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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 120 | Octubre 1991
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Nicaragua

La amistad de Estados Unidos con el gobierno Chamorro

En la Nicaragua de hoy, la concertación económica-social tiene límites. También tiene límites la soberanía nacional. Y es la amistad del gobierno Chamorro con el gobierno de Estados Unidos quien señala esos límites.

Equipo Envío

Dos hechos ocurridos en septiembre - el retiro definitivo de la demanda de Nicaragua contra Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya y el pago de la mora que Nicaragua tenía con los organismos financieros internacionales - pusieron dramáticamente de relieve el precio político que tiene la aceptación del modelo neoliberal que defiende el gobierno Chamorro y que pregona el de los Estados Unidos.

Un permanente chantaje económico

Independientemente de la afinidad ideológica que existe entre el equipo gobernante nicaragüense y la administración Bush, el marco político de la Constitución de Nicaragua y la fuerza organizada a todos los niveles por el sandinismo, venia dificultando el que el gobierno Chamorro tradujera esta afinidad ideológica en medidas políticas. A toda costa se querían evitar las confrontaciones en las calles. Desde el mismo cambio de gobierno los empresarios del COSEP, los partidos políticos de la coalición UNO, el diario La Prensa, y posteriormente toda la bancada UNO en la Asamblea lidereada por Alfredo Cesar, fueron - con el apoyo directo o indirecto de la Embajada estadounidense - generando presiones sobre el Poder Ejecutivo, y sobre Antonio Lacayo en particular, con el fin de poner en su lugar a los sandinistas.

Para todos estos sectores, el sandinismo estaba tan debilitado después de la derrota electoral, persistente amenaza sobre una reacción violenta del pueblo si se revertían los logros fundamentales de la Revolución, no era mas que un "bluff", un "fantasma político" que debía ser confrontado y desinflado.

Eran de todos conocidos las "preocupaciones" que la extrema derecha y los Estados Unidos tenían por la permanencia de sandinistas en los mandos de las Fuerzas Armadas. Igual malestar habían causado en Washington los Acuerdos de Concertación de octubre/90 y de agosto/91 firmados entre el gobierno y las fuerzas sindicales sandinistas, malestar fielmente expresado en la decisión del COSEP de no firmar esos acuerdos y también en el apoyo norteamericano a Alfredo Cesar ya la Asamblea Legislativa para que menoscabar el poder de la Presidenta y de Antonio Lacayo y comenzaran a ser guardianes de los intereses norteamericanos, neutralizando así la disposición gubernamental de consentir al sandinismo.

En realidad, Lacayo y su equipo ya habían intentado en varias ocasiones confrontar al sandinismo en las calles, especialmente con la imposición de duras medidas de ajuste económico. En general, el resultado no les fue favorable: los sindicatos y las fuerzas populares obligaron al gobierno a dar marcha atrás y a negociar con ellos. Pero esto no significaba que el sandinismo se encontrara fortalecido. Por el contrario, un cansancio generalizado de las sociedades abría la posibilidad de un desgaste político si se abusaba de confrontaciones y movilizaciones.

Después de un año de estar en la oposición, el sandinismo - al menos a nivel del partido - parecía resignado a aceptar la implementación del plan de ajuste neoliberal. No podía criticar el logro de la estabilidad monetaria ni tampoco los esfuerzos del gobierno para conseguir recursos externos. La critica la limitaba a exigir una mayor atención presupuestaría para los gastos sociales por un lado y por el otro, a hacer efectivo - como base de un poder popular - el derecho de los trabajadores a la propiedad, tanto a la propiedad urbana o rural otorgada por el gobierno revolucionario como a la propiedad total o parcial de las empresas estatales que iban a ser privatizadas. La contienda económica se daba dentro de un marco político-constitucional-policial favorable al sandinismo, pero dentro de un esquema económico neoliberal impulsado por Estados Unidos y por el mismo gobierno en Nicaragua y contrario a los intereses populares. Es evidente que en esta contienda - inédita por las particularidades condiciones de Nicaragua -, como en todas las otras libradas en el país, la Embajada de Estados Unidos no iba a permanecer al margen.

