Nicaragua
Preguntas acuciantes al finalizar el año de la rebelión
Termina 2018,
el año en que la conciencia ciudadana se insurreccionó
y desafió a la dictadura.
La dictadura permanece empecinada
en imponerse por la represión,
construyendo un estado policíaco en una economía en caída libre.
La indignación por la matanza permanece intacta
y el anhelo de un cambio es mayoritario.
¿Cómo se resuelve esta ecuación?
Equipo Envío
2018 fue año de “vacas flacas” y si la crisis no comenzara a resolverse pronto, en 2019 las “vacas” estarán escuálidas. Ortega está desprestigiado y cada vez más aislado en la comunidad internacional. En siete meses la represión no ha cesado: primero fueron las armas y la masacre, después las cárceles llenas. El pueblo de Nicaragua ansía que la presión internacional se active más aceleradamente porque cada día que pasa prolonga los desmanes de la dictadura, el desgaste de la economía y de la sociedad. Termina el año con muchas preguntas apremiantes y sin respuestas y con una incertidumbre que es cada vez mayor.
¿LE HARÁ CEDER LA ECONOMÍA?
¿Podrá la crisis económica hacer ceder a Ortega y sentarlo en la mesa de un diálogo a negociar? ¿Y qué negociaría? ¿O serán las sanciones económicas de Washington, no sólo anunciadas sino comenzadas a aplicar con contundencia, las que lo harán reaccionar? ¿Serán los intereses del Ejército y los de los empresarios del grupo económico del FSLN los que se impondrán sobre la obcecación de Ortega y de Murillo de permanecer en el poder? ¿Será posible que Ortega aguante hasta 2021 en una situación económica en picada, aunque muy debilitada aún no colapsada? ¿No es ésta una posibilidad con la que hay que contar para emprender estrategias más eficaces para apresurar la salida?
Aunque la propaganda oficial busca demostrar la “normalidad” a la que Nicaragua ha regresado, es muy poco lo que está normal en el país. Ciertamente, la mayoría de la población debe sobrevivir y continúa trabajando y eso permite un continuo movimiento, dando una apariencia de normalidad. Pero la inseguridad no ha desaparecido: continúa la cacería de quienes se movilizaron contra el régimen o se sospecha que lo hicieron o que lo harán. Y los centenares de miles que han perdido el empleo, que han se han visto obligados a salir del país para salvar la vida, que tienen familiares o conocidos asesinados, encarcelados, desaparecidos y amenazados no viven desde hace meses una vida “normal”.
¿DE LA RECESIÓN ECONÓMICA A LA DEPRESIÓN?
En la economía nada está normal. Los problemas vienen en cadena. Más despedidos, menos consumo, más cierre de negocios, menos impuestos, menos cotizantes a la seguridad social, más profundo el déficit en el seguro social, más clientes morosos, más fuga de depósitos, menos crédito, menos producción, menos inversiones, menos actividad económica…
El Ministro de Hacienda reconoció que el déficit que tenía el presupuesto para lograr terminar 2018 equivalía “a tres veces el impacto que tuvo el huracán Mitch en 1998 y probablemente sólo comparable con el del terremoto de Managua en 1972”. A pesar de las reformas, el presupuesto con el que termina 2018 está todavía desfinanciado y nadie parecía estar interesado en comprar los bonos por más de 9 mil millones de córdobas que el Banco Central emitió para superar el déficit con deuda pública.
El presupuesto para 2019, ya aprobado, está también desfinanciado. Los pronósticos para el próximo año indican que, de no hallarse una solución política a la crisis, el próximo año todo será peor. De ser Nicaragua el país que más crecía en Centroamérica, será ahora el único país de la región que no crecerá. Decrecerá. El último análisis de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) contempla dos escenarios para 2019. Si la economía continúa al crítico ritmo que tuvo en el último trimestre de 2018, la economía se reducirá un 5.2%. Si la incertidumbre aumenta aún más, “por la falta de voluntad política para buscar una salida pacífica a la crisis”, la caída será mayor y llegaría a un 8.7%.
“HAY QUE RESTABLECER LA CONFIANZA”
El Fondo Monetario Internacional tenía programada su visita a Nicaragua para junio, pero la visita se retrasó por la crisis y se realizó en los últimos días de octubre.
La visita la inscribió el gobierno en la estrategia de “normalidad” que trata de imponer. Incluso la Vicepresidenta Murillo resaltó que el FMI encomió las políticas monetarias y presupuestarias del gobierno y afirmó que iban “en la dirección correcta para continuar normalizando el país”.
