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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 435 | Junio 2018
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Nicaragua

Un régimen acorralado que dispara contra una revolución cívica

La insurrección de la conciencia que estalló en abril sigue viva. En las calles continúan las movilizaciones. Y las carreteras permanecen bloqueadas por tranques. Todos exigen lo mismo: justicia y democracia. El régimen Ortega-Murillo responde con represión al imprevisto vuelco político que los ha convertido en minoría y les pide la renuncia. En el terreno internacional, en la OEA específicamente, comienza a existir conciencia de lo que ha pasado, de lo que está pasando, y de lo que podría pasar en Nicaragua de prolongarse la crisis.

Equipo Envío

Señor Presidente, repiense con su gabinete los caminos que ha recorrido. Ha comenzado una revolución no armada. Aquí no está ejército contra ejército. Es una población que está manifestando todo lo que siente desde hace muchos años. ¿Quiere usted desmontar la revolución a fuerza de presión, con balas de goma, balas de plomo y fuerzas paramilitares? Escuche al pueblo”.

Así le habló a Daniel Ortega el obispo de Estelí, Abelardo Mata, en la instalación del diálogo nacional el 16 de mayo.

Ante este dramático emplazamiento el tono y el contenido de la tibia resolución presentada, a iniciativa del gobierno de Estados Unidos y consentida por el de Nicaragua, que fue aprobada en la Asamblea General la OEA el 5 de junio, “haciendo un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que participe activamente en negociaciones pacíficas”, nos muestra que la nueva realidad nicaragüense no es todavía suficientemente comprendida más allá de nuestras fronteras, aunque ya empieza a trascender el carácter dictatorial del régimen.

UNA EXPERIENCIA COMPLEJA DE ENTENDER


La falta de apertura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo a las protestas juveniles que iniciaron en abril un imprevisto y masivo estallido de la conciencia nacional abrieron las puertas a la “revolución no armada” de la que habló el obispo Mata. Una experiencia inédita en Nicaragua, incluso en América Latina. Una experiencia difícil de mantener, y seguramente complicada de entender.

Compleja de entender en el exterior, después del silencio de más de una década, en la que poco o nada se sabía, sobre los desmanes del régimen Ortega-Murillo, desconocidos para algunos, nostálgicos del pasado revolucionario; tolerados para otros -como sucedió con la misma empresa privada nicaragüense y con el gobierno de Estados Unidos-, considerando que Ortega, mal que bien, era menos problemático gobernando “desde arriba” que “desde abajo”. Que con su mano dura, garantizaba estabilidad en una región muy violenta. En la OEA, la priorización de la crisis de Venezuela y la multiplicidad de intereses de muchos pequeños países explica lo tarde que el organismo hemisférico ha vuelto su mirada a Nicaragua.

UN CIVISMO DIFÍCIL DE MANTENER


Una experiencia también difícil de mantener y contener en las fronteras del más puro civismo. En un país con tanta gente familiarizada con las armas, en un pueblo que lleva impreso en su memoria histórica el derrocamiento armado de una dictadura hace cuarenta años, y que tiene en su memoria más reciente la frustración por los cuatro fraudes consecutivos organizados por Ortega, que cerraron la posibilidad de cambiar las cosas cívicamente por los votos, era imposible que no aparecieran del lado de la insurrección cívica y no armada grupos más radicales que acuden a las armas.

Mayo ha sido un mes de enormes esfuerzos cívicos, de gran incertidumbre y de extrema violencia de parte del régimen. Por un lado hay una clara mayoría respaldando la revolución cívica. Por otro lado, la respuesta del régimen es la de un auténtico terrorismo de Estado. Por otro lado, hay en la revuelta cívica grupos de pobladores que enfrentan con armas, aunque en total desigualdad, a quienes los atacan. Por otro lado, existe una desatada, irresponsable e impune delincuencia armada, permitida por el régimen de Ortega, que se aferra al poder, en un intento desesperado por lograr un imposible: que Nicaragua vuelva a ser la que era antes de abril.

Es difícil resumir todo lo ocurrido en este mes, más de 40 días después de la insurrección de abril. Lo intentaremos.

CONSENSO CÍVICO: JUSTICIA Y DEMOCRACIA


En los días más sangrientos de abril, Ortega se vio forzado a hablar de diálogo para así acallar el repudio por los asesinatos cometidos por la Policía, de la que él es el máximo jefe según la ley que él mismo reformó. Ortega ofreció el diálogo a sus aliados de la cúpula empresarial para revisar el decreto de reformas a la seguridad social, última de las chispas que encendió la hoguera de la ira ciudadana.

Los empresarios, más conscientes que el propio Ortega, del vuelco que estaba sucediendo en la correlación de fuerzas que hubo hasta esos días, desestimaron ser sus únicos interlocutores y rechazaron la limitada agenda que Ortega les presentaba. El diálogo debía ser nacional, debía incorporar a distintos sectores de la sociedad, y la agenda debía ser amplia, incluyendo no sólo temas económicos, también políticos. Este giro fue un primer gran logro de la resistencia cívica. Fue también un primer quiebre en la alianza de Ortega con la empresa privada.

Desde aquellos primeros momentos fue arraigándose en la conciencia nacional que la salida debía ser pacífica y haciendo uso de mecanismos no violentos: movilizaciones, marchas, tranques de carreteras… y un diálogo nacional. Las mayorías que despertaron en Nicaragua lo hicieron con la clara conciencia del carácter cívico que debía mantener la insurrección.

Los obispos católicos aceptaron ser mediadores y testigos del diálogo. En pocos días, la nueva mayoría nacional hizo suyo el civismo como consenso. Y elaboró otro consenso: el diálogo debía centrarse en dos puntos: Justicia y Democracia, no en mesas para discutir reclamos sectoriales, como en algún momento pretendió el gobierno para distraer de lo esencial. Y la gente entendió muy pronto que lo esencial era hacer justicia por los asesinatos de decenas de jóvenes e iniciar la ruta para democratizar el país. “El objetivo del diálogo nacional es revisar el sistema político de Nicaragua desde su raíz para lograr una auténtica democracia”, dijeron los obispos.

CIDH: “EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE”


Para investigar los crímenes de abril -cuando tanta sangre derramada a tiro limpio por la Policía dirigida por Ortega hizo que nuestro país fuera noticia internacional- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, solicitó al gobierno ya desde el 26 de abril, en tres ocasiones y de manera urgente, hacerse presente en Nicaragua.

El gobierno se negó una y otra vez y el 6 de mayo conformó su propia “comisión de la verdad” como parapeto para evitar la presencia de la CIDH en el país. La comisión nació muerta por falta de credibilidad: ¿quién iba a esperar justicia de ella sabiendo que surgía de un Parlamento totalmente controlado por Ortega, sabiendo que los cinco “notables” que la integran son afines ideológica o económicamente al gobierno?

Tampoco los obispos creían en ella. Y el 10 de mayo condicionaron el inicio del diálogo a que el gobierno permitiera “en el menor tiempo posible” el ingreso de la CIDH al país. Ortega tuvo que ceder porque internacionalmente le interesaba aparecer con voluntad de diálogo.

El diálogo nacional se instaló por fin el 16 de mayo, casi un mes después de la masacre de abril, y cuando ya se conocía que al día siguiente, 17 de mayo, llegaría al país la CIDH.