Contradicciones del gobierno Chamorro con Estados Unidos

La contradicciones del gobierno de Violeta Chamorro con los norteamericanos habían salido a la luz, algo torpemente, a partir de las burdas tácticas utilizadas por Estados Unidos para presionar al gobierno de Nicaragua. El flujo de los desembolsos de la ayuda de la AID, así como los esfuerzos oficiales de Washington para reunir internacionalmente los fondos requeridos por Nicaragua para pagar su mora, -reduciendo su propia contribución al mínimo -, se vieron en mas de una ocasión bruscamente interrumpidos.

La razón técnica que para estas interrupciones aducía la AID -cuyo personal estaba presente en prácticamente todos los aparatos del gobierno - era que el equipo económico de la Presidenta Chamorro se "atrasaba" en la formulación e implementación del plan de estabilización económica y en la presentación de los proyectos y legislaciones, elementos sin los que no se podían hacer efectivos los desembolsos. A su vez, la "implementación" del plan de estabilización requería de la anuencia del sandinismo, que respondía con huelgas si no se introducían en el plan variaciones presupuestarias, técnicas o sociales.

Esta amenaza de huelgas y de inestabilidad - costosas para el gobierno y para la imagen del país ante los inversionistas -, llevo al Poder Ejecutivo a plantear la negociación en la forma de Pacto social a Concertación Tripartita. En otros países esto significa el establecimiento de acuerdos entre gobierno, empresa privada y sindicatos.

En Nicaragua se trata de establecer las reglas del juego económico entre el gobierno y el sandinismo. Esta modalidad inédita de pacto social resultaba cada vez menos aceptable para el gobierno de Estados Unidos y para la extrema derecha criolla. El condicionar los recursos de "cooperación" a la evolución de la política económica del gobierno con el que se "coopera" no difería en lo sustantivo de lo que Estados Unidos ha hecho con otros gobiernos latinoamericanos.

Sin embargo, para el gobierno Chamorro la situación planteaba un dilema: o aceptaba el condicionamiento de los Estados Unidos o el de los sandinistas, sabiendo que la confrontación con cualquiera de las dos fuerzas podía llevar el país al caos. La inclinación tecnocrática neoliberal del gobierno inclinaba la balanza de las simpatías hacia los norteamericanos.

Estados Unidos: ni tregua ni paciencia

A diferencia del sandinismo, los Estados Unidos no estaban en la disposición de dar tregua al gobierno Chamorro o de actuar con paciencia en aras de la estabilidad de Nicaragua. Para asegurar el desembolso de los Fondos de Apoyo Económico (Economic Support Funds) para 1990-1991, aprobados por el Congreso, el gobierno nicaragüense se comprometió a implementar reformas económicas, especialmente en materia de privatización .

Un informe oficial de la Oficina de Auditoría del Congreso norteamericano (GAO) dio a conocer los términos exactos de la inflexibilidad norteamericana. Una donación de 20 millones de dólares se entregaría en cuatro partidas y solamente a cambio "de que se reduciría en 15 mil el numero de empleados estatales". Se especificaba "la entrega de 5 millones de dólares por cada 2,500 empleados despedidos".

De manera similar, a principios de 1991 se impuso un cronograma para la privatización de las empresas estatales, condicionando el desembolso de las ayudas al desmantelamiento de las empresas estatales de comercio y a la concesión de licencias para bancos privados. La presión económica se acompañó de presiones políticas. A la vez que condicionaba la entrega de recursos al gobierno, la AID canalizaba 235 mil dólares a Radio Corporación cuya línea informativa es de férrea critica al gobierno por su "blandenguería" con el sandinismo y de clara simpatía a las acciones y demandas de los "recontras". Otros fondos de la AID eran canalizados directamente a las municipalidades y a entidades no solo anti-sandinistas sino anti-Antonio Lacayo. Según el mismo informe de la GAO, se desembolsaban 700 mil dólares a los sindicatos no sandinistas para "realizar estudios en los que se identificaran los programas requeridos para reclutar y retener a miembros captados de las filas de los sindicatos sandinistas".

