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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 232 | Julio 2001

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Nicaragua

FUAC: hitos en el camino

Con escasos datos documentados sobre las acciones realizadas por el FUAC entre 1995 y 1997, los años de "bandolerismo social" antes de su desmovilización, esta mini-cronología brinda un marco para reconstruir la historia de este grupo armado.

José Luis Rocha


1982

Edmundo Eugenio Olivas Córdoba, nacido en Quilalí, después de participar en la lucha contra Somoza, se integra como jefe de columna en las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) en El Salvador. Un año después es capturado por el ejército salvadoreño. Es puesto en libertad en 1984. Al regresar a Nicaragua se reintegra al Ejército Popular Sandinista (EPS), donde permanece en varios frentes de batalla de la guerra con los "contras" y alcanza el rango de Capitán.


Diciembre 1989

Edmundo Olivas es trasladado durante algunas semanas a Managua mientras espera ser enviado a combatir al Ejército de Estados Unidos, que ha invadido Panamá. Finalmente, el gobierno de Nicaragua cancela la misión a Panamá. Los días en Managua permiten conocer a Olivas la vida de lujos de los dirigentes del Frente Sandinista, contradictoria con los ideales que proclaman.


Agosto 1991

Edmundo Olivas pasa a retiro en el Plan de Licenciamiento Número Dos del EPS. Años después los medios dirán que recibió como indemnización dos camiones, una casa y diez mil dólares. Comienza un gradual proceso de reclutamiento de los integrantes del FUAC entre los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista.


1992

A lo largo de todo este año se suceden operaciones militares de grupos rearmados en todo el país y disímiles y ambiguos procesos de desarme. También se producen rearmes de nuevos grupos. El 30 de agosto se da la primera operación militar del recién organizado Frente Norte Comandante 3-80. Decenas de ex-miembros de la Resistencia, gritando consignas a favor de Alfredo César y Arnoldo Alemán, atacan una cooperativa campesina de reforma agraria a 25 kilómetros de Matagalpa.


1994

Pilar Lira Tyson, sargento del Sistema Penitenciario, pone en libertad a 45 delincuentes que cumplían condena en Matagalpa y se interna con ellos en las montañas del Norte. Meses después aparecera en el territorio donde opera el FUAC.


21 febrero 1995

El General Humberto Ortega pasa a retiro. Había sido acusado por el sector más antisandinista de la Unión Nacional Opositora (UNO) de complicidad con las bandas de rearmados de desmovilizados del Ejército.


10 marzo 1995

El Ejército da por concluido un plan militar iniciado en octubre de 1994 que consiguió la desarticulación de 101 bandas de delincuentes armados y capturó a 3,022 de sus hombres. Para entonces, el FUAC ya está operando en el Triángulo minero y en el Kilambé y sus alrededores (Jinotega).


Abril 1995

La CORNAP, institución creada por el gobierno Chamorro para privatizar los activos del Estado durante el gobierno sandinista, informa que de 351 empresas estatales ya han sido privatizadas 345, bloque en el que se incluyen empresas muy rentables, como las minas de oro y los complejos turísticos. Las operaciones de venta dejan un ingreso de 195 millones de córdobas. Peritos independientes estiman que las empresas se han vendido a un monto entre 14-20 veces por debajo de su valor real. Mientras se consuma lo que algunos denominan "la piñata chamorrista", los desmovilizados del Ejército y la Resistencia siguen a la espera de que se les asignen y titulen las propiedades con que deben ser indemnizados.


26 mayo 1995

Edmundo Olivas denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) de Managua hostigamientos contra su persona. Había sido detenido, interrogado y amenazado por agentes policiales. De acuerdo al documento en que consta su denuncia, los captores le advierten que están en capacidad de desaparecerlo a él y a su familia, que más de 40 vehículos lo siguen y que tienen un álbum con fotografías de sus movimientos, y le obligan a firmar una declaración haciéndose responsable del que la Policía llama Movimiento terrorista Frente Unido Andrés Castro. Olivas denuncia que muchos compañeros retirados del Ejército están siendo objeto de idénticos hostigamientos.