VIENE LA CIDH: VÍSPERAS SANGRIENTAS


La llegada a Nicaragua de 15 integrantes de la Comisión Interamericana, presidida por la relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, fue otro importante logro de la resistencia ciudadana.

En sus cuatro días en el país, investigando lo ocurrido en abril, y hasta ya entrado mayo, en cuatro ciudades (Managua, León, Masaya y Matagalpa) los comisionados recibieron a más de tres mil personas escuchando sus denuncias: testimonios de familiares de los asesinados, relatos de heridos, de detenidos, de torturados, de amenazados… También se les entregaron centenares de videos, grabaciones y otras pruebas materiales.

En los días previos a la llegada de la CIDH continuaron las manifestaciones masivas. En ellas era cada vez más frecuente la consigna ¡Que se vayan! El 9 de mayo hubo una tercera megamarcha cívica en Managua. No fue reprimida por el régimen.

Participaron miles y miles de personas, entre ellas una representación numerosa de campesinos del movimiento anticanal, que al día siguiente y al regresar a su zona iniciaron tranques en sus territorios más cercanos: Chontales, Nueva Guinea… Desde ese día no han dejado de surgir más y más tranques que bloquean las carreteras del país. La alianza entre el campo y las ciudades es otra de los valiosos logros que ha tenido desde el primer momento la revolución cívica.

El 10 de mayo las fuerzas de choque del gobierno atacaron la Universidad Politécnica (UPOLI), desde abril en manos de estudiantes, causando 19 heridos y 4 muertos. La UNAN Managua, también tomada por sus estudiantes, fue atacada durante toda la noche del 11 de mayo hasta entrada la madrugada.

MASAYA Y MONIMBÓ: TIERRA ENSANGRENTADA


El 12 de mayo al caer la tarde la ciudad de Masaya se convirtió en un infierno. Tan sólo una semana antes una masiva manifestación totalmente pacífica atravesó la ciudad.

Una semana después, ocho horas de enfrentamientos entre antimotines y fuerzas paramilitares del gobierno, que atacaron a pobladores que protestaban usando armamento casero, dejaron un muerto y decenas de heridos.

También hubo saqueos e incendios, siendo visible a la ciudadanía la vinculación del alcalde del partido de gobierno con estas acciones. A la mañana siguiente, una caravana de vehículos que ocupó doce kilómetros de la carretera entre Managua y Masaya salió de la capital para solidarizarse con los masayas y con el barrio indígena de Monimbó.

Desde ese día 12 de mayo y hasta poner punto final a este texto el 7 de junio, las fuerzas parapoliciales del régimen se han cebado día tras día en Masaya y en Monimbó. La ciudad está en ruinas y sus habitantes permanecen atrincherados, defendidos por las barricadas que llenan la ciudad y por los tranques que impiden entrar y salir de Masaya. “Creo que la saña contra nosotros se debe a que Ortega siempre pensó que Masaya, y sobre todo Monimbó, eran suyas, le eran fieles. Tal vez quiere acabarnos a todos, tal vez piensa es mía o de nadie”, dijo a una emisora radial un poblador.

No ha habido día ni noche sin heridos, sin ataques, sin una zozobra que dura horas. El 3 de junio, cuando fueron asesinados en Masaya 10 jóvenes y quedaron heridos unos 40, en un operativo combinado de antimotines y fuerzas parapoliciales, el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel, que ha abierto el templo para refugiar gente, atender heridos y velar a los muertos, dijo: “Aquí se está cometiendo un genocidio, una cobardía genocida contra ciudadanos que tienen sólo como arma una piedra y un mortero. Masaya es hoy una ciudad fantasma, barricadas por todos lados, madres que lloran a sus hijos muertos, que buscan a sus hijos desaparecidos…”

¡QUE SE VAYAN!


El 14 de mayo antimotines y fuerzas de choque del gobierno desataron una fiera represión en Sébaco contra manifestantes, con el saldo de 16 heridos y un muerto. Para detener la balacera, el obispo de Matagalpa, Rolando Álva-
rez, atravesó la ciudad y la carretera al caer la tarde vestido con los más solemnes ornamentos y alzando la custodia con el Santísimo, la hostia consagrada que para el dogma católico es el mismo cuerpo de Jesucristo. En la noche lo seguían decenas de pobladores en una escena insólita.

El 15 de mayo, Managua fue testigo de una manifestación masiva de estudiantes de secundaria de decenas de colegios que reclamaban lo que todos: justicia con los asesinados, porque ¡eran estudiantes, no eran delincuentes. También coreaban ¡Que se vayan!. Todos en la rebelión cívica entendían ya que el primer paso para iniciar la democratización de Nicaragua pasa por la salida del gobierno de Ortega y de Murillo, incapaces ya de gobernar un país que se ha declarado en rebelión. Cómo y cuándo lograr del régimen su salida quedaba para el debate en el diálogo nacional.

En este caldeado ambiente de protesta cívicas, de grupos cada vez más radicalizados que comenzaban a responder con lo que tenían a mano, de más muertos, y en una mezcla de esperanza e incertidumbre, llegó la CIDH a Nicaragua.

LLEGA LA CIDH


La CIDH había visitado Nicaragua por última vez en 1992. Pudo observar entonces los avances en derechos humanos logrados después de finalizar la guerra civil de los años 80. Vilma Núñez, presidenta del CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), dijo a Envío: “Desde hace ya quince años estuvimos procurando que la Comisión regresara a Nicaragua. Se hizo difícil. Pero desde que Daniel Ortega volvió al gobierno en 2007 ya fue imposible. Se negó de forma impenetrable a invitarla”.

Esa hermética negativa la derribó la presión cívica diez años después. Ortega tuvo que ceder. Tras cuatro días de intenso trabajo en el país, mostrando en todo momento su alto nivel de profesionalismo y dedicación, y la inocultable conmoción ante muchos de los testimonios que escuchaban, los comisionados de la CIDH presentaron el informe preliminar de su visita el 21 de mayo. Por la importancia de su contenido, lo publicamos íntegro en este mismo número.

UN INFORME DEMOLEDOR


El informe evidencia que en Nicaragua el Estado respondió a las protestas ciudadanas de abril de forma desproporcionada, valiéndose de agentes anti¬motines de la Policía Nacional, de ¬las fuerzas de choque del partido de gobierno y de fuerzas parapoliciales. El balance trágico de esa actuación criminal, origen de la actual crisis, atestiguado en el informe hasta el 21 de mayo era: 76 personas muertas, 868 heridas, 438 detenidas, cifras que al irse la CIDH continuaron incrementándose rápidamente. “Encontramos una situación muy grave de derechos humanos en Nicaragua, salimos muy preocupados del país”, dijo al llegar a Washington Paulo Abrao, director ejecutivo de la CIDH.

Nunca el régimen, que a través de sus cuerpos armados ya había cometido graves violaciones de derechos humanos durante estos años, especialmente en zonas rurales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, documentadas todas por los organismos nacionales de derechos humanos, se había visto ante una evidencia tan demoledora sobre el carácter criminal de su modelo de control social. Abril lo reveló.

“La brutalidad cualitativa con que actuó el gobierno en abril la vimos todos desde el primer momento. La dimensión cuantitativa de lo que hicieron no la imaginábamos. Pensé que el informe iba a ser más suave, me sorprendió la acuciosidad, nunca pensé que sería tan fuerte”, dijo la presidenta del CENIDH Vilma Núñez al conocer el texto que la CIDH dejó, como una herramienta más para la lucha cívica, en manos de la ciudadanía nicaragüense. Desde que salió de Nicaragua el 21 de mayo la CIDH siguió emitiendo comunicados desde Washington condenando la violencia, que no cesaba.