Este chantaje económico, aunque resentido privadamente por algunos funcionarios gubernamentales, eran negado oficialmente: el Canciller Enrique Dreyfus insistía en que toda la cooperación norteamericana se daba "sin condicionamiento ni presión alguna". Realmente, las contradicciones no eran de fondo pues ambos gobiernos compartían la misma fe en las bondades del libre mercado. Lo que sucedía es que Estados Unidos no escondía su impaciencia ante la "moderación" del Ejecutivo con los sandinistas.

Difícilmente podía el gobierno norteamericano compartir la política de reconciliación promovida por la Presidenta o la insistencia de Lacayo en llegar a acuerdos negociados con el FSLN y el movimiento sindical. La contradicción de impulsar un esquema neoliberal financiado por los Estados Unidos dentro de un marco político que exigía un entendimiento con el sandinismo y con los intereses populares: esa es la contradicción de Antonio Lacayo.

La esperanza del Ejecutivo fue una ilusión

Posiblemente, el Ejecutivo mantuvo la esperanza de que con el tiempo tanto los sandinistas como los norteamericanos irían asumiendo posiciones mas conciliadoras, lo que aseguraría mayor espacio político al gobierno. A medida que avanzaba la implementación del programa económica de estabilización y se anunciaba en septiembre el inicio del plan de ajuste estructural, suponía el Ejecutivo que el chantaje se mantendría al mínimo o cuando menos, Washington no atacaría en todos los frentes a la vez y preferiría mantener una presión clara y decidida de bajo perfil, recurriendo a la zanahoria y no al palo.

Hasta llegó a especularse que en ultima instancia el gobierno norteamericano también se beneficiaba de la capacidad del Ejecutivo de lograr el respaldo táctico del sandinismo al programa económica del gobierno táctico porque no venia siendo enfrentado con las huelgas características de meses anteriores y de las pruebas de lealtad que el Ejército Sandinista venia dándole al gobierno.

Pero la esperanza fue una ilusión. Y la especulación no paso de ahí. Los Estados Unidos, a diferencia del sandinismo, no daban muestras de "moderación". Y aun cuando la política oficial norteamericana era apoyar al programa económica trazado por el gobierno - con la estrecha colaboración de los asesores de la AID -, los funcionarios de la Embajada en Managua explicaban que los "retrasos" en los desembolsos se debían a que el gobierno, en vez de implementar el plan aprobado por la AID, lo habían sometido a discusión en el foro de la Concertación.

Acusaban veladamente al gobierno de no tener valentía política para poner en marcha el plan económica con la velocidad estipulada. La Embajada norteamericana no escondía tampoco su rechazo a la decisión del gobierno que en la segunda ronde de la Concertación (agosto/91) había reconocido el derecho de los trabajadores a poseer el 25% de los activos de las empresas estatales en vías de privatización tanto para la AID como para el COSEP, la noción de "obreros accionistas" solo llevaba a confundir aun mas el asunto de la propiedad y a desalentar la inversión extranjera en Nicaragua.

Ni la bancada de la UNO en la Asamblea ni el COSEP en la Concertación lograron imponerle una aplicación mas ortodoxa, anti-sandinista y pro-norteamericana al programa económico del gobierno. Esto no era tolerable para Estados Unidos.

Renuncia a la resolución de La Haya: el precio político que pagó el gobierno

El 17 de septiembre el Ministro del Exterior nicaragüense anuncio, casi de manera casual pero con no disimulando entusiasmo, que el día 12 el Gobierno de Nicaragua había desistido oficialmente de continuar con la demanda presentada por el Gobierno sandinista contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De hecho, el caso estaba en este momento en una especie de paréntesis. Tras el histórico fallo de junio/86, la Corte había pasado a la etapa de determinar el monto que correspondía pagar a Estados Unidos en concepto de indemnización por la ilegal conducta y su violación del derecho internacional. Nicaragua había calculado los daños y perjuicios causados por la guerra en un monto de 17 mil millones de dólares y aun cuando Estados Unidos había ignorado todo el procedimiento, el expediente estaba técnicamente abierto y políticamente representaba una situación irritante para el gobierno Bush que se viene auto-proclamado como el mayor defensor del derecho internacional.

