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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 416 | Noviembre 2016
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Nicaragua

Voces campesinas contra el proyecto del Canal

El 14 de octubre la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la más antigua de las organizaciones mundiales que los defienden, nacida en 1922 y que hoy agrupa a 184 organizaciones nacionales de derechos humanos de 112 países, presentó en Managua un informe sobre la violación de derechos humanos que ha representado, representa y representará el proyecto del Canal Interoceánico. Como un insumo para este importante documento el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos realizó un trabajo de campo en las comunidades de la ruta canalera.

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

El proyecto del Canal Interoceánico ha carecido de consulta con las comunidades campesinas que están en la ruta de la zanja que partiría en dos Nicaragua. Las protestas campesinas contra el proyecto -más de 80 marchas locales y cuatro marchas nacionales entre 2013 y finales de 2016- han sido respondidas por el gobierno con represión, hostigamiento, militarización de los territorios que protestan y otras violaciones de derechos humanos.

En febrero y marzo de 2016 con un equipo del CENIDH llegamos hasta 56 comunidades ubicadas en la ruta canalera a hablar con la gente inconforme y organizada. Logramos reunir y escuchar los testimonios de 131 hombres y mujeres en cinco grupos focales, seleccionados en conjunto con el Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, coordinación campesina creada en 2014 para oponerse al proyecto del Canal y a la ley canalera.

LAS VOCES DE 131 CAMPESINOS


Los grupos focales duraron tres-cuatro horas con un promedio de 25 personas por grupo. El primero lo realizamos en Tolesmaida, municipio de Buenos Aires (Rivas), zona donde el Canal se conectaría con el Lago Cocibolca. En ese grupo participaron pobladores de Moyogalpa (isla de Ometepe), El Cangrejal, Obrajuelos (San Jorge), Veracruz del Zapotal y Playa Gigante. Otros tres grupos focales los realizamos en tres comunidades (La Fonseca, La Unión y Puerto Príncipe), del municipio de Nueva Guinea (Caribe Sur), que están sobre la ruta canalera. En ellos participaron pobladores de unas 30 comarcas. El quinto grupo focal reunió a pobladores de El Tule, municipio de San Miguelito (Río San Juan), también sobre la ruta y escenario de una cruel represión en diciembre de 2014.

En Rivas visitamos los alrededores de la finca Miramar, ubicada en el camino hacia Brito, donde iniciaría la construcción del Canal con un puerto. Fue allí donde en diciembre de 2014 se declaró inaugurado el proyecto. La primera obra sería la apertura de una trocha para trasladar la pesada maquinaria que esta megaobra requeriría. Constatamos que en el lugar no existe indicio de construcción alguna, dejando en evidencia que el “solemne” acto realizado allí fue una farsa. La trocha estaba destruida y un pequeño puente de madera también, sin señales de haber sido utilizado en mucho tiempo.

Al acercarnos a estas comunidades fuimos objeto de amedrentamiento por agentes policiales. También las autoridades del Ministerio de Educación trataron de sabotear la reunión en Tolesmaida en la fecha programada, organizando para ese mismo día una reunión con las familias de los estudiantes sobre el bullyng escolar. Según líderes locales, esto ha sido frecuente cuando el Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía convoca a reuniones. Cuando visitamos la comunidad La Unión en Nueva Guinea el equipo del CENIDH fue interrogado por tres policías y seguido durante todo el día por un agente.

Campesinos y campesinas participaron en todas las reuniones con mucho interés. En algunos casos recorrieron grandes distancias para poder compartir sus testimonios. Todos accedieron a que sus nombres se publicaron en la investigación a la que le pondría el sello la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

SIN LICITACIÓN Y SIN CONSULTA


Cuatro instrumentos conforman el marco normativo del proyecto canalero: La Ley 800 Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, el Acuerdo Marco de Concesión, el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y la empresa HKND y la Ley para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.

