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  Número 440 | Noviembre 2018
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Nicaragua

Qué sucedió en la Policía bajo el mando de Aminta Granera

La desnaturalización de la Policía Nacional es total. Porque de institución nacional pasó a ser un cuerpo de guardia personal de un régimen sectario. Y porque dejó de ser “policía”, un término que significa “protección”. Hoy, esta nueva organización hace lo contrario: ataca, reprime y mata a quienes debe proteger. ¿Qué papel le tocó jugar a Aminta Granera en este proceso?

Roberto Orozco

La salida de la Jefatura de la Policía Nacional de la Primera Comisionada Aminta Granera no fue un acontecimiento digno, todo lo contrario. Después de casi trece años al mando de esa institución, y en medio de la brutal represión que había causado varias centenas de muertos desde el 18 de abril, el gobierno de Daniel Ortega decidió sustituirla por Francisco Díaz como director general de la Policía.

Granera “salió por la puerta trasera”, dijeron algunos, contrastando los primeros lugares de popularidad que Granera conquistaba en todas las encuestas con el desgaste y la deslegitimación con las que llegó al finalizar su mandato. Pero, ¿es cierto que Aminta salió por la puerta trasera? ¿Fue ella la responsable del deterioro institucional de la Policía o fue Ortega quien la arrastró al abismo? ¿O los dos pusieron su granito de arena en lo que ahora ya se conceptualiza como la desnaturalización de la Policía Nacional? Intentaré responder a estas preguntas repasando los dos retos principales que enfrentaba Granera cuando asumió el mando de la Policía Nacional en septiembre de 2006.

GRANERA NO FUE DESTITUÍDA,
RENUNCIÓ EL 20 DE ABRIL


Para evaluar a Aminta Granera con honestidad, lo primero es aclarar algo determinante: a ella no la destituyeron, ella renunció. Y eso no sucedió el 31 de julio, cuando Ortega emitió el decreto presidencial 113 A-2018, que estipula esa fecha como el fin oficial de la carrera de la entonces Primera Comisionada. No fue en esa fecha que ella dejó la Policía.

Ese decreto no fue publicado en el diario oficial La Gaceta hasta el 23 de agosto, cuatro meses y tres días después que ella decidiera presentarle a Ortega su renuncia, de acuerdo a diversas fuentes policiales. Según esas fuentes, Granera le comunicó su decisión a Ortega, su Jefe Supremo según la ley, el 20 de abril, el mismo día en que la represión gubernamental cobraba ya las primeras víctimas mortales, entre las que destacó la del adolescente Álvaro Conrado.

Según esas fuentes, ella no estuvo de acuerdo con que Ortega la usara después como “chivo expiatorio” y se le achacara a su mando la gran cantidad de muertos que ya se preveía causaría la represión policial y paramilitar contra el pueblo, alzado en protestas masivas. De abril a septiembre, cuando escribo, la cifra de asesinados oscilaba entre 322 y 512, según los conteos de varios organismos de derechos humanos nacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

ORTEGA ACEPTÓ QUE GRANERA SE FUERA
EL 23 DE ABRIL


Aminta Granera planteó la decisión de irse, a pesar de que la reforma a la Ley de la Policía Nacional, que dio origen a la actual Ley 872, no contempla la renuncia como figura de cesantía de la carrera policial y de las obligaciones y derechos entre el agente y la institución.

Bajo la nueva norma, ningún policía puede renunciar, de lo contrario puede caer preso. De acuerdo al artículo 53, cualquier agente termina su relación con la Policía Nacional sólo si se cumplen ocho condiciones: Muerte, Jubilación por años de servicio, Cumplir la edad o condición para pasar al régimen de pensionado, Retiro, Conveniencia institucional, Abandono de servicio, Resolución disciplinaria y Sentencia firme por delitos cometidos.

Debido a esta legislación, y según las fuentes, el Presidente Ortega habría considerado el acto de renuncia de Granera como un “abandono de servicio”. De ahí que surgieran comentarios, propagados rápidamente, asegurando que ella se encontraba “restringida por orden presidencial” en su despacho del cuarto piso del edificio Faustino Ruiz, puesto central de mando de la Policía en Managua.