Octubre 1995

El CENIDH denuncia que las 1,538 personas asesinadas en zonas rurales desde el cambio de gobierno en 1990 hasta diciembre de 1994 no expresan únicamente actos de delincuencia y señala que la raíz de estas muertes hay que buscarlas en el incumplimiento de las promesas que el gobierno hace a los desmovilizados del Ejército y de la Resistencia. Edmundo Olivas, ya internado en las montañas del Triángulo Minero, adopta el seudónimo de Camilo Turcios. El FUAC reclama legalización de tierras, mejoramiento de la red vial y departamentalización del Triángulo Minero, instalación de energía eléctrica en Siuna, Bonanza, Rosita y en trece comunidades de Siuna, construcción de hospitales en cada cabecera municipal del Triángulo Minero, crédito para la producción agrícola y para el mejoramiento del hato ganadero y creación de Polos de Desarrollo en el Triángulo Minero.


Junio 1996

Catorce partidos políticos piden al Consejo Supremo Electoral (CSE) que se suspendan las elecciones en Matagalpa y Jinotega mientras persista la actividad de los rearmados. En esos dos departamentos se encuentra el 17% del electorado nacional y varios de los grupos que operan allí, considerados ramificaciones del Frente Norte 3-80, realizan propaganda y represiones en nombre de la Alianza Liberal. Fracasa un primer intento de negociación entre el FUAC y el gobierno Chamorro. El FUAC abandona las zonas de enclave y se niega a dialogar con la Comisión de Paz, compuesta por miembros del Ejército y funcionarios del gobierno. Aunque en Managua aparecen pintas del FUAC durante la campaña electoral, el abandono en que se encuentra el Triángulo Minero hace que el FUAC no sea aún noticia y el gobierno no experimente urgencia alguna por desmovilizarlo.


17 abril 1997

Tras la llegada al gobierno de Arnoldo Alemán, se conforma una nueva Comisión de Paz en el Triángulo Minero. La integran Vicente Trujillo (Delegado de Gobernación y ex-miembro de la Resistencia), la Hermana Sandra Price y la Hermana María Lourdes Camargo (Iglesia Católica), Douglas González (CEPAD, evangélicos) y María Isabel Salgado (CEDHECA, derechos humanos de la Costa Atlántica).


20 abril 1997

Ataque del Ejército a miembros del FUAC en el Empalme Labú, punto en que debían reunirse con la Comisión de Paz. La emboscada tuvo como consecuencia cuatro muertos y cuatro heridos. El Alcalde y el Ejército no brindaron medios para el transporte y, de antemano, habían deslindado toda responsabilidad por las vidas de los miembros de la Comisión de Paz.


29 mayo 1997

Todo el mes es de mucha tensión. El Ejército amenaza con un operativo de "limpieza" mientras el gobierno ofrece comprarle sus armas al Frente Norte 3-80, con quien mantiene una actitud ostensiblemente complaciente. La Comisión de Paz viaja diaria e infructuosamente a las comunidades buscando contacto con el FUAC. Hacen uso del transporte colectivo porque ninguna instancia gubernamental les ofrece medios para movilizarse. Las comunidades se quejan de la escalada de violencia: operativos del Ejército y hostigamiento del Frente Norte 3-80. Las denuncias provienen de las cooperativas agropecuarias cercanas a la reserva Bosawás, que son base social del FUAC. El FUAC amenaza con eliminar al Frente Norte 3-80, cuyas fuerzas no estima superiores a los 250 hombres.


30 mayo 1997

El Frente Norte 3-80 firma el protocolo para su desmovilización.