El balance del FMI fue ambiguo. El Fondo conoce tan bien como el gobierno que la economía nicaragüense requiere desde hace tiempo de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad fiscal. Ahora, esas reformas son aún más urgentes. Deben sanearse las finanzas del Seguro Social -según expertos el seguro se encamina a la peor crisis económica de su historia-, debe hacerse una reforma en el sistema tributario y deben revisarse las exoneraciones. “Son inevitables esas reformas”, dejó dicho el FMI, señalando que “requieren de un amplio apoyo”... y eso es precisamente lo que perdió el gobierno desde abril.
A diferencia de lo que ha hecho en anteriores visitas, el FMI no brindó ninguna rueda de prensa en Managua y en el comunicado publicado en Washington, sólo recomendó una cosa: “restablecer la confianza”.
Los inversionistas no confían: la inversión extranjera y la nacional se han reducido como nunca antes en la última década. Los ahorrantes no confían: más de 1,050 millones de dólares salieron de los bancos desde abril hasta inicios de septiembre. Representan el 18% de los depósitos, según el economista Néstor Avendaño.
Y aun cuando confiara, la población ha tenido que apretarse el cinturón. Y suprimir gastos. La caída del consumo es evidente. Hay menos circulante y según FUNIDES, al terminar octubre 417 mil personas habían perdido su empleo.
La “confianza” está puesta en las exportaciones, que también han experimentado bajas por la brusca caída de los precios del café y por los bajos precios internacionales de los productos de exportación tradicionales. Está puesta también en las remesas, que crecerán el próximo año por el creciente número de exiliados forzosos y por la solidaridad entre las familias de aquí y de allá en momentos tan difíciles.
BID: “NO PENSAMOS EN COSAS NUEVAS”
Las sanciones económicas que incluye la Nica Act -bloquearían a Nicaragua préstamos de las instituciones financieras multilaterales- complicarán más el panorama económico. En 2017 las instituciones multilaterales financiaron el 24% del presupuesto nacional, especialmente en proyectos de inversión pública.
El BID, principal prestamista de Nicaragua, dejó pendiente de aprobación la “Estrategia país 2018-2022”, que financiaría esos proyectos de inversión pública. El Vicepresidente del BID se refirió a préstamos por 566 millones de dólares para una docena de nuevos proyectos. Aún no los desembolsan. “Estamos cuidando mucho lo que ya existe -dijo-, más que pensando en cosas nuevas. Además, la crisis nos hace ser más cautos y redoblar esfuerzos de supervisión y de auditoría del uso que el gobierno da a nuestros recursos”.
CAMPAÑAS CONTRA PRODUCTOS NICAS
De Estados Unidos dependen cuatro fuentes de ingresos fundamentales para el crecimiento económico de Nicaragua: la inversión extranjera directa, el turismo, las exportaciones (las de las zonas francas y las tradicionales) y las remesas. Las remesas crecerán. Sin embargo, aún sin las sanciones, dos de esas fuentes ya se han secado prácticamente: turismo e inversiones.
En el franco y directo discurso que pronunció el 29 de octubre al despedirse de Nicaragua, la embajadora de Estados Unidos Laura Dogu se refirió a las inversiones, al turismo y a las exportaciones.
Sobre la inversión dijo: “Cuando inversionistas actuales y potenciales pi¬den consejos a nuestra embajada, nuestra respuesta es que Nicaragua ca¬rece de las instituciones democráticas necesarias para un crecimiento económico sostenible”.
Dogu aprovechó para cuestionar la narrativa del régimen y su influencia en la economía. “La decisión del gobierno de etiquetar a manifestantes pacíficos como “terroristas, asesinos y golpistas” causará a las empresas y a los empresarios muchos problemas… Cualquier persona que haya vivido aquí los últimos seis meses sabe que no hay grupos terroristas no estatales en Nicaragua. Pero las personas de fuera de la región que no siguen la situación cuidadosamente tomarán estas palabras en serio”.
Sobre el turismo dijo que las “alertas de viaje” en las que Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Nicaragua “no cambiarán pronto”. Y sobre las exportaciones, dio una información no tenida en cuenta hasta ahora: “En la economía global las empresas no pueden permitirse asumir riesgos de reputación. Ya he visto campañas en los Estados Unidos preguntando a las empresas por qué están comprando productos de Nicaragua. Estas campañas son similares a las campañas contra los “diamantes de sangre” que provienen de África. Las empresas pueden comprar los mismos textiles, café o carne de otros países que no ponen en riesgo su reputación. Este problema de la reputación no cambiará mientras el actual gobierno permanezca en el poder”.
“NO VEO SEÑALES EN EL GOBIERNO”
La embajadora Dogu fue muy directa en sus reflexiones de despedida. Con una franqueza poco habitual en mensajes diplomáticos, y representando la voluntad del Departamento de Estado en Washington, encaró al régimen con frases como éstas:
“Contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad… Ni toda la propaganda de los medios estatales cambiará los hechos. No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos… Lamentablemente, no veo señales de que el Presidente Ortega o la Vicepresidenta Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”.
