenas de bandas de rearmados y perpetuar la actividad bélica. La urgencia por pacificar el país acabando con los dispositivos institucionales de la guerra condujo a un activismo militar en el que participaban grupos de todo color político y también incoloros. La reducción del Ejército fue una muestra más del desatino histórico, de esas políticas que resultan contraproducentes para todos sus supuestos beneficiarios. Ni los militares sandinistas ni los de la Resistencia ni la UNO ni Bush consiguieron imponer sus intereses y la voluntad cerril del Congreso de los Estados Unidos y del sector más antisandinista de la UNO fabricó un juego de todos perdedores.


Polos de Desarrollo: utopía de papel


El siguiente match de este juego ponía la pelota en la cancha de la Resistencia. Tampoco ahí el gobierno de doña Violeta tuvo mayor capacidad para arrancarle al Congreso de Estados Unidos los niveles de financiamiento que había derrochado en la guerra. En Tegucigalpa, el 23 de marzo de 1990 se firmó el Acuerdo de Toncontín. El acuerdo tuvo un adendum suscrito en Managua el 18 de abril para hacer efectivo y definitivo el cese al fuego entre la Resistencia Nicaragüense y el Ejército de Nicaragua. El 29 de mayo se firmó el protocolo sobre el desarme y el establecimiento de los llamados Polos de Desarrollo. Según el acuerdo suscrito por la Resistencia Nicaragüense y el Gobierno de Nicaragua, Polo de Desarrollo es la unidad de producción definida para beneficio de los miembros de la comunidad y del país que sirva como centro de servicios y desarrollo de la región adyacente, por medio de proyectos individuales y/o colectivos, el que debe contar con las siguientes estructuras básicas: Área municipal: escuelas, bodegas, servicios de agua potable y luz eléctrica, hospitales, calles y caminos; Área de vivienda para los pobladores del polo o centro de desarrollo; Parcela de propiedad privada para cultivos y ganadería de subsistencia; un Área comunal y un Área de proyectos para beneficio de todos los miembros de la comunidad.

El gobierno se comprometía a garantizar la seguridad física de los desmovilizados de la Resistencia, su acceso a tierras productivas y asistencia material y social para que se reinsertaran a la vida civil. También serían beneficiados sus familiares y las víctimas de guerra -viudas, huérfanos y lisiados-. Este programa consiguió que en un año 10 mil 493 desmovilizados accedieran a 370 mil 912 manzanas de tierras productivas, un promedio de 35 manzanas por desmovilizado.

Los problemas en esta"cancha" fueron el estancamiento del proceso de titulación de esas tierras y las devoluciones de tierras e indemnizaciones asumidas como prioridad en el acuerdo No.2 del protocolo de desarme. Ambos elementos resultaron detonantes: por todos lados estallaron conflictos por la propiedad agraria y urbana, y siendo ésa la prioridad no aparecieron por los "polos" ni las carreteras ni la energía eléctrica ni los servicios sociales ni los proyectos. Magros recursos gotearon para el amparo de lisiados, huérfanos y viudas. Míseras pensiones. Para justificar el incumplimiento, se empezó a hablar de una "frontera social" que no permitía que los servicios llegaran hasta las regiones en que se encontraban asentados los desmovilizados de la Resistencia. En esa frontera se multiplicaron las disputas por tierras y emergieron cientos de rencillas. Fueran o no de origen político, cada quien buscaba resolverlas haciendo uso de los poderes de su bando: superioridad numérica, respaldo policial, jueces amigos...


Un país militarizado con una cultura de violencia


Un año después de haber sido firmados los acuerdos con la Resistencia, una evaluación mostró que unos 65 desmovilizados y sus familiares habían sido asesinados. Se presentaron 1 mil 400 denuncias por violación a los derechos humanos de los desmovilizados de la Resistencia por civiles armados y militares. Los hechos sangrientos ocurrían en las zonas donde la actividad bélica había sido más intensa. Los desmovilizados de la Resistencia se quejaban de la parcialidad de los jueces, que dejaban impunes a los agresores. Y pidieron: El Gobierno deberá prestar mayor atención al problema del personal politizado e ineficiente en las instituciones del Estado, educándolos o reubicándolos, y colocando otro personal con actitudes positivas y espíritu de eficiencia y servicio a la comunidad. La Comisión de Seguridad de la Resistencia propuso dar seguimiento al compromiso del FSLN, reiterado el 24 de junio de 1991, de desarmar a sus bases y a la población civil, poner plazos a la recepción de armas de guerra, legalizar todas la armas que estaban en manos de civiles y no eran armas de guerra, y solicitar al Ejército y a la Policía que las armas requisadas fueran puestas a disposición de la Comisión Nacional de Desarme para intercambiarlas con organismos internacionales por equipos productivos o para destruirlas. Estas justas demandas de la Resistencia fueron teniendo menos eco a medida que el país se internaba en otros asuntos más prioritarios y que la nueva coyuntura ponía en evidencia el carácter minoritario -aunque de mucho impacto en determinadas circunstancias- de los grupos que se mantenían armados o se rearmaban.

Se olvidó así que Nicaragua era todavía un país militarizado, que la población civil mantenía en su poder muchas de las armas que el FSLN había distribuido como dispositivo de seguridad en caso de renuencia de la Resistencia a desarmarse y antes, en caso de una invasión norteamericana, amenaza que se consideró más que hipotética tras la invasión a Panamá de 1989. Se olvidó también lo peligrosas que eran tantas armas en un país con una cultura política donde se aprende que los conflictos se resuelven por la violencia y no por la negociación.



Recontras, recompas, revueltos


Con su política, los ganadores (UNO, gobierno estadounidense) consiguieron el efecto inverso: dispararon la militarización. En poco tiempo se activaron grupos de recontras (ex-miembros de la Resistencia) y de recompas (retirados del EPS) y el gobierno se vio inmerso en un mar de negociaciones disgregadas donde la demanda principal de todos era la legalización de las tierras concedidas a los desmovilizados de ambos bandos. Aunque al inicio algunos grupos de recompas se activaron como reacción ante los abusos de los recontras, muchas veces recontras y recompas identificaron intereses comunes y se unieron en bandas de revueltos. Los revueltos fueron un intento de mejorar la correlación de fuerzas a favor de quienes habían luchado en el campo de batalla ante vencedores sin más mérito que el oportunismo político.