Para la concesión de esta obra no hubo ningún proceso previo de licitación. Tampoco se realizó antes de la concesión ningún estudio de impacto ambiental y social ni ningún estudio sobre su viabilidad económica y financiera. Todo el proceso estuvo marcado por falta de transparencia, secretismo y discrecionalidad. La Autoridad del Gran Canal -entidad estatal nicaragüense creada ad hoc para el proyecto- inició formalmente su trabajo en julio de 2012, cuando fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley 800, sin cumplir con el proceso de consulta establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En septiembre de 2012 la Autoridad del Gran Canal designó a HKND, una empresa con domicilio en Hong Kong sin experiencia conocida en este tipo de obras, y suscribió con su representante, Wang Jing, un Memorándum de Entendimiento.

En junio de 2013 se desarrolló en apenas diez días el “proceso de consulta” de la Ley 840, que el Ejecutivo limitó al Ejército, la Policía y a los grupos de poder económico agremiados en el COSEP. Seguidamente, la Ley 840 y el Acuerdo Marco fueron conocidas en la Asamblea Nacional en dos días y el 13 de junio fueron aprobadas con la mayoría absoluta con la que cuenta el partido de gobierno en el Poder Legislativo, después de sólo tres horas de “debate”.

Si la consulta institucional fue a todas luces deficiente, precipitada y prácticamente nula, lo que constatamos en el terreno fue la total falta de consulta a la población que será afectada por la construcción del Canal. Todas las personas con las que hablamos afirmaron que sólo supieron tiempo después de la aprobación de las leyes y lo que sucedería, a través de los medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil y de personas individuales.

“DE DUEÑOS A ESCLAVOS DE LOS CHINOS”


Hay resentimiento entre la gente con la que hablamos por la total falta de información. Ronald Henríquez, de la comunidad de Tolesmaida, está bien claro: Con este proyecto se pisotea la soberanía y aunque el gobierno dice “El Pueblo Presidente” eso es mentira. No nos consultaron esta ley, con la que pasamos de dueños de nuestras tierras a esclavos de los chinos…. Henry Caldera, de Rivas, piensa lo mismo: Esta gente no le consultó a nadie, ellos le comunicaron al pueblo hasta que estaba organizado el chanchullo.

También se sienten lastimadas las autoridades municipales por no haber sido informadas. Fátima Duarte, ex-concejal por el FSLN en la alcaldía de San Jorge, nos dijo: Ellos aprobaron la ley y ni siquiera la consultaron a los concejales de los municipios afectados. Y cuando le pregunté a la alcaldesa por las expropiaciones y le dije del peligro que representaba el proyecto, me respondió que si seguía protestando me sacarían del concejo municipal. Meses después, Duarte fue destituida del cargo de elección popular que ocupaba.

Lo mismo resiente el concejal William Guido García, en la comunidad de Puerto Príncipe: Soy concejal municipal y me entero del megaproyecto canalero cuando veo un noticiero de Canal 12, donde veo que Daniel Ortega y un chino aparecen con las manos levantadas y firmando el convenio sin habernos consultado. Nosotros merecemos ser consultados.

La falta de consulta trató de disimularse más de un año después de la aprobación de la ley canalera realizando reuniones de “consulta” en algunos municipios. En San Miguelito, a finales de 2014 los campesinos fueron invitados a una reunión en que escucharon a una comisión de funcionarios llegados de Managua presidida por el vocero del Canal Telémaco Talavera. La “consulta” consistió en discursos de los funcionarios sobre los beneficios que les traería el proyecto, pero no hubo respuestas a las inquietudes que los mantenían ansiosos: cómo serían las expropiaciones, cuándo serían desplazados, dónde serían reasentados…

Según Nury Sequeira, coordinadora departamental del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, días después esa actividad fue presentada por los medios oficialistas como una reunión de respaldo al proyecto, cuando fue evidente que los campesinos, ante la falta de respuesta a sus preguntas, fueron abandonando la actividad.

