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  Número 435 | Junio 2018
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Nicaragua

“Frente a este gobierno criminal la Alianza Cívica ha sido un gran logro de la rebelión popular”

Azahálea Solís, feminista y jurista especializada en Derechos Humanos de las mujeres, hoy integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, como una de las tres personas que representan en ella a la sociedad civil, compartió reflexiones sobre las expectativas de este esfuerzo el 29 de mayo, en una charla con Envío que transcribimos.

Azahálea Solís

El 21 de abril, en medio de la masacre que dirigían las fuerzas antimotines de la Policía, Daniel Ortega ofreció un diálogo a la empresa privada para discutir las reformas del Seguro Social que él había ordenado por decreto el 16 de abril y que provocaron las primeras manifestaciones de protesta. La presión ciudadana en las calles modificó la táctica de Ortega: la agenda debía ir más allá de la seguridad social y de los temas económicos. Y la empresa privada, entendiendo mejor que Ortega lo que estaba pasando, una inmensa indignación ciudadana a causa de la masacre, aceptó ampliar a los interlocutores del diálogo y dejó en manos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua la agenda y la organización del diálogo nacional. Desde ese momento nos vimos ante el desafío de conformar el grupo de quienes seríamos la contraparte del gobierno en el diálogo. Desde la sociedad civil hemos pasado muchos años afirmando que la salida a la falta de democracia en Nicaragua tenía que resolverse a través de un diálogo, a través de mecanismos jurídicos y legales que permitieran al país evitar un nuevo conflicto con más derramamiento de sangre y vivir por fin en democracia. El gobierno de Ortega nunca quiso el diálogo. Ahora, tuvo que aceptarlo porque lo ocurrido en abril los desbordó. En el primer momento, el gobierno retrasaba el diálogo. Los obispos de la Conferencia Episcopal entendieron la renuencia del gobierno y en la masiva marcha a la que convocaron el 28 de abril, el cardenal Leopoldo Brenes habló claramente: le darían un mes al diálogo para ver si existía verdadera voluntad política de parte del gobierno. Y si los obispos veían que no la había, dirían que “no se pudo”.

En esta incierta situación, vimos desde el comienzo que ante el gobierno debíamos conformar una mesa de diálogo lo más plural posible. Los obispos decidieron que en la mesa hubiera una representación de los jóvenes universitarios que habían iniciado la rebelión, una representación de la empresa privada, una del sector académico y una de la sociedad civil. Después se sumó una representación del campesinado y una de la Costa Caribe. Fueron los obispos los que comenzaron a girar invitaciones a determinadas personas de cada uno de estos sectores.

Como es natural, hubo algunas tensiones por el nivel de “representación” de quienes fuimos invitados por los obispos. Se cuestionó la representación de los tres que representaríamos a la sociedad civil. Los obispos llamaron al ex-Ministro de Educación Carlos Tunnermann, al político, ex-diputado y editorialista de “La Prensa”, Luis Sánchez Sancho, y a mí. Empresarios y universitarios tenían el respaldo del gremio al que representaban, pero en nuestro caso, la sociedad civil en Nicaragua es tan amplia, que alguna gente se preguntó quién nos eligió a nosotros. Habían sido los obispos. En mi caso, en el movimiento feminista decidimos no cuestionar la representación, porque si lo hacíamos nunca iniciaría el diálogo.

Fueron algunos de los primeros problemas. Ése y todos los teníamos que resolver aceleradamente y con la urgencia que planteaba el desarrollo imparable de la crisis. Comenzamos las conversaciones entre los que conformaríamos la mesa y decidimos que la “representación” de cada uno de los que la integraríamos dependería de lo esencial: tener una permanente conexión con lo que la gente estaba demandando en las calles en movilizaciones masivas que se multiplicaban por todo el país.

Desde el inicio entendimos que el diálogo no debía ser una mesa donde incluir todas las expresiones sociales con representación que hay en Nicaragua. Entendimos también que no sería una mesa donde resolver todas las problemáticas del país. Eso vendrá posteriormente.