Como estos grupos de rearmados -con un rango de 16 a 800 miembros- estaban atomizados, los desarmes se producían a cuentagotas e implicaron múltiples negociaciones. La socióloga Angélica Fauné -que ha estudiado a fondo estos grupos- concluyó que el arme y desarme se convirtió en un mecanismo excelente para arrancarle "tucos" al gobierno, para hacerle cumplir sus principales demandas y para recordarle los compromisos adquiridos. Algunos dirigentes de rearmados coincidieron en señalar que la política del gobierno Chamorro de comprar fusiles con dinero enviaba una pésima señal a hombres que no tenían otro medio de ganarse la vida que no fuera el ejercicio de la guerra.

Aunque la demanda de tierras debidamente tituladas era denominador común en los reclamos de todos los grupos, éstos tenían un modus operandi diverso. Las demandas de grupos de ex-EPS eran más comunitarias y no se agotaban exclusivamente en las tierras. Quizás el elemento diferenciador más obvio fue un rasgo aparentemente superficial, pero que se revela como una declaración de principios: los sobrenombres empleados por grupos y cabecillas. Los de los recompas aludían a celebridades de las luchas revolucionarias: Bolívar, Ernesto Che Guevara, Camilo Ortega.

Los recontras usaban otros apelativos. Algunos procuraban inspirar pánico (Terror, Ciclón, Bravo, Puñalito, Viernes 13, Pantera, Culebra, Mano Negra, Indomable), otros eran personajes de la farándula (Dyango) o nombres anglosajones (Mike, Jackson). Pese a que ambos grupos perpetraban asaltos y secuestros y sembraron el terror en muchas zonas rurales, podía adivinarse en ciertos grupos de recompas una apuesta por resucitar una mística ideológica, rasgo totalmente ausente en los grupos de recontras.


El Plan Helms-César: un trozo de historia indispensable para entender


Ninguna negociación logró erradicar totalmente el problema de los rearmados. Surgían nuevos grupos que, aprovechando su experiencia militar y los buzones de armas que habían ocultado durante la guerra, buscaban sucesivas recompensas financieras. El escenario nacional era de permanente confrontación entre las fuerzas políticas que habían integrado la UNO y el gobierno de Violeta Chamorro. El conflicto mostró su capítulo más virulento en marzo de 1992, cuando el gobierno parecía haber controlado la situación. El plan Helms-César pretendió desestabilizar el gobierno. Alfredo César, que había asumido la Presidencia de la Asamblea Nacional con el apoyo del FSLN y un sector de la UNO, se rebeló pronto contra sus aliados y tras una visita a Washington, y ominosas conversaciones con el hoy Secretario de Estado del Gobierno Bush jr, el General Colin Powell y Jesse Helms, propuso reformar la Ley Militar y remover a Humberto Ortega de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Cuando la confrontación subió de tono, la propuesta también: se convocaría a un plebiscito para recortar el período presidencial de doña Violeta, se realizarían elecciones para una Asamblea Constituyente, se redactaría una nueva Constitución, se nombraría una Junta de Gobierno y se adelantarían las elecciones de 1996. Helms cumplió con su parte del plan consiguiendo que el Congreso de Estados Unidos congelara un desembolso de 100 millones de dólares de ayuda para Nicaragua. En este contexto, se multiplicaron las tomas de oficinas estatales y las huelgas de los retirados del Ejército, eventos que incluyeron la toma pacífica de la ciudad de Ocotal por más de medio millar de revueltos el 5 de marzo de 1992.

El plan Helms-César se tradujo en una nueva escalada de violencia. Como expresión armada de dicho plan surgió el Frente Norte 3-80, integrado por ex-miembros de la Resistencia -los comandantes Pajarillo, Charro, Chacal, Caminante y Zapoyol-, vinculados a la facción más visceralmente antisandinista de la UNO. Su número -500 a 800 hombres- y el financiamiento y apoyo logístico que recibieron de las organizaciones anticastristas de Miami lo convirtieron en el más serio peligro militar que enfrentó el gobierno de Violeta Chamorro. Sus primeras demandas fueron el desmantelamiento total del Ejército y la sustitución de todo el alto mando de la Policía Nacional. Además de su actividad en Siuna, cubrieron el Cuá-Bocay, Waslala y Wiwilí. La desmovilización y reinserción del Frente Norte 3-80 le costó al gobierno casi 2 millones de dólares.

Como reacción al FN 3-80, surgieron varios grupos de recompas. No es descabellado suponer que al inicio gozaran de la simpatía y apoyo del Ejército, porque implícitamente estaban defendiendo a las fuerzas armadas institucionales y compensando su debilidad numérica. Para entonces, todos los ingredientes del cóctel molotov de los rearmados estaban servidos al gusto del consumidor: incumplimientos del gobierno, manifiesta inestabilidad política, rearme como fuente de ingresos que no se obtenían en el reino del desempleo en que se estaba convirtiendo Nicaragua, amenazas de grupos de distinto signo... Fue en este muy explosivo contexto que Edmundo Olivas -quien después se haría llamar Camilo Turcios- emprendió su labor de reclutamiento para crear el FUAC, un trabajo que se extendió a lo largo de cinco años.



El pecado original del Ejército en el origen del FUAC


Nacido en Quilalí, de familia muy pobre, Olivas se integró a la lucha contra Somoza a los 9 años. En el Frente Norte Carlos Fonseca tuvo como maestro nada menos que al Comandante sandinista Germán Pomares, el legendario Danto. Ese hombre sí representaba los intereses reales del pueblo -diría años después-. Si hoy él estuviera vivo no estarían sucediendo las cosas que hoy tenemos que ver con dolor: una dirección sandinista que le ha dado la espalda a su pueblo. Se hubiera opuesto a las medidas de doña Violeta y hoy estaría en la montaña, luchando por su pueblo. Edmundo Olivas alcanzó el grado de Capitán tras años de permanecer en los frentes de batalla antisomocistas. Siempre en la primera línea de fuego. Conocer la vida acomodada y suntuosa de la dirigencia sandinista, tan lejos de los ideales pregonados, aún antes de la derrota electoral de 1990, lo decepcionó.

A esa incoherencia Olivas la llamó el desclasamiento de la dirigencia. Posteriormente, una vez licenciado del Ejército, los reclamos de Olivas coinciden totalmente con los de la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro (CNOR): incumplimiento con las indemnizaciones, beneficios desproporcionados para una élite militar y falta de claridad en los criterios de selección de los militares que quedaron con el Ejército. En una entrevista inédita concedida a Angélica Fauné, Olivas expuso así sus quejas: Hay mucha división y mucho resentimiento con nuestra institución armada por la forma en que nos corrió. Los criterios con los cuales se hicieron los retiros fueron muy arbitrarios. Ahí unos cuantos decidieron, sin pensar en los años de servicio, ni en los méritos o capacidades. Se corrió al montón. La cuestión era reducir al ejército a como fuera. Consideramos que la institución nos ha pagado mal, que no merecemos ese trato después de haber servido a la patria y a la revolución. Los gobiernos tampoco nos han cumplido. Prueba de ello es que ahora estamos sin trabajo, sin vivienda, sin poder ofrecerle a nuestras familias una vida digna, una educación a nuestros hijos.