69% DICE QUE RENUNCIEN


El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo. Los obispos actuarían como mediadores y testigos. En la mesa estarían de un lado los representantes del gobierno y del otro los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (estudiantes, campesinos, empresarios privados y miembros de la sociedad civil). Sobre la construcción de esta Alianza, uno de los recursos políticos más importantes logrados por la insurrección cívica, habla en páginas siguientes la jurista y feminista Azahálea Solís.

En vísperas de la instalación del diálogo, el día 15, los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y manifestantes no cesaron. Causaron en Matagalpa un muerto y 40 heridos. Tampoco cesaron las movilizaciones. Ese día Managua vivió una multitudinaria manifestación en la rotonda Jean Paul Genie, uno de los centros de la capital en el que se reunían a diario personas de toda edad y condición.

En mayo, el gobierno, que ya había perdido las calles de la capital y de las principales ciudades, perdió también control sobre todas las rotondas de Managua, lugares que durante años ha ocupado para reunir a simpatizantes y a empleados públicos, a menudo para atacar a pequeños grupos que reclamaban. Después de abril, mantienen control únicamente sobre la rotonda que en la céntrica avenida Bolívar de la capital tiene una imagen de Hugo Chávez.

¿CUÁNTOS SE HAN VOLTEADO?


El día antes de iniciar el diálogo, la empresa encuestadora CID Gallup presentó los resultados de un sondeo realizado a nivel nacional a 1,200 personas, entre el 5 y el 14 de mayo. El 69% de los consultados dijo que quería que Ortega y Murillo renunciaran al gobierno. Entre quienes así piensan un 30% se declararon sandinistas. El 78% opinó que el país “va por mal camino”. En la encuesta que la misma empresa había hecho en enero, sólo veía malo el camino un 35%.

Un cambio tan drástico comparado con resultados de anteriores encuestas, de la misma firma y en tan poco tiempo, lo explicaría una de las consignas que ha aparecido en las movilizaciones: “Daniel perdió al pueblo y el pueblo perdió el miedo”. Y lo ha perdido cuando el régimen ha mostrado su rostro criminal y cuando desafiarlo acarrea mayores riesgos.

También es evidente que mucha gente que simpatizaba con Ortega hasta abril “se le ha volteado”. ¿Cuánta es esa gente? ¿A pesar de las atrocidades que está ordenando, mantendrá Ortega su voto duro, que nunca fue mayoritario? El sondeo de CID Gallup indica que todavía un 29% tiene una opinión “favorable” (20%) y “muy favorable” (9%) de Ortega y el 31% dice identificarse con el FSLN. ¿Es temor, es vergüenza, es apego al líder? Es también reconocimiento por programas sociales del gobierno que, aunque con limitaciones, reflejaban sensibilidad social.

“¡RÍNDASE ANTE TODO ESTE PUEBLO!”


Desde un primer comunicado, los obispos dijeron que el diálogo nacional se celebraría en el seminario nacional y, por tanto, en “su cancha”, algo importante. No habría en el diálogo los enflorados escenarios donde la pareja gobernante celebra los actos en los que participa.

El día antes de la instalación del diálogo, Murillo anunció su presencia y la de Ortega en “este evento histórico”. Acompañados de tres de sus hijos, Daniel Ortega y Rosario Murillo se desplazaron hacia el seminario con un desmesurado aparato de seguridad, que esta vez incluyó dos helicópteros sobrevolando toda la ruta que hicieron por la capital. Al ingresar por el camino que lleva al seminario un grupo de mujeres se organizaron y no dejaron de gritarles “¡Asesinos!”

Se anunció que la instalación, que se transmitiría en directo, y a la que asistió todo el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, seguiría este protocolo: himno nacional, invocación a Dios de uno de los obispos, breve discurso de Ortega, oración por las víctimas de la violencia, canto en latín de la Salve. Al final, Ortega y Murillo de partirían con los asistentes.

Antes de que Ortega hablara, fue Lesther Alemán, un estudiante de Comunicación de la UCA, quien habló. Sin micrófono y con una firmeza que paralizó al país, este chavalo de 20 años encaró al mandatario: “¿Por qué asalto la palabra suya? ¡Porque nosotros hemos puesto los muertos, los heridos, los desaparecidos!... ¡Hemos aceptado estar en esta mesa para exigirle que ahorita mismo ordene el cese inmediato de la represión de sus tropas, de las fuerzas paramilitares, de las turbas!… Ésta no es una mesa de diálogo, ¡es una mesa para negociar su salida, y usted lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado!... En un mes usted ha desbaratado el país, a Somoza le costó muchos años, ¡y usted lo sabe muy bien!.. ¡Ríndase ante todo este pueblo!” Una escena inolvidable cuando se escriba la historia de esta revolución no armada.

“UN DISCURSO DECEPCIONANTE”


Un Daniel Ortega impávido y con un rictus de contrariedad escuchó del universitario lo que nunca había escuchado de nadie. En once años en el gobierno jamás ha aparecido Ortega en una rueda de prensa, jamás se ha dignado a conceder una entrevista a la prensa nacional, nunca ha respondido preguntas porque nunca las ha escuchado.

En su discurso, nada breve, no dijo nada que se pareciera a una disculpa por los muertos de abril o que expresara alguna responsabilidad en lo ocurrido. Más bien, se refirió a los 50 mil muertos de la guerra civil de los 80 y a los 2 mil palestinos heridos en Gaza esos días. Se limitó a señalar con preocupación “la violencia irracional, la violencia diabólica que ha explotado en nuestro país”, sin relacionarla con su origen: la represión con la que su régimen había respondido a las protestas ciudadanas. Y sin asumir responsabilidad en la irracionalidad de la violencia.

Las palabras de Lesther animaron a otros participantes a tomar la palabra fuera del guion estipulado. El obispo Abelardo Mata le dijo al mandatario lo que señalamos al inicio de este texto: estamos ante “una revolución no armada”. El ex-Ministro de Educación Carlos Tunnermann le dijo a Ortega cuán “decepcionante” había sido su discurso al negarse a aceptar la nueva realidad que muestra el país. Y Medardo Mairena, después de escuchar cómo había descalificado Ortega a quienes hacían tranques en las carreteras se puso en pie para aclararle: “Quiero que sepa, señor presidente, que los campesinos nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. En los tranques no hay otras personas que nosotros. Somos nosotros quienes estamos ahí. Somos los campesinos, que nunca hemos sido escuchados”.

Al final, los estudiantes volvieron a interrumpir el protocolo. Una muchacha, Madeleine Caracas, fue leyendo uno a uno los nombres de todos los asesinados en abril y el lugar donde cayeron. A cada mención seguía un vibrante ¡Presente! que coreaban los estudiantes.

“UNA PLAGA ESTÁ ASOLANDO EL PAÍS”


Después de su “solemne” instalación, el diálogo tuvo tres sesiones. La primera (18 de mayo) no fue transmitida en directo. Duró nueve horas y la delegación del gobierno la retrasó llegando dos horas más tarde de lo acordado. De esta sesión surgió únicamente una “tregua” de dos días, para el fin de semana. Ambas partes se comprometían, el gobierno a no ejercer la represión, y la Alianza Cívica a flexibilizar los tranques.