Para tener bien centradas nuestras exigencias al gobierno, nos dimos primero que nada a la tarea de leer todos los pronunciamientos que entre el 21 y el 27 de abril, en los primeros días de la rebelión popular, hicieron distintos sectores nacionales. En una matriz fuimos viendo las coincidencias de todos esos textos. Todos coincidían, con distintas palabras y de distintas maneras, en dos temas: hacer justicia a las víctimas de la represión masiva de los días de abril y lograr un auténtico cambio democrático para Nicaragua. Vimos claramente que si la representatividad nos la daría la conexión con lo que las calles reclamaban, la legitimidad estaba en eso, en exigir justicia y reparación para las víctimas y en enrumbar a Nicaragua a la democracia.

Entendimos que el diálogo sería entre “ellos” y “nosotros”. Y entendimos también que teníamos que darle forma al concepto “nosotros”. Al inicio, el gobierno quiso meter a algunos de “ellos” al lado de “nosotros” porque ellos también tienen sector académico, jóvenes, campesinado, productores… Nos negamos. Por consenso nos negamos. Argumentamos: les dijimos que en este diálogo no se trataba de dos contendientes, que cuando se va a negociar en una guerra hay dos fuerzas contendientes, pero que en Nicaragua no era eso lo que había. Lo que había era una insurrección cívica, ética, ciudadana. Intentaron meternos en el “nosotros” a Telémaco Talavera en el sector académico, a los directivos de la UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) en el sector de la juventud… y a todos los fuimos rechazando. Que fueran a la mesa del gobierno, porque todos representan al gobierno.

Haber podido constituirnos como una mesa de consenso, como un “nosotros” ha sido un gran logro. También lo han sido dar las primeras conferencias de prensa presentándonos como un bloque unido. Creo que este consenso, esta unidad, nunca antes vista en el país, ha sido una primera ganancia, muy importante. Fue fruto de la sabiduría que tuvimos que adquirir aceleradamente y fue fruto de que hay ahora en Nicaragua, en las calles, un proceso de encuentro nacional como nunca lo hubo antes, a pesar de los muchísimos foros y encuentros que habíamos organizado durante todos estos años.

Este diálogo nacional es también expresión de ese encuentro. Porque ni nos conocíamos la mayoría de nosotros, incluso algunos habíamos estado confrontados durante estos años y no teníamos confianza unos con otros. Particularmente, y de forma constante, en la calle la gente señalaba la responsabilidad de la empresa privada, del COSEP, en la crisis, por su alianza con Ortega en estos años. Que estuviera toda la empresa privada representada en la mesa, que fuera parte del “nosotros”, fue algo importantísimo. Para muchos de nosotros era previsible que en el siglo 21 un modelo corporativo como el que ellos acordaron era insostenible, aunque hay que decir que nadie imaginó nunca que este gobierno mataría a tantas personas… Las dimensiones de la masacre nos unieron y avanzamos rápidamente en construir consensos. Eso significa que los empresarios privados no se sientan representantes del COSEP, que los jóvenes universitarios no se sientan representantes de sus Universidades, que todos nos sintamos mandatados por una lucha popular, la lucha cívica que el pueblo nicaragüense inició en abril contra esta dictadura.

Al gobierno, esa unidad lo tiene desconcertado. Porque no sabe cómo actuar frente a unas personas que no sabe cómo dominar. Lo importante de este momento que estamos viviendo no es que cada una de las personas que estamos en la mesa o en las calles seamos o no insobornables. Lo somos, pero eso no es lo principal. Lo principal, lo valioso, es que si negocia conmigo, ¿qué gana? El único resultado de comprarme o de que yo me venda es que yo quedo desprestigiada. Y punto. Ortega no gana nada con eso. Si negocia con otra persona, ¿qué gana? esa persona quedaría desprestigiada. Y Ortega no ganaría nada ni tampoco acabaría con nosotros, ni en la mesa ni en las calles. Sus formas de hacer política, que son cooptar, comprar, amenazar, ya no le sirven, ya perdió la capacidad de emplearlas porque esta lucha es diferente. Ser un colectivo horizontal en la mesa del diálogo es una gran ventaja, pero también es algo que tendremos que superar en algún momento. Porque, ¿con quién platica él la salida, con quién se arregla? Si Daniel Ortega dijera: Sí, voy a aceptar que ya yo soy el pasado, ¿con quién negocia?