Aferrado a la negativa de aceptar una negociación “de buena fe”, a la que se refirió la embajadora, en los últimos días el régimen se ha esmerado en desarrollar acciones de retención de migrantes asiáticos, africanos y haitianos en la frontera y acciones de decomiso de cocaína y de dinero procedente del narcotráfico para “recordarle” a Estados Unidos que aquí hay un “muro de contención”, ese muro que durante una década Ortega ofreció a Estados Unidos como garantía de una estabilidad que a Washington tanto le complacía.
ESTADO DE EXCEPCIÓN, ESTADO POLICIACO
Ningún muro puede ocultar ya el proyecto autoritario de Ortega, que devino en dictadura y que hoy es un Estado de excepción de facto que ha dejado a la población en una indefensión total y que está derivando hacia un Estado policiaco, con un control cada vez más ominoso de todos, por todo y en todas partes.
A partir del 1 de noviembre el Registro Público de la Propiedad dejó de ser público y pasó a ser secreto. Una simple circular de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ordenó que “terceros” tendrán limitada la obtención de información sobre propiedades y sociedades mercantiles. Se legalizó así el ocultamiento de las transacciones registrales. La medida busca ocultar y camuflar traspasos de propiedades que están haciendo la familia gobernante y sus allegados para blindarse ante las sanciones de Washington.
“Quieren ocultar transferencias para escapar del escrutinio público”, dice el jurista José Pallais. Y al hacerlo afectan más la economía. “Nadie estará seguro de lo que compra, así que mejor no compra”, dice el jurista Alberto Novoa.
Otra medida de control fueron dos reglamentos a la ley de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y a la ley del Terrorismo, aprobados ambos por decretos presidenciales y publicados el 3 de octubre. A partir de ahora, de forma discrecional, sin mandato judicial y sin informar previamente al investigado, la UAF podrá acceder de forma directa a todos los datos personales y movimientos financieros de individuos y empresas en ocho instituciones estatales: Aduanas, Impuestos, Migración, Seguridad Social, Superintendencia de Bancos…
“Se oficializa así el espionaje financiero. Los datos confidenciales y privados dejan de serlo. Y la UAF pasa de ser un órgano preventivo a ser un órgano de persecución y represión para intimidar y actuar políticamente contra quienes se opongan a Ortega”, dijo Pallais. “Ahora se puede presumir que alguien es culpable o está cometiendo un delito, y sólo con la presunción van a requerir su información privada”, dijo José Adán Aguerri, presidente del COSEP.
Esta medida viola la Constitución porque viola el derecho a la privacidad. También incrementa la inseguridad en la economía porque viola el sigilo bancario. Es una nueva herramienta represiva, ya que la UAF, bajo control total de Ortega, podría, a discreción, cerrar temporal o definitivamente, negocios, empresas, financieras, ONG…
“¡ELLOS DAÑARON LA ECONOMÍA!”
Así como el régimen no asume ninguna responsabilidad política en la crisis nacional, tampoco asume responsabilidad alguna en la crisis económica. Y al igual que Ortega y Murillo atribuyen todas las muertes y tragedias humanas ocurridas desde abril a los “golpistas”, a los que consideran derrotados (“¡No pudieron! ¡Ni podrán!” es otra consigna), les achacan también el derrumbamiento de la economía.
“Ellos -dijo Ortega a sus pares del ALBA, reunidos en Managua el 8 de noviembre- provocaron una enorme herida en las familias nicaragüenses con los muertos, y provocaron una enorme herida en la economía nicaragüense con la destrucción, el terror y el vandalismo. Y vienen con el cuento que el gobierno es el responsable de las dificultades que tenemos en estos momentos. Los responsables son ellos, ¡ellos dañaron la economía! Pero el pueblo nicaragüense que es un pueblo trabajador, un pueblo luchador, ya está trabajando para recuperar la economía de nuestro país”.
La apuesta del régimen por la “economía popular” soslaya la evidencia de que es precisamente la economía popular la que padece mayor crisis. Obvia también que por mucho que el pueblo nicaragüense sea luchador y trabajador no podrá recuperar una economía tan abierta y tan dependiente de Estados Unidos.
ESTATIZAR LA COOPERACIÓN VENEZOLANA
La retórica promoción de la “economía popular” se complementa con otros pasos. El régimen pretende minimizar las sanciones de Washington, que alcanzarán a Albanisa por sus relaciones con PDVSA, trasladando a una estructura estatal paralela una buena parte de los negocios del consorcio Albanisa. Eso es la nueva empresa Enimex.