Desde hacia meses, los mismos medios de comunicación norteamericanos habían informado que Washington condicionaba la ayuda al gobierno chamorrista al retiro de la demanda pendiente en la Corte Internacional de Justicia y que ese asunto también "interfería" en el ritmo de los desembolsos de la ayuda ya aprobada. En abril/91 Washington solo había desembolsado 287 de los 541 millones de dólares ofrecidos. Aunque el gobierno Chamorro se inclinaba a acatar la solicitud presión de los norteamericanos considerando el tema de La Haya no cuestión de principios ni siquiera una ficha negociadora sino un estorbo, el Ejecutivo prefería esperar hasta el ultimo momento.

Días antes de la visita de la Presidenta a Washington (abril/91) el Ejecutivo solicito a la Asamblea Legislativa la derogación de la ley 92, que exigía un proceso de consulta antes de que el Ejecutivo negociara unilateralmente la indemnización ordenada a Estados Unidos por la Corte. La tendencia del gobierno venia siendo la de postergar el retiro definitivo de esta demanda o al menos, evitar la publicitación del paso para no desatar un revuelo político interno y un enfrentamiento con el sandinismo, en momentos en que otros puntos mas prioritarios para el gobierno se encontraban en la agenda de la negociación.

Los funcionarios norteamericanos venían negando públicamente que existiera vínculo alguno entre la cooperación económica de Estados Unidos y el caso de La Haya. Pero en conversaciones y entrevistas privadas no negaban que al gobierno de Managua se le recordaba continuamente la incompatibilidad entre unas buenas relaciones y una demanda que se mantenía activa. "Es muy difícil justificar la entrega de fondos a un gobierno que mantiene una demanda en contra de uno", afirmo un funcionario del Departamento de Estado. No es casualidad que precisamente en vísperas de la visita de la Presidenta Chamorro a Washington se anunciara la solicitud del Ejecutivo de derogar la ley 92. En aquella ocasión la organización Américas Watch comento: "Si bien retirar la demanda mejorara las relaciones entre los Estados Unidos y Nicaragua, nosotros deploramos la falta de estima que esto representa para el derecho internacional, especialmente en el momento en que la administración Bush pretende construir un nuevo orden mundial sobre esos principios".

Un anuncio sorpresivo y polémico: "una vergüenza nacional"

El sorpresivo anuncio de que la demanda había sido retirada y que Nicaragua descontinuaba" el proceso, vino a recordar a todos que la paciencia y la flexibilidad norteamericanas, al igual que la soberanía y la dignidad del actual gobierno nicaragüense, tenían sus limites. Y que la política monetaria y fiscal del gobierno Chamorro no podía ignorar los intereses de Washington, tampoco podía olvidar la política exterior. Para colmo, fue el mismo gobierno nicaragüense el que puso de relieve la vinculación entre el financiamiento norteamericano y la decisión de abandonar formalmente la demanda de una indemnización.

Mientras el gobierno y La Prensa calificaban el hecho como el inicio de una "era de amistad y cooperación" con Estados Unidos, y el FSLN y Barricada lo condenaban como una "vergüenza nacional", el gobierno nicaragüense anunciaba el retiro de la demanda contra Estados Unidos apenas 24 horas antes de su arreglo final con el BM y el BID y a la par que la AID desembolsaba otra partida de "ayuda para el desarrollo". Poco convincente resulto el argumento del Canciller Dreyfus de que era "pura casualidad" el que el retiro de La Haya se produjera un día antes de que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo donde el gobierno cuenta con reconocida influencia certificaran "la mora limpia", el anhelado pago de la deuda de Nicaragua con estos organismos.

Según la explicación oficial, el abandono de la demanda obedecía a un problema "de conciencia", pues Nicaragua había recibido centenares de millones de dólares de Estados Unidos, incluyendo el apoyo norteamericano para la cancelación y renegociación de la deuda. Para el sandinismo esta justificación es la prueba fehaciente de que Nicaragua se ha sometido al chantaje de manera humillante y no aceptando el discutir el tema de forma publica.