Ha sido una gran debilidad de su parte que hayamos logrado construir la mesa, que hayamos impedido que vinieran “ellos” con nosotros a formar parte de la mesa, que estemos trabajando en conjunto una propuesta de estrategia. Y también que le hayamos puesto ese nombre a la mesa: Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Lo hemos hecho con el objetivo de constituirnos en interlocutores válidos y legítimos a la hora de la salida de esta dictadura. Porque supimos siempre, porque siempre vimos, que lo que construíamos no era realmente una mesa de diálogo, sino una mesa para lograr esa salida.

Y hay que decir también que si este gobierno nunca quiso un diálogo nacional y lo tuvo que aceptar por la presión de la rebelión cívica del pueblo de Nicaragua, este gobierno, aunque aceptó en un inicio que los obispos fueran los mediadores y testigos del diálogo, se dio cuenta muy pronto que aunque lo creía, no los tiene bajo su dominio. Ya sabe que no tiene control sobre ellos. No esperaba el gobierno una posición tan coherente de los obispos, tan comprometida con un cambio democrático. A estas alturas, ya quisieran que los obispos dejaran de ser mediadores, pero no les pueden quitar de esa función y lo que buscan es mediatizarlos.

Viendo la falta de voluntad del gobierno para ir finalmente a sentarse con “nosotros” en una mesa de diálogo como la que ya teníamos lista, los obispos enviaron el 11 de mayo a Ortega una comunicación condicionando el inicio del diálogo a cuatro puntos. Que el gobierno invitara “en el menor tiempo posible” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigara y aclarara los asesinatos cometidos en abril. Que el gobierno suprimiera “los cuerpos paramilitares y fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos” y no empleara a la Policía “para ningún tipo de acción represiva”. Que el gobierno cesara de inmediato la represión y asegurara “la integridad física” de quienes conformarían la mesa del diálogo. Y que el gobierno diera “signos creíbles de su voluntad de diálogo y paz respetando la dignidad y la libertad de las personas, así como todos los derechos humanos de los trabajadores, particularmente de los empleados públicos, no obligándoles a asistir a eventos partidarios ni paralizando el transporte público para esos fines”.

El gobierno tuvo que aceptar e invitó a la CIDH a Nicaragua. La misión llegaría el 17 de mayo. El gobierno dijo que aceptaba los cuatro puntos. Pero de los cuatro, sólo cumplió con invitar a la Comisión. A pesar de eso, de que no cumplía con los otros tres puntos -y hasta hoy no los cumple-, los obispos convocaron a la primera sesión de diálogo para el miércoles 16 de mayo. Mucha gente dijo entonces que la Conferencia Episcopal era blandengue porque llamaba al diálogo sin que se hubieran cumplido los cuatro puntos y aceptaba sentarse con criminales… Y yo entiendo que la gente dijera eso porque vivimos en un tiempo de mucha esperanza, pero también de mucha incertidumbre, de mucha angustia y ansiedad. Yo le decía ayer a una compañera que la primera responsabilidad que tenemos en esta lucha es administrar nuestras angustias evitando trasladárselas a los demás si vienen contaminadas con noticias falsas, No quiero decir que hay que guardárselas, hay que compartir lo que sabemos, pero con cautela.

Teniendo presente que ellos no quieren el diálogo, debemos preguntarnos por qué llegó Ortega a sentarse al diálogo. Creo, que en primer lugar, fue por la presión que veían en las calles y por la presión que muy sabiamente logró ponerle la Conferencia Episcopal. Y hasta llegaron puntuales: la sesión de instalación comenzaba a las 10 de la mañana y Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron a las 9:58. Habíamos acordado, y les habíamos hecho saber, que si eran impuntuales, nosotros comenzaríamos sin ellos. Les mandamos esa primera señal para que entendieran que esto no era un juego. La entendieron. Fue la voluntad del pueblo de Nicaragua, movilizado masiva y pacíficamente en rechazo a la masacre de abril, la que logró sentar a Daniel Ortega en la mesa del diálogo. Y la que logró que ese día Ortega escuchara lo que el pueblo de Nicaragua llevaba dentro. Se lo dijeron los estudiantes, los campesinos, los obispos, la sociedad civil.