El 4 de octubre Ortega mandó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para convertir la ineficiente Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), nacida en 1980, en Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). Esta nueva empresa estatal podrá importar y exportar bienes y mercancías y comercializarlas en el mercado nacional. Ofrecerá también un menú de servicios empresariales (almacenaje, transporte y otros) para cualquier actividad comercial.
El gobierno defendió el proyecto afirmando que su objetivo es promover la economía “popular” facilitando a los micro, pequeños y medianos empresarios y a las cooperativas el poder exportar sus productos, sectores de los que prácticamente no se ocupó en una década.
La empresa privada nacional -hoy distanciada de Ortega- ve en Enimex una competencia desleal, augura que abonará a la incertidumbre que ahuyenta a los inversionistas extranjeros y considera que su objetivo es “reconstituir Albanisa” con otro nombre para esquivar las sanciones de Washington, que ya ha sancionado a la empresa estatal venezolana de petróleos PDVSA, dueña del 51% de las acciones de Albanisa.
“ESTE CAMINO CONDUCE AL DESASTRE”
15 organizaciones empresariales agremiadas en el COSEP firmaron el 17 de octubre un comunicado “recomendando” al gobierno no aprobar la ley creadora de Enimex. “Pone en grave riesgo -dijeron- la sostenibilidad y eficiencia de los procesos exportadores e importadores que el sector privado ha manejado en los últimos 28 años y que han generado beneficios tangibles para Nicaragua”. Sin embargo, y como era de esperar, la creación de Enimex fue aprobada el 30 de octubre por los diputados orteguistas que controlan el Parlamento.
“El régimen está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales. Un país con la historia de Nicaragua sabe que ese camino conduce al desastre”, dijo la embajadora Dogu refiriéndose implícitamente a la nueva empresa estatal.
¿Podríamos esperar también que la cuantiosa deuda que tiene Nicaragua con Venezuela, por el crédito petrolero, que el régimen consideró siempre deuda privada, lo convierta en deuda pública?
“YA ES DEMASIADA LA SANGRE DERRAMADA”
La dictadura Ortega-Murillo parece inmune a los efectos nocivos de la crisis económica, al desastre al que se encamina la economía. Daniel Ortega sigue viviendo mentalmente en los años 80 y sabe que gobernó un país con una economía de guerra, más ruinosa que la actual…
¿No será entonces una quimera la “esperanza” de muchos en que la crisis económica lo forzará finalmente a negociar, incluso a renunciar? ¿Qué más podría hacer el sector empresarial para detener el desgobierno de Ortega y Murillo?
También parece inmune la dictadura al rechazo de la comunidad internacional y a sus presiones. Pero, ¿han sido estas presiones lo suficientemente contundentes como para que surtan el efecto de obligarlo a negociar?
El 19 de octubre, en otra reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis de Nicaragua, reuniones de las que han salido sucesivas declaraciones de condena al régimen de Ortega por sus políticas represivas con el voto mayoritario de los países de mayor peso en el continente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió al régimen que la OEA recurriría al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Ese artículo establece que cuando hay graves crisis en un país se convoque a todos los cancilleres de la región para adoptar medidas más drásticas que declaraciones y resoluciones.
La reunión de cancilleres de la OEA podría desembocar en la expulsión de Nicaragua del organismo regional, con las consecuencias económicas y políticas derivadas. “Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, inquirir, reclamar, solicitar y demandar que se detenga la violencia”, dijo Almagro ese día.
LA “CACERÍA” EN LAS ZONAS RURALES
Ese día, ante el Consejo Permanente de la OEA, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, inició así su presentación: “Estoy preocupado por lo que viene”. Y en base a la información que recibe de la Misión de Seguimiento de la CIDH presente en Nicaragua, dijo que “lo que venía” era un “estado de excepción”, caracterizado por “la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta y como criminalización de personas que participaron, de cualquier forma, de manifestaciones pacíficas contra el gobierno desde abril”.
Veía venir también ataques concentrados en los medios de comunicación independientes y más violencia, refiriéndose por primera vez a la desatada por el régimen en las zonas rurales, no suficientemente conocida y divulgada por los medios de comunicación.
“Existe en el campo un tono diferente al que vemos en Managua -dijo Abrão-. En el campo circulan listas de personas contrarias al gobierno y hombres, mujeres, niños y niñas, familias enteras han tenido que dejar sus casas e irse a la montaña. Han tenido que huir y vivir en la clandestinidad. No ha sido posible cuantificar su número, pero eso es un claro resultado de un ambiente de miedo y de intimidación”.
En septiembre, Freddy Navas, del Movimiento Campesino, cifró en 300 los campesinos que habían sido encarcelados. “La mayor furia en la represión la sufrió el campesinado -dijo- después que se desmantelaron los tranques. Esto se vio, más que todo, en la ruta canalera y empezó en Chontales. En la cacería de campesinos ha participado el Ejército junto con la Policía, y hay zonas rurales que están militarizadas”.