FUAC: crítico del FSLN y reivindicador del sandinismo traicionado


Este cuestionamiento de Camilo Turcios fue constante y explica la particular inquina del Ejército de Nicaragua contra el FUAC. No hay peor cuña que la del mismo palo. Testigos de las negociaciones entre el Ejército y el FUAC hablan de una confrontación anímica, emocional, permanente durante los diálogos entre Camilo Turcios y los delegados del Ejército cuando en 1997 negociaban la desmovilización del FUAC. Y muchos de los pobladores de Siuna están convencidos de que el Ejército siempre fue más beligerante en combatir al FUAC que en perseguir al FN 3-80.

El FUAC surgió en una coyuntura delicada desacreditando uno de los tres pivotes en que asentaba su poder el FSLN tras la derrota electoral: el Ejército. Los otros dos eran su peso en la Asamblea Nacional y su capacidad de cooptar la manifestaciones de descontento popular -por razones sociales y económicas- orientándolas hacia objetivos políticos. El FUAC se convirtió en una expresión de descontento no manipulable por el FSLN. Una expresión -militar por añadidura- que cuestionaba al FSLN y que se erigió como ejército regional y policía paralela, ante la insuficiencia de las instituciones armadas de un Estado que estaba siendo desmantelado por el ajuste estructural.

Apelar al mito del hombre nuevo y del paraíso recobrado, no dejaba de ser un discurso atractivo en una zona en la que la simple oferta de volar tiros es ya un poderoso imán y en un momento en que el "sentido" del movimiento armado se había perdido. El FUAC se presentó como reivindicador de los ideales sandinistas traicionados por sus dirigentes y acudió a la gente en la que podía calar ese discurso. El seudónimo de Camilo Turcios resume el proyecto: Camilo por Camilo Ortega y Turcios por Oscar Turcios, dos héroes de la lucha antisomocista de los 70, mártires de la década de oro del Frente Sandinista, patrimonio ideológico dilapidado por la cúpula del FSLN en los 80 y en los 90.

Según Turcios, el FUAC lucha contra esa nueva burguesía que se ha ido formando y de la que nosotros fuimos arquitectos; una burguesía peor que la somocista porque aquella mataba de hambre, pero esta nueva burguesía que nace del sandinismo utiliza todos los medios para hacernos desaparecer: no le importa quitarle a los que fueron sus hermanos de lucha las tierras que les dio la reforma agraria, una reforma agraria que dejó a miles de campesinos sin sus títulos. A esos nuevos burgueses lo único que les interesa es el"bisnes", hacer negocio no importa con quién, buenos negocios aunque eso signifique dejar más hundido al pueblo.



El bandolerismo social: "¡Sólo justicia para el pueblo!"


Al reivindicar unos ideales traicionados el FUAC aspiraba al retorno a un paraíso primigenio: la reinstauración de la moral revolucionaria y el restablecimiento de una tensión mística no absorbida por institución alguna. Ésa fue la diferencia fundamental entre el FUAC y otros grupos de rearmados de origen ideológico sandinista.
No podemos -decía Camilo Turcios- dar la lucha al interior del partido sandinista, no tenemos cabida. Nuestra lucha no es partidaria. Nuestras raíces son sandinistas, nuestro proyecto es revolucionario, pero no enarbolamos ninguna bandera política; sólo justicia para el pueblo. A la mística primigenia se apela constantemente. Camilo Turcios le recuerda al Teniente Coronel del Ejército de Nicaragua, Leonardo Guatemala: Sé que usted es un hombre de bolsillo del General Carrión y su presencia en este lugar sé de qué se podría tratar. Tampoco me atemoriza. Fui un discípulo de Pomares, de Carrión, de Francisco Rivera (el Zorro), del Comandante Cristóbal Vanegas (el Monimboseño). Lo que nuestros maestros olvidan es que a veces algunos alumnos salen muy buenos o se tomaron la lección muy en serio.

El FUAC combinaba la invocación de los mitos revolucionarios con los reclamos para hombres y mujeres concretos. La restricción de sus demandas a un ámbito regional -el Triángulo Minero- facilitó el reclutamiento de nuevos miembros y también marcó su diferencia con otros movimientos revolucionarios en sentido estricto. El FUAC no pretendía cambiar el sistema nacional en su conjunto, sólo aspiraba a que funcionara mejor y extendiera sus beneficios a los sectores marginados de la región donde operaba. En este sentido, el FUAC compartió rasgos con el bandolerismo social estudiado por el historiador inglés Eric J. Hobsbawm, que lo define así: Fenómeno universal y que permanece virtualmente igual a sí mismo, es poco más que una protesta endémica del campesino contra la opresión y la pobreza: un grito de venganza contra el rico y los opresores... Sus ambiciones son pocas: quiere un mundo tradicional en el que los hombres reciban un trato de justicia, no un mundo nuevo y con visos de perfección.

El FUAC no luchaba contra un sistema que pudre -aunque estuviera o esté lleno de funcionarios podridos-, sino contra su escasa cobertura. Como también observó Hobsbawm sobre este tipo de movimientos, dada la total imposibilidad de una revolución triunfante, estos revolucionarios pueden convertirse en reformistas de facto. Las demandas del FUAC estaban orientadas a reformas locales -carretera, agua, energía eléctrica, crédito- y que dejaban incólume el sistema -bajos salarios, irracional extracción de madera-, salvo en lo que tocaba a la redistribución de tierras o a la legalización de tierras en litigio, únicas demandas genuinamente revolucionarias en el sentido moderno y cuyos beneficiarios serían exclusivamente los miembros del FUAC y su base social.


Siuna y el FUAC: dos destinos atados


El FUAC se construyó un limitado y muy particular perfil revolucionario: con demandas de beneficios locales y no nacionales, sin ataques a los empresarios madereros o mineros de la zona, y sin la pretensión de construir un mundo nuevo ni recuperar el viejo mundo perdido -salvo en el ámbito meramente simbólico-, luchando con las armas sólo para introducir algunas reformas en el mundo actual. Mientras sus reivindicaciones espirituales eran ambiciosas -resurrección de la mística enterrada, rehabilitación de la moral abandonada, contagio de la ética revolucionaria menospreciada-, sus reivindicaciones materiales eran más bien modestas. Pero eran suficientes para actuar como un detonante explosivo en la localidad elegida.

El del FUAC y el de Siuna fueron dos destinos atados y son todavía dos karmas conectados. El hambre se juntó con las ganas de comer. Los preteridos por los planes de licenciamiento se unieron a los olvidados por todos los gobiernos. Los sótanos de la historia se encontraron en este rincón de la geografía nicaragüense. Como el resto del Triángulo Minero y la Costa Atlántica en general, Siuna ha sido un municipio sumergido en la desmemoria de los políticos. Sin servicios básicos y con una infraestructura vial incipiente, Siuna empezó a existir -por sus recursos naturales y por su posición geográfica- para los cazadores de fortunas repentinas: comerciantes de madera y narcotraficantes. Un gobierno local corrupto y un sistema judicial comprable brindaron a estos cazadores el mejor lubricante para sus operaciones ilícitas.

Convertida en enclave militar, Siuna fue "tomada" por el EPS para construir uno de esos "frankensteins sociales" que levantaba para su estrategia militar y luego abandonaba a su suerte. Esa es la catadura de Mulukukú, una base militar sandinista convertida después en núcleo poblacional nutrido con desplazados de la guerra en los 80 y con desmovilizados de la guerra en los 90. Por conveniencia militar se creó también el cordón de cooperativas que hicieron las veces de valla de contención de los grupos de la Resistencia y que cuando amainó el conflicto, fueron creciendo gradualmente con desmovilizados.


Sociedad de frontera: el espacio de los rearmados


La inseguridad que estos movimientos migratorios, unidos a los devaneos de los políticos y a la debilidad institucional del registro de la propiedad, han producido sobre la tenencia de la tierra han sido fatales. Pronto, tomaron la forma de una potente granada de fragmentación cuya espoleta removió el FUAC. El abandono secular y la militarización de esta zona de Nicaragua explican por qué en Siuna, y no en El Rama o en Nueva Guinea -que también tuvieron rearmados-, brotaron, resurgen y se mantienen contra viento y marea los grupos armados.

Camilo Turcios explicó así la opción del FUAC por Siuna. La venida a Siuna fue porque la consideramos un bastión, donde la gente es más sana, está menos viciada. Porque ha sido una de las regiones más golpeadas por la guerra, por la situación de desempleo -las minas cerraron-, por el hambre que sufre la población. No hay caminos, luz ni agua potable. Y porque en esa zona lucharon muchos reservistas y, a la hora de la desmovilización, se olvidaron de sus luchas y fueron dejados ahí sin nada.

Estos "vuelatiros" -como algunos rearmados se llaman a sí mismos- se ubicaron en una sociedad de frontera, un traje a la medida para grupos irregulares y para la guerra de guerrillas. Aunque Camilo Turcios y Tito Fuentes -los dos dirigentes "históricos" del FUAC- no eran originarios del Triángulo Minero, pudieron sintonizar fácilmente con el descontento de los desmovilizados del Ejército en la zona. La asociación de militares retirados en Siuna no se había logrado consolidar y únicamente había servido como trampolín para que algunos de los militares de mayor rango se introdujeran al muy lucrativo negocio de la madera. Todos los factores apuntaban a Siuna como un terreno propicio para activar una lucha de carácter regional. Esa región -continúa Camilo Turcios- ha mantenido una lucha histórica por su autonomía. Una autonomía que significa que ellos tienen derecho a explotar sus recursos, porque de momento ni siquiera reciben un porcentaje de la explotación de sus recursos. Nosotros como FUAC pensamos que los únicos que pueden salvar esa región son sus propios pobladores.



Base social del FUAC: por afinidad y por abandono


En Siuna fue posible generar una base social suficientemente amplia y fiel para mantenerse en pie de lucha. El historial bélico de las cooperativas era garantía de lealtad y de experiencia militar. En los 80 estas cooperativas habían sido víctimas de cientos de atrocidades cometidas por los hombres de la Resistencia: violaciones, secuestros, reclutamientos forzosos, torturas, degollamiento de presuntos colaboradores de la seguridad del estado, robo de ganado, de dinero, de víveres, de ropa.

Aunque José Luis Marenco -el único líder originario del FUAC que hoy permanece activo- surgiera tras convertirse en paladín de los güiriseros por el apoyo que les brindó en una huelga por demandas salariales, los cooperativistas fueron quienes jugaron un papel clave como retaguardia del FUAC por afinidad política, por empatía en el abandono y por procedencia militar. Pronto, el FUAC se convirtió en el protector de las cooperativas ante los ataques del Frente Norte 3-80, la represión del Ejército -por ser su base social-y los asaltos de las bandas delincuenciales.

Durante una larga temporada, se procuró que el apoyo que daban al FUAC las cooperativas permaneciera camuflado. Sin embargo, durante todo el proceso de negociaciones que tuvo lugar en el segundo semestre de 1997 era imposible prolongar el camuflaje. Una de la principales demandas del FUAC consistía en la legalización de las tierras que trabajaban esas cooperativas y que estaban siendo reclamadas por sus antiguos propietarios. Mientras el FUAC operara en la zona, los confiscados no se atreverían a retomarlas. Por eso, el FUAC consideraba vital que entre las zonas de enclave -negociadas como territorios sin efectivos del ejército donde podrían movilizarse libremente- se incluyera el territorio de las comunidades del cordón de cooperativas.

El FUAC consideraba que el territorio en el que se distribuían esas cooperativas estaba de hecho, aunque no de derecho, bajo su control. Ante la inicial negativa del Ejército de cederles el dominio de esas comunidades, la posición del FUAC quedó registrada en un retador mensaje de Camilo Turcios al Teniente Coronel Guatemala: Las zonas donde hasta hoy se encuentran nuestros hombres son conquistas que tienen un costo de sangre y vidas humanas y no bondades del gobierno o de su Ejército nacional. Si usted nunca fue guerrillero, pregunte si una conquista revolucionaria se cambia por cualquier cosa o por muy poco.

Hacía tiempo que la represión del Ejército se había cebado sobre aquellos cooperativistas y había dado lugar a diversos altercados. De ello quedó constancia en el comunicado de la Comisión de Paz del 9 de junio de 1997: Ellos, como cooperados, piden el respeto que debe prevalecer entre autoridades y ciudadanos civiles nicaragüenses.... Manifestaron que los señalamientos [de realizar actos delincuenciales] no son buenos para llegar a acuerdos de pacificación mutua entre los cooperativistas y las autoridades... Piden la aplicación de la justicia verdadera sin distinción en el caso de Rosa Grande y los delincuentes que en nombre del FUAC estaban en actuaciones inhumanas contra ciudadanos indefensos.


FUAC y cooperativas: pacto de caballeros


Mientras el FUAC demandaba protección para los cooperativistas, los cooperativistas se ocupaban de contrarrestar las calumnias en contra del FUAC. En acta del 13 de junio de 1997 de la Comisión de Paz queda constancia de que los miembros de la cooperativa de transporte La Primavera declararon ante la Comisión de Paz y las autoridades que en ningún momento habían visto al FUAC cometiendo actos de vandalismo. Se trataba de un pacto de caballeros, la protección era mutua. El FUAC estaba eliminando las bandas delincuenciales que hacían inhabitable la zona y los cooperativistas hacían de enlace entre el FUAC y la Comisión de Paz, o bien negaban todo conocimiento sobre la ubicación del FUAC. Los malos tratos y las amenazas de las autoridades hacia la base social del FUAC no hicieron otra cosa que reforzar su fidelidad al grupo armado y engrosar su membresía.

El discurso de alto contenido social del FUAC le ganaba adeptos en otros sectores. El 15 de septiembre de 1997, en un comunicado público, dos religiosas de la Iglesia Católica se refieren al FUAC en términos muy favorables: La dirección del grupo se forma de ex-militares. Los integrantes incluyen personas de diferentes tendencias políticas. Sus ideales están basados en las reivindicaciones del pueblo.

La base social le fue garantizada al FUAC por el atractivo de la propia biografía de los rebeldes. Camilo Turcios y Tito Fuentes eran, como los clásicos bandoleros, hombres de origen muy humilde que a base de esfuerzo habían ascendido en la escala social, alcanzando posiciones a las que habían renunciado para internarse en la montaña y defender al pueblo pobre. Según el patrón habitual, un hombre se vuelve "bandolero" al hacer algo que la opinión local no considera delictivo aunque sí lo considere así el Estado o los grupos rectores de la localidad. Dentro de las filas del Ejército, Turcios siempre había sido un cuestionador, un hombre crítico, actitud que siempre le llevó a contradicciones con los altos mandos. En una sociedad donde el prototipo de caudillo es el "hombre de armas tomar", la decisión de Camilo Turcios de formar su grupo armado era perfectamente admisible para la mayor parte de los pobladores de Siuna, aunque fuera condenado y perseguido por el Ejército.


Patrón biográfico de los líderes del FUAC


El patrón biográfico de los integrantes del Estado Mayor del FUAC (Camilo Turcios, Tito Fuentes, Damián, José Luis Marenco) guarda muchas semejanzas con el de los bandoleros clásicos: salida de servicio de un cuerpo armado -también Augusto C. Sandino fue un rebelde que salió de las filas del ejército liberal- décadas volando tiros, pioneros en sociedades de frontera, pocas posibilidades -por escasa formación académica y capital- de ganar respeto de otra forma que no sea con las armas, necesidad de aferrarse a una utopía difusa, terrenal y de corto plazo.

Camilo Turcios se presentaba a sí mismo como un verdadero revolucionario. Y no era parco en alardear de su pureza de casta -cuantas veces podía daba a conocer su condición de discípulo de Germán Pomares-. Tampoco se negaba ciertas concesiones a la vanidad, como cuando en la primera negociación en Siuna se las arregló para ser visto atravesar armado toda la ciudad. Su vida coincide con los tres rasgos que los romances sobre la vida de los bandoleros más han acentuado: los orígenes justos de su decisión de "echarse al monte", su defensa de los pobres y su muerte causada por la traición de cercanos. En Nicaragua, es obvio su paralelismo con Sandino, asesinado a traición cuando ya había depuesto las armas. Durante las negociaciones, en vísperas de su desmovilización en diciembre 97, el único líder del FUAC que no comulgaba con el abandono total de la vía armada, el que aún continúa en las montañas del Triángulo Minero amedrentando al Ejército, José Luis Marenco, le advirtió a Turcios: Camilo, te van a matar como a Sandino.

José Luis Marenco llegó a alcanzar en las filas del Ejército el rango de capitán. Al desmovilizarse, se convirtió en transportista. Al terminar la guerra en 1990, fue indemnizado con un par de camiones. En este negocio hizo muy buenas relaciones con los madereros y llegó a ser muy popular y querido en el Triángulo Minero por su proverbial generosidad, no cobrando pasaje a quienes no podían pagarlo. Marenco es descrito como un hombre con la apariencia de un obrero de la construcción, de baja estatura y botas vaqueras, bigote grueso, sencillo y sobrio, y con fama de perder los estribos cuando se enoja. Empezó como colaborador del FUAC, y se internó en la montaña cuando sus vínculos con el FUAC eran más que evidentes.

Tanto los líderes del FUAC como sus seguidores eran hombres que se sentían extraños en un mundo llegado de fuera y dominante, regido por el operar de fuerzas económicas que no comprendían y sobre las que no tenían control. Los cabecillas, que tenían más claros los ideales revolucionarios, fueron seguidos por individuos que quizás no alcanzaron nunca a comprender enteramente sus planteamientos, pero para quienes no había otra forma de escapar de los nuevos amos de la región.



En el desarme: la original exigencia de la participación social


Con estos hombres al frente, el FUAC llegó a convertirse en una policía paralela que se adjudicó la misión de limpiar la zona de delincuentes, labor que los campesinos de la región siempre supieron agradecerle, y de la que los medios de comunicación no dieron nunca una versión ajustada a los hechos. El FUAC se queja, por ejemplo, de los medios de comunicación cuando de un tiroteo ocurrido a principios de junio de 1997 en Las Quebradas se informó que había sido provocado por el FUAC, cuando sus miembros se encontraban ahí limpiando la zona de delincuentes y fueron atacados repentinamente por el Ejército. Este rol de defensa se complementaba con una agenda de demandas sociales para todo el Triángulo Minero. Para los líderes, esas demandas constituían el infaltable combustible ideológico que haría de su movimiento algo más que una agrupación de ex-militares resentidos y les garantizaría un prestigio al menos local. Sobre esa reputación ganada de protectores y defensores de los derechos de los pobres, los miembros del FUAC pretendieron negociar su desmovilización en un diálogo con el gobierno en el que participara la población, exponiendo sus reclamos y demandas.