Después de la instalación, la primera sesión de trabajo, la del 18 de mayo, no fue transmitida. Nos enfrentamos a la tónica de la delegación del gobierno, que hasta el 30 de mayo ha sido siempre similar. Repiten y repiten siempre lo mismo: todos somos nicaragüenses, todos queremos lo mejor para Nicaragua, todos queremos la paz, las familias quieren trabajar, las familias quieren estabilidad… Siempre han negado la gravedad de los asesinatos cometidos, siempre han negado que en el país hay una nueva realidad política, siempre han insistido en regresar al país en que vivíamos antes de abril… Ya sabíamos que eso pensaban, pero fue importante escucharlos cómo nos lo decían una y otra vez. La primera sesión terminó con un único acuerdo: una “tregua” de dos días.

En la segunda sesión del diálogo, el 21 de mayo, que ya fue transmitida íntegramente por los medios de “nosotros”, no por los oficialistas, acordamos por consenso ellos y nosotros aprobar las 15 recomendaciones que había hecho la CIDH en el contundente informe que presentaron ese mismo día, comprobando la barbarie cometida en abril, y que seguían cometiendo en mayo. Ya en esa sesión la delegación del gobierno comenzó a insistir una y otra vez en que “nosotros” debíamos quitar los tranques que en ese momento ya había por todo el país, unos cuarenta o más.

Desde fines de abril, e inicialmente en la zona central y sureste de Nicaragua, los campesinos organizados en el movimiento anticanal, en solidaridad con la lucha popular, habían empezado a poner tranques en varios puntos estratégicos de las carreteras, obstaculizando durante horas el tráfico normal. El gobierno argumentaba que los bloqueos de las carreteras estaban trayendo intranquilidad y zozobra a las familias y desabastecimiento. Ese día 21 nos plantearon que ellos aprobaban las 15 recomendaciones de la CIDH y que, en reciprocidad, nosotros quitáramos los tranques. ¿Reciprocidad de qué? Ellos, como Estado están obligados a aceptar y a cumplir lo que dice ese informe. No es una concesión hacerlo. Y a cambio, ¿querían que renunciáramos al ejercicio de un derecho? No aceptamos lo de los tranques. Además de un derecho, esta lucha no tiene jerarquías de “ordeno y mando”, es de personas autoconvocadas. Y no se podía ordenar desde Managua a todo el campesinado que había hecho tranques para que los levantaran.

Las cosas quedaron así, y aunque el gobierno no estaba cumpliendo ninguna de las 15 recomendaciones de la CIDH, ni siquiera cumplió esa tregua, fuimos a la tercera sesión del diálogo el 23 de mayo. Fue en esa sesión, también transmitida íntegramente, en la que la Conferencia Episcopal le presentó al gobierno una propuesta que titulamos “ruta de la democratización”, en la que mencionábamos todos los mecanismos constitucionales necesarios para convocar a elecciones anticipadas de todas las autoridades “a la mayor brevedad posible”, realizando previamente una reforma parcial a la Constitución, y explicábamos cómo hacerla. El Canciller Denis Moncada, quien dirigía la delegación del gobierno, afirmó que lo que presentaban los obispos como agenda de la sesión -una propuesta que surgió de un trabajo de grupos que hicimos desde el primer día- era “la ruta de un golpe de Estado”. El obispo Silvio Báez rechazó esa grave acusación y le explicó qué era un golpe de Estado y qué era una insurrección cívica.

Ellos no quieren cambiar el Estado en el que estamos, un Estado corrupto, en el que prevalece la impunidad y la violación a la ley, un Estado en el que se han impuesto desde hace once años los criterios personales de Ortega y de Murillo. No quieren un Estado en que el poder tenga límites, en el que todos los ciudadanos tengan cauces y procedimientos para reclamar, en el que las autoridades estén obligadas a respondernos en los términos y en los plazos que establece la ley, no quieren un Estado de derecho.