LOS VOTOS PARA APLICAR EL ARTÍCULO 20
Ortega pareció inmune al anuncio de Almagro. Un mes después de su advertencia, nada había avanzado todavía en la OEA y el régimen continuaba burlándose de los actores regionales.
La actual presidenta de la CIDH, la abogada jamaiquina Margarette May Macaulay visitó Nicaragua el 26 de octubre. El régimen se negó a recibirla. A la solicitud hecha por la secretaría general de la OEA anunciando su visita, ni siquiera respondió. Ese mismo día, a un equipo de tres miembros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización continental que trabaja por los derechos humanos en coordinación con las organizaciones nacionales de cada país y que venía a reunirse con Macaulay, se le impidió la entrada. Fueron expulsados en el mismo aeropuerto, alegando que no hicieron la solicitud de entrada con suficiente antelación.
¿No cuenta aún Almagro con los 23 votos necesarios para invocar el artículo 20 de la Carta Democrática? Ortega parece contar con que los pequeños países caribeños beneficiarios del petróleo venezolano en el esquema de Petrocaribe, que no han aprobado anteriores resoluciones de la OEA, seguirán obstruyendo la mayoría necesaria para que la diplomacia continental le aplique esa sanción.
¿Y la diplomacia europea? En los últimos días de octubre visitó Nicaragua el Ministro Adjunto de Relaciones Exteriores de Alemania, Niels Annen, tratando de sondear posibilidades para restablecer el diálogo nacional. Annen se reunió con el gobierno y con otros actores nacionales. Como cuarta potencia económica mundial y principal potencia europea, la visita de Alemania le abría camino a una delegación de la Unión Europea que anunciaba su llegada a Nicaragua a fines de noviembre.
“¡NO SON BIENVENIDOS LOS EUROPEOS!”
Apenas una semana después de la visita de Annen a Nicaragua, el 8 de noviembre, en plaza pública, en el acto que celebró en Managua con representantes del Alba -varios de los países caribeños en los que confía-, un Ortega furibundo dio a entender que no dejaría entrar a Nicaragua a los europeos, como ya les había negado la entrada a los representantes del Grupo de Trabajo de doce países de la OEA.
“¡No son bienvenidos a Nicaragua! Se lo hemos comunicado con toda claridad -dijo de los de la OEA-. Mejor se dedicaran a buscar cómo resolver los problemas que tienen en sus propios países, crímenes, muertes, inestabilidad, inseguridad, violación de los derechos humanos… Igual lo hacen los europeos”.
En el mismo tono enardecido, se refirió entonces a la delegación de la UE que espera llegar al país para encontrar salidas a la crisis: “Ahí se ha formado otro agrupamiento de europeos, ¡y a ellos les decimos también que no!... Ya se les olvidó que han sido traficantes de esclavos a gran escala, violadores de los derechos humanos, que han cometido crímenes de lesa humanidad, ¡genocidios completos!... Nosotros no podemos aceptar las amenazas que nos lanzan...”
No faltó una alusión a Alemania: “¿Y la Segunda Guerra Mundial dónde nació? ¿Dónde surgió el fascismo, el nazismo, si no fue en Europa? ¿Cómo llegó Hitler al poder si no fue respaldado por los grandes capitales de Alemania y los grandes capitales de los Estados Unidos? ¡Ya se les olvidó, ya se les olvidó que llevaron a Hitler al gobierno!”
Ortega parece inmune a las presiones de los actores políticos internacionales, tal vez porque no pasan de declaraciones de condena. La lentitud en actuar con mayor fuerza y la tibieza políticamente correcta de los pronunciamientos parece darle alas para continuar con la política de terrorismo de Estado en la que asienta su poder.
LA SOLUCIÓN: “SANCIONES EN EL LÍMITE”
Después de las imprudentes imprecaciones de Ortega, fue Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno socialista inaugurado en 2018 en España, hablando en el Foro Iberoamérica de Madrid, quien lamentó la falta de acciones internacionales eficaces ante la tragedia nicaragüense: “Después de tan sanguinaria represión -dijo-, la comunidad internacional no ha sido capaz de imponer a la dictadura que hay en Nicaragua una exigencia de rendición de cuentas y una dinámica política que permita superar la situación”.
Borrell atribuyó esa desgana a que la nuestra es la tragedia de un “país pequeño que se esconde detrás de la crisis del país grande, a la que todo el mundo sí presta atención”, en alusión a Venezuela.
“Si descartamos las soluciones que usen la fuerza desde fuera o desde dentro, cosa que parece improbable, y si descartamos una evolución del régimen, lo que tampoco parece probable, la única solución -dijo- sería que la comunidad internacional impusiera una presión, unas sanciones en el límite. Pero desgraciadamente eso tampoco está en el futuro inmediato en la pantalla del radar”.
