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  Número 427 | Octubre 2017
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El Salvador

Una lucha por la vida: agua para todos

La recién aprobada Ley contra la Minería ha sido una de las victorias populares más importantes de esta etapa. Para la población que en los últimos ocho años ha ido cerrando la puerta a las políticas privatizadoras del agua, es imprescindible una ley tan clara como ésa en defensa del agua. María Barahona, pobladora de Tecoluca, dice lo que quiere la gente: “No queremos que privaticen el agua, no queremos siembras de cañales cerca del nacimiento del agua. Queremos que no pongan cara el agua y que no escasee. Y queremos que todos los salvadoreños tengamos agüita en todas las comunidades”.

Elaine Freedman

En 1576 el cronista español Juan López de Velasco escribió sobre el río Acelhuate: “En los arrabales de la ciudad, dicen, salen tres ojos muy grandes de agua caliente, muy buena e clara e sin ningún mal sabor, y que es sacándola se enfría y bebe; en su nacimiento es algo cálida, aunque se puede sufrir, y como va corriendo, se va resfriando; no creo que en el mundo puede haber mejor disposición para baños que en las dichas fuentes”.

Hoy, el Acelhuate es el río emblemático de la contaminación fluvial en el país, cuando la contaminación es la regla y no la excepción. En 2011 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) clasificó los ríos salvadoreños según la calidad de sus aguas. Ninguno los tiene con calidad excelente. En el 12% es buena, en el 50% es regular en el 31% es mala y en el 7% es pésima.

DESDE 2016: AL BORDE DE LA CRISIS


Por su posición geográfica, Centroamérica posee una gran riqueza hídrica, tanto superficial como subterránea. El Salvador recibe un acumulado de precipitación promedio anual de 1,780 milímetros, un nivel similar al que cae en Japón, 30% mayor que en Cuba, 40% mayor que en el Reino Unido, 2.5 veces la precipitación en Alemania y 34 veces la que recibe Egipto.

Según Nelson Cuéllar, del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), “si se pudiera reunir toda el agua que cae en el invierno dentro del territorio de El Salvador, ocuparía unos 1.80 metros de altura”.

En el país existen 360 ríos, que conforman 10 regiones hidrográficas. Además, hay 4 lagos naturales y 4 embalses artificiales para generación hidroeléctrica.

A pesar de todos estos recursos valiosos, ya en 2006, el país estaba al borde de una crisis ecológica, producto de una deuda ambiental en cuyo centro está el problema del agua. El MARN, que para entonces tenía solo ocho años de vida, había ganado más puntos ante la empresa privada que ante la población o los movimientos ecológicos. En ese año, el PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano, titulado “Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, advirtió que si no se decidían acciones integrales e inmediatas. El Salvador iba a “enfrentar escasez de agua en unos 15 años”.

Esas medidas no se tomaron y el pronóstico se repitió siete años después, en 2013, David Morales, entonces al frente de la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sentenció que “de acuerdo a análisis científicos realizados por organizaciones internacionales y analizados en el presente estudio, si seguimos en esta lógica de deterioro, de degradación de los bienes hídricos, en 80 años la vida será inviable en El Salvador”.

El estudio realizado por la PDDH resaltó la progresiva disminución de los mantos acuíferos y de las aguas subterráneas, y el deterioro de las cuencas hidrográficas, sobre todo en la época seca de cada año y especialmente en la zona norte del país. En 2015 hubo una severa reducción en el caudal de los ríos. Según el MARN, el río Torola disminuyó el 95 % de su caudal; el río Grande de San Miguel lo redujo en 70%; el Goascarán en 95% y en los ríos de la zona occidental y del norte el caudal se redujo entre el 60 y el 87%.

DEFORESTACIÓN: LEGADO COLONIAL


Los mismos conquistadores españoles que alabaron los recursos naturales de El Salvador fueron los que iniciaron su destrucción. La tala de bosques fue necesaria para impulsar las minas, para expandir la ganadería, para estimular cultivos en latifundios, pilares de la economía colonial. El desarrollo del modelo agroexportador con el monocultivo de añil, de algodón, y posteriormente de azúcar, profundizó la deforestación. El monocultivo del café fue el único que no implicó la tala indiscriminada de árboles.

Aunque la agricultura extensiva y la ganadería siguen siendo la principal fuente de la deforestación, hoy y desde finales del siglo 20, las grandes empresas de construcción, agremiadas en CASALCO y ANEP se han agregado a la lista de grandes deforestadores. La construcción de zonas residenciales en áreas boscosas se ha convertido en práctica habitual de estas empresas. El ejemplo más claro es la urbanización de la Finca El Espino, “pulmón de San Salvador”.

AGUAS CONTAMINADAS


Actualmente, El Salvador es el segundo país más deforestado en América Latina después de Haití. El MARN informa que más del 80% del territorio salvadoreño está deforestado y la escasa cobertura vegetal del país es apenas el 1.1% de la masa boscosa de Centroamérica. Todos sabemos que la destrucción del bosque ocasiona múltiples daños, uno de los más inmediatos la pérdida de capacidad de producir agua, porque un territorio deforestado no favorece la infiltración y menguan sus mantos acuíferos. Esto agudiza la crisis. Se incrementan las temperaturas y se reduce el nivel de evaporación y transpiración del agua en la atmósfera, lo que actualmente representa un 59% de la precipitación.

La introducción del uso de químicos en la agricultura a principios del siglo 20, en mayor cantidad a partir de los años 50, contribuyó en gran medida a la contaminación de las aguas, siendo todavía hoy el principal factor contaminador. Aunque todos los monocultivos y la gran mayoría de la agricultura de subsistencia se han desarrollado en El Salvador con agroquímicos, el cultivo del algodón fue el más dañino por la inmensa concentración de pesticidas que requería y por su aplicación por vía aérea.

Otra fuente de contaminación son las aguas residuales industriales. Un muestreo de mil industrias grandes (carnes, pescado, ingenios, beneficios de café y textiles) evidenció que sólo el 25% utiliza procesos de tratamiento de las aguas servidas. Según el MARN, 5 empresas contaminan el 7% del río Acelhaute, con procesos y tecnologías rudimentarias e ineficientes.

También la falta de planificación en la urbanización y la concentración de la población en el área metropolitana de San Salvador profundiza la contaminación del agua, no sólo por las aguas negras, también por la gran cantidad de desechos sólidos que se producen en los centros urbanos, que generalmente carecen de procesos y métodos adecuados de tratamiento y disposición final, tanto en la capital como a escala nacional.

El cambio climático es otro factor que ha contribuido a reducir los caudales superficiales de los ríos, provocando una serie de desastres socionaturales en tiempo récord: el huracán Ida (2009), el Matthew (2010), la tormenta E 12 (2011) y tres años continuos de sequía (2012-2015). Cada desastre ha dejado su huella en la hidrografía del país y en la vida de su gente. En 2012 el gobierno lanzó la Primera Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la que reconoce que el país no cuenta con mecanismos institucionalizados para responder a pérdidas recurrentes y prioriza tres líneas de acción. Invertir para reducir pérdidas y daños en el corto plazo. Generar mecanismos de retención y transferencia de riesgos. Y prepararse para la negociación internacional sobre pérdidas y daños por el cambio climático.

Según el PNUD (2010), El Salvador ocupa el tercer lugar en desigualdad en el acceso al agua en América Latina y el Caribe: 2 de cada 10 personas viven en hogares que no tienen acceso a agua por cañería, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2013. UNICEF calcula que esta carencia afecta a un 27% de niñas, niños y adolescentes, casi 599 mil en estas edades. Entre las familias más pobres del país, se llega al 37%.

CON UN MUY DESIGUAL ACCESO AL AGUA


La Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales informa que el 76.5% del total de hogares salvadoreños cuenta con acceso a agua potable. En el área urbana, es el 85.6%, mientras que en el área rural casi 4 de cada 10 familias carecen de acceso a agua por cañería.

Son pocas las familias salvadoreñas que tienen agua y que la reciben las 24 horas del día. Aunque el 91% de la población del área metropolitana de San Salvador cuenta con cañerías, el servicio es irregular y los cortes de agua pueden durar desde horas hasta semanas, a veces por la planificación del servicio y a veces por daños en las tuberías o por obras de reparación. Tanto en el campo como en la ciudad, tener una cañería en el hogar no equivale a tener asegurada el agua.

La brecha de género es palpable en relación al acceso al agua, sobre todo en las zonas rurales. Según la FAO, aproximadamente el 70% de las mujeres rurales no tiene acceso a abastecimiento directo de agua: “Al estar encargadas de su aprovisionamiento, a menudo han de recorrer grandes distancias hasta llegar a una fuente”.

Aunque el país ha cumplido la primera parte de la meta 7C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), referida al acceso al agua, y está en camino de alcanzar la relativa a las fuentes mejoradas de saneamiento, falta mucho para garantizar acceso pleno al recurso hídrico y los más afectados son mujeres, niños y niñas de áreas rurales y de áreas urbanas marginales.

EN RÍO REVUELTO GANANCIA DE EMPRESARIOS


La mayor brecha en la demanda y el acceso al agua se evidencia entre los empresarios agropecuarios, agroindustriales e industriales y la población en general. El estudio del MARN demuestra que la demanda hídrica del país, 1,884.4 millones de metros cúbicos al año, está distribuida desigualmente: el 50.5% del agua disponible se ocupa para la agricultura, el 30.6% para uso doméstico, el 13.2% para energía, el 3.7% para la industria, el 2.7% para propósitos acuícolas y el 0.03% para el turismo.

En el sector agrícola no todos quienes se dedican a estas tareas tienen un acceso al agua equitativo. Dominan las empresas de los sectores azucarero y ganadero aglutinadas en la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO). El Foro del Agua, agrupación de organizaciones comunitarias y ambientales, señala que el consumo promedio de agua para riego de la caña de azúcar es de más de 205 millones de metros cúbicos para un área de más de 36 mil hectáreas en la zona costera. Un porcentaje importante del riego proviene de los someros acuíferos de la zona. El resto, de aguas superficiales, muchas veces sin autorización. Otras veces sí hay autorización. Una autorización que es lícita, pero ilegitima. Un ejemplo es el Central Izalco, propiedad de la familia Regalado, en la zona occidental del país. Esta familia paga solamente 113 dólares anuales por el uso ilimitado del agua que emplea. Esta autorización constituye una burla para la población de la zona. Muchos pobladores pagan 10 dólares al mes por el consumo que hacen en sus hogares. De los 7 mil productores de azúcar del país, dos familias controlan el 70% del mercado interno y el mercado preferencial de exportación a Estados Unidos: la familia Regalado y la familia Wright, principales beneficiarias de la falta de regulación del uso del agua.

EL AGUA, UN GRAN NEGOCIO


En el sector industrial pasa algo similar: No todas las industrias utilizan una cantidad desproporcionada de agua para los procesos productivos que les permiten acumular riqueza. Los que más la emplean son la industria embotelladora, la industria de la construcción y la industria extractiva.

El caso más flagrante lo representan las empresas embotelladoras. La cervecera sudafricana SABMiller, propietaria de Industrias La Constancia y principal fabricante de gaseosas y cervezas en el país, distribuidora de los productos de Coca-Cola a nivel nacional y regional, tiene acaparado el mercado de agua embotellada con su marca, Agua Cristal, y ocupa el primer lugar en el uso y abuso del agua para generar ganancias. Desde 1999 esta empresa viene extrayendo agua del acuífero de Nejapa con dos pozos que en la actualidad extraen 34.67 millones de metros cúbicos anuales, siendo la recarga de esos pozos de 18 millones de metros cúbicos, lo que significa que en 30 años esta fuente se secará.

En 2013, esta empresa transnacional solicitó una ampliación de su planta, con la perforación de un tercer pozo. La solicitud, que implicaría el traslado de sus instalaciones en San Salvador al municipio de Nejapa, constituía una afrenta a la población del municipio de Nejapa, donde sólo un 50.2% de la población tiene acceso a agua domiciliar. Gracias a la lucha que ha librado el pueblo de Nejapa durante años, el gobierno ha dado largas a la solicitud de la empresa y el caso sigue abierto.

En este contexto, la empresa anunció en marzo de 2016 que, “debido a la escalada en la inseguridad que afecta a las comunidades de los alrededores del mercado La Tiendona, y con el fin de garantizar la integridad física de nuestros colaboradores y contratistas, nos hemos visto obligados a suspender las operaciones de Agua Cristal temporalmente”. Un argumento poco convincente para la suspensión de la venta de Agua Cristal, mientras siguieron vendiendo Coca-Cola y cerveza. ¿No estaban trabajadores expuestos a los mismos riesgos de inseguridad? Existían antecedentes de trabajadores que distribuyen Agua Cristal que habían denunciado que no recibían el salario mínimo ni tenían acceso a prestaciones sociales, precedente que revelaba escasa preocupación de la empresa por la seguridad de sus trabajadores.

Por todo esto, la Unidad Ecológica de El Salvador (UNES) intuyó que el cierre constituía “una medida de presión al gobierno para que, pese a todo, autorice a Industrias La Constancia el traslado de su planta de producción de agua hacia Nejapa”. Así lo denunciaron en un comunicado, en el que también solicitaron al gobierno que “no se deje presionar por esta maniobra de Industrias La Constancia”, exigiendo a la empresa “abandonar el papel de víctima que está asumiendo, ya que están en una posición dominante desde cualquier punto de vista”.

LAS URBANIZADORAS TIENEN RESPONSABILIDAD


Las urbanizadoras y constructoras también cometen abusos. En municipios como San José Villanueva y Zaragoza, de La Libertad, un 75% de la población tiene dificultades para conseguir agua para beber. Esto sucede, mientras según el Foro del Agua, a residenciales como La Hacienda, Los Sueños y El Encanto Villas y Golf, se les otorga el servicio de agua sin ninguna restricción. Incluso, tienen suficiente agua para regar el campo de golf.

La extracción de material pétreo de ríos y zonas de recarga afecta el cauce natural y la cantidad y calidad de las fuentes de agua, generando también desequilibrio en la fauna y la flora de estos ecosistemas, convirtiéndose en una amenaza para las poblaciones situadas aguas abajo de estos ríos. El ejemplo más claro es el del río Jiboa, donde varias empresas, entre las que se destaca CESSA, principal cementera del país, propiedad de la transnacional suiza Lafarge Holcim, vienen extrayendo arena, grava y roca para materiales de construcción.

La recién aprobada Ley de Minería, que prohíbe toda exploración y explotación de minería metálica significa un alivio para la población en términos de accesibilidad al agua. En una sola mina -El Dorado, en Cabañas- la empresa Pacífica Rim preveía un uso de casi 900 mil litros de agua diarios, la misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. A este abuso hay que sumar el uso de cianuro en la extracción del oro, que hubiera contaminado al río Lempa, dejándolo totalmente inutilizable al menos durante 10 años.

ESTO HUELE A PRIVATIZACIÓN


El desbalance en el acceso al agua huele a privatización. Aunque el agua es de los pocos bienes públicos que no se privatizaron durante los años 1989-2008, los permisos injustos y escandalosos y las concesiones encubiertas fueron formas embrionarias de privatización pues operan con la misma lógica: el Estado cede un bien público a quienes lo compran y lo convierten en “su propiedad”.

En 2003, la entonces Procuradora de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, declaró: “Quiero alertar a todos que, con la supuesta intención de querer mejorar el servicio de distribución del agua, se están impulsando modalidades de prestación del servicio que peligrosamente pueden conducir a la privatización de este servicio”.

LA GUERRA DEL AGUA EN BOLIVIA


2006 fue un año emblemático en la lucha internacional contra el neoliberalismo y por el acceso al agua como bien común. En Bolivia, después de seis años de ensangrentada lucha contra la privatización del agua, el pueblo de Cochabamba consiguió una victoria al impedir su privatización. El precio de derogar la ley que favorecía la privatización fue una persona muerta y 170 heridas bajo la ley marcial. El pueblo de Cochabamba forzó a la transnacional Aguas del Tunari a abandonar el país y al gobernador corrupto a renunciar a su cargo. El consorcio afectado demandó posteriormente al gobierno boliviano para recuperar sus inversiones, pero tuvo que retirar la acción judicial. En “la guerra del agua” los bolivianos enseñaron a todos los pueblos de América Latina y del mundo que era posible ganar a los proyectos neoliberales.

NACE EL FORO DEL AGUA


Aquel año 2006, una serie de organizaciones comunitarias y ecológicas de El Salvador se unieron para buscar cambios de fondo en la gestión del agua. Recién había salido el informe del PNUD, que revelaba el nudo ecológico principal en la problemática del agua -su gestión injusta para favorecer los intereses de los más ricos- y el Foro del Agua respondió exigiendo “una gestión responsable, eficiente, equitativa y participativa de los recursos hídricos y evitar su privatización”.

Aunque para entonces El Salvador contaba con casi 30 normas jurídicas relativas a la gestión del agua y 6 instituciones del Estado -ministerios, entes autónomos y municipalidades- se dedicaban a esta tarea, ninguna lograba resolver las demandas para regular y garantizar el acceso al agua.

En marzo de 2006 el Foro del Agua presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley que prohibía la privatización, priorizaba el consumo humano y establecía entes controladores con participación ciudadana y estatal.

Existen en el país más de 2 mil juntas rurales de agua, entes comunitarios que administran el agua de su comunidad. La ley les daría representación. Carolina Amaya, ecologista y miembro de la UNES, recuerda: “Sabíamos que no había condiciones para la aprobación de la ley en aquel momento, pero queríamos generar debate y movilización social sobre el tema porque la derecha estaba arreciando sus esfuerzos para privatizar el agua”. Y así fue.

EN SUCHITOTO: UNA MINI-GUERRA DEL AGUA


En 2007, el Presidente de la República y del partido ARENA, Antonio Saca, inauguró en el municipio de Suchitoto un proyecto hídrico que con el que iniciaba una nueva política de descentralización del servicio público del agua.

Las organizaciones comunitarias del municipio, muchos de ellas miembros del Foro, organizaron una actividad de debate ciudadano en el parque central para la que movilizaron a pobladores de las comunidades. Por lo simbólico del acto gubernamental, premonitorio de la privatización de uno de los pocos servicios básicos que todavía era un bien público, y reivindicando el acceso al agua como un derecho humano imprescindible que no puede ser mercantilizado, otras organizaciones sociales del país se sumaron a la actividad de protesta en Suchitoto.

Ese día presenciamos la represión más brutal ocurrida en el país en el siglo 21. El saldo fue de 14 capturados, 62 heridos y dos comunidades intervenidas por las fuerzas armadas. Poco después hubo presos que luchaban por el agua en el pueblo occidental de Tacuba, cuando la población del cantón La Puerta se enfrentó con el alcalde de ARENA para garantizar el control del agua en su comunidad.

EL DERECHO AL AGUA LLEGA A LA CONSTITUCIÓN


Aunque la propuesta de Ley del Agua quedó enterrada por otros temas, el Foro del Agua, junto a otras organizaciones, levantó la lucha por incluir en la Constitución el derecho al agua y a la alimentación.

En la última sesión de la Asamblea saliente en 2012, la reforma al artículo 69 fue aprobada unánimemente, y quedó escrito: que “el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.

Sólo faltaba que la Asamblea entrante ratificara esta reforma constitucional. Pero pasaron tres años y eso no ocurrió. Aunque las fracciones legislativas del FMLN y de GANA apoyaron la reforma, diputados de ARENA, del PCN y del PDC negaron sus votos una y otra vez.

El entonces Procurador de los Derechos Humanos, David Morales, interpretó así esta posición. “Hay empresas transnacionales con interés económico que presionan para que el derecho humano al agua no sea aprobado en el pleno legislativo”.

LA DERECHA TAMBIÉN LUCHA POR EL AGUA


La derecha ha utilizado varios argumentos para oponerse a las propuestas populares sobre el agua. Han dicho que es “confiscatoria de la propiedad privada”, que “aumentara” la burocracia en la emisión de permisos, lo que limitará la inversión”, que “significará más impuestos para la gente”, que “busca regular una falsa escasez del agua” y que “afecta al consumo de las comunidades rurales”.

A finales de 2013, apareció en la Asamblea Legislativa, un anteproyecto de ley firmada por la Asociación de Regantes, que proponía una Autoridad Hídrica compuesta por siete personas, cinco provenientes del sector privado y dos del Estado.

La intención era clarísima; mercantilizar el agua. Estela Hernández, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, recuerda: “Cuando llamamos a los dirigentes de la Asociación para que nos explicaran su planteamiento, desconocían totalmente sus contenidos. Se desmarcaron de la propuesta. Los diputados de ARENA y del PCN, cuyas firmas calzaron la propuesta también expresaron que lo habían firmado porque ‘nos lo trajeron’”.