Una reunión similar nos fue denunciada en La Unión-Nueva Guinea. También se quejaron de la manipulación mediática de los medios oficialistas y también mostraron inconformidad con la falta de información que sintieron cuando preguntaban por lo que más les preocupaba. Julio Espinoza nos dijo: Todo lo pintaron bonito. Pero de la información sobre la compra de la tierra o a dónde nos iban a mandar, de eso no dijeron nada.

LEY Y ESTUDIOS APROBADOS VELOZMENTE


La celeridad en la aprobación de la ley canalera y la ausencia de consulta a los afectados ha ido en paralelo a la negativa a escuchar la opinión de expertos nacionales e internacionales. En diciembre de 2014 se conoció, a través de los medios, la aprobación en sólo 24 horas por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de un estudio de impacto ambiental de 572 páginas preparado por la consultora británica Environmental Resources Management (ERM) para la empresa china HKND.

Una última “consulta pública” celebró el gobierno con acceso restringido y sólo para medios oficialistas el 24 de septiembre de 2015. A ella acudieron sectores afines al gobierno, empresarios y algunos miembros del cuerpo diplomático. Este tratamiento de la información en un proyecto tan trascendental provocó que en enero de 2016 el boliviano Ronald McLean-Abaroa renunciara a su cargo de vocero oficial de la empresa HKND: Se le ha impuesto a la empresa una política de bajo perfil y austeridad informativa que no comparto y que le está causando una pérdida de credibilidad.El vocero no reveló quién impone la “austeridad informativa”.

Han sido también constantes las negativas de representantes de HKND y del gobierno a participar en espacios o iniciativas de diálogo sobre el proyecto. En noviembre de 2014, y nuevamente en noviembre de 2015, representantes del gobierno y de la empresa concesionaria fueron invitados a participar con ponencias y a escuchar otras voces en dos foros con expertos internacionales de diversas ciencias, organizados ambos encuentros por la Academia de Ciencias de Nicaragua y la Universidad Centroamericana (UCA), donde se reflexionó desde varios ángulos las consecuencias que para el ambiente, la sociedad, la economía y la seguridad nacional tendría la construcción del Canal. Ningún funcionario público y ningún representante de la empresa concesionaria acudieron a estos foros, ni siquiera respondieron a la invitación.

LOS DERECHOS DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL CONVENIO 169 DE LA OIT


Más de la mitad de la ruta canalera, el 52% de su extensión, afectará territorios de poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. El Canal atravesaría el territorio de cinco comunidades indígenas del Pacífico. En el Caribe atravesaría el territorio del pueblo Rama y Kriol y el de la comunidad Creol de Bluefields.

Pese a este impacto, tampoco fueron consultadas estas poblaciones. En marzo de 2016, y en la audiencia temática del 154 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Becky McCray, integrante del pueblo Rama, afirmó: “Las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes desconocen la relación de nuestros territorios y estructuras sociales, violando flagrantemente nuestros derechos territoriales, de participación y de autodeterminación”.

Estos pueblos han visto violentados históricamente sus derechos humanos y los derechos específicos que quedaron consagrados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Pueblos Indígenas y Tribales de las Naciones, especialmente por la falta de una consulta libre, previa e informada y por la falta de respeto a su tierra y territorio.

En el grupo focal realizado en la comunidad de Tolesmaida, Rivas, Wilfredo Sánchez, secretario del consejo indígena Monexico de la comunidad indígena Veracruz del Zapotal, estaba bien claro de los derechos que les asisten: No se consultó al pueblo sobre el proyecto, violentando en el caso de los indígenas el Convenio 169. No hubo respeto al derecho de la participación ciudadana, pese a ser el Canal un proyecto que afecta la costumbre, la cultura, la naturaleza. Es un proyecto que viene a afectarlo todo. Sánchez también denunció diversas presiones hechas por las autoridades al consejo indígena para impedir que él fuera reelecto y así socavar la lucha indígena contra el proyecto.

Las autoridades indígenas del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunciaron en enero de 2016 estar recibiendo presiones para que dieran su visto bueno al proyecto canalero. Según denuncia del Centro de Asistencia Legal para Pueblos Indígenas (CALPI), los hicieron firmar un documento en el que daban su consentimiento para que el megaproyecto se realizara en los 263 kilómetros cuadrados de los territorios rama y kriol bajo un “contrato de arrendamiento perpetuo”. Los indígenas señalan a funcionarios del Ejecutivo y del gobierno regional como autores de esta maniobra.

El CENIDH tuvo acceso al documento impuesto por el gobierno a estas comunidades, titulado “Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”. El texto contraviene claramente el Convenio 169 de la OIT, ya que la cesión “perpetua” de esos territorios violenta flagrantemente el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles que tienen los territorios indígenas. También violenta la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que establece esas mismas tres características para los territorios de todas las comunidades indígenas y étnicas de Nicaragua.

UN CENSO CON CENTENARES DE VACÍOS


La tensión que viven desde 2013 los pobladores de los territorios al saber que sus fincas serían atravesadas por el Canal se vio agravada por el proceso de “identificación de propiedades” realizado en 2014. Ciudadanos chinos, acompañados por efectivos de la Policía y el Ejército, invadieron las propiedades, midiéndolas y colocando en ellas señales y mojones, sin dar ninguna explicación a sus dueños. Eso generó zozobra y afectó las tareas de siembra y otras actividades tradicionales que realizan en sus fincas. Año y medio después, las comunidades recuerdan la zozobra que eso les generó y que no ha desaparecido.

En octubre de 2014 el gobierno informó que la empresa ERM había concluido el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y afirmó que eso implicó un censo de la población que sería afectada y la clasificación de sus tierras y bienes. Ese censo fue realizado por expertos del Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research Co. Ltd. (CISPDR), en conjunto con tres instituciones nicaragüenses: la Procuraduría General de la República, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y la Dirección General de Ingresos.

Después de más de año y medio de la realización de ese censo, el gobierno dio a conocer sus resultados. Sin embargo, centenares de personas ubicadas en la anunciada ruta del Canal han manifestado que no fueron incluidos en el censo o que fueron censados de manera indirecta a través de activistas o funcionarios del partido de gobierno, incluso en las escuelas de las comunidades en las que maestras y maestros obtenían de los niños y las niñas información del número de miembros de sus familias, de la ubicación y el tamaño de sus fincas.

Esto nos lo confirmaron comunidades de El Tule, Puerto Príncipe, La Unión y La Fonseca. De las 131 personas que participaron en los grupos focales que hicimos, sólo 3 dijeron haber sido censadas por el gobierno. Y un 80% del resto dijo saber que habían sido incluidos en el censo de forma indirecta a través de las escuelas y otros métodos. Amnistía Internacional calificó de “irresponsable”, de “reprochable e ilegal” la forma en que el gobierno de Nicaragua ha abordado este proyecto.

“AHORA QUÉ VA A PASAR CON NOSOTROS...”


Francisca Ramírez, campesina de La Fonseca y líder del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, describe así los sentimientos generalizados de incertidumbre que viven las comunidades: Vemos que éramos dueños y estábamos respaldados por otras leyes y por lo que decía la Constitución. Pero la ley 840 mata todas las leyes y un extranjero viene a disponer de lo de nosotros. Esto nos ha afectado nuestras vidas y las ganas de trabajar. Nos hemos sentido afectados grandemente, psicológicamente. Mucha gente ha caído con derrame y depresión pensando que han luchado y ahora qué va pasar con la vida de ellos…

Francisca Ramírez cuenta con un liderazgo ampliamente reconocido por los sectores campesinos articulados en el Consejo, algo inédito en una organización campesina, habitualmente encabezada por hombres. El reconocimiento a su liderazgo ha alcanzado un reconocimiento nacional.

De incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, de afectaciones materiales y espirituales, nos hablaron prácticamente todas las mujeres y los hombres con quienes hablamos en las distintas comunidades. Nos dijo José Sequeira de Quebrada Seca, en Río San Juan: Perdería 90 manzanas. 50 me las dio mi papá y eso no lo volvería a recuperar. Sería un atraso laboral porque tendría que aprender otra forma de trabajar y siempre he vivido de la agricultura. Y en nuestras comunidades es donde hemos hecho nuestras amistades, donde tenemos seres queridos enterrados en nuestros cementerios. Esto es una situación que nos afecta emocionalmente, que no nos deja dormir.

William Pineda, concejal municipal de Puerto Príncipe lo explica así: No solamente es un sufrimiento por perder sus propiedades. También tienen problemas psicológicos porque ¿cómo vas a dormir si estás pensando que a los tantos días te van a expropiar? ¿Cómo vas a comer bien si estás pensando que te vas a ir del lugar? Los campesinos no están produciendo, no están cultivando la tierra porque dicen “Esta va a ser una zona de expropiación”. ¿Y para dónde vamos?

La zozobra la agravó el estudio aéreo sobre la ruta del Canal, iniciado en diciembre de 2015 y vigente hasta marzo de 2016. Consistía en vuelos rasantes a unos cincuenta metros sobre los techos de las viviendas de decenas de comunidades ubicadas sobre lo que sería la ruta canalera. Provocaron temor en las familias porque los vuelos les recordaban los años de la guerra. Esos territorios fueron escenarios bélicos en la década de los 80 y es imposible no recordar los vuelos militares de entonces…

La incertidumbre en las zonas que visitamos ha provocado en comunidades de Nueva Guinea la migración de familias hacia otras zonas de Nicaragua y hacia Costa Rica, también la venta apresurada de tierras.

REPRESIÓN Y OBSTÁCULOS CONTRA LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA


Hasta fines de 2016 se habían celebrado más de 80 marchas campesinas rechazando el proyecto canalero, cuatro de ellas nacionales, dos en Managua, una en Juigalpa y otra en Nueva Guinea, configurándose así un movimiento social masivo, inédito en el país y autónomo en su desarrollo.

En 2014 los campesinos opuestos al proyecto decidieron organizarse en el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, que aglutina a una representación de las poblaciones afectadas, que cuenta con líderes locales en toda la ruta que tendría el Canal y que encabeza las marchas de protesta. También recogió el Consejo 27 mil firmas para introducir una iniciativa ciudadana ante la Asamblea Nacional para que el Poder Legislativo derogue la ley de la concesión canalera. La mayoría del partido de gobierno en la Asamblea desestimó la iniciativa y no le dio curso legal.

La respuesta represiva del gobierno al movimiento campesino ha sido permanente, con amenazas y hostigamiento a líderes y lideresas opuestas al proyecto. También han obstaculizado de diversas maneras casi todas las marchas: intimidando a los transportistas y saboteando la circulación de los vehículos que los trasladan. En las movilizaciones, para impedirlas y cuando se desarrollan, el gobierno ha empleado represión de efectivos militares, policiales y para¬militares, con heridos y detenidos.

Destaca la represión y obstaculización contra las marchas nacionales que llegaron a Managua en octubre de 2014 y en febrero de 2015.

“A PATADAS HASTA PERDER EL CONOCIMIENTO”


La más cruenta de las represiones, efectuada por efectivos militares, fue la desarrollada en diciembre de 2014 en Rivas y El Tule, con decenas de personas heridas, golpeadas y detenidas.

Manuel Trinidad Avilés quiso persuadir a los policías de no agredirlos: Me llamaron delincuente, me golpearon con la vara policial en la espalda y la nuca. Caí al suelo y me agarraron a patadas. Disparaban con balas de goma y dos balas me dieron en la pierna izquierda. A garrotazos y a patadas hasta perdí el conocimiento, tenía mis ojos hinchados y la cara inflamada de tantos golpes. No podía ni abrir mis ojos, solamente escuchaba. Me arrastraron hasta subirme al bus, ahí tuve un mareo y me desmayé hasta que recuperé el conocimiento en el hospital de San Miguelito y dos policías me llevaron a la cárcel. Ahí eran preguntas: ¿Quién les ayuda económicamente desde Managua? ¿Quién los está visitando de diputados de Managua? ¿Quién les lleva las vacas para la comida? Querían nombres y por la falta de respuestas me mandaron para Managua y allí las mismas preguntas y me tomaron fotos y huellas digitales.

Dos testimonios de dos mujeres de Tolesmaida detenidas ese día recogimos en los grupos focales. Esto nos narró Rutbelia del Socorro Tijerino González: Los antimotines nos rodearon, nos agarraron y nos montaron como animales en la camioneta. Nos trataron con malas palabras. Nos decían: “Zorras viejas, ¿que no tienen que hacer en sus casas, que no tienen hijos?” Les respondíamos que por nuestros hijos andábamos peleando porque no queríamos dejarlos en la calle. Cuando llegamos a Rivas nos volvieron a golpear en la cabeza y en las piernas con el amansabolo. Nos quitaron los bolsos que andábamos. Nos trajeron a Managua. Durante el camino me llevaban boca abajo y como en la tina de la camioneta había restos de comida podrida me obligaron a comerla. Nos metieron en la cárcel de El Chipote, nos dijeron que éramos “carne nueva”. Nos interrogaron varias veces, preguntando por qué andábamos en la protesta, quién nos estaba pagando, quién era el cabecilla del grupo…

“ESTUVE TRES DÍAS PRESA EN MANAGUA”


Éste es el relato de Sonia López, apresada ese mismo día: El día 23 de diciembre a las 6 de la noche nos cayeron seis patrullas de antimotines y el resto policías de la Juventud Sandinista a quienes identifiqué. Nos dijeron: “Hijas de puta, zorras viejas, digan por última vez: ¡No al Canal, fuera chinos!”. Salimos corriendo y nos escondimos en una casa donde estaba mi suegra, mi marido y yo. De allí nos sacaron. Un oficial de la policía me agarró del pelo, me tiró al suelo, me arrastró, me puso la bota en la columna y me dijo: “Ahí te me estás quieta, porque si no te meto un balazo”. Me trasladaron a la policía de Rivas. Ahí los policías me pegaban en la cabeza y en las piernas con el amansabolo y con el puño en la espalda.

Me metieron en la cárcel, me quitaron mis pertenencias, que luego no me devolvieron, y me obligaron a quitarme la ropa completamente. Me metieron a la cárcel de las mujeres donde estábamos con el agua hasta las rodillas. Nos sacaron a una camioneta y al montarme me tiraron un balde de agua con un montón de basura. En el vehículo venía mi suegra, de sesenta años, quien también fue detenida. A ella la colocaron encima de mí y a otro señor... A El Chipote en Managua llegué sin aire porque llevaba a todos encima. A los que íbamos en la camioneta nos iban golpeando, nos pisaban los dedos con las botas. En El Chipote me interrogaron no sé cuántas veces, ahí estuve tres días sin comunicación con mi familia, menos con un abogado.


“YA NOS TIENEN FASTIDIADOS”


En algunos territorios el gobierno ha buscado subrepticiamente información de las propiedades a través de brigadas médicas acompañadas de militares, del magisterio de las escuelas públicas., de particulares que presionan por la compra de propiedades…

La vida cotidiana de las comunidades se ve hostigada. Jerónimo Espinoza, habitante de Puerto Príncipe, en Nueva Guinea, nos dio su testimonio: Ya a los campesinos nos tienen fastidiados. Dicen que es tanta la preocupación de darnos atención médica y mandan grupos de doctores ofreciéndonos esa atención, pero es para recoger nuestras firmas para el Canal. Mejor fuera que abastezcan los centros de salud donde muchos campesinos llegan y se van igual a como llegan o simplemente les dan una acetaminofén porque no hay medicamentos.

En los grupos focales recogimos testimonios de la presencia de militares en sus comunidades, en sus fincas, en las escuelas... Relata Facundo Jarquín García, de la comunidad Esperancita Número Uno de Nueva Guinea: Cuando vinieron los chinos a hacer los estudios llegaron a mi propiedad La Ceibita, acompañados de muchos militares. Antes habían estado en la propiedad de otra familia. Yo estaba sembrando yuca y ellos entraron sin pedir permiso. Uno me dijo que andaban haciendo unos estudios y que yo tenía que permitirles el espacio y dejarlos estarse en un lugar de mi finca. Les dije que no, porque era pequeño el lugar y era donde trasladaba a los animalitos después que los sacaba de los repastos. Ellos me contestaron que era el lugar adecuado. Ante esa presión no tenía más que dejarlos por temor a que me dieran un disparo. Acepté. Andaban unos veinte militares y policías y permanecieron en el lugar de ocho a doce días. Esto se repitió en tres meses. Cuando los militares estuvieron en mi propiedad destruyeron cercos y cultivos. Hicieron caminatas y destrozaron todo, también el yucal que había sembrado y otras siembras.

“HAY COMUNIDADES MILITARIZADAS”


Éste es el relato de Medardo Mairena, de Punta Gorda, de la directiva del Consejo en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía: En esta zona hay cinco comunidades militarizadas: Las Flores, El Pejibaye, Flores Uno, Dos y Tres, y otra comunidad que se llama El Guineo. En esas comunidades los niños sienten miedo de ir a las escuelas porque todos los días ven a los militares por todos lados. Temen que algo les pueda pasar y en esas cinco escuelas ya no hay profesor que dé clases porque los niños ya no están yendo a las escuelas. Responsabilizamos al gobierno por la educación de esos niños y por lo que pueda pasar.

En El Guineo están los militares en propiedades privadas y se llegaron a meter a una galera de un productor que reclamó. Ahí todas las casas vecinas están siendo afectadas. Hay un helicóptero que está llegando casi todos los días. No sé qué es lo que llega a hacer, pero cuando aterriza no permiten que nadie pase y afectan a todos porque ese es el único lugar de paso. Al que pasa lo encañonan con un AK. Allí hay mucho temor en los campesinos, pero también indignación y a esos que sienten indignación no sabemos qué les pueda suceder… Los pobladores le dicen a los militares: “No necesitamos que estén aquí, nosotros no estamos acostumbra¬dos a convivir con ustedes, ustedes nos amenazan y no nos protegen”. También en otro lugar que se llama Agua Zarca, en Punta Gorda, hay otro grupo de militares. La pregunta nuestra es qué hacen esos militares allí. Los campesinos no tenemos necesidad de tener un ejército en la comunidad.


“NOS SENTIMOS OPRIMIDOS”


Los abusos cometidos por los militares provocan resentimiento en los campesinos. Esto nos dijo Moisés Chavarría de Puerto Príncipe: Como campesino me siento oprimido, sin libertad de expresión. Estamos oprimidos con esa avioneta que pasa encima de nosotros. Tenemos llamadas de teléfono donde nos amenazan, tenemos al ejército y a la policía intimidándonos. Además, cuando vamos a un lugar no nos dejan pasar. Una vez nos negaron el derecho de reunirnos con nuestros hermanos indígenas, con quienes comemos y compartimos…

Se refería a un intercambio que harían los campesinos con una comunidad indígena Rama. Lo cuenta así Medardo Mairena: Íbamos a hacer un foro con los hermanos indígenas ramakí en la Barra de Punta Gorda. Pero no nos dejaron ir, nos pusieron obstáculos para que no pudiéramos pasar. Eso está en la Barra de Punta Gorda. Entonces vinieron los ramas queriendo encontrarnos, queriéndonos llevar ahí, ¿y qué les hicieron? Les dejaron presa su panga y los mandaron a pie. Les dijeron: “Si se quieren regresar, regrésense, pero para allá no van a pasar”. Tuvimos que hacer otro gran sacrificio. En otra ocasión tuvimos que caminar quince horas a pie para poder llegar, porque no nos dejaban pasar por ahí.

Por informaciones del Consejo supimos de presencia militar en tres lugares de la isla de Ometepe, en dos puntos de Rivas, en una base en San Miguelito hasta con cien militares y en otras bases en Nueva Guinea.

En una información oficial de septiembre de 2014 el gobierno reconocía la labor de la Policía y el Ejército, que acompañaba a “expertos” del proyecto, para garantizar su seguridad e integridad”. Por esas mismas fechas se informó que el gobierno de Rusia había propuesto brindar “seguridad y protección durante el proceso de construcción del Canal”.

POR QUÉ LUCHAN ESTOS CAMPESINOS


A pesar de tantos obstáculos, de la represión, de las amenazas, el movimiento campesino sigue luchando en defensa de sus tierras, en defensa del lago Cocibolca, reserva de agua dulce estratégica para Nicaragua y para toda Centroamérica, y en defensa de la soberanía nacional del país donde nacieron. Durante la gira de campo, escuchamos todas estas motivaciones de quienes participan en esta ejemplar lucha:

-Lo que tengo me ha costado, es el patrimonio de mis hijos, es mi forma de ganarme la vida. Daría mi vida por defenderlo.
-Es en defensa del agua y de los recursos naturales.
-Es por la defensa de nuestra cultura.
-Es por mi derecho a no ser esclavo de nadie.
-Es por mi derecho a tener un terreno propio, a ser independiente, a no trabajarle a nadie.
-Esto es la misma lucha de Sandino por la soberanía.
-Es por defender lo que es de mis hijos.
-Es contra la persecución y represión de la policía por defender lo que es mío.
-Me mueve la falta de información, el secretismo, las mentiras hacia nosotros los campesinos.
-Yo sufrí en los años 80 desplazamientos y limitaciones y no quiero que mis hijos sufran lo mismo.
-No quiero que mi familia ande posando.
-Quiero que cada persona y cada niño se desarrolle en lo propio y no vaya a un asentamiento a vivir indignamente.
-No acepto el arrebato de nuestras propiedades.
-Mi hija me dice que luche por lo que es nuestro, ella me pregunta a dónde nos vamos a ir, a dónde van a ir los animalitos que tenemos.
-Yo lucho por el derecho a que mis difuntos descansen en paz, pues con el Canal desaparecerán los cementerios.
-Yo lucho contra esto porque aquí nací y aquí pienso morir.
-Estoy en esto porque no me consultaron, porque nos trataron peor que animales, como si no fuésemos humanos. Pero somos iguales.
-Esa ley nos pone en peligro a todos, pues dice que pueden expropiar cualquier parte del territorio. Esa ley les da el derecho a ellos, los chinos, a hacer lo que ellos quieran.
-Dos cosas me motivan a luchar: porque la ley es anti¬patriótica y porque nos despoja de nuestros derechos a la propiedad, a vivir libres, a ser patrones y no peones.
-Ésta es una lucha justa.
-Esto no es sólo por la defensa de nuestra finca, es por la defensa de la soberanía porque no queremos este país dividido en dos. No queremos pagar por pasar de un lado a otro por un puente. Queremos un país unido, indisoluble, como dice la Constitución.


EDICIÓN LIBRE DE ALGUNOS APORTES DEL CENIDH
PARA LA INVESTIGACIÓN “CONCESIÓN DEL CANAL INTEROCEÁNICO EN NICARAGUA: GRAVE IMPACTO
EN LOS DERECHOS HUMANOS. COMUNIDADES CAMPESINAS MOVILIZADAS RESISTEN”,
PUBLICADA POR LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS (FIDH), CON ÉNFASIS
EN LA INFORMACIÓN QUE APARECE
EN EL CAPÍTULO CUARTO, “CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA SOCIAL, HOSTIGAMIENTO
A LA POBLACIÓN Y MILITARIZACIÓN
EN COMUNIDADES SOBRE LA RUTA DEL PROYECTO”.



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