ESTADOS UNIDOS ALERTA A LA BANCA INTERNACIONAL
Las sanciones de Estados Unidos se proponen ir al “límite” y podrían ser las que, por venir de quién vienen, podrían forzar a Ortega y a Murillo, al anillo corrupto que se ha beneficiado con ellos, también al Ejército, a negociar una salida a la crisis.
De hecho, ante sus seguidores, en una de las continuas marchas que se organizó en octubre para reforzar el culto que le rinden, Ortega pidió a los legisladores estadounidenses “reflexionar” antes de aprobarlas.
A las sanciones más anunciadas (Nica Act y Magnitsky) se adelantó el 4 de octubre la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Lanzó una “alerta” dirigida a las instituciones financieras de Estados Unidos del “riesgo creciente” de que fondos procedentes de “figuras políticas de alto rango” de Nicaragua pudieran ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por él para llegar a otros países o para lavar dinero, maniobras todas destinadas a evitar las sanciones de Washington con el régimen de Ortega y Murillo.
Los fondos que deben ser vigilados por esta alerta estadounidense saldrían de Nicaragua del Banco Corporativo (Bancorp), propiedad de la familia gobernante.
Este banco vio incrementados de forma acelerada sus activos a fines de 2017, cuando Estados Unidos había advertido a la banca nicaragüense que si tenían relaciones financieras con negocios del consorcio Albanisa podrían ser sancionados.
Todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa que el régimen había venido depositando en tres bancos nacionales, éstos lo trasladaron a las arcas del Bancorp, que ahora buscaría cómo trasladarlos al exterior.
“ES SÓLO EL COMIENZO”
En sus palabras de despedida de Nicaragua la embajadora Dogu se refirió también a la alerta del FinCEN: “Hay dos elementos notables en esta advertencia -dijo-. Primero, es una campaña continua (la banca estadounidense debe presentar continuos informes de “actividad sospechosa”). Y segundo, se enfoca en todas las personas involucradas en la corrupción, no sólo en los funcionarios públicos. Cualquier persona que se vea comprometida en la corrupción o se beneficie de ella puede ser blanco de esta campaña. Y esto es sólo el comienzo, no es el final”.
“Mientras la dictadura no disponga de otro Swift, de un canal alternativo para sus negocios comerciales con el mundo, un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, las dos leyes con que Washington los sancionará les resultarán catastróficas”, dice el analista Óscar René Vargas.
¿A dónde irá a parar la fortuna de la dictadura? La alerta trasciende a toda la banca internacional que tenga corresponsalía con la banca estadounidense. ¿A Rusia, a China…? ¿A los pequeños países del Caribe aliados de Ortega por agradecimiento al petróleo venezolano…? Sacarlos del área dólar y del área euro es la urgencia.
¿CÓMO SE APLICARÁ LA LEY S.3233?
Después de ese “comienzo” sigue la aprobación definitiva en el Congreso de dos leyes fusionadas en una, la Ley S.3233. El Senado de Estados Unidos juntó en una única legislación la Nica Act y la ley que sanciona personalmente a familiares, funcionarios y otras personas vinculadas a Ortega y a su régimen, también conocida como la Magnitsky Nica.
En la sección 2, la Ley 3233 presiona al régimen de Ortega para que acepte elecciones adelantadas surgidas de “negociaciones creíbles”, mediadas por la iglesia católica y desarrolladas entre el gobierno y “representantes de la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política”.
Aprobada la ley, ¿la mantendrá Washington bajo la modalidad de una espada amenazante sobre la cabeza de Ortega para ir valorando cómo reacciona a la presión y a la ruta que se le ofrece, prolongando así el estancamiento de la crisis? ¿O comenzará a aplicar las sanciones personalizadas?
¿Influirá en las modalidades de su aplicación el nuevo balance de poder en el Congreso de Estados Unidos entre demócratas y republicanos, después de las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre?
“LA TROIKA DE LA TIRANÍA”
La posición del Ejecutivo estadounidense sobre Nicaragua se mostró en un discurso retórico y estridente que pronunció en Miami el 1 de noviembre el asesor presidencial para la seguridad nacional, John Bolton, en vísperas de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Bolton fue a Miami buscando los votos de la numerosa comunidad de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que puebla la Florida.
Bolton se refirió a Nicaragua como miembro de “el triángulo del terror” que integran Cuba, Venezuela y nuestro país. Llamó a sus gobernantes “dictadores y déspotas”, dijo que pertenecían a “la troika de la tiranía” y se mofó de ellos comparándolos con “los tres chiflados, figuras lastimosas, payasos, más parecidos a Larry, Curly y Moe”. Los tres gobiernos, dijo también, son “la causa de un inmenso sufrimiento humano, de la enorme inestabilidad regional y la génesis de una sórdida cuna del comunismo en el hemisferio occidental”.