En vísperas de la tregua, días en que se cumplía un mes del trágico abril, fuerzas de choque del gobierno llegaron a la iglesia de Matiguás, con la intención de incendiarla, según los pobladores con la complicidad del alcalde. También hubo enfrentamientos violentos en la ciudad de Jinotega, cuando la población descubrió que el alcalde pretendía quemar el mercado de la ciudad.

Una consciente y organizada presión de la población jinotegana sentó en el banquillo de los acusados al alcalde incendiario y dos semanas después, una nutrida marcha que atravesó las calles de Jinotega consiguió lo que ninguna otra en ningún otro lugar: no sólo fue una movilización pacífica, sino que la Policía la resguardó para evitar incidentes.

“CONSPIRACIÓN DIABÓLICA”


Por hechos como éstos (incendios consumados o pretendidos, saqueos, destrucción de inmuebles, caos generalizado que dura horas), cada vez más frecuentes de día o de noche, en cualquier lugar del país, la población responsabiliza a alcaldes y a otras autoridades del gobierno, que pagarían a “vagos” o a pandilleros por realizarlos, o que los encomendarían a sus propias turbas.

Los medios del gobierno responsabilizan de todos estos incidentes a “grupos vandálicos de la derecha”. Murillo dijo en esos días que se trata de “una plaga que está asolando el país desde hace un mes exactamente”. Ya Ortega había dicho en el diálogo que se trata de una violencia “diabólica”. Dijo después que “el demonio estaba sacando las uñas”. Y en nota oficial, días más tarde, el régimen informó a la comunidad nacional e internacional que las acciones las realizan “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas, activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias”, especificando también que la violencia viene de una “conspiración delincuencial que ha pretendido entregar el país al crimen organizado”.

Esta “interpretación” de todo lo que está ocurriendo, repetida incansablemente por los medios oficialistas, que copia Telesur y algún que otro medio internacional, y algún que otro analista “de izquierda”, resulta extraña, hasta inverosímil.

¿DÓNDE ESTABA LA DERECHA VANDÁLICA?


No cuadra. Porque si antes del 18 de abril Nicaragua era “el país más seguro de Centroamérica” y la ejemplar Policía de Nicaragua garantizaba esa seguridad y era considerada la de mayor prestigio en la región, ¿cómo es posible que de la nada, y sin ser percibida por los órganos de inteligencia de esa Policía, hayan surgido tantos grupos vandálicos con capacidad de actuar tan activamente por todo el territorio nacional?

¿Dónde estaba hasta abril, dónde se escondía antes, esa derecha vandálica? ¿Y cómo pudieron esos vandálicos convencer de un día a otro a decenas, a cientos de miles de nicaragüenses, que no son violentos, para movilizarse en marchas multitudinarias rechazando al gobierno “cristiano, socialista y solidario” y respaldando el vandalismo?

¿Y cómo esa Policía ha resultado tan ineficiente para actuar cuando esos grupos vandálicos incendian, saquean o disparan indiscriminadamente en las calles? ¿Cómo no llegan los bomberos a los incendios ni la Policía detiene a ningún vándalo que comete esas fechorías…?

En los dos días de la tregua acordada en el diálogo (19-20 de mayo) hubo una marcha multitudinaria en la ciudad de León y grandes manifestaciones en Managua y otras ciudades y se flexibilizó el paso en algunos tranques. Sin embargo, el domingo en la noche fuerzas policiales rompieron la tregua atacando a estudiantes de la Universidad Agraria. La CIDH documentó este hecho, en el que hubo ocho heridos.

LA “ESCUELA” DEL DIÁLOGO NACIONAL


La tercera sesión del diálogo (21 mayo) fue transmitida en directo. Duró varias horas. Resultó un ejercicio de ciudadanía inédito. Seguir la sesión por televisión, radio o redes sociales se convirtió en una escuela en un país tan ajeno al debate y tan necesitado de él.

También inédito ver por primera vez en once años a funcionarios del gobierno emplazados a rendir cuentas. También pudimos observar su pobre argumentación y su nula capacidad de decisión porque consultaban permanentemente a casa presidencial qué decir, qué objetar, qué plantear…

Durante esa sesión se hizo público en Managua el informe de la CIDH. El gobierno aceptó que cumpliría las 15 recomendaciones que hace la CIDH, lo que creó la apariencia de un enorme logro. Pero, consistente con su lema histórico, “firmar me harás, cumplir jamás”, ese mismo día los grupos parapoliciales a los que se refiere el informe de la CIDH continuaron reprimiendo a la población.

A la vez, y en las redes sociales del gobierno, se continuó amenazando, denigrando, calumniando, criminalizando a estudiantes, a empresarios que participan en el diálogo, y especialmente a los obispos, particularmente a Monseñor Silvio Báez, violentando así la recomendación número 10 de la CIDH.

LA RUTA DE LA DEMOCRATIZACIÓN


Al término de la tercera sesión (23 de mayo) los obispos decidieron suspender la mesa de diálogo por no darse consenso entre ambas partes.

¿Qué pasó ese día? Confiando los obispos y la Alianza Cívica el tema de la Justicia por los asesinatos al compromiso asumido por el gobierno dos días antes -cumplir con las recomendaciones 3, 6, 14 y 15 del informe de la CIDH-, presentaron como agenda del día, y con el propósito de comenzar a debatirla, un documento que titularon “Ruta de la democratización”.

Ciertamente, el texto que leyó el obispo Rolando Álvarez era omnicomprensivo, implicaba la total refundación del Estado. (Ver contenido a continuación de este texto).

Lo que pretendía la Alianza Cívica presentando algo tan extenso era poner a prueba la voluntad del gobierno para comenzar a debatir concretamente cuándo iniciar la reforma parcial de la Constitución, camino que llevaría a adelantar las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y caribeñas “a la mayor brevedad posible”.

El Canciller Denis Moncada, al frente de la delegación del gobierno, dijo que lo que había escuchado de boca del obispo Álvarez era la “ruta de un golpe de Estado para derrocar al gobierno”. Fue el obispo Silvio Báez quien, considerando “la grave acusación” que hacía el Canciller, le aclaró qué era un golpe de Estado y qué era lo que ocurría: una crisis política que los obispos intentaban solucionar “en sintonía con la Carta Democrática Interamericana y la Constitución de Nicaragua”.

A partir de ese tenso momento todos los representantes del gobierno en el diálogo demostraron no estar dispuestos a abordar el tema de la democratización y pasaron horas insistiendo, en cada uno de sus turnos de palabra, en que se levantaran los tranques que ejercen presión en buena parte del país obstaculizando el tránsito durante horas, aunque no a las ambulancias ni a los vehículos que traen enfermos. Hasta poner fin a este texto (7 junio) cubrían el 70% de las vías del país. Sobre la importancia que tienen los tranques en la lucha cívica comenta Azahálea Solís en este mismo número.

“SI SE ATACA A UNO SE NOS ATACA A TODOS”


El diálogo no avanzó, quedó “trancado” por la insistencia del gobierno en que se levantaran los tranques.

Ya para entonces, el régimen estaba convencido de que la Conferencia Episcopal conducía y mediaba el diálogo en una dirección no esperada, inesperadamente infuncional a lo que querían del diálogo: una manera de quedar bien y de ganar tiempo. Siempre pensaron que tenían bajo control a los obispos… y en el diálogo los estaban viendo también en “santa rebeldía”.