Los obispos ya habían dejado claro que el diálogo era para “revisar de raíz el sistema político del país para lograr una auténtica democracia”. En esa sesión del 23 de mayo vimos que ellos se negaban a dialogar sobre la democracia y que boicotearon el alcanzar cualquier consenso inicial en este tema. En todos los turnos de palabra, todos ellos sólo se refirieron una y otra vez al tema de los tranques: había que levantarlos para “lograr la paz” y poder hablar después de otros temas.

El tranque es una acción pacífica acorde con la doctrina de derechos humanos, que establece la rebelión pacífica cuando el Estado no garantiza los derechos humanos. Y en Nicaragua ya fue demostrado fehacientemente por la CIDH, y después por Amnistía Internacional, que aquí hubo una política de represión de un Estado criminal. Ya lo sabíamos, pero ahora es oficial. El tranque es un derecho humano, es expresión de la rebelión ciudadana. Es un ejercicio de derechos. Al cuestionarlos, el gobierno no hace nada nuevo. Siempre ha reprimido el ejercicio de los derechos ciudadanos. En contraste, la represión que ellos ejecutan es un delito. Y eso no les parece cuestionable. Esta doble medida: que en su política autoritaria y terrorista los delitos que ellos cometen sean derechos y los derechos políticos que nosotros ejercemos sean delitos, ha sido la costumbre persistente en esta dictadura.

Además de trancar el diálogo reclamando que no haya tranques, hay varias razones para que ellos les den tanta importancia. Los tranques colocados en puntos estratégicos que llevan de una ciudad a otra o que se colocan a la entrada de las ciudades, le obstaculizan al gobierno el mover libremente a sus fuerzas represivas, las que impiden o atacan las movilizaciones populares. ¿Se hubiera podido lograr el 19 de mayo la marcha multitudinaria que hubo en León sin tranques que defendieran la ciudad? Los tranques garantizan la movilización ciudadana en todos los territorios. Hay que ver también los tranques como un mecanismo de defensa. La gente los levanta para defenderse, está consciente de que si los desmonta, aumentará la represión masiva y también la selectiva. También tienen tanto interés ellos en quitarlos por la imagen que dan nacional e internacionalmente. Campesinos y también pobladores urbanos, manteniendo día y noche los tranques y deteniendo el tráfico durante horas, son la demostración palpable de que el gobierno no tiene ya control del territorio nacional. También tienen ellos interés en desmontarlos porque por las carreteras circulan maderas preciosas y otros negocios ilícitos en los que ellos están involucrados. De todas maneras, el tema de los tranques o cualquier otro tema hubieran sacado, para demostrarnos que no tienen voluntad para hablar de lo central, que es el tema de la democracia.

Como por la insistencia en los tranques no se logró consenso ni se logró iniciar siquiera un primer debate sobre el tema de la democratización del país, que es el fundamental, la sesión se levantó al final de la tarde sin lograr nada. Al final de la tarde, los obispos “suspendieron” la mesa plenaria del diálogo y sugirieron una comisión mixta, con tres personas de ellos y tres de nosotros para que lograran algún consenso y “superen el impase”.

El lunes 28 de mayo tuvimos esa reunión, con la mediación de dos sacerdotes de la curia arzobispal. En esa reunión el gobierno se comprometió a discutir el tema de la democracia y nosotros a flexibilizar los tranques. Los que los organizan y gestionan permitirían pasar vehículos en vez de cada ocho horas cada cinco o cada tres horas. Pero ese encuentro 3+3 de ese día, en el que participé como una de los tres de nosotros, fue un día terrible. El ataque de las fuerzas antimotines del gobierno y de las fuerzas parapoliciales que actúan con ellas contra los universitarios que se tomaron la Universidad Nacional de Ingeniería y el tiroteo a mansalva que hubo después, que dejó decenas de heridos y de detenidos nos envió un mensaje. Cuando se hace una acción como ésa, con ese nivel de impunidad, de publicidad, en el centro de la capital, a plena luz del día, sin ocultarse, con fusiles tirando directamente a los cuerpos de los ciudadanos, cuando se hace aun sabiendo que estaba en el país la delegación de Amnistía Internacional, algo nos están diciendo ellos.