Siguiendo estas fuentes, Ortega habría convocado al Consejo Nacional de la Policía para tratar “el asunto Granera” el domingo 22 de abril. Ese día se aceptó que se fuera y se le exigió entregar el mando al comisionado general Francisco Díaz el 23 de abril. Díaz es consuegro de Ortega.

Después de dos meses y cinco días de ese incidente Ortega emitió el acuerdo presidencial 98 A–2018, en el que nombró a Díaz como director general de la Policía Nacional y nuevo Primer Comisionado.

GRANERA FUE VISTA
COMO LA RECETA CONTRA LA CORRUPCIÓN


Cuando asumió su mando, fue la propia Aminta Granera la que se encargó de elevar las expectativas sociales sobre todo lo que haría en la Policía.

En el año 2006 recibía una institución severamente deslegitimada por la campante corrupción que había entre sus filas. Llegaba a la Dirección General después de pasar algún tiempo en la Inspectoría General, desde donde se ejercía acción contra los policías que cometían actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Cuando el entonces Presidente Enrique Bolaños anunció su nombramiento, la nueva Primera Comisionada mencionó de forma destacada que durante su gestión en esa dependencia y en los tres años anteriores a su nombramiento su oficina había tramitado 400 bajas deshonrosas a agentes policiales.

Desde el mismo momento de su nombramiento Aminta Granera se presentó como la solución a la corrupción policial. Fue precisamente eso lo que elevó la confianza en ella en una sociedad cansada de tantas “mordidas” de los agentes de tránsito y también escandalizada al ver cómo el narcotráfico había penetrado hasta las altas esferas, según confesó en 2003 el propio director saliente de la Policía, Edwin Cordero.

Ese año, Cordero hizo una escandalosa confesión, al decirle a los medios de comunicación que la Policía Nacional pagaba con droga a sus informantes y al responsabilizarse, tanto él mismo como la institución, de ser una de las causas del aumento del narcomenudeo en las principales ciudades del país y del consecuente incremento delictivo en los barrios.

Después de esas declaraciones, un expendedor de drogas que “trabajaba” para la Policía Nacional declaró a los medios nacionales que los agentes de la institución le abastecían del producto para, en su caso, venderlo.

Todo esto fue conocido como “el caso Plan Escoba”. Los ex-directores de la Policía, Fernando Caldera y Franco Montealegre, tuvieron que salir al paso para defender públicamente lo que era indefendible, negando que ésa fuera una práctica común en las filas policiales, desautorizando así al Comisionado Cordero. Pero el cuerpo de orden público quedó marcado. La población sabía que eso ocurría desde hacía un buen rato.

En este contexto, Aminta Granera surgía como la receta contra la corrupción interna de la institución. Y enfrentar la corrupción se convirtió en uno de los primeros retos que ella asumió. ¿Cómo limpiar la Policía de agentes corruptos? ¿Podría ella vencer el sistema interno de corrupción policial o el sistema terminaría engulléndosela?

EL CASO DEL FURGÓN


No más asumir su nuevo cargo Granera se enfrentó a un nuevo escándalo de corrupción que sacudió los pilares institucionales.

En septiembre de ese año 2006, durante el juicio de Julio César González Peña, conductor de un furgón que introdujo a Nicaragua varios millones de dólares ocultos entre detergentes que traía de Panamá, declaró que era falso el argumento policial al afirmar que él traía sólo dos millones de dólares en el furgón, porque en realidad traía cuatro. Sus declaraciones indicaban que en el operativo policial se habían “perdido” dos millones de dólares.

El hecho fue comidilla de los medios, que no dejaban de interrogarse dónde estaba el dinero faltante, quién lo tenía. El caso fue sonado. Era como si desde dentro de la institución le hicieran saber a Granera que le iba a ser difícil combatir la corrupción. El sistema corrupto iniciaba con un punto a su favor.

La pérdida de dinero en los operativos antidrogas de la Policía Nacional se volvió muy frecuente. Y desde entonces se comenzó a percibir que las cantidades reportadas eran siempre menores que las realmente incautadas.