El 22 de mayo la Conferencia Episcopal denunció en un comunicado las amenazas que estaba recibiendo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, de parte de simpatizantes del régimen.

En él texto afirmaban los obispos que el pueblo de Nicaragua “atraviesa hoy una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno de Nicaragua, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones”.

Y refiriéndose la Conferencia a los ataques que recibía Báez y el resto de obispos, le advertían al régimen: “A pesar de estas amenazas, recordamos a nuestros agresores que somos un cuerpo colegiado y que si se ataca a un obispo o a un sacerdote se nos ataca a la Iglesia, y que no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense, que bajo el azul y blanco de nuestra bandera, ha salido a las calles a reclamar sus justos derechos”.

EL RÉGIMEN BUSCA “OTRO” DIÁLOGO


Para entonces, la insurrección cívica había demostrado que el régimen había perdido las calles y a sus aliados de la empresa privada. El diálogo nacional les mostró otra pérdida: la jerarquía católica y los párrocos de muchas iglesias de todo el país no estaban de su lado, se habían puesto del lado de la gente.

Por eso, Murillo hizo circular un documento interno que llamó “Nuevo panorama político”. En él planteaban que si el 22 de mayo “la Conferencia Episcopal en comunicado oficial ha dicho que la opinión de uno es la opinión de todos, ha hecho suyos los llamados a la guerra de Silvio Báez”.

En consecuencia, el régimen propuso organizar un diálogo nacional alternativo, con sectores, gremios y partidos políticos bajo su control y con nuevos mediadores. Aunque no concretó ese plan, ese texto demostraba otro intento desesperado de rebobinar la realidad para regresarla a antes de abril.

El 26 de mayo miles de católicos se movilizaron en respaldo de los obispos. Iban precedidos por una manta que decía: “Queremos verdadera justicia. Apoyamos a la CEN (Conferencia Episcopal de Nicaragua) y especialmente a Monseñor Silvio José Báez”. Pocos días después, la “guerra” del gobierno contra la iglesia católica se expresó en una circular del régimen pidiendo a los simpatizantes sandinistas no acudir a las celebraciones dominicales de la misa y a otros ritos católicos.

“DISPARAR A MATAR”


Al suspender el diálogo el 23 de mayo, por la insistencia del régimen en el tema de los tranques, los obispos sugirieron para el lunes 28 una reunión reducida de tres representantes del gobierno con tres de la Alianza Cívica.

Ese día llegó a Managua la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rojas, con una delegación, para presentar el día 29 el informe de la visita que había realizado AI a Managua, Ciudad Sandino, León y Estelí entre el 4 y el 13 de mayo.

El día 28 Managua vivió durante la mañana horas de terror. Tropas antimotines se desplegaron a mediodía en el centro de la capital disparando con armas de guerra, hiriendo y apresando a decenas de personas. A algunas, por apoyar a los universitarios de la UNI, que se habían tomado su Universidad temprano en la mañana. A la mayoría, porque pasaban por ese lugar a esa hora. En un confuso incidente, quienes apoyaban a los universitarios prendieron fuego a la fachada de la oficialista Radio Ya.

Hacía ya varios días que eran las fuerzas parapoliciales las que actuaban en la capital, especialmente en las noches. Hacía días que los managuas no veían a los antimotines. El mensaje de ese día parecía ser aterrorizar a los capitalinos, que se preparaban para la gran marcha anunciada para el 30 de mayo, Día de las Madres.

La delegación de Amnistía Internacional estaba en la Universidad Centroamericana y pudo ver en vivo y directo la actuación de los antimotines, desplegados en el mero centro de Managua como para una acción bélica. La activista de derechos humanos Bianca Jagger, que acompañaba a AI, se dirigió así a Ortega en la noche: “La única solución que existe para Nicaragua es que el señor Ortega y la señora Murillo se marchen y entreguen el poder, tengamos elecciones libres y tengamos democracia… Señor Ortega, le ruego en nombre de Dios, al que usted siempre invoca: ¡Deje de matar!”

El informe que al día siguiente presentó Amnistía Internacional se titula “Disparar a matar”.

“NO VAMOS A PARAR HASTA QUE NO PARE ESTO”


En su informe, Amnistía Internacional afirma que el gobierno de Nicaragua emplea una “estrategia letal de represión contra manifestantes” y que, según los ocho casos concretos que habían investigado en detalle, “no sólo se privó arbitrariamente de la vida en el marco de la protesta y del uso excesivo de la fuerza, sino que, con base en el patrón identificado, un elevado número de casos podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales”. Demuestra el informe que las fuerzas del gobierno tiran a matar por las armas que emplean y por el impacto mortal que buscan los disparos, que hacen francotiradores.

Pilar Sanmartín, investigadora regional de AI para situaciones de crisis, señaló en una entrevista con la prensa nacional los tres problemas que detectaron en las autoridades nicaragüenses: “No se están haciendo responsables de lo que ocurre, no están aceptando los hechos y no están investigando como se debe”.

Y dijo: “No esperábamos encontrarnos con esto, las autoridades niegan los muertos, minimizan lo que está ocurriendo, criminalizan la protesta y estigmatizan a las personas que se manifiestan. Pero también a través de ese discurso vemos que sí saben lo que está sucediendo. El problema es que no reconocen responsabilidad y están permitiendo que pase el tiempo y haya más muertes. Por nuestra parte, Amnistía no va a parar hasta que no pare esto”.

Dos días después, y como otro logro de la presión cívica, el régimen tuvo que aceptar que llegue a Nicaragua un Grupo de Investigación de Expertos Internacionales (GIEI), para deslindar responsabilidades en la ola represiva que vive Nicaragua. Los cuatro integrantes extranjeros del GIEI han sido propuestos por la sociedad civil nicaragüense y seleccionados por la CIDH, que continúa atenta a todo lo que sucede en Nicaragua.

También exige la Alianza Cívica que venga a Nicaragua el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por parte de la ONU, e invitado por el régimen, estuvo en Nicaragua a fines de mayo una delegación del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, que tiene que ver con procesos de mediación y crisis políticas. No se informó sobre sus actividades en el país.

“JUSTICIA Y DEMOCRACIA
NO ESTÁN SEPARADAS”


Lo que preocupa y desespera a algunos es el transcurrir del tiempo: la investigación del GIEI está previsto que llegué a conclusiones en seis meses.

En un comunicado publicado el 1 de junio, Ética y Transparencia ejemplifica la urgencia que sienten hoy muchos sectores del país, conscientes de que mientras más se prolongue la crisis, más se incrementará la violencia y también la destrucción de la infraestructura y de la economía.

En su comunicado, EyT señala claramente que la justicia que reclama la insurrección cívica pasa por aceptar de entrada, y sin más investigación, que los “autores intelectuales” de los asesinatos son Daniel Ortega y Rosario Murillo, autores también del saqueo de los recursos públicos y de fraudes electorales. En el documento más radical de todos los leídos en estos días, EyT afirma: “La democratización y la justicia no son dos demandas separadas. Son una sola: son la voz de Dios”. Y llama “a las autoridades competentes a hacer efectiva la comparecencia a los tribunales de los dos aún presuntos criminales (en referencia a la pareja presidencial)”, convocando también al Ejército a “lograr que se efectúen los prontos y necesarios arrestos, así como un justo enjuiciamiento, que es insoslayable”.