Y lo que nos dijeron ese día es que no van a retroceder y que su único recurso es matar, la represión. Mientras ellos disparaban en las calles, nosotros pasamos todo ese día sentados escuchando las voces suaves de la delegación de los tres representantes del gobierno diciéndonos una y otra vez lo mismo: volvamos a la tranquilidad que había antes, a la estabilidad que teníamos, porque éste era un país de paz, un país seguro, quiten esos tranques porque eso tensiona a las familias…

En este momento, y después de la masacre que el 30 de mayo el gobierno ejecutó, atacando las manifestaciones por el Día de las Madres -multitudinaria la de la capital-, asesinando ese día a 19 personas e hiriendo a más de 200 en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya, los obispos suspendieron el diálogo: “No se puede reanudar mientras al pueblo de Nicaragua se le siga negando el derecho a manifestarse libremente y continúe reprimido y asesinado”, dijeron.

¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero sí sabemos que es importante lo que hemos logrado hasta ahora. Y que era necesario. Hemos podido construir paso a paso, con pruebas, y a la vista de la población, que siguió horas y horas de dos sesiones del diálogo, y también su instalación, la falta de voluntad política del gobierno para dialogar realmente sobre una salida a esta crisis. Eso ya lo sabíamos, dice la gente. Pero ahora ya vamos teniendo pruebas. En el tema de la justicia, algo hemos avanzado con la presencia en el país de la CIDH, que vino por la presión de la gente en las calles exigiendo justicia y por la presión que los obispos le pusieron al gobierno para iniciar el diálogo. El informe que nos dejó la CIDH es de inmenso valor. También es valiosísimo el de Amnistía Internacional, que titularon “Disparar a matar”. Son textos valiosos porque no podemos ir a un parlamento extranjero en plan barricada, en plan activista, tenemos que demostrar, que probar. El gobierno tuvo que aceptar después de ambos informes la creación de una comisión independiente de expertos internacionales para investigar las responsabilidades en los crímenes.

Eso hemos logrado en el tema de la justicia. Para abordar el tema de la democracia, que es el crucial, tenemos que “desinflar” el factor Almagro. Porque desde la primera sesión del diálogo el 18 de mayo, ellos dijeron que dialogarán, pero no lo harán sobre la democratización del país, sino sobre “perfeccionar” la democracia que ya existe. Y es eso, “perfeccionamiento”, lo que Ortega acordó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el memorándum de entendimiento que gobierno y Almagro firmaron en febrero de 2017. Nosotros no aceptamos eso. Desde el comienzo les hemos dicho a ellos que no se puede perfeccionar lo que está totalmente destruido. Tenemos que tomar conciencia de que la institucionalidad de Nicaragua ha sido destruida completamente por esta dictadura. Estamos peor que como quedó Honduras después del golpe de Estado, y no estoy exagerando. En Honduras, al menos, quedó algún resquicio de institucionalidad, que nosotros ya no tenemos desde hace años. Y es en esa situación de destrucción total en donde está tanto la fuerza como la debilidad de Ortega. La fuerza la ha tenido hasta ahora. Pero, con el cambio de correlación de fuerzas en el país, como ha concentrado todo el poder político y todo el poder institucional en sus manos, eso significa que si suelta algo se le suelta todo.

Al haber concentrado todo el poder, Ortega no tiene margen de negociación. En otros tiempos, cuando no tenía todo el poder, él podía negociar escaños en la Asamblea Nacional, por ejemplo. Y los concedía y no perdía mucho. Ahora no, ahora ya tiene toda la Asamblea. Y así en todos los espacios de poder. Ahora no puede negociar nada. Ahora, si concede cualquier cosa provocaría un efecto dominó y podría perderlo todo.

Es muy importante tener en cuenta que estamos ante una dictadura que ha demolido toda la institucionalidad nacional. Tampoco existe la institucionalidad de los partidos políticos. Es por eso que la Conferencia Episcopal apareció en esta crisis como la única institución social creíble para mediar en el diálogo. Es por eso que institucionalizar la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se convierte en algo estratégico.