Según Barricada: "El Canciller Dreyfus nos ha dejado como serviles, excusando a los norteamericanos por no haber aceptado nunca la jurisdicción de una Corte Internacional... El juicio de La Haya nunca fue una cuestión partidista o revanchista contra Estados Unidos, sino una cuestión nacional, de Patria, de dignidad. Además, la demanda ganada por Nicaragua constituye una conquista histórica de todas las naciones pequeñas que recurren al derecho internacional para reclamar frente al atropello de los poderosos. No tenía derecho este gobierno de disponer de nuestro patrimonio político y del patrimonio político de otras naciones de esta manera. Es una vergüenza nacional".

Para el gobierno era el precio político impuesto a una nación pequeña que recibía a cambio el premio económica de asegurarse la ayuda de la AID y de la banca internacional para su plan de estabilización . Un precio pequeño, con el que culminaba mas de un año de esfuerzos y sacrificios para cancelar una mora de 320 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, deuda que Nicaragua arrastraba desde la imposición del embargo norteamericano en 1985. Para cancelar esta mora, el gobierno debió imponer drásticas medidas "estabilizadoras" e iniciar un largo proceso negociador que condujo en septiembre con el aval formal del Fondo Monetario Internacional, exigido por Estados Unidos y por todo el Club de París.

Créditos puente y donaciones

Hay que tener en cuenta que de los créditos-puente y de las donaciones recibidas por Nicaragua para la cancelación de su deuda - Washington aportó 75 millones de dólares -, un total de 193 millones deben de ser pagados por Nicaragua en el mismo momento en que el gobierno reciba sus primeros préstamos oficiales de la banca internacional. Así, la cancelación de la mora o el inicio de nuevos préstamos deben ser aplaudidos, pero poniendo sordina a estos aplausos. Porque el sacrificio del pueblo entonces no va a terminar. Aproximadamente un 60% del monto de los nuevos préstamos que nos dará la banca internacional deben ser pagados de inmediato a los gobiernos que facilitaron préstamos-puente para pagar la mora.

Y los nuevos préstamos ya vienen atados a la implementación obligatoria de un programa de ajuste estructural: el Ministro de Cooperación anuncio que ahora si todos los nicaragüenses debían "amarrarse la faja". Muy mala noticia en un momento en el que en extensas áreas rurales la sequía y la falta de atención gubernamental obligan a los campesinos a comer yerbas y raíces para sobrevivir. No hay razón, pues, para que los pobres compartan el jubilo oficial por el "acto histórico" en el que Nicaragua consiguió por fin el beneplácito de los banca internacional y de la AID poniendo al día sus cuentas.

La política del Ejecutivo de procurar entendimientos mínimos tanto con el sandinismo como con Washington tiene límites. Aunque la manifestación mas publicitada de esta contradicción ha sido la presencia sandinista en las Fuerzas Armadas, quizás mayor peso político a largo plazo tiene la presencia sandinista en la sociedad y su incidencia en la conformación del modelo económica. Es claro que para los Estados Unidos, este tipo de interferencia "política" en la conformación del nuevo régimen nicaragüense
resulta inaceptable.

¿Qué independencia económica puede tener un país como Nicaragua?

Los gobiernos latinoamericanos no pueden aspirar a formular con independencia su política económica, dadas las crecientes exigencias de "disciplina" financiera que demandan la banca internacional y los Estados Unidos. En ese sentido, y desde un punto de vista técnico, las presiones y condiciones impuestas al gobierno de Nicaragua no son tan diferentes de las aplicadas a otros gobiernos como parte de la nueva ortodoxia financiera y de la Iniciativa Bush para las Américas.

A los pocos días de retirada la demanda en La Haya, la Embajada norteamericana anuncio en Managua con bombos y platillos la condonación de la deuda bilateral que tenía Nicaragua con Estados Unidos - que era lo que Estados Unidos había prestado desde los años 60 al régimen de Somoza -. Aunque esta decisión forma también parte del Plan Bush para premiar a los gobiernos que adopten políticas presupuestarias "correctas" - también se le condono a Honduras su deuda -, para la gran mayoría de los nicaragüenses el perdón no era mas que una compensación por la "condonación" mucho mayor que Nicaragua le había hecho a Estados Unidos.