TRÁGICO DÍA DE LAS MADRES


El 30 de mayo, Día de las Madres, un día sagrado en Nicaragua, marcará una frontera en la crisis que vivimos.

Se anunciaba desde hacía días “la madre de todas las marchas” en Managua, en solidaridad con “Madres de Abril”, las mujeres que vieron asesinados a sus hijos al inicio de la insurrección cívica.

Cientos de miles de personas, según algunos cálculos más de 300 mil, participaron ese día en la movilización más grande de las organizadas hasta ahora por la rebelión cívica. Entre los miles de movilizados iban niños, hasta bebés en brazos de sus madres, ancianas en silla de ruedas, familias enteras, gente de toda edad y condición social, alzando la bandera nacional.

Era la cuarta megamarcha realizada en la capital. Ninguna de las anteriores había sido atacada, todas se habían desarrollado en paz y sin problemas.

Esta vez no. Cuando la marcha concluía en el centro de la capital, en la avenida universitaria, un grupo de parapoliciales surgieron de repente disparando contra la multitud siguiendo el mismo patrón de otras veces: disparo a matar por francotiradores. También hubo disparos de parte de un grupo que iba en la marcha y que respondió a los atacantes. Ese día murieron en Managua 14 jóvenes y quedó herido un centenar.

“¡TODOS NOS QUEDAMOS AQUÍ!”


Ese mismo día 30, en La Trinidad, Estelí, un vehículo de simpatizantes de Ortega, fue atacado por quienes se han radicalizado en las protestas, dejando como saldo 3 muertos. Venían a una contramarcha organizada por el régimen para ese mismo día.

Mientras el tiroteo estremecía el centro de Managua y la Universidad Centroamericana abría sus puertas para refugiar a miles de personas que huían de las balas, en la avenida Bolívar, el también céntrico espacio de la capital que aún controla el régimen, Ortega convocaba a simpatizantes y a empleados públicos.

Quienes calcularon más de 300 mil las personas en la megamarcha cívica, calcularon en unos 30 mil los que reunió Ortega. La proporción era significativa: de 10 a 1. El contraste tuvo que haber decepcionado a los que esperaban reunir más gente en torno a Ortega. Pudo también haber contribuido a decidir a algunos a ir atacar a los otros. El ambiente de violencia que ha desatado el gobierno ha fomentado un clima de peligrosa polarización.

Muchos de los que llegaron ese día a la concentración de Ortega esperaban de él alguna palabra que orientara, alguna estrategia, alguna propuesta. Si el discurso de Ortega en el diálogo nacional decepcionó a sus adversarios, el de Ortega esa tarde decepcionó a sus simpatizantes.

Su discurso sonó a una declaración de guerra. A sus aliados del gran capital, que el día antes habían respaldado la marcha de las madres y le habían pedido que aceptara adelantar las elecciones, les espetó: “¡Nicaragua no es propiedad privada de nadie!” Y a todos los nicaragüenses, los cívicos y los radicalizados, nos dijo en el mismo tono: “¡Nicaragua es de todos los nicaragüenses! ¡Y todos nos quedamos aquí!”. El mensaje era claro: no se va a ir, no va a renunciar, será sobre un baño de sangre y sobre las ruinas de Nicaragua que ha decidido poner fin a su gobierno.

En la frontera que marca ese día 30 de mayo: el recurso al terror y el empecinamiento en no ceder, cerramos una muy limitada crónica de lo ocurrido en los primeros 30 días que siguieron al estallido de la conciencia que ha transformado a Nicaragua.

SEÑOR PRESIDENTE: ELECCIONES ANTICIPADAS


Los representantes de la gran empresa privada del país le habían hablado a Ortega el 29 de mayo.

Los directivos de las 27 cámaras que integran el COSEP, la directiva de la Asociación de Bancos Privados, la directiva de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense y el centro de pensamiento FUNIDES, enviaron una carta en la que le decían: “No hay espacio en Nicaragua para la violencia que tanta sangre de hermanos se ha derramado a lo largo de nuestra historia. Es por ello que consideramos urgente imple¬mentar las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado, ambas fechas a ser determinadas en el diálogo nacional entre los representantes de su gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”.

Para adelantar elecciones generales no hay más salida legal que una reforma parcial a la Constitución, punto inicial de la propuesta presentada por los obispos y la Alianza Cívica en el diálogo nacional el 23 de mayo, considerada por los representantes del régimen como un “golpe de Estado”. Negarse Ortega y Murillo a debatir ese primer paso para el adelanto de las elecciones, fue lo que colapsó el diálogo el 23 de mayo.

También pedían los empresarios a Ortega que “ante la magnitud de esta crisis realice todos los esfuerzos que estén a su alcance para encontrar una salida pacífica, antes que nos veamos inmersos en una situación aún más trágica donde tomen auge los extremismos propios de la polarización que tanto daño le ha causado a nuestra patria”.

Provocar esos extremismos y polarizar al país cae dentro de la estrategia del régimen, que no sólo pretende desgastar la protesta cívica, cansar a la gente, y aterrorizarla, sino también enardecer al sector más radicalizado de quienes lo adversan, para que respondan con violencia a la represión y tener así el argumento de que se trata de una violencia generalizada y sin control.

“EL PAÍS NECESITA UNA RESPUESTA YA”


Ya José Adán Aguerri, presidente del COSEP, quien fuera durante años el permanente defensor de todas las decisiones que tomaba el gobierno, convirtiéndose de hecho en vocero del régimen, había afirmado en la segunda sesión del diálogo, el 21 de mayo: “El país no aguanta una salida a mediano plazo. El país necesita una respuesta ya y el gobierno tiene que dar respuestas políticas contundentes”.

Como no las daba, vino la carta de toda la gran empresa privada. Y también vino, finalmente y en los días previos a “la madre de todas las marchas”, la palabra de los tres grandes capitales de Nicaragua: Carlos Pellas, Roberto Zamora (grupo financiero Lafise) y Ramiro Ortiz (grupo financiero Banpro). En declaraciones que dieron por separado, los tres pedían lo mismo: el cese de la violencia y elecciones anticipadas.

Adelantar las elecciones supone que Ortega lo acepte, que colabore en todo lo que constitucional y legalmente será necesario para que esas elecciones sean justas, transparentes, libres y observadas. Ceder en todo esto, aceptando el cambio de correlación de fuerzas que hay actualmente en el país, supondría una renuncia implícita de Ortega y de Murillo a continuar en el gobierno, sometiéndose ambos a una reforma electoral y política que tendrían que acordar y negociar en pie de igualdad con la Alianza Cívica.

Esto fue lo que el 30 de mayo Ortega se negó a aceptar en la tarima en la que habló a sus simpatizantes, a quienes por su silencio mantiene hoy en orfandad política. A sus aliados incondicionales durante once años, a los grandes capitales, a los grandes empresarios les espetó: “¡Nicaragua no es propiedad privada de nadie!” Quedó más claro ese día que en este inesperado vuelco que vive en Nicaragua, Ortega no sólo perdió a la jerarquía católica, también a los mayores “propietarios privados” de Nicaragua.

LA EMPRESA PRIVADA Y LA IGLESIA CATÓLICA


Si los cuatro poderes del Estado de Nicaragua (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral) están controlados totalmente por el régimen desde hace años, de los tres poderes fácticos, Iglesia, Ejército y Empresa Privada, ya han dicho su palabra dos de ellos.