En esa troika el eslabón más débil para la acción de Estados Unidos es, sin duda, la pequeña Nicaragua. Cuba lleva seis décadas desafiando con éxito la presión del Norte y tiene una institucionalidad más sólida y una población sometida al sistema durante cuatro generaciones. Venezuela tiene recursos de los que Nicaragua carece. Sin embargo, por su pequeñez y menor importancia precisamente, Nicaragua puede “esconderse” tras la crisis humanitaria venezolana, sin parangón con la que ya vivimos aquí.
Venezuela tiene una importancia económica y geoestratégica muy superior, tiene reservas inmensas de petróleo y minerales, pero no tiene, como Nicaragua, un sector privado activo, que aun con la crisis económica que ya padecemos, seguirá trabajando para sobrevivir, y sobreviviendo paliará los efectos más nocivos de la crisis. A eso apuesta Ortega. ¿No apostó durante una década, antes de abril, a la insignificancia de Nicaragua para esconder sus descarados abusos de poder? ¿No seguirá apostando a eso ahora?
LAS CIFRAS DE LA TRAGEDIA
Termina el año con el saldo de 320 asesinados, 3 mil heridos, un número impreciso de desaparecidos, y más de 40 mil exiliados forzosos en Costa Rica.
Termina 2018 con una política de represión que no ha cesado un solo día y que después de las matanzas de abril, mayo, junio y julio, la ejerce ahora el régimen valiéndose del sistema de justicia.
La Policía, asedia e intimida en las calles, captura y secuestra en las calles o en los hogares y mete a los calabozos a quienes atrapa en sus cacerías. No ha habido prácticamente un solo día sin personas apresadas. Hasta mediados de noviembre habían sido capturadas de forma ilegal más de 4 mil personas, de las que 536 permanecían detenidas. De ellas, 46 eran mujeres y 4 personas trans.
CONDENADOS EN JUICIOS VICIADOS
En los calabozos de las estaciones policiales de todo el país o en las mazmorras de El Chipote en Managua otros policías investigan, amenazan, interrogan y torturan sicológicamente, también físicamente, a muchos de los detenidos. Hasta mediados de noviembre se estimaba que estaban confinadas en El Chipote 189 personas.
Un buen número de los capturados pasa de El Chipote a la Cárcel Modelo de Tipitapa si son hombres y a la Cárcel La Esperanza si son mujeres. Permanecen en ambas cárceles y en otros centros penitenciarios 335 personas, en condiciones precarias que afectan su salud. Quedan entonces en manos de los funcionarios del sistema penitenciario, que vigilan, controlan, amenazan, castigan e imponen restricciones.
Un día u otro los capturados y encarcelados son conducidos, generalmente en grupos, a los tribunales. Fiscales los acusan prácticamente siempre de una ristra de delitos. Los más frecuentes: terrorismo, crimen organizado, portación ilegal de armas y obstrucción de servicios públicos (significa que hicieron tranques y barricadas o los apoyaron). En algunos casos, se les acusa también de asesinatos y de daños a la propiedad pública (quemas de edificios). Las “pruebas” que presentan los fiscales son débiles, contradictorias o falsas. Hasta mediados de noviembre habían sido judicializados 431.
Los testigos en el juicio son policías o personas afines al régimen. Los juicios se realizan a puertas cerradas, sin presencia de los familiares ni de los medios. Con frecuencia se anuncian inesperadamente o se reprograman, manteniendo a las familias en una zozobra desgastante.
A pesar de toda la cadena de ilegalidades, irregularidades e inconsistencias, los jueces ponen punto final al proceso represivo emitiendo sentencia. Prácticamente todos los que llegan al tribunal son condenados. Hasta mediados de noviembre 61 habían sido condenados a penas que van de 5 a 13 años. 19 personas habían sido absueltas, pero 16 continuaban detenidas de manera ilegal.
Todos estos datos son del detallado registro que lleva el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (CENIDH) desde el día 18 abril hasta el 18 de noviembre.
¿UNA LEY DE AMNISTÍA?
Una represión tan brutal, basada en tantas arbitrariedades, ha abierto desde hace meses la pregunta sobre si lo que la dictadura pretende con esta orgía de encarcelamientos es preparar una amnistía general con la que garantizarse impunidad para los crímenes que ha cometido.
La amnistía ha sido una constante en la historia de Nicaragua. Crisis tras crisis, una y otra vez, hemos pasado la página proponiendo el olvido, la amnesia, dejando así profundas heridas sin sanar.