11 junio 1997

Reunión de la Comisión de Paz con Ramiro, miembro del Estado Mayor del FUAC, en Labú. El FUAC baja constantemente de las montañas a la carretera Siuna-Mulukukú para desactivar a las bandas delincuenciales que operan en la zona. Sostienen que se ven obligados a jugar ese rol por la inoperancia del Ejército y la Policía.


23 mayo 1997

Con 20 días de retraso, se hace efectiva la desmovilización del primer contingente de miembros del Frente Norte 3-80: entregan sus armas 27 rearmados que operaban en el departamento de Chontales.


27 junio 1997

Reunión de la Comisión de Paz con el Estado Mayor del FUAC en Labú. En la reunión participa el dirigente Tito Fuentes.


3 agosto 1997

Reunión en Labú del FUAC con la Comisión de Paz, organismos de derechos humanos y representantes del Ministro de Defensa. No se llega a ningún acuerdo. El FUAC quería que el gobierno escuchara las demandas de la población antes de hablar de desarme y desmovilización, buscando un estilo participativo en las pláticas. El gobierno procura negociar exclusivamente con quienes encabezan el Estado Mayor del FUAC. Las tensiones se elevan al llegar al lugar tropas especiales del ejército.


10 agosto 1997

El Ejército cede al FUAC el control de la vía Siuna-Mulukukú. Camilo Turcios y Tito Fuentes se entrevistan con el Teniente Coronel Leonardo Guatemala en Tadazna y conciertan una plática con el Ministro de Defensa para el 18 de agosto.


18 agosto 1997

El Ministro de Defensa, Jaime Cuadra, propone a Camilo Turcios reunirse el 21 de agosto en Matagalpa.


28 agosto 1997

El FUAC secuestra al Alcalde del Cuá Bocay por espacio de cuatro horas para exigirle que repare la carretera, demanda que comparten todos los ciudadanos de ese municipio.


8 octubre 1997

Reunión del Estado Mayor del FUAC con el Ministro y el Viceministro de Defensa en Managua. Se establecen la zonas de paz o áreas de enclave que permanecerían libres de militares y en las que el FUAC se podría movilizar libremente. El FUAC pide conocer el protocolo de desmovilización del Frente Norte 3-80.


27 octubre 1997

El FUAC entrega al gobierno una lista de sus demandas. El Ministerio de Defensa suspende las pláticas ante la negativa del FUAC a presentar un calendario de desarme. El FUAC pide que al momento de la entrega de armas se proporcionen carnets de identidad a los desmovilizados, requerimiento habitual en todos los procesos de desmovilización.


7 noviembre 1997

Se reanudan las pláticas entre el FUAC y el gobierno. El Presidente Alemán anuncia con bombo y platillo que esta negociación pondrá fin definitivo al ciclo de violencia que ha afectado a la zona norte de Nicaragua. Según el Ejército, entre muertos y heridos, la actividad de todos los grupos rearmados había causado 1, 269 víctimas entre 1991 y 1996. El Presidente Alemán se frota las manos calculando cuántos puntos a su favor se anotará en el barómetro de gobernabilidad que le puede abrir las puertas de la iniciativa HIPC para la reducción de la deuda externa.


4 diciembre 1997

El gobierno y el FUAC firman el acuerdo de desmovilización de 440 miembros del FUAC, a quienes se concede amnistía, tierras y proyectos de largo plazo para el desarrollo de la zona. El documento contempla mantener un grupo de hombres armados para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. 120 hombres entregan sus armas en Jinotega ante al Ministro de Defensa, Jaime Cuadra.


12 diciembre 1997

El FUAC rehusa deponer las armas si antes no se hace efectiva la entrega de las tierras prometidas.


21 diciembre 1997

En Labú se desmoviliza un contingente de 210 hombres del FUAC. Un inesperado desplazamiento del Ejército es interpretado por el FUAC como un amago de ataque. Los efectivos del FUAC abren fuego y toman a los miembros de la Comisión de Paz como rehenes durante tres días. En el origen de esta crisis estuvo la decisión del Ejército de usar un contingente de tropas especiales que portaban armas con silenciador durante la carnetización de los hombres del FUAC.