Dentro del uniformado contexto latinoamericano de neoliberalismo, presiones y condiciones a todos los gobiernos y, no cabe duda de que, por el peso político que el sandinismo tiene en Nicaragua, las presiones norteamericanas sobre el país tienen una especial dimensión. Aunque en una lógica táctica, Estados Unidos debía haber fortalecido la posición del gobierno Chamorro, concediéndole con flexibilidad los recursos que requería urgentemente para apuntalar su administración y así contrapesar al sandinismo, Nicaragua no fue ninguna excepción. Resultaron ilusas las expectativas del gobierno en el sentido de que Nicaragua recibiría de los Estados Unidos un tratamiento especial, similar al que da a Polonia o a Egipto con respecto a sus deudas, o que promovería inversiones productivas de corto plazo en vez de lo que en realidad ha hecho: otorgar préstamos nuevos para pagar préstamos viejos.

No hay excepciones: Nicaragua ha entregado ya en el conocido camino de los condicionamientos impuestos por los bancos multilaterales, abriéndose así una nueva etapa en la que deben esperarse nuevos recortes presupuestarios y nuevas medidas de impacto social negativo.

Estados Unidos exige ajuste económico y ajuste político

Ilusa también ha sido la expectativa de los tecnócratas del gobierno de que los Estados Unidos dejaría de apoyar y promover a los políticos extremistas que alientan la confrontación y que presumen de sus credenciales de "duros" anti-sandinistas y "críticos" de Antonio Lacayo para ganarse los favores de la Embajada norteamericana. El gobierno Chamorro debe sujetarse tanto al condicionamiento político de la ultraderecha interna como al de los organismos financieros. Se abre así una etapa de ajuste estructural que, tanto para le extrema derecha como para los Estados Unidos debe ser ajuste político. Esto va a significar la aparición de nuevos conflictos entre el gobierno y el sandinismo este es - quizás el gran objetivo de la estrategia norteamericana, aun a costa de la estabilidad política del país -, sin mencionar los diarios conflictos de las decenas de miles que ya padecen hambre.

La postura del sandinismo no puede ser pasiva. Su cuota de poder político real le lleva a insistir en el cumplimiento de los compromisos de la Concertación y en la democratización de la economía, aun cuando esos acuerdos al igual que la misma estabilidad de la nación, y la gestión económica por la vía del consenso vienen a ser en la practica totalmente contrarios a la concepción fondomonetarista y norteamericana del "desarrollo" basada en el estimulo a la acumulación privada y en el abandono del papel social del Estado.

Está pendiente aún la resolución del tema de la propiedad y la implementación en la practica del derecho ya reconocido a los trabajadores de ser propietarios de las empresas estatales que sean privatizadas. La insistencia del sandinismo - y en menor medida del gobierno - en encontrar formulas de consenso en materia de política económica restan dramatismo y un perfil claro al debate ideológico. De esta falta de claridad resulta indudablemente beneficiado el Poder Ejecutivo, que es presentado por el sandinismo ante el pueblo como "los buenos" con los que es posible concertar en contraposición a "los malos" de la Asamblea Legislativa y del COSEP. Esta imagen pretende dejar momentáneamente de lado el carácter dependiente de Estados Unidos del actual gobierno y su incapacidad y falta de voluntad para hacer frente a las demandas del capital internacional.

Si la alternativa popular en materia de política económica todavía no se articula con claridad, el retiro de la demanda de La Haya ayudo a dilucidar diferencias políticas, y ya no tanto diferencias de clase, sino las que tienen que ver con el nacionalismo y la dignidad. La humillación y la clara admisión de la hegemonía norteamericana puso sobre el tapete la realidad del orden político que hoy impera en Nicaragua, la naturaleza de esta "nueva democracia" y la incapacidad y falta de voluntad de la derecha para presentar una alternativa propia y nacionalista ante los Estados Unidos.

La arrogancia imperial de los Estados Unidos han tocado una vez mas la fibra patriótica. En cualquier de los casos, esta fibra puede constituir la médula de cualquier alternativa popular.

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