La Empresa Privada, dando por “agotado” el modelo que mantuvo con el gobierno y reclamando adelantar las elecciones.

La Iglesia, poniéndose al lado del pueblo en rebelión. La jerarquía católica, a quien el régimen consideraba incapaz de enfrentarlos, ha tenido una valiente y consecuente posición. No sólo los obispos de la Conferencia Episcopal han conducido con enorme capacidad un diálogo nacional que inició entre tantas dudas y riesgos. Sacerdotes y párrocos, religiosos y religiosas han participado en las movilizaciones, han atendido heridos, han acopiado y repartido alimentos a los campesinos que llegan a Managua y a los estudiantes que están en los recintos universitarios, han mediado en conflictos locales salvando vidas, reclamando por los detenidos, acompañando…

Entre los logros de la rebelión cívica está eso: el régimen no tiene ya a la iglesia católica de su parte. Conserva sí a los liderazgos evangélicos más visibles que o callan o emiten tímidos y genéricos pronunciamientos en que lamentan la violencia “venga de donde venga”. Sin embargo, en un país con un 40% de evangélicos, es lógico que el pueblo evangélico, tan numeroso y de toda condición social, está también involucrado en la resistencia ciudadana contra el régimen y participa en tranques, en movilizaciones y en todas las tareas que buscan apresurar la salida cívica.

¿Y EL EJÉRCITO?


Desde el comienzo de la crisis, el Ejército de Nicaragua ha expresado en tres comunicados que no reprimirá las protestas pacíficas y se limitará a resguardar propiedades públicas estratégicas. Sin embargo, algunas voces le piden una participación más decidida para acortar el tiempo que dure la agonía del régimen.

Por ejemplo, la del comandante “Modesto”, Henry Ruiz, quien fuera uno de los nueve comandantes de la Dirección del FSLN en los años 80. Dice en un análisis de la crisis: “El Ejército nacional debe ser conminado. No deben caber conjeturas como la de que los francotiradores, contingente activo esencial en la represión salvaje contra las masas cívicas en protestas, son de sus filas. La presencia del fusil Dragunov en esas acciones ha sido despejada y tal fusil es tutela principal del Ejército Nacional. Los comunicados del Ejército conminan a que la ciudadanía debe creerle a pie juntillas sus declaraciones”.

Otra voz es la de Ética y Transparencia: “Para encauzar el diálogo, es necesario que el Ejército, en la más humanitaria de sus labores constitucionales de prevención y mitigación de desastres, haga ver la realidad al binomio dictador señalándoles los límites de la paciencia nacional”.

“NO QUEDARÁ PIEDRA SOBRE PIEDRA”


Además de cansar a la gente por desgaste y por miedo, y además de provocarla para que emplee la violencia, a partir del 30 de mayo la estrategia del régimen para enfrentar la rebelión popular quedó aún más trágicamente develada: el recurso a la represión (tirar a matar) y el recurso a la destrucción (saquear, incendiar comercios privados, amedrentar los barrios en las noches…), acciones todas toleradas por las fuerzas del orden y provocadas con total impunidad por las fuerzas del desorden, organizadas en todo el territorio nacional con la complicidad de las autoridades locales leales a Ortega.

Ante la estrategia suicida de provocar tanta destrucción de instalaciones físicas, vale recordar que el 13 de noviembre de 2008, una semana después de las elecciones municipales que terminaron en el primero de los cuatro fraudes electorales que después siguieron, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, se presentó en el CENIDH con un mensaje que quería escucharan los defensores de derechos humanos y periodistas que estaban allí. En ese momento, en 40 puntos céntricos de Managua grupos vandálicos a quienes la Policía no detenía, atemorizaban armados con armas de fuego y machetes a la población, defendiendo el fraudulento resultado electoral. Estrada dijo esa tarde: “Si el jefe de Estado y líder político del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dispusiera llamar a sus partidarios a las calles no quedaría piedra sobre piedra en este país. Hay que agradecerle que no lo ha hecho, por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos”. Esa amenaza era también una aceptación tácita de que quien promovía la violencia en las calles era el mismo Ortega.

“NO TENEMOS RESPONSABILIDAD ”


La estrategia del régimen se basa también en insistir en negar la realidad que los ha convertido en minoría social y en minoría política y que, de adelantarse las elecciones, los convertiría muy probablemente en minoría electoral.

El 31 de mayo, todavía estupefacto el país después del sangriento Día de las Madres, el régimen hizo pública una nota de prensa para dar a conocer su posición. Copiamos literalmente el punto 5 y el 8 de ese texto porque muestran un grado de cinismo que contradice todo lo que los representantes de Ortega asumieron en el diálogo respecto al informe de la CIDH.

“5. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de Abril, rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia, y afirma categóricamente que cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida, más montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos, acusándonos, cuando la principal prueba de su falacia son los 11 años de Paz, Justicia y Desarrollo, que en Cristianismo y Solidaridad ha conocido Nicaragua”.

“8. En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas, se pretenda restringir la aplicación del Deber Constitucional de las Fuerzas del Orden Público de contribuir a asegurar a las Familias”.

EL INCIERTO “FACTOR ALMAGRO”


El gobierno combina su estrategia de desgaste y de terror con el “factor Almagro”. El 1 de junio publicó el cronograma elaborado bilateralmente con la secretaría general de la OEA, que preside Almagro, cuyo objetivo es el “fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua”.

Seguramente ese documento tenía una fecha previa, pero decidieron publicarlo el 1 de junio para dejar claro lo que piensan hacer: seguir reprimiendo porque son víctimas de “una conspiración” y negociar solamente con la OEA todo lo referido a la democracia, sin participación en el proceso de la Alianza Cívica.

Según este cronograma, entre julio y octubre de 2018 expertos de la OEA se “desplegarán” por todo el país (¿cómo lo harían si permanecen los tranques…?) y hasta en enero de 2019 presentarán al gobierno una “propuesta de reforma electoral”.

Aunque Almagro declaró, después de incontables presiones por su confusa actitud en el caso de Nicaragua, que las elecciones pudieran celebrarse “a la mayor brevedad posible”, el cronograma parece diseñado para llevar al país hasta 2021, cuando terminará el período de Ortega.

Si Ortega y Murillo han demostrado en estos 40 días que niegan la realidad al no aceptar el vuelco total que Nicaragua dio a partir de abril, Almagro, quien muy poco conoce Nicaragua, menos aún debe entender la compleja y difícil “revolución no armada” y parece compartir esa negación. El “memorándum de entendimiento” que firmó el secretario general de la OEA con el gobierno a inicios de 2017 no tuvo la más mínima concreción a lo largo de todo ese año. No se dio ni un solo paso para hacer nada. Entretanto, el país cambió y Almagro no parece percibir el cambio.

LA RENUNCIA DE RIVAS: MUY POCO Y MUY TARDE


A finales de diciembre de 2017 el presidente del desacreditado Poder Electoral, Roberto Rivas, uno de los “intocables” de Ortega, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, según la ley global Magnitsky, por corrupción y violación de derechos humanos (dirigió cuatro fraudes electorales, violentando gravemente derechos políticos). Ni siquiera entonces el gobierno le pidió su renuncia ni él la presentó. El gobierno sólo lo separó del cargo porque necesitaba de otra firma para la administración de la institución electoral.