La única institución sólida con estructuras en todo el país es la Iglesia Católica, con la Conferencia Episcopal al frente. Era la única con credibilidad para asumir este desafío. Y creo sinceramente que debemos celebrarnos por el nivel de sabiduría de haber reconocido y asumido esa realidad: la única estructura creíble y nacional es la estructura religiosa católica.

Vimos también desde el comienzo que lo primero era dejar sentado que lo que se estaba cuestionando era el régimen político mismo, un régimen inaceptable, un régimen que mató a tantas personas. Una dictadura. Sabemos que este régimen no va a mejorar, no va a poder resolver nada, sino que de continuar va a empeorar las cosas. Aunque alguien pudo haber tenido la intención, del lado de nosotros nunca ha estado considerar una salida esperando que Ortega termine su período en 2021. Nunca, nunca, ni siquiera se ha mencionado esa fecha. Lo que se ha mencionado, y cada vez con mayor claridad es que Nicaragua no aguanta más este régimen ni aguanta una componenda para que Ortega siga en el gobierno. Eso no lo aceptaremos.

La mesa del diálogo no es la solución a la crisis. Tampoco se trata de elegir entre la mesa del diálogo, el paro o la movilización en las calles. Todo es importante: las calles, el diálogo, la declaración del Parlamento Europeo, los informes de la CIDH y de Amnistía Internacional… Es todo. Y las soluciones no serán mágicas, ni habrá salidas providenciales. Hay que construirlas. Un régimen que ha actuado consistentemente para entronizarse no se va a ir porque nosotros les gritemos ¡Asesinos! Daniel Ortega siempre pensó en el diálogo como una manera de ganar tiempo, de alargar la crisis sin tener que pagar ningún costo ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Pensó así, pero se equivocó. Ahora tiene delante a una rebelión cívica que no está dispuesta a detenerse. Y tiene delante a una Alianza Cívica que representa esa rebelión.

Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen que irse. Y se van a ir. Tiene que haber nuevas elecciones que debemos preparar bien para que sean justas, libres, transparentes. Ya tenemos la ruta y para hacerla y para irla cumpliendo hemos tenido abundante asesoría. Eso también ha sido otra ganancia. Ellos se nos han querido vender como indispensables, pero no lo son. En la Alianza hemos visto cuánta gente capaz tenemos alrededor aportando. Y no es que sea gente nueva. Son las mismas caras que ya conocíamos. Lo que es nuevo es la energía que hoy tenemos.

Cada quien debe hacer su trabajo con esta nueva energía. Cada quien tiene habilidades, posibilidades y un entorno en el que influir. Debemos dirigirnos al sandinismo, no culpabilizando a la gente que trabaja en el Estado ni a la gente que recibió unas láminas de zinc o unas gallinas. Hay que hablar con todos los que están aún con el gobierno e invitarlos a “bajarse”, a bajarse ahora. Hay que hablarles a los policías. Debemos hacer un “santuario” a donde se refugien los que se nieguen a disparar a la gente.

No debemos señalar a la gente que simpatizaba con el gobierno ni a los que aún simpatizan. Hay que hablar con todos, ese diálogo debe estar presente también en las calles. Salir de esto nos corresponde a todos los nicaragüenses. No podemos reeditar lo que pasó hace 40 años, que el que gana lo gana todo y el que pierde lo pierde todo. Aquí tenemos que ganar todos. Salir de la dictadura será la primera ganancia de todos. Y la segunda será no salir peleándonos entre nosotros. Creo que el gran reto que tenemos es evitar que los chavalitos nicaragüenses que aún no han nacido tengan que volver a vivir esto que hoy estamos viviendo.

Espero que no sea así. En cada una de las marchas grandes o chiquitas en las que he participado he visto un inmenso sentido de identidad nacional que nos ha unido. Desde abril, la bandera de Nicaragua se ha convertido en el gran símbolo de la rebelión ciudadana. Cuando la bandera de un país se convierte en símbolo de rebeldía, en un símbolo por el que te pueden matar, y a pesar de eso, la alzas, la muestras, la enseñas, la llevas, eso expresa que algo extraordinario ha ocurrido en ese país. Es lo que ha ocurrido en Nicaragua.

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