La “política de reconciliación” lanzada por Rosario Murillo a inicios de noviembre, que anunció se convertirá en ley, ¿anuncia una nueva amnistía? ¿Es la amnistía la moneda de cambio de Ortega y Murillo en una eventual negociación? ¿No resulta aberrante, como propone la política descrita por Murillo, que sea la Policía, responsable de tantos crímenes, una de las instituciones ejecutoras de la ley de reconciliación?
NECESITAMOS UN PROYECTO DE JUSTICIA TRANSICIONAL
Ha habido 52 amnistías en la historia de Nicaragua, pero nunca ha habido en plan de justicia transicional.
Hace cuatro años, cuando la insurrección de abril y el terrorismo de Estado con que Ortega y Murillo respondieron no se presentían, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reflexionó ampliamente en “Envío” sobre la necesidad que ha te¬nido Nicaragua de un proceso de justicia transicional y de una Comisión de la Verdad para implementarlo.
http://www.envio.org.ni/articulo/4857
“La justicia transicional es un concepto relativamente nuevo en la doctrina de los derechos humanos -decía la jurista-. Se refiere a la justicia que debe propiciarse en países que han vivido procesos de transición de una dictadura a una democracia o de un conflicto armado a la paz. Por su historia, Nicaragua es un país que aplica claramente para experimentar alguna de las estrategias judiciales y no judiciales que requiere la justicia en esas difíciles transiciones, y que se resumen básicamente en tres aspectos: conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas”.
Eso: conocer la verdad de lo que pasó, hacer toda la justicia posible y reparar a miles de víctimas sería lo que la sociedad nicaragüense necesitará con urgencia cuando todo esto pase.
¿EL TIEMPO CORRE A FAVOR DE ORTEGA?
El pueblo de Nicaragua ya ha derrotado estratégicamente la dictadura de Ortega y Murillo. Sin embargo, durante todo el año 2018 el enfrentamiento ha sido tan desigual que el pueblo de Nicaragua no ha alcanzado, a pesar de tantos esfuerzos, capacidad suficiente para forzar una salida a la crisis que permita iniciar el camino hacia una transición en la que todos hallemos paz, justicia y democracia.
El costo de que el estancamiento en la correlación de fuerzas con el que finalizamos 2018 se prolongue por mucho tiempo se pagará con sangre, porque en su arsenal de medidas la dictadura ya no tiene más que armas y sólo cuenta con más represión.
De no cambiar las cosas, de no aparecer en el tan cerrado escenario con que concluye 2018 un hecho imprevisto de gran impacto, el tiempo corre a favor de Ortega y Murillo y de su propósito de seguir desgobernando Nicaragua hasta 2021, sin que tengamos tampoco claro qué elecciones “libres y competitivas” podría haber para esas fechas, después de tres años de un Estado policiaco firmemente instalado y en una economía en ruinas.
¿Qué libertad ejerceríamos después de tres años más de Ortega y de Murillo, en una sociedad que tendría agotada su capacidad de resistencia por temor, por cansancio y hasta por hambre?
EL MAGMA ESTÁ INTACTO
La ilegalización de las marchas ciudadanas por la Policía a partir de mediados de octubre no ha logrado modificar el repudio al régimen. La indignación por la matanza y la determinación de lograr un cambio están intactas.
Esos sentimientos son el magma que acumula el volcán que se activó en abril y que volverá a desbordarse. “La protesta está sembrada en el corazón del pueblo, no va a suprimirla la represión”, dice Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN en los años 80.
Sin embargo, el realismo lleva a reconocer que el terrorismo de Estado ha retrasado la erupción. El terror desgasta. Los importantes liderazgos territoriales que han sido encarcelados y exiliados forzadamente son otro elemento de desgaste.
Y ése es el otro escenario, el que habría que construir. Los azul y blanco, conscientes de que son mayoría social en todo el país, deberían entender que ha llegado la hora de que la Unidad Nacional Azul y Blanco demuestre que es “unidad” y que es “nacional” y logre una coordinación plural con rostros visibles capaces de retar a la dictadura con audacia. Necesitamos imaginar la ruta de la transición, tanto nacional como internacionalmente.
Necesitamos propuestas que nos muestren a todos, y que demuestren a quienes son actores solidarios en el extranjero, que hay personas concretas para gobernar un país estable, para iniciar un proceso de justicia transicional, para lograr un proceso electoral creíble.
Ver esos rostros y conocer un programa de futuro, concreto y no retórico, generará confianza y movilizará el magma. Acelerará la salida de la crisis y el fin de la dictadura.
TODO TIENE SU TIEMPO
“Todo tiene su tiempo”, dice sabiamente el libro bíblico del Eclesiastés. “Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Hay tiempo para tirar piedras y tiempo para recogerlas…”
Hubo tiempo, más de 200 días, para que millones lucháramos como autoconvocados. Parece llegado ya el tiempo de que unos pocos asuman la representación de esos millones.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica