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  Número 427 | Octubre 2017
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Nicaragua

Se abre el telón: el escenario y las bambalinas

Un año después de decidir ausentarse masivamente, la población nicaragüense es invitada nuevamente al teatro electoral. ¿Hay algo nuevo en el guión de la obra? ¿Hay actores nuevos en el escenario? ¿Y qué ocurre tras bastidores, en las bambalinas, donde aguardan, nerviosos, los dueños de la representación? Nunca hubo tanta tensión ahí atrás. Y nunca hubo tanto desgano en el escenario, sobre las tablas.

Equipo Envío

El 3 de octubre fue aprobada definitivamente en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos la Nica Act. La aprobación se produjo sin debate y por unanimidad, como ya había ocurrido en septiembre de 2016.

Un mes antes la Embajada de Estados Unidos en Managua había invitado a los empresarios agremiados en la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense para advertirles de las sanciones en que podrían incurrir si mantenían relaciones de negocios con Albanisa. Días después, un comité de alto nivel del Senado estadounidense escuchaba un informe sobre evidencias de que Albanisa, el consorcio privado nicaragüense de la cooperación venezolana, ha lavado dinero de las FARC de Colombia.

Tres mensajes que presionan desde el Congreso y también ahora desde la Casa Blanca. En esta década nunca han sido tan tensas las relaciones del gobierno Ortega-Murillo con el de Estados Unidos. Es en este cada vez más tirante escenario nacional donde se celebran las elecciones municipales del 5 de noviembre.

OEA: VENIMOS“A ACOMPAÑAR OBSERVANDO”


El guión de la obra que se representará el domingo 5 de noviembre es muy similar, casi exacto, al que vimos en las previas elecciones municipales, las de 2012. Pero, como Nicaragua es uno de los tantos países “del olvido” que existen en América Latina, no son pocos los que señalan como novedad en el escenario de este año la presencia de la OEA como garante de transparencia en el proceso. También en 2012 estuvo presente una misión de observadores de la OEA y el sistema electoral, controlado ya totalmente por el partido de gobierno, organizó y cometió ante sus ojos todo tipo de irregularidades, que después no fueron tenidas en cuenta en el tímido informe que emitió la OEA.

Fue también para legitimar las elecciones municipales de 2012, muy cuestionadas después del fraude en las presidenciales del año anterior, que el propio Ortega invitó desde agosto de aquel año a la OEA a que viniera a “acompañar” las elecciones de noviembre. Aquel año, la misión de la OEA, que iba a ser inicialmente de 65 personas, se redujo a 25 “por falta de recursos” y al llegar a Managua, el jefe de la misión, Lázaro Cárdenas, dio a entender que los países miembros de la OEA no quisieron invertir en ese proyecto.

El guión de este año tiene algunas variaciones. Invitada a subir de nuevo al escenario desde diciembre de 2016, la OEA no confirmó su presencia hasta el 18 de septiembre, mes y medio antes de los comicios, después de todo tipo de especulaciones sobre si participaría o no. Vendrán, así dijeron, “a acompañar observando”, adoptando en esta simbiosis léxica el término que le agrada al gobierno: “acompañamiento”.

LOS “DESPLIEGUES” DE LA OEA


En mayo la OEA había anunciado al cuerpo diplomático su plan para la observación de las elecciones: un primer grupo de 5 personas llegaría a Nicaragua el 10 de agosto para recorrer todo el país. Y un segundo grupo, de 120 personas, llegaría el 1 de noviembre para cubrir, en tres grupos de 40, las tres ciudades con mayor número de electores: Managua, Matagalpa y León, realizando el 5 de noviembre un conteo rápido en las tres.

Este libreto fue modificado. Ahora, con un total de 60 “especialistas”, la OEA anunció que el 10 de octubre comienza “el despliegue” del “grupo móvil” de la misión, sin precisar cuántos lo integran. El 29 de octubre, “se desplegará” el “grupo base” (jefe, subjefe y 22 personas) y el 30 de octubre llegarán 11 “coordinadores regionales” que, junto al grupo móvil “se desplegarán” por los 14 departamentos del país. El 1 de noviembre llegarán “los 24 observadores internacionales, quienes serán distribuidos por el país conforme a las exigencias de contemplar la elaboración de una muestra estadísticamente representativa”.

¿QUÉ APORTARÁ LA OEA?