25 diciembre 1997

Se crea la Fundación Andrés Castro y se desmovilizan Camilo Turcios, Tito Fuentes y Damián, los tres miembros del Estado Mayor del FUAC. José Luis Marenco permanece en armas con un pequeño grupo, estimado en 94 hombres, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.


30 septiembre 1999

Transcurren dos años en que el FUAC parece haber desaparecido de la escena, mientras se acumulan los incumplimientos a los acuerdos suscritos para la desmovilización. La debilidad militar del remanente que permanece en armas le resta capacidad de negociación. Repentinamente, el remanente del FUAC actúa y pone en vilo al país: el soldado nicaragüense Orlando Rocha Sánchez y Manley Guarducci, ciudadano canadiense e ingeniero de la Compañía Minera Canadiense HEMCO (Hunt Exploration and Minning Company), que opera en Bonanza gracias a las concesiones que obtuviera durante el gobierno de Violeta Chamorro, son secuestrados por el grupo liderado por José Luis Marenco. El grupo declaró que sólo se proponía sustraer explosivos de la mina, pero que al ser sorprendido por el Ejército, tomó a los dos rehenes para evitar ser atacados.


3 noviembre 1999

Liberación de Manley Guarducci y Orlando Rocha tras negociaciones en las que Camilo Turcios y el CENIDH sirven de intermediarios. Según declaraciones de HEMCO, no hubo entrega de dinero a cambio de la liberación.


2 enero 2000

Alejandro Navarro Guevara Tito Fuentes, quien estaba entregado plenamente a la ejecución de proyectos de desarrollo financiados por el PNUD, es asesinado en una emboscada que le tendieron tres hombres armados frente al cementerio de Siuna. El CENIDH denuncia como autores directos del asesinato a dos ex-miembros de la Resistencia, Justiniano Treminio El Veloz y Adolfo Sánchez El Chaparro, y a dos ex-miembros del FUAC, Guadalupe Montenegro y Cristóbal Martínez. La denuncia del CENIDH sobre la participación del Ejército en el asesinato de Tito Fuentes es publicada en su informe anual. El Ejército guarda total silencio hasta hoy.


21 enero 2000

Atentado contra la vida de Guadalupe Montenegro, ex-miembro del FUAC, quien es hospitalizado y custodiado durante dos meses por la Policía, hospedado en la delegación policial de Siuna. Montenegro señala a Camilo Turcios y a Osmán Ulises López Sargento, como implicados en el intento de su asesinato. Montenegro se había apropiado de un lote de unas 180 manzanas ubicado en Waspado, cedido al FUAC para formar una cooperativa de 60 socios. El lote lo reclama Humberto Ruiz, también ex-miembro del FUAC, en nombre de un grupo de cooperativistas de El Hormiguero.


13 marzo 2000

José Francisco Moncada Calderón Damián y Osmán Ulises López Sargento visitan las oficinas de la OEA en Managua para declarar que temen por sus vidas. El CENIDH solicita seguridad policial para Damián, sin conseguir respuesta.


15 marzo 2000

Camilo Turcios es asesinado en el empalme a Boaco. Doribel Cáceres, su esposa, sobreviviente de la emboscada, identifica como autor material del asesinato a Franklin Teodoro Hernández Granados, conocido como El Pufe por las Pequeñas Unidades de Fuerzas Especiales (PUFE) del EPS a las que perteneció en los 80. El Pufe era desmovilizado del FUAC. En uno de los bolsillos de Turcios encontraron una amenaza de muerte que Justiniano Treminio El Veloz dirigía a Sargento.


30 marzo 2000

El CENIDH entrega al General de Brigada Roberto Calderón y a la Comisionada General Eva Sacasa un informe sobre los asesinatos de Tito Fuentes y Camilo Turcios. De este informe debían haberse derivado indagaciones para esclarecer la posible participación de dos mayores y un teniente del Ejército, un capitán de la policía y el Delegado de Gobernación en la RAAN, Vicente Trujillo en estos crímenes. Nada se hizo. El curso del proceso fue estancado en los juzgados de Siuna por el Juez Cristino Aguilar. El General Javier Carrión declaró estar recibiendo amenazas de muerte después del asesinato de Camilo Turcios.


5 mayo 2000

Osmán Ulises López Sargento es recluido en las cárceles de Puerto Cabezas.


15 mayo 2000

José Francisco Moncada Damián es elegido como Presidente de la Fundación Andrés Castro en reposición de Camilo Turcios.


16 mayo 2000

El grupo de Pilar Lira Tyson asesina y decapita a José Alfredo Lumbí, considerado informante de la Policía. Lumbí reclamaba como propias las tierras asignadas a una cooperativa de ex-miembros del FUAC, presidida por Humberto Ruiz, desmovilizado del FUAC en 1997.


18 mayo 2000

Osmán Ulises López Sargento es puesto en libertad. A las dos de la tarde, en la comunidad de Waspado, un grupo de armados quema la casa y masacra a la familia de Guadalupe Montenegro. Dejan un saldo de siete muertos, entre ellos la esposa, la suegra, un hijo y un cuñado de Montenegro. El grupo que perpetró la matanza se componía de 10 hombres y supuestamente se autoidentificó como parte del "Comando Regional Carlos Ulloa", encabezado para esta operación por Lucas Martínez Jamaica, lugarteniente de Tyson. La Policía insinúa que Sargento está vinculado a la masacre.


2 junio 2000

Pilar Lira Tyson es acusado de participar en la masacre de la familia de Guadalupe Montenegro. Se le atribuye haber decapitado a la esposa de Montenegro. Montenegro acusa a Tyson y a Humberto Ruiz Pérez, un desmovilizado del FUAC de 60 años, presidente de una de las cooperativas ubicadas en El Hormiguero, de ser los ejecutores de la masacre de su familia. Humberto Ruiz acude al CENIDH a denunciar esas acusaciones como "cama" para futuros atentados en su contra. Según la Policía, Ruiz se interna a la montaña con un grupo de 15 hombres. Llega al Triángulo Minero un contingente de 350 soldados para reforzar el operativo militar contra las bandas delincuenciales y los remanentes del FUAC, entre quienes el Ejército no hace distinción.


3 junio 2000

Muere Lucas Martínez Jamaica en enfrentamiento con el Ejército.


5 junio 2000

Vilma Núñez de Escorcia, Directora del CENIDH, es acusada por el Ministro de Gobernación René Herrera de mantener vínculos con José Luis Marenco y de haber entorpecido el proceso de liberación de Manley Guarducci. Simultáneamente, Guadalupe Montenegro, ex-miembro del FUAC y protegido por la Policía, acusa a la doctora Núñez de haber recibido dinero por el rescate de Guarducci. El Consulado canadiense y la empresa HEMCO salen en defensa de Núñez, reconocen su destacado papel como intermediaria en la liberación de Guarducci y declaran que no hubo desembolso alguno como condición del rescate.


4 junio 2000

El Jefe del Ejército Javier Carrión rechaza una propuesta de amnistía para los rearmados del Triángulo Minero presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Continúa el operativo militar.


1 julio 2000

Uno de los capturados por estar implicado en la masacre de la familia Montenegro identifica como participantes en la misma a dos hijos de Humberto Ruiz y a Juan Guaba. La Policía también gira orden de captura contra Damián.