Al inicio de las negociaciones para su desmovilización, esta iniciativa fue bien acogida por la Comisión de Paz. El 19 de agosto de 1997, la Comisión de Paz, en la que participaba Vicente Trujillo, actual Presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), emitió un pronunciamiento en el que se hacía un reconocimiento a la labor del FUAC: Durante su estadía en la zona, el FUAC ha recogido de la zona las múltiples necesidades y problemas que [sus pobladores] enfrentan en su vida cotidiana. Esto hemos constatado en dos ocasiones; cuando el Gobierno había acordado dialogar con el FUAC, sectores de la población manifestaron querer participar en el proceso para presentar sus peticiones. Por su parte, el FUAC solicita del Gobierno, como condición previa, que se escuche a la población para comenzar el proceso de desarme. Nosotros, los abajo firmantes, solicitamos al Gobierno agilizar el proceso de paz conformando una Comisión con representantes de los diferentes Ministerios que vengan a Siuna para valorar las peticiones y dialogar con el pueblo. Con este apoyo de la Comisión de Paz, el FUAC se apuntaba un gran tanto, nada despreciable considerando que se trataba de una condición presentada por un grupo irregular. La demanda de dar participación a la población en las negociaciones, distinguió netamente al FUAC del resto de grupos armados que le habían precedido y pareció abriría el camino a un proceso de negociación inédito y sumamente interesante.



La soledad del FUAC: críticos del FSLN y criticados por Alemán


La condición del FUAC -participación de la población- obedecía también a una estrategia: no entregar las armas antes de iniciar el diálogo. Una elemental cautela aconsejaba no renunciar al único instrumento de presión que tenían. El reclamo del FUAC y la oposición del Ejército empantanaron durante largo tiempo las pláticas. Las religiosas católicas presentes en la Comisión de Paz detectaron que residía ahí la divergencia de posiciones: El nudo del problema está en que el FUAC exige que primeramente el gobierno escuche a los reclamos del pueblo en un foro público. El gobierno quiere hablar únicamente del desarme.

Marcado desde un comienzo por muchas tensiones, el diálogo entre el FUAC y el gobierno de Arnoldo Alemán se inició en junio de 1997 y duró hasta diciembre de ese mismo año. Culminó con la desmovilización del grupo que operaba en el Kilambé y el desarme ulterior del que actuaba en el Triángulo Minero. El nuevo gobierno liberal quiso presentar la desmovilización como un trofeo político. Sin embargo, era un logro para cuya consecución no había puesto los medios, como tampoco pondría después los recursos para cumplir con los acuerdos. Ni al inicio de la negociación ni una vez concluida ésta, el gobierno hizo aportes significativos. La Comisión de Paz se quejó siempre de carecer de medios de transporte y de la postergación de pláticas programadas por falta de vehículos. Después de la desmovilización, fueron el PNUD y el gobierno canadiense, y no el gobierno de Alemán, quienes financiaron algunos proyectos para el cumplimiento de los acuerdos: la cooperativa de taxis y el proyecto de viviendas. El gobierno de Alemán mantuvo antes y después de los acuerdos una prédica incendiaria contra el FUAC y aplicó el habitual alzheimer a los compromisos adquiridos. Y hasta hoy se ha servido del FUAC como argumento para desprestigiar al FSLN, presentándolo reiteradamente como gestor y promotor del FUAC. Sin descartar la posibilidad de que elementos del Frente Sandinista hayan alentado en algún momento al FUAC en la zona, más por razones de conveniencia económica que política, la pertinaz y la bien argumentada crítica de los miembros del FUAC contra la cúpula del FSLN y la del Ejército los distanciaba de ambas instituciones. Por muchas razones, en 1997, al desmovilizarse, el FUAC estaba solo, soledad que se había puesto en evidencia durante el proceso de la negociación y que quedó lacrada con el pacto libero-sandinista.



El Ejército en guerra sucia contra el FUAC


De principio a fin la negociación entre el FUAC y el gobierno fue un proceso lleno de escaramuzas por parte de ambos bandos. Lo que podría haber sido un interesante ejercicio de pacificación regional se convirtió en una pesadilla para todos sus protagonistas. Durante los primeros pasos de la negociación, el Ejército empleó la información obtenida de la Comisión de Paz para emboscar al FUAC. El 20 de abril de 1997, mientras la Comisión de Paz viajaba hacia el Empalme Labú para entrevistarse con el FUAC, luego de que el Ejército les negara transporte y no les diera seguridad para sus vidas, el Ejército no respetó el cese al fuego y atacó al FUAC. Era la segunda vez que esto sucedía. De aquel enfrentamiento resultaron seis muertos. Con esta táctica, se pretendía minar la confianza del FUAC en la Comisión y cortar el diálogo. La táctica tuvo éxito porque el FUAC se retiró durante un mes a la montaña sin que la Comisión de Paz pudiera restablecer el contacto.

En varias ocasiones, el Ejército firmó acuerdos al mismo tiempo que iniciaba desplazamientos provocadores y amagos de emboscada. Después de los acuerdos del 3 de agosto, donde el FUAC y el Ejército se repartieron zonas de legítimo desplazamiento mutuamente reconocidas, el Ejército inició un sospechoso movimiento de tropas que fue denunciado por Camilo Turcios, que acompañó la denuncia con un reto: El hostigamiento de sus tropas hacia nuestros hombres en las diferentes vías que estamos ocupando no nos atemoriza. Estamos preparados para contestarles de la misma forma cuando ustedes disparen el primer proyectil dejando claro con su actitud que desconocen los acuerdos del día 3/8/97 a las 13 horas. He orientado a todos mis hombres en cada rincón donde se encuentren a responder de la misma forma a como seamos tratados y que el pueblo juzgue quién tiene la razón y a quién considera culpable.

Esta estrategia se llevó a tal extremo que durante la ceremonia de desarme y la entrega de carnets de identidad a los miembros del FUAC, el Ejército se presentó con un contingente de sus tropas especiales, provistas de armas con silenciador, suscitando una inmediata reacción por parte del FUAC, cuyos efectivos decidieron tomar a los miembros de la Comisión de Paz como rehenes por tres días. El mal trato que en esta ocasión recibió la Comisión de Paz puso fin a su luna de miel con el FUAC, según consta en un comunicado que emitieron para pronunciarse sobre su secuestro el 27 de diciembre de 1997: Si bien es cierto que el proyecto de "paz con justicia social" del FUAC es muy atrayente en principio, condenamos y rechazamos totalmente el trato inhumano y degradante que algunos miembros del FUAC dieron a la Brigada de Desarme y a la Comisión de Paz al tomarles como rehenes durante el proceso de desarme en Labú. De acuerdo al comunicado, los rehenes fueron privados de libertad y en los tres días que duró su detención no se les proporcionó alimentos y fueron sometidos a un continuo hostigamiento: enfocados con linternas, despojados de algunas pertenencias, encañonados con fusiles, amenazados con granadas e injuriados. Tal vez ya para entonces el FUAC comenzaba a "perderse en la cólera"...