Meses después, en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE, 2014), máximo foro de la ANEP, se presentó públicamente otro anteproyecto de ley que era casi una fotocopia de la propuesta de la Asociación de Regantes.

En el ENADE los protagonistas son gremios empresariales, como la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO), la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), la Asociación Salvadoreña de Industriales de Agua Envasada (ASIAGUA), todos ellos ganadores en la escasa regulación del uso del agua y propulsores de la privatización. Aunque su propuesta llegó a las portadas de todos los diarios nacionales, nunca llegó a la Asamblea Legislativa.

EL PUEBLO SIGUE LUCHANDO POR EL AGUA


Las comunidades y organizaciones agrupadas en el Foro del Agua han luchado contra La Constancia, contra las familias Wright y Regalado, contra la empresa constructora El Roble y contra otras empresas porque consideran que “les han robado el agua”.

Han triunfado en algunas de sus luchas. Un ejemplo son las comunidades organizadas en el Comité de Microcuenca y Asociación Istatén, que ganaron una demanda contra los cañeros por la sobreexplotación del río Paz, limítrofe entre El Salvador y Guatemala, y dieron inicio a la recuperación de cinco kilómetros del río Aguacate en el municipio de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Estas luchas importantes no han llegado a las principales páginas de los diarios.

En 2016, los diarios sí se llenaron de notas sobre las luchas de cientos de ciudadanos que protestaron en distintos lugares del área metropolitana de San Salvador, cerrando calles de la capital y carreteras, como la que conduce al aeropuerto internacional. Todos exigían el abastecimiento del agua.

¿Cuál era la diferencia entre esta lucha y las del área rural? Las dos eran acciones colectivas de comunidades que exigían el agua para consumo humano. Las dos eran legítimas expresiones de un pueblo que reclama respuesta a una necesidad básica. La diferencia era que las comunidades de Ahuachapán demandaban a los cañeros y ganaderos, los de Nejapa a La Constancia y a la Coca-Cola y los de La Libertad a las empresas constructoras, mientras que las comunidades urbanas reclamaban al Estado y demandaban la presencia del presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para negociar con él.

2016: ALERTA NARANJA EN SAN SALVADOR


Estas demandas hacían eco a una de las principales banderas de la derecha contra el gobierno actual:” El gobierno del FMLN es incapaz”. Así alimentaban la agenda antigubernamental de las empresas mediáticas. Por eso, estos reclamos cobraron tanta relevancia.

En 2016 el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, declaró una emergencia nacional, alerta naranja, en el área metropolitana de San Salvador.

El mandatario explicó que, con el estado de emergencia, el presidente de ANDA podría gestionar unos 3 millones 500 mil dólares para mejorar el abastecimiento de agua a más de 2 millones y medio de personas que residen en San Salvador. El Director de Protección Civil, Jorge Meléndez, especificó que, según las leyes, la alerta naranja permite a las instituciones del gobierno central, de otros poderes del Estado y de los gobiernos municipales, “reorientar sus presupuestos para atender la emergencia”.

La emergencia tenía una vigencia de 90 días. En ese período se entregaron 44 mil 995 metros cúbicos de agua potable a sectores que enfrentaban escasez, se instalaron 48 tanques de almacenamiento de agua llenados a diario, se iniciaron trabajos a corto plazo como la perforación de un pozo de 270 metros de profundidad en el municipio de Apopa y la instalación de tuberías de acero de 12 pulgadas de diámetro.

También se inició la segunda fase del diseño del sistema de bombeo, la introducción de tuberías de succión y la construcción de una cisterna, caseta de bombeo y subestación eléctrica. Y también inició un proyecto urgente de largo plazo: la recuperación del Río Acelhuate.

El gobierno demostró con estas medidas que tenía capacidad para hacerle frente a la crisis hídrica. También aclaró que la solución al problema pasaba por la aprobación de una Ley General de Aguas. En ocasión de la celebración de dos años de su gestión presidencial, Sánchez Cerén aprovechó la oportunidad para solicitar nuevamente a la Asamblea Legislativa que aprobara la Ley General de Aguas.

LA “OLIGARQUÍA DEL AGUA”SE QUITA EL DISFRAZ


En junio de 2017, los partidos de derecha (ARENA, PCN, GANA y PCD) presentaron formalmente su propuesta de ley. Su iniciativa giraba alrededor de la creación de una institución autónoma cuya dirección tendría cinco miembros: dos del sector público y tres del sector privado. La diputada Estela Hernández, del FMLN, hace énfasis en que, “por primera vez en las propuestas de la derecha hablan con nombre y apellido de la participación de CAMAGRO y la ASI”. En representación de “los oligarcas del agua”, la derecha se había quitado finalmente el disfraz y mostraba su interés privatizador.

Curiosamente, los dos portavoces de estos partidos, representados en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, fueron Johnny Wright, cuya familia domina la producción y procesamiento del azúcar y Mario Ponce, quien es vox populi representa los intereses de algunas empresas transnacionales vinculadas a la comercialización del agua. Ambos argumentaron que su propuesta se basa en un proyecto previamente consensuado con la ANEP y con el MARN. Inmediatamente, el MARN se desmarcó de la propuesta, negando que reflejara sus planteamientos para la gestión del agua en el país.

Inmediatamente, el Foro del Agua se integró a una alianza más amplia con otras organizaciones sociales, que se bautizó Alianza Contra la Privatización del Agua. Hubo manifestaciones en las calles de San Salvador, frente a la Asamblea Legislativa y en las oficinas departamentales del órgano legislativo en todo el país, con el apoyo de la Iglesia Católica y de la Procuradora de los Derechos Humanos.

UNA PROPUESTA PRIVATIZADORA


La Alianza puntualizó los tres aspectos de la propuesta de la derecha que revelan su naturaleza privatizadora: “1. Propone un Ente Rector de carácter autónomo cuya directiva es conformada mayoritariamente por ANEP y COMURES (la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, dominada por partidos de derecha), con facultad de decidir sobre cualquier aspecto relacionado con el agua: permisos, cánones por el uso, personal del ente rector, normativas del agua potable, etc, mostrando así un claro conflicto de intereses al pretender que los grandes usuarios del agua jueguen un rol de juez y parte. 2. Elimina la conformación de comités, gestión de cuencas y, por ende, la participación efectiva de la población. 3. Prioriza el uso mercantil de las empresas sobre el derecho humano al agua de la población abastecida por juntas de agua y genera condiciones para la privatización del servicio de agua potable”.

Frente a la reacción popular, ARENA se fue distanciando de su propuesta, que quedó con un único defensor: Mario Ponce, del PCN.

LA PROPUESTA DE LA UCA Y LA IGLESIA


En esta disyuntiva la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” hizo otra propuesta, acuerpada por la Iglesia Católica. El arzobispo de San Salvador, José Escobar Alas, la presenta así: “Esta propuesta especifica cómo debería actuar el ente rector, de carácter predominantemente estatal, pero con participación no estatal y también con un espacio asesor de amplia participación ciudadana y con estructuras organizativas de carácter local que incluyen las juntas de agua”.

No se cierra la participación a la gran empresa, que siempre puede acceder a puestos en la dirección de un ente rector del agua, pero su participación no sería mayoritaria y no sustituiría totalmente la participación de las juntas de agua. La diputada Estela Hernández califica la propuesta de la UCA y la Iglesia como algo “intermedio”, aunque considera que podría solucionar el actual impasse en un tema tan vital.

“QUEREMOS AGÜITA EN TODAS LAS COMUNIDADES”


Para los sectores de la población que celebran que en los últimos ocho años han ido cerrándole la puerta a las políticas privatizadoras propias del neoliberalismo, contar con una ley contundente en el tema de la defensa del agua es imprescindible.

No estarán totalmente satisfechos hasta que exista una legislación de tanta claridad como la Ley Contra la Minería, pieza que representa una de las victorias populares más importantes de estos años.

Bien resumió las demandas populares María Barahona, pobladora de Tecoluca, en San Vicente, participante en las movilizaciones de la Alianza contra la Privatización del Agua: “Lo que nosotros no queremos es que privaticen el agua. No queremos tampoco siembras de cañales cerca de donde tenemos el nacimiento del agua. Que no pongan cara el agua, que no escasee el agua. Y que todos los salvadoreños tengamos agüita en todas las comunidades”.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.

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