2 septiembre 2000

En la comunidad de Casa Vieja, a 20 kilómetros de Siuna, José Francisco Moncada Calderón Damián muere al estallarle en las manos el aparato de radio con el que intentaba comunicarse con José Luis Marenco. Lo acompañaban Tripolín (también conocido como Juan Guaba), Cherepo y El Chino, que no murieron.


15 septiembre 2000


El FUAC acusa a la Dirección de Información para la Defensa (DID), adscrita al Ejército, de haber asesinado a Damián. El comunicado lo firman Robin, Halcón, Tiniebla, El Caminante y José Luis Marenco.


19 septiembre 2000

Tras varios días de búsqueda, la Policía encuentra el cadáver de Damián.


25 noviembre 2000


Tras denuncias del CENIDH ante la Corte Suprema de Justicia, es destituido el Juez único de Siuna, Cristino Aguilar, apodado Cinco mil pesos porque exigía esa cantidad de dinero para que todo trámite judicial fuera satisfactorio al cliente. Aguilar había retardado el esclarecimiento del asesinato de Tito Fuentes.


Enero 2001

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) hace público su Informe Anual, donde documenta las circunstancias, los procedimientos empleados y los implicados en las que tipifica como "tres muertes anunciadas": la de los tres dirigentes del Estado Mayor del FUAC, Tito Fuentes, Camilo Turcios y Damián. Anunciadas, se argumenta en el Informe, porque en los meses que precedieron a sus asesinatos los tres habían denunciado ante el CENIDH en varias ocasiones, y con pruebas, la persecución, detención y amenazas de muerte que de manera reiterada les habían hecho miembros de la Dirección de Información para la Defensa (DID) y de la Inteligencia Militar del Ejército de Nicaragua. La primera denuncia la presentaron en el CENIDH los tres dirigentes el 23 de noviembre de 1998, un año después de su desmovilización y poco más de un mes antes del asesinato de Tito Fuentes. Un ex-mayor del Ejército, solicitando que su identidad no fuera revelada, confirmó en esas fechas que el plan para liquidar a los principales líderes del FUAC ya estaba en marcha. Todas las fuentes con las que el CENIDH realizó su investigación coincidieron en señalar como involucrados en este plan a efectivos del Ejército y de la Policía que se valieron de Justiniano Treminio El Veloz, de Adolfo Hernández Sánchez El Chaparro -desmovilizados de la Resistencia-, de Guadalupe Montenegro, ex-miembro del FUAC, y de Cristóbal Martínez, cabecilla de un grupo paramilitar. También señalaron como principal autor intelectual del plan a Vicente Trujillo, Presidente del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico Norte. A pesar de que en su Informe Anual el CENIDH detalló los múltiples indicios de la negligencia policial en la investigación de los tres crímenes y del involucramiento del Ejército en las muertes -entre otros datos, a ello apuntaban los métodos evidentemente sofisticados y el hecho de que los ejecutores de los crímenes fuera gente con formación profesional militar y dotada de los recursos técnicos para llevar a cabo su misión-, el Ejército y la Policía no sólo no avanzaron en la investigaciones sino que guardaron silencio sobre el contenido del Informe del CENIDH.


Abril 2001

Con el asesinato de cinco miembros de una familia liberal en Siuna el Presidente Arnoldo Alemán inicia una escalada de retórica electoralista vinculando el crimen con el FSLN y las acciones armadas en Siuna con la estrategia electoral del FSLN. El FSLN lo niega. El gobierno ordena un nuevo operativo militar en el Triángulo Minero. Retórica y medidas militares agravan la inseguridad en Siuna. En mayo y junio, el Presidente Alemán persiste en su absurda campaña, orientada a generar miedo hacia el FSLN, vinculándolo a acciones de los grupos armados en Siuna. El 2 de julio, Alemán declara haber recibido durante toda esa mañana llamadas telefónicas de miembros del FUAC, que "amenazaron con asesinarme y traer un caos al país". En menos de 24 horas la Policía descubre que las llamadas fueron hechas por un joven con problemas mentales.

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