Promesas no cumplidas y principio del fin


En la negociación con el FUAC, el gobierno liberal siguió el patrón de sus predecesores, nada transparentes en los diálogos y negociaciones con grupos irregulares. La opción más frecuente había sido comprar a los dirigentes de estos movimientos armados. También había sido frecuente que los dirigentes de los grupos armados se hicieran cómplices "vendiéndose". Comenzó a suceder así con el FUAC. Tanto los miembros del Ejército como los del FUAC subestimaron el papel de la Comisión de Paz, que fue excluida de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, garantía de la pacificación. A espaldas de la Comisión de Paz, el Ministro de Defensa Jaime Cuadra se reunía a puerta cerrada con los tres dirigentes del FUAC. No hay indicios de que en esos encuentros y por esa vía obtuvieran beneficios personales, pero no hay duda de que esa política dio pábulo a muchas especulaciones, especialmente aquella que corre y cuenta que el Estado Mayor del FUAC recibió entonces jugosos botines que se negaron a compartir con sus compañeros de lucha. La realidad es que el gobierno y el Ejército buscaron explotar al máximo las muchas contradicciones internas que ya existían en el FUAC.

Para rematar la estrategia de esta "guerra sucia", la negociación con el FUAC fue muy distinta de la que se dio con el FN 3-80. Las tierras asignadas al FN 3-80 fueron previamente pagadas y además, se dio a los desmovilizados asesoría técnica. Al FUAC se le hizo un cúmulo de promesas que nunca se cumplieron: financiamiento y permiso para una línea de transporte de 15 camiones que nunca se autorizó, tierras que ya estaban ocupadas por miembros de la Resistencia, que desalojaban a los del FUAC, y lotes para viviendas, pero apenas se llegaron a construir 100 casas con el apoyo del PNUD. Se iban a iniciar otros proyectos cuando el asesinato de Tito Fuentes los truncó.



El clímax de la guerra sucia: tres asesinatos no esclarecidos


Por estos incumplimientos y desidias, el desmovilizado Estado Mayor del FUAC siguió en contacto con sus remanentes, aún armados, considerándolos su brazo armado para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Antes de ser asesinado, Camilo Turcios declaró que el FUAC todavía existía: Sí somos una Fundación, pero en los acuerdos firmamos que quedaríamos con una fuerza garante. Pero como desde febrero no nos han cumplido, las fuerzas se han vuelto a activar. ¿Por qué decidimos retomar las armas? Porque LAS ARMAS es el único lenguaje que entienden los gobiernos -los gobiernos liberales- en toda la historia. La prueba es que pasamos a ser civiles y se nos cierran todas las puertas. Nadie nos recibe. Y Tito Fuentes recalcó: Estamos esperando, pero la paciencia tiene un límite. Seguiremos luchando por los intereses del pueblo. El FUAC no ha muerto.

Probablemente, el FUAC tenía planes de expansión por la vía civil y militar. Sus últimos e insólitos vínculos con el controvertido banquero Alvaro Robelo, con el banquero liberal Haroldo Montealegre y con el gobierno libio apuntaban al inicio de una nueva fase de lucha. ¿Cuál, para qué? Estas desquiciadas señales renovaron el interés por su exterminio total antes de que todo se saliera de control. La guerra sucia contra el FUAC culminó con el asesinato aun no esclarecido -seguramente, nunca se esclarecerá- de sus tres principales líderes. Tito Fuentes murió desangrado después de haber sido emboscado frente al cementerio de Siuna. Turcios fue citado por un ex-miembro del FUAC para encontrarlo en el empalme a Boaco, donde fue acribillado. Aunque se trata de un lugar de fluido tráfico vehicular, y pese a que se dispararon varias ráfagas de AK-47, la policía no apareció en la escena del crimen hasta ocho horas después. Damián murió al estallarle en las manos un aparato de radio con el que intentaba comunicarse con Marenco.

¿Crímenes políticos? ¿Una facción sandinista en el Ejército aprovechó una luz verde del gobierno para, eliminando a los dirigentes, atizar el fuego en Siuna y poner en evidencia la galopante ingobernabilidad en que se sumía el país? ¿Los dirigentes del FUAC debían ser desechados por quienes estaban reactivando el grupo y para cuyos intereses había dejado de ser beneficiosa su existencia? ¿Quiénes eran los reactivadores del FUAC: políticos, narcotraficantes, madereros? ¿Hábil jugada del FSLN en el marco del pacto con el gobierno liberal para matar tres pájaros de un tiro: eliminar a los molestos y críticos bandoleros, desestabilizar al gobierno y ganar margen de maniobra en el pacto? ¿Utilizó el Ejército a desmovilizados del FUAC que sentían que Camilo les estaba fallando, obteniendo beneficios personales en negociaciones bajo agua con el Ejército? ¿O bien El Pufe y otros de los señalados como asesinos de los tres miembros del Estado Mayor del FUAC no fueron unos descontentos de última hora, sino unos infiltrados de primera hora, que trabajaron siempre para la inteligencia militar del Ejército? No lo sabemos.
¿No lo sabremos? Casi seguramente no. Nicaragua no conoce aún, tal vez nunca conocerá, en qué mundos subterráneos se hunden las raíces de esta guerra sucia desatada contra el FUAC. Lo que sí conocemos es el saldo de la estrategia: las comisiones de paz y los organismos de derechos humanos, nacionales y locales, se han quedado como voces clamando en el desierto por el respeto a la vida y por el cumplimiento de los acuerdos. Es también un saldo negativo el haber conseguido -matando a la dirigencia del FUAC y truncando sus proyectos- el fin de un interesante experimento social de reinserción productiva de un grupo armado, experiencia inédita en una Nicaragua que la necesitaba. Al tomar una cadena de decisiones contraproducentes, el gobierno logró lo peor: el control de los grupos armados del Triángulo Minero se le ha ido de las manos.


Un resultado de la guerra sucia: bandas armadas y paramilitares


Las muertes de Tito y Camilo no provocaron una afluencia masiva hacia las filas del FUAC, como Marenco y otros probablemente esperaban. El cálculo del Ejército, fue más correcto y es probable que el FUAC haya tocado el techo de su capacidad de reclutamiento. Pero gracias a los muchos buzones de armas que dejó la guerra y a la base social que el abandono incentiva, un pequeño grupo de hombres armados puede fácilmente desestabilizar toda una región.

El Ejército sabe que no es fácil acabar con el FUAC. Evita tocar su base social. Pisar ese terreno podría extender las dimensiones de la violencia, como ocurrió en los años 80 con "la contra". Para socavar la base social del FUAC, el Ejército se sirve de grupos de paramilitares, cuya organización atribuyen los pobladores del Triángulo Minero al liberal Vicente Trujillo, Presidente del Consejo Regional de la RAAN. Con la venia de la Policía operan en la zona el ex-miembro del FUAC Cristóbal Martínez y el ex-miembro de la Resistencia Ezequiel Medrano Mochila. Los dos dirigen la llamada Policía Auxiliar, Policía Voluntaria o Policía del Campo.

El grupo de Cristóbal Martínez se autodenominó Los Justicieros. Han formado otro anillo en la espiral de violencia. Tienen cárceles clandestinas y usan el secuestro y la ejecución inmediata como métodos por excelencia de su actividad. La actuación ineficaz de la Policía Nacional y del sistema judicial ha alentado la aplicación de la justicia por cuenta propia para que se cumpla lo que Tucídides decía de los alrededores de las ciudades griegas donde el fuerte hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía. La población se queja de las arbitrariedades que cometen, mientras la Policía insiste en que no son paramilitares porque están vigilados y coordinados institucionalmente. Estos dos grupos paramilitares y el de más reciente creación, la banda de Eugenio Ortega, junto a los tres otros grupos armados que son considerados remanentes del FUAC, suman seis grupos irregulares, cuyos cabecillas y número de integrantes se muestra en el cuadro. Los datos numéricos fueron calculados con ayuda de los promotores de programas de desarrollo que, con gran inseguridad, se desplazan por la zona.



GRUPOS ARMADOS EN EL TRIÁNGULO MINERO


Nombre del cabecilla Miembros Organización de origen Lugar de origen
José Luis Marenco 35-100 EPS Rosita
Pilar Lira "Tyson" 10 Penal de Matagalpa Jinotega
Domingo Quintero "Tinieblas" 10 Desconocida Siuna
Eugenio Ortega 10 Resistencia Siuna
Ezequiel Medrano "Mochila" 25 Resistencia Siuna
Cristóbal Martínez 20 FUAC Siuna

Estos grupos constituyen todo un sistema paralelo de justicia y hacen que los fusiles sigan siendo el motor de la movilidad social. ¿Son pandillas "de monte" ? ¿Algunos son bandoleros sociales y otros mercenarios al servicio de los madereros y los narcotraficantes dueños de la región? Los vínculos de estos armados con los madereros son casi públicos. La alianza madereros-rearmados permite a ambos consolidar su poder. Es impensable que un maderero sobreviva en esta zona sin pagar "impuesto de guerra", típica exigencia de los movimientos de esta naturaleza. Y es impensable que el armado sobreviva sin la contribución de los amos de la madera. El libre desplazamiento tiene un precio y el hacer negocios otro no menos elevado. Estos lazos vienen a complicar la maraña en que se enredan paramilitares, bandas ligadas al FUAC y narcos, luchando todos por el control de esta zona.



"Rearmados": simplificación de una tormentosa historia


El apelativo de "rearmados" aplicado a todos estos grupos es una inocua simplificación periodística o una tendenciosa construcción ideológica para vender en un mismo racimo a movimientos de tan variopintas motivaciones. La obtusa mentalidad policial y la pereza periodística se dieron cita para acuñar y difundir esa etiqueta que ignora tan tormentosa historia. Se les denomina "rearmados" a falta de un nombre mejor, buscando destacar que sus dirigentes participaron, como miembros de la Resistencia o del EPS en la guerra de los 80, pero se oculta la juventud de muchos de estos hombres, el carácter diverso de los distintos grupos invocados con el término "rearmados" y el hecho de que las condiciones de miseria de la zona son un espeso caldo de cultivo para algo más que "rearmarse".

Los tres grupos actualmente considerados como FUAC, el de Marenco, el de Tinieblas y el de Tyson, son claramente distinguidos por los pobladores de Siuna. Tyson y Tinieblas son represivos con los campesinos, que se sienten bien tratados por Marenco. La policía supone que esto sucede porque se han dividido el trabajo: Marenco lleva las relaciones con la base social, Tinieblas se enfrenta con la policía y Tyson realiza los crímenes atroces. Existen otras diferencias. La fundamental es que Marenco tiene un discurso social, herencia de su formación sandinista y del sello que Camilo Turcios imprimió al FUAC. Tyson también tiene discurso. Su discurso es el de las armas, que en una zona como Siuna siempre tiene atractivo. No es remoto que exista un vínculo entre Marenco y Tyson. No es ninguna novedad histórica que el bandolero noble y el bandolero airado y cruel, entregado al terrorismo indiscriminado, convivan en el mismo territorio e incluso en el mismo grupo militar. Sucede hasta en los mismos Ejércitos. Cuando ocurrió el secuestro del canadiense Guarducci, el grupo de Marenco llegó al extremo de pedir la libertad de Charlie y El Frijol Mágico, reconocidos criminales con especialidad en corte de cabezas, afición macabra que comparten con Tyson.

Los muy probables vínculos entre bandoleros "buenos" y "malos", la masacre de la familia Montenegro, nuevas masacres atroces y emboscadas contra las fuerzas policiales, con muertos y heridos, han deteriorado, tal vez definitivamente, la imagen y los objetivos del FUAC. Podría estarse cumpliendo ya la ley que Hobsbawm formuló sobre la degeneración del bandolerismo social: Los bandoleros que no se adaptan a las nuevas formas de la lucha por la causa de los campesinos, como de hecho lo hacen muchos de ellos individualmente, son bandoleros que dejan de ser los defensores del pobre para convertirse en meros delincuentes o quedarse a sueldo de los partidos políticos, de los terratenientes y de los comerciantes.

En cualquier caso, esto no liberaría al gobierno de sus responsabilidades por haber faltado a la palabra dada durante las negociaciones de desarme. Tampoco liberaría al Ejército por su guerra sucia. Muy torpe es la política que busca obtener una solución de corto plazo prometiendo lo que no se tiene o no se está dispuesto a entregar. Más torpe aún fue no dar oportunidad a los bandoleros desmovilizados para que, sin armas, trabajaran y produjeran. Más trágico, haber pretendido edificar la paz sobre tres asesinatos a sangre fría y hasta hoy impunes.


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