En mayo, y dando una prueba de que no conoce lo que sucede en Nicaragua, en entrevista con la Voz de América, Almagro presentó como un “paso muy importante” de su gestión en Nicaragua que Rivas haya renunciado a su cargo…

Y en el documento oficial sobre esa renuncia, anunciada por la OEA, organismo que debió haberla pedido hace meses, se afirma que la Secretaría General de la OEA la “aprecia como una señal hacia la recomposición de la confianza y la armonía democrática en el país”.

NECESITAMOS DE LA OEA


A pesar de las incongruencias que vemos en Almagro, la insurrección cívica necesita de la OEA.

Pedir elecciones libres y transparentes no es un proyecto de Almagro ni de la OEA, es el clamor de toda la sociedad nicaragüense desde hace años, tras los consecutivos fraudes electorales. El problema para la rebelión cívica es que necesita de la OEA para salir de la crisis, pero mientras la secretaría general de la OEA sólo negocie y sólo dialogue con Ortega la crisis nicaragüense no se resolverá.

Sobre el cronograma presentado por la OEA, el experto electoral y director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, explica que no es necesario descartar la propuesta de la delegación técnica de la OEA, aun cuando el cronograma se ha definido entre Almagro y el régimen, sin contar con la Alianza Cívica.

“Eso tiene solución -dice Courtney-, el problema del cronograma y del acuerdo no son sus contenidos, son sus tiempos. La OEA tiene que escoger si mantiene el plazo acordado de tres años, que sería una farsa en este caso en que se necesita una salida rápida. Y lo que tenemos que hacer los nicaragüenses es acelerar el cronograma, que en sus contenidos no está mal. Su problema es que tiene una velocidad como si estuviéramos en Suecia, en vez de estar en un país que está al borde de una guerra civil”.

NECESITAMOS DE TODO Y DE TODOS


En el ámbito nacional la estrategia del régimen sigue en el punto de arranque: desgastar a la población que se ha rebelado con una intensa represión y aterrorizarla con los grupos violentos que organiza. Promover violencia para que haya respuestas violentas y así generar confusión. Y dividir a la Alianza Cívica para así prolongar en el tiempo la solución de la crisis.

Dos son las principales estrategias de la rebelión cívica: mantener las movilizaciones pacíficas en las calles, y multiplicar los tranques en carreteras y puntos estratégicos del país.

Recuperar el diálogo es también necesario. Todo conflicto, por complicado que sea, termina siempre en una mesa de negociación. El obispo Rolando Álvarez dijo del diálogo, después de lo ocurrido el Día de las Madres: “No podemos sentarnos ahora en una mesa manchada de sangre”.

En suspenso el diálogo, mantener la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como un referente de unidad nacional también es estratégico. Fortalecerla internacionalmente, elaborar propuestas de salida, tratando de atraer a ellas al necesario factor Almagro para lograr cuanto antes elecciones generales es también estratégico.

PARO NACIONAL, DESOBEDIENCIA CIVIL


Las Madres de Abril -nacidas después de la matanza de ese mes, cuando empezó la insurrección cívica- han pedido a la empresa privada que ordene un paro nacional.

La Academia de Ciencias de Nicaragua convocó a una desobediencia civil: no pagar impuestos ni a la dirección general de ingresos ni a las aduanas.

De hecho, en la realidad ya existe un paro nacional, por la cantidad de tranques en las carreteras, porque empresas medianas y pequeñas de turismo, servicios y producción que no pueden pagarlos, que están cerrando y dejando a miles de nicaragüenses sin empleo. Y de hecho, ya hay una gradual desobediencia civil porque son muchos los comerciantes que no pueden pagar impuestos…

Los más de 12 mil comerciantes del Mercado Oriental, el mayor de Centroamérica, el pulmón comercial de Nicaragua, se declararon el 4 de junio en desobediencia civil: no pagarán nada a ninguna institución.

EL DIÁLOGO ESTÁ EN LA CALLE


En los hogares y en las calles de todo el país existe, de hecho, un diálogo nacional: ¿Qué va a pasar, cómo terminará esto, cuál es el paso a seguir?

Sin un liderazgo único, sin una jerarquía a la que obedecer, sin una voz que se imponga, todo el mundo opina, especula, informa, a veces desinforma, todo mundo reflexiona y propone.

Tras todas las voces, o tras la mayoría de ellas, está el convencimiento de que cada día que perdure el régimen correrá más sangre y la economía se hará más y más frágil. Tras todas las estrategias de la nueva mayoría nacional está la convicción de que sin la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del gobierno no hay cómo continuar. Tras todas, está la convicción de que ambos han perdido toda autoridad moral y toda capacidad política para continuar gobernando.

SON TANTAS LAS PREGUNTAS...


Son tantas las preguntas… ¿Se irá Ortega, pero dejando tierra arrasada, vengándose así del gran capital, por haber roto con él? ¿Logrará atraer de nuevo al gran capital dividiendo así a la Alianza Cívica? ¿Querrá el gran capital terminar esto con una componenda más? ¿Se impondrá el factor Alma¬gro en su peor versión o entenderá Almagro lo que ha ocurrido en Nicaragua? ¿Se decidirá el gran capital a un paro nacional, corriendo ese riesgo?

Muchas de las respuestas a estas preguntas dependen de la posición que continúe asumiendo la empresa privada, que es el sector más vulnerable a la presión de Ortega en la Alianza.

El sector más vulnerable del país a la crisis económica, el que vive de su trabajo y de su salario, el del nulo capital, es esa mayoría de gente que está perdiendo su empleo por el derrumbe de la economía, que se profundiza a diario. ¿Cuánto tiempo aguantará esa gente, que es la mayoría?

¿Y cuál será el papel que va a jugar, o está jugando ya Estados Unidos? ¿Habrá una negociación que no vemos entre el Norte y Ortega? Y si lo que aglutina hoy al país es o la lealtad a Ortega o el rechazo a Ortega, ¿qué pasará cuando se vaya Ortega?

En medio de estas preguntas, hay un consenso creciente entre quienes tiene todo y quienes tienen muy poco: que no haya más muertos.

CAMBIARON LAS PREGUNTAS…


Qué bien supo captar el momento en el que hoy vive Nicaragua el escritor argentino Martín Caparrós en la visita que hizo en mayo a Nicaragua cuando escribió en The New York Times: “Si alguien supiera cómo empiezan las revoluciones sabría casi todo. Una revolución es un cambio radical en el estado conocido: llega cuando todo lo que dábamos por cierto deja de serlo de repente”.

“Cuando los jóvenes indolentes se deciden a jugarse la vida, cuando los empresarios satisfechos se pelean con su gerente general, cuando los curas dejan la sumisión y encuentran su misión, cuando el hombre fuerte se hace débil y ya nadie le teme”.

“Estos días, en Nicaragua, la vida se ha vuelto diferente. La política -tan denostada- ocupa tanto espacio: las personas piensan en asuntos en los que no pensaban, se preguntan cosas, se imaginan. Una revolución es el momento en que cambian las preguntas, en que se puede no tener respuestas. Estos días, en las ciudades nicas, la vida es diferente: en las calles puede pasar, a cada momento, cualquier cosa… Que suceda lo que nadie previó, que cada tanto la realidad te demuestre que estás equivocado, es un baño de humildad, un canto de esperanza”.

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