EL CASO FARCOSA


No sólo fue sonado el caso del furgón. En 2008 explotó el caso FARCOSA, la distribuidora de medicinas Farmacéuticos y Conexos S.A., que fue financiada con capital del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pero que llegó a ser un negocio del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) de la Policía Nacional.

Como negocio del ISSDHU, la distribuidora estaba vinculada a Aminta Granera, como quedó demostrado en un trabajo de periodismo investigativo de Octavio Enríquez en el diario “La Prensa”. El vínculo era el esposo de Granera, Oswaldo Gutiérrez, asesor de la compañía beneficiada con millonarios contratos del Ministerio de Salud. Además, FARCOSA ocupaba las instalaciones del desaparecido laboratorio de la familia Granera, en la Carretera Nueva a León.

Otro negocio que se hizo con dinero del INSS y del ISSDHU fue la venta del edificio que hoy ocupa la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). El edificio era del ISSDHU, que lo vendió en 18 millones y medio de dólares a ENATREL. En otra investigación periodística se des-cubrió que, al menos dos Comisionados Mayores de la Policía allegados a Granera, eran socios, a título personal, de una sociedad anónima que vendió el edificio a ENATREL. El escándalo, documentado por el diario digital “Confidencial”, develaba que con dinero público se habría beneficiado a individuos a título privado.

EL SISTEMA CORRUPTO
TERMINÓ DEVORÁNDOLA


Hubo muchos más casos de corrupción. Si tuviéramos que describir cada uno de los descubiertos y comprobados durante la gestión de Aminta Granera no alcanzarían las páginas…

Otro método de corrupción deslegitimó mucho más a la Policía Nacional. Comisionados Mayores y Comisionados Generales se repartían propiedades rurales y urbanas que se decomisaban a personas acusadas de pertenecer al narcotráfico. Fincas y casas de indiciados por ese delito pasaron a manos de más de un oficial, que llegaron a apropiarse de fincas de gran valor, convirtiéndose de la noche a la mañana en grandes hacendados, sin siquiera haber sentencia firme que ordenara la confiscación de esas propiedades.

La Ley 735, en vigencia desde 2010 establece que el dinero y los bienes de los ilícitos cometidos por el crimen organizado deben pasar inmediatamente a manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y en el artículo 43 establece que en el Ministerio debe crearse la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados Provenientes de Actividades Ilícitas. Pero esa unidad nunca se creó. Este vacío provocó que en río revuelto las ganancias se las llevaran los altos oficiales de la Policía Nacional, incrementando más la percepción de corrupción interna en la institución. Dinero, bienes inmuebles y muebles, joyas, vehículos de lujo… pasaron a formar parte del patrimonio individual de policías de alto rango.

Con estas señales, pronto quedó claro que Granera no pudo cumplir con el que planteó como su principal reto: combatir la corrupción interna. No lo logró. El sistema corrupto avanzó y terminó devorándola.

“ES DIFÍCIL DECIRLE NO A ORTEGA”


La corrupción era uno de los principales retos de Aminta. Así lo demostraban expertos en seguridad y periodistas especializados en la cobertura de la Policía Nacional. Pero no era su único desafío. La actuación profesional de la institución, su autonomía y el respeto y obediencia a la ley eran otros retos de igual importancia o quizás mayores. Y es en esto donde Granera y la Policía Nacional obtienen las peores calificaciones.

Granera asumió su cargo en 2006. Y en 2007, con el regreso al gobierno de Daniel Ortega, surgió la principal amenaza a la integridad profesional del cuerpo policial. El día de su toma de posesión, el 10 de enero de aquel año, no pasó desapercibido para nadie que Ortega, al pedir el juramento de obediencia al alto mando del Ejército y al de la Policía les recordó su origen sandinista… Después de ese llamado, ¿lograría Granera evitar la politización partidaria de la institución policial? ¿Conseguiría mantener algunos espacios de autonomía funcional con Ortega al mando? ¿Podría hacer que la institución actuara apegada a derecho?

Para responder, traigo a colación las palabras de René Vivas Lugo, un experimentado jefe policial y comandante guerrillero durante la insurrección contra Somoza. En el año 2009, cuando en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) se desarrolló el foro titulado “Desafíos Institucionales de la Policía Nacional”, Vivas aseguró que en el nuevo contexto político “era muy difícil decirle que no a Ortega”. Con esta frase resumió su ponencia “La sobrevivencia como reto institucional”.

CÓMO SOCAVÓ DANIEL ORTEGA
EL MANDO DE AMINTA GRANERA


El tiempo fue demostrando que las palabras de Vivas fueron proféticas. Ortega no sólo exterminó de raíz cualquier espacio de autonomía funcional del cuerpo de orden público. También sometió a toda la institución a su voluntad y a su proyecto político. Y la Policía, con Granera al frente, sucumbió al poder de Ortega, quien la desnaturalizó, despojándola de su carácter y convirtiéndola en un aparato de seguridad para mantener su régimen.

¿Cómo ocurrió esto? La respuesta es sencilla. Ortega socavó el mando de Aminta Granera y creó centros de poder paralelos: comisarios políticos dentro de la Policía, sin otra función que actuar como agentes fieles a su persona. El Presidente ejerció el control subjetivo otorgando beneficios materiales a una serie de oficiales a cambio de su lealtad absoluta.

Un ex-fundador de la Policía -por seguridad omito su nombre- explica así este proceso: “Ortega comenzó a otorgarles a título personal a los jefes beneficios materiales que nunca antes habían logrado: de las Mitsubishi que Alemán les dio pasaron a las Toyota Land Cruiser para todos los Comisionados Mayores y Generales. A algunos de ellos hasta les mandó a remodelar sus casas, les permitió que tuvieran sus propios negocios o empresas, se hizo el ciego ante los negocios ilícitos en que muchos andaban, les otorgó financiamiento o préstamos y muchas otras prebendas”.

Estos oficiales dejaron de obedecer al mando que por ley tenía Granera y pasaron a obedecer ciegamente a su benefactor. Sintieron que con Ortega habían logrado la reivindicación que nunca antes habían tenido con ningún otro gobierno. Sabiéndolo o no, estos oficiales del escalafón de man¬do se prestaron al juego de Ortega, que quería crear una élite policial vinculada directamente a su persona. Así nació un estado de cosas sólo posible con Ortega en el poder. Hoy, en la actual crisis, algunos creen que los policías más comprometidos no están defendiendo a Ortega, sino los beneficios que obtienen de él y el statu quo creado con esos privilegios. Fue así como Ortega arrastró a Granera y a la Policía al abismo de la deslegitimación social.

LA OPORTUNIDAD QUE GRANERA PERDIÓ


Para logar lo que logró, Ortega obtuvo la colaboración de la entonces Directora General. Aminta Granera le ayudó. La forma en que ella colaboró con el proyecto de sometimiento total de la Policía al proyecto político de Ortega fue su propio consentimiento.

Granera perdió una oportunidad de oro que la pudo haber puesto en posición de “presidenciable” el 5 de septiembre de 2012, cuando terminaba su período por ley. Ese año debió dejar la Policía… pero decidió obedecer a Ortega. “Comandante, estoy a sus órdenes”, le dijo cuando el Presidente leyó el acuerdo presidencial que prorrogaba su mando por cinco años más.

A partir de entonces fue notorio el compromiso institucional con los objetivos político-partidarios de Ortega y su régimen. La Policía se volvió totalmente tolerante con la represión con que fuerzas de choque enfrentaban las manifestaciones de protesta de grupos de la sociedad civil. El caso más flagrante ocurrió en junio de 2013, en la violenta represión contra jóvenes, en presencia de la Policía, en el caso Ocupa #INSS. Cinco años después, la tolerancia escaló a participación activa y protagónica y desde abril hemos visto a la Policía, acompañada de paramilitares del orteguismo reprimiendo al pueblo levantado en una protesta generalizada.

Hoy, la desnaturalización de la Policía Nacional es total. En primer lugar porque ha dejado de ser nacional para convertirse en un cuerpo de seguridad de un régimen sectario. De institución nacional pasó a ser un cuerpo de guardia personal. En segundo lugar porque dejó de ser “policía”. Por antonomasia, el término “policía” significa “protección”, un ente que garantiza la integridad física de las personas y la propiedad. Hoy, esta nueva organización hace lo contrario: ataca, reprime y mata a quienes debe proteger.

UN RETO QUE SÍ CUMPLIÓ


No todo ha sido negativo bajo el mando de Aminta Granera. Durante su mandato, ella logró hacer crecer y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. El incremento de personal fue la principal característica de ese fortalecimiento: el número de policías pasó de 179 por cada 100 mil habitantes en 2006 a 242 diez años después, un aumento de un 35%.

Desde el retorno al poder de Ortega la intención de los jefes policiales fue aprovechar su beneplácito para incrementar sus fuerzas y capacidades y así llegar a crecer tanto como su “hermano mayor”, el Ejército de Nicaragua. Ortega aprovechó esos deseos y apoyó totalmente los planes de fortalecimiento de la Policía, que hoy tendría unos 15 mil efectivos, aunque no es posible comprobar con exactitud la cifra porque la información está restringida.

Si fuera así, se habría creado un cuerpo armado igual en tamaño al del Ejército de Nicaragua, que cuenta oficialmente con 14 mil efectivos. Y si a eso añadimos que la Policía Nacional fue equipada con armamento de guerra, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, entonces tendríamos que en nuestro país se mantienen dos ejércitos: uno para la ciudad y otro para el campo. Y ambos cuerpos armados, cada uno en su ámbito de acción, brindan seguridad al régimen actual

UNA POLICÍA ARMADA PARA UNA GUERRA


Ha sido evidente, aunque no comprobado, que la unidad de mayor crecimiento es la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), a quienes identificamos por su uniforme negro y por el armamento de guerra que emplea. A esta unidad militares rusos le han dado entrenamiento de fuerzas especiales, siempre bajo la justificación de prepararlos para la lucha antidroga.

La DOEP fue la unidad policial que más daños y muertes provocó después del levantamiento de abril, en junio, julio y agosto durante la llamada “operación limpieza” cuando el régimen decidió embestir con una fuerza nunca antes vista los tranques que la ciudadanía desarmada y en protesta había levantado en todo el país. Masaya, Carazo, Jinotega, Matagalpa, León y Managua sufrieron lo peor de esta embestida.

Fuerzas especiales fueron filmadas y fotografiadas portando ametralladoras pesadas PKM, fusiles de francotirador Dragunov, lanzacohetes RPG7 y otras armas de uso exclusivo de los militares, que nunca deben ser usadas para garantizar el orden interno. Ese armamento indica que la DOEP habría sido equipada para soportar una guerra interna, un levantamiento armado de envergadura. O dicho de otro modo: Ortega aprovechó tanto el deseo de los jefes policiales de fortalecer la institución, como la lucha contra el narcotráfico internacional, para crear en la Policía una fuerza capaz de sofocar cualquier amenaza a su régimen que fuera más allá de amenazas asimétricas, como es el crimen organizado.

Granera era conocedora de las capacidades ya fortalecidas y del crecimiento numérico que había experimentado la Policía Nacional. Sabía que una respuesta represiva a protestas ciudadanas como las que iniciaron el 18 de abril, provocaría un baño de sangre, como realmente ocurrió. Y al parecer, no estaba dispuesta a asumir las responsabilidades derivadas de esa matanza. Y renunció. Pero lo hizo ya tarde, cuando Ortega y ella habían arrastrado a la institución al despeñadero de la deslegitimación y a un generalizado rechazo social.

¿POR QUÉ RECURRIÓ EL RÉGIMEN
A LOS PARAMILITARES?


Al régimen no le bastó con el crecimiento y el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional. Tuvo que organizar grupos irregulares de paramilitares para hacer frente a la protesta generalizada que crecía a diario a partir del 18 de abril.

Existen dos razones que explican el por qué, aun con una fuerza policial más desarrollada, tuvo que hacer uso de los paramilitares para sofocar el conflicto. Una, las dimensiones de las protestas: la rebelión cubrió las principales cabeceras departamentales y se extendió a municipios de menor tamaño e importancia. Las protestas fueron tan generalizadas que pueden considerarse una manifestación de repudio de nivel nacional. El régimen jamás esperó o calculó algo así. En sus escenarios vislumbraban siempre manifestaciones de repudio, pero siempre creyeron que serían focalizadas, nunca que alcanzarían una dimensión nacional. Al alcanzar ese nivel ya desde los primeros días, las capacidades de reacción de la fuerza policial se vieron sobrepasadas.

En un primer momento, para sofocar la protesta el régimen añadió a las unidades de Operaciones Especiales y a los antimotines a policías miembros de distintas dependencias: Dirección de Tránsito, Personal, Managua, Seguridad Personal y otras. Las protestas que iniciaron en abril fueron el evento que más fuerzas policiales requirieron en toda la historia de la institución.

LAS PROTESTAS DESBORDARON AL RÉGIMEN


Totalmente desbordado, el régimen envió a agentes partidarios clave por todo el país para convocar a ex-militares, ex-policías y ex-miembros del Ministerio del Interior de los años 80 a sumarse a la represión. En muchos, el llamado no tuvo respuesta porque la convocatoria se les hacía “para defender al Comandante”, y como “el Comandante” había permitido la exclusión del sandinismo histórico desde hacía muchos años, gran parte de los convocados dio la espalda al llamado. Por eso, para complementar las fuerzas represivas “contrataron” a jóvenes y a sujetos con antecedentes criminales. Así, la composición de los paramilitares fue variada. El régimen hizo lo que fuera y empleó a cualquiera con tal de sumar fuerzas que apoyaran a la Policía en su misión de detener las protestas.

La segunda razón para valerse de paramilitares pudo ser un cálculo político. Al ser Daniel Ortega el jefe supremo de la Policía Nacional, por ley, él tiene responsabilidad directa en las muertes que causaron sus agentes uniformados, principalmente quienes cometieron homicidios múltiples y ejecuciones extrajudiciales. Pero, en términos legales, si todos esos crímenes los cometieron paramilitares nada lo vincula a ellos. Llegado el caso, el régimen puede argumentar que las fuerzas paramilitares actuaron por su cuenta y que no seguían ninguna instrucción de un mando central o del gobierno mismo.

CUANDO EL PODER NACE DE LAS ARMAS


Sea una u otra la razón, o sean ambas, lo que las operaciones conjuntas entre paramilitares y policías dejó demostrado es que la fuerza de los fusiles es el pilar fundamental en que se cimenta este régimen. Cumplen con lo que dijo Mao: “Todo poder nace del cañón de un arma”. Es ése el estilo de poder que ha escogido Ortega, y para mantenerlo, la Policía y los paramilitares les son esenciales.

Ahora algunos hablan de disolver la Policía Nacional o de reconstruirla desde su base, desde la Academia de Policía, revisando los valores que allí se enseñan. No les falta razón. La historia ha demostrado que cuando los órganos de seguridad se usan para fines personales y cuando el poder nace de las armas, eso provoca siempre violencia institucional y política y también incentiva las revoluciones.

¿HUBIERA SIDO DISTINTA
LA HISTORIA..?


Son muchos los fundadores de la Policía Nacional indignados con el rumbo que ha tomado la institución del orden público. Algunos culpan a la propia Aminta Granera y argumentan que ella no estaba preparada para asumir el mando principal.

Uno de ellos ha dicho: “La carrera policial de Granera comenzó en 1990, cuando pasó de la Secretaría General del Ministerio del Interior a la Secretaría General de la Policía Nacional. Había compañeros que eran fundadores de la institución y tenían muchos más méritos policiales y sandinistas que ella. Los resultados ahí están. Por eso es que ella salió por la puerta trasera”.
Sin embargo, ¿habría sido distinta la historia si hubiera asumido el mando otro jefe policial?

EXPERTO EN SEGURIDAD CIUDADANA
Y CRIMEN ORGANIZADO.

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