El arribo de la OEA fue celebrado especialmente por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), único actor en la función electoral con “genes opositores” en su origen. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, dijo que la sola presencia de la misión de la OEA da “tranquilidad” a los votantes y sería “determinante” en la decisión de la gente de salir a votar.

También celebró la llegada de la OEA toda la gran empresa privada, coincidentes todos en esto, a pesar de las visibles fracturas que se observan ya entre quienes respaldan a Ortega incondicionalmente y quienes empiezan a tomar distancia. Todos coinciden en esperar que la presencia de la OEA dé alguna legitimidad a estos comicios y logre bajar la tensión política que todos sienten entre bambalinas.

Si según la dirigencia del opositor FAD (Frente Amplio por la Democracia) el objetivo de la OEA en estas elecciones no era otro que “poner un pie” en Nicaragua para poder seguirlo poniendo en los siguientes tres años, en los que le corresponderá transformar el colapsado sistema electoral según acordaron Ortega y Almagro en el memorándum de entendimiento de febrero, es positivo que el “pie” ya esté puesto en el país.

WILFREDO PENCO: “HAY GARANTÍA DE TRANSPARENCIA”


Dos aspectos de la misión de la OEA causaron, a distintos niveles de intensidad, preguntas, dudas suspicacias, inquietud, rechazo, y hasta indignación, en prácticamente los demás sectores nacionales.

Uno, el hecho de que la OEA no informe quién decidió finalmente financiar la misión de observadores, pues se sabía que si tardaban en confirmar la llegada era porque les estaba costando encontrar financia-miento. Se especuló que los empresarios habían financiado. Según informaciones extraoficiales se supo que Estados Unidos no quiso contribuir y que fueron Luxemburgo, Suiza y algún otro país europeo, con fondos de la UE, los que aportaron los recursos. Ya en 2012 costó encontrar financiadores. Al final, vinieron de Estados Unidos y de Chile.

El otro aspecto cuestionado severamente por muchos es el jefe de la misión, cuyo nombramiento parece responder a un acuerdo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con la venia, o a sugerencia, de Ortega. Se trata de Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, conocido en Nicaragua por ser uno de los integrantes de las misiones de “acompañamiento electoral” organizadas por el CEELA (Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica), grupo de funcionarios latinoamericanos de tendencia de izquierda que han llegado puntualmente a Nicaragua invitados por Ortega a todas las elecciones celebradas bajo su mandato.

El CEELA nació en 2007 en la Venezuela chavista como alternativa y contrapeso a los observadores considerados “de derecha”: los de la OEA y los de Estados Unidos. Desde entonces el CEELA acompañó elecciones en América Latina, adoptando siempre posiciones sesgadas, favorables a los gobiernos afines. También lo hizo en las municipales y presidenciales de Nicaragua en 2008, 2011, 2012 y 2016. En tres de esos cuatro comicios Penco estuvo presente. Como “especialista electoral”, cuando se preparaban las cuestionadas elecciones de 2016, afirmó en entrevista con el oficialista Canal 4 que “los procesos electorales en Nicaragua brindan garantías de transparencia”, basándose en lo que había visto en los procesos de 2008 y 2011.

“LA OEA VALIDA UN PROCESO ILEGÍTIMO”


El nombramiento de Penco no sólo fue criticado en Nicaragua, donde algunos sectores políticos propusieron recusarlo y pedirle que renuncie por carecer de credibilidad.

También recusaron a Penco en Washington. Cinco días después del anuncio de la OEA dos de los promotores republicanos de la Nica Act, la representante por Florida Ileana Ros-Lehtinen y el senador por Texas Ted Cruz, emitieron una declaración expresando estar “extremadamente preocupados” no sólo por Penco, también por la decisión de la OEA de enviar a Nicaragua una misión de observación electoral.

De Penco dicen que es “una persona bien conocida por permitir la manipulación electoral de Daniel Ortega”. Y de la OEA afirman que es una organización “destinada a apoyar la democracia y el estado de derecho en las Américas, y a no permitir a déspotas como Ortega desmantelar las instituciones democráticas de una nación”. Al enviar a observadores -dicen- “la OEA está validando este proceso corrupto e ilegitimo”.

Sabiendo, como sabe todo mundo en Nicaragua, que Ortega invitó a la OEA a estas elecciones buscando frenar con eso la Nica Act, la opinión de los congresistas fue especialmente significativa: anunciaban en su declaración que continuarían con el proceso de aprobación de la ley. Y lo lograron.

Aprobada ya la ley en la Cámara de Representantes, Ted Cruz y Marco Rubio, senador por Florida, promotores de la legislación en el Senado, continuarán con el proceso legislativo. Todas las opiniones coinciden en que el proceso en el Senado no será tan rápido, pero son pocas las que dudan que la Nica Act terminará siendo pronto una realidad.

SECTOR PRIVADO: “BASTANTE PREOCUPADO”


Con una mirada cortoplacista, al gobierno de Ortega no le preocupan las consecuencias económicas del bloqueo de recursos que la Nica Act ordena hacerle a los préstamos que solicite Nicaragua en las instituciones financieras internacionales. Como compartió con Envío el economista Néstor Avendaño hace un mes, el gobierno ya ha acordado préstamos para cubrir en los próximos años la brecha que se le abra por ese lado.

“Daniel Ortega se siente muy tranquilo”. Pero el sector privado no lo está, explicó Avendaño: “Está bastante preocupado, aunque por responsabilidad, y para mantener la calma, no lo dice públicamente. Es una preocupación lógica, porque el 90% del producto interno bruto de Nicaragua lo genera el sector privado”.

La preocupación que los representantes de la cúpula empresarial disimularon durante meses llevó finalmente a algunos a financiar a cabildeadores para que consigan mejorar la tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el de Ortega. Carlos Pellas y empresarios agremiados en AMCHAM viajaron este mes a Washington con el objetivo de hablar con altos funcionarios del gobierno de Trump para convencerlos de lo dañino de la ley para la economía y la estabilidad del país.

Por 200 mil dólares AMCHAM contrató el 18 de septiembre a una empresa de lobby para influir para que la política de Washington dé un giro. “La Nica Act la consideramos ya un hecho -dice Bosco Noguera, secretario de la junta directiva de AMCHAM-, contratamos a la firma de lobby para evitar sanciones más allá de la Nica Act, como las que aplicaron en Venezuela. Nos han dicho directamente en Estados Unidos que vienen sanciones más fuertes de las que ustedes creen”.

UNA GESTIÓN “NEGATIVA” PARA NICARAGUA


El ex-canciller liberal Francisco Aguirre Sacasa expresó satisfacción de que por fin el sector privado se sintiera preocupado y consideró que el “escudo” de la OEA no ha funcionado. También dijo que, aun gastando un millón de dólares en cabildeo, “no conseguirán nada”.

Como otros muchos, Aguirre insiste en que si los empresarios quieren que haya cambios en Washington con quien deben “cabildear” es con Daniel Ortega para que cambie su modelo antidemocrático. Noguera coincide y afirma que lo tienen “clarísimo”: “Si no hay cambios efectivos en Nicaragua todo lo que estamos haciendo no va a servir de nada y se lo decimos abiertamente al gobierno”.

Por su parte, el ex-embajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros, informó que la delegación empresarial que viajó a Washington con el objetivo de convencer a algunos funcionarios del gobierno no había sido recibida por aquellos a los que pidió audiencia, que consideraron a la delegación como voceros y emisarios del gobierno de Daniel Ortega. El resultado de la gestión, dijo Matamoros, resultó “negativo” para ellos, para el gobierno y también para la imagen de Nicaragua.

¡MUCHO OJO A LOS NEGOCIOS CON ALBANISA!


Este mes, y a la espera de la función electoral, el gobierno Ortega-Murillo ha empezado a perder tranquilidad. No teme los posibles recortes de préstamos del Banco Mundial y del BID porque tiene ya contratada buena cantidad de recursos anuales con el BCIE y otros países. El último, por 300 millones de dólares con Corea del Sur.

El nerviosismo tiene que ver con nuevos presagios que llegan de la Casa Blanca, que no tienen que ver con la Nica Act y en los que aparece implicada Venezuela, país del que este mes William Brownfield, secretario estadounidense para la seguridad y la lucha antinarcóticos, declaró que “ya está cerca de ser un narcoestado”.

De la Casa Blanca llegó una advertencia. El 7 de septiembre, el consejero económico de la embajada de Estados Unidos en Managua, William Muntean, sentado a la par de Álvaro Rodríguez, actual presidente de AMCHAM, que agrupa a más de un centenar de empresas de capital estadounidense radicadas en Nicaragua, advirtió a empresarios y a representantes de la banca nacional allí presentes que debían consultar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los riesgos o sanciones en que podrían incurrir si mantienen relaciones comerciales o financieras con Albanisa.

Albanisa es un conglomerado de empresas privadas, administradas por la familia presidencial de Nicaragua y sus allegados, con capital proveniente de la cooperación petrolera venezolana. Su vicepresidente es Francisco López, tesorero del FSLN. El 51% de las acciones de Albanisa pertenece a Petróleos de Venezuela (PDVSA) empresa estatal venezolana, sancionada recientemente por Donald Trump para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Esta noticia remeció a la cúpula empresarial nacional y también al gobierno. Y a la reunión siguió el traslado de los dineros de las empresas de Albanisa -que desde hace años el gobierno ha depositado en dos bancos nacionales, Bancentro y Banpro-, a las bóvedas del Bancorp, un banco propiedad de Albanisa, especialmente creado por el gobierno Ortega-Murillo en 2014 para capitalizar los negocios de las empresas del consorcio.

ALBANISA: LAVADO DE DINERO


Menos de una semana había transcurrido cuando otro remezón llegó desde Washington a quienes, en el gobierno y en la cúpula empresarial, apuestan, observando desde las bambalinas, a que el teatro electoral salga “lo menos chambón posible” y “se guarden las apariencias”.

Douglas Farah, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, empresa especializada en temas de seguridad nacional y crimen organizado en América Latina, convocó a la comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos para compartir los resultados de una investigación que viene realizando desde hace cuatro años.

Farah planteó a senadores que gozan de mucho prestigio en el Congreso que ha detectado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -recientemente desmovilizadas y convertidas desde el 1 de septiembre en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)- habrían lavado en estos años al menos 2 mil millones de dólares procedentes de sus operaciones de narcotráfico y otros delitos a través de las estructuras de la venezolana PDVSA y de sus filiales centroamericanas, Albanisa de Nicaragua y Alba Petróleos de El Salvador, trasladando esos recursos por esta vía “a un puerto seguro” en el extranjero.

Ya en junio 14 congresistas habían solicitado al Departamento del Tesoro investigar las actividades de José Luis Merino, al frente de Alba Petróleos, también Vicecanciller de El Salvador y número tres en las estructuras del FMLN. Solicitaron indagarlo bajo la Ley para Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero. Desde 2006 Merino gestiona Alba Petróleos, empresa receptora de la cooperación venezolana, de la que se derivaron, como en Nicaragua, muchas “albaempresas”.

Ante estos dos remezones quedaron empequeñecidas las conclusiones del Informe Anual del Departamento de Estado sobre Transparencia Fiscal, publicado en los mismos días de septiembre. En él, Nicaragua es nuevamente cuestionada desde Washington por el oscuro manejo de los recursos de la cooperación petrolera venezolana, que nunca han pasado por el presupuesto nacional, irregularidad que este informe viene señalando desde hace años.

COREA DEL NORTE Y EL ACUERDO DE PARÍS


En busca de mejorar algo su deteriorada imagen internacional, apostando a que eso contribuya a reducir tensiones con Washington, el gobierno Ortega-Murillo ha dado algunos giros en política internacional. Tras haberse acercado temerariamente al gobierno de Corea del Norte en 2016 al invitar a las celebraciones del 19 de Julio a Choe Ryong-hae, tercer hombre en el poder en ese país, el gobierno emitió un comunicado con una condena categórica de los ensayos nucleares que hace Kim Jong-hu, aunque sin nombrarlo.

Tras haberse negado, sólo junto a Siria, a firmar en 2015 el Acuerdo Climático de París, Ortega dijo a representantes del Banco Mundial que ya estaba programada una reunión para que Nicaragua se adhiriera al acuerdo. Aunque la Vicepresidenta no ratificó esta noticia, y suprimió de la página oficial del gobierno las palabras de Ortega, es de esperar que Nicaragua, tal vez con el más bajo de los perfiles, firme el acuerdo, ya que, además de mejorar su imagen, eso le permite acce¬der a recursos de cooperación externa.

Sobre las relaciones con la Rusia de Putin, que ha establecido una importante base de operaciones militares y satelitales en territorio nicaragüense, no ha habido giro alguno. Siendo las¬ relaciones entre Estados Unidos y Rusia tan tensas, esta relación se vuelve crucial en la crisis entre Ortega y Washington.

Varias veces la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, ha dicho que éste es uno de los temas más espinosos, tanto entre republicanos como entre demócratas, cuando se aborda el tema de Nicaragua.

¿QUÉ REPARTO APARECE EN LA BOLETA ELECTORAL?


Toda esta tensión tras bambalinas sólo la percibe la élite del país. En el escenario donde se desarrollará la función del 5 de nombre no se percibe. Hay animación en algunos municipios y desgano en la mayoría del país.

Ese domingo el electorado nicaragüense es convocado nuevamente a las urnas para elegir los gobiernos de los 153 municipios. Quienes acudan elegirán alcaldes y vicealcaldes, o alcaldesas y vicealcaldesas, siempre en fórmulas paritarias según la reforma ordenada por el Ejecutivo en 2012 “en honor de la mujer nicaragüense”. Elegirán también un número de concejales, aumentado desproporcionada y arbitrariamente por el Ejecutivo ese mismo año.

En la boleta electoral aparecen el FSLN y otros siete partidos políticos, cinco de los cuales (APRE, ALN, PLI, PC) carecen de estructuras desde hace tiempo. Tampoco las tiene el nuevo partido evangélico, PRD, al que se le concedió personería jurídica en tiempo récord.

Los liberales del PLC y los de CxL, nuevo partido que se estrena esta vez por recibir también personería jurídica en tiempo récord, las han tenido y parecen conservarlos.

Sin embargo, todos los siete antagonistas del FSLN han expresado dificultades para conseguir fiscales para todas las juntas receptoras de votos y para llenar las extensas listas de candidatos a concejales. Se ha informado de listas en las que aparecen nombres de personas inexistentes o migrantes o que no fueron consultadas o que no son del partido que las postula o que no quieren competir después de haberse inscrito. O personas que son “prestadas” por el partido de gobierno para que los partidos logren llenar la lista.

2012: OBSTÁCULOS CALCULADOS


Esta dificultad y cómo la resuelven los partidos es apenas una apostilla en el guión que se estrenó ya en las elecciones de 2012: la ley del 50/50 que ordenó elaborar listas con candidatos hombres y mujeres, y la ley que infló el número de concejales.

Ambas propiciaban -seguramente buscaban-, obstaculizar a los partidos el poder cumplir estos requisitos, a la vez que convertían el cargo de concejal en una buena ocasión de empleo con poco trabajo y salario fijo, algo muy apetitoso en un país donde el desempleo es desde hace años el problema más grave para la población.

Es también guión ya conocido el que en la boleta aparezcan ocho “opciones”, maquillaje necesario para probar que existe “pluralismo político”.

EL MISMO ESCENARIO, EL MISMO GUIÓN


Las condiciones electorales de 2017 son idénticas a las de 2012. El padrón no se depuró y la cedulación siguió siendo manipulada por el partido de gobierno, que entregó o negó cédulas a discreción, incluyendo el entregarlas a menores de edad en 45 de los 151 municipios observados por el consorcio de observación nacional Panorama Electoral.

Las estructuras electorales que deciden todo en los comicios, los consejos electorales departamentales y municipales, están prácticamente en control total del FSLN y del PLC, al que Ortega decidió asignarle el segundo lugar por el número de votos en 2016, que actúa como aliado del FSLN. Y si quedara algún resquicio de libertad porque hay representantes de CxL en algunos consejos, en cada centro de votación, donde se decide mucho, habrá, como sucede ilegalmente desde 2011, un llamado “coordinador de centro” que cumple órdenes del FSLN.

¿GUARDARÁN LAS APARIENCIAS?


El temor mayor del gobierno es que se repita una abstención tan masiva y visible como la que hubo en las presidenciales del 6 de noviembre de 2016. Por eso el Ejecutivo solicitó el 30 de agosto reformar de urgencia la Ley Electoral para permitir a cualquier votante que no aparezca en el padrón votar en cualquier junta presentando tan sólo su cédula de identidad. También por eso el Poder Electoral eliminó 1,513 de las 14,582 juntas receptoras de votos que hay en el país. El objetivo es que las filas de votantes se vean nutridas y no se haga manifiesta la desolación observada en tantísimos centros de votación hace un año.

Respecto de los resultados que el Poder Electoral ofrecerá, validados o no con los votos, hay algunas incógnitas. Una de ellas es cuántas y cuáles alcaldías asignará el Poder Electoral a CxL o al PLC y a cuál de estos dos partidos liberales decidirá asignarle Ortega el segundo lugar en el número de alcaldías ganadas.

También es una incógnita si el FSLN decidirá aumentarse el número de alcaldías que ya tiene. Los más nerviosos de sus aliados esperan que el gobierno “guarde las apariencias” y con las 134 alcaldías que se adjudicó en 2012, por las buenas y por las malas, no pretenda esta vez arrasar con todas.

ELECCIONES SIN COMPETENCIA


“Hay una única regla en la democracia: reglas claras para resultados inciertos”, dijo en Managua este mes la colombiana Alejandra Barrios, experta en observación electoral con larga experiencia observando elecciones en su país.

En la representación electoral de Nicaragua las reglas no son claras y los resultados son predecibles desde un inicio, a excepción de algunas incógnitas secundarias. En el escenario no hay antagonistas auténticos del protagónico partido de gobierno. Y aunque esta falta de competencia genera desgano y falta de entusiasmo, el gobierno no sólo no lo oculta, lo valora.

Toda campaña electoral implica competencia entre partidos políticos y entre las opciones que ofrecen. Es una disputa por el poder. De eso se trata. Pero para la Vicepresidenta de Nicaragua, al anunciar el 21 de septiembre el inicio de la campaña electoral, se trata de otra cosa. Sus palabras revelan que el partido de gobierno reconoce que no compite porque se ha convertido ya en un partido único, transformando las elecciones en una función teatral, que a veces suena a comedia, otras veces a drama y a menudo a tragedia.

Dice la Vicepresidenta: “Hoy estamos abriendo campaña en todos los municipios de Nicaragua y lo estamos haciendo de manera sencilla, porque esta tiene que ser una campaña sencilla, una campaña de humildad, una campaña para escucharnos unos y otros, para reconocernos como familia, como prójimos, una campaña para identificarnos como cristianos unos y otros”. E insiste: “Esta es una campaña de la familia, con la familia, para estar cerca, para que nos sintamos cerca, cada vez más unidos”.

MUNICIPIOS CON COMPETENCIA


No es así como lo ven en algunos lugares del país. Una de las incógnitas de mayor interés el 5 de noviembre es lo que suceda en algunos municipios de la Nicaragua rural, la que vivió la guerra, la que simpatizó con la Contra y la apoyó, la que siempre fue de tendencia liberal.

En alcaldías como la de Pantasma, en Jinotega, donde el FSLN no logró imponerse por fraude en 2012, el alcalde liberal Óscar Gadea busca la reelección como candidato de CxL, convencido de que su deber es defender ese territorio y no permitir que lo arrebate el FSLN. “El secretario político del partido de gobierno en el municipio ha dicho que, aunque sea “en cenizas”, el FSLN ganará esa alcaldía”, dijeron a Envío fuentes desde Pantasma. Allí sí habrá competencia.

Otro lugar donde habrá competencia real es Rancho Grande, el municipio matagalpino que, uniendo a su población en una causa común, logró detener el proyecto de mina a cielo abierto que la B2Gold había iniciado en el Cerro Pavón. En estas elecciones, Carlos Siles, fundador de Guardianes de Yaoska, es candidato por el PLC a la alcaldía. Y aunque el FSLN intentó llevar como candidato a otro de los fundadores de esta organización social y ambiental, para así dividirla, no logró doblegar su voluntad. El FSLN lleva finalmente como candidata a la reelección a María Isabel González, aliada de la B2Gold. En Rancho Grande sí habrá competencia y una alianza de muchos colores ideológicos unidos desafía al FSLN para recuperar el territorio que le usurpó por fraude en 2012. Allí la gente sí quiere votar.

También sucede algo así en el municipio de Nueva Guinea, donde se realizó el fraude más documentado de las elecciones de 2012. Los liberales quieren recuperar esta alcaldía, cuna del movimiento anticanal, y el FSLN la quiere retener a toda costa.

También parece que habrá competencia en el municipio de El Ayote en Chontales y seguramente en algunos otros de la Nicaragua rural. En esos municipios, según lo que decida el FSLN, recuperar esas alcaldías, ganarlas por primera vez o retenerlas, habrá competencia… y podría haber violencia.

PRESIDENCIALES 2021 YA EN EL HORIZONTE


Sin dar señales de cambio el gobierno, y dando señales de condescendencia la OEA, las elecciones municipales están siendo vistas ya por orteguistas y opositores, y por mucha gente que no es ni lo uno ni lo otro, como un mero trámite porque lo que importa en el horizonte es cómo serán las elecciones presidenciales de 2021.

¿Nos convocarán a otra representación teatral con un guión similar? ó ¿Habrá un nuevo guión, competitivo, democrático? ¿Con qué actor o con qué actriz decidirá el FSLN presentarse al escenario? ¿Será necesario esperar un lapso tan largo como cuatro